Por Carlos M. Licona        

El proceso electoral interno de los partidos; Libre, Nacional y Liberal no ha dejado sorpresas, excepto, la gran diferencia con la que Salvador Nasralla ha derrotado a Jorge Cálix en el Partido Liberal, sin embargo, el proceso electoral realizado el domingo nueve de marzo ha sido matizado por el “boicot” inesperado que ha dejado sin aliento a propios y extraños, principalmente en las dos ciudades más importantes del país; Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Las elecciones internas de los tres partidos se realizan simultáneamente, de tal forma que, los representantes acreditados de los movimientos internos de cada partido desde horas de la madrugada se hicieron presentes en los centros de votación. Las horas fueron transcurriendo y el material electoral no llegaba, los votantes esperaban pacientemente, pero, muy pronto la incertidumbre fue invadiendo a la población a medida que avanzaba la mañana, mientras los medios de comunicación, como ya es costumbre, entrevistaban a los personajes visibles de la oposición que, con un guion aprendido culpaban a la familia Zelaya y a la candidata del Partido Libre, Rixi Moncada.

¿Qué pasaba con las urnas?

Los principales detractores del gobierno muy pronto comenzaron a mencionar un fraude planificado desde el mismo gobierno, pero, la pregunta era ¿fraude contra quién? En todo caso, al planificar un fraude, este debe hacerse desde el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) conformado por Cossette López del partido Nacional, Ana Paola Hall del partido Liberal y Marlon Ochoa del partido Libre, actualmente, la consejera presidenta es la abogada Cossette López del PN, ella escribió en su cuenta X “…hay reportes de buses estacionados en ciertos lugares de la ciudad, no avanza la distribución. Activamos grupos para ir a buscar las urnas y hacer que se reanudaran las rutas a sus destinos…”. Es decir, el boicot se hizo desde los mismos buses que transportaban las urnas, las cuales retuvieron hasta largas horas del día, pero ¿quién contrató estos medios de transporte?

En todas las elecciones anteriores sin excepción, las maletas electorales han sido transportadas por las Fuerzas Armadas, sin embargo, en esta ocasión, el CNE contrató transporte privado para que realizaran esta función, sucediendo lo que ya en todo el mundo se sabe; retuvieron el material lo más que pudieron. Corresponde a los órganos competentes realizar las respectivas investigaciones de esta situación, judicializando a los culpables.   

¿Cuál fue el propósito de esconder las urnas?

En estas elecciones se implementó el aparato biométrico, el votante al presentarse a la Junta Receptora de Votos (JRV) coloca su huella en el aparato quedando registrado inmediatamente, evitando que, fuera a votar a una JRV de otro partido, es decir, el aparato evita que una misma persona vote varias veces, o, que, en una JRV se llenaran las urnas con votos.

El lunes diez de marzo todos los noticieros hablan de “fraude”, entrevistan a los mismos personajes opositores de siempre quienes se desbocan culpando al gobierno, pero, esconden una realidad tan grande como el sol; el verdadero caudal electoral que siempre inflaron desde el 2009 cuando ganó Porfirio Lobo Sosa. Los partidos Nacional y Liberal inflaron las votaciones en las elecciones internas del 2012, 2017 y 2021, quedando ya en evidencia con el uso del aparato biométrico, realidad que no es noticia hoy, porque la invisibilizan con el supuesto “boicot” realizado con la llegada tarde de las urnas a las JRV. 

¿Fraude? ¿boicot? ¿o maniobra?

Un fraude electoral es una acción ilegal para favorecer a un candidato que no ha ganado un proceso, tal y como lo hizo Juan Orlando Hernández en el 2017 con los “votos rurales”, el boicot es realizar una acción para impedir que el ciudadano no ejerza su voto, lo sucedido el nueve de marzo no es lo uno ni lo otro, ya que, al final, las JRV aunque fueron retrasadas no se evitó la votación, ya una vez instalada la población ejerció el sufragio en su gran mayoría. Sin lugar a dudas que, cuando la izquierda pretenda boicotear un proceso electoral burgués ya tiene una estrategia; mandar a los buses a turistear por todo el país.

Con las enormes diferencias porcentuales entre los ganadores y perdedores de cada partido queda totalmente desvirtuado la denuncia de fraude, el boicot queda dilucidado con la apertura de las JRV y la participación de los votantes hasta altas horas de la noche, lo que sí es evidente es que nadie habla del caudal electoral de cada partido, en el que; la candidata Rixi Moncada aventaja a Nasri Asfura y Salvador Nasralla con bastante diferencia.

Mientras todo este circo sucede, la población vuelve a la realidad esperanzados en seguridad, trabajo, educación, salud y techo.

La izquierda debe iniciar un trabajo de organización desde la base para presentarse como una propuesta realmente revolucionaria, por ahora; todo se mueve en lo que la democracia burguesa desea ofrecer.

Por Ricardo Velásquez         

Desde el mes de enero se habla de unidad en el Colegio de Profesores de educación Media de Honduras (COPEMH), es decir; el principal colegio magisterial del país tiene una grieta enorme que se manifiesta en el simple hecho de mencionar ante la opinión pública que se debe trabajar por la unidad.

Si bien es cierto, el COPEMH es una organización beligerante que siempre ha tenido distintas fuerzas que se pelean la dirección, estas diferencias siempre han sido resueltas en la vía electoral, cosa que no fue así en el 2023, en que, tres frentes se confabularon y, con el apoyo gubernamental se impusieron a la brava en un Consejo Electoral Nacional (CEN) manipulado y al antojo de quienes ahora hablan de unidad.

Refrescando la memoria

Desde el 2001 hasta el 2020, el Frente Nacional en Defensa del COPEMH (FREDECOPEMH) dirigió la organización, el principal motivo para que este frente se resquebrajara en el 2019 fue la exigencia desde la base de realizar una Auditoría Forense, en recelo por la forma en que se estaba dilapidando el dinero.

Después de una apoteósica lucha en contra de todo el poder que ostentaba el FREDECOPEMH, salió victorioso un nuevo frente con el profesor Fidel García (2020-2022), sucediéndole con la conformación de una planilla única el profesor Joel Navarrete (2022-2024). Para conformar tal planilla, se distribuyó los cargos de la siguiente forma; 5 cargos para el FRC, tres para el FREDECOPEMH y uno para el FAC.

De los cinco cargos que ocupó el FRC, dos maestros traicionaron las aspiraciones de la base por construir un NUEVO COPEMH y se aliaron con el FREDECOPEMH, pasando a ser mayoritarios en las reuniones de la Junta Directiva Central y bloqueando cualquier política del profesor Joel Navarrete.

Escuchando la voz de la base del magisterio COPEMH, un grupo fiel a los principios de transparencia, pulcritud, honradez, honorabilidad, lucha y democracia, muy rápido se organizaron y conformaron un nuevo frente, el FRENTE DIGNIDIDAD DEL COPEMH (FDC), manteniendo la mayoría de la militancia y simpatizantes a nivel nacional, así como los líderes departamentales de todo el país, pero, sobre todo; manteniendo la bandera de lucha de castigo a los saqueadores del COPEMH, quienes desaparecieron fácilmente L 64 millones de la organización.

La alianza entre los traidores y el FREDECOPEMH se materializó por la vía electoral en el 2023, donde juntos resucitaron el Fret-C, y, conformaron una planilla manteniendo las representaciones en forma individual en el CEN, para lograr imponerse en todas las arbitrariedades y actos dolosos que cometieron. En resumen; se robaron descaradamente las elecciones, pero, además; se inventaron que el ganador se lo llevaba todo, cuando desde el 2001 hasta el 2019 que gobernó el FREDECOPEMH siempre se hizo la distribución de los cargos en forma proporcional con el cociente electoral. La gran grieta quedó establecida entre los defensores de la Auditoría Forense y el proyecto del NUEVO COPEMH (el FDC y el FAC) y quienes tienen como propósito enterrar los resultados de la Auditoría Forense (alianza Fredecopemh-FRC).

¿Se puede unificar el COPEMH?

Lamentablemente, quienes ahora de forma ilegal dirigen el COPEMH, de forma sectaria, no han defendido como debe corresponder los derechos de los afiliados, a tal grado que, el Coordinador Nacional del FDC, Wílmer Laínez, injustamente ha sido víctima de los operadores de justicia y de las autoridades de educación, solo para mencionar el caso más emblemático en esta coyuntura.

Aparentemente, la luna de miel entre los actuales   directivos del COPEMH y las autoridades de la Secretaría de Educación (SEDUC) ya está llegando a su final, fractura que es fácil detectarla en las acusaciones que mutuamente se hacen frente al micrófono.

¿Qué tan profundas son estas diferencias? No se sabe, actualmente, todos proceden y se derivan del mismo gobierno de Libertad y Refundación, la alianza descarada que hicieron en el 2023 para robarse las elecciones ya no cumple con los propósitos de los oportunistas y, ahora, afilan sus colmillos para lograr sus ambiciones, pero igual, suenan tambores de guerra, pero de la misma forma se pueden poner de acuerdo fácilmente. El FDC no debe permitir ser utilizado para meterse de cabeza en una pelea propiciada por la ambición de los mismos que le traicionaron.

¿Se puede lograr la unidad en el COPEMH?

La Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) no ha reconocido la actual junta directiva del COPEMH, el FDC y el FAC interpusieron sus impugnaciones correspondientes siguiendo el trámite legal que corresponde. Cualquier indicio de una posible unidad en la organización pasa por aceptar que se abusó del poder en el 2023 y que de forma dictatorial se robaron las elecciones y todos los cargos de la Junta Directiva.

Hasta ahora, el FDC y el FAC se han mantenido firmes en sus convicciones y principios, leales a las aspiraciones de la base, la lucha debe seguir por democratizar la organización, transparentar el uso de los fondos y reanudar el juicio contra los señalados en los L 64 millones de lempiras que fueron desaparecidos.

La base del magisterio COPEMH es la única que puede poner fin al abuso que se comete con sus cotizaciones, este año hay elecciones, el camino a seguir ya está trazado.

Por Sebastián Ernesto González      

El 28 de agosto de 2024 la presidenta Xiomara Castro denunció al tratado bilateral (con USA) de extradición firmado en 2014, el motivo; fue por la injerencia de la embajadora estadounidense Laura Dogu, opinando sobre un viaje realizado por el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, a Venezuela. En aquel momento, la embajadora Dogu manifestó “Estamos muy preocupado por lo que ha ocurrido en Venezuela, fue bastante sorprendente para mí a ver al ministro de Defensa (de Honduras, José Manuel Zelaya) y el jefe del Estado Mayor Conjunto (de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández) sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela”. https://www.swissinfo.ch/

A consecuencia de esta opinión, el gobierno hondureño denunció el Tratado, luego, por arte de magia se hizo público un video de 2013 donde se visualiza a Carlos Zelaya (diputado y secretario del Congreso Nacional en ese momento) en una reunión con empresarios que estaban vinculados al narcotráfico. Tanto Carlos Zelaya como su hijo Héctor Zelaya renunciaron a sus cargos, abriendo desde entonces un permanente bombardeo de opiniones entreguistas al imperio estadounidense, a la par, se desarrolló una narrativa de favorecer al hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya, especulando que la denuncia del Tratado de Extradición era para evitar que Carlos Zelaya fuera llevado en extradición.

La decisión del gobierno facilitó a la oposición un tema para explotar en los medios de comunicación durante todos los días a toda hora. El telón, a penas se cerró el 18 de febrero privando a los circenses de seguir presentando sus funciones muy depreciadas.

El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Cálix, en aquel momento sobre mantener el Tratado lanzó el reto “Si lo hacen, los diputados que me apoyan y yo, aprobamos la ley tributaria que promueven. Si en 15 días no restituyen sin condiciones, la extradición, pueden olvidarse de esa ley que sin nosotros no se aprueba”. EH (13/10/2024)

Ya con la nueva decisión del gobierno, Cálix escribió en su cuenta X “…en el mes de octubre es claro: les brindé un plazo de 15 días para rectificar y no lo hicieron. Hoy, @XiomaraCastroZ no retrocedió en su decisión de eliminar la extradición, dejó en suspenso la denuncia del tratado por temor a las represalias de @realDonaldTrump”. Lo cual indica que no apoyará la Ley de Justicia Tributaria.

Es decir, una Ley de Justicia Tributaria para generar mayores ingresos al erario con el objetivo de ser invertidos en la población, es importante pero…las cosas no se hicieron como el susodicho diputado lo exigió.

Otro de los participantes en la función del circo es otro precandidato del PL, Salvador Nasralla, en una concentración política se arrodilló exclamando “Me pongo de rodillas para pedir, por favor, que se retire la denuncia contra el tratado de extradición y que volvamos a la extradición, porque no queremos seguir en un país donde los narcotraficantes puedan hacer lo que quieran, matar a la gente y vivir a sus anchas”. LP (16/02/2025)

Los dirigentes del Partido Nacional, en su mayoría mencionados en casos de corrupción y de narcotráfico, también utilizaron el tema todos los días desde el 28 de agosto para señalar que el gobierno estaba protegiendo a Carlos Zelaya.

El 18 de febrero la presidenta Castro escribió en su cuenta X “Anuncio que he llegado a un acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos para que el Tratado de Extradición continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva”.

El Canciller Eduardo Enrique Reina, reforzó la decisión tomada “Reiterar que el gobierno de la presidenta Castro tiene una voluntad inquebrantable de luchar por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado de derecho, la corrupción, el crimen organizado y las consecuencias nefastas estructurales para el país que ha dejado el golpe de Estado y la narcodictadura que empeoraron el país durante 12 años y siete meses”. LP (19/02/2025)

La posición del gobierno es que se trataron algunos temas como el de la extradición sin poner en riesgo las elecciones y sin tinte político, la migración y deportaciones, el Tratado de Libre Comercio, convenios militares, y, posibilidad de invertir en el ferrocarril interoceánico.

Ahora, la posición circense de la derecha es que el gobierno de castro reculó, que la oposición se impuso (la derecha), que se le tuvo miedo a Trump, etcétera.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé escribió en su cuenta X “Confirmado todo fue un circo para entretener a la población… Pura irresponsabilidad… No es lo mismo verla venir que platicar con ella”.

¿Y la soberanía dónde queda?       

Denunciar el tratado de Extradición ha sido una política correcta y soberana, el juzgamiento de los involucrados en narcotráfico debe realizarse acá en el país, lamentablemente, existe la creencia colectiva que en el país no existe una justicia objetiva e igualitaria para todos, donde los ricos y políticos manipulan a su antojo las leyes, y quienes se imponen son los grupos delictivos, tal y como sucedió en los 12 años del Partido Nacional (2010-2014).

El país debe avanzar en sus actos de soberanía, diga lo que se diga, se ha retrocedido en este tema. Solo con la fuerza del mismo pueblo se puede seguir para adelante en la aplicación de la justicia y en ser soberanos.

Por ahora, no hay circo ¿cuál será la nueva función?

Por Carlos M. Licona

La Ley del INPREMA de 1980 permitía que un docente se jubilara de forma voluntaria al cumplir 50 años de edad y, en el caso que tuviera 30 años laborados, obtenía el 90 %  del promedio de los últimos 36 meses, este era el máximo beneficio que se podía obtener. La Ley fue reformada en diciembre de 2011, entrando en vigencia el 19 de enero de 2012. Para los docentes que ya existían en el sistema, se cambió la edad de jubilación voluntaria a 59 años y el cálculo de la jubilación pasó a ser el promedio de los últimos 180 salarios, en el caso de que un docente tuviera 40 años laborados podía rebasar un poco el 100 %, porque se agregaron otros factores (este es el máximo beneficio actual).

Obviamente, todos los docentes que en enero del 2012 andaban arriba de los 40 años de edad pero menos de 50, ahora ya están próximos a llegar a los 60, con dos situaciones diferentes; la primera es que, también tengan los 40 años laborados y, en este caso, la jubilación saldrá un poco más del 100 %; la segunda situación es si tienen menos de 40 años laborados, y, en este caso, entre menos años trabajados tengan menor es la jubilación.

Antes del 2023, 166 docentes hicieron el trámite respectivo de su jubilación ante el INPREMA para jubilarse con la Ley de 1980, independientemente de las situaciones individuales de este grupo, los puntos torales se resumen con la Resolución Administrativa de la Junta Interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el 21 de marzo de 2023, declarando improcedente la Solicitud de Beneficio de Jubilación.

El 23 de agosto de 2023, los 166 maestros interpusieron Acción de Amparo contra la Resolución Administrativa No. CI-ASL/089/21-03-2023 emitida por el INPREMA, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció el 13 de diciembre de 2024, y, por unanimidad “otorgó Garantía Constitucional de Amparo a maestros que cumplen los requisitos de la ley, a fin de que se les tramite el beneficio de su jubilación según la ley de 1980”.

La resolución de la Corte agrega “De igual manera, ordena que se devuelva el derecho vulnerado a aquellos maestros que han cotizado por treinta años en adelante, a efecto de que se les tramite su jubilación, con los beneficios del Decreto 1026-1980, de manera que se vayan jubilando los docentes dentro de un debido proceso, sin aplicación retroactiva de la ley…”, acá se supone que se refiere a la reforma que entró en vigencia hecha en el 2012, no especifica que Ley, luego agregan “…hasta llegar a la generación de docentes que ingresaron al sistema bajo la vigencia del Decreto No. 247-2011”.

Sin ser abogado, se asume que el derecho fue devuelto a todos los docentes preexistentes antes del 19 de enero de 2012. Mientras que, para todos los docentes que ingresaron posteriormente a esa fecha serán regulados por la Ley de JOH, es decir, deben jubilarse a los 65 años.

¿Cuál fue la promesa de campaña de Xiomara Castro?

Bueno, una cosa son las promesas, otras las situaciones legales y otras las promesas que se cumplen.

La presidenta Xiomara Castro prometió devolverles todos los derechos cercenados a los docentes, uno de ellos es la jubilación. Mucha agua ha corrido debajo del puente sobre este tema, pero, todo se resume a una propuesta de reforma construida entre el gobierno, técnicos del INPREMA y representantes de Colegios Magisteriales, donde se mejora un poco la reforma de 2011, por ejemplo, de 59 se baja a 55 años la jubilación voluntaria, se mejora levemente el cálculo de la jubilación al traer a valor presente los salarios (esto tienen que ver con el factor de inflación), se ofrece un bono de 400,000 lempiras para quienes lleguen a los 59 años de edad, otros.

Esta propuesta de reforma generó una oposición muy mediatizada por los medios de comunicación, dividiendo al magisterio en dos bandos; los que prefieren la Ley de 1980 o la propuesta de reforma del gobierno actual. Mientras tanto, según las autoridades del INPREMA ,solo los 166 docentes tienen derecho a jubilarse tal y como lo dictaminó la Corte Suprema, y, cualquier otro que cumpla con los requisitos debe seguir el mismo procedimiento de los 166 maestros que demandaron. De no hacerlo, la Ley vigente es la de JOH.

Al parecer, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia vino a detener la propuesta de reforma del gobierno de Xiomara Castro, y, todo docente preexistente al 2012 tiene dos opciones; seguir el trámite legal de los 166 que demandaron y esperar el tiempo que corresponda para jubilarse con la Ley de 1980 o, bien, cumplir con los requisitos obligatorios de la vigente.  

¡Por una nueva Ley del INPREMA!

En las circunstancias actuales, ya desapareció la humareda sobre este tema, ahora, el grupo más afectado es el que ya anda cerca de los 60 años con casi los 40 años laborados, ya que, este grupo fue perjudicado por el régimen nacionalista y ahora, sigue sin obtener el beneficio que la presidenta Xiomara Castro prometió, obviamente, no por culpa de ella.

El magisterio debe iniciar seriamente a plantear y exigir una nueva Ley del INPREMA donde nadie salga perjudicado y se garantice la sostenibilidad de la institución, el entuerto bien estructurado debe ser cortado de raíz.