Por Rita Chack y Rubén Molina

El día jueves 8 de septiembre a las 10:00am, varias organizaciones y carreras pertenecientes al Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), al no presentar las autoridades un informe serio de como se ha estado llevando a cabo los procesos de judicialización, e incumplimiento del acuerdo firmado en julio del 2016 entre los y las estudiantes y las autoridades universitarias, un grupo de vanguardia de los y las estudiantes ingresaron al edificio administrativo de ciudad universitaria (UNAH-CU), exigiéndole a los cuerpos de abogados el cumplimento de dichos acuerdos , dándoles un plazo de 3 horas para que se desarrollara la reunión entre ambos cuerpos de abogados, juntos con los estudiantes para tener claridad del problema y su solución.

Aún existen compañeros con tres procesos judiciales del 2015, los compañeros Cesario Padilla, Moisés Cáceres, Sergio Ulloa. A estos habría que agregar los cinco procesos del 2016 contra las y los compañeros Armando Velásquez, Dayanara   Castillo y Sergio Ulloa. Este último ha sido procesado en dos ocasiones, incluyendo en estos últimos a dos menores de edad.

Emanado del incumplimiento de los acuerdos, las organizaciones y movimientos estudiantiles independientes realizaron una toma pacífica, desde las 2 de la tarde, en el bulevar Suyapa, finalizando a las 8:00pm aproximadamente, clausurando con una fuerte represión por parte de las fuerzas militares del Estado. La acción se realizó como un llamado de atención a las autoridades de la UNAH, en demanda del cumplimiento del acuerdo, el cese inmediato a la persecución de los estudiantes, docentes y trabajadores, el cumplimiento de los derechos estudiantiles como es el caso de los y las compañeras estudiantes de las carreras de salud.

Luego de varias horas de negociación, a pesar de no haber una participación masiva, la mayoría de los y las compañeras pertenecientes al MEU se encontraban presentes una vez más, en defensa y demanda de nuestros derechos. Con cada una de las acciones de las autoridades represivas, dejan a la luz de la población estudiantil y de la sociedad en general que estamos ante una persecución política contra los estudiantes.

La vulnerable situación de las asociaciones de carrera

La crisis universitaria cristalizó en una serie de ventajas para las distintas asociaciones de carreras, que antes fueran desconocidas por la institución; las victorias parciales del MEU se traducen en la legitimación y legalización de los procesos de personerías jurídicas de las asociaciones, las próximas elecciones generales en la Universidad; en lo académico destaca la total revisión de la normativa académica. También se logró la conquista de la libertad de los compañeros judicializados –aunque se lucha por su verdadera realización.

Enmarcados en esta lucha del MEU, surgieron fenómenos presentes para comprender la singularidad de los procesos de cada asociación de carrera. Filosofía es el caso. Esta carrera fue organizada en julio de 2015, luego de un largo proceso de socialización de las propuestas de Estatutos y Reglamento de Elecciones. Se consigue de esta manera la legitimidad de la asociación ante los estudiantes, diversas asociaciones de carreras y autoridades.

El jueves 8 de septiembre se realizó una asamblea extraordinaria convocada por varios compañeros de la asociación; un movimiento independiente mostró su descontento con las bases reglamentarias –Estatutos y Reglamento de elecciones–existentes. Llevaron una propuesta, y sin sugerir tan siquiera una ardua socialización y exhaustiva revisión en varias asambleas, propusieron su definitiva aprobación, a sabiendas de que la convocatoria decía textualmente «revisión» y no «aprobación». Su intentona no se llevó a cabalidad, el retiro bien meditado de los miembros de la asamblea frustró su intransigente método persuasivo.

De fondo su propuesta contiene algunas inconsistencias y problemas que se quisieron saldar con la anterior construcción de bases reglamentarias: la selectividad de los estudiantes con el pago de una «membresía», eufemismo que antepone la exclusividad al libre derecho de asociarse. Ellos otorgan a la figura del presidente poderes insondables, como el hecho de inclinarse, unilateralmente, y sin decisión colectiva, a las posturas, decisiones políticas e ideológicas, y a las alianzas, a saber, tradicionalmente político partidarias.

Exhortamos a los compañeros de Filosofía y demás asociaciones vulnerables a estas reacciones propias de la pequeña burguesía y reformistas del movimiento, a acudir a la reflexión crítica y a la ferviente oposición a las propuestas que contengan la erosión de derechos irrenunciables, y a modelos de gobierno que centralizan el poder en la figura del presidente. Es preciso resistirse a los cambios que sugieren celeridad y no una continua socialización.

 

Por Sebastián Ernesto González

La maquinaria de JOH avanza en su propósito para imponerse fraudulentamente y reelegirse por 4 años más, dando al Partido Nacional por primera vez desde 1982 un tercer periodo de gobierno, el Partido Liberal solo había estado 8 años consecutivos; del 82-90 y del 94-2002.

El Partido Nacional no necesitó obtener mayoría dentro del CN, una vez que el Tribunal Supremo Electoral emitió los resultados finales de las elecciones generales del 2013, donde declaró que 48 de 128 diputados eran del Partido Nacional, siendo los otros 80 de la oposición, se dio a la tarea de negociar y en la realidad da la impresión de que 86 o 90 diputados son del PN y el resto de la oposición.

Con toda la maquinaria a su favor, al parecer no hay nada que detenga el continuismo de JOH, según miembros del PN, el Congreso debe regular la reelección o esta será ilimitada, según miembros de la oposición, si el Congreso Nacional no lo regula entonces JOH no podrá postularse.

Lo único cierto hasta ahora es que JOH se va saliendo con la suya y el comportamiento de los diputados del Partido Liberal y otros del Partido Anticorrupción y disidentes de Libre ha sido brindarle apoyo absoluto a JOH. Aunque no hay que obviar que si JOH ya tuviera los 86 votos (mayoría calificada) ya hubieran hecho la regulación de los periodos para reelegirse, aunque esto solo podría ser una maniobra para negociar otro tipo de concesiones por diputados de la oposición.

Mel renuncia ante posible descalabro de Libre y postulan a Xiomara

Si bien es cierto, el ex presidente Manuel Zelaya sigue gozando del apoyo del sector más fuerte de Libre, existe otro sector menos fuerte pero muy grande que estaría dispuesto a la lucha siempre y cuando sea para detener a JOH, esto visualizaba una inminente división dentro del partido que obtuvo el segundo lugar en las elecciones del 2013 y que nació con la lucha en contra del golpe de estado.

La mayoría de los hondureños ya no quiere seguir soportando a JOH, personaje perfecto para el imperio y el FMI que ha hecho despidos masivos, cerrando instituciones, eliminado conquistas sociales y económicas de los trabajadores y líder del grupo que hizo el robo escandaloso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se menciona que tal saqueo evitó la adquisición de medicamentos vitales que ocasionaron la muerte de 3000 pacientes.

Sin embargo, todo este comportamiento negativo del régimen no basta para derrotarle en elecciones, existe en el imaginario de la población que, con toda la maquinaria del Estado a su favor, el fraude sería inevitable para la imposición de JOH. También pesa en la población los efectos de la crisis económica y las medidas represivas del régimen para aplastar al que se levante. De ahí que el régimen sigue su gobierno y su propósito navegando en aguas mansas, sin sector que se movilice.

Por eso gran parte de la base de libre se opone a la reelección y estaba dispuesta a no apoyar a Manuel Zelaya en su propósito de lanzar su candidatura. En el mes de agosto se dio una muy airada discusión entre el sector que apoyaba en su propósito a Manuel Zelaya y el sector que manifiesta que lanzar a Mel es continuar con JOH.

De esta forma, el 27 de agosto el Partido Libre convocó a movilización frente al TSE donde oficializó la candidatura de Xiomara Zelaya, dando por terminada la polémica que dividía a la militancia de Libre. También ese día se informó que se cambiaba la pregunta para las elecciones de finales de octubre donde elegirán a las autoridades, en vez de preguntar sobre reelección se preguntará sobre si se está de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Ante declaración del TSE, PINU llama a movilización

El TSE anunció el viernes 9 de septiembre que acatará el fallo de la CSJ, en otras palabras, que inscribirá la candidatura de JOH, en la declaración dice “Este Tribunal está supeditado a lo que manda la Constitución y demás leyes, y no eximido de acatar las sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de obligatorio cumplimiento”, lo anterior significa que inscribirán a JOH.

Ante tal declaración ha sido el PINU (Partido de Innovación y Unidad) que ha llamado a movilización, “Es nuestro deber informarles a ustedes los medios de comunicación y al pueblo hondureño, el contexto en que se está dando esta convocatoria a Elecciones Internas donde hay una negativa sistemática del partido de Gobierno a querer hacer reformas electorales, que se comprometieron a hacerlo desde agosto del 2013”, expresó la diputada Doris Gutiérrez.

La diputada Doris Gutiérrez manifestó en la radio Globo el día 10 de septiembre, “no hay que creerles a los dirigentes de los partidos, ellos firman una cosa y hacen otra” y dio a entender que solo la movilización y ejerciendo el voto con conciencia se derrumbará a JOH.

¡No movilizar es apoyar a JOH! ¡Movilicemos ya! ¡Fuera JOH!


Por Justo Severo Izquierdo

De nada le ha servido al gobierno de Juan Orlando Hernández idear una política de combate a la criminalidad, por más que haya centrado su estrategia en la militarización, cobro de la tasa de seguridad, que por cierto, ha creado enorme incertidumbre en la población sobre el uso de sus fondos, ya que no existe un ente que fiscalice y brinde detalles sobre cómo se invierten los miles de millones que entran a las arcas del Estado por concepto del Tasón de Seguridad; aunado a estas maniobras, también se creó la Fuerza Nacional Antiextorsión, unidad que pretende desarticular bandas que se dedican a este delito y hacer bajar los índices de extorsión en el país. Hasta el momento, lo que refleja el país, es el incremento de la violencia en todas sus dimensiones, por tanto, se percibe que la política implementada por JOH no ha dado los resultados esperados, es una política de seguridad fracasada, se vive en un Estado fallido, en un ambiente de zozobra e indefensión.

El cobro del impuesto de guerra se convierte en negocio lucrativo y se institucionaliza

El delito de la extorsión, llamado también “impuesto de guerra”, comenzó con el cobro de pequeñas sumas de dinero por parte de pandilleros a dueños de pulperías y pequeños comerciantes, el negocio ilícito fue creciendo, poco a poco fue absorbido por estructuras criminales mayores, éstos vieron del negocio una forma lucrativa de crecer rápidamente y con ello se infiltraron en instituciones del Estado como La Policía, Órganos de investigación y hasta en la clase política del país, a manera de convertir este ilícito en una empresa rentable. En los últimos cinco años, el fenómeno de la extorsión se ha recrudecido, a tal grado de causar el cierre de cientos de negocios ocasionando miles de desempleados y de enlutar a muchas familias en represalia por el incumplimiento del pago de las cuotas exigidas. El rubro del transporte ha sido el más golpeado por los extorsionadores, causando la muerte de ayudantes, conductores, dueños de unidades, pasajeros y hasta la quema de taxis y autobuses; hasta el momento, las cifras estadísticas arrojan desde el 2012 al año actual, 117 muertes por causa de la extorsión (El heraldo 1/9/2016).

Esta vez, el problema no está atacando solamente a la economía informal, pequeña industria y al transporte público, las estructuras criminales han tomado como nueva modalidad extorsionar y atentar contra las grandes empresas del país, sector que jamás se imaginó ser golpeado por el látigo de la extorsión, quienes ya vivieron las consecuencias junto con los demás sectores tras experimentar la quema de camiones repartidores, atentados, notas extorsivas y muerte de conductores como lo sucedido a la empresa distribuidora de leche llamada Leyde.

Estas empresas, algunas extranjeras como la Bimbo y otras de capital nacional como Café El Indio, Camosa y la empresa lechera Sula, han protestado de manera enérgica contra el gobierno a través de la Cámara de Comercio y Empresa Privada, por su incapacidad de dar seguridad a sus trabajadores, así lo demuestran las palabras de Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Urtecho sostiene que "Lo que demuestra con la quema de bienes de las empresas es que no hay policías en las calles", "es una pena lo que está ocurriendo en el país. Creo que la autoridad debe ser más fuerte en la aplicación de la ley". (El heraldo, 30/8/2016) Mientras el expresidente del Cohep, Eduardo Facussé, fue más tajante al manifestar refiriéndose a los dos gobiernos nacionalistas “se puede decir que es un desastre” en materia de seguridad ciudadana. “El empresario dijo estar preocupado por el cierre de negocios que no pueden pagar a las maras el denominado “impuesto de guerra” La clase media ha sido la más afectada con la extorsión y el cierre de empresas. (La tribuna, 9/9/2016)

Crisis capitalista y criminalidad

Como Partido Socialista Centroamericano, hemos venido denunciando que la crisis que enfrenta Honduras con la enorme criminalidad es producto, por un lado, de grupos organizados que están ejerciendo funciones de mando en el actual gobierno, entre ellos La Policía, Militares, órganos de investigación, jueces y fiscales; la criminalidad no se erradicará mientras esta se encuentre institucionalizada, esto explica dentro de cada atentado la vestimenta y armamento militar – policial, altos niveles de impunidad donde jueces y fiscales resuelven un caso por cada cien. Por otro lado, el avance de las extorsiones, realizadas por la delincuencia común y organizada, es producto de la crisis económica que genera mayor miseria en el país, por lo tanto, son más los dedicados al negocio ahora. Ante esta realidad, el PSOCA plantea la abolición de los aparatos represores del gobierno de JOH y propone la creación de órganos de defensa popular ¡solo el pueblo salva al pueblo!


Por Orestes Molina

De la asamblea de estudiantes de la escuela de Filosofía, en la Universidad Nacional de Autónoma de Honduras (UNAH) llevada a cabo el 8 de septiembre, devinieron algunas consideraciones necesarias e impostergables, acompañadas de los hechos que instigaron falsas críticas en ella. Dos compañeros iniciaron la tragedia; el primero procedió a hacer sus observaciones del Estatuto actual de la asociación. Dijo tanto que las verdaderas ideas fueron erosionándose poco a poco, luego acudió a la ironía y al tono sarcástico. Esa manera de jugar con las palabras tiende a confundir a algunos y convencer a otros; al parecer son co-sustanciales a la crítica, pero las condiciones en las que se dijeron no fueron las mejores: ¿acaso las observaciones –la mayoría de ellas atinadas– no pudieron ser dichas en el momento de la construcción de este Estatuto, un año antes?, ¿por qué su notoriedad hasta ahora?

Abdicamos a nuestro compromiso inmediato; tardíamente hacemos llegar nuestros reclamos. Los compromisos se asumen con la premura del momento, no con el ánimo retardado a la vista de una coyuntura, que deja expuesta nuestra flojedad y reticencia al trabajo prolongado y constante. Las críticas son elementales, pero poco provechosas si no se expresan con la valentía que conlleva encarar el momento iniciático de un proceso.

De la siguiente participación surgió una burda y extraña letanía; estuvo lejos de ser un reclamo genuino. Sentenciar como fallidas las funciones de un órgano representativo es como acudir a la liviana e inoperante frase: «el Estado es fallido». Quizá porque no hay señalamientos consistentes en tal exclamación. ¡Qué se repare en la disfuncionalidad singular de cada parte que compone un órgano representativo, como lo es una junta directiva! ¡La simple objeción generalísima no da cuenta de nada! Nuestro papel de ser grandes cuestionadores, al llegar a una asamblea desprovisto de todo reparo singular y directo a las inconsistencias, se derrumba dejándonos en calidad de simples especuladores.

El tercer participante dejó claro no mediar en el asunto, aunque así se le delegara en la asamblea. No se puede ser un mediador cuando se pierde el comedimiento y propensión al resguardo equitativo de las opiniones; aplacar con actos soberbios una participación, demuestra el interés desesperado por lograr un cometido; y si se barre con las condiciones democráticas de un proceso, se anuncian las injusticias que han prevalecido en el pasado: creer que con celeridad y reconocimiento único se dan resoluciones enteras y definitivas. La asociación de estudiantes de filosofía y ninguna otra germinará bajo estas viles y menudas determinaciones.

Dos compañeros cerraron filas bajo un mismo objetivo, tal vez manifestar una acorazada y tosca sentencia, ser portadores de la filosofía. Hay quienes defienden una especie de puritanismo en la carrera: «algunos no son compatibles con nosotros» dicen. Todavía en este tiempo las universidades no son exclusividad de algunos grupos, mucho menos las carreras; en su seno se han albergado tantos pensamientos con afanes emancipatorios de las sociedades. Incurrir hoy por hoy en la selección de individuos perfectísimos para esta carrera es regresar a los comienzos del siglo XIX, y enternecerse con la universidad napoleónica de 1808.

Irrumpió otra participación digna de cuestionar, esta vez buscando como refugio e instrumento sus clases de derecho. Qué decir de aquellos y aquellas que con su verborragia legalista y frases preñadas de códigos y leyes, intentan persuadir a los que desconocemos el campo. Nos son suficientes apenas unos cuantos rudimentos del derecho, pues son los sujetos reunidos bajo la esperanza del consenso, los que encarnan el espíritu de la ley. Nos resistimos, pues, a la pedantería de aquéllos, y mostramos nuestra entera confianza a los últimos.

La asamblea se tradujo, al final, en una masiva deserción, ¿fue fallida? –nueva experiencia ganada, conocimiento de causa para el que pregona la «disfuncionalidad». En fin, creemos ahora ante estos hechos recientes, que las verdaderas generaciones que insisten en modelar su discurso bajo el potente accionar de la crítica, no emergen con la liviana creencia de barrer con todo el trabajo que les antecede.


Por Rita Chack

A 6 meses del asesinato de nuestra compañera y camarada Berta Cáceres, el día 22 de agosto del presente año, el Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se movilizó desde la Esperanza, Intibucá, a los juzgados penales de la granja en Tegucigalpa, para interponer una denuncia formal contra Marcos Jonathan Laínez, ex ministro de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) por abuso de autoridad.

El rol entreguista de SERNA

Este alto funcionario otorgó el permiso de licencia ambiental al proyecto de muerte, conocido como Proyecto Hidroeléctrico Aguas Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos S. A de C.V (DESA). La audiencia fue cancelada y pospuesta para el 8 de septiembre. La denuncia del pueblo Lenca, a través de COPINH, ya ha sido retomada por los demás pueblos ancestrales de Honduras. Cada vez es más claro que SERNA no vela por los intereses y derechos de los pueblos, solamente trafica con los recursos, entrega los ríos, bosques y tierras a las transnacionales.

Gaspar Sánchez, miembro oficial del COPINH, declaró: “Este proyecto es ilegal e ilegitimo ya que las comunidades no quieren este proyecto hidroeléctrico, estas atentan contra la vida del pueblo”. También denunció que Marcos Laínez afirmó que río Blanco no es un territorio Lenca, negando así, el derecho legítimo a las tierras sagradas y ancestrales de los lencas.

Berta Cáceres no es la primera vida arrebatada de forma violenta y cobarde. Día a día los pueblos indígenas son despojados de sus bienes comunes por los grupos de poder, mientras tanto el Estado de Honduras y sus instituciones (SERNA, Instituto de la propiedad, Instituto Nacional Agrario de Honduras, la policía nacional y el ejército, entre otras) son cómplices, ya que se han prestado a registrar tierras sagradas a favor de inversionistas extranjeros, que compran de forma arbitraria e ilegal las tierras de nuestros pueblos, despojan y reprimen violentamente a las comunidades.

Desde hace varios años el Estado de Honduras ha venido desplazando a las comunidades de sus tierras ancestrales, a través de leyes como zona libre turística (1992), Ley de aéreas protegidas (1993), Ley de municipalidades, Ley de Propiedad impulsada por el Banco Mundial y aprobada en 2004. Todos conocemos el Banana Coast (2010) cuando la municipalidad de Trujillo vendió a un canadiense las playas de rio negro, propiedad de la comunidad garífuna, siendo esto solo un ejemplo de la problemática de la mayoría de las comunidades.

Manipulación del proyecto de Ley de Consulta Previa

El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), presentada en mayo de este año. Es una importante herramienta democrática para las comunidades indígenas y negras. Este anteproyecto surgió del análisis y reflexión realizado por el Observatorio en la comunidad Garífuna de Sambo Creek, en el año 2014. Contó con la colaboración y aporte de los grupos indígenas y negros, así como la colaboración especial de Berta Cáceres, pero el gobierno se resiste a reconocer nuestros derechos, prepara una versión distorsionada de Ley de Consulta sin la participación de los pueblos, atentando así contra los derechos democráticos de la población.

La versión gubernamental de la de Ley de Consulta Previa está siendo elaborada junto la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el acompañamiento de Naciones Unidas, en la cual los pueblos son “consultados” pero meses después de haber aprobado concesiones como el caso de los hidrocarburos en la Mosquitia, o simplemente ignorando los resultados que no favorecen los intereses de la oligarquía. De esta manera violenta el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por el Estado de Honduras, que obligan a efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento de las comunidades, antes de aprobar leyes que puedan afectar a los pueblos indígenas.

Larga lista de luchadores asesinados

Nuestras comunidades indígenas, así como el pueblo hondureño en general, siempre han sido víctimas de los intereses mezquinos, de las mafias que controlan el país. Utilizan tácticas de terrorismo de Estado con las que criminalizan las luchas para después asesinar a los líderes más combativos, ambientalistas consecuentes, que defienden junto al pueblo estos territorios y a la vida.

Desde hace veinte años han perdido la vida más de 40 Tolupanes, líderes de su comunidad, en defensa de sus territorios ancestrales. El asesinato de Teodoro Martínez, líder de La Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) el 4 de mayo, Luis Soto, Vicente Matute Cruz, presidente de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY). La denuncia fue hecha a través de un comunicado, pero el Estado silencia e invisibiliza estos casos. http://www.revistazo.com/May-03/asesinato.htm

En los últimos 5 años más de 120 los ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, han sido asesinados en Honduras.

Es necesario despertar

En un país con mucha riqueza administrada en pocas manos, es necesario que desertemos. Berta Cáceres nos lo decía constantemente: “Despertemos Humanidad”

Entendemos que todo es parte de una política de Estado, de un Estado terrorista, colonizador. A través de la violencia y del miedo pretende inútilmente destruir la resistencia de los pueblos originarios. La ignorancia de quienes pretenden imponer la ley de los menos no les permite ver, ni comprender que a este pueblo y a esta resistencia nadie la calla.  

Los pueblos originarios levantan su voz en defensa del medio ambiente, de sus derechos territoriales, culturales y políticos, son ellos y ellas, mujeres y hombres valientes, que a través de la resistencia ancestral se plantan en contra de la oligarquía y del sistema neoliberal que pretende apoderarse de la tierra.

Como decía Berta Cáceres “Luchar por la vida, es nuestro deber contra un plan de muerte que cada día nos destruye más”

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