Por Gerson de la Rosa

Las autoridades de educación del país, Marlon Escoto –Ministro de Educación- y Julieta Castellanos –Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras- a lo largo de su gestión administrativa han intentado demostrar las transformaciones en relación al mejoramiento de la calidad educativa. Como indicadores de sus logros han mostrado asuntos de gobernabilidad y el cumplimiento efectivo de los 200 días de clase. Pese a los logros alcanzados, aún siguen manifestándose una serie de problemas en materia de educación, por ejemplo, de forma reciente se han divulgado los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE).

Decadencia en la educación

Honduras está por debajo de la media regional, que es de 700 puntos, en las áreas de lectura, escritura, matemática y ciencias naturales en tercer y sexto grado. Por cierto, áreas del conocimiento que deberán ser desarrolladas como competencias a lo largo de la educación básica de acuerdo al Currículo Nacional Básico, y que serán evaluadas al momento de aplicar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) para ingresar a estudios superiores.

Es importante manifestar que el TERCE es un estudio comparativo que intenta medir los logros de aprendizaje a gran escala de la región, implementado por el apoyo de la UNESCO y comprende 15 países de América y el Estado de Nuevo León, en México.

Parte de los objetivos del estudio es aportar información sobre la calidad de la educación en la región para orientar la toma de decisiones en las políticas del Estado en torno al tema.

El TERCE no es el único estudio que presenta las amplias desigualdades educativas; diversas investigaciones demuestran los problemas a nivel del aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas, en otras palabras, las diferencias de capital cultural por parte de los estudiantes que provienen de los estratos más bajos, es decir, aquellos que viven en pobreza.

La Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha divulgado información estadística relevante en relación a los niveles de escolaridad de los jefes de hogar. Aspecto fundamental en la conformación del capital escolar. De la misma manera, se ha demostrado como los bajos niveles de escolaridad se encuentran ampliamente correlacionados con los ingresos familiares, aspecto fundamental en la conformación del capital familiar de los estudiantes.

Resulta casi evidente inferir que los estudiantes con mayores problemas de aprendizaje y de desarrollo de habilidades cognitivas son aquellos que viven en una situación de amplias desigualdades, es decir, los de menores ingresos y posibilidades. Por tal razón, los bajos índices o promedios académicos en varias áreas del conocimiento son un problema social, por cierto, incrementado por la aplicación de los planes de ajuste y de miseria del actual gobierno.

Los únicos logros de las autoridades educativas

Las administraciones de Marlon Escoto y Julieta Castellanos se presentan ante la opinión pública como modelos en la gestión pública, sin embargo los estudios evidencian que los grandes problemas en la educación no han logrado ser resueltos. La razón es muy sencilla: la dimensión social de la educación. Es decir, la manera en que la estructura económica y social incide en los procesos de formación educativa.

El ministro de la Secretaría de Educación presume de haber modificado el sistema educativo hondureño y de haber logrado el cumplimiento efectivo de los 200 días de clase. Pero lo cierto es que parte de sus logros se reduce a haber desmovilizado a los trabajadores de la educación y asestar duros golpes en su más grande conquista: El Estatuto del Docente Hondureño. Lo anterior, evidentemente bajo la complicidad de los dirigentes gremiales. En el caso de la UNAH, la Sra. Julieta Castellanos publicita sus logros por la construcción de edificios y de infraestructura educativa, factor importante y fundamental, pero no suficiente. De la misma manera, Julieta Castellanos ha logrado desmovilizar a los trabajadores universitarios y asestar duros golpes a nivel de las conquistas sociales y laborales. La centralización del poder político no sólo ha eliminado los espacios para la participación sino también le ha permitido introducir una serie de medidas violatorias a la libertad y a los derechos constitucionales sin ningún tipo de oposición.

Desde el PSOCA de ninguna manera nos oponemos al aseguramiento de la calidad educativa, pero sí a las políticas de hostigamiento y de violación de derechos por parte de las autoridades. Exigimos un aumento general de salarios, los mismos se han mantenidos congelados durante seis años; nos oponemos al desmantelamiento de los institutos de previsión, a la centralización del poder que no contempla la participación activa de los actores educativos.

Por Sebastián Ernesto González

Sin duda alguna, el año 2015 ha sido el más productivo para la lucha popular, con un movimiento de los indignados que ha pasado por diversas etapas. Se programaron 4 paros nacionales, los que se realizaron en las fechas 17 de julio, 26 de agosto, 1 de octubre y el del 4 de noviembre.

El movimiento de los indignados inició a finales del mes de abril, teniendo como detonante el saqueo multimillonario en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por el gobierno del Partido Nacional bajo la dirección consecutiva de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández.

Este movimiento fue en ascenso, pero principalmente compuesto por estratos de clase media en sus inicios, en su mayoría cotizantes al IHSS, sea como pequeños empresarios o bien como afiliados.

La misma composición social de los participantes en el movimiento de los indignados le facilitó al gobierno de Juan Orlando salir avante ante la gran cantidad de personas que se movilizaron a nivel nacional condenado el latrocinio al IHSS, siendo JOH el mayor responsable de dicho saqueo. Inicialmente, el alto grado de corrupción de los dos últimos gobiernos del Partido Nacional, apoyados por su eterno cómplice de fechorías, el Partido Liberal, crearon en el imaginario de las masas la consigna de “fuera JOH”, creyendo incluso, en algunos momentos de la lucha que esto era factible; sin embargo, los que se adueñaron del movimiento rápidamente sustituyeron esta consigna por “queremos la CICIH”, organismo de injerencia imperialista como nueva política Estadounidense para combatir la corrupción en estos países, principalmente los del Plan Alianza Para la Prosperidad (Guatemala, Honduras y El Salvador).

Seguidamente, otras frases fueron acuñadas en el discurso de los participantes, como: “no rayen las paredes”, “no digan malas palabras”, “no queremos políticos con nosotros”. Estas fueron, entre muchas otras, las que muy sutilmente empezaron a socavar el gran movimiento que venía en ascenso, el mayor desde el golpe de Estado.

Otra gran característica del movimiento, fue la fuerte diferenciación que desde el inicio los medios de comunicación al servicio de JOH, se preocuparon en resaltar: El Movimiento de los Indignados es uno y el FNRP es otro, los indignados son pacíficos y los de la resistencia son violentos, cosas así por el estilo. Al final nos hemos dado cuenta que el auge del movimiento de los indignados ha sido efímero, las multitudinarias movilizaciones de los meses de mayo, junio y julio dejaron de venir en auge, y por el contrario, comenzaron a disminuir sustancialmente.

De una forma muy acertada, el FNRP se puso al frente y las ha mantenido hasta ahora, pero ya no podemos decir que tienen la misma fuerza que se alcanzó en su mayor momento.

Sin duda alguna que los mayores referentes de paros nacionales que tenemos en Honduras en los últimos 15 años, son los del 2003, 2004 (en la gran lucha del magisterio), 2006 y la heroica lucha de la resistencia en contra del golpe de estado del 2009. Estos paros fueron marcados por una situación muy especial, el movimiento popular, sindical, gremial y campesino venía en ascenso y era compuesto estrictamente por trabajadores. En todos esos paros, definitivamente se logró paralizar la economía del país, y la empresa privada fue golpeada fuertemente por la lucha popular.

Es muy ilusorio hablar de “paro cívico nacional” en las actuales circunstancias; acciones de represión, militarización, criminalización y despidos directos detienen a esa gran cantidad de trabajadores que por ahora soportan esa gran crisis económica. También se vuelve ultroso llevar a la vanguardia a pelear frontalmente con el régimen cuando las masas están en retroceso.

La negociación e imposición de la Maccih, hace que retroceda la lucha. Aparentemente, la política de los estadounidenses en contra de los narco funcionarios y banqueros hondureños genera una falsa esperanza en la población de que la Maccih va a combatir la corrupción en el país.

Por otro lado, las intenciones de las burocracias de las organizaciones populares y políticas por mantenerse en los medios de comunicación a costa del debilitamiento y sacrificio de las organizaciones, no deben ser el motivo para llamar a un “paro cívico nacional”, en el que la vanguardia es enviada al matadero.

Se debe trabajar pacientemente para convocar a un paro de verdad y no desgastar las consigna de “paro nacional” ante las masas, el paro debe surgir de la dinámica misma de las masas.

Por Justo Severo Izquierdo

Luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), acusara a Jaime Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, como proveedores de los servicios de lavado de dinero y de apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos, el hecho ha repercutido de manera nefasta en la clase trabajadora hondureña, a tal punto de condenar a la miseria a 11 mil empleados directos que laboraban en todas las empresas del Grupo Continental y 25 mil personas que laboraban de manera indirecta para el mismo, al congelar todos los bienes propiedad de los Rosenthal.

La acusación contra la familia Rosenthal se ampara en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Esta ley contempla en uno de sus artículos que “todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos.” (La tribuna 8/10/2015).

Lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta, refiere un dicho popular

Los Rosenthal son una familia acaudalada, cuyo jerarca Jaime Rosenthal Oliva tiene una fortuna familiar estimada en 690 millones de dólares (15 mil millones de lempiras), que incluye, además de sus empresas y banco, 11,000 cabezas de ganado y diez mil cocodrilos, todo bajo el conglomerado de Inversiones Continental, S.A. El Grupo Continental tiene intereses en sectores como producción de cemento, bienes raíces, artículos de cuero, seguros, ganadería, proyectos agroindustriales, pieles de cocodrilo, turismo, televisión por cable y medios de comunicación.

A partir de la detención de Yankel Rosenthal y el congelamiento de los bienes en Estados Unidos, el gobierno de Juan Orlando Hernández se empeñó en hacer lo mismo en Honduras; con ello agudizó más la crisis para la clase trabajadora y fortaleció a los empresarios financieros ligados a su gobierno, que vieron con buenos ojos la liquidación forzosa del Banco Continental a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y con ello aprovechar la oportunidad de enriquecerse con los bienes ajenos y quedarse con la clientela y empresas de los Rosenthal. El gobierno confiscó 69 bienes entre los que sobresalen sociedades mercantiles, edificios y lujosas residencias. Para una muestra, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras adjudicó al Banco de Desarrollo Rural (Banrural) la cartera de Banco Continental financiada con los fondos de Banhprovi (Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda) que asciende a un valor de L 2,400 millones (La Prensa, 23/10/2015).

Las autoridades de Honduras contabilizaron este jueves más de mil cabezas de ganado asegurado a la familia Rosenthal en La Lima, departamento de Cortés. El vocero de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), José Coello, informó que se trata de un procedimiento normal tras los aseguramientos de bienes. “Lo que está elaborando el persona de la OABI es el conteo total de mil 200 cabezas de ganado”, para luego decidir el futuro de las mismas (La Tribuna, 29/10/2015).

Despidos masivos de los empleados del grupo Continental

El drama humano que viven los trabajadores del Grupo Continental es conmovedor. Los primeros despidos se dieron en la Empacadora Continental ubicada en La Lima Cortés; 320 empleados de la empacadora Alimentos Continental fueron despedidos, ante el rechazo y protesta de los trabajadores. Luego se suman los empleados de Banco Continental en todas las sucursales del país y los trabajadores de Diario Tiempo, que cerró operaciones el martes 27 de octubre del 2015. Hay otros empleados que se encuentran en la incertidumbre, como los trabajadores que se encargan de manejar la empresa cocodrilera y algunas haciendas que le dan mantenimiento al ganado; hasta el momento el gobierno los mantiene con una enorme inseguridad. Ante estos atropellos contra los trabajadores de todas las empresas de los Rosenthal, el Partido Socialista Centroamericano considera que ellos no tienen que pagar los platos rotos. Llamamos a los trabajadores de las empresas relacionadas con el Grupo Continental a luchar por la nacionalización de éstas, para garantizar los puestos de trabajo y los salarios.

El calvario de los trabajadores

En los últimos seis años, que coinciden con los años de gobierno del Partido Nacional, no se ha realizado ningún aumento salarial a los trabajadores estatales. Lo anterior, ha sido una firme política de los jefes de gobierno Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), y Juan Orlando Hernández (2014-2018). Esta iniciativa responde a factores objetivos y subjetivos; por un lado las orientaciones del Fondo Monetario Internacional quien ha demandado una serie de iniciativas por parte del Estado de Honduras (Carta de Intenciones) como requisito fundamental para acceder a recursos por vía de préstamos, pero también al alto endeudamiento del Estado con la banca privada producto del alto déficit fiscal que se recrudece por los actos de corrupción de los altos funcionarios del Estado.

Pero no se puede dejar a un lado la actitud servil y contrarrevolucionaria de los dirigentes de las Centrales Obreras que en los últimos años han aceptado sin ningún tipo de oposición las políticas de ajuste y de miseria de los gobiernos nacionalistas; mismas que se traducen en la introducción de nuevos impuestos y congelamiento de salarios para el sector público.

Sin embargo, asfixiados por el alto costo de la vida los trabajadores estatales han empezado a manifestarse en contra de las direcciones burocráticas de las centrales obreras, y desde luego al represor gobierno de Juan Orlando Hernández.

Sin embargo, hace falta unificar esfuerzos y emprender una jornada de movilizaciones y paro de labores para exigir un aumento en los deteriorados salarios de los trabajadores.

Por Gerson de la Rosa

Desde hace algunas décadas en Honduras, el crimen organizado ligado a las actividades del narcotráfico, así como el tráfico de armas, el secuestro y la extorsión, ha experimentado un crecimiento estrepitoso que lo ha conducido a tener una presencia muy significativa en la vida económica, política, social y hasta cultural del país. Es tan profunda la vinculación del narcotráfico en la vida social del país, que los sectores que lo dirigen se encuentran insertos en el deporte, las instituciones del Estado y la banca privada nacional. Tal es el caso de la familia Rosenthal, una de las más poderosas económicamente hablando, y otras, vinculadas a los Valle y a los Cachiros.

Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, obedece a una serie de factores tanto internos como externos. Por un lado, a la profunda crisis del sistema capitalista, pero también se suman factores derivados de la aplicación de las cruentas políticas neoliberales implementadas por los gobiernos de turno.

Esta combinación de factores ha conducido a Honduras hacia una profunda crisis, constituida por un alto déficit fiscal y un crecimiento económico insuficiente, lo que ha conducido a un exagerado aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales. Lo anterior ha desembocado en niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia contemporánea del país, y en una creciente militarización del Estado.

El modelo económico neoliberal vigente, basado en la apertura externa, ha constituido un terreno propicio para el surgimiento de una economía, sociedad y gobiernos con una creciente penetración y control por parte del narcotráfico y de las distintas agrupaciones del crimen organizado (Smith, 1997).

Esto ha llevado a que ciertos sectores de la opinión hayan caracterizado al Estado hondureño como un "Estado fallido”.

En los últimos años, se ha presenciado la constitución de una nueva forma del Estado burgués hondureño; además de ser un Estado periférico ampliamente explotado por el imperialismo norteamericano, se ha convertido en un narco Estado, muy similar a México. Es decir, en el Estado de Honduras se ha instaurado un régimen político neoliberal tecnocrático (Rodríguez Araujo, 2009) con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, en la economía y las finanzas. Este fenómeno está vinculado a las políticas implementadas en los años noventa, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, cuando se desmanteló el modelo de Estado benefactor y se crearon las condiciones para impulsar un nuevo régimen de acumulación, fuertemente trasnacionalizado y volcado hacia el exterior, con una participación creciente del narcotráfico como una de las fracciones más dinámicas y rentables del capital.

A nivel del régimen político, esto ha conducido a los distintos gobiernos de turno a agravar la contradicción entre las exigencias derivadas de la reproducción del capital y las relativas a la credibilidad de las instituciones. Sobre todo porque se han reducido presupuestos y liberalizado los distintos servicios, que en décadas anteriores, tan solo el Estado ofertaba.

Esta contradicción ha conducido a profundizar una tendencia de crisis a nivel de la economía y a la militarización del aparato de Estado, cuyo subproducto más visible e inmediato ha sido una guerra fallida contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Por otro lado, la corrupción y la impunidad, males endémicos en Honduras a lo largo de su historia, han alcanzado niveles sin precedente, debilitando aún más el tejido social e institucional del país. Es tan profunda la corrupción en Honduras, que ha logrado interiorizarse y ser parte la vida social y de las prácticas culturales más habituales.

La fallida transición a la democracia formal burguesa, por cierto instaurada con la constituyente de 1982 y sus continuas reformas, sumado a la crisis de representatividad que vive el sistema político acrecentado con el golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya Rosales, han ocasionado en la población la pérdida de credibilidad en las instituciones y el desencanto con los partidos políticos. El famoso "Estado de derecho" tan solo llega a ser una expresión sin ningún tipo de contenido. Lo cierto es que el Estado de Honduras se expresa por medio de un régimen político autoritario, represivo y sin legitimidad.

Por lo anterior, desde el PSOCA hacemos un llamado a la población en resistencia e indignada a expresarse en contra de la articulación de redes del narcotráfico al interior del Estado de Honduras, la mejor manera de combatirlas es por medio de la movilización permanente y la constitución de un nuevo Estado. De lo contrario, seguirán perpetuando la miseria y el hambre a los trabajadores, que al final de todo son los únicos perjudicados con las incautaciones y la perdida de dominio de las empresas que se orientan para lavar activos y blanquear capitales.