Por Aquiles Izaguirre

A mediados del siglo XIX, Karl Marx analiza el nacimiento y desarrollo del capitalismo, muy tempranamente, ve cómo este sistema se desnuda con fútil crudeza, es por esto, que en La Miseria de la Filosofía describía al mismo así: "El sistema capitalista no precisa de individuos cultivados, sólo de hombres formados en un terreno ultraespecífico que se ciñan al esquema productivo sin cuestionarlo" (Karl Marx, La Miseria de la Filosofía). Al día de hoy, la naturaleza del capitalismo se desnuda ante nuestra realidad, ¿por qué no decirlo?, se devela en nuestra cotidianidad académica como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Concretamente se nos muestra con las nuevas y viejas reformas académicas que desea imponer despóticamente la Rectoría, encabezada por Julieta Castellanos.

Mucho se ha dicho de la ya famosa en el mundo estudiantil, cuarta reforma universitaria. Se le ha satanizado a tal punto que se habla de privatización, y al mismo tiempo, se nos vende como una panacea que resolverá todos los problemas que tienen los estudiantes, claro está, estudiantes que entramos a un portal que nos lleva muy lejos de la cruda realidad de Honduras; para las autoridades, las puertas trasportan a todos a un paraíso celestial, en donde no hay problemas sociales ni crímenes, y hasta la “mínima” problemática del transporte dimensional desaparece.

La cuarta reforma no es ni la panacea que nos pintaron, ni uno de los infiernos de Dante, es parte de un proceso, no de privatización clásico, sino de rentabilización de la universidad. En otras palabras, la universidad debe funcionar como una empresa privada. En ésta, la dueña, o mejor dicho la administradora será Julieta Castellanos, los empleados los trabajadores y docentes, y en otro peldaño estamos los y las estudiantes. En este modelo importa que todo sea rentable a cualquier costo, optimizar los recursos es vital para Julieta Castellanos, claro está, mientras ella se construye un perfil político para ascender a la silla presidencial de Honduras.

Esta rentabilización de la “empresa” estatal, pasa por que la rectoría ejerza el poder hegemónico y haga y deshaga como le interese. Esto nos plantea una lucha elementalmente democrática, en donde los estudiantes, los docentes y trabajadores debemos de reconstituirnos como actores de la vida académica y política de la misma.

Luchas defensivas

Como ya lo hemos mencionado en artículos anteriores, para terminar de dominar su empresa, la rectoría necesita aplastar al movimiento estudiantil opositor y mantener domesticados a los frentes estudiantiles. Este proceso se aceleró en las últimas protestas contra las viejas reformas académicas, en donde se enjuició sin derecho al debido proceso a dirigentes estudiantiles; el objetivo era amedrentar al resto. Sin duda la labor tuvo éxitos parciales, porque los ya domesticados frentes estudiantiles solo protestan para ver qué prebendas políticas logran arrancarle a la señora rectora.

Pero esta derrota parcial no fue fortuita, se asienta en una enorme desmoralización que fue provocada por la embestida brutal y neo neoliberalizante del gobierno de Juan Orlando Hernández. El último reducto de luchas en el país, era el movimiento estudiantil de la UNAH, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa.

Nuevas y viejas estrategias de lucha

Estas nuevas y viejas reformas académicas están enmarcadas en la rentabilidad de la universidad. Por ende, la lucha estudiantil, pasa por viarios ejes. Pero los más valiosos serian: la lucha por la democracia interna y representatividad, y la disputa contra la embestida económica traducida en reformas académicas.

El problema no solo son las unidades valorativas, aunque en este momento puede ser una consigna movilizadora; la lucha es por restituir el derecho de los estudiantes a ser escuchados y tener votos en las decisiones que se toman en la UNAH. Asimismo, debemos reflexionar. Esta batalla se debe librar con un trabajo estructural, que haya pase por aulas, y que las asociaciones asuman estructuralmente esta tarea. Junto a los frentes y el MAU, las asociaciones deben repartir volantes y palomillas, convocar a asambleas por asociaciones e intentar esbozar un plan mínimo de lucha. No quedar aislados debe ser una prioridad, hay que coordinar políticas conjuntas con el resto de los recintos universitarios, pero esta vez debe ser un trabajo conjunto y sin improvisaciones. La disyuntiva está planteada, es deber de los y las estudiantes dar la batalla por la democracia en la Universidad, y pasa por abolir las viejas y nuevas reformas académicas.


Por Justo Severo

En el año 2003, el Congreso Nacional aprobó la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, que manda al SANAA a traspasar el servicio a las alcaldías municipales. La ley es un proyecto que está emparentado con la temática de la descentralización propuesta en los años ochenta a nivel mundial, cuyo fin era resolver la crisis económica estructural y fiscal de los estados. Así que la política consistió en descentralizar capacidades y actividades de los gobiernos centrales y pasarlas a los gobiernos locales y al sector privado. Esta política disminuiría la carga fiscal de los gobiernos, procuraría el desarrollo productivo a través de la competencia y haría más eficiente la gestión pública (Martínez, 2013).

La municipalización se plantea como el paso previo a la privatización del servicio

La idea que vende esta Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, es la de fortalecer el poder local, con ello se mejoraría la administración del servicio, la cobertura y la calidad, y lo mejor de todo, sin que represente mayores inversiones para los usuarios del servicio. Esta ley ha sido aplicada en algunas ciudades del país como San Pedro Sula, Puerto Cortés y Catacamas, Olancho. En el caso de San Pedro Sula, la experiencia de los usuarios ha sido nefasta, la corporación municipal se la concesionó a una empresa de capital extranjero, específicamente italianos, cuyo nombre es Aguas de San Pedro. Los problemas que pasan a diario todos los sampedranos van desde aumento continuo de las tarifas, pago por los medidores de agua, racionamientos, mal servicio administrativo, deficiente calidad del agua y mantenimiento de las zonas acuíferas.

La experiencia dicta que esta ley tiene otro trasfondo. A pesar de las competencias que se le ha delegado a las municipalidades, éstas resultan insuficientes o conceden poca autonomía para responder a las exigencias de desarrollar los proyectos más elementales de desarrollo, en este caso el del manejo del agua potable y saneamiento. Por lo tanto, las corporaciones se las entregarán a empresas extranjeras o nacionales para que sean administradas.

Capitalinos y empleados del SANAA se resisten a la privatización del agua

El 15 de mayo del presente año, el agua y saneamiento de Tegucigalpa y Comayagüela pasó a ser administrado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), debido a que el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) le traspasó el sistema. Ahora esta dependencia se denominará Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). Como consecuencia de este traspaso, los empleados del Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), se tomaron el viernes varias de las instalaciones de esa entidad en la ciudad de Tegucigalpa, para protestar en contra de la municipalización del agua potable. Los trabajadores se apostaron desde muy temprano en las afueras de los edificios del SANAA.

A la protesta se sumaron varias juntas de aguas de colonias de Tegucigalpa, quienes junto a los trabajadores consideran que con la municipalización del agua se estaría privatizando el servicio. A los empleados del SANAA no solo les preocupa la privatización, sino también los cientos de despidos que traerá este traspaso. Según Rafael Barahona, 800 empleados son suficientes para manejar la nueva unidad municipal, con esto, quedarían a la expectativa 747 empleados que no tendrían ubicación debido a que el SANAA se quedaría sin ingresos para pagar el sueldo al resto de los obreros, y el gobierno central tendría que asignarle un presupuesto para que siga funcionando, porque la institución está quebrada.

Con este traspaso para que se municipalice el agua, es seguro que la corporación no tendrá la capacidad técnica y financiera para administrar el servicio. Es seguro que pasará el agua potable de la capital a ser privatizada. Las condiciones geográficas de la ciudad vuelven más difícil los proyectos de atención a todos los habitantes de la ciudad y las fuentes de agua disponible ya no son suficientes. Según estudios se requieren de 250 millones de dólares para resolver la grave crisis de agua en la ciudad. En este contexto, los conocedores del tema saben que Tegucigalpa sería "una mina de oro" para cualquier empresa nacional o internacional que llegue a administrar el servicio teniendo como visión principal que el agua es un bien comercial que se venderá a quien tenga posibilidad de comprarla.

El agua es un bien social, público y un bien primordial para el desarrollo económico de los pueblos, por lo tanto nos oponemos a la municipalización del agua y proponemos que se anule la Ley Marco y que se aplique la Ley Constitutiva para fortalecer y eficientar al SANAA.


Por Carlos Licona       

En agosto del 2010 la dirigencia magisterial negociaba con el gobierno de Porfirio Lobo las exigencias del magisterio. Un previo acuerdo de la dirigencia con la representación del gobierno fue rechazado por la gran mayoría de la base; la negociación significaba que tanto la dirigencia como el gobierno reformarían el Estatuto del Docente y el Inprema (Instituto Nacional de Previsión del Magisterio). De haberse firmado tal acuerdo es muy probable que sucediera cualquiera de las siguientes situaciones: La misma dirigencia con el gobierno reformaban la ley educativa y el Inprema, o bien al magisterio no se le cumplía lo acordado y al irse nuevamente a la lucha –como suele suceder- se le aplastaba igual.

Ahora se culpa al magisterio de no recibir aumentos

Me he sorprendido enormemente al escuchar a un compañero docente el día domingo 17 de mayo, conductor del programa del Coprumh, afirmar que cada maestro ha dejado de recibir más de 200,000 lempiras en los casi 5 años que han pasado desde entonces, pero lo que es peor: ha culpado al mismo magisterio de no haber aceptado tal acuerdo y ha dicho que por eso no se nos ha aumentado. La declaración del compañero no es casual, él fue uno de los que defendieron tal acuerdo y planteó que se tenía que firmar.

El compañero docente se afanó tanto con la calculadora que olvidó el contexto de la realidad que existió en ese momento y la pésima estrategia que se realizó en marzo del 2011. En agosto del 2010 la lucha del magisterio era fuerte, pero también continuaba la profunda crisis que polarizó a la sociedad hondureña con el golpe de estado del 2009. En lo más álgido de la lucha de agosto, los secretarios generales de las centrales obreras traicionaron al magisterio y boicotearon la decisión de líderes sindicales que reunidos en la ciudad de San Pedro Sula habían tomado la decisión de irse a la huelga general en apoyo al magisterio.

En ese momento el gobierno de Porfirio Lobo seguía aislado internacionalmente, el Frente Nacional de Resistencia Popular seguía movilizándose continuamente para lograr el retorno del Ex Presidente Manuel Zelaya, que aún estaba en el exilio. La crisis económica y social estaban profundizadas y existían condiciones a favor del magisterio para rescatar el Inprema y mantener el Estatuto del Docente. En marzo del 2011, con una pésima estrategia o con ninguna quizás, el magisterio declaró el paro indefinido a nivel nacional; a pesar de que el golpe de Estado también dividió a los docentes, esta lucha también fue fuerte y Porfirio Lobo llegó a manifestar que si los maestros querían el Inprema que entonces eligieran a los directivos. Un día después Lobo recularía en esa decisión, presionado por la burguesía del país y el sector político ligado al golpismo.

Después de 3 semanas de paro indefinido el gobierno de Porfirio Lobo decretó Estado de Emergencia en el sector educativo e hizo un listado de 305 docentes que según ellos lideraban la lucha. Aunque el listado se hizo arbitrariamente, el despido de los docentes fue real en el papel y salió impreso en el diario oficial La Gaceta. Este hecho fue contundente para que se suspendiera el paro con la consigna de “Dos pasos para atrás y uno para adelante”, sin embargo la dirigencia siempre fue para atrás y poco a poco el gobierno post golpe se fue imponiendo.

La decisión de la base del magisterio, aun en contra de lo que pretendieron algunos dirigentes de los colegios magisteriales, fue correcta y revolucionaria. La lucha no consistía solo en el aumento salarial, implicaba una revolución educativa y el rescate del Inprema. Al final el gobierno le arrebató todo al magisterio y dejó solo lo que quiso dejar, pero la base fue fiel a la lucha y sobrepasó a la dirigencia. Si de algo hay que culpar a la base, es de no haber renovado a las dirigencias que se visualizaba llevarían al matadero al magisterio.

Por la reconstrucción democrática de la FOMH y una nueva estrategia de lucha a largo plazo

Las dirigencias siguen sin entender que es urgente democratizar los colegios magisteriales, esto significa que las burocracias deben hacerse a un lado y dejar que nuevos dirigentes salgan al frente, tiene que ser con una nueva generación de maestros luchadores, honorables y gremialistas con los que se debe impulsar la reconstrucción de la FOMH. Ésta no son los dirigentes, la FOMH somos todos, pero deben existir los que la dirigen y orientan.

¡Por la reconstrucción democrática de la FOMH!

¡Por una verdadera estrategia de lucha!


Por Ricardo Velásquez

La clase trabajadora de Honduras nuevamente se movilizó el 1 de mayo para repudiar y condenar al gobierno de Juan Orlando Hernández. Desde el golpe de estado del 2009, se venían realizando movilizaciones muy masivas los primeros de mayo, sin embargo, en esta ocasión, aunque siempre fue masiva, la asistencia mermó un poco en comparación a los años anteriores.

La doble moral de la dirigencia

Los secretarios generales de las centrales obreras acordaron pronunciar un solo discurso, que fue el principal, con los principales ejes de condena al gobierno de JOH; también acordaron no permitir proselitismo político dentro de la movilización. En el caso del presidente del Stenee, Miguel Aguilar, amenazó -un día antes en una radioemisora- con retirarse de la movilización con todo el sindicato. A pesar de este aparente desligamiento de los partidos políticos burgueses, han sido estos mismos dirigentes quienes han negociado los miserables aumentos al salario mínimo en los últimos 6 años y son los mismos que han boicoteado una huelga general en lo más álgido de la lucha en contra del golpe de estado y una huelga general del magisterio.

El falaz cambio en la dirigencia se debe a los fuertes cuestionamientos que se les ha hecho por permitir el despojo de las conquistas económicas y sociales de los trabajadores en el actual régimen. Ante la dura crítica de la base y ante la desmovilización cómplice con el régimen, que avanza sin oposición hacia una dictadura, han maniobrado para hacer creer que mantienen un mismo discurso y un mismo accionar a favor de los trabajadores.

Lo cierto es que estas posiciones agitadoras y de vanguardia solo se les escucha el 1° de mayo y cuando en medios de comunicación dan declaraciones en aparente oposición al régimen de turno.

La fuerza y la debilidad del FNRP

El Frente Nacional de Resistencia Popular ha sido la mayor organización social y de lucha que se ha creado en la historia del país, sin embargo, los resultados obtenidos han sido dolorosos para los trabajadores. Siendo el FNRP una estructura que aglutinó la mayoría de las dirigencias de sindicatos, gremios, organizaciones políticas, sociales, campesinas, etcétera, no fue lo suficientemente fuerte para obtener triunfos ante los sucesivos gobiernos de Lobo y JOH. Pero estos resultados no son casuales, en lo más álgido de la lucha fueron los principales dirigentes del FNRP los que desmovilizaron a la base con el Acuerdo de Cartagena y convirtieron al Frente en el nuevo Partido Libre. Al suceder esto, la agenda de las direcciones sindicales y gremiales fue cambiada por una agenda política: la que ha venido a sustituir la agenda de lucha de los trabajadores.

En este 1° de mayo los principales dirigentes han aparentado desvirtuar esa verdad, pero es una falacia para calmar el malestar de la base, simplemente hay que revisar las posiciones de estos mismo dirigentes ante las últimas negociaciones del salario mínimo. Lo cierto es que las dirigencias de las centrales obreras existen como estructuras que representan a los trabajadores pero que le dan legitimidad a las leyes de los gobernantes en contra de los derechos de los trabajadores. Un ejemplo más claro es el de la Ley de Seguridad Social aprobada esta semana en el Congreso Nacional, pues no hubo ni una tan sola movilización general de trabajadores que fuera convocada por las centrales obreras.

Para ser consecuentes, hay que diferenciar una postura oportunista de un dirigente ante su base con su accionar que legitima leyes lesivas a los compañeros de clase. Para que la dirigencia refleje el sentir y pensar de la base, entonces debe preparar un plan de acción de lucha en contra de las medidas aprobadas por JOH. Esos mismos partidos políticos que se reclaman de oposición deben ser llamados a sumarse a esta lucha que deben encabezar las direcciones sindicales actuales.

Por lo tanto, consideramos que pretender divorciarse de un partido político en este 1° de mayo no es más que una falacia de la dirigencia para esconder su acomodamiento y su doble cara con el régimen.

Por un paro general de trabajadores donde se sume toda la oposición a JOH

Ya es tiempo que las principales estructuras sindicales, gremiales, campesinas y centrales obreras sean consecuentes y convoquen a un paro general que condene al régimen de JOH y que se exija la derogación de leyes como la recién aprobada sobre seguridad social, la Ley Fundamental de Educación, etcétera. Entonces creeremos en las posiciones del 1° de mayo.


Por Max Luján

La nueva LEY DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA UNA VIDA MEJOR fue aprobada en su totalidad por la mayoría de los diputados del Congreso Nacional el pasado 8 de mayo.

Roberto Salinas, miembro de la comisión interventora del Seguro Social, afirmó que con el sistema multipilar se garantiza a toda la población su derecho irrenunciable a la seguridad social. El sistema multipilar se compone de cinco regímenes: Piso de Protección Social, Seguro de Previsión Social, Seguro de Atención de la Salud, Seguro de Riesgos Profesionales y Seguro de Cobertura Laboral (El Heraldo 8/5/2015).

Esta medida del seguro social se da en el contexto de la aplicación de todas las medidas neoliberales orquestadas por el FMI y el BID, cuya función es representar los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, quienes pretenden apoderarse del manejo de todos los bienes y servicios que presta el Estado.

Es interesante examinar las estrategias que utilizan los gobiernos de turno para descalabrar las instituciones que históricamente han sido rentables para el Estado. El punto es cumplir con todos los requisitos que dictaminan estos organismos financieros internacionales. Todas estas estrategias obedecen a un mismo patrón, primero las saquean hasta quebrarlas, luego se les declara no funcionales y posteriormente se las presentan al público como cargas insostenibles, motivo por el cual poco a poco se van entregando a manos privadas, así como ocurre con Hondutel, ENEE, SANAA y otras instituciones estatales.

En el caso del sector salud, se cumple este mismo patrón. El asalto al IHSS perpetrado por el Partido Nacional a traves de Mario Zelaya y sus cómplices, logró cumplir con su objetivo: dejó sin dinero, sin medicamentos y sin suministros al seguro social, dejándolo completamente en la quiebra. A pesar de que Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional pretendieron ocultar el latrocinio del IHSS, fue inevitable que saliera a la luz pública y se montó un circo bien estructurado en torno a mediatizar el escándalo.

Para enterrar el acto de corrupcion, Juan Orlando Hernández devela la idea de presentar un proyecto de ley que haga creer a la gente que las reformas solucionarán los problemas actuales de la seguridad social, que ésta será pública porque a ella van a acceder distintos sectores de la sociedad; pero al final es toda la lógica de un seguro social privado y todo esto será la antesala para privatizar todo el sistema de salud.

El gobierno pretende zafarse de la responsabilidad de manejar el sistema de salud pública para dejarlo en manos de prestadores de servicios privados. Para el caso, hay que mencionar lo que está ocurriendo a la par de esta ley. Algunos hospitales regionales se encuentran en un proceso de privatización al ser administrado por las alianzas públicas privadas, como el hospital de Trujillo, que se encuentra listo ya para ser manejado por estos prestadores de servicios privados. El otro caso es la lucha que está generando la comunidad de Olanchito para que no se privatice el hospital. Esto indica que todos los hospitales de las regiones se supeditarán a estos prestadores de servicios. La ley va en la lógica de preparar toda una infraestructura para que la pueda usar toda esta nueva idea del seguro social; los actores de la administración de este nuevo seguro social van a ser enmascarados, pero evidentemente serán manejados por manos privadas.

La ley es simplemente una especie de transición. Es buena la idea de un seguro social único y un seguro social donde todo el pueblo pueda acceder a la salud pública, pero el asunto es que en la práctica cuando uno examina bien, se encuentra con la enorme cantidad de pobres y miserables del país que acuden a los hospitales públicos y que no encuentran medicamentos, atención e insumos. Esta nueva ley, nos deja la pregunta ¿va a poder acceder toda esta gente de la misma manera con la idea de este nuevo seguro? ¿Sí van a acceder todos los que paguen ese seguro? Pero ¿qué sucederá con todas aquellas personas que viven en aldeas y caseríos que no tienen negocios, trabajo fijo y otros medios para pagar? ¿A dónde va ir todo este sector marginado y excluido cuando el seguro les pida la hoja o credenciales para poder recibir asistencia médica?

Desde el Partido Socialista Centroamericano, llamamos a todos los trabajadores para desbaratar esta nueva ley que pretende vender y comercializar la seguridad social de todos los hondureños ¡No a la privatización de la seguridad social! ¡Movilicémonos para exigir se derogue esta ley!

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