Por Maximiliano Fuentes
Durante el mes de julio del presente año fue publicada en el diario oficial La Gaceta las reformas a la Ley de Previsión y Seguridad Social. Para sorpresa de muchos trabajadores que se encuentran en la antesala de su jubilación, en las reformas aprobadas y publicadas se eliminan el pago por cesantía si el trabajador queda recibiendo una pensión por jubilación.
Las reformas han sido objeto de discusión y polémica entre diversos sectores sociales, dado que elimina los derechos adquiridos durante toda una vida por los trabajadores que han laborado para instituciones estatales y pagado por medio de cotizaciones ante los distintos institutos de previsión su jubilación.
Aunque algunos diputados del Partido Anticorrupción y la misma Doris Gutiérrez del Partido de Innovación y Unidad hayan denunciado la injerencia de la comisión de estilo en la redacción de la normativa publicada argumentando que cambiaron de forma radical lo que había sido aprobado y discutido por las distintas bancadas al interior del Congreso Nacional. Sin embargo, las denuncias no han sido lo suficiente para derogar el daño ocasionado para los trabajadores estatales.
Por otro lado, si efectivamente las reformas fueron modificadas por los miembros de la Comisión de Estilo, dicha acción tendría que ser penalizada y se le deben de deducir las responsabilidades civiles y administrativas; una legislación seria y responsable no puede aprobar una reforma y luego publicar otra. Sin embargo, este tipo de práctica no es novedosa en el país, en diversas ocasiones se manipulan las leyes en aras de favorecer los intereses corporativos y de la burguesía hondureña.
La respuesta de los legisladores ante las críticas y la denuncia de algunos dirigentes obreros y sindicales es que publicarían una fe de erratas para corregir los problemas presentados en la publicación de las reformas. Pero una fe de erratas es un método usual de edición posterior a una publicación en el que los errores se han detectado e identificados en una publicación posterior. Este procedimiento suele hacerse con errores gramaticales o simplemente de acentuación y puntuación pero modificando la sustancialidad de una norma o principio jurídico. Por lo que, dicha acción es absurda y sin sentido.
Las reformas se dan en el marco de la más grande contraofensiva de la burguesía hondureña en contra de los trabajadores y el pueblo en general. Ha sido tan grande el retroceso experimentado que durante el gobierno de Porfirio Lobo y los primeros años de gobierno de Juan Orlando Hernández se han suprimido un sinnúmero de conquistas sociales y laborales. Se han despedido a cientos de trabajadores de las estatales de Energía Eléctrica, Hondutel y el SANAA sin reconocerles sus prestaciones laborales.
Además de haber aniquilado instrumentos jurídicos y laborales como los estatutos gremiales, congelamiento de salarios y en general un encarecimiento estrepitoso de la vida.
Por otro lado, las instituciones estatales junto al gobierno central se han dado la política de desarticular los institutos de previsión social. Parte de las acciones emprendidas es anunciar su déficit actuarial, como en el caso del INPREUNAH, para desacreditarlos frente a la opinión pública y los mismos trabajadores. Pero eso no es casual, dado que la intención fundamental era justificar sus intervenciones e implementar una serie de medidas para reducir su capacidad financiera y con ello su capitalización. Por otro lado, el mismo Estado es el responsable de la desestabilización de los institutos de previsión, dado que en el caso del Inpreunah la Rectoría adeuda 667 millones y el gobierno 300 millones. Por otra parte, la política del Estado es la de no contratar empleados de forma permanente, sino bajo la figura de contratos temporales, situación que pone en detrimento las finanzas de los institutos de previsión, dado que los trabajadores temporales no cotizan para su jubilación. Entonces, bajo este panorama que garantía tienen los trabajadores estatales en cuanto asegurar sus pensiones durante se encuentren jubilados.
Bajo el mismo ímpetu, los trabajadores debemos organizarnos y luchar por la derogación de la Ley Marco de Protección Social, no existe ninguna garantía de cómo se administrarían los fondos provenientes de los depósitos en concepto de cesantía que tendrían que realizar la empresa privada y las instituciones del Estado y los mismos trabajadores quienes tendríamos que ceder el 5% de nuestros ya deteriorados salarios. Bajo la tradición histórica de la corrupción no hay ninguna garantía sobre la transparencia en el manejo de los fondos. Deben ser los mismos trabajadores quienes administren sus propios recursos, y en ninguna medida el Estado o una institución privada con fines de lucro.
