Por Rosa C. Ruíz

Para los trabajadores hondureños y centroamericanos se ha vuelto común, cuando leemos lo periódicos, o nos damos cuenta por algún medio de uno o varios muertos por  el famoso “impuesto de guerra”. Es importante señalar, que el impuesto de guerra es una cantidad de dinero estipulada por las pandillas o maras que deben ser cancelada, de lo contrario se procede a atentar contra la vida de quienes no asumen el pago de lo tipificado.

Evidentemente, esto es preocupante, pero lo peor del caso, es la indiferencia de  las autoridades  ante esta realidad que pone en zozobra a cientos de personas. La situación se complica al intensificarse la miseria, pues las posibilidades para trabajar se vuelven más complejas, ya que sumado a la falta de empleo y  al alto costo de los productos de primera necesidad aumenta la delincuencia común, y este tipo de prácticas delictivas forman parte de nuestro diario vivir.

La génesis del problema

Durante los últimos años, han aparecido un sinnúmero de organizaciones del crimen organizado que manejan grandes sumas de dinero, la procedencia de este, en alguna medida es del narcotráfico, pero también del “impuesto de guerra”. Estas organizaciones cobran millones de lempiras al año, cifra que va en aumento al extenderse más este flagelo. Es de hacer notar, que uno de los sectores más afectados con la extorsión de estos grupos, son los pequeños propietarios del transporte interurbano, pues si se niegan a pagar son castigados con la perdida de la vida de los transportistas que prestan sus servicios en los distintos lugares de la ciudad.

Según cálculos preliminares proporcionados por algunas fuentes, solo en la ciudad de Tegucigalpa los transportistas de buses le pagan a estas organizaciones delincuenciales alrededor de 150 millones de lempiras anuales, y los taxistas se ven obligados  a desembolsar un poco menos de 400 millones de lempiras cada año, no bastando con eso, se ha empezado a cobrar a las casas de los trabajadores que habitan en las colonias o barrios más populares, así como pequeños negocios, a saber: pulperías, mercaditos, expendios, billares y lugares de distracción, por cierto fuentes  de sostenimiento de varios

hogares.

Entre 15 y 30 mil lempiras mensuales por punto de taxi, captan los delincuentes que cobran el impuesto de guerra en la capital. El negocio redondo que hacen los integrantes de maras en la ciudad, amenaza con dejar sin transporte a miles de capitalinos. Al menos 18 puntos de taxi podrían dejar de operar en la ciudad, si la Policía no hace algo pronto para hacerle frente a ese flagelo. Los afectados temen contar lo que ocurre, solo saben que si faltan a la promesa de pago, no viven para contarlo. Pero reconocen que la delincuencia se agencia de hasta 10 millones de lempiras mensuales por cobros en los más de 100 puntos que funcionan en la ciudad.”(El Heraldo, 27/07/2011).

Resulta evidente, que la inseguridad es uno de los enormes flagelos de las sociedades centroamericanas, a pesar de las políticas implementadas por los gobiernos burgueses de la región, el fenómeno no se reduce, al contrario se encuentra en expansión.

Las extorsiones son la modalidad del crimen que se ha puesto “de moda” en Honduras, según han aceptado autoridades de las fuerzas de Seguridad. Los grupos delincuenciales han hecho de la extorsión su nueva forma de afectar a una población que lidia entre el secuestro, los asaltos a viviendas, los robos en las vías públicas, ya sea que las víctimas se conduzcan a pie o en automóvil. A esto, el país suma el gigantesco avance del crimen organizado con sus prácticas de tráfico de drogas, robo de automóviles, sicariato, lavado de activos y un sin fin de delitos conexos que no afectan directamente a la población pero que dejan una huella de terror que puede estropear la institucionalidad, según lo revelan Estudios especializados.”( Proceso, 10/08/2011)

¿Pero a qué se debe estas nuevas formas de prácticas delincuenciales? Para los socialistas revolucionarios, la causa que engendra la delincuencia común y de crimen organizado las encontramos en las profundas diferencias sociales. En nuestros países, observamos de forma continua las grandes desigualdades producto de la injusta distribución de la riqueza social. Mientras una minoría vive con plenos privilegios, nos encontramos con grandes sectores que carecen de lo más mínimo.

Es por todo lo anterior, que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los trabajadores de la región centroamericana por establecer la lucha contra la erradicación de la pobreza, la exclusión y la injusticia en todas sus formas, solo el gobierno de los trabajadores asegurara una justa distribución de la riqueza social, mejores niveles en la calidad de vida y con ello acabar o eliminar la criminalidad.

Por Maximiliano Fuentes

El 15 de noviembre del presente año se celebrarán elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desde hace algunos meses, las autoridades universitarias se encuentran promoviendo el proceso, para ello han creado los mecanismos jurídicos, impreso carnets y publicitado a través de medios de comunicación el proceso electoral.  El comisionado universitario de derechos universitarios, junto la Vicerrectoría de Asuntos estudiantiles han impulsado los ejes del proceso, evidentemente, estos organismos aseguran que el mismo es incluyente participativo y absolutamente transparente.

La presentación de la JNE estuvo a cargo del comisionado universitario, Andrés Pérez Munguía, quien  tiene bajo su responsabilidad el proceso, que garantiza la participación abierta de cualquier movimiento independiente que surja, adicional a los tres frentes inscritos. Pérez Munguía apuntó que para llevar a cabo las elecciones se requiere de ocho millones de lempiras y, entonces, se pedirá una ampliación presupuestaria de 5.3  millones, adicionales a los 2.7 millones de lempiras aprobados hace varias semanas.

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Por Gabriel Galeano

El jueves 29 de septiembre, dentro de las instalaciones del campus central de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un grupo de estudiantes organizados en el Frente Universitario Revolucionario (FUR) arremetieron a golpes contra un grupo de estudiantes del Movimiento Amplio Universitario (MAU). Existen distintas versiones sobre el hecho, pero sin duda alguna, estamos ante una situación de intolerancia a las distintas  expresiones sociales que representan intereses o tendencias políticas contrarias.

Este tipo comportamiento no es nada novedoso en nuestro contexto, en diversos momentos se ha arremetido contra aquellas voces que planteen ideas distintas a las planteadas por los discursos oficiales. En nuestro caso, es decir, en nuestra historia política nos encontramos con una variedad de ejemplos.

Lo preocupante es que estas situaciones se den entre dos organizaciones progresistas, es decir, vinculadas a los movimientos de transformación social. Lejos de proponer alianzas políticas para incidir en la realidad, o simplemente para conformar un programa de lucha que permita mejorar los niveles de exclusión o de calidad educativa, recurren a métodos de violencia para agredir y lesionar la existencia de sus mismos compañeros de clase.

No es casual, que distintas voces se hayan manifestado sobre el hecho, sobre todo para condenar la agresión y la violencia ejercida al interior del campus, evidentemente, estas agresiones, a todas luces condenables, son producto de las pasiones y emociones políticas exacerbadas por las elecciones estudiantiles que se celebrarán en el mes de noviembre. Pero si analizamos los hechos, nos daremos cuenta que esta actitud está condicionada por la falta de formación y la ausencia de una ética política entre los dirigentes estudiantiles, claro está, los estudiantes carecen de referentes y podría decirse que son el resultado directo de un sistema educativo que no desarrolla ese tipo valores, en sentido, los mismos docentes tenemos algún grado de responsabilidad.

Recordemos que el modelo educativo de nuestro país no fomenta la práctica política como una actividad emprendida de forma consciente, es decir, el tipo de sujeto que se forma en el sistema educativo de Honduras no participa desde la intencionalidad mediada por la conciencia de la vida política del país. Este tipo de actitud o comportamiento esta mediado por los grandes márgenes de exclusión social y del mismo modelo político que no permite la inclusión y la participación activa de los agentes sociales. Basta echar un vistazo al informe presentado por el Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA) para verificar el hecho. Dicho informe manifiesta, que  “…Honduras registra el mayor índice de exclusión social en Centroamérica con un 48. 5 por ciento del total de la población (..) El director del Proyecto Estado de la Región, Miguel Gutiérrez, manifestó que “especialmente la población indígena y afrodescendiente se ven como los sectores que tienen una situación de deterioro o exclusión mayor”. 



Asimismo, el informe indica que en Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua se reporta que cerca del 40 por ciento de hogares de estos países han sido abandonados por el mercado y el Estado, y esta situación los ha orillado a vivir sumergidos en la pobreza, y con pocas posibilidades de sobresalir.

(…) Además, el estudio establece que en la última década no hay evidencia de que los niveles de este problema se hayan reducido, puesto que los sistemas de salud, educación y seguridad tienen poca capacidad para integrar la sociedad. Gutiérrez expresó que “es necesario disminuir la exclusión social para lograr que la integración centroamericana avance”, pero para lograrlo se requiere más voluntad política a fin de adoptar las medidas gubernamentales necesarias. Dijo que en esta región hay rezagos sociales e históricos, es decir, poblaciones que no están incluidas en temas como la alfabetización y las apropiadas condiciones de vida humana, ya que estas son tan malas que la gente vive menos de lo pronosticado.

“El generar los medios de vida y de empleo puede ser más o menos el 10 por ciento del producto regional, con eso se lograría atraer a la media de la gente que está actualmente excluida”, afirmó Gutiérrez.” Otro documento que evidencia el grado de desinformación de la población hondureña es el presentado por la CESPAD, por cierto titulado “La continuada crisis del bipartidismo y la creciente insatisfacción ciudadana con la democracia”,  esté, hace referencia a las distintas corrientes políticas y cuáles de ellas gozan de mayor aceptación dentro de la sociedad hondureña, como resultado de la encuesta, el 42.9 dijo que ninguno y el 39.1 dijo que no sabe.

Llama la atención que los datos mostrados estén por encima de las distintas corrientes políticas citadas. Como hemos observado a través de datos concretos, la práctica política no ha sido motivada por el Estado de Honduras, concretamente, en los años anteriores el ejercicio político se reducía a ejercer el sufragio dentro de un sistema político diseñado por los dos grandes partidos políticos tradicionales, la oferta política era estrecha y no permitía la inclusión de nuevos actores, precisamente esa fue una de las razones que desencadeno la crisis política de 2009, en donde la pretensión de Manuel Zelaya Rosales de reformar el artículo 374 de la constitución lesionaba de forma profunda la fórmula de cogobierno emprendida en la constituyente de 1982. Entonces, si partimos del supuesto que el Estado de Honduras no fomenta la práctica política consciente, es decir de manera integrativa y crítica, y desde luego no crea los mecanismos jurídicos y sociales para incluir la participación de sus ciudadanos, por consiguiente, las instituciones del Estado, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tampoco fomenta de forma continua y permanente la práctica política bajo valores de cambio y transformación civil entre los estudiantes, docentes y trabajadores, lo curioso, es que el campus universitario reproduce microestructuras de poder, o más bien, pequeños espacios donde se ejerce de forma autoritaria y vertical el poder político.

Estamos lejos de constituir un gobierno democrático que asegure la libre participación y la inclusión permanente de cada sujeto, por ello, no es de extrañarse de este tipo de reacciones o situaciones. Sin embargo, es necesario reflexionar y motivar a cada uno de los estudiantes para que eliminen de sus hábitos comunes la violencia o la intolerancia en cada una de sus formas. Organizarse es un deber imperativo, involucrarse en movimientos de acción social participativa debe ser un valor promulgado desde nuestra academia, evidentemente con un grado de responsabilidad y bajo principios de una ética ciudadana y política.

El mismo principio de libertad se encuentra condicionado en función del respeto del otro, para ello Stuart Mill en su Ensayo sobre la Libertad nos manifestaba que  «No hay otro fin que la raza humana tenga garantizada, individual o colectivamente, al interferir en la libertad de acción cualquiera que sea su número, que no sea la protección personal. El único propósito por el cual el propio poder puede ejercerse adecuadamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad es la prevención del daño ajeno. El propio bien, sea físico sea moral, no es garantía suficiente. Uno no puede obligar a la ejecución o abstención a otro porque esto conlleve un beneficio para uno mismo, porque le hará a uno feliz, porque en opinión de otros hacerlo sería sabio o correcto... La única parte de la conducta de una persona por la cual ésta es dócil ante la

sociedad es aquélla que concierne a los demás”.

Es muy probable que este tipo de acciones se provoquen por la ausencia del dialogo y del debate, es inconcebible realizar un proceso de transformación política sin la crítica y el debate como instrumentos, los frentes estudiantiles no deben de reproducir los mismos esquemas de la política tradicional, estos deben ser agentes de cambio, tolerantes a la diversidad y a las distintas tendencias políticas, constituirse en organizaciones abiertas y democráticas y resolver desde la razón sus diferencias políticas.

En ese sentido, los docentes y autoridades universitarias debemos abrir el debate, evidentemente sin el temor de ser reprimidos por mostrar simpatías hacia determinada práctica política, lo imperativo, en este caso, es resolver el problema de la comunicación, recordemos que la comunicación se revela como la condición misma de la libertad. Ser libre es comunicación de la propia libertad con la del otro.

Según Jaspers, razones que comparto, uno se convierte en sí mismo y trae al otro a sí mismo al abrirse a uno mismo a él, en esta comunicación se comparte la singularidad autentica de cada persona. La comunicación se establece entre personas que participan en una común ordenación del mundo y colaboran en tareas comunes que humanizan las relaciones entre individuos, pero la comunicación no reside en este trato, sino que surge de él. El otro queda constituido para mí como persona mediante mi acción de ser plenamente mí mismo, es decir, la comunicación se da en el mundo de SER UNO MISMO. Es por esto que la comunicación es la más esencial de las tareas existenciales, es el precioso y más frágil de los logros posibles.

Por consiguiente, para frenar las agresiones y la violencia entre los frentes estudiantiles se debe de promover una práctica política incluyente, que no se reduzca a la propagandización de discursos vacíos o la promoción del clientelismo político, y que esta promueva el bienestar colectivo y no los intereses de grupo. La democratización de la sociedad no está dada únicamente por la participación político electoral, sino que está relacionada con distintas aristas sociales, en una sociedad excluyente y que promueve la marginalidad no puede haber un verdadero proceso democrático, por ello se debe promover la crítica como instrumento que nos permita tomar partido de forma consciente y de esa manera proponer verdaderas transformaciones.

Por Gerson de la Rosa

José Manuel Zelaya Rosales, Coordinador General del Frente Nacional de Resistencia popular (FNRP), durante el proceso de lucha contra el golpe de Estado y ahora bajo su retorno a Honduras, ha realizado abruptos giros con el objetivo de consolidar su proyecto político. En algunas ocasiones, se ha mostrado muy crítico y aparentemente revolucionario en su política, en otras ocasiones abraza de su tradición burguesa y se sitúa en el respeto a la institucionalidad y la aparente calma.

Dos posturas, una sola estrategia electoral

La primera postura obedece a sus claras intenciones de presionar al régimen de Porfirio Lobo para establecer nuevos acuerdos políticos que beneficien  sus intereses políticos. La segunda postura obedece a la estrategia de salvaguardar el sistema capitalista en crisis, en ese sentido es congruente con sus orígenes y su conciencia de clase. Prueba de ello, son las distintas negociaciones que ha establecido con los distintos agentes del sistema: Iglesia Católica, dirigentes de otros partidos, incluido por supuesto el propio Partido Liberal, de donde proviene.

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Por Maximiliano Fuentes

El sábado 17 de septiembre,  tuvo lugar la asamblea del Frente Amplio Electoral realizada en las instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, en la ciudad de Tegucigalpa. El motivo de la Asamblea era discutir el proyecto de Estatutos de la organización política que participará en el próximo proceso electoral.

Al evento asistieron una diversidad de organizaciones sociales y políticas, por cierto, todas ellas conformaran la plataforma del proyecto político de José Manuel Zelaya Rosales. Desde luego, de forma muy cordial, a nuestra organización política se le invito para que participara de dicha discusión, sin embargo, frente a la desnaturalización del FNRP como organismo de lucha y su disolución como corriente dentro del Frente Amplio Electoral que lidera Zelaya, decidimos no participar en dicha discusión. Las razones son varias, creemos que se hace necesario explicarlas, en aras de hacer valer las mismas, ante las distintas organizaciones que desean emprender transformaciones sociales.

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