Una vez más, mostrando una prepotencia imbuida de un racismo evidente y de un profundo desprecio por el pueblo que lo encumbró en el poder, Ricardo Martinelli se ensaña contra los derechos de los habitantes de la Comarca Ngäbe-Buglé e insiste, a través de sus diputados de la Asamblea Nacional, en incumplir los acuerdos que los pueblos indígenas alcanzaron en 2011, cuando se opusieron decididamente al desarrollo minero en los territorios comarcales.

Con esta actitud, Martinelli y sus compinches intentan burlarse, una vez más, de la inteligencia popular, pues la codicia lo enceguece hasta el punto de pretender la venta de la nación a países extranjeros que ansían nuestros minerales y de no reparar en los sacrificios que tiene que hacer el país entero ante la firme determinación del pueblo ngäbe-buglé de defender, hasta las últimas consecuencias y unidos como un solo hombre, aquello que tienen por única y más cara riqueza: las tierras en que siempre han vivido.

Lejos de lo que su mente calculaba, el pueblo panameño ha apoyado, por mayoría abrumadora, la lucha de los indígenas, y ya son cada vez más las voces que se alzan no solo para exigir que se ponga fin al conflicto generado por la irresponsabilidad del Gobierno y de la Asamblea Nacional en forma favorable a las justas reclamaciones de los pueblos originarios, sino que ponen en entredicho la legitimidad de la administración gubernamental y llaman a la resistencia popular contra un Gobierno que ha roto una gran cantidad de regulaciones que el Estado ha signado en materia de derechos humanos y ha torcido y violentado, a su antojo, la Constitución de la República.

He aquí, entonces, que el Movimiento Popular Unificado jamás podría permanecer impávido ante las monstruosas dimensiones de sevicia e inhumanidad de las que ha hecho y hace gala la administración entera de Ricardo Martinelli y su recua de facinerosos que han convertido a la nación en trampolín hacia el enriquecimiento dudoso, el abuso, el crimen y la vergüenza, por lo que hemos participado y seguiremos participando activa y denodadamente en toda iniciativa tendiente a la oposición organizada contra semejantes desmanes, sin parangón en la historia nacional.  Por ello, repudiamos con todas nuestras fuerzas las erráticas y cada vez más peligrosas actitudes y acciones que urde y ejecuta  Ricardo Martinelli con el beneplácito de su cohorte de aduladores y los responsabilizamos absolutamente de la vida, seguridad, propiedades, tranquilidad y bienestar de los habitantes de las comarcas indígenas que luchan contra sus desaciertos.

Llamamos a la participación completa y decidida de la ciudadanía en la resistencia popular para apoyar a nuestros pueblos indígenas en su lucha y acabar de una buena vez con el esquema político-social que ha propiciado el surgimiento de este engendro del vicio y la crueldad que es la administración gubernamental de Ricardo Martinelli a través de una Asamblea Constituyente Originaria en la que el pueblo panameño, en forma directa, participe en la elaboración de una nueva Carta Magna que dé la racionalidad y el sosiego al país fundamentados en un nuevo gran acuerdo que procure la justicia social y que aplique la justicia popular a los responsables de latrocinios, cohechos y crímenes que, por desgracia, detentan el poder político en el país.  

Dado en la Ciudad de Panamá, a los 4 días del mes de febrero de 2012

Desde hace días, cientos de personas de estos pueblos mantienen protestas contra el Gobierno de Panamá y la Asamblea Nacional y las informaciones disponibles hablan de un fuerte contingente de Policía antimotines dispuesto en la zona.

34 organizaciones nacionales e internacionales piden al Gobierno de Panamá que respete los acuerdos previos con el pueblo Ngäbe-Buglé

Las organizaciones abajo firmantes (hasta las 5:30 p.m. hora de Panamá 19 nacionales y 15 internacionales) queremos mostrar nuestra preocupación por la situación que viven los pueblos Ngäbe y Buglé de Panamá.

Desde hace días, cientos de personas de estos pueblos mantienen protestas contra el Gobierno de Panamá y la Asamblea Nacional y las informaciones disponibles hablan de un fuerte contingente de Policía antimotines dispuesto en la zona.

Los antecedentes son negativos. El año pasado, en estas mismas fechas, las autoridades reprimieron de forma violenta a los protestantes, incluso hubo un muerto, hostigaron a algunos de sus líderes y tomaron medidas contra organizaciones o personas que los apoyaban.

La razón principal de la protesta es que desde hace un año el gobierno se comprometió a cambiar la ley minera respetando la Comarca Ngäbe-Buglé, como zona libre de minería e hidroeléctricas. En el primer debate de la Asamblea Nacional, los diputados eliminaron el artículo 5, referido a este aspecto, del texto de la Ley 415.

Por estas razones pedimos al Gobierno de Panamá:

- Que, como firmante de la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas de 2007, respete el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios y, por tanto, a  decidir sobre el modelo de desarrollo que se implanta en ellos.

-Que NO use la fuerza contra los manifestantes ni provoque un clima de conflicto social en la zona

-Que inicie de forma urgente una negociación con la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngäbe-Buglé y con las autoridades tradicionales reconocidas por la población indígena.

- Que se evite la utilización de las autoridades reconocidas por el tribunal Electoral de Panamá para sembrar más el descontento entre los manifestantes.

- Que la Asamblea Nacional cumpla con los acuerdos llegados con los representantes del pueblo Ngäbe-Buglé y que se devuelva a primer debate la Ley 415 ara incorporar el artículo eliminado como muestra de respeto por la institucionalidad y los procesos de negociación con la sociedad civil.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

NACIONALES

    ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO (ACD)

    ASAMBLEA CIUDADANA

    Asociación de docentes Ngobes

    Centro de Derechos Humanos y Socorro jurídico

    CENTRO DE      ASISTENCIA LEGAL POPULAR (CEALP)

    Centro de      Estudios EstratÉgicos (CEE-Panamá)

    CENTRO DE      INCIDENCIA AMBIENTAL DE PANAMÁ

    COLECTIVO      VOCES ECOLÓGICAS

    Comité Panameño contra el Racismo

    COORDINADORA      NACIONAL DE PASTORAL INDÍGENA

    CONCIENCIA      CIUDADANA

    Corriente Sindical Democrática

    FRENTE      AMPLIO POR LA DEMOCRACIA

    MOVIMIENTO      CAMPESINO EN DEFENSA DEL RIO COBRE

    MOVIMIENTO DEMOCRACIA, JUSTICIA Y LIBERTAD

    MOVIMIENTO POPULAR UNIFICADO

    Organización de Madres Maestras (OMMA)

    RED      NACIONAL DE AFECTADOS POR HIDROELÉCTRICAS Y MINAS

Sindicato de      Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuaria y Empresas Afines  (SITRAIBANA)

INTERNACIONALES

    Alianza Mexicana por la Autoderminación de los      Pueblos (AMAP)

    Asesoría y Servicios Rurales A.C (Veracruz,      México)

    Centro de Acción Alternativa Pabrú PrésberE (Costa      Rica)

    Comunidades Campesinas y Urbanas      Solidarias (COMCAUSA,     MÉXICO)

    Congreso Popular y Social del DF. (Ciudad      de México)

    CoordinadorA Mexiquense Plan de Ayala (CMPA-CNPA)

    Coordinadora      de Organizaciones Maya Kaqchikel para el

    Desarrollo Económico y Social (Chimaltenango,      Guatemala)

    GRITO DE      LOS EXCLUIDOS/AS MESOAMERICANO

    HUMAN RIGHTS EVERYWHERE (HREV-LATINOAMÉRICA)

    MovimienTo de Liberación Nacional (México)

    Movimiento Agrario Indígena Zapatista      (MAIZ)

    Movimiento MesoamÉricano contra el Modelo Extrativo      Minero

    RADIO VICTORIA (EL SALVADOR)

    Red Cívica Veracruzana

El Movimiento Popular Unificado (MPU) suma su voz a la de los sectores populares y democráticos del país que rechazan la imposición de la Sala V de la Corte Suprema de Justicia porque constituye un paso más hacia la autocracia de Ricardo Martinelli  quien, con esta medida, completa el control absoluto de todas las instituciones políticas del Estado panameño. No se trata de que hasta ahora la Corte Suprema fuera más justa y democrática, siempre ha sido un mecanismo de dominación de la clase capitalista contra los trabajadores, sino que cada vez está más centrada en la voluntad personal del Presidente y sus allegados.

El objetivo principal de la creación de esta sala constitucional, aparte de asegurar la impunidad de los corruptos como ha sucedido hasta hoy, está en la jugada para lograr la reelección inmediata de Martinelli sin reformar la Constitución, ni consultar al pueblo mediante referéndum. Copiando lo hecho en Costa Rica por Oscar Arias, Martinelli le consultaría a los magistrados nombrados por él si puede reelegirse de manera inmediata (2014) pese a la prohibición constitucional, y estos le dirían que sí.

Contrario al mecanismo antidemocrático actual, por el cual los presidentes imponen a discreción los magistrados de la Corte para asegurarse la impunidad frente a sus actos de corrupción, el MPU propone que adoptemos un método democrático y de participación ciudadana, como el implementado recientemente en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales, por el cual es el pueblo que decide, mediante elecciones, quiénes son los magistrados y jueces competentes para administrar justicia.

Implementar mecanismos democráticos y transparentes para limpiar los Órganos del Estado de la corrupción rampante que los corroe, requiere que los trabajadores y el pueblo se movilicen para imponer en las calles la ruptura con el régimen político oligárquico burgués que nos saquea desde hace 22 años, imponiendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente libre y soberana, una Constituyente “originaria”.

La Constituyente Soberana u Originaria es completamente lo opuesto a la “Constituyente paralela” de la que habla el PRD, la cual es una asamblea castrada que mantiene intacto al régimen oligárquico para sólo permitir reformas cosméticas sin cambiar la esencia antidemocrática de la “partidocracia” imperante. Es lógico que el PRD y el Panameñismo pretendan canalizar el creciente descontento popular con un mecanismo inocuo como la “constituyente paralela”, porque esos dos partidos son los principales responsables del actual régimen antidemocrático y antipopular, y sólo los separa de Martinelli el hecho de que ellos han perdido el control del Ejecutivo, pero responden a la misma esencia de clase que el dueño de los “99”.

Lo único que puede garantizar la diferencia entre una Asamblea Constituyente castrada y una Asamblea Constituyente originaria, que sí exprese los cambios que el pueblo panameño desea, es la movilización popular. Reformas constitucionales realizadas por “notables” o políticos del actual régimen sólo sirven para engañar y empeorar la legislación. La única Constituyente útil al pueblo es aquella que logremos arrancar con la movilización de gremios y organizaciones populares, en la que los dirigentes políticos y naturales de esas organizaciones puedan ser electos y participar, para que la ley refleje los derechos económicos, sociales y democráticos de los oprimidos que hoy son pisoteados por la oligarquía.

Tanto el PRD como el Panameñismo son cómplices de Martinelli en el sostenimiento de un régimen político que gobierna contra los trabajadores y que impide a los sectores populares participar democráticamente de los procesos electorales. Tanto el PRD, como el Panameñismo y el CD votaron juntos en la Comisión de Reformas Electorales y en la Asamblea para mantener los onerosos criterios que impiden constituir nuevos partidos y postular candidatos independientes. Todos esos partidos son responsables por las reformas económicas que permiten el alza descarada de los precios, los despidos injustificados, los bajos salarios y las privatizaciones. Lo único que los separa es quién controla el Ejecutivo y reparte la propiedad pública entre sus amigos.

Por las razones expuestas, el MPU advierte a los sectores democráticos, a los gremios, a las organizaciones populares y, en particular a la Asamblea Ciudadana, a tener cuidado con los cantos de sirena que las cúpulas del PRD y el Panameñismo están haciendo para atraer a su redil electorero a los sectores independientes, buscando lavarse la cara de la mala imagen que tienen por ser responsables del actual estado de cosas.

Exhortamos a la Asamblea Ciudadana a convocar a los gremios, sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles y populares, en particular a la Coordinadora Cívica Nacional, que luchó en las calles contra el proyecto de APP, a coordinar las acciones públicas necesarias para enfrentar los desmanes de Martinelli, defender las libertades democráticas e imponer con la lucha popular una Asamblea Constituyente Soberana y Originaria. Movilización que debe responder a un programa de reivindicaciones amplias, tanto democráticas como económicas y sociales, partiendo de demandas como: aumento general de salarios y congelación de la canasta básica, protección al sector agrario, respeto a los derechos laborales de los trabajadores, defensa de la salud y la educación públicas.

Sólo de la constitución de este gran Frente Popular Independiente, sin el control de los partidos oligárquicos, y de la movilización que convoque podrá nacer la esperanza de un verdadero cambio que el país necesita para superar el régimen oligárquico que nos han impuesto tanto el actual gobierno, como la falaz “oposición” del PRD y el Panameñismo.

Panamá, 28 de enero de 2012.

Movimiento Popular Unificado

NO PUEDE HABER DESARROLLO SIN ENERGÍA

La privatización del servicio de energía eléctrica en Guatemala en la década de los 90, abrió la puerta para una serie de abusos y arbitrariedades en contra de los usuarios en general, siendo los más afectados la población pobre, particularmente la población indígena del país. En la actualidad, cualquier empresa nacional o transnacional con el capital suficiente puede venir a apropiarse de todo lo que conlleva la prestación de este servicio y poner lo precios que considere y los mecanismos de coacción contra la población, los que se reflejan en:

      Los precios altos en el servicio.

      El cobro de multas a los consumidores por parte de la empresa.

      Muchas comunidades indígenas en el interior del país no cuentan con acceso a este servicio.

      Solamente en el periodo de un año (2009-2010) se presentaron aproximadamente 382,000 denuncias de diferente razón por parte de los usuarios.

      La exclusión constante de los pueblos indígenas, puesto que la electricidad es base fundamental para que estos puedan desarrollarse integralmente.

Este escenario empieza a debelar una serie de situaciones que desde el marco regulatorio del sistema de generación, transporte, distribución y comercialización eléctrica afectan directamente a la población.

1.     Guatemala registra las tarifas eléctricas más altas de Centroamérica;

2.     La generación eléctrica depende mayoritariamente de hidrocarburos, provocando altos índices de contaminación;

3.     Se socializan los gastos y se privatizan las utilidades;

4.     El marco jurídico que regula el proceso, desde la generación hasta la comercialización eléctrica, es poco transparente y permite una serie de privilegios que  pagamos los consumidores.

No puede haber desarrollo sin energía; el alto costo de las tarifas afecta particularmente a los pueblos indígenas en cuanto a su derecho al desarrollo libremente determinado, ya que sufren los índices más altos de exclusión y pobreza del país.

De tal forma, los pueblos indígenas, o no pueden pagar el servicio de energía eléctrica o habitan en áreas remotas donde el tendido eléctrico aun no llega. Esta situación se vio agravada por la transnacional Unión FENOSA, contratada por el Estado en 1,998 para el servicio de distribución eléctrica en el interior del país en donde vive población mayoritariamente indígena. Esta empresa ha realizado una constante de abusos e ilegalidades contra la población, la cual exige respeto a sus derechos económicos, sociales y culturales.

Unión Fenosa llega a Guatemala en 1998 ganando con 101 millones de dólares un concurso para la prestación del servicio eléctrico. Para evitar ser acusada de monopolio, creó dos filiales: una que cubría la zona occidental (Deocsa) y otra la oriental (Deorsa), abarcando de esta manera 20 de los 22 departamentos de Guatemala. En mayo de 2011 el fondo británico ACTIS adquirió las acciones de UNION FENOSA (firma Gas Natural) por casi 500 millones de dólares. De esto no se ha querido hacer mayor comentario, y se produce tras una serie de sombríos sucesos que incluyen amenazas e incluso asesinatos de dirigentes comunitarios.

Sordos y ciegos han sido los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE- ante la problemática que afecta a la población en materia de la prestación del servicio eléctrico y en relación con todo lo derivado del actuar de Unión Fenosa. Es evidente la inconformidad en la población en cuanto al alza de los precios y la serie de cobros ilegales. Producto de esta inconformidad se han dado muchas manifestaciones de rechazo a Unión FENOSA, ahora ACTIS. Y nos preguntamos:

      ¿Por qué Unión Fenosa se va impune y con ganancia?

      ¿Qué pasa con todo el robo que a diario cometió Unión Fenosa?

      ¿Qué pasa con todo el daño que Unión Fenosa cometió contra miles de ciudadanos guatemaltecos?

      ¿Qué pasa con todo el mal que Unión Fenosa sembró en perjuicio de cientos de miles de familias en toda Guatemala?

      ¿Quien pagara todas las perdidas que ha sufrido la población al perder sus aparatos electrodomésticos por los constantes apagones?

      ¿A quien se responsabilizara de los asesinatos a dirigentes comunitarios?

Durante el proceso de organización de las comunidades se han dado espacios de análisis e identificando alternativas, entre de otros aspectos ¿como se pueden entablar las acciones legales que permitan encontrar solución a estas situaciones?

En tal sentido, CNP-TIERRA se plantea para este 23 de enero  de 2012 a las 10:00 horas aportar sus esfuerzos encaminados al apoyo de la población, e interponer una Acción de Inconstitucionalidad parcial contra La Ley General de Electricidad por ser lesiva  a los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, especialmente en su artículo 5.

El Artículo 5 se refiere a la integración de la CNEE la cual esta compuesta sin representación del sector consumidor, lo cual facilita y permite una serie de abusos que afectan directamente a la población pobre y principalmente a la indígena en todo el país.

CNP/TIERRA, se suma al llamado a la lucha, a la unidad del pueblo organizado, en contra del aumento, robo, explotación y abuso que cometen autoridades estatales, la Empresa Eléctrica de Guatemala y la empresa extranjera ACTIS, antes  UNION FENOSA (DEORSA y DEOCSA)

Al unirnos y respaldar estas luchas, hacemos público nuestro rechazo a  la privatización y nos unimos a la demanda por la Nacionalización de la Energía Eléctrica, de tal manera que sea el Estado el que centralice la generación, distribución y prestación de los servicios.

POR LA JUSTICIA AGRARIA; EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ

CNP-TIERRA, PRESENTE

Enero de 2012