Desde el Movimiento Popular Unificado (MPU) denunciamos la hipocresía del presidente Ricardo Martinelli que, en su discurso ante la Asamblea Nacional, el 2 de enero, haciendo gala de una demagogia electorera, ha pretendido presentarse como un falso Robin Hood que supuestamente le ha cargado impuestos a los “empresaurios” para dárselo a los pobres. Falso, las reformas fiscales de este gobierno se han cargado desigualmente sobre las espaldas de la clase media, los trabajadores de ingresos medios, la pequeña y mediana empresa, y han mantenido amplios sectores exonerados o con bajos impuestos de la alta clase empresarial.

El propio Decreto sobre salario mínimo emitido por Martinelli la última semana de 2011 es un mentís a su demagógico discurso. Por un lado, el aumento ha sido claramente insuficiente respecto al costo de la vida como han denunciado los dirigentes sindicales; por otro, ha sido desigual, manteniendo regiones diferenciadas para beneficio de transnacionales como la United Brands de Changuinola y las compañías mineras en Coclé y Colón. Encima Martinelli ha cometido la inmoralidad de emitir una escala de aumentos inferior para los salarios de los trabajadores de las cadenas de supermercados y de los ingenios azucareros, donde él mismo y sus allegados tienen intereses directos. Este acto raya en el delito y el abuso de poder. A todo lo cual podríamos agregar que se ha negado a decretar un aumento general de salarios, excluyendo a la mayoría de los trabajadores que ganan algo más que el mínimo, quienes han sido duramente golpeados por una inflación acumulada en 5 años que supera el 30%.

No es cierto que Martineli y su gobierno estén en conflicto con la burguesía, ya que él mismo y varios de sus ministros son “empresaurios” que descaradamente gobiernan para sus intereses, como lo muestra el Decreto de salario mínimo, en las concesiones de obras públicas para “empresas amigas”, el saqueo de las tierras nacionales como en “Juan Hombrón” y Paitilla, y los tantos escándalos de corrupción que se han descubierto.

La única interpretación posible del discurso presidencial es el de un profundo acto de cinismo por el cual se intenta: someter a los pocos medios de comunicación que no controla el círculo de poder, acallar a algunos empresarios rivales y lanzar los argumentos de campaña electorera hacia 2014 que dejan ver claramente sus intentos de perpetuarse en el poder engañando a los incautos con demagogia barata. Desde ahora advertimos que Martinelli intentará su reelección inmediata, ya sea usando las reformas constitucionales, vía referéndum, ya sea usando a la Corte Suprema de Justicia sumisa, como hizo Oscar Arias en Costa Rica.

Compañeras y compañeros, desde el Movimiento Popular Unificado (MPU) de Panamá, les enviamos a ustedes, sus familias y sus organizaciones un mensaje de optimismo hacia el futuro cercano. Optimismo basado no en un acto de fe, sino en el estudio objetivo de la realidad acompañado del trabajo sistemático y la lucha por un futuro mejor para la clase trabajadora de Panamá y el mundo. En la medida en que 2012 es un año cargado de crisis e incertidumbre para los capitalistas y el sistema imperialista internacional, debe ser mirado con optimismo por los revolucionarios de todos los países, pues esa crisis es el síntoma de la agonía de un sistema explotador y el anuncio de los cambios sociales y políticos que vendrán, y que ya se anuncian: en las revoluciones democráticas del Medio Oriente, en las luchas de los trabajadores y jóvenes europeos indignados por el saqueo de los banqueros, y de la propia clase trabajadora norteamericana que ha ocupado Wall Street para señalar a los culpables.

Panamá no escapa a esa realidad internacional porque la aparente prosperidad que el gobierno de Ricardo Martinelli y los empresarios celebran, aduciendo el crecimiento del PIB en 10% el año pasado, no es más que una burbuja artificial sostenida por el irresponsable endeudamiento del Estado panameño, que tarde o temprano se revertirá, tal y como ha pasado en muchos países europeos. El modelo económico que se ha diseñado en el Plan Quinquenal Vallarino-Martinelli, y que en realidad proviene de los gobiernos anteriores (del PRD y el Panameñismo), basado en la especulación inmobiliaria, edificios y hoteles de lujo, la apertura todavía más de nuestra economía a los capitales y mercaderías extranjeros, va debilitando crecientemente la fuentes generadoras de riqueza nacional, como lo son la industria y el sector agropecuario, haciéndonos más vulnerables y débiles a fenómenos como la crisis y la inflación. Lo peor de este tipo de economía es la creciente desigualdad social, la peor de América Latina, en la que una minoría nacional y extranjera se enriquece a costa de la miseria generalizada de nuestro pueblo.

Todo lo dicho debe reforzar el compromiso militante de las organizaciones gremiales y políticas del movimiento popular a hacer un esfuerzo mayúsculo por constituir un gran Frente Popular y Democrático, que bajo un criterio de respeto mutuo y democracia interna, nos permita presentar al país una alternativa real de cambios sociales, económicos y políticos que el momento requiere. Sólo un movimiento de estas características podrá enfrentar los desmanes antidemocráticos del gobierno de Martinelli, y los intentos de reencaucharse de los partidos oligárquicos de la falsa oposición, principalmente el PRD y el Panameñismo, que son más de lo mismo.

Panamá, 4 de enero de 2012.

Movimiento Popular Unificado

 

El 29 de diciembre de este año se cumplen 15 años de la firma de los Acuerdos de la Paz Firme y Duradera.  Los Acuerdos Paz se mostraban esperanzadores, hoy deberíamos ver a la Paz como una Quinceañera vestida de seda, de lino fino y de valiosísimas joyas, bailando en un palacio de cristal; pero no es así, solo vemos una niña desnutrida, vestida en harapos, arrastrándose en la calle; ya que las causas que originaron la guerra se han profundizado, niveles de pobreza, extrema pobreza, falta de libertad sindical, asesinatos a diario, sin acceso a la tierra los campesinos, pésima calidad de la educación y salud publica, el no pago y evasión fiscal de los empresarios, de cada 100 niños/as 49 con desnutrición crónica, la galopante y descarada corrupción e impunidad en todos los niveles.

Los Acuerdos de Paz debían servir fundamentalmente como engranajes del desarrollo social de los guatemaltecos y guatemaltecas, pero el cumplimiento parcial de estos Acuerdos por parte de los distintos gobiernos ha sido tan mínimo, que no han tenido efectos positivos en la calidad de vida de las personas; por el contrario, vivimos como si estuviéramos en la guerra misma, abordamos un bus con temor, caminamos por las calles con miedo, en cualquier momento podemos ser asesinados  o nuestros familiares por la delincuencia incontrolable y los índices de impunidad, continúan con mayor fuerza la represión de los Empresarios y hacen lo que quieren con los trabajadores y trabajadoras ante un Ministerio de Trabajo y su Inspección  General inoperantes, toda vez que son cómplices con los asesores patronales y los empresarios para violar todos los derechos humanos y las normas laborales de la clase que genera la riqueza en el campo y la ciudad.

Debemos reconocer los esfuerzos del gobierno de Alfonso Portillo por avanzar un tanto mas en los Acuerdos de Paz dentro del marco del Trabajo, pero esos avances fueron detenidos por las hordas gubernamentales del PAN y GANA.  Como no recordar el triste episodio del gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen con la implementación e imposición de las políticas del modelo Neoliberal, que dentro de otros retrocesos se aprobó la LEY ANTIHUELGA, siendo la huelga un derecho universal de los trabajadores y trabajadoras, ratificado por el Estado de Guatemala ante la Organización  Internacional del Trabajo, con ello no ha habido una huelga en alguna Institución del Estado en más de 20 años, porque el Organismo Judicial se ampara en esa Ley para impedir las huelgas por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, como en el caso de la Negociación  Colectiva del Tribunal Supremo Electoral, donde después de 10 años de tramitar el Juicio en el Juzgado de Trabajo, la Sala de Trabajo Décima, revocó la autorización de Huelga Legal,  amparándose en la Ley Anti huelga.  Adicionalmente a los trabajadores se les empezó a reclutar por contrato 0-29 para evadir los pasivos laborales y mancillar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, además de no pagar tiempo extraordinario en las jornadas y días de trabajo adicionales a la jornada ordinaria.

La Agenda de Oscar Berger Perdomo,  llena de inmoralidad en contra de los trabajadores y la destrucción de los derechos laborales  por la flexibilización de las condiciones de trabajo, las relaciones laborales desnaturalizadas y el incumplimiento al pago de salarios mínimos; se precarizo aun mas.  El gobierno entrante de Otto Pérez Molina va a profundizar la Agenda que desarrollo Oscar Berger,  ya tiene preparada toda su maquinaria represiva y destructiva contra el Pueblo de Guatemala, pues de entrada,  lo primero que tiene en sus planes es el TRABAJO A TIEMPO PARCIAL (CONVENIO 175 de OIT), con el cual los trabajadores podrán ser contratados por algunas horas( 4, 5 o 6 horas), aunque como ha venido sucediendo en la práctica, tengan que trabajar 8 o más horas; esto es una forma de destruir el salario mínimo, aduciendo que solo pagarán las horas proporcionales, aunque los trabajadores sabemos y conocemos la actitud y practica  los Empresarios y sus Gobiernos.  Además la Agenda de Otto Pérez incluye la continuidad de la privatización con la Ley de Alianzas Público Privada, reactivar los Planes y Proyectos del Plan Puebla Panamá, encareciendo así los servicios esenciales de la clase pobre y por qué no,  hasta la Educación y la Salud Publica, beneficiando a los de siempre grandes empresarios nacionales y extranjeros.

Debemos reconocer que la firma de la Paz tuvo también su parte buena, y por eso debemos conmemorarla, pues terminaron las masacres de pobladores guatemaltecos cometidas por el Ejército de Guatemala, Escuadrones de la Muerte, la Policía Nacional, pero al igual que en la Segunda Guerra Mundial solo se reconoció la Paz cuando los Genocidas Oficiales Alemanes fueron ejecutados, aquí en Guatemala solo habrá reconciliación y paz cuando los Genocidas “guatemaltecos” enfrenten la justicia y purguen la prisión, que en derecho y JUSTICIA CORRESPONDA de acuerdo a las atrocidades cometidas con todo un pueblo que lo único que demandaba y  continua exigiendo es JUSTICIA SOCIAL, que se valore y respeten los derechos de los mayas, garífunas, xincas y ladinos pobres.

Expresamos nuestra condolencia y solidaridad a los familiares y sobrevivientes del conflicto armado, por más de 250,000 víctimas, condenamos y rechazamos el clima de inseguridad en que vivimos, la corrupción e inoperancia y utilización por sectores poderosos económicos y del crimen organizado de las  Instituciones Publicas del Estado que la generan, propiciando así y fortaleciendo el MURO de la IMPUNIDAD.  RECONOCEMOS Y FELICITAMOS LA LABOR DE LA FISCAL GENERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, LICENCIADA CLAUDIA PAZ Y PAZ, DE IGUAL MANERA   NUESTRA SOLIDARIDAD A LA DISTINGUIDA PERIODISTA MARIELOS MONZON ANTE LOS ATAQUES E INFUNDA CAMPAÑA MEDIATICA POR GRUPOS DE GENTE TERRORISTAS; NOS ES POSIBLE QUE EL DECIR LA VERDAD DE LAS INJUSTICIAS Y CONDICIONES PRECARIAS EN QUE HA VIVIDO Y SIGUE VIVIENDO NUESTRO PUEBLO SEA  DELITO Y SE PRETENDA ACALLAR UNA Y TANTAS VOCES QUE EXIGEN JUSTICIA SOCIAL PARA TODOS Y TODAS LOS EXCLUIDOS/AS, DISCRIMINADOS/AS Y EXPLOTADOS/AS QUE HABITAMOS ESTA GUATEMALA.

“”Por la Unidad de la Clase Trabajadora,

UNSITRAGUA Presente””.

Guatemala, 28 de diciembre de 2011.

El pueblo panameño conmemora otro aniversario de la intervención militar más sangrienta y dirigida contra la soberanía de una nación latinoamericana en el siglo XX. El gobierno dictatorial dejó de ser útil a los intereses norteamericanos a finales de los años ´80 y usaron como excusa el tráfico de drogas, negocio que el mismo imperio promovió. La oligarquía vendió la idea de la necesidad de una invasión, con el sólo propósito de retomar el control político perdido en parte, desde 1968.

Asimismo, la nueva clase pudiente creada en la dictadura transa su propia subsistencia cobijándole el neoliberalismo de la mano de la Casa Blanca. Sobre esta base, el pueblo se abatía el 20 de diciembre de 1989 contra armas de prototipo que causaron miles de muertos; pero estos muertos lo puso la clase popular, nacionalistas, chorrilleros, y aquellos que sabían que en defensa de la patria se está de pie o se muere combatiendo, pero nunca arrodillados; la burguesía panameña no puso un solo muerto en la Invasión a Panamá. Los mártires no defendieron un gobierno, un General o un modelo económico, defendían la patria y su libertad.

Los panameños, a 22 años de invasión, queremos presentarle al mundo nuestra única verdad: fuimos bombardeados y masacrados para aterrorizar, intimidar y desmovilizar a nuestro pueblo, para arrasar con el nacionalismo brotado de las gestas anti coloniales a lo largo del siglo XX; pero también fuimos el fatídico ejemplo que los yankis le pusieron al mundo sobre su poder militar y sus perversas nuevas guerras mediáticas de cuarta generación; fuimos ejemplo que donde manda el capital no manda ningún General ni nadie más. El resultado, lo sufrimos hasta nuestros días cuando lo que nos dejaron las bombas fue un país deshecho, ocupado, endeudado y en manos de la misma clase dominante.

Hoy no podemos olvidar nuestra historia porque de ella es de quien hemos aprendido que la soberanía nacional se ganó con sangre de mártires a los que les debemos respeto irrestricto. El pueblo panameño los recuerda cada día, porque vive la miseria que nos dejaron las bombas gringas y los gobiernos serviles a sus políticas económicas e imperiales.

Exigimos que el 20 de diciembre se decrete Día de Duelo Nacional; que sea obligatoria la enseñanza escolar fidedigna y veraz de lo ocurrido; exigimos se estructure una Comisión independiente y calificada para dar un resultado oficial de todos los muertos y desaparecidos durante la ocupación militar estadounidense; y sobre todo, exigimos que el Estado panameño CONDENE la invasión y demande internacionalmente a los Estados Unidos de América, para que esa potencia norteña sea juzgada y condenada por este crimen de lesa humanidad y obligada a su resarcimiento y reparación a la Nación panameña.

 

Comité Coordinador de Actos Conmemorativos de la Invasión del 20 de diciembre de 1989

 

Asociación de Familiares de los Caídos del 20 de Diciembre

Comité de Refugiados de El Chorrillo

Comité Femenino Panamá-Chorrillo

Movimiento 20 de Diciembre (M20)

Comité Cuida Tu Techo de El Chorrillo

Coordinadora del Barrio Mártir de El Chorrillo

Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP)

Centro de Estudiantes de Derecho

Movimiento Popular Unificado (MPU)

Partido del Pueblo

Movimiento de la Juventud Popular Revolucionaria (MJP)

Fundación Oportunidad

Pensamiento y Acción Transformadora (PAT)

Unidad Estudiantil Revolucionaria (UER)

Conmemorándose 22 años de la aciaga invasión norteamericana contra Panamá, del 20 de Diciembre de 1989, junto a los familiares de los cientos de muertos y desaparecidos, junto a los más de 2,000 heridos, junto a los miles de refugiados que perdieron sus hogares, seguimos exigiendo JUSTICIA.

Exigimos, en primer lugar, una investigación oficial e imparcial que establezca la cantidad real y la identidad de los caídos bajo la metralla del imperialismo yanqui. Exigimos, en segundo lugar, que se les reconozca a los caídos el carácter de héroes y mártires sacrificados en el altar de la soberanía de la patria. Exigimos, en tercer lugar, que se siente en el banquillo de los acusados como criminales de guerra al ex presidente de Estados Unidos, George Bush, padre, y a los militares yanquis responsables de esa agresión. Exigimos, finalmente, que el 20 de Diciembre sea declarado oficialmente Día de Duelo Nacional.

El Movimiento Popular Unificado (MPU) también exige que, ante el retorno del ex general Manuel A. Noriega, éste sea enjuiciado por las responsabilidades que tuvo en la violación de los derechos humanos bajo su régimen y también por su comportamiento cobarde y traidor durante los hechos de la invasión, en los que dejó a sus tropas libradas a su suerte y se entregó sin pegar un tiro.

Denunciamos, como hemos sostenido por 22 años, que el secuestro de Manuel Noriega de Panamá por el ejército norteamericano constituyó otro atropello más que impidió que éste fuera juzgado en Panamá por los crímenes cometidos por su gobierno. Esa denegación de justicia fue otra violación a la soberanía panameña cometida por las tropas imperialistas.

Las víctimas de la invasión y del régimen militar exigen justicia. Justicia no sólo de Noriega, sino de sus cómplices y sostenedores: el gobierno de Estados Unidos de América, sus mandos militares del Pentágono y la agencia central de inteligencia (CIA). Contrario a lo que pretenden hacer creer los medios de comunicación, los partidos políticos oligárquicos y el actual gobierno, Noriega no es el único responsable de los desmanes de su régimen. Culpables también lo son: el gobierno norteamericano y la oligarquía panameña que se enriqueció bajo régimen militar, pero ahora se disfraza de “demócrata”.

Reiteramos que, en los juicios que se hagan al ex general Manuel A. Noriega, deben sentarse a su lado, como reos imputados, los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que le apoyaron, y que se exija su procesamiento por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Otra cosa no sería justicia, sino usar a Noriega como chivo expiatorio.

Panamá, 10 de Diciembre de 2011.

Movimiento Popular Unificado (MPU)

A fortalecer la Coordinadora Cívica Nacional

El paro nacional del sector salud contra el Proyecto de Ley 349, mal llamado de “Asociación Público Privada” (o privatización total del sector público), convocado por los gremios médicos de COMENENAL, los administrativos de la CSS como ANFACSS, AECSS, ANADETRAM, CONAGEPROTSA y la Asociación de Empleados de MINSALUD, ha sido un ÉXITO. El gobierno se ha comprometido a retirar el proyecto de la Asamblea Nacional en las próximas sesiones extraordinarias.

Esta es la tercera derrota consecutiva del gobierno de Martinelli y sus medidas neoliberales, demostrándose una vez más que la lucha sí da victorias al campo popular. Anteriormente los trabajadores de Changuinola, a costa de un sacrificio de vidas y apoyados por una huelga general, derrotaron la Ley Chorizo, en julio de 2010. En febrero de este año, el pueblo gnobe-buglé, apoyado por las organizaciones populares y grupos ambientalistas, logró derrotar en las calles el Código Minero.

El éxito de la lucha contra el Proyecto 349 no es sólo del sector salud, sino del conjunto del movimiento popular panameño que se agrupó en torno a un nuevo organismo, la Coordinadora Cívica Nacional. La nueva Coordinadora logró concitar la unidad de la organizaciones populares en el momento justo en que el gobierno maniobró tratando de dividir a los gremios médicos. La Coordinadora Cívica Nacional fue la que convocó e hizo posible la movilización más grande que ha habido en 2 años y medio de gobierno de Martinelli, el pasado 16 de Noviembre.

Desde el Movimiento Popular Unificado (MPU) saludamos la victoria de los gremios de la salud y de la Coordinadora Cívica Nacional. Sin embargo alertamos ante el hecho de que, frente al gobierno empresarial de Martinelli-CD, no cabe la menor confianza, ya que reiteradamente ha faltado a su palabra y vuelve a intentar imponer sus medidas ante cualquier descuido, como ahora hace con el Código Minero.

El proyecto 349 es privatizador y negativo para el país por donde se le mire. Por ello no basta con retirar las alusiones al sector salud y educación, sino que es preciso exigir su derogación completa. Tampoco vale caer en diálogos tramposos que busquen imponernos de manera solapada lo que ha sido rechazado en la lucha y en las calles, mucho menos a través de mecanismos manipulados como la “Concertación”.

Debemos sostener y fortalecer la Coordinara Cívica Nacional como el organismo realmente unitario que el momento demanda: tanto para enfrentar nuevos ataques del gobierno contra los derechos económicos y sociales del pueblo panameño; como intentar revertir medidas antipopulares vigentes (como las alzas de precio constantes, la necesidad de un aumento general de salarios, etc.).

La Coordinadora, si se mantiene amplia y democrática,  es el ente desde el cual podría surgir con fuerza una alternativa política independiente y popular que levante un programa de transformaciones para construir  un país distinto en el que sí impere la democracia participativa y la justicia social.

Panamá, 19 de noviembre de 2011.

Movimiento Popular Unificado (MPU)

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