Por Nasser Echeverria

A raíz de los Acuerdos de Esquipulas II en 1987, las elecciones en Nicaragua en 1990, y los subsiguientes Acuerdos de Paz de 1992 en El Salvador y 1996 en Guatemala, Estados Unidos impuso un “nuevo orden” con regímenes democráticos en Centroamérica, que sustituyeron a las odiadas dictaduras militares de los años 50, 60 y 70.

Las promesas de democracia y bienestar económico no se cumplieron. Ocurrió todo lo contrario. Han transcurrido más tres décadas y ese “nuevo orden” se desmorona aceleradamente. En general, todos los países de la región sufren una crónica crisis económica que se traduce en una enorme crisis fiscal, y logran mantenerse en pie por el creciente endeudamiento. Dos países han dejado de ser autosuficientes: El Salvador y Nicaragua.

La instauración de nuevas dictaduras, como la de Nicaragua y la que se construye rápidamente en El Salvador, si bien es cierto reflejan un retroceso a nivel de los derechos democráticos, esta involución tiene sus orígenes en el hundimiento económico  y financiero.

Crece el endeudamiento

La ofensiva neoliberal desmanteló la industria para el mercado interno regional, creada con el Mercado Común Centroamericano (MCCA). Casi todos los gobiernos de la región, para cubrir su maltrecho presupuesto de supervivencia, deben endeudarse cada vez más.

Al terminar el año 2023, la deuda de Guatemala ascendía a Q184,979.83 millones de quetzales, unos 24,000 millones de dólares. De ese monto, cerca de Q94,244.05 millones, unos US$11,976.73 millones son deuda externa y Q90,732.81 millones son deuda interna, unos 11,640 millones de dólares. Guatemala es el país menos endeudado de la región, y esto se debe al peso de su economía en el mercado regional. El PIB de Guatemala es de 75,000 millones de dólares. La deuda global de Guatemala abarca un tercio de su PIB.

No ocurre lo mismo con El Salvador. Para 2023, la deuda de El Salvador se calculaba en 28,000 millones de dólares, casi el 80% de su PIB calculado en 30,000 millones de dólares. Es el país mas endeudado de la región. Es un país agotado, situado en un callejón sin salida. La dictadura que construye Bukele refleja la necesidad de poner orden en la economía, y eso no se logra con democracia, porque implica que las masas populares deberán soportar el peso de la crisis y del excesivo endeudamiento.

Honduras cerró el 2023 con una deuda de 15.000 millones de dólares, equivalentes s mas del 50% de su PIB, calculado en unos 30,000 millones de dólares. La dictadura de JOH fue un claro intento de resolver la crisis por medios autoritarios. El nivel de endeudamiento de Honduras todavía no asfixia a la frágil y caótica democracia existente.

El caso de Nicaragua es crítico. Para el 2023, tenía una deuda de 15.256 millones de dólares, lo que equivale al 97,3 % de su PIB, calculado en 15.671,6 millones de dólares. Es el país mas pobre y el mas endeudado de la región. El surgimiento de una nueva dictadura es el reflejo directo del rezago económico y de la falta de perspectivas.

En 2023, Costa Rica registró una deuda de 43000 millones de dólares, lo que equivale a un 60% del PIB calculado en 65,000 millones de dólares. Incluso, la deuda ha descendido levemente por el ajuste que aplicaron los gobiernos del PAC y que sigue aplicando el gobierno de Chaves

En Panamá la deuda pública cerró en 40.000 millones de dólares en 2023, equivalente al 60% del PIB calculado en 73,000 millones de dólares. La crisis carcome al que fue, en una época, el país mas rico de la región.

Ruina económica y cambios en los regímenes políticos

Es obvio que, sin bienestar económico, no es posible la democracia. El nivel de endeudamiento, la falta de perspectivas de desarrollo económico, ante una economía mundial dominada por los países imperialistas, lleva al colapso de los países de Centroamérica, y a la lenta muerte de los regímenes democráticos impuesto por Estados Unidos a raíz de los Acuerdos de Paz.

La tendencia creciente al totalitarismo y la instauración de nuevas dictaduras, esta relacionado directamente con la ruina económica. Los países que todavía mantienen débiles regímenes democráticos, son los menos endeudados: Guatemala, Costa Rica y Panamá. Nada ni nadie garantiza que se mantengan estos frágiles regímenes democráticos. Honduras se encuentra en una encrucijada

La crisis de los Estados y la decadencia global de Centroamérica, se manifiesta en el surgimiento de pandillas, y altos índices de criminalidad. Costa Rica, que durante mucho tiempo fue la excepción de la regla Centroamericana, se convierte rápidamente en base de operación de los carteles, pandillas y grupos criminales a nivel internacional. Y con ello surgen las primeras voces pidiendo mano fuerte, el preámbulo para el surgimiento de una nueva dictadura.

Por Nassar Echeverria

Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un país de inmigrantes. La población nativa fue casi aniquilada por los colonizadores europeos, quienes obligaron a los aborígenes sobrevivientes a vivir en “reservas”. Incluso, no es exagerado afirmar que Estados Unidos llegó a ser una potencia económica, producto de la migración que trasladaba mano de obra y cerebros a la economía en crecimiento.

Leyes migratorias proscriptivas

La Ley de Naturalización de 1790 permitía que solo las personas de ascendía europea podían optar a la naturalización, aunque después se les extendió ese derecho a las personas de origen africano, mediante la Ley de Naturalización de 1870, después de la finalización de la guerra civil (1861-1865).

Las restricciones a la inmigración continuaron. El 6 de mayo de 1882, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Exclusión de los Chinos, que prohibía la migración china, a pesar que fueron trabajadores chinos quienes laboraban en las minas y construyeron la red ferroviaria que permitió unir y dinamizar el mercado interno de Estados Unidos. La exclusión contra los chinos se mantuvo hasta el año 1952, después de finalizada la segunda guerra mundial.

La Ley de Migración de 1917, aprobada el 6 de febrero de 1917, en el transcurso de la primera guerra mundial, mantuvo la prohibición contra los chinos y la extendió al resto de países de Asia, introdujo el requisito de hablar y escribir en inglés, Con ellos también prohibió la migración del sur de Europa y los mexicanos. No podían emigrar los pobres, prostitutas, ni personas con discapacidades físicas y mentales. Estas exclusiones, especialmente contra los chinos, se mantuvieron hasta la Ley de 1952, aprobada cuando Estados Unidos ya era la principal potencia económica y militar del mundo.

Las oleadas migratorias hacia Estados Unidos han estado relacionadas directamente con la economía. La tolerancia o combate a la migración dependen de la situación económica del momento, y de la necesidad de mano de obra.

Declive de la población blanca anglosajona

En los últimos años, muchas de las restricciones migratorias que se debaten en el Congreso de Estados Unidos o que se aplican por la vía ejecutiva, están relacionadas con la urgente necesidad de mantener la hegemonía de la población blanca, de origen anglosajón, como la principal cantera de ciudadanos con todos los derechos políticos. Solo para citar un ejemplo, actualmente de cada cinco habitantes de los Estados Unidos, uno es de origen latino. La minoría más grande de Estados Unidos de la actualidad pasará de 46,7 millones de personas a 132,8, lo que supondrá que "casi uno de cada tres residentes de Estados Unidos será de origen hispano

Según el último censo de Estados Unidos, para el año 2042 la población blanca de origen anglosajón dejara de ser mayoría. En términos generales, la población blanca esta disminuyendo ante las oleadas migratorias y el ascenso de las minorías. La tendencia general es que para el año 2060 las minorías étnicas, que ahora son el 37% de la población, serán el 57%.

El Partido Republicano encabeza esta cruzada anti inmigrante, siendo Donald Trump su principal exponente en este periodo, con un discurso racista y supremacista blanco, boicoteando la reforma migratoria que el Partido Demócrata y Biden pretende aprobar

La diferencia entre republicanos y demócratas

No obstante, hay un nuevo factor externo que está incidiendo en cierta tolerancia de la administración Biden con la migración hacia Estados Unidos. China se ha transformado en el principal competidor económico de Estados Unidos. Para romper la alta dependencia con China, la administración Biden ha iniciado un proceso de recolocación de ciertas ramas de la industria, sacándolas de China y otros países, para volver a instalarla en Estados Unidos. Para lograrlo, necesita mano de obra.

Mientras los republicanos quieren cerrar las fronteras para proteger a la población blanca anglosajona, Biden y los demócratas quieren que ingrese mano de obra pero de manera controlada, para que los migrantes no sean beneficiados con el derecho a refugio o asilo. De esta manera pretenden que trabajen legalmente, pero retardando lo más que se pueda la posibilidad de que los migrantes conquisten derecho a residencia permanente, que es la puerta de entrada a la ciudadanía y al disfrute de los derechos políticos

A pesar que hay síntomas de recesión económica y de una alta inflación en Estados Unidos, la tasa de desempleo se encuentra en su punto mas bajo: 3,4%. Esto solo es posible cuando el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, abre a discreción las compuertas en la frontera con México, para dejar entrar o retener a centenares de miles de migrantes, conforme las necesidades de la economía estadounidense.

Si bien es cierto que en este ultimo periodo, Estados Unidos ha necesitado mano de obra para poder competir con China, cuya población está decreciendo, las continuas oleadas de migrantes superan los cálculos y han creado una verdadera crisis en la frontera con México.

Con el “parole”, Biden ha priorizado la migración desde su patio trasero

Aunque, por un lado, Biden ha terminado aplicando las restrictivas políticas migratorias de la época de Trump, por el otro lado, la necesidad de mano de obra le obliga a permitir nuevos migrantes, para que trabajen en la industria. A diferencia de la época de Obama, cuando las deportaciones llegaron a cifras récord, esta vez Estados Unidos está apoyándose en otros países, como México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.

El 10 de mayo del 2023 se levantó la orden del Título 42 autorizando al ICE aplicar el Titulo 8 de la Ley de Migración, que permite expulsar o deportar inmediatamente a quienes ingresen de manera ilegal a suelo de Estados Unidos, aplicando duras sanciones a los migrantes ilegales que fuesen capturados: expulsión acelerada, prohibición de ingreso a Estados Unidos por el lapso de cinco años, lo que les impide acogerse al derecho de refugio o asilo, si logran entrar más adelante.

El discurso de la administración Biden es que la migración debe ser legal y ordenada.

Para evitar enormes flujos de migrantes, que pueden optar al TPS o a medidas protectoras similares, el famoso “parole” no es otra cosa que las visas de trabajo, una forma migratoria que cayó en desuso, que permiten a una persona ingresar a trabajar legalmente a los Estados Unidos, por un periodo de dos años, sin tener la opción de aplicar a la residencia permanente.

El programa del “parole”, en realidad, no es creación de Biden, sino de la administración de George W Bush, quien en 2006 aprobó el llamado “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos”, que alentaba a médicos y personal cubano de la salud a emigrar a Estados Unidos.

Centros Regionales de Procesamiento (CRP)

Las nuevas medidas, aplicadas por la vía ejecutiva, ordenan crear “centros regionales de procesamiento” en México, Guatemala y Colombia, para procesar las solicitudes del “parole”.

El procedimiento es similar a las solicitudes de asilo en la época de Trump, el que obligaba a los aspirantes a solicitar el asilo en un tercer país, mientras las cortes de migración resolvían la solicitud. La diferencia es que ahora se trata del “parole”, no del refugio o asilo, el que se puede aplicar, pero la aprobación exprés del “parole” es una tentación para el migrante que desea trabajar, aunque sea por tiempo limitado.

Además, no es lo mismo aplicar una solicitud de asilo en suelo norteamericano, con acceso a abogados especialistas y protegido por el sistema judicial, que hacer una entrevista on line en la que el funcionario de migración decide discrecionalmente, si existe “temor creíble”, sin mayores opciones de apelación

La situación es realmente compleja, ya que Estados Unidos necesita mano de obra migrante, pero al mismo tiempo la cantidad de migrantes es superior a las necesidades económicas de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el día que dio a conocer las nuevas políticas migratorias (que por cierto, han sido cuestionadas judicialmente por 17 gobernadores republicanos) declaró que “(…) actualmente hay más de 100 millones de personas en el mundo que están desplazándose, que se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y una vida mejor. Esa cantidad es mayor a la de cualquier otro período que se haya conocido en la historia. Y en nuestro propio hemisferio, estamos enfrentando un desafío migratorio sin precedentes. (…) Estados Unidos recibió seis veces más refugiados de América Latina y el Caribe en 2022, que durante el año previo. Las cifras hasta el momento indican que es muy probable que esas llegadas aumenten más del doble durante 2023” (27/04/2023).

La activa colaboración de México

A pesar de las criticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a las políticas de la administración Biden, en el tema migratorio hay acuerdos sustanciales que ya están siendo aplicados

A inicios de Mayo, la Dra. Elizabeth Sherwood-Randall, asesora en Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se reunió en ciudad de México con AMLO para discutir la implementación de las nuevas medidas migratorias, ya que México es uno de los CRP más cercano.

En una nota de prensa de la Casa Blanca, con fecha 2 de mayo del 2023, se reafirmó que “México reconoció el gran valor potencial de los centros de procesamiento regionales que los Estados Unidos anunció la semana pasada, y se analizó cómo México puede contribuir a su eficacia. Estados Unidos se propone recibir a incluso 100.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador en el marco de procesos de permisos (parole) de reunificación familiar”.

Más adelante, el comunicado conjunto se congratuló que “(…) Esta iniciativa, -que combina una expansión de las vías legales con consecuencias para la migración irregular-, logró la reducción del 95% en las interceptaciones en nuestra frontera compartida. Hoy, Estados Unidos se comprometió a seguir recibiendo a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en el marco de nuestro proceso de permisos de tipo “parole”. Por su parte, México continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios”.

Mientras la administración Biden aplica nuevas políticas migratorias para que quienes ingresen con el “parole” no tengan acceso a la residencia permanente, México colabora recibiendo deportados, quienes se encontraran ante la disyuntiva de regresar a sus países de origen, con las pérdidas económicas que implica, o terminar trabajando en las maquilas mexicanas, que también necesitan mano de obra esclava, con salarios muchos mas bajos que los de Estados Unidos

Por Nassar Echeverria

La derrota de la revolución en Centroamérica, a inicios de los años 90 del siglo pasado, trajo consecuencias graves para todos nuestros países: ofensiva neoliberal, marginalización de las masas populares, dando origen al fenómeno de maras y pandillas, ruina económica, desempleo masivo y constante flujo migratorio hacia Estados Unidos.

La crisis económica mundial y los efectos de la pandemia, han acentuado el fenómeno migratorio: gentes de diversos países de todos los continentes transitan por Centroamérica, un puente obligatorio para llegar a la frontera terrestre de Estados Unidos.

La ofensiva antinmigrante de Trump

A pesar que Estados Unidos se construyó como un país de inmigrantes, Donald Trump conquistó la presidencia de Estados Unidos con un discurso racista y contra los inmigrantes.

Trump libró una lucha sin cuartel para contener la migración legal e ilegal. El 25 de enero de 2017, Trump dictó la orden ejecutiva “Border Security and Immigration Enforcement Improvements”, (Mejoras de la Seguridad Fronteriza y la Implementación de las Políticas Migratorias), que permitía, entre otras cosas, que las autoridades federales suscribieran acuerdos con las autoridades estatales, para investigar, capturar y confinar en centros de detención a los extranjeros que no demostrasen un status legal en Estados Unidos.

El 20 de Febrero de 2017, John F. Kelly, director del Departament Homeland Security (DHS) (Departamento de Seguridad Nacional) dictó el memorándum, “Implementing the President’s Border Security and Immigration Enforcement Improvements Policies”, (Implementación de las mejoras presidenciales de las Políticas Migratorias y de la Seguridad Fronteriza) que legalizaba la captura de menores de edad “no acompañados” en la frontera. En un lapso de tres años, fueron capturados cerca de 155,000 menores no acompañados, hijos de inmigrantes que en su mayoría viven legalmente en Estados Unidos. Estos niños eran originarios del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras)

Sin descansar, el 9 de febrero de 2017, Trump emitió la “Presidential Executive Order on Enforcing Federal Law with Respect to Transnational Criminal Organizations and Preventing International Trafficking”, (Orden Ejecutiva Presidencial de Implementación de la de la Legislación Federal a las Organizaciones Transnacionales Criminales y la Prevención de la Trata Internacional de Personas), con el objetivo de combatir el tráfico de inmigrantes, pero teniendo un especial énfasis contra las pandillas centroamericanas, pero bajo esta definición el objetivo real era frenar la creciente inmigración centroamericana.

El 5 de septiembre de 2017 Donald Trump canceló el programa Deferred Action

for Childhood Arrivals (DACA), (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que protegía a los niños, ahora adolescentes o jóvenes, los “dreamers”, que arribaron ilegalmente a Estados Unidos.

El 6 de noviembre del 2017, el DHS suspendió el Temporary Protected Status (TPS) (Estatus de Protección Temporal) que beneficiaba a 100,000 guatemaltecos, 190.000 salvadoreños, 57,000 hondureños y unos 25000 nicaragüenses.

La embestida contra el derecho de asilo

En mayo del 2019, la administración Trump firmó con el gobierno de Guatemala un acuerdo denominado “Arreglo de Seguridad Fronteriza”, (Arreglo con Guatemala Sobre la Migración Irregular, GAIM por sus siglas en inglés) que obligaba a los migrantes a solicitar asilo en un “tercer país” y esperar los resultados en Guatemala o cualquier otro.

Al mes siguiente, después de un forcejeo entre Estados Unidos y México, en torno a posibles sanciones relacionados con la aplicación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en junio del 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llegó a un acuerdo con la administración Trump, sobre el programa “Quédate en México”, como parte de la nueva política que limitaba el derecho de asilo en Estados Unidos. Bajo ese programa, los solicitantes de asilo tenían que quedarse en México, esperando el resultado de los tribunales de migración. Unos 70.000 inmigrantes que ya estaban en Estados Unidos, tuvieron que viajar a México a esperar la cita y la decisión de las autoridades de migración.

El 20 de septiembre de 2019, Estados Unidos y el gobierno de El Salvador firmaron el "Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de la República de El Salvador para cooperar en examinar los reclamos de protección", relacionados con las peticiones de asilo. Este mismo acuerdo fue suscrito con el gobierno de Honduras, el día 25 de septiembre del 2019.

La ofensiva de Trump arrojó los primeros resultados al arrastrar a México y al Triángulo Norte de Centroamérica, a la nueva política de limitación del derecho de asilo. No obstante, la batalla legal al interior de Estados Unidos permitió la suspensión del avance logrado por Trump. El juez federal Timothy J. Kelly, de la corte del Distrito de Columbia, falló en contra del plan de Trump y ordenó suspenden la medida, mientras resolvía la Corte Suprema de Justicia.

Muchas de las medidas de Trump para detener la migración, fueron frenadas por las autoridades estatales o locales. Trump apenas logro deportar unos 900.000 migrantes, mientras su antecesor, Barack Obama, en sus ocho años de gobiernos deporto dos millones y medio de migrantes.

La reforma migratoria: una incumplida promesa de campaña

Desde la época de Barack Obama, el Partido Demócrata de Estados Unidos se ha convertido en el abanderado de una reforma migratoria que permita legaliza a los mas de once millones de migrantes que viven de manera irregular en ese país.

En su campaña, Biden agitó la defensa de los “dreamers” y abogó por una reforma migratoria, la que siempre ha sido bloqueada por los republicanos, que no quieren que esos migrantes más adelante convertidos en ciudadanos terminen votando por el Partido Demócrata.

Biden prometió que “(…) terminará el trabajo de construir un sistema de inmigración justo y humano, restaurando el progreso que Trump ha revertido cruelmente y llevándolo más lejos. Asegurará nuestra frontera, garantizando al mismo tiempo la dignidad de los migrantes y defendiendo su derecho legal a solicitar asilo (…) y que revertirá inmediatamente las políticas crueles y sin sentido de la Administración Trump que separan a los padres de sus hijos en nuestra frontera (…)”,

Debido a los ajustados resultados de la elección presidencial y de miembros del Congreso para el año 2020, los demócratas no tuvieron los votos suficientes para aprobar la reforma migratoria.

Al producirse el cambio de gobierno, de Trump a Biden, la migración hacia Estados Unidos, lejos de detenerse, subió a niveles nunca antes vistos. Las imágenes de multitudes de migrantes arremolinados en la frontera, esperando el momento propicio para cruzar, eran y siguen siendo realmente dramáticas, porque reflejan la desesperación de las masas que huyen de la miseria y la pobreza, creyendo que en Estados Unidos encontraran la prosperidad.

El rápido retorno a la política de Trump

Biden, al inicio de su mandato, se mostraba flexible con los migrantes por una sencilla razón: las políticas de Trump habían contenido, hasta cierto punto, el flujo de trabajadores migrantes; la reactivación económica posterior a la pandemia, se topó con una escasez de mano de obra barata. En cierte medida, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en un primer momento fue tolerante con el enorme flujo de migrantes, mientras era necesario completar la mano de obra barata

Después se produjo un retorno a las políticas de Trump. Biden intento suavizar el trato a los migrantes al decretar la suspensión del Titulo 42 de la Ley de Inmigración, que Trump había invocado durante la pandemia. Una nueva batalla legal se produjo, esta vez los republicanos desde la oposición, paralizando la medida de Biden en torno a la suspensión del Título 42.

a.- El Parole

Biden creo la política del “parole” (libertad condicional), que no es otra cosa que una visa de trabajo temporal por espacio de dos años, especialmente para contener y regular la masiva migración de cubanos, haitiano, venezolanos y nicaragüenses, siempre y cuando se cumplan con los requisitos impuestos por el ICE.

b.- Solicitud de asilo desde un “tercer país”

Igual que en la época de Trump, las solicitudes de asilo deben tramitarse en un “tercer país”, desde una aplicación móvil creada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) denominada “CBP one” para programar una cita para presentarse a inspección e iniciar una solicitud de protección en lugar de acudir directamente a esperar en un puerto de entrada terrestre.

Para aplicar esta política de Trump, Biden llego a un nuevo acuerdo con AMLO, quien permitirá que unas 30.000 personas cada mes esperen turno en territorio mexicano. Esta política no ha sido derogada ni ratificada por los gobiernos del Triangulo Norte de Centroamérica, pero debido a los roces con los gobiernos de Guatemala y El Salvador, y en menor medida con el gobierno de Honduras, es poco probable que colaboren con la nueva política de Biden, que es la misma de Trump. México se ha convertido en aliado incondicional de las políticas que restringen el derecho de asilo en Estados Unidos

A comienzo de este año, Alejandro Mayorkas, secretario del DHS, lo confirmó: “El mensaje es claro. Las personas deben quedarse donde están y comenzar el proceso allá (…) Quienes utilicen este proceso podrán ser elegibles para permisos de trabajo mientras estén en Estados Unidos (…) Es importante destacar que las medidas anunciadas hoy se están aplicando en estrecha colaboración con México y los gobiernos de todo el hemisferio occidental. Aunque estas medidas ayudarán a resolver algunos de los problemas más graves de la frontera suroeste, no solucionarán todos los problemas de un sistema de inmigración que lleva demasiado tiempo sin funcionar”. (El País, 05/01/2023)

En pocas palabras, quienes no se acojan a esta nueva política no solo serán inmediatamente deportados, sino que tampoco serán elegibles en los próximos años. En febrero de 2023, Mayorkas volvió a insistir: “Estamos reforzando la disponibilidad de un camino seguro, ordenado y legal para que lleguen a Estados Unidos, y al mismo tiempo, proponemos nuevas consecuencias para aquellos que no recurran a los procesos que les ofrecen el país y sus aliados en la región”. (El País, 21/02/2023)

Crisis mundial y migración incesante

Quienes piensan que los demócratas son mas progresistas que los republicanos, se equivocan. Aunque tienen diferentes matices, la realidad ha obligado a Biden a resucitar las políticas de Trump. La crisis económica mundial, el cambio climático, la falta de empleos dignos, obligan a millones a buscar la sobrevivencia en las metrópolis imperialistas de Estados Unidos y Europa. Las políticas contra este tipo de migración pueden contener temporalmente a los migrantes, pero tienden a fracasar por la masividad del fenómeno.

Por Nassar Echeverria

Cuando la administración Biden anunció que las disposiciones administrativas, relacionados el titulo 42 de la Ley de Inmigración, aprobadas bajo la administración Trump, quedarían sin efecto a partir de abril del 2022, no se dio cuenta que estaba abriendo la caja de pandora.

Mas reuniones y acuerdos que no detienen la migración

Para contener el creciente aumento en la migración, el 14 y 15 de marzo de este año, por cuarta ocasión, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, viajó a México a reunirse con el presidente Manuel López Obrador (AMLO), para que ayudase a contener la oleada migratoria.

Al salir de la reunión, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, declaró: “tenemos ya varias ideas en común, el presidente le dijo vamos a enfatizar, insistir, en lo que se debe hacer hacia Centroamérica y en que a lo mejor podemos tener un acuerdo o un plan común de acción” (VOA 15/03/2022)

No es la primera vez en la historia que Estados Unidos utiliza a México para definir e imponer sus políticas en Centroamérica. En conferencia de prensa, AMLO declaró que la mejor repuesta a la migración “(…) es lo que estamos nosotros planteando y estamos llevando a cabo: que haya trabajo en Centroamérica, que tengan oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida (...) la gente no se echa a andar por gusto, es por necesidad, la mayoría son jóvenes que quieren salir adelante, progresar” (Infobae, 14/03/2022)

Evidentemente, más que contener la migración de centroamericanos, AMLO está interesado en que, bajo el argumento de crear fuentes de trabajo, las empresas mexicanas terminen de copar el mercado centroamericano.

Al día siguiente, Mayorkas firmó en Costa Rica, con el entonces presidente Carlos Alvarado, un acuerdo para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

En esa oportunidad, Mayorkas declaró: debemos "explorar opciones para fortalecer los programas actuales de integración de las personas migrantes, solicitantes de refugio y personas refugiadas (…) "Este acuerdo habla de posibilidades (...). Y las posibilidades se convierten en realidades cuando invertimos en la gente. Creamos oportunidades de desarrollo y caminos para que las personas alcancen sus sueños de una mejor vida". (france24.com)

Estas declaraciones reflejan la intención de la administración de Biden de contener a los mas de 120,000 nicaragüenses en suelo costarricense, evitando que migren hacia Estados Unidos

Un mes después, funcionarios norteamericanos y del gobierno de Laurentino Cortizo, firmaron la “Carta de Entendimiento Sobre Gestión Migratoria y Protección a Migrantes” que, con el pretexto de la defensa de los derechos humanos, pretende que Panamá regule y restrinja el paso de migrantes, especialmente de Venezuela y Colombia

Debilitamiento de la clase trabajadora

En año fiscal del 2022 (del 1 de octubre al 30 de septiembre), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por su sigla en inglés) informó que fueron capturados un total de 2.766.582 personas, un 38% más que los detenidos en el año 2021. Los migrantes provienen de toda América Latina y de diversas partes del mundo

Pero llama la atención las cifras de migrantes centroamericanos que huyen de la barbarie. Fueron detenidos 238.061 guatemaltecos, 214.975 hondureños, 164.600 de nicaragüenses y 97.197 salvadoreños. En total, 714.233 personas que huyen de la miseria y el desempleo que predomina en Centroamérica, region donde los necesarios cambios democráticos fueron frustrados o revertidos.

Aunque la región Centroamericana es un punto de paso obligatorio de los migrantes, Costa Rica y Panamá son los dos países de la región que registran un bajísimo número de migrantes detenidos.

Estas oleadas migratorias están compuestas fundamentalmente por trabajadores desempleados. La clase trabajadora se debilita numéricamente, y pasa a formar parte de la clase trabajadora de Estados Unidos.

Las remesas rondan el 20% del PIB

El fenómeno del aumento de la migración esta relacionado directamente con el aumento de las remesas. El Banco de Guatemala informo que solo durante el primer semestre de 2022 se recibieron 8.711 millones de dólares en remesas, lo que equivale a 1.745 millones de dólares más (el 25 %) que entre enero y junio de 2021, lo que representa alrededor de un 16% del Producto Interno Bruto (PIB). En El Salvador, en el año 2021, las remesas ascendieron a US$7,517.1 millones, creciendo 26.8%, representando un 26.2% del PIB. Honduras recibió 6,102.4 millones de dólares en remesas hasta mediados de septiembre del 2022, lo que representa el 19 por ciento del PIB. Nicaragua cerrará el año 2022 con mas de 2100 millones de dólares en remesa, un aumento del 38% en relación al año anterior, lo que representa un 17% del PIB.

Nuestros países no solo se desintegran lentamente, sino que, además, el funcionamiento mínimo cada vez mas depende de las remesas.

Por Orson Mojica

El lunes 22 de agosto se desarrolló en San Salvador, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la segunda conferencia “Sobre el futuro de Centroamérica”, en la que no participaron los cancilleres del área, sino que la delegación estuvo a nivel de embajadores. Todo indicaba que sería otra reunión aburrida de burócratas del SICA, pero el presidente Nayib Bukele destapó la caja de sorpresas al develar su plan de constitución de la Unión Centroamericana (UNCA).

El vicepresidente Félix Ulloa, delegado especial para asuntos centroamericanos, fue el encargado de dar conocer públicamente la existencia de un documento, que había circulado discretamente con anterioridad entre los presidentes centroamericanos, titulado “Propuesta de Tratado Constitutivo de la Unión Centroamericana (UNCA)”. El documento, lamentablemente, todavía no está disponible al público, por lo que deberemos analizar los retazos mencionados en los informes de prensa.

Del MCCA al SICA

El SICA sustituyó al Mercado Común Centroamericano (MCCA), un modelo de sustitución de importaciones que fue impulsado cuando las dictaduras militares predominaban en Centroamérica, y que creó una industria manufacturera en toda la región. La crisis del MCCA significó también la crisis de las dictaduras militares, en los años 70 y 80 del siglo pasado, y el ascenso de la lucha guerrillera cuyo máximo exponente fue el triunfo del sandinismo en 1979 en Nicaragua.

Pero a partir de los Acuerdos de Esquipulas II en agosto de 1987, la marea revolucionaria comenzó a descender. En 1990 el FSLN, acosado por la guerra civil, perdió las elecciones y se inició un acelerado proceso de suscripción de Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala.

El derrumbe de la URSS, el triunfo electoral de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, y el inicio de la contraofensiva neoliberal en todo el mundo, fueron casi simultáneos en 1990-1991. Habiendo desaparecido el MCCA, el imperialismo norteamericano, el gran vencedor de la guerra fría, rediseñó su dominación en Centroamérica. El SICA fue la expresión del nuevo orden neocolonial en Centroamérica, después de consumarse la derrota de la revolución centroamericana,

A inicios del siglo XX, Estados Unidos afianzó su control sobre los pequeños países de Centroamérica, por medio de la conferencia de Paz Centroamericana realizada en Washington en 1907, un esquema de dominación que duró 70 años, hasta los turbulentos años 70 y 80.

El SICA fue un nuevo esquema de dominación neocolonial, especialmente diseñado para impulsar las políticas neoliberales, que permitieran la creación de un mercado regional, que fuese dominado por las transnacionales pero que al mismo tiempo fuese el sustento económico de los nuevos y frágiles regímenes democráticos, que sustituyeron a las dictaduras militares, todo bajo control e influencia de Estados Unidos. Por ello el SICA nunca se planteó la necesidad de una integración política, sino simplemente la creación de una zona de libre comercio regional.

El mercado regional y la burguesía emergente

Después de más de 30 años de existencia del SICA, los regímenes democráticos creados a raíz de los Acuerdos de Paz (1987,1992 y 1996) prácticamente han colapsado. Quizá el único logro del SICA es que efectivamente existe un mercado regional, y que los artificiales Estados nacionales son cada vez más interdependientes. No obstante, este ha sido un proceso natural del capitalismo y no necesariamente se debe a las políticas del SICA.

Un fenómeno interesante de los últimos 30 años, marcados por la ofensiva neoliberal y la decadencia del SICA, es el surgimiento de sectores burgueses emergentes que luchan por abrirse espacio dentro del mercado regional, muchas veces en una dura pelea contra los sectores tradicionales de la burguesía y de las oligarquías, que siempre han sido aliadas o agentes directos del imperialismo norteamericano.

Este es el origen real de los conflictos interburgueses en casi todos los países de la región. Esta nueva burguesía emergente, compuesta por militares, comerciantes, y productores que venden sus productos en el mercado regional, son lastimados por las políticas neoliberales, que no les permite sobrevivir en la libre competencia. Los altos niveles de corrupción tienen que ver con esta poderosa necesidad de la burguesía emergente de acumular capital, en una dura competencia con las transnacionales y con los sectores tradicionales de la burguesía, que casi siempre son agentes de las políticas del imperialismo norteamericano.

Esta burguesía emergente tiene contradicciones cada vez más agudas con Estados Unidos, por las reglas del juego que les imponen y que no les permite acumular capital. No es una casualidad que los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, tienden a mantener posturas similares y contradicciones cada vez mas fuertes con Estados Unidos.

Esta burguesía emergente no es antiimperialista, para nada, solo está luchando por sobrevivir, y por ello el mercado regional es el único espacio donde puede crecer y desarrollarse.

La propuesta de creación de la UNCA

Nayib Bukele forma parte de esta burguesía emergente que necesita el mercado regional como su espacio vital. No es una casualidad, pues, que Bukele, aprovechando su popularidad momentánea, haya lanzado la propuesta de crear la UNCA.

Según la exposición de Feliz Ulloa, la propuesta contempla que la UNCA estaría constituida, inicialmente, por “los ocho países que hacen parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)", es decir, pretende impulsar una reforma total del anquilosado SICA, que fue creado en diciembre de 1991, mediante la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa.

La UNCA es una mala copia de la Unión Europea (UE), que por cierto se conformó de diferente manera y bajo otros intereses económicos. La UNCA sería "una organización regional supranacional, con personalidad jurídica propia" y que tendría "alcances en lo económico, político, monetario, fiscal, social, seguridad democrática y ambiental". Sus resoluciones y leyes serían vinculantes, por encima de la que aprueben los Estados. En pocas palabras, aunque Bukele no lo dice abiertamente, una nueva forma de Estado, una especie de confederación.

Los organismos superiores de la UNCA estarían conformados por el Consejo de la Unión, integrado por los jefes de Estado de los países miembros; un Parlamento, sin especificar si sería el mismo Parlamento Centroamericano (PARLACEN) o si este seria conformado de diferente forma, por un Tribunal Centroamericano sin especificar si sería la actual Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) o cambiaria su naturaleza y competencias, además del Consejo de Ministros, una Comisión, una Contraloría, entre otras instituciones.

La UNCA “debe convertirse en un organismo autónomo, sostenible e independiente económicamente de los Estados miembros”. Manteniendo la existencia de los Estados nacionales, se crearía, según Bukele, un “Estado supranacional”.

Las similitudes entre la estructura de la actual UE y la hipotética UNCA son como dos gotas de agua, pero con realidades totalmente diferentes.

¿Es posible la reforma del SICA?

En ese sentido, la propuesta de la UNCA pretende romper las fronteras del SICA, transformándolo completamente, mediante la suscripción de un nuevo Tratado que deben firmar y aceptar todos los Estados que conforman al SICA. ¿Puede el SICA auto transformarse? Construir una unidad política con las ruinas del SICA es poco probable.

La propuesta “unionista” de Bukele descansa sobre una piedra angular: la reforma del SICA por medio de un tratado cuyo borrador podría estar finalizado en 2024 y que deben firmar todos los Estados miembros. Aquí es donde comienzan los problemas. Para reformar totalmente al SICA, y pasar de la integración económica a la integración política, se requiere la unanimidad de todos los Estados, que haya un fenómeno de confluencia política de todos los Estados, una unanimidad imposible.

El SICA fue diseñado como un organismo de control de Estados Unidos sobre los países de Centroamérica, precisamente para que no se reconstruya el Estado Federal. Para reformar al SICA se debe romper con ese control que ejerce los Estados Unidos a través de sus agentes. Y este es un camino de transformaciones revolucionarias, que la burguesía emergente no podrá impulsar ni culminar, a pesar de sus contradicciones con Estados Unidos.

El fracaso de los sucesivos tratados de la unión centroamericana

Después de la disolución de la República Federal de Centroamérica en 1838, todos los intentos de reconstitución de la unidad centroamericana fracasaron en el siglo 19 y en el siglo 20, precisamente porque se basaban en la firma de tratados que no se cumplían.

Bukele pretende iniciar la marcha por un camino ya conocido: los reiterados fracasos de los tratados de integración.

El 28 de febrero de 1885, Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, proclamó de manera unilateral y por métodos militares la “Unión de Centroamérica”, siendo asesinado en la batalla de Chalchuapa. El 15 de octubre de 1889, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica suscribieron el Tratado o Pacto de Unión Provisional de los Estados de Centroamérica que creó la República de Centroamérica, pero el tratado no se cumplió.

El 15 de septiembre de 1898, bajo los auspicios del general Jose Santos Zelaya, presidente de Nicaragua, con la participación de Honduras y El Salvador, se promulgación la Constitución y se creó los Estados Unidos de Centroamérica

El 19 de enero de 1921, con motivo de los 100 años de la primea independencia de Centroamérica, los gobiernos de Guatemala, Honduras, el Salvador y Costa Rica, suscribieron el Pacto de Unión, en San José, Costa Rica, pero tampoco se cumplió.

El 12 de septiembre de 1946, los gobiernos de Guatemala y el Salvador firmaron el Convenio de Santa Ana, que se materializo en el Pacto de Unión Confederada de los Estados Unidos de Centroamérica, firmado el 8 de abril de 1947.

La presión externa de Estados Unidos, por un lado, y la incapacidad de las débiles burguesías y oligarquías, las que preferían negociar por separado con Estados Unidos, la existencia de las ridículas fronteras nacionales y los privilegios que se derivaban, por el otro, han sido factores claves que han impedido la reunificación de Centroamerica.

En realidad, la reunificación de los países de Centroamérica, después de más de 150 años en el que las burguesías y oligarquías han creado fronteras artificiales, y han fomentado una falsa conciencia nacional para borrar nuestro origen común, se logrará solo mediante la movilización revolucionaria de las masas. La creación de una confederación o federación centroamericana será un proceso de intensa lucha política, o no será.

Más artículos…

Hemeroteca

Archivo