Por Armando Tezucún

La primera visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a un país latinoamericano se realizó en Costa Rica el 1 y 2 de junio. Efectuada en el marco de la reunión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la llegada de Blinken al país centroamericano revela la fuerte importancia que la administración Biden otorga al área, pues es fuente de las olas migratorias que se han convertido en un grave problema para el gobierno de Estados Unidos.

Blinken arribó a Costa Rica el martes 1 de junio a las 12:45 hora local, reuniéndose primero con el presidente Carlos Alvarado y su canciller Rodolfo Solano; luego tuvo un encuentro con los cancilleres de Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Panamá, Nicaragua, República Dominicana y México, así como reuniones bilaterales con cada uno de estos países. Acompañó al secretario de Estado una delegación integrada por Julie Chung, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental; Tom Sullivan, jefe de personal adjunto del Departamento de Estado; Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte; y Edward Price, vocero del Departamento de Estado.

El idilio entre los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica

La burguesía tica, a través de los medios de comunicación, hizo alarde de su alianza con el gobierno estadounidense y del hecho de que Blinken escogiera este país para su primer viaje a Latino América. El secretario de Estado enfatizó los principios, objetivos e intereses compartidos entre ambos países en una serie de temas; entre ellos están el respeto y la promoción de la democracia y los derechos humanos, una fuerte cooperación en materia de seguridad, la promoción de una economía verde basada en energías renovables, procesos productivos limpios y el reciclaje. Además, subrayó que Costa Rica es considerado el país más seguro y estable de la región, donde se asientan 200 empresas estadounidenses con inversiones en la producción de farmacéuticos, biotecnología, electrónica, procesamiento de alimentos y call centers; y unos 120 mil ciudadanos gringos que viven como residentes.

Para el empresariado costarricense, la visita puede consolidar la posición del país como aliado clave de los estadounidenses en el istmo, y abrir nuevos ámbitos de cooperación y aportes a la democracia, al crecimiento económico, la estabilidad y el Estado de derecho (La Nación 04/06/2021).

Los elogios de Blinken al sistema político y económico de Costa Rica, y las autoalabanzas del gobierno y la burguesía ticos contrastan con la grave crisis fiscal que atraviesa el país, y sobre todo con la política de choque que se ha aplicado contra las y los trabajadores de los sectores público y privado. Aprovechando la pandemia del Covid-19, el empresariado y diputados del legislativo autorizaron la suspensión de contratos de trabajo y la suspensión de jornadas laborales y reducción de salarios hasta en un 75%, lanzando a miles de trabajadores a una situación de miseria. Por otro lado, el gobierno ha responsabilizado a los trabajadores del sector público por el déficit fiscal, lanzando un ataque contra los salarios al suspender por dos años el pago de anualidades y congelando los salarios por dos décadas, negando incluso cualquier reajuste por incremento del costo de la vida o inflación.

Esta criminal política de empobrecimiento sistemático de la población impulsada por el gobierno y la burguesía ticos ha sido implícitamente avalada por la administración Biden, poniendo en evidencia que pese a los matices que diferencian a republicanos y demócratas, ambos partidos representan los intereses de las grandes corporaciones y multinacionales del imperialismo estadounidense.

“Defender la democracia y combatir la corrupción”

El encuentro de Antony Bliken con los representantes de los gobiernos del área y México se centró en un llamado a la defensa de los sistemas democráticos y el combate a la corrupción, como acciones clave para combatir las causas del enorme flujo de migrantes hacia Estados Unidos. El secretario de Estado declaró: “Demasiados jóvenes de la región anhelan desesperadamente una vida mejor, por lo que arriesgan todo para emprender un viaje muy peligroso hacia el norte… debemos trabajar juntos para que sea más seguro para la gente de Centroamérica quedarse en casa sin miedo y con la esperanza de un futuro mejor" (Swissinfo.ch 02/06/2021).

Recordó que el gobierno de Biden prometió ya un apoyo de US$ 4 mil millones para impulsar el desarrollo de Honduras, Guatemala y el Salvador, por un período de cuatro años. Esto además de otra ayuda de US$ 310 millones destinada a la seguridad alimentaria y asistencia a comunidades vulnerables.

Blinken hizo referencia a las diferentes situaciones que se están dando en los países del área, donde hay graves violaciones a los derechos humanos, ataques a organizaciones sociales, sometimientos de los poderes del Estado al ejecutivo, etc. “Los buenos gobiernos son cruciales para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades. Sin embargo, nos reunimos en un momento en que la democracia y los derechos humanos se ven socavados en muchas partes de la región…Lo vemos en la erosión de la independencia del poder judicial, la represión de los medios independientes y las organizaciones no gubernamentales, la proscripción de los opositores políticos y el retroceso en la lucha contra la corrupción” (Semana 02/06/2021).

En este punto, el funcionario se hizo eco de las críticas de Washington contra las medidas bonapartistas del presidente Bukele en El Salvador al destituir al fiscal general y magistrados de las cortes de justicia; así como a la dictadura orteguista en Nicaragua, que no ha tenido empacho en perseguir descaradamente a los candidatos opositores, para que Daniel Ortega se pueda reelegir para un cuarto mandato; durante su estadía en San José Blinken publicó en su cuenta de Twitter: “Prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición Cristiana Chamorro refleja el miedo de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real” (Divergentes 03/06/2021). Esto incluye también los intentos por parte del gobierno y Congreso guatemaltecos de acallar a fiscales y jueces que han perseguido a políticos y empresarios corruptos, y la penetración del narcotráfico en las esferas gubernamentales en Honduras. Blinken pidió a los gobiernos del área, sin importar si son de orientación política de centro, derecha o izquierda, a mejorar sus sistemas democráticos, y mejorar las vidas de las personas para evitar que migren hacia el norte.

La rivalidad de Estados Unidos con Rusia y China

Una de las razones de fondo de la reciente ofensiva diplomática de Estados Unidos en el área es frenar el avance de los intereses de los imperialismos chino y ruso en la región centroamericana. La competencia inter imperialista se ha agudizado por la carrera de los gobiernos por obtener vacunas para inmunizar a la población de la región. Incluso el canciller mexicano Ebrard viajó a Rusia y Europa para acelerar la recepción de vacunas por parte de su país. El gobierno chino ha enviado más de 165 millones de dosis de su vacuna a América Latina y el Caribe. Algunos países latinoamericanos dependen en gran medida de las vacunas chinas, incluyendo El Salvador, Brasil, Chile y Uruguay, si bien el gobierno de Beijing niega que esté distribuyendo vacunas a cambio de favores políticos (The Washington Post 01/06/2021). Guatemala realizó una compra millonaria de la vacuna Sputnik a Rusia. Desde hace unos años El Salvador ha estado construyendo lazos comerciales con China, y la misma Costa Rica tiene relaciones diplomáticas con este país desde 2007, aunque no las ha utilizado como una alternativa a Washington.

Como respuesta, el secretario de Estado estadounidense anunció que su país distribuirá 80 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo, incluyendo América Latina. Aunque Blinken no explicó cómo serían distribuidas estas vacunas, dijo que en dos semanas su gobierno estaría anunciando el proceso de distribución, trabajando en coordinación con Covax.  

Hacer espacio para la inversión extranjera

A pesar de que ya otros funcionarios de Washington han aclarado que los US$ 4 mil millones de ayuda no serán canalizados a través de los gobiernos del área, sino por medio de agencias estadounidenses como la AID y organizaciones de la sociedad civil, el plan del gobierno de Biden para impulsar el desarrollo local y frenar la migración depende en última instancia de la llegada de capitales extranjeros, de inversiones de las multinacionales. Esto lo dejó ver claramente Blinken, al afirmar: (la confianza de las familias en un mejor futuro) “…requiere algunas cosas muy básicas como trabajos, y esos trabajos a menudo se derivan de la inversión. Y la inversión, a su vez, requiere que los países y los gobiernos tomen ciertas medidas para asegurarse de que haya un entorno de inversión que atraiga empresas, que atraiga inversiones. Y ahí, nuevamente, estado de derecho, transparencia, un poder judicial predecible…” (Divergentes, 03/06/2021).

Detrás de este bonito discurso está la visión de las multinacionales y las oligarquías locales, para quienes las verdaderas inversiones van de la mano con exenciones de impuestos en zonas francas, flexibilización laboral, bajos salarios, etc., medidas que precisamente perpetúan la pobreza y la miseria. En la medida en que no afecten las estructuras oligárquicas y los capitales transnacionales, los planes del gobierno de Biden quedarán en pura demagogia; mientras, los poderes locales están girando hacia la limitación de las libertades democráticas y el autoritarismo. Al final Biden terminará aliándose a estos poderes.

Por Armando Tezucún

Durante los primeros días de abril visitó el Triángulo Norte centroamericano la primera delegación oficial del gobierno estadounidense de Joseph Biden. Inicialmente la representación iba a ser presidida por Juan González, encargado de Latinoamérica y el Caribe del Consejo de Seguridad Nacional, y su arribo a Guatemala estaba programada para el 24 de marzo, después de pasar por México donde se reuniría con funcionarios gubernamentales; sin embargo, la expulsión de ceniza del volcán Pacaya inhabilitó el aeropuerto guatemalteco y la visita se tuvo que posponer para el 5 de abril.

Ese día arribó a la capital guatemalteca la comitiva presidida por el enviado especial para el Triángulo Norte Ricardo Zúñiga, quien es asesor del secretario de estado y la subsecretaria interina de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental. La visita se extendió hasta el jueves 8, después de permanecer dos días en El Salvador. La administración Biden evitó que sus representantes pasaran por Honduras, en un gesto de desaprobación al presidente Juan Orlando Hernández, por las acusaciones de narcotráfico en su contra, limitándose a un encuentro en Washington con el canciller hondureño Lizandro Rosales.

La llegada de los funcionarios se produjo en el marco de la preocupación de la administración Biden por el dramático incremento de migrantes centroamericanos que intentan llegar a sus fronteras, luego de la flexibilización de las políticas hacia los migrantes procedentes del área respecto a las medidas criminales anti migratorias del expresidente Trump.

La nueva política de Estados Unidos para frenar la migración

Cuando Joe Biden fue vicepresidente de Barak Obama, estuvo a cargo de la política migratoria del gobierno, implementando el fracasado plan Alianza Para la Prosperidad. Los nuevos lineamientos de su administración heredan aspectos de las acciones de Obama, pero con un distanciamiento respecto de los actuales gobiernos del área. Ahora el gobierno Biden reconoce que las causas del flujo migratorio de centroamericanos obedecen a la pobreza y extrema pobreza que prevalecen en el Triángulo Norte, y la enorme inseguridad, violencia y el peligro que representan las maras y pandillas. Sin embargo, no reconocen que en la base del problema está la existencia de grupos oligárquicos que concentran las riquezas y recursos de la región, que por décadas han evitado pagar impuestos y han fomentado estados débiles y faltos de recursos para atender las necesidades básicas de la población, creando estructuras sumamente injustas de distribución de las riqueza; oligarquías que han sido acuerpadas por los mismos gobiernos estadounidenses, creando un capitalismo que depende de las multinacionales y las empresas imperialistas.

El nuevo paradigma de la administración Biden es que la pobreza, y por ende la enorme migración hacia el norte, es causada por la corrupción imperante en los gobiernos del área, y el crimen organizado, y, por lo tanto, el desarrollo económico dependerá de que funcione el “estado de derecho” y los sistemas de justicia. En consecuencia, dado que los gobiernos del Triángulo Norte están bajo graves acusaciones de ser presa de estructuras de funcionarios corruptos, Estados Unidos recurrirá a las organizaciones de la sociedad civil para implementar su política. De hecho, la ayuda de US$ 4 mil millones anunciada para frenar la migración, será entregada no a los gobiernos, sino a ongs nacionales e internacionales que trabajan directamente con la población.

Los funcionarios a cargo brindaron múltiples declaraciones en ese sentido. Juan González dijo: “Aquí no importa si es de izquierda, de derecha o del centro. La sociedad civil demanda de los gobiernos transparencia, objetividad, respeto a los derechos humanos y un sistema judicial que responda a todos, eso es algo fundamental” (Prensa Libre 24/03/2021). Por su parte, Zúñiga declaró que “El combate a la corrupción será el eje central de la política de Biden hacia Centroamérica”.

La delegación gringa en Guatemala

La delegación encabezada por Zúñiga arribó a la capital guatemalteca a mediodía, y de inmediato se reunió con el ministro de relaciones exteriores Pedro Brolo. Luego, a las 16:30 horas tuvo un encuentro con el presidente Alejandro Giammattei y sus ministros; y por la noche se reunió con representantes de la sociedad civil. El día siguiente los funcionarios sostuvieron tres reuniones bilaterales de “carácter privado” en las que se analizó el desarrollo económico, la seguridad y la migración. El gobierno de Giammattei de entrada anunció que todas las reuniones tenían un carácter privado, y que estaba prohibido el ingreso de periodistas.

Zúñiga y su comitiva asumieron una actitud prudente en su reunión con Giammattei, pese a las duras declaraciones emitidas por congresistas y otros funcionarios estadounidenses. De acuerdo a Zúñiga, las conversaciones fueron claras y constructivas, exponiendo la preocupación de Estados Unidos por temas como la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el fortalecimiento del estado derecho y el combate a la corrupción, reconociendo que ambos países son socios y amigos “los amigos hablan claro sobre las percepciones de lo que entienden” “Estamos teniendo conversaciones abiertas y hablando francamente” “Respetamos la soberanía guatemalteca -pero- pensamos que una Guatemala estable, pacífica, próspera y con instituciones fuertes favorece nuestros intereses que están siendo tocados todos los años por esa falta de esperanza” (Prensa Libre 7/04/2021).

En acuerdo con la nueva política de canalización de los fondos de ayuda, en las reuniones también participaron personeros de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Y para resaltar su apoyo al combate a la corrupción, Zúñiga recibió a jueces y responsables de justicia que se han destacado en la persecución de personajes corruptos, como el fiscal Francisco Sandoval, la magistrada de la CC Gloria Porras, y las juezas Erika Aifán y Yassmín Barrios. Entre las organizaciones de la sociedad civil que se reunieron con la delegación estuvieron la Plataforma de Mujeres Indígenas, la premio Nóbel de la paz Rigoberta Menchú, el alcalde Indígena de Sololá Lorenzo Castro y el presidente de los 48 Cantones de Totonicapán Martín Pedro Toc.

La propuesta de los empresarios

En última instancia el imperialismo gringo busca solucionar el problema migratorio sin tocar la estructura capitalista de la región y de la mano con las burguesías locales. Por eso el enviado Zúñiga refirió que hay empresarios que también quieren un Estado de Derecho. “No es una situación donde si uno gana el otro tiene que perder, no es así, nuestro mensaje es cuando hay un fuerte Estado de Derecho todos ganan y no es una cuestión de quitarles a unos para darles a otros, no, es de construir oportunidades para la sociedad en general” (La Hora 6/04/2021).

Las organizaciones empresariales presentaron a la misión estadounidense un plan de estímulo a la economía llamado “Guatemala no se detiene”, haciéndolo pasar como un plan de generación de empleo. Este plan se basa en el incremento de las exportaciones en US$ 5 mil millones para 2030, y la atracción de US$ 300 en inversiones extranjeras directas. En otras palabras, quieren hacer pasar el aumento de sus negocios y ganancias por un plan de mejora del empleo para la población, siguiendo la desgastada y desprestigiada teoría del derrame; y además ocultando en su presentación a los gringos que todos sus planes de negocios incluyen anheladas políticas de flexibilización laboral y salarios diferenciados, generadores de pobreza.

Bukele evade la reunión con Zúñiga

Desde el miércoles 7 que la delegación estadounidense arribó a El Salvador, se trató de acordar una reunión con el presidente Nayib Bukele, sin éxito. De los altos funcionarios del gobierno salvadoreño, solamente la ministra de relaciones exteriores Alexandra Hill tuvo un encuentro con los enviados de Biden. “En este viaje pedimos cita con el presidente, pero nunca confirmamos esa reunión, sin embargo, tuvimos excelentes reuniones con la canciller para llevar adelante la relación. Mi objetivo era conversar con todo el espectro de la sociedad y conseguimos hacer nuestra labor”, aseguró Ricardo Zúñiga (La Prensa Gráfica 8/04/2021). En efecto, el enviado declaró en rueda de prensa que se logró reunir con empresarios, sociedad civil, el fiscal general, miembros de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en el Salvador (CICIES).

Según algunas fuentes, la negativa de Bukele a reunirse con Zúñiga se debe a las críticas hechas en su contra por funcionarios estadounidenses que ponen en duda su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho; en especial los comentarios hechos por el portavoz del Departamento de Estado Ned Price, en el sentido de que Estados Unidos espera que Bukele restaure una “fuerte separación de poderes donde se han erosionado y demuestre el compromiso de su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas” (La Prensa Gráfica 8/04/2021). También influyó la reciente disputa en redes que tuvo Bukele con la congresista demócrata Norma Torres.

Solo los trabajadores tienen la solución

El plan de la administración Biden para frenar la migración está destinado al fracaso, al igual que fracasó el Plan Alianza Para la Prosperidad. La razón es que deja incólumes las estructuras de opresión y explotación que por décadas han reducido a la población del Triángulo Norte a la pobreza, la miseria y la inseguridad. Es este sistema capitalista retorcido, que funciona para el beneficio de las oligarquías, el que no puede funcionar si no es mediante la corrupción y el saqueo de los recursos públicos. Son las y los trabajadores, campesinos, mujeres, jóvenes, indígenas lo que tienen en sus manos las radicales transformaciones democráticas y anticapitalistas que nuestra región necesita.

Por Oliverio de la Torrente

El gobierno de Guatemala presento el pasado siete de diciembre la demanda ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Países Bajos; por el diferendum territorial con Belice; el gobierno de este de ese Estado, tendrá un año y medio para presentar su contra demanda.

Esto recordemos, es parte de lo acordado entre los gobiernos de presentar el conflicto que se remonta al siglo 19 ante la CIJ, a partir de los referéndum realizados en ambos países,  para que procediera de esa manera. Ante el fracaso de la Organización de Estados Americanos que por muchos tiempo asumió como el ente,  para resolver la disputa.

Cada pais realizo sus referéndum, el 15 de abril de 2018 Guatemala con una bajísima participación, solo 26.65 por ciento, es decir un poco mas de dos millones de votos, de un universos de siete millones y medio, de votantes. El triunfo fue por el Si, es decir que el caso lo conozca la CIJ, con el 95.88 de los votos, por su parte se registraron 90,420 votos en blanco y 43,612 votos nulos.

Belice lo realizo el 08 de mayo de 2019, después de conflictos legales entre la oficina del Primer Ministro y el opositor  Partido Unido del Pueblo (PUP) ante  la Corte Suprema de Justicia. Aquí participo, el 65.4 %, es decir 97,119 votos de un universo de 148,500 votantes. Ganando también el Si, con 55.37 % de los votos sobre el No, con 44.63 %.

La baja participación en la Consulta en Guatemala y el numero de votantes a favor del No en el referéndum, en Belice; muestra como los pueblos consideran poco prioritario y totalmente alejado de las necesidades de ambos, la forma en que la disputa territorial se esta llevando a cabo. Es decir, estas no sol soluciones reales, que satisfagan una visión común y desde la óptica de la clase trabajadora, en ambos países Los gobiernos entraran entonces, en una largo y costoso procedimiento ante la CIJ; de hecho se dio a conocer, el equipo que representara a Guatemala, conformando por cuatro abogados europeos y un argentino, expertos en conflictos territoriales, cuyos pagos serán altísimos

La demanda de Guatemala sobre Belice se centra, a partir del reclamo sobre un territorio de 11,030 Km cuadrados, desde Rio Sarstún al sur y el vértice de Gracias a Dios, hasta  el Salto de Garbutt´s, en el río Simún; es decir la mitad del territorio meridional  de esa nación. Estas tienen su origen,  en las concesiones que la corona española le otorgo a compañías madereras británicas y que después el Reino Unido se anexiono ese territorio, avanzando hacia el sur, bajo el nombre de Honduras Británicas, pese a los tratados de devolución de territorios anexionados por Londres contra las posesiones españolas de finales del siglo XVIII.

Este conflicto continuo primero con la República Federal Centroamericana, donde se reconocía a Belice como parte del Estado de Guatemala y luego con este ya separado, donde se reconoció,  la posesión septentrional inglesa, de ese territorio. En 1859 se firma el Tratado Wyke-Ayicinena, Guatemala reconocía la soberanía británica a cambio de construir una carretera de parte del Reino Unidos, lo cual no realizo y posteriormente, la suma de una cantidad, que tampoco entrego.

El pasado 11 de noviembre se realizaron elecciones en Belice (bajo un régimen parlamentario y uninominal) donde el PUP logro la mayoría en el parlamento, convirtiéndose John Briceño nuevo primer ministro de ese partido, sobre el Partido Democrático Unido. El nuevo partido gobernante,  de filiación laborista con base en los sindicatos de empleados públicos, representa a las fuerzas que siempre abogaron por la descolonización, sin embargo en sus gobiernos, no han logrado dejar de ser  súbditos de la corona británica; esta impone aun un Gobernador General.

En 1991 Guatemala reconoció la independencia de Belice lograda en 1981, manteniendo el reclamo territorial mencionado. En este pais,  los militares siempre usaron este reclamo bajo el falso argumento que Belice es de Guatemala, para desviar la atención de la ira popular contra la dictadura militar. En la actualidad los partidos de derecha que han gobernado, lo siguen haciendo.

El reclamo territorial de Guatemala es excesivo, el pueblo beliceño tiene derecho a la autodeterminación El primer país, reclama resolver los límites de la zona económica marítima donde existen recursos naturales importantes, lo cual debe ser discutido para beneficios de ambos pueblos. Además los militares beliceños,  deben dejar de amenazar y agredir a campesinos guatemaltecos, como usualmente hacen, lo cual requiere resolver la situación de la Zona de Adyacencia, donde pasa la línea fronteriza en ambos países

Como lo planteamos en nuestra declaración del 08 de abril de 2018, partiendo de que ambas naciones somos parte de una entidad común centroamericana. Proponemos: 1) el retiro de los ejércitos beliceño y guatemalteco de la Zona de Adyacencia; 2) la libre circulación por esta zona, de ciudadanos de toda Centroamérica; 3) la fraternización de las organizaciones campesinas e indígenas fronterizas de ambos países, y que entre ellas decidan democráticamente sobre el uso de los bosques, tierras y demás recursos; 4) que el diferendo sea resuelto, no por los organismos internacionales del imperialismo, sino por Asambleas Constituyentes de trabajadores y campesinos, populares y soberanas de ambos países.

Por Leonardo Ixim

El presidente estadounidense electo Joseph (Joe) Biden presentó un nuevo plan de desarrollo para el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye a los países de El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta nueva iniciativa es la enésima presentada por distintas administraciones gubernamentales de Estados Unidos, con énfasis en generar condiciones para superar la pobreza.

Una historia de intervenciones

Estos países han sido el patio trasero para el imperialismo estadunidense desde que se fueron consolidando los grandes monopolios de ese país a finales del siglo XIX, concibiendo el Mar Caribe y Centroamérica en general, como una vía importante para sus mercancías y coto para sus inversiones.

La política exterior de esa potencia, siempre ha girado entre el poder duro y el poder blando. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante el enfrentamiento contra la Unión Soviética en el marco de la guerra fría, estas políticas estuvieron signadas por el anticomunismo, aunque la URSS desde el ascenso de Stalin al poder se cuidó no exportar revoluciones.

Se aplicaron programas como la Alianza para el Progreso, que buscó generar algún tipo de desarrollo rural y de mejoras de las condiciones sociales durante el gobierno de Kennedy, a la par que se fortalecía los aparatos militares en el marco de la guerra fría; al final este presidente fue asesinado, quedando Estados militarizados, que montaron esquemas contra-insurgentes, apoyados y financiados por esta potencia.

Tras el desmoronamiento de los países socialistas burocratizados, el rol de Estados Unidos ha girado en el área con énfasis en temas como el combate al crimen organizado, más recientemente caracterizado como trasnacional; además de la promoción de los derechos humanos bajo su supervisión y el establecimiento de acuerdos comerciales para promover sus inversiones.

De ahí que surgiera la Iniciativa Mérida, mas centrada en el combate al narcotráfico, que incluyera a México. El Plan Puebla Panamá, después llamado Plan Mesoamérica usando como extensión de sus intereses a la burguesía mexicana, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, re-negociado con Trump. Así como un acuerdo similar con Centroamérica (el DR-CAFTA) firmado a inicios en 2006 en el gobierno de Bush hijo, que sustituyó a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, programa existente desde la década de los ochenta, en el marco de la estrategia de reacción democrática, para derrotar a la revolución centroamericana

Pero en los últimos años la preocupación de los gobiernos estadounidenses ha tenido dos tópicos, la lucha contra la corrupción y control de la migración. Con el gobierno de Obama el tema de la lucha contra la corrupción fue primordial, apoyando a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) adscrita a Naciones Unidas y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), ninguna de las dos existentes ya, y un intento de instalar un organismo similar en El Salvador.

El debate sobre si estos eran aparatos intervencionistas se dio en la izquierda; nosotros los consideramos que fueron intentos bajo los intereses imperialistas de hacer un control de daños, bajo el denominado soft power. Es decir, Estados Unidos han sido culpables de crear verdaderas criaturas monstruosas a partir del apoyo a los Estados contra-insurgentes en la guerra fría, los cuales actuaron contra los pueblos. Creando entonces, verdaderos Frankenstein los cuales han sido tolerados, pero en ciertos momentos, deben controlar y ahí, es donde se dio esos apoyos a esas instancias.

La problemática migratoria

Derrotada la revolución centroamericana, se instalaron democracias formales que se supone disminuirían las situaciones de pobreza de las amplias mayorías; en los hechos, pese a que las oligarquías aceptaron este nuevo régimen político, nunca cedieron para aportar en ese sentido, en materia de recursos. De tal forma, la migración se volvió la única válvula de escape para salir de la pobreza y la falta de empleo formal. 

En un primer momento esta migración no fue rechazada ya que junto a la mexicana y caribeña, era ocupada para trabajos mal pagados que establecían a la baja los salarios, en Norteamérica. Para las economías centroamericanas, las remesas enviadas por los trabajadores migrantes fueron convirtiéndose en una fuente de ingresos mayores que las exportaciones o que la productividad de las empresas locales -siendo el 20 por ciento del PIB en Honduras y El Salvador, mientras que en Guatemala es el 10 %- además de un nivelador de la pobreza, ante la poca inversión social de los Estados.

Sin embargo, la migración cada vez fue generando preocupación por los centros de poder de esa potencia, tanto con respecto a la capacidad de esa economía para absorberla, como con el auge de sectores ultra conservadores, en su mayoría de la pequeña burguesía anglo sajona racista, producto de una crisis social en ese país cada vez más grande.

Durante el gobierno de Obama, que se caracterizó por ser hasta antes del de Trump, quien más migrantes expulsó y quien más militarizó la frontera sur de ese país, se aprobó una serie de medidas las cuales Biden promovió, como legalizar a los hijos de migrantes por medio de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA en sus siglas en ingles); además se prometió iniciar el proceso de legalización de 11 millones de ilegales, detenido por la negativa del senado controlado por el Partido Republicano y por gobiernos estaduales de ese partido.

En 2015 es lanzado el Plan Alianza Para la Prosperidad, ante el auge de la migración de menores de edad muchos viajando solos. Este implicaba, una inversión de US$ 750 millones, de los cuales los gobiernos centroamericanos debían poner más de la mitad y otra buena parte era por medio de préstamos. Contemplaba mejorar las condiciones sociales de sitios donde provenía la migración y asegurar la inversión de empresas de capital gringo. En los hechos nunca se aplicó y con la llegada de Trump esto fue olvidándose.

El gobierno de este último, con su tónica anti-migrante, dio un giro aún más represivo, persiguiendo a migrantes ilegales en Estados Unidos, encerrándolos en centros de detención (situación que también realizó Obama), pero con Trump los vejámenes eran mayores y los procesos judiciales eran interminables. O la separación de niños de sus padres, niños que además fueron encerrados en situaciones violatorias a su dignidad, mostrando el matiz criminal de ese gobierno.

A la par de eso se organizaron las caravanas, sobre todos procedentes de Honduras y en menor medida de El Salvador, pero a las que se sumaron guatemaltecos y nicaragüenses. Trump fue presionando a los gobiernos centroamericanos para que se firmaran acuerdos de países seguros, mientras con México, se volvió en el guardián de su frontera, deteniendo las caravanas de centroamericanos.

El plan de Biden

El plan de Biden no dice nada en torno a qué va pasar con los acuerdos sobre los terceros países seguros. Nuevamente se planea invertir una cantidad exorbitante, 4 mil millones de dólares, en programas sociales, generación de empleo, reducción de la violencia, centrado en la juventud por el impacto de las maras, etc. Este plan consiste en lo siguiente:

En materia de inversiones, garantizar las procedentes de ese país, respetando las normas laborales y ambientales del DR-CAFTA, así como planes de financiamiento internacional para infraestructura. Para combatir la pobreza, la aplicación de programas de reducción de la pobreza, generación de empleo, fortalecimiento de las capacidades de los migrantes retornados, micro crédito para mujeres y de seguridad alimentaria. En lo que respecta al cambio climático, una estrategia de conversión hacia energía limpia.

Además de exigir la aplicación de reformas fiscales, uno de los males endémicos de estos Estados.  La creación de mecanismos de combate a la corrupción, bajo una dependencia especial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) adscrita a los departamentos de Tesoro y Justicia; así como capacitación a fiscales en el combate a delitos relacionados a la corrupción.

Por otro lado, está la renovación del Temporary Protected Status (TPS), un acuerdo que otorga residencia temporal y permisos de trabajo para migrantes de países afectados por conflictos armados y desastres naturales. En Centroamérica ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua son beneficiarios, pero la demanda de solicitantes siempre es mayor y Trump amenaza con no renovarlo. En ese sentido, Biden ha sido poco claro de que va a pasar.

Como se observa, mucho de estos tópicos son temas pendientes de resolver por los Estados y temas como el aumento de los ingresos fiscales chocan con la negativa de las oligarquías de estos países a pagar. Así como los intentos de reforma agraria, que Estados Unidos quiso aplicar en El Salvador o Honduras en el pasado, las burguesías se opusieron frontalmente, situación similar puede pasar.