Por Melchor Benavente

El último informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), de julio del 2015, muestra el grave problema del endeudamiento y la crisis fiscal que golpea, con mayor o menor intensidad, a todos los países de Centroamérica (incluido Panamá). Con este informe; aunque sus autores no se lo hayan propuesto, comprobamos la validez de nuestro análisis: la derrota de la revolución en Centroamérica, que condujo a los procesos de paz (Nicaragua en 1990, El Salvador en 1992 y Guatemala en 1996), si bien es cierto puso fin a los conflictos armados, instauró una etapa de feroz ofensiva neoliberal que ha significado la progresiva desarticulación de los Estados.

Así lo demuestra la crisis fiscal y el endeudamiento de todos los Estados en Centroamérica, situación que originará grandes conflictos sociales a corto plazo.

Neoliberalismo: Decadencia permanente

La ofensiva neoliberal no significó la instauración de un exitoso modelo de acumulación capitalista, más bien representó un retroceso en relación a la fase de “sustitución de importaciones” que permitió la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). No trajo mejores niveles de vida a la población, sino todo lo contrario: la pérdida de los logros económicos alcanzados en las décadas anteriores.

Una de las características de este modelo neoliberal es que, con la implementación del libre comercio y apertura a las empresas transnacionales, los Estados han dejado de percibir impuestos. El resultado es una creciente insuficiencia de recursos fiscales que se agudiza año con año. A lo anterior debemos agregar que con el pretexto de crear fuentes de empleo, todos los gobiernos aprueban exoneraciones fiscales a las maquilas empresas transnacionales e industrias turísticas, reduciendo aún más los ingresos fiscales.

El déficit fiscal de los Estados en Centroamérica se refleja dramáticamente en los constantes recortes a los ya raquíticos presupuestos de cada Estado, que al final se financian con préstamos por parte de los organismos financieros internacionales, o en su defecto con préstamos de la banca privada, con el resultado trágico que todos los Estados de Centroamérica han dejado de ser autosuficientes para convertirse en limosneros internacionales.

Las consecuencias han sido fatales: déficit y crisis fiscal, creciente endeudamiento y debilitamiento de los Estados en Centroamérica. Algunos países tienen situaciones fiscales relativamente manejables, como Panamá y Nicaragua, pero los restantes tienen una bomba de tiempo a punto de estallar.

No somos agoreros del apocalipsis, pero al revisar los datos del último informe del ICEFI, tenemos suficientes argumentos para sostener nuestra crítica. Veamos un resumen ejecutivo por cada país.

Se agudiza la crisis fiscal en Guatemala

La administración de Pérez Molina aumentó, para el año 2015, los gastos en 10,2% en comparación con el año 2014. Este crecimiento de gastos no es para la inversión pública sino para pagar remuneraciones y bienes y servicios. Los gastos corrientes representan el 82,9% del presupuesto. Mientras crecían los gastos corrientes, continúa la tradicional baja recaudación de impuestos. En cambio, los intereses para el pago de la deuda publica aumentaron 20.2% con respecto a 2014.

La deuda del gobierno de Guatemala asciende a Q120,740.4 millones de quetzales, un 8.9% más que el año anterior. Esta cantidad representa el 24.7% del PIB estimado para 2015. La crisis política desatada por el destape de la red de corrupción organizada desde el gobierno en la SAT, han vuelto más frágiles los planes de estabilización financiera del gobierno de Pérez Molina.

La estructura tributaria registra que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aporta el 45.8% de los ingresos, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aporta el 28.6% y el impuesto de solidaridad es el gravamen de mayor relevancia en la tributación con un 9.1%.

Según el ICEFI, las cifras de la continua caída de la carga tributaria en Guatemala son maquilladas por la Junta Monetaria del BANGUAT y el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) a través de “un ancla tácita en el nivel de déficit fiscal anual con respecto al PIB, lo que garantiza que el saldo de la deuda pública con relación a la producción nacional se mantenga por debajo del 25.0%, y por debajo del 250% de los ingresos tributarios. Esta situación permite generar el espejismo de la estabilidad macroeconómica del país, la cual se ha alcanzado por medio del sacrificio de políticas públicas necesarias para el bienestar y el crecimiento económico”.

Estancamiento y declive en El Salvador

La recaudación tributaria acumulada en El Salvador alcanzó los 1,613.6 millones de dólares, equivalentes apenas al 36.4% del presupuesto, aunque ligeramente superior en un 1.1% a la recaudación realizada en 2014. Se calcula que el déficit fiscal para este año sería de 400.6 millones de dólares.

La estructura tributaria muestra que el ISR aportó US 756.0 millones de dólares, (46.9% del total), el IVA aportó 662.8 millones de dólares (41.1% del total). El presupuesto de gastos para el año 2015 asciende a 4,569.6 millones de dólares, y hasta el momento presenta un déficit de US 67.3 millones

La deuda pública del Gobierno central asciende a 11,318.6 millones de dólares, representando el 43.2% del PIB. La existencia de la deuda del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) a mayo de 2015 acumula un 12.3% del PIB, elevando el nivel de endeudamiento total del Gobierno central hasta un 55.4% del PIB. Una situación realmente alarmante.

Leve mejoría fiscal en Honduras

Después de una intensa presión para ampliar la base de pequeños y medianos contribuyentes, la recaudación de impuestos en Honduras alcanzó los 27,307.3 millones de lempiras, un 20.0% más de lo obtenido en el mismo período del año anterior. Este alivio en las finanzas públicas se debe a la implementación de la factura electrónica y el cobro del 1.5% del ISR sobre ingresos netos a las empresas que reportan ventas superiores a los diez millones de lempiras. La reforma tributaria implementada por el gobierno de JOH aumento del 12% al 15% en las tasas del ISV, afectando duramente a la clase media y sectores populares, al encarecer las compras. Este punto ha sido origen del enfrentamiento de sectores burgueses contra el gobierno de Juan Orlando Hernandez (JOH). Si esta tendencia hacia la mayor recaudación se mantiene, los ingresos tributarios significarían el 16,4% del PIB de Honduras.

La estructura tributaria muestra que el 42,7% del total es producto del Impuesto Sobre Ventas (ISV), mientras que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aportó el 29,8% de los ingresos, y el aporte vial y gasto social significaron un 14.2% del total. En su conjunto, estos tres impuestos conforman el 86.7% de los ingresos tributarios totales.

La política de austeridad del gobernó de JOH se basa en una reducción de la masa salarial de los empleados públicos, cuyos salarios registran una disminución real del 2,6%, lo que constituye un éxito para el gobierno.

La deuda pública del Gobierno de Honduras ascendió a 188,254.8 millones de lempiras, un 0.8% más en relación al año anterior. La deuda pública representa un 42.5% del PIB de Honduras. Otra cifra espeluznante.

Frágil superávit fiscal en Nicaragua

Los ingresos fiscales en Nicaragua alcanzaron 16,762.5 millones de córdobas, un 12.4% más de lo obtenido en el mismo período de 2014. Para el año 2015 existe una brecha positiva con relación al presupuesto aprobado de C$1,582.0 millones.

La estructura tributaria muestra que 48,4% de los impuestos proviene del Impuesto Sobre la Renta (IR), el 34,4% provienen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y 13,4% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Los gastos totales del Gobierno de Nicaragua alcanzaron 16,292.04 millones de córdobas, 26.5% más con respecto al año anterior y por encima de la tasa de crecimiento reportada entre 2014 y 2013, cuando el incremento fue del 17.2%.

Hasta marzo de 2015 el balance presupuestario alcanzó un superávit de C$906.8 millones, 60.7% por debajo del año 2014, pero esto se debió al incremento de las donaciones.

La deuda pública del Gobierno alcanza los 94,769.2 millones de córdobas. Esta deuda representa el 27.5% del PIB estimado en 2015. La deuda total del sector público alcanzó los C$155,897.4 millones de córdobas, equivalentes al 45.3% del PIB.Existe un debate en torno a la deuda proveniente de la ayuda venezolana, la que es registrada como deuda privada. La deuda que ALBANISA alcanzan los US 2,994.8 millones de dólares (26% del PIB). La suma de ambas deudas alcanzaría un 71.3% del PIB, una cifra alarmante. Detrás de la aparente estabilidad y progreso económico se oculta cifras que anuncian una catástrofe.

Costa Rica cuesta abajo y de rodadas

La recaudación tributaria en Costa Rica percibió 1,465,291.3 millones de colones, un 7.2% más que en 2014, pero existe una brecha respecto al presupuesto aprobado de 130,989.1 millones, equivalentes al 0.4% del PIB.

La estructura tributaria muestra que el IVA aportó el 36,8%, el ISR el 24,1% y el impuesto sobre combustibles un 13,5%. Los ingresos por exportaciones, y el impuesto a las personas jurídicas han descendido aproximadamente un 15%, lo que evidencia el declive en la producción. Los grupos económicos tienen enorme influencia sobre la Asamblea Legislativa impidiendo que se voten más impuestos

Los gastos totales del Gobierno alcanzaron los 2,250,667.5 millones de colones, un aumento del 10.2% respecto al año anterior. Los gastos corrientes representan el 92.2% del total de las erogaciones públicas.

El déficit fiscal en Costa Rica hasta mayo de 2015 fue de 673,361.2 millones de colones, monto superior en un 16.1% al acumulado durante el mismo período de 2014. La deuda pública del Gobierno asciende a 1,630,896.5 millones de colones, un 10.8% más que el año anterior. Esta deuda representa el 40.4% del PIB estimado para el año 2015. Aunque este cifra es menor que la de El Salvador, Honduras y Nicaragua, refleja la bancarrota financiera del modelo del Estado de Bienestar.

El suave declive de Panamá

La recaudación tributaria de Panamá hasta mayo de 2015 alcanzó un monto de 1,788.72 millones de dólares. La baja recaudación se ha visto afectada, entre otros factores, por los escándalos de corrupción la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP).

La estructura tributaria nos indica que el impuesto sobre la renta (ISR) aportó.677.8 millones de dólares, representando el 37.9% de los impuestos. El impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) aporta el 29.4%, y los impuestos selectivos al consumo y derechos de importación aportan un 7.7%.

El impuesto a las personas jurídicas se redujo en un 25.2% debido a la última disminución de la tasa marginal aplicable al 25%.

El presupuesto del 2015 ascendía a 10,506.1 millones de dólares. El Gobierno de Panamá cerró el primer trimestre con un déficit de 896.2 millones. La deuda pública del Gobierno asciende a 19,142.4 millones de dólares, y representa el 38.4% del PIB estimado para 2015, la cifra más baja de Centroamérica pero no por ello deja de ser una cifra preocupante.

Breve Conclusión.

Todos los Estados de Centroamérica tienen un nivel de endeudamiento de alrededor del 50% en relaciona a sus respectivos PIB. Esta espiral no da muestras de desaparecer, sino que, al contrario, debido a la falta de recaudación, la tendencia es hacia el endeudamiento total.

La baja recaudación se debe a que todos los gobiernos aplican el modelo neoliberal de libre comercio que disminuye los impuestos y aumentan las exoneraciones. A lo anterior debemos agregar que el peso de la carga fiscal recae en el IVA o ISV, en menor medida en el ISR (y cuando se aplica es sobre los asalariados y la clase media) y en los impuestos selectivos que también castigan a la clase media.

Es urgente una reforma fiscal en toda Centroamérica que invierta las proporciones, bajo el principio de quien más gana debe pagar más.

Por Armando Tezucún, German Aquino y Roberto Calix Caballero

Del 6 al 11 de julio visitó el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) una delegación diplomática de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, encabezada por Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado; William Brownfield, secretario adjunto de Estado, de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley; Alan Bersin, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional; Beth Hogan, administradora auxiliar interina de la USAID; y Kenneth Blanco, subprocurador general auxiliar del Departamento de Justicia.

El combate contra las maras: la gran prioridad en El Salvador

Esta delegación norteamericana inició su periplo en El Salvador, posteriormente viajó a Honduras y finalmente arribó a Guatemala. La visita de los diplomáticos del gobierno de Estados Unidos se produjo en momentos en que una grave crisis sacude a los gobiernos y regímenes políticos en Guatemala y Honduras, y amenaza por contagiar a El Salvador. Aunque en este último país no hay movilizaciones contra la corrupción, existe un problema mucho más grave: la violencia incontenible y la actividad de las maras,

Shannon se reunió con el presidente Sanchez Ceren y con el gabinete de seguridad. La gran preocupación del gobierno de Estados Unidos es el crecimiento incontrolable de las maras, que comienzan a mostrar cierta capacidad militar.

En sus declaraciones a los periodistas, Shannon reconoció: "Obviamente la situación de seguridad en El Salvador ha llegado a un nivel preocupante, pero por las acciones de las maras y del crimen organizado que han decidido enfrentar al Estado y enfrentar al pueblo salvadoreño en un momento crítico. Quiero subrayar que en nuestro punto de vista, el gobierno ha mostrado coraje y firmeza en enfrentar las maras que están tratando de debilitar las instituciones para su bienestar " (Diario de Hoy, 8/7/2015)

A partir de este reconcomiendo de la realidad, Shannon desempacó la política del gobierno de Estados Unidos: "Creo que sería inteligente para El Salvador y Honduras buscar un aporte o una ayuda de la comunidad internacional. Cada país tiene que determinar cuál sería la estructura pero la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) funcionó bien (…) Solamente los salvadoreños pueden contestar pero sin duda CICIG ha tenido un papel transformador en Guatemala, sería difícil imaginar lo que está pasando ahí sin la CICIG", (Ibid)

En este punto, la creación de una comisión internacional contra la impunidad, hay roces con el gobernante FMLN, que procura dirigir solo, con el ejército y la Policía Nacional Civil (PNC), el combate contra las maras, pero con la ayuda financiera y militar del gobierno norteamericano.

Pero la época de la ayuda financiera incondicional, hace tiempo murió”. Shannon insistió en que "Tenemos la habilidad de ayudar en el financiamiento. Es un plan que nos interesa, pero es un plan salvadoreño y tienen que mostrar la capacidad de financiar en gran parte el plan de la misma manera que los colombianos financiaron en gran parte el plan Colombia" (Ibid)

“Por ejemplo Colombia, durante el gobierno del presidente Uribe, implementó un impuesto de seguridad, donde ciertos miembros de la comunidad, con cierto nivel de recursos, pagaron un impuesto para ayudar a financiar la lucha del Estado colombiano contra las FARC y contra los narcotraficantes, y uno podría imaginar algo semejante aquí en El Salvador” (La prensa gráfica, 8/7/2015)

Y en este punto, el FMLN aprovechará las declaraciones de Shannon y tratará de impulsar el polémico nuevo impuesto de seguridad, que cuenta desde el inicio con la oposición de los empresarios agrupados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)

Honduras: apoyo a la CICIH y marcha de las antorchas

La visita de la delegación diplomática encabezada por Shannon, arribó a Honduras cuando este país está siendo sacudido por enormes marchas contra la corrupción, conocidas como “marchas de las antorchas”.

En una entrevista al diario La Tribuna, Shannon defendió hipócritamente la marchas de las antorchas: “Mira esas protestas no son crisis, esas protestas son manifestaciones pacíficas democráticas que muestran claramente el interés del pueblo hondureño en recuperar su voz entonces yo no lo veo como crisis yo lo veo como una gran oportunidad para el gobierno responder al clamor del pueblo. (La tribuna, 8/7/2015)

Evidentemente, estamos ante un reacomodo del imperialismo que no puede negar el descontento social, pero si trata de encauzarlo por otros canales de negociación política entre el gobierno y la oposición.

Y si algo queda claro de la visita de Shannon es que el gobierno de Estados Unidos ha asociado el plan de APP con un fuerte contenido de fortalecimiento de las instituciones del Estado: “(…) pero también nos hemos dado cuenta con nuestra iniciativa regional centroamericana, que la seguridad en sí misma no es suficiente, que tenemos que vincular lo que estamos haciendo con la seguridad y que requiere fuerza en el área de la prosperidad y el desarrollo económico y social y también, en la gobernación o sea, la lucha contra la corrupción y la impunidad y el fortalecimiento de instituciones. (Ibid)

Sobre la conveniencia de instaurar una Comisión Internacional contra la impunidad en Honduras (CICIH), como lo reclama el bloque de oposición burguesa y las marchas de las antorchas, Shannon fue muy cuidadoso, para no estropear las relaciones con el gobierno de Juan Orlando Hernandez (JOH), que muestra todavía algún grado de resistencia para solicitar la CICIH: “Y si Honduras busca algo semejante (a la CICIG), tiene que ser algo construido para Honduras y tiene que ser una solución hondureña y yo creo que en esto, el dialogo nacional podría tener un papel importante porque en ese dialogo hay la oportunidad de presentar diferentes ideas y determinar cuál sería más factible aquí, porque hay que entender que si el fin es la transparencia, si el fin es asegurar que los corruptos salgan a la luz del día porque no hay impunidad, entonces uno tiene que buscar los mecanismos que promueven eso y tal vez, hay otro mecanismo que sea mejor en este momento, pero realmente va a ser una decisión de los hondureños y para su propio dialogo.(Ibid)

Como se puede observar, ese “otro mecanismo” puede ser el sistema de lucha contra la corrupción que propuso recientemente el gobierno de JOH, pero Shannon no cierra abruptamente las puertas, sino que espera los resultados del dialogo nacional.

Para Mel Zelaya “con las declaraciones que dio el embajador Shannon, ahora más que nunca la CICIH viene y nadie la detiene”. (La Tribuna, 11/7/2015) Y como Mel Zelaya, el conjunto de los dirigentes de la oposición burguesa aplaudieron las declaraciones de Shannon.

Corrupción y crisis en Guatemala

En Guatemala el terremoto político inició en abril, con la denuncia de una extensa red de corrupción en las aduanas, hecha por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las denuncias de corrupción ocasionaron una enorme movilización de masas que obligó a la renuncia de la vicepresidenta Baldetti y de varios ministros cercanos al presidente Pérez Molina. Otros altos funcionarios fueron encarcelados, y una serie de diputados y alcaldes se encuentran acusados y en proceso de solicitud de antejuicio; el mismo yerno del presidente, ex secretario general de la presidencia, fue apresado, y Pérez Molina está a punto de perder su inmunidad y ser sometido a juicio por haber nombrado funcionarios que llevaron a cabo actos de corrupción.

Pero no solo la movilización de masas está sacudiendo al corrupto gobierno de Guatemala, sino que también el imperialismo norteamericano trata de imponer el orden a su manera. Esta crisis tiene como telón de fondo el plan impulsado por el imperialismo norteamericano para el Triángulo Norte: la Alianza Para la Prosperidad (APP) que se propone frenar el incesante flujo de migrantes centroamericanos y controlar tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La parte central del plan APP pretende desarrollar la inversión empresarial en el área, promocionando los sectores estratégicos y atrayendo inversiones extranjeras. Para ello Estados Unidos considera que es esencial fortalecer las instituciones y la capacidad financiera del Estado, la eficiencia del gasto y aumentar la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Para convencer al Congreso de Estados Unidos de aprobar los US$ 1,000 millones que aportará el gobierno estadounidense, el primer flanco que atacó Estados Unidos fue la corrupción entronizada desde hace décadas en el Estado guatemalteco. En alianza con una parte del empresariado y del ejército, y utilizando como punta de lanza a la CICIG y el MP, la embajada norteamericana en Guatemala ha arremetido contra la corrupción del gobierno, la ineptitud del Congreso y del aparato de justicia, promoviendo la barrida de los funcionarios más corruptos, en una acción que es lo más parecido a un mini golpe de Estado solapado. El gobierno de Pérez Molina se ha caído por partes. Sólo el presidente Pérez Molina, que peligra perder su inmunidad, permanece pendiendo de un hilo y de la voluntad de Estados Unidos y del CACIF, en medio del derrumbe del gobierno y ante la cercanía de las elecciones generales. Permanecen incólumes en sus cargos los ministros y diputados que el embajador norteamericano Todd Robinson considera correctos.

Es para respaldar esta “cruzada contra la corrupción” que la delegación encabezada por Shannon llegó a Guatemala, para observar in situ el humeante campo de batalla. La reunión con representantes del gobierno guatemalteco se realizó en Puerto Barrios, departamento de Izabal, en el marco de la Cuarta Conferencia de Alcaldes y Líderes Comunitarios, que impulsa programas de prevención de la violencia. Previamente se reunieron en privado para revisar las acciones del gobierno en el marco del plan Alianza Para la Prosperidad.

Los Estados Unidos jamás promueven el desarrollo de una revolución democrática, pero cuando intervienen es precisamente para controlar y desviar los fenómenos sociales. En ese sentido, el consejero Shannon manifestó su aprobación a las protestas de la población urbana contra la corrupción, pero también reiteró su apoyo al debilitado presidente Pérez Molina: “Las protestas ciudadanas no son en contra, sino que a favor de ‘algo’…para nosotros el propio pueblo es el más importante en la democracia y vamos a seguir trabajando con el presidente y con el gobierno constitucional y democrático de Guatemala… no es nuestra idea aquí de intervenir o hacer intromisión o imponer soluciones” (El Periódico 10/07/15). “Hemos destacado el papel protagónico del pueblo, porque así es la democracia, y no solo en el Triángulo Norte, sino también en EE. UU. y en las grandes democracias…las manifestaciones son cosas sanas y dignas, y es deber de los gobiernos responder” (Prensa Libre 10/07/15). Sin embargo, también dijo que la respuesta del gobierno a las protestas debe ser cumplir los objetivos del plan Alianza Para la Prosperidad (El Periódico 10/07/15).

La comitiva imperialista visitó también a sus aliados, la CICIG y el Ministerio Público. Shannon declaró su admiración por el trabajo de la Fiscal General, Thelma Aldana, y de la CICIG, jefeada por el colombiano Iván Velásquez, reafirmando el apoyo financiero de su gobierno a la CICIG. Con el CACIF trató de las formas cómo el empresariado puede colaborar con los objetivos del plan ya mencionado.

El espaldarazo que Shannon y compañía vinieron a dar a las acciones que su país impulsa veladamente en Guatemala, se suma a la intervención descarada del embajador gringo, Todd Robinson, en los asuntos internos del país. El 6 de julio Robinson se presentó al Congreso de la República a manifestar su respaldo a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que en ese momento presentaba la Plataforma Para la Reforma del Estado. En declaraciones a los medios Robinson dijo: “En el Congreso, o en el país hay falta de transparencia porque claramente hemos visto los actos de corrupción dados a conocer con las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y la manera en que alguna gente ha gobernado. La gente está haciendo valer su voz más alto en contra de la corrupción y a favor de la transparencia…no hay transparencia. La verdad, no sabemos si hay financiación de las organizaciones criminales, porque no hay fiscalización a los partidos para conocer la procedencia de los recursos para las campañas electorales.” (Siglo XXI 7/07 /15). También criticó la forma en que el Congreso eligió al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Manuel Duarte, quien reemplazará en esa corte al nuevo vicepresidente Alejandro Maldonado, anteriormente magistrado de la misma: “La manera de hacer cambios en la corte más importante del país fue un error. Creo que es un error para el Congreso no escuchar el clamor de la gente.” (Prensa Libre 7/07/15).

Rechazamos tajantemente la intromisión del imperialismo estadounidense en los asuntos internos de Guatemala. Las movilizaciones y protestas masivas contra la corrupción, efecto colateral de las acciones anticorrupción de la CICIG y la embajada gringa, deben ser hegemonizada por las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, en especial por la Asamblea Social y Popular, y por medio de sus propios métodos de lucha, dar un giro a las protestas introduciendo además de la demanda de limpiar el sistema político, las exigencias más sentidas de la población explotada y oprimida, y exigir la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente incluyente, que transforme el país en beneficio de los menos privilegiados.

A manera de Conclusión

El gobierno de Estados Unidos pretende montarse en la rebelión de la clase media en Guatemala y Honduras, para obtener sus metas: el fortalecimiento y control de las instituciones del Estado. Para ello promueve en Honduras y El Salvador la generalización de la experiencia de la CICIG de Guatemala, aunque está consciente que el modelo puede variar, lo que no puede variar es la capacidad de decisión e injerencia del imperialismo norteamericano en Centroamérica.

Para aplicar su política, Estados Unidos se ve forzado a adoptar una pose democrática, y halar las orejas a los gobiernos corruptos, planteando la necesidad de impulsar cambios, antes que las masas trabajadoras los hagan por su propia cuenta.

El conjunto de la izquierda y de las organizaciones de la sociedad civil de los países del Triángulo Norte han claudicado ante esta nueva pose democrática del imperialismo norteamericano, que hoy apoya a las marchas contra la corrupción, pero al mismo tiempo promueve la intervención a traces de las comisiones internacionales contra la impunidad. Se les olvida que son las grandes empresas transnacionales las que promueven la corrupción, comprando ministros, diputados y magistrados.

Por Leonardo Ixim

El destape de escándalos de corrupción protagonizados por altos funcionarios del gobierno del Partido Patriota ha provocado un descalabro en este gobierno presidido por el ex general Otto Fernando Pérez Molina. Esto coadyuva aún más al debilitamiento del régimen político impuesto con la apertura democrática y al lento desgaste de todo el sistema de dominación.

Estos casos son, el caso de defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria, que vincula al hoy prófugo Juan Carlos Monzón ex secretario privado de la vicepresidencia, y a la ex vicepresidente Roxana Baldetti; el caso de los abogados de la impunidad que relaciona un bufete privado con la jueza que inició el proceso penal contra los implicados en el caso de SAT, bufete cercano a la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Blanca Stalling, ex directora del Instituto para la Defensa Penal cercano al narcotraficante, protegido de Baldetti y presumiblemente informante de la DEA, Gustavo Herrera.

Igualmente está el caso de la detención de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, dirigida por su ahora ex presidente Juan de Dios Rodríguez, ex militar de inteligencia y hombre cercano a OPM, quien fue su secretario privado en los dos primeros años de gobierno. Rodríguez fue señalado junto a Herrera de ser los operadores políticos del gobierno para el control en el proceso de selección, y por ende en la elección, de magistrados tanto para la CSJ como de jueces en Cortes de Apelaciones. Selección que fue una forma de reparto de influencias y poder entre el PP y el partido Lider de Manuel Baldizón.

Una pieza clave en todo esto es Luis Mendizábal, ahora prófugo también, por ser señalado de facilitar las negociaciones entre los funcionarios defraudadores del fisco y los importadores que buscaban facilitar la entrada de mercancías. Mendizábal tiene un largo historial de conspiración de parte fuerzas de la extrema derecha, implicado en los intentos de golpe de estado contra el democristiano Vinicio Cerezo en los 80s y de las movilizaciones conservadoras contra el gobierno de Álvaro Colom. En su oficina fue filmado el video que se difundió previo al muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, donde acusaba a la hora candidata Sandra Torres de planear su muerte. Recordemos también que fue en la boutique propiedad de Mendizábal donde a inicios de los 80s fue fundado el partido derechista salvadoreño Arena.

Mendizábal es cercano al ahora nominado candidato por el partido gubernamental Mario David García, quien fuera su compañero de conspiraciones desde los 80s con su programa de televisión Aquí el Mundo, cerrado durante la trama golpista. Además de ser él quien editó el video de Rosenberg. Actualmente dirigía un programa de radio en Emisores Unidas, a través del cual demagógicamente atacaba al gobierno.

El Partido Patriota

Al igual que todos los partidos que han gobernado desde la apertura democrática, al ser piezas para los intereses patrimonialistas de caudillos y por tanto “agarra todo”, al finalizar su gobierno inicia su muerte. Pero el caso del PP es más agudo porque su agonía está marcando los síntomas más profundos de debilitamiento del régimen político.

Este partido, fundado a inicios de los años dos mil, formó parte en un primer momento de la coalición gubernamental que llevo a Óscar Berger a la presidencia, junto al Partido de Solidaridad Nacional del grupo corporativo de los Castillo Sinibaldi, quienes después se fundieron con el Patriota, y el Movimiento Reformador del ahora presidente del Cacif y sempiterno dirigente de la Cámara de Comercio Jorge Briz, que postulara al ex candidato presidencial del PP y ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Recordemos que OPM fue comisionado de seguridad en el gobierno de Berger hasta su renuncia; posteriormente estos partidos saldrían paulatinamente de ese gobierno.

El patriota es un proyecto organizado por ex militares que fueron miembros de la inteligencia militar, entre los que sobresale el ahora ex ministro de gobernación Mauricio López Bonilla, cercano al actual embajador en Washington Julio Ligorría, relacionado con organismos de extrema derecha como La Liga Propatria y al grupo empresarial Multiinversiones y vinculado a Bonilla por medio de la sociedad Grupo Intermirage Latinoamericano, que hace marketing electoral y señalado de realizar campañas de desinformación. Otros militares son Walter Zepeda director de la Saas -organismo que se encarga de la seguridad presidencial- el ex ministro de defensa Ulises Anzueto, quien ocupaba el cargo de secretario de inteligencia hasta su reciente destitución y ex general Ricardo Bustamante, quien dirige la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ente encargado de asesorar a la presidencia en materia de seguridad y miembro de la misma promoción militar de OPM. Sobresalió en la organización y fundación de este partido la ahora ex vicepresidente Baldetti Elias, quien en su juventud trabajo con Mario David García en su programa televisivo y es sobrina del ex presidente Serrano Elías, siendo secretaria de comunicaciones en su gobierno.

Además están los empresarios que financiaron ese partido, comenzando por los Castillo Sinibaldi, tanto el padre Ricardo, quien fuera candidato a vicepresidente en las elecciones de 2008 y su hijo Alejandro, dueños de empresas constructoras y de los centros recreativos privados del Irtra. Los Archilla Marroquín, dueños de medios de comunicaciones como Contrapoder, Emisoras Unidas, Publinews, Canal Antigua, etc.; uno de ellos fue ministro de Energía y Minas. Y sobre todo el Holding Multiinversiones de los Gutiérrez-Bosh, empresarios agroindustriales del sector avícola y dueños de la cadena internacional Pollo Campero; aquí sobresale Dionisio Gutiérrez, conductor del desaparecido programa televisivo Libre Encuentro y cercano a la derecha pos franquista española, sobre todo a José María Aznar, en la denominada Fundación Libertad.

Otros empresarios son los Leal Castillo, emparentados con los Castillo Sinibaldi y con la familia de la esposa de OMP, Rosa Leal de Pérez. Sobresale Mario Leal Castillo, quien fue secretario de asuntos privados del presidente y empresario azucarero con industrias en Guatemala y Nicaragua -socio del poderoso grupo nicaragüense Pellas- y quien se separó del gobierno por divergencias en torno a cómo realizar el ahora postrado proyecto del canal seco paralelo a Honduras y El Salvador. Leal Castillo ahora es el candidato a vicepresidente de Sandra Torres de la UNE.

Las fuerzas que están en crisis

De esto se ha escrito en muchos medios electrónicos. Solo mencionaremos que en este gobierno confluyen tres líneas de ex militares que tienen su origen en los denominados militares institucionalistas, que a la sombra del difunto Alejandro Gramajo, ex ministro de defensa en tiempo de Cerezo, fue el sector hegemónico desde el golpe de Estado de marzo de 1982.

Durante el gobierno de Cerezo, Gramajo, para neutralizar los movimientos golpistas de la extrema derecha (los oficiales de la montaña) se acercó algunas figuras del viejo generalato, como Manuel Callejas y con el otro ex miembro de la inteligencia Francisco Ortega Menaldo. Estos fueron parte de otra red de defraudación aduanera conocida como la Red Moreno y donde algunos nombres como Mendizabal y el teniente Jerez se repiten en la red La Línea. Ex militares como Bonilla, Bustamante y civiles como Ligoría, Baldetti y Mario David García, fueron cercanos a Ortega y pertenecieron a la Red Moreno.

Sin embargo las relaciones entre Ortega y OPM se enfriaron tras el serranazo, pues el primero apoyó la aventura bonapartista de Serrano, mientras que Pérez Molina, con el beneplácito de EU y el sector privado, neutralizó tal movimiento, imponiendo en la presidencia al procurador de los derechos humanos de ese momento, Ramiro de León Carpio, padre del actual procurador Jorge de León Duke.

Los dos grupos que se crearon tras el serranazo fueron, el Sindicato de OPM conocido también como Los Titos -por el seudónimo de guerra de éste al dirigir una base militar en Quiché siendo señalado de crímenes de guerra-, vinculado a una banda de narcotraficantes conocido como El Cartel de Tacaná cuando fue asignado a San Marcos. Y La Cofradía de Ortega, que cayó en desgracia tras los procesos penales contra militares cercanos a este, acusados de robo en el gobierno de Portillo; este grupo se volvió sostén del presidente, donde Ortega es asesor privado de OPM.

La otra línea es la del ex ministro de defensa en el gobierno de Arzú, Marco Tulio Espinoza, quien nuevamente junto a Luis Mendizábal dirigirían un centro ilegal de espionaje conocido como La Oficinita y quien tiene como bisagra con los demás grupos a Mario Mérida, ex oficial de inteligencia, columnista de medios escritos y quien dirige el gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos. Mérida es autor de algunos libros que pretenden sustraer la imagen de terrorista del ejército. Espinoza, que apoyó fuertemente el proyecto de reforma constitucional de ProReforma, es un camaleón que se incrusta cerca del ejercicio del poder, pero a la vez se aleja de las intrigas.

Estas fuerzas han sido grupos de miembros de ejército vinculados al crimen organizado que concentran el poder fácticamente, y que han hecho del Estado su forma de reproducción. Pretendieron realizar gobierno formalmente y ahora demuestran su fracaso. Para otros factores de poder como el sector privado y el gobierno gringo, se vuelven ahora un bulto que tienen que apartar, mediante la selección de Maldonado Aguirre a la vicepresidencia, quien está presto a sustituir a OPM si es necesario.

Por Orson Mojica

La gran sorpresa anunciada de la VII Cumbre de Las Américas, que se realizó los días 10 y 11 de abril en ciudad Panamá, fueron las reuniones directas del presidente Barack Obama primero con el presidente Raúl Castro de Cuba y después con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela.

Un continente en paz

Esta fue la principal afirmación del presidente Juan Carlos Varela, al momento de inaugurar la VII Cumbre. Y tiene razón: ya no existen guerrillas en América Latina que representen un peligro para la existencia del Estado burgués o la dominación del imperialismo norteamericano. Las FARC de Colombia están en la etapa final de negociación para entregar las armas.

Aunque se han producido luchas de masas en las últimas décadas, estas no han logrado poner en peligro o destruir al sistema capitalista. No hay paz social en América Latina, mientras exista capitalismo habrán luchas y resistencia de las masas, pero sí existe una situación en la que la burguesía maneja con tranquilidad el Estado, y se concentra en sus negocios.

Varela lamentó que no se haya firmado los mandatos de acción de la VII Cumbre de Las Américas, a pesar que existía consenso en 42 de los 48 puntos

La crisis en Venezuela

Uno de los temas que dominó la agenda política antes y durante la VII Cumbre de Las Américas, fue la crisis económica y política en Venezuela. El detonante ha sido el reciente Memorándum firmado por Barack Obama, que colocó la crisis en Venezuela como un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y ordenó sanciones para altos funcionarios chavistas.

Indudablemente, estas presiones forman parte de una estrategia imperialista de presionar para lograr cambios dentro del régimen político venezolano, dominado por el chavismo. La repuesta de Maduro ha sido el endurecimiento y el encarcelamiento de otros dirigentes de la oposición de derecha.

Este nuevo roce entre Estados Unidos y Venezuela se produjo cuando se producían intensas negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. El eje La Habana-Caracas, muy sólido en los últimos 15 años, parecía haberse dividido en dos polos: uno que se enfrentaba a Estados Unidos y otro que negociaba con él. Pero eso es solo la apariencia, no la esencia del fenómeno.

Estados Unidos intensificó las presiones contra Venezuela antes de la VII Cumbre, con el objetivo de crear un frente de países que obligasen a Venezuela a realizar reformas democráticas internas que permitan a la acorralada oposición de derecha avanzar mucho más, pero al final tuvo que retroceder. Antes de la reunión en Panamá, Roberto Jacobson, sub secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, viajó a mediados de marzo a Cuba y después a Caracas, a comienzos de abril. Las negociaciones con Cuba marchan viento en popa, pero con Venezuela hay muchos obstáculos.

Jacobson llegó a Caracas y después de una reunión con altos funcionarios del gobierno de Maduro, expresó: “El tono que están usando ahora los líderes (latinoamericanos) demoniza a Estados Unidos como si fuera la fuente de los problemas de Venezuela, cuando no lo somos, y ello nos dificulta avanzar de una manera pragmática. Estuve un poco decepcionado porque no hubo más (países) que defendieran el hecho de que (las sanciones) claramente no buscaban perjudicar al pueblo venezolano ni a todo el gobierno y no explicaran, como nosotros les explicamos previamente, que el objetivo era muy limitado” (La Jornada, 5/4/2015).

La posición de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no es antiimperialista, pero el desacuerdo con Estados Unidos le da un amplio margen de maniobra al gobierno de Maduro. La burguesía latinoamericana está muy preocupada por el desenlace de la crisis en Venezuela, todos temen las consecuencias de una guerra civil y por ello se movilizan diplomáticamente, para evitar que los golpes que pueden asestar Estados Unidos polaricen aún más el candente panorama político.

Quizá quien mejor expresó este punto de vista, durante las sesiones de la VII Cumbre, fue el propio presidente Juan Carlos Varela, cuyo gobierno por cierto no pertenece al ALBA ni a UNASUR.

Al final de la VII Cumbre de Las Américas, el presidente Varela declaró que: “Las situaciones políticas de los países tienen que ser resueltas por sus pueblos por las vías democráticas (…) Los presidentes no podemos entrar a decidir asuntos internos de otros países. Eso lo deciden los pueblos en las urnas (…) Toda salida a un conflicto político tiene que ser por la vía del diálogo. Por eso insistimos en el diálogo y en el respeto al mandato del presidente Maduro” (La Prensa, 11/04/2015)

El encuentro Obama-Maduro

Obama se reunió brevemente con Maduro. Se conoce muy poco de la agenda que desarrollaron. Maduro en conferencia de prensa, declaró entusiasmado que "Hemos tenido un encuentro breve, de 10 minutos, con el presidente Barack Obama, ha sido un encuentro serio, franco, nos dijimos verdades... (puede) abrirse la posibilidad de ir un proceso de conversación con el Gobierno de EE.UU. y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental… Le dije al presidente Obama que no somos enemigos de los EEUU". (Varias Agencias de Prensa).

Queda claro que la estrategia imperialista de presionar para negociar ha dado algunos resultados, aunque no necesariamente como lo había programado Obama. La gran negociación sobre Venezuela girará en torno a las próximas elecciones, que prepararían el camino para un recambio pacifico de gobierno.

Mientras en la VII Cumbre de Las Américas prevalecieron las negociaciones y acuerdos diplomáticos, en las afueras del centro de convenciones funcionaron algunas fuerzas de choque. Una de estas estaba compuesta por la denominada “Declaración de Panamá, firmada por 26 expresidentes iberoamericanos, en la que exigieron elecciones parlamentarias limpias en Venezuela, y la excarcelación de los dirigentes de la oposición burguesa: Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos.

La reunión Obama-Castro

En realidad, esta reunión ya no fue una sorpresa, porque los medios de comunicación anunciaron con regocijo este encuentro. Tiene, obviamente, un gran significado. Era la primera vez desde el triunfo de la revolución cubana en 1961 y de la posterior imposición del bloqueo, que se producía un encuentro entre presidentes de ambas naciones.

Algo ha cambiado en el mundo para que este encuentro se haya producido. Obedece no solo a la decadencia del imperialismo norteamericano, sino también a los cambios internos en Cuba, donde se desarrolló un acelerado proceso de restauración capitalista, en una economía devastada por el prolongado bloqueo económico.

Obama en tono ceremonioso declaró que: “Ahora estamos en una posición de avanzar hacia el futuro y dejar atrás algunas circunstancias del pasado (…) Obviamente, habrá diferencias significativas entre nuestros gobiernos. Seguiremos expresando nuestras preocupaciones e inquietudes sobre la democracia, y como escuchamos del presidente Castro, ellos seguirán expresando sus preocupaciones sobre la política estadounidense. Pero hemos concluido en que podemos no estar de acuerdo, dentro de un espíritu de respeto, y que con el tiempo es posible voltear la página y construir una nueva relación entre nuestros países” (La prensa, 12/4/2015).

Raúl Castro, por su parte, declaró brevemente que "Creo fundamental lo que ha expresado Obama. Es lo mismo que pensamos nosotros... Estamos dispuestos a discutirlo todo (…) Ha sido una historia complicada la de nuestros países, pero estamos dispuestos a avanzar como él está diciendo y a hablar de todo, como los asuntos de derechos humanos… Puede ser que [Estados Unidos] nos convenza de unas cosas y de otras no, no hay que hacerse ilusiones”. ” (La prensa, 12/4/2015).

Antes de la reunión de ambos presidentes se produjeron varias sesiones de trabajo entre el canciller de Cuba y John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos. El canciller cubano es consciente de que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba es un camino largo y complejo.

Estados Unidos está muy interesado en el mercado virgen de 12 millones de personas en Cuba, un país destruido económicamente pero con una mano de obra altamente estudiada y calificada, a escasas 90 millas de su territorio.

La estrategia de negociaciones y presiones

Para el chavismo y el castrismo este tipo de negociaciones representan una victoria política y diplomática. Pero esto es un solo un aspecto de la realidad, porque tanto en Cuba como en Venezuela se está produciendo un retroceso de ambos procesos revolucionarios. El retroceso en Cuba es más dramático porque el reconocimiento diplomático de Estados Unidos se produce al mismo tiempo que se fortalece la restauración capitalista.

La estrategia imperialista de Obama es tan perniciosa como la agresiva política de su antecesor George W Bush, que invadió Irak. Siempre que se produzca una negociación, algo inevitable, debemos rascar para descubrir lo que ésta oculta.

La política de golpes de Estado e invasiones militares en América Latina, parece estar guardada temporalmente en un closet de la Casa Blanca. Ahora predomina otra estrategia, igualmente peligrosa. Quien mejor explica esta nueva estrategia es Ben Rhodes, asesor de estrategia en comunicaciones de Obama, en una reciente entrevista: "Estados Unidos no está aquí para derrocar los gobiernos de América Latina, estamos en el negocio de la cooperación…Estamos comprometidos con restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano, no estamos enfocados en derrocar o cambiar su actual régimen. Estamos participando en actividades con este gobierno y claramente vamos a seguir teniendo diferencias en ciertos temas como el del acceso a la información." (CNN, 10/4/2015).

La política de Obama hacia Cuba es la misma política hacia Venezuela, con algunos cambios y matizaciones.