Por Orson Mojica

Esta 7 de agosto del 2017 se cumplieron los 30 años de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II, suscritos por los presidentes centroamericanos el 7 de agosto de 1987, y significaron un cambio en la álgida situación política de Centroamérica. A partir de la implementación de esos acuerdos, y de muchos otros más, fue posible la derrota electoral del FSLN en 1990, los Acuerdos de Paz en El Salvador en 1992 y finalmente la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996.

30 años después vale la pena hacer un balance de lo que ha significado la derrota de la revolución centroamericana, y la reafirmación del dominio del imperialismo norteamericano sobre la región.

Nuevas instituciones políticas

Como resultado de la aplicación de Esquipulas II, el imperialismo y las burguesías fortalecieron los derruidos mecanismos de integración regional, creados bajo el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y crearon otros nuevos como fue el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) el que funcionaría como un foro regional de negociación y en donde participarían las antiguas guerrillas.

Este proyecto del PARLACEN fue diseñado y propuesto en la primera cumbre de presidentes centroamericanos realizada en Esquipulas, Guatemala, en el año 1986. Como ya hemos analizado, fue una sagaz repuesta política del imperialismo norteamericano y europeo, de las burguesías del área centroamericana, con el objetivo de evitar la consolidación de la revolución nicaragüense, y contener el auge de la guerrilla en El Salvador y Guatemala.

Iniciado el proceso de negociación multilateral con Esquipulas II, la guerra civil comenzó a desaparecer lentamente en todos los países sacudidos por conflictos armados. Las burguesías del área  comenzaron a negociar directamente con las direcciones guerrilleras del FMLN y URNG. Para crear confianza y consolidar este proceso, necesitaban crear mecanismos institucionales tendentes a resolver las diferencias de manera pacífica. Esta fue la esencia reaccionaria del PARLACEN, ya que su creación no fue una genuina expresión de la necesidad de reunificar la nación Centroamericana sobre nuevas bases, sino que fue una imposición del imperialismo norteamericano y europeo, que tomaron como modelo el Parlamento Europeo, dando con ello una repuesta distorsionada al candente problema de la unidad de la nación centroamericana

El PARLACEN continúa siendo un impotente organismo de conciliación política entre las burguesías del área centroamericana.

El fenómeno de las maras o pandillas

El fenómeno de las pandillas o maras es una consecuencia directa del fracaso de la revolución centroamericana, iniciada en 1979 con el triunfo de la revolución nicaragüense. Este fenómeno es cualitativamente diferente de las pandillas juveniles que han existido tradicionalmente en nuestros países

Un informe de las Naciones Unidas del año 2007 calculaba que las maras o pandillas agrupaban a 70,000  miembros en toda Centroamérica, incluyendo a Belice, Costa Rica y Panamá. Producto de la derrota de la revolución, las pandillas se convirtieron en un fenómeno político y social que refleja la decadencia del capitalismo en Centroamérica. Como era de esperarse, la repuesta de los gobiernos fue el endurecimiento de la represión, focalizada contra estos grupos juveniles en exclusión social.

En su enfrentamiento contra el sistema imperante, las maras desarrollaron un tipo de organización centralizada, absorbiendo gran parte de las tradiciones de la guerrilla. Sus estructuras de mando están estructuradas de arriba hacia abajo, adoptando un funcionamiento militar. Las maras que comenzaron como un fenómeno juvenil de los barrios marginales, terminaron en la mayoría de los casos ligándose al crimen organizado, o desarrollando un tipo de actividad delictiva propia como secuestros, extorsiones, venta de drogas al menudeo, etc.

Centroamérica: la región más violenta del mundo

Los regímenes democráticos en Centroamérica, instaurados después de Esquipulas II, se encuentran sobre una bomba de tiempo,  a punto de explotar. Los datos sobre la violencia en la región centroamericana son escalofriantes. Los países que registran menos muertes violentas son Panamá, Nicaragua y Costa Rica, pero también en estos países hay un repunte de asesinatos. El sector social más golpeado por la violencia es la juventud de los sectores populares. Lo anterior es una consecuencia directa de la crisis capitalista y de la marginación social de millones de personas que no encuentran trabajo ni una forma decente de ganarse la vida. Estas masas marginadas ejercitan la violencia como mecanismo de descontento, al mismo tiempo que comienzan a constituirse en base social del crimen organizado.

La debilidad intrínseca de los Estados burgueses en la región Centroamericana, se ha transformado en círculo vicioso que permite el crecimiento de la violencia y el crimen organizado, lo que a su vez se convierte en una sangría económica para las débiles burguesías de la región.

Los altos índices de violencia en el llamado “Triángulo del Norte” (Honduras, El Salvador y Guatemala) no son una casualidad. Estos países no llegaron a esta situación gratuitamente. Este fenómeno de la altísima violencia en la mayoría de países de Centroamérica tiene una explicación histórica.

La revolución que se gestó en los años 80 en Centroamérica fue estrangulada con el fortalecimiento de los aparatos represivos, con los asesinatos masivos de guerrilleros e indígenas. Este aplastamiento sangriento de la revolución en Centroamérica, impidió realizar los cambios que nuestras sociedades clamaban. Al preservarse los ejércitos sobrevivieron también las mafias enquistadas en los aparatos represivos, muy vinculadas al crimen organizado.

Entonces se produjo una explosiva combinación de factores: las masas trabajadoras lanzadas a la miseria y la marginalidad social produjeron, por un lado, el fenómeno de las maras o pandillas (una rebelión inconsciente contra el sistema capitalista en descomposición), pero, por otro lado, al sobrevivir las mafias dentro de las fuerzas represivas, éstas consolidaron una profunda conexión con los carteles del crimen organizado.

El resultado de la derrota de la revolución en Centroamérica ha sido fatal: una rebelión de maras o pandillas, que es manipulada por el crimen organizado, y mafias que sobreviven dentro de las fuerzas policiales y armadas, cuyo negocio principal es proteger las actividades del crimen organizado. El resultado en Honduras ha sido una incontenible espiral de violencia. Algo parecido ocurre, en menor grado, en El Salvador y Guatemala.

Narcotráfico y creciente militarización

Ante el incremento de la capacidad militar de los carteles mexicanos de la droga, a mediados del 2008, el gobierno de Estados Unidos concibió el Plan Mérida como una ayuda militar extraordinaria para combatir el narcotráfico y lo que ahora se denomina “crimen organizado” en México y Centroamérica.

En la mini cumbre regional, realizada en marzo del 2010, en ciudad Guatemala, a la que asistieron los presidentes de los países del  denominado triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció que “la seguridad es un reto principal, es por eso que a través de la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI, en inglés) vamos a combatir el crimen organizado, pandillas transnacionales y el tráfico de drogas” (El Periódico, 03/05/2010),

El CARSI es una prolongación del Plan Mérida, pero con énfasis ya no en México, sino en la región centroamericana. No debemos olvidar que el Plan Mérida es hijo del Plan Colombia, y que ahora el CARSI es una continuación de ambos.

Neoliberalismo, bancarrota de los Estados y saqueo imperialista

La aplicación del Acuerdo de Esquipulas II permitió al imperialismo norteamericano desechar a las odiadas dictaduras militares, e impulsar la creación de gobiernos civiles a través de procesos electorales en donde participaban las antiguas organizaciones guerrilleras, anteriormente proscritas.

Pero el desarrollo de procesos electorales no significa, bajo ninguna manera, la instauración de una verdadera democracia. Los regímenes democráticos que surgieron después de Esquipulas II, fueron y siguen siendo muy frágiles.

Fue a partir del 1990 que los planes de ajuste del FMI, con el pretexto de estabilizar las económicas que habían sido devastadas por la guerra, se comenzaron a aplicar con rigor. Los gobiernos estaban quebrados y se inició una loca carrera por abrir las economías al capital transnacional.

Con la ofensiva neoliberal, el  resultado sobre esta industria manufacturera fue devastador: reducción numérica de la clase obrera industrial, tal como la conocíamos, debilitando a los sindicatos y centrales obreras. En su lugar, ha surgido la migración y quienes no pueden viajar a Estados Unidos, Canadá o España, están condenados a vivir en el desempleo, o de las remesas que mandan sus parientes cercanos, o terminan conformando los nuevos contingentes de la clase trabajadora de las maquilas, remedos de fábricas, que explotan salvajemente a nuestros jóvenes.

Pero bajo el neoliberalismo no vino la anunciada prosperidad, sino una mayor profundización de la pobreza y las desigualdades sociales. En términos generales, el 50% de la población en Centroamérica vive en condiciones de pobreza.

Esta destrucción de la economía de los países centroamericanos, se refleja en el creciente endeudamiento de los Estados que ya no pueden sufragar sus reducidos gastos.

Los Estados nacionales en Centroamérica ya no pueden sostenerse con finanzas propias, se sustentan precariamente con el constante endeudamiento, ya no pueden cumplir con las necesidades básicas de la población que, como hemos visto, la mitad vive bajo los límites de la pobreza.

En conclusión, la tragedia social que vive Centroamérica después de 30 años de aplicación del Acuerdo de Esquipulas II, de la derrota de la revolución centroamericana iniciada en 1979, están desintegrando las bases materiales de la sociedad y con ello obligaran a millones de personas, enviadas al desempleo crónico y la marginalidad social, a iniciar una nueva revolución social. Por ello debemos de sacar las lecciones de la derrotada pasada, para que no vuelva a ocurrir lo mismo.

Por Nassar Echeverria

Con la suscripción del Tratado General de Integración Económica (TGIE), a inicios de 1960, los gobiernos centroamericanos sentaron las bases para la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX fueron conocidas como la época de la sustitución de importaciones, impulsada por la CEPAL, y fue el periodo de cierta industrialización de los países de Centroamérica. Bajo el MCCA se creó una industria liviana de productos destinados al consumo.

Desarrollo y crisis del MCCA

El artículo 1 del TGIE planteaba la necesidad de los Estados de Centroamérica de “establecer entre ellos un mercado común que deberá quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Tratado. Se comprometen además a constituir una unión aduanera entre sus territorios”. Se fijo el plazo máximo de cinco años para la creación del MCCA, pero no se fijó plazo para el establecimiento de la unión aduanera.

Después de más de 15 años de funcionamiento, el MCCA entró en crisis a mediados de los años 70. La industria ligera creada no pudo desarrollarse precisamente por el obstáculo que significaban las artificiales fronteras de los Estados nacionales. Lejos de integrarse las económicas, cada gobierno pretendía su propio desarrollo a costa de los Estados más pobres. Guatemala fue el país que mejor aprovechó el MCCA, siendo desde entonces la economía más importante de la región.

La crisis del MCCA permitió el desarrollo de una enorme crisis política, que amenazó directamente a los gobiernos militares de la época. La revolución comenzó en Nicaragua, con el triunfo de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), abriendo una situación revolucionaria en Centroamérica.

La década de los años 80 fue de intensas luchas revolucionarias, que terminaron, a partir de los Acuerdos de Esquipulas II, en 1987, en un proceso de negociación política que culminó con la derrota de la revolución nicaragüense, y con los procesos de negociación en El Salvador y Guatemala. Los años 80 fueron los años de crisis del MCCA y de las dictaduras militares.

Restauración del proyecto de integración económica de Centroamérica

Una vez que el imperialismo norteamericano restableció su control en Centroamérica, con nuevos gobiernos en El Salvador y Nicaragua, se iniciaron las negociaciones para revitalizar el proyecto de integración económica, bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos.

En 1992 se firmó un Acuerdo de Libre Comercio, al que se adhirieron los Gobiernos de Nicaragua y Honduras en agosto de 2000, y el de Costa Rica en junio de 2002. En 1993 se firmó el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, conocido como Protocolo de Guatemala, que creo las bases del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), un relanzamiento del MCCA.

Retomando con tropiezos el proyecto de unión aduanera

Precisamente, el artículo 15 del Protocolo de Guatemala, retomó el tema de la unión aduanera, al definir que “Los Estados Parte se comprometen a constituir una Unión Aduanera entre sus territorios, con el propósito de dar libertad de tránsito a las mercancías independientemente del origen de las mismas, previa nacionalización en alguno de los Estados Miembros, de los productos procedentes de terceros países. Dicha Unión Aduanera se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de programas que se establecerán al efecto, aprobados por consenso”.

Pero en medio de la feroz ofensiva neoliberal de los años 90, los gobiernos de turno prefirieron abrir las puertas a la inversión de las transnacionales, desmantelar la poca industria, antes de consolidar la integración de las economías, y construir la unión aduanera.

Fue hasta el 13 de enero del año 2000, que Guatemala y el Salvador firmaron el Convenio Marco para el Establecimiento de una Unión Aduanera entre los territorios de la república de El Salvador y la Republica de Guatemala, pero no logró concretarse. A este acuerdo se adhirieron Nicaragua y Honduras en agosto de 2000, y Costa Rica en junio de 2002, pero todo quedó en papel mojado.

Ante este primer fracaso, el 12 de diciembre de 2007, Guatemala y Honduras suscribieron el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. Es interesante anotar que en los primeros intentos siempre aparece Guatemala. La burguesía guatemalteca necesita desesperadamente ampliar sus mercados, debido a que no puede competir con México y Estados Unidos. El 29 de junio de 2004, Guatemala y Honduras suscribieron del Marco General para la Negociación de la Unión Aduanera en Centroamérica (UAC).

El 10 de abril de 2015, en la Ciudad de Panamá, Panamá, Guatemala y Honduras, firmaron el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala y Honduras, dando un nuevo paso hacia la constitución de la unión aduanera. Estos acuerdos coincidieron con el Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP) que impulsaba la administración Obama.

A lo anterior habría que agregar que la Unión Aduanera es uno de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Asociación (AA) con la Unión Europea con Centroamérica vigente desde 2013.

La existencia de grupos económicos regionales

Han transcurrido casi 60 años desde la firma del TIEG en 1960, y fue hasta el 29 de junio del 2017, después de haber firmado innumerables tratados, acuerdos, que se creó la primera unión aduanera, “parcial y progresiva”, entre Guatemala y Honduras.

Este hecho inusual debe ser analizado por los socialistas centroamericanos. Muestra, en primer lugar, la tendencia real de la economía de los países de Centroamérica hacia una total integración. Este proceso tiene décadas de estar ocurriendo en la base económica, pero hace corto circuito en la superestructura de los Estados nacionales. Podemos decir que existe un mercado regional centroamericano, y por lo tanto también existe sectores de la burguesía que adquieren la forma de grupos regionales, superando las fronteras nacionales donde nacieron y se desarrollaron. Estos grupos regionales, a nivel financiero e industrial, tratan de aprovechar las ventajas económicas del derrumbe de las fronteras, en un mundo donde las grandes transnacionales tienen la mayor ventaja.

Esta unión aduanera es producto de una combinación de factores. Tenemos en primer lugar, la enorme presión de Estados Unidos y de la Unión Europea, los que se han quejado de la lentitud de la circulación de sus mercancías por la región centroamericana. Pero también obedece, en segundo lugar, a una necesidad económica de la burguesía guatemalteca, la mas fuerte de la región, de ampliar su radio de influencia industrial y comercial. Lo extraño en este proceso es que la burguesía hondureña, que es mucho más débil, haya aceptado este enorme reto, probablemente porque calcula que sus productos agrícolas tendrán un mejor mercado.

A lo anterior habría que agregar, en tercer lugar, que tanto en Guatemala y Honduras, son los dos países donde el imperialismo norteamericano está impulsando, a través de la CICG y de la MACCIH, con rigor una estrategia de lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que se traduce en un conjunto de reformas de sus respectivos Estados. Esta combinación de factores es lo que ha posibilitado, 60 años después de la creación del MCCA, este primer intento de unión aduanera, que por cierto debe ser analizado detalladamente.

Algunas características particulares

Si bien es cierto que la unión aduanera entre Guatemala y Honduras representa el 40% del PIB regional centroamericano, esto no significa que hayan dado el primer paso para la creación de un Estado confederado. La Unión Aduanera funcionará para el 95% de las mercancías de ambos Estados, pero un 5% seguirá cobrando impuestos porque son productos provenientes de otros países, y todavía no se ha logrado el arancel cero.

Las aduanas externas, en relación a los otros países de Centroamérica, seguirán existiendo en Guatemala y Honduras. Este primer paso y las ventajas comerciales que acarrea obligará más temprano que tarde a El Salvador, Nicaragua y la reacia Costa Rica, a entrar rápidamente a la unión aduanera. Esta dinámica de una unión aduanera total puede producir grandes cambios políticos en los países de Centroamérica

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que, al circular libremente los vehículos entre las fronteras de ambos países, existirá una coordinación mayor de los aparatos de seguridad que deberán permanecer alertas ante el narcotráfico y el crimen organizado. Debemos analizar si esto forma parte también de la estrategia de Trump de contener la inmigración hacia Estados Unidos, a través de los diques que construirán las policías y ejércitos de la región. Sería una gran ironía que mientras circulan libremente las mercancías se establezcan mayores controles al tránsito de las personas.

Se está creando una verdadera zona económica, delimitada por el momento a Guatemala y Honduras. No sabemos el impacto que tendrá la unión aduanera en la crisis fiscal de los países de Centroamérica, probablemente suban los déficits fiscales porque se mantienen los Estados nacionales.

Relativo fortalecimiento del SICA

En el plano político, también se ha dado un hecho muy importante. En la última reunión de Panamá se eligió al expresidente Vinicio Cerezo como nuevo secretario general del SICA. Cerezo fue el impulsor de los Acuerdos de Esquipulas II en 1987, que pusieron fin a la revolución en Centroamérica, ya que permitieron establecer las mesas de negociaciones que posibilitaron la derrota electoral del FSLN en 1990, y más tarde los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala.

La democracia cristiana guatemalteca, el partido de Vinicio Cerezo, ya no existe como tal. La elección de Cerezo no es más que la reafirmación de acelerar el proceso de integración económica, que en la coyuntura actual tiene su mejor expresión en la primera unión aduanera.

El imperialismo norteamericano y europeo aceleran la creación de una zona económica, pero no están interesados en la creación de un estado federado o confederado. Algunos economistas hablan de que en Centroamérica existe condiciones para un boom maquilero, para crear una zona como lo fue Singapur en sus inicios. Veremos hasta donde llega este proyecto.

Por Armando Tezucún

Durante las últimas semanas ha generado gran expectativa la reunión de los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) con el vicemandatario estadounidense Mike Pence, a realizarse los días 15 y 16 de junio en Florida. El tema del encuentro será el Plan Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), lanzado por el gobierno de Barack Obama como un intento de poner un freno a la creciente migración procedente de estos tres países hacia Estados Unidos; el plan tiene un componente de impulso al desarrollo infraestructura y servicios, propicia la inversión privada que genere empleos, y pretende sanear los sistemas políticos de la subregión para hacer más eficiente la administración pública, fortaleciendo la institucionalidad burguesa.

Ahora la administración Trump se propone adecuar el plan a su orientación de proteccionismo económico, reposicionándose en el área e imponiendo su sello. Ya fue dado un primer paso con la exigencia de que el gobierno mexicano tome un papel más activo en la detención de migrantes centroamericanos que van rumbo al norte, aparte de la amenaza de renegociar el tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos –Nafta-, para beneficiar al sector burgués que respalda a Trump, y financiar la construcción del muro fronterizo con un aumento a los aranceles a las exportaciones mexicanas.

Según el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales, el gobierno gringo busca cambiar el nombre del PAPTN y orientarlo hacia un enfoque en seguridad. Esto ya fue evidente durante la visita en febrero de John Kelly, Secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos. Las instrucciones de Kelly fueron que el ejército guatemalteco dejara el patrullaje en las calles y se concentrara en el cuidado de las fronteras, lugar de paso del narcotráfico; coincidentemente, en esos días se reunieron los altos mandos militares de Estados Unidos y México para definir el fortalecimiento de la presencia militar mexicana en las fronteras con Centroamérica. Morales explicó que preocupa a los gringos el incremento importante de la producción de drogas en América del Sur, y si bien los países de la región lograron controlar el trasiego por vía aérea, habrá que concentrarse en destruir las rutas marítimas.

Pero a los gobiernos del área les preocupa más el aspecto de desarrollo y prosperidad contenido en el PAPTN, que no significa otra cosa que atraer inversiones del capital local y extranjero para mermar la migración. Es decir, mientras al imperialismo gringo le interesa proteger sus fronteras del flujo de drogas, las burguesías locales están interesadas en hacer negocios.

Pero los gringos son los que tienen la plata y deciden en última instancia qué hacer con ella. A inicios de mayo la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley del presupuesto para el resto del año fiscal, y decidió un recorte de US$ 95 millones a la ayuda destinada a Centroamérica. En el año anterior esta ayuda fue de US$ 750 millones, mientras que el nuevo monto será de US$ 655 millones. Guatemala recibirá US$ 138 millones; de ellos US$ 7.5 millones para la Cicig, US$ 3 millones para la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía Nacional Civil, US$ 775 mil para la educación y el entrenamiento del ejército, US$ 1,740 para programas militares, US$ 112 millones para asistencia para el desarrollo y US$ 13 millones para programas de salud de la Usaid (Publinews, 4/05/17).

El jueves 18 de mayo se reunieron en Washington los cancilleres del Triángulo Norte con John Kelly, para definir en definitiva la agenda de la reunión de junio con Pence. En ella estarán presentes también representantes de México, Canadá, España, Colombia, Costa Rica y Panamá. La reunión del 15 de junio será en Miami y el tema será la prosperidad y desarrollo para la región. El tema no será la cooperación para implementar el desarrollo en servicios, infraestructura, etc., sino cómo atraer la inversión privada y las condiciones jurídicas que ofrece cada país para la inversión. Este día estarán presentes delegados de las burguesías de Guatemala, Honduras y El Salvador; por parte de Estados Unidos participarán también los secretarios de Estado, Seguridad Nacional, Comercio y Tesoro. La segunda reunión, el día 16, será en la sede del Comando Sur; estará a cargo de Kelly y serán revisados los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

En resumen, lo que pretende el nuevo gobierno imperialista es reestructurar el PAPTN invirtiendo menos dinero, presionando de múltiples maneras al gobierno mexicano para tome más responsabilidades en el freno de la migración y la gobernabilidad de la región, y servir en bandeja de plata nuestros países a los capitalistas locales y extranjeros para que hagan negocios a su gusto y antojo.

Por Leonardo Ixim

Los fiscales generales de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, Thelma Aldana de Guatemala, Douglas Meléndez de El Salvador y Oscar Chinchilla de Honduras, firmaron un acuerdo el pasado jueves 11 de agosto en la Ciudad de Guatemala, con el fin de intercambiar información para combatir a las maras. En la reunión también participaron los ministros de seguridad de Honduras y El Salvador y el ministro de gobernación de Guatemala, así como representantes de los ministerios de defensa de los tres países

Coordinación bajo la égida gringa

En esta reunión también sobresalió que el Buró Federal de Investigaciones (FBI según sus siglas en inglés) y otras agencias de seguridad de Estados Unidos respaldarán ese trabajo, asesorando en técnicas de combate trasnacional y facilitando información a los ministerios públicos de estos países. Esto se enmarca dentro de los ejes del Plan Alianza Para la Prosperidad, pues en recientes fechas el presidente gringo Barack Obama solicitó al Congreso estadounidense la aprobación de más recursos nuevamente por un monto de 750 millones de dólares, dentro del presupuesto de ese país para 2017 (El País de Costa Rica 11-08-16).

Esto se sumaría al monto anteriormente aprobado por la misma cantidad para el fortalecimiento institucional en materia de combate al crimen por un lado, en supuestos programas para generar fuentes de empleo y desmotivar la migración hacia el norte por otro, y en toda una serie de proyectos de inversión de capital estadunidense en la explotación de recursos naturales en la región.

De estos nuevos US$ 750 millones por su parte, se conoce poco cómo se aplicarán y cuáles serán las prioridades; tan solo transcendió a la prensa, en palabras del fiscal salvadoreño, que se centran en golpear la logística y la forma en que las maras se agencian de recursos, para eso tendrán el apoyo del Centro Anti Pandillas del FBI que opera en Honduras (La Prensa de Honduras 12-06-16).

Se crean nuevos organismos de seguridad

Otra medida que trascendió fue la creación de un Grupo Elite de Seguridad conformado por elementos civiles y militares de los tres países de la región, que impulsará un plan operativo con actuaciones de seguridad fronterizas, de acuerdo con las prioridades de modalidades delictivas seleccionadas para cada país (La Vanguardia, España 13-06-16).

La movilidad relativamente laxa de las personas y mercancías que existe en la región se ha convertido en una fortaleza para las pandillas, quienes, pese a operar con características propias en cada país, se respaldan entre sí para sus operaciones financieras y logísticas (Cerigua, Guatemala 12-18-16). En tal sentido es que la estrategia imperialista se centra en fortalecer capacidades a los organismos de seguridad de la región.

El apoyo estadunidense ha sido evidente con respecto a los casos llevados en Guatemala por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), que trabaja en coordinación con la primera. Con el apoyo técnico de agencias como el FBI o la CIA a estos organismos para desarticular redes de corrupción dentro del Estado, pero con poco interés para desarticular estructuras paramilitares que afectan a las luchas sociales, atemorizando y atentando contra la vida de líderes sociales.

De igual forma, hace unos días en Honduras se desarticuló una red de inversiones licitas y previo blanqueo de dinero de parte de la Mara Salvatrucha en ese país, donde invertían en empresas de todo tipo con dinero de actividades ilegales. Esta operación, denominada Avalancha, fue llevada a cabo por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), un organismo policial especial que no depende de la corrompida Policía Nacional de ese país y cuenta con el respaldo del Centro de Anti-Pandillas del FBI, con sede en ese país y que cumplirá en un papel importante en apoyo a los organismos de seguridad según estos acuerdos.

Lo sobresaliente fue que esta operación llevada a cabo por ATIC, no contó con la coordinación de la policía de ese país que, en palabras del director de ese órgano, Ricardo Castro, en “este momento hay que desconfiar de todo y la Policía Nacional no pasa por un mejor momento para poder trabajar con ellos” (El Heraldo, Honduras 04-05-16). Como parte de las operaciones se capturó a jefes de la policía hondureña que trabajaban para la Mara Salvatrucha.

Todo esto nos sigue posicionado fuertemente como parte del patio trasero de la potencia estadunidense, que pasa por distintos tipos de planes y proyectos como los tratados de libre comercio, el Plan Mesoamérica, la fallida iniciativa de apoyo a organismos policiales como el CARSI y ahora el Plan Alianza Para la Prosperidad, donde se pretende implementar articuladamente las distintas iniciativas comerciales, infraestructurales, de emprendimientos productivos y de seguridad, anteriormente dispersos.

Este plan estará conectado al mesoamericano, que abarca desde el centro de México hasta Colombia, y que entre sus elementos mas sobresalientes tiene el sistema de interconexión eléctrica regional, que acompaña emprendimientos productivos mineros e hidroeléctricos. Las potencias, sobre todo Estados Unidos y las europeas, son las más favorecidas por estos programas, pero los intereses chinos en Nicaragua y Costa Rica y rusos en el primer pais y algunos emprendimientos mineros rusos en Guatemala y Honduras, hacen a nuestra región un espacio de disputas, pero también de acuerdos entre imperialismos.

Sobre las pandillas

Existen dos grandes maras con redes internacionales, aunque con operaciones nacionales diferenciadas, como son la 18 y la Salvatrucha, con orígenes en las comunidades de emigrados centroamericanos y mexicanos del sur de California, que finales de la última década del siglo pasado, muchos de sus integrantes fueron deportados a sus lugares de origen, y encontraron un caldo de cultivo para el florecimiento de sus actividades criminales en nuestros países.

Estos pandilleros retornados aprovecharon la existencia de una generación completa de jóvenes y adolescentes, sin acceso a educación, sin empleo y otros derechos sociales básicos, herederos de las guerras que asolaron sobre todo a Guatemala y El Salvador, de una cultura de terror e impunidad impuesta por las clases dominantes y de las condiciones económicas de explotación a la clase trabajadora, pues los padres de muchos de ellos emigraron hacia el norte, con empleos mal pagados o aun peor sin empleo; fueron producto de procesos de socialización anómalos.

La aplicación del proyecto neoliberal en la región aumentó las condiciones de desigualdad y de aumento exponencial de jóvenes sin empleo y sin educación, que además se identificaron con la cultura del dinero fácil y el crimen, lo que fue fortaleciendo el fenómeno de las pandillas. Pero que además se convirtió en una oportunidad para ex militares, algunos en el negocio de las agencias de privadas de seguridad, quienes, tanto para fines pecuniarios como políticos, manteniendo la impunidad, han armado a algunas estructuras de las maras para mantener la zozobra dentro de la población por medio de la delincuencia y en algunos casos, contra liderazgos populares locales en colonias y comunidades rurales. Todo esto ha terminado afectando las prioridades de seguridad y de inversiones de los gringos.

En el caso de El Salvador, los dos partidos mayoritarios, por ejemplo, han usado clicas y estructuras de las maras para sus fines políticos, y en los últimos meses este país afrontó una ola de violencia protagonizada por estas estructuras y fomentada por la acción represiva del Estado controlado por el FMLN, tras el fracaso de la tregua entre las pandillas.

En ese país también se dan casos -que en menor medida se dan en los otros dos- donde las clicas se convierten en un fenómeno que penetra la vida cotidiana de las comunidades, y ya sea por miedo o por afinidad, las familias de los pandilleros y los vecinos se convierten en cómplices de las actividades de las maras, transformándose en algunos casos las clicas en estructuras de defensa contra la violencia policial. Pero eso no los exime, como ha pasado recientemente en Guatemala, de que con sus actividades ilícitas y en algunos casos hasta terroristas, afecten a la clase trabajadora en su conjunto.

Las maras son instituciones que son parte del panorama social, y que al igual que otras, tales como los ejércitos o la iglesia católica, son afectadas por el vaivén de la lucha de clases. Son además empresas donde cuyos jefes lucran de todo tipo de actividades lícitas e ilícitas y con conexiones con grupos de poder. Sin embargo, en la base, sus soldados y colaboradores con pocas oportunidades de empleo, se vuelven una amenaza para los gobiernos sin importar los rasgos ideológicos de la región, porque podrían asumir posturas revolucionarias contra las injusticias de un sistema que mantiene las condiciones neocoloniales.