Por Orson Mojica

El 24 de febrero del año en curso, se reunieron en Washington los presidentes de los países del Triángulo Norte --Jimmy Morales de Guatemala, Salvador Sánchez Cerén de El Salvador y Juan Orlando Hernández de Honduras—con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El motivo de la reunión es el mismo: monitorear los avances del Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP), que pretende modernizar los Estados en crisis de los países del Triángulo Norte.

Una estrategia para evitar revoluciones

La estrategia de reacción democrática implementada con el PAP es una continuidad de la aplicada a raíz de los Acuerdos de Esquipulas II, en 1987, que abrieron la puerta a la negociación y a la rendición política de las guerrillas del FSLN, FMLN y URNG y que pusieron fin a la revolución en Centroamérica.

Si bien es cierto el imperialismo norteamericano obtuvo una victoria innegable, muchas de las tareas democráticas continuaron sin resolverse, acumulándose en el tiempo. Los aliados del imperialismo reclamaron los trofeos de la victoria y se enquistaron en los aparatos del Estado, creando redes de corrupción.

Debido a la agudización de la crisis económica, y después de 25 años de ofensiva neoliberal, crece el descontento en las sociedades del Triángulo Norte, motivo por el cual el imperialismo se vio compelido a actuar contra sus antiguos aliados, ahora sus enemigos, y estableciendo alianzas con la clase media y las ONGs.

Una nueva fase de la vieja estrategia de reacción democrática

Debido a la profundización de la crisis del capitalismo, Estados Unidos ha comprendido que necesita apuntalar los Estados del Triángulo Norte que están siendo socavados por las actuaciones torpes de una burguesía inepta y corrupta, por la actividad del narcotráfico y el crimen organizado, factores que profundizan la crisis de los Estados y provocan oleadas migratorias que la decadente economía del imperialismo norteamericano ya no puede absorber, como ocurría en décadas pasadas.

Es importante señalar que, a diferencia de la década de los años 70 y 80 del siglo pasado, el gobierno de Estados Unidos en esta ocasión no apoya dictaduras militares, ni golpes de Estado, sino que enarbola una política mucho más nefasta: ahora es el campeón de la lucha por la democracia, y en contra de la corrupción enquistada en los Estados del Triángulo Norte.

En cierta medida, la nueva política del imperialismo ataca y persigue a aquellos militares que han sido denunciados como violadores de los derechos humanos. Estos sectores de militares y de miembros de los cuerpos de seguridad que en la lucha contra las guerrillas aplicaron al pie de la letra lo que indicaban los manuales de contrainsurgencia elaborados por Estados Unidos, actualmente son perseguidos, deportados de Estados Unidos y hasta enjuiciados penalmente. Estos sectores se sienten utilizados y traicionados.

Manipulando los sentimientos democráticos

La nueva estrategia imperialista está golpeando a las mafias enquistadas en los aparatos del Estado de los países del Triángulo Norte, apoyándose en los sentimientos democráticos de la clase media, que honestamente trata de luchar contra la corrupción. El imperialismo no trata de promover revoluciones sino todo lo contrario: esta nueva estrategia de reacción democrática pretende evitar el estallido de nuevas revoluciones, como la ocurrida en Nicaragua en 1979.

Al parecer el imperialismo norteamericano está aprendiendo de las lecciones pasadas, no quiere cometer los mismos errores que ocurrieron con la dictadura de Somoza, que cuando quisieron cambiarla ya era demasiado tarde.

La manipulación de los sentimientos democráticos de la clase media ya la hemos visto en acción durante las movilizaciones contra el corrupto gobierno de Pérez Molina en Guatemala. También hemos visto la mano pachona del imperialismo norteamericano durante la marcha de las antorchas en Honduras. En estos dos casos, la clase media urbana salió a protestar con justa razón, pero al no tener una dirección revolucionaria, estas movilizaciones terminaron siendo copadas por tontos útiles del imperialismo.

El rol de las ONGs

¿Quiénes son los tontos útiles? Debemos de llamar a las cosas por su nombre y decir la verdad, aunque duela. Una buena parte de las ONGs, que son financiados por fundaciones norteamericanas y europeas, se han convertido en la avanzadilla de esta nueva fase de la estrategia de reacción democrática. Durante mucho tiempo, especialmente después del derrumbe de la URSS y de la derrota de la revolución en Centroamérica, una parte de la izquierda se refugió en las ONGs.

Hasta hace poco las ONG eran organismos que ayudaban a la movilización popular y en cierta medida organizaban la protesta social. Esta fusión de la izquierda con la actividad propiamente sectorial fue en cierta medida progresiva. Pero la crisis del capitalismo ha agotado las fuentes de financiamiento de las ONGs, y ante la escasez de fondos solo permanecen aquellos programas o proyectos con alto contenido político. Sin quererlo, en la desesperada búsqueda de fondos, las ONGs poco a poco se han convertido en apéndices de las estrategias de dominación de los imperialismos norteamericano y europeo, porque deben cumplir con los lineamientos de las instituciones que los financian.

Obviamente, no todas las ONGs juegan este rol, todavía existen aquellas que sinceramente creen en los postulados del empoderamiento de la sociedad civil. Pero estas comienzan a ser la excepción de la regla. Otra parte de estas ONG eran financiados por el ALBA, pero la crisis económica en Venezuela y el debilitamiento de los “gobiernos de izquierda” en América Latina las ha dejado en la orfandad.

Donde se ha expresado con mayor nitidez el rol de las ONGs como comparsas acríticos de la política del imperialismo norteamericano y europeo, fue en las recientes jornadas de lucha contra Pérez Molina en Guatemala, y durante la marcha de las antorchas en Honduras. Lamentablemente estas ONGs y una parte de la izquierda se oponen a construir alternativas independientes del movimiento popular.

La implementación del PAP

El vicepresidente Joe Biden es el encargado de ejecutar y coordinar el PAP. Ya se ha reunido varias veces con los presidentes del Triángulo Norte. En relación a la última reunión del 24 de febrero, la Casa Blanca emitió un largo comunicado de prensa que es indicativo de los avances del plan imperialista en los países del Triángulo Norte, que debemos analizar con detenimiento.

Estados Unidos tiene programado entregar financiamiento por 2,600 millones de dólares a los gobiernos del Triángulo Norte para la ejecución del PAP. Las entregas de dinero están sujetas a la evaluación del gobierno de Estados Unidos

Recuento de los “logros”

El principal logro de esta nueva fase de la reacción democrática es el cambio de gobierno en Guatemala, en donde la oportuna intervención del imperialismo y de sectores del Ejército, evitó que la movilización popular impusiera un gobierno desde abajo. Lograron conducir la rabia popular al campo electoral e impusieron a Jimmy Morales como nuevo presidente, quien está aplicando a pies juntillas los dictados del imperialismo, en el sentido de acelerar la reforma del Estado para evitar el estallido de una situación revolucionaria. El triunfo popular que significó la caída del gobierno de Pérez Molina fue revertido completamente, causando gran desconcierto en el movimiento obrero y popular.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no solo goza de amplio prestigio popular, sino que Estados Unidos logró la renovación del mandato de ésta por 4 años más.

En Honduras, después de un largo forcejeo con el gobierno de Juan Orlando Hernández, que se resistía a ser supervisado por un organismo internacional, el imperialismo norteamericano logró desvirtuar el descontento popular manifestado en las marchas de las antorchas, imponiendo la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), como una salida de consenso pactada con los grupos de poder en Honduras.

El Salvador es el país donde aparentemente el imperialismo norteamericano no ha logrado imponer sus planes, pero no debemos confundir la esencia con la apariencia. A pesar de la resistencia del segundo gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a constituir una Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICIES), hay avances sustanciales del plan imperialista.

El comunicado de prensa de la Casa Blanca menciona como logros en El Salvador “la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (…) para enfrentar el crimen y promover la prevención de la violencia denominado “Plan El Salvador Seguro”. (…) la investigación y procesamiento de las extorsiones, la cual ha llevado a una tasa de condena del 93 por ciento. En general, los fiscales salvadoreños lograron en 2015 un total de 1,034 condenas por cargos relacionados con extorsiones”.

Pero lo que no menciona el comunicado, es que una parte de las instituciones del Estado en El Salvador, están jugando el rol de la no creada CICIES, como es “probidad” y la Sala Constitucional, quienes después de la muerte repentina del expresidente Francisco Flores, que estaba siendo procesado por corrupción, ahora están procesando los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

La lucha por la democratización real

La estrategia de Estados Unidos, aunque busca cómo manipular el descontento de la clase media urbana, la más golpeada por el ajuste neoliberal y las continuas reformas fiscales, no se basa en la movilización sino en todo lo contrario: los verdaderos soportes de esta estrategia de reacción democrática son los ejércitos y los aparatos de seguridad, que el imperialismo quiere depurar para que puedan jugar el rol represivo en momentos de peligro. No persigue la democratización real de las sociedades del Triángulo Norte sino sencillamente contener y evitar la revolución social.

No obstante, la lucha contra la corrupción nos abre una oportunidad que puede ser utilizada por los socialistas centroamericanos para iniciar el reagrupamiento de los revolucionarios y la izquierda luchadora, para iniciar la movilización por la democratización real. Para ello, necesitamos la más absoluta claridad de lo que está ocurriendo.

 

Por Ramona Itzep

La emergencia que debido al Zika se ha declarado, tiene como referencia los más de 4,000 casos de nacimientos de bebés con microcefalia que se han registrado en Brasil y los cuales se asocian al virus del Zika. Esto ha llevado a que los gobiernos afectados den una serie de recomendaciones para evitar la propagación del virus. ¿Qué opinión merece una de estas recomendaciones?

Como irresponsabilidad, negligencia e irrespeto a la población y en especial a las mujeres se pueden describir las nefastas declaraciones de Salud pública de los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Jamaica en relación al reciente brote del virus del Zika que está afectando a 22 países de América Latina, al recomendar a las mujeres en los países arriba mencionados, que pospongan el embarazo en un periodo de entre 6 meses a 2 años, hasta que se erradique el virus del Zika. ¿Por qué es tan irracional esta recomendación? solo demos un vistazo a las problemáticas que tienen las mujeres América Latina en cuanto a la “decisión” de embarazarse y sin dejar de lado la crisis de salud que constantemente tienen países como Guatemala.

En América Latina y el Caribe existen altas tasas de embarazos no planificados, donde más del 56% de los embarazos son no deseados/buscados, esto debido a altos niveles de violencia sexual, acceso limitado a anticonceptivos (en América Latina y el Caribe, aproximadamente 20 millones en de mujeres tienen demanda insatisfecha en anticoncepción y 95% de los abortos son en condiciones inseguras debido a que está penalizado), limitados servicios de salud sexual y reproductiva.

Cabe mencionar la reciente polémica en Guatemala, debido a la inclusión de enmiendas en la Ley de Juventud 3896, en cuanto al acceso de las y los jóvenes a Educación Integral en Sexualidad y acceso a métodos anticonceptivos, a las que sectores conservadores se oponen a que sean incluidas, y leyes restrictivas en torno al aborto, donde en algunos casos, como El Salvador, está prohibido en cualquier circunstancia. Por otra parte, las mujeres jóvenes, que viven de comunidades rurales, en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en otras situaciones vulnerables, enfrentan múltiples dificultades cuando se trata de ejercer un poder y control significativo respecto a la toma de decisiones sobre su vida sexual y reproductiva.

Por otra parte hay que conocer las recomendaciones que se hacen desde instituciones que tienen el conocimiento científico y una postura que beneficia a la población más afectada frente a la problemática del Zika.

El Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG), afiliada a la Federación Mundial de Ginecología y Obstetricia hace la siguiente declaración sobre la emergencia por el virus del Zika:

Exhortamos a los gobiernos de nuestra región para que esta crisis global sea la oportunidad para reducir la desigualdad en y entre los países (Objetivo 10 de Desarrollo Sostenible), pues sin la eliminación de las desigualdades, no se avanzará en el desarrollo sostenible y para esto se requiere:

- Asegurar que las mujeres y las adolescentes tengan acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos asequibles, incluyendo la anticoncepción de emergencia, especialmente para aquellas que viven en condiciones de pobreza, en zonas rurales y áreas periurbanas. Solicitar a las mujeres retrasar su embarazo sin proporcionarles las herramientas para hacerlo es inconcebible.

- Ampliar el acceso a servicios de aborto seguro. En una región con una de las legislaciones más restrictivas a nivel global en materia de aborto, las mujeres tienen el derecho de decidir, acorde a las legislaciones de cada país, la interrupción voluntaria del embarazo y cuándo hacerlo. No sólo durante esta crisis de salud pública, sino siempre.

- Implementar campañas de sensibilización para que las mujeres y las jóvenes accedan a información sobre el virus del Zika que les permita prevenir la presencia de la enfermedad y estar conscientes de los riesgos en que incurren si deciden tener hijos/as.

- Mayor apoyo para las mujeres que deciden continuar con su embarazo y para aquellas que pudiesen tener hijos/as nacidos/as con microcefalia.

- Acceso universal a las pruebas para detectar el virus del Zika en etapas tempranas del embarazo y a las tecnologías diagnósticas para la evaluación fetal.

- Liderar una respuesta coordinada al virus del Zika, a través de involucramiento de actores de diferentes sectores, incluyendo a la sociedad civil.

Rechazamos las absurdas recomendaciones de los gobiernos del área ante la epidemia del Zika, y planteamos a las organizaciones de mujeres y jóvenes que realicen acciones coordinadas para exigir a la implementación de programas de educación sexual y la dotación de anticonceptivos a la población femenina.


Por Leonardo Ixim

Un plan revelado a mediados de diciembre, cuya implementación estaría a cargo de la oficina para asuntos migratorios y aduanales ICE -por sus siglas en inglés- perteneciente al Departamento de Seguridad Interior, sobre la deportación masiva de migrantes ilegales centroamericanos, ha generado temores en la comunidad latina en Estados Unidos.

Rápidamente varias organizaciones de centroamericanos residentes en ese país empezaron a movilizarse, en un ambiente prelectoral -las elecciones presidenciales serán en noviembre- donde los precandidatos republicanos, algunos de estos de origen cubano como Ted Cruz y Marco Rubio pero sobre todo el ultraderechista Donald Trump han amenazado con deportar a los 11 millones de migrantes que se calcula viven ilegalmente en EU. En el otro extremo, los candidatos demócratas han demostrado ciertas ambigüedades, sobre todo Hillary Clinton, en lo que respecta a detener la represión; más claramente ha sido Berni Sander, quien recordemos se declara socialista y ha llamado a realizar una revolución política contra Wall Street, que en el tema de migración ha prometido una reforma completa en lo que respecta a detener las deportaciones y reconocimiento legal a los residentes.

Pero lo cierto es que el año comenzó con varias redadas contra inmigrantes en diferentes ciudades, que han resultado afectadas por los fallos negativos en los procesos judiciales sobre inmigración; sin embargo las críticas pronunciadas tras la filtración del plan han atenuado momentáneamente estos planes. Esto es el resultado del fracaso del gobierno federal en lo que respecta a la política de entregar la residencia a la población en situación ilegal, por un lado, y la negativa del Partido Republicano a aprobarla; como resultado, este es el gobierno que más ha deportado en los últimos años.

En ese ambiente, buscando salir del atolladero, la administración de Obama puso un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia contra la decisión de un tribunal de la ciudad de New Orleans que busca revertir los programas federales DAPA y DACA. Una situación derivada de todo esto, es el conflicto en lo que respecta a la potestad de los distintos niveles del Estado gringo -federal y estaduales- para dictar la política migratoria, pues muchos de los Estados donde la migración es numerosa están gobernados por políticos antiinmigrantes.

Pero regresando al tema, ante el fracaso la intención de lograr la residencia legal de 11 millones de migrantes, Obama a finales de 2014 prometió implementar un programa para legalizar el estatus migratorio de un poco más de 5 millones de residentes, muchos de ellos padres de estudiantes que ingresaron ilegalmente a territorio estadunidense y que en 2012 lograron su ciudadanía beneficiados por el programa DACA calculándose unos 720,000 jóvenes conocidos como Dreamers; por medio de otra política nombrada como programa para la suspensión temporal de deportación para los padres de estadounidenses DAPA, en sus siglas en inglés. Así como de trabajadores que estando ilegalmente contribuyen a generar la riqueza en ese país y que además por medio de las remesas evitan un desplome de las economías del triángulo norte. Sin embargo, la oposición de los republicanos que demagógicamente adujeron apoyar estos programas si se arreciaba la represión en la frontera sur fue lo que primó y Obama obedientemente la ha recrudecido, militarizándola aún más.

En lo que va del año han sido detenidos 121 inmigrantes en los estados de Georgia, Texas y Carolina del Norte, que tienen orden de deportación por cortes migratorias (La Opinión 24-01-16). Pero en el año fiscal pasado que terminó el 30 de septiembre se deportó a 230 mil personas, siendo un 42 % menor que el año fiscal antepasado, cuando se deportó a 409 mil (La Nación 19-01-16). De ahí que Obama se haya ganado el epíteto del patrón de las deportaciones

El plan mencionado, revelado en diciembre, hace referencia que entre quienes serán deportados estarán personas que hayan tenido alguna sentencia judicial o indicios de haber participado en crímenes. Sin embargo como vemos, en su mayoría son migrantes que entraron ilegalmente en los dos últimos años y fueron detenidos por el ICE, llevados a tribunales migratorios cuyas sentencias fueron injustas; por tanto aquí se está criminalizando la migración sin considerar las causas sociales que la originan.

Por otra parte, desde noviembre hasta la fecha la Policía Fronteriza arrestó a más de 5 mil niños que viajaban solos, de los 64,541 detenidos en el año pasado fiscal de ese país (Univisión 24-12-15); de esta forma se evidencia que el repunte de menores que viajan solos hacia ese país no se ha detenido y la crisis en nuestros países se agudiza con más fuerza, siendo esto lo que llevó a presentar el Plan Alianza Para la Prosperidad.

Plan Alianza Para la Prosperidad y el reajuste de los montos

Irónicamente, el embajador gringo en Guatemala Todd Robinson recibió a inicios de enero a los primeros migrantes deportados del año, ofreciendo que el plan Alianza Para la Prosperidad iba a revertir tal situación. Pero la actitud demagógica no acaba aquí. En el marco de la toma de posesión de Jimmy Morales en Guatemala, los presidentes de Honduras y El Salvador, Juan Orlando Hernández y Salvador Sánchez Cerén respectivamente, junto a Morales, se reunieron con el vicepresidente John Biden, quien les ofreció a cambio de implementar medidas de fortalecimiento del estado de derecho, la tan ansiada ayuda contemplada en tal plan.

Este plan -que nació supuestamente por iniciativa de los tres gobiernos centroamericanos que mostraron una actitud de súbditos incluyendo el “izquierdista” gobierno de El Salvador- contemplaba la aprobación de un monto de mil millones de dólares para proyectos de inversión productiva y de fortalecimiento del estado de derecho; más un monto no contemplado que corresponde a los gobiernos locales. Sin embargo al final el Congreso estadounidense terminó aprobando $ 750 millones dentro del presupuesto federal para implementar el plan.

El paquete aprobado estará distribuido en, un 40 % en programas de desarrollo, 24 por ciento en asistencia económica y 30 % en iniciativas de seguridad y la revisión periódica de parte del imperialismo en el cumplimiento de las tareas de cada país (La Prensa 18-01-16). Un componente principal será para detener la migración usando medidas disuasivas, represivas y de generación de empleo -sin especificar bajo que términos-. Así, a El Salvador le corresponde $ 65 millones, Honduras $ 98 millones y Guatemala $ 112 millones. El 75 por ciento restante, uno poco más de $ 400 millones están condicionados a la aprobación del senado gringo; sin embargo la ejecución de estos fondos será vía USAID (Prensa Libre 19-01-16), lo cual reduce la capacidad de estos países para redirigir esos montos. Recordemos que El Salvador por aparte, contempla un plan de inversión en infraestructura y desarrollo turístico con fondos gringos conocido como Fon milenio II.

Morales por otro lado dijo que la partida de correspondencia de Guatemala sería de $ 875 millones (El Periódico 20-01-16) un monto elevadísimo en un presupuesto que se proyecta desfinanciado y para el cual los mismos personeros del nuevo gobierno ya contemplan pedir la aprobación de bonos. De los otros dos países no se tiene información al respecto. Lo cierto es que el desembolso vía ejecución de la USAID mas lo que se contempla completar los $ 750 millones, se enfocará en proyectos de conexión multimodal para modernizar las vías de comunicación por medio de las alianzas público-privadas en toda la región; de generación de energía eléctrica, mejoramiento en la interconexión regional y proyectos de energía renovable, abriendo el mercado al capital gringo y de una equiparación entre los precios de generación y de comercialización para reducir costos a la capacidad productiva instalada, pues los empresarios se quejan de sus costos.

La contrapartida es garantizar instituciones sólidas en el marco de una democracia liberal vía la CICIG para Guatemala que acaba recibir una donación de parte del gobierno gringo, la recientemente instalada MACCIH para Honduras y que maduren los acuerdos de la interpartidaria entre Arena y el FMLN para repartirse el poder estatal, aunque no se descarta otra misión o comisión similar en ese país.

No a las demagogias

Llamamos a las organización de migrantes, sindicatos y comunales en EU, a no dejarse engañar por la política del Partido Demócrata -con las cuales muchas tienen vínculos-, a combatir al retórica reaccionaria de los republicanos y exigir una amnistía para todos los migrantes en situación ilegal, reconociendo su derecho a la residencia y a la ciudadanía. Además de movilizarse para detener las políticas militaristas permitiendo la entrada de todos los que desean migrar hacia el norte, emplazando a Sander y demás grupos de izquierda que lo apoyan a disputarle el poder a los monopolios en el corazón del imperio, tal como retóricamente menciona.


Por Orson Mojica

El problema explotó cuando el gobierno de Costa Rica, sin habérselo propuesto, desmanteló una banda de traficantes de migrantes, que trasladaban de manera ilegal a miles de cubanos, que fueron capturados en la frontera de Paso Canoas, entre Panamá y Costa Rica.

La cantidad de migrantes rondaba la cifra de los 2,000. Inicialmente, el gobierno de Costa Rica, se limitó a confinarlos en un lugar especial, otorgándoles visa temporal de siete días para que permanecieran en el país. Sin comunicarse con el gobierno de Nicaragua, decidió trasladarlos a la frontera de Peas Blancas, en autobuses pagados por el administración de Luis Guillermo Solís, y sin mediar protocolo alguno, permitió la salida legal de su territorio, actuando como el barrendero que esconden la basura debajo de la alfombra.

La reacción de Nicaragua

Repentinamente, cerca de 2,000 migrantes cubanos se encontraban en territorio nicaragüense, sin la correspondiente visa de ingreso. Hubo conatos de violencia, cuando las autoridades migratorias de Nicaragua, intentaron detener la avalancha migratoria. Daniel Ortega decidió utilizar las tropas antimotines de la Policía Nacional, con el apoyo de las tropas del Ejército Nacional (EN). Los migrantes cubanos fueron rechazados con gases lacrimógenos y regresados a garrotazos hacia Costa Rica.

La primera dama Rosario Murillo leyó un comunicado denunciando “ante la comunidad internacional los graves hechos que han significado violación de nuestro territorio nacional e ingreso forzado de miles de inmigrantes irregulares de nacionalidad cubana (…) el gobierno de Costa Rica, en una acción deliberada e irresponsable, lanzó y sigue lanzando sobre los puestos fronterizos del sur de Nicaragua a miles de ciudadanos cubanos que permanecían en su territorio” (El Nuevo Diario, 16/11/2015)

La inesperada reacción del gobierno sandinista expulsó a 1917 cubanos migrantes del territorio nicaragüense, creando un muro que imposibilita el tránsito de estos hacia su destino final en Estados Unidos. La frontera esta militarizada. Los migrantes cubanos se encuentran en improvisados campamentos, viviendo de la ayuda humanitaria que recolectan organizaciones de la sociedad civil costarricense.

Jacinto Suárez, diputado sandinista y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, se quejó que las autoridades costarricenses “no pueden pedirle a ningún Gobierno, sin previo aviso, que reciba a estos ciudadanos. En los Estados hay soberanía, respeto entre los gobiernos, Costa Rica no puede estar esperando que otros países asuman su posición. Estos ciudadanos cubanos se abalanzaron y entraron a la fuerza al territorio nacional, Nicaragua no está obligada a recibir ciudadanos sin su consentimiento, menos aún que sea forzada su frontera. No es correcto que Costa Rica otorgue visa de tránsito a la gente para que vengan a Nicaragua”. (El Nuevo Diario, 17/11/2015).

Censuras mutuas

Los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua se increparon, acusándose mutuamente de originar de la crisis migratoria. Mientras el gobierno de Costa Rica amenazaba con llevar el caso ante la OEA, el gobierno de Nicaragua amenazó con convocar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), aunque al final se inclinó por convocar a los cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para resolver el problema, propuesta que también fue aceptada por el gobierno de Costa Rica.

Mientras tanto, continúan llegando más y más cubanos migrantes a Costa Rica, amenazando convertirse en una crisis parecida a la del puerto Mariel (1980), con la gran diferencia que esta crisis migratoria se produce en tierra firme, y en el contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, el pasado 20 de Julio del 2015.

Repunte de la migración cubana

Desde finales del 2014, cuando Barack Obama y Raúl Castro decidieron dar los primeros pasos para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el tradicional flujo migratorio de cubanos hacia Estados Unidos, lejos de frenarse, ha aumentado considerablemente, especialmente porque muchos interpretan que el fin de la hostilidad entre ambos gobiernos puede ser el inicio del fin de la Ley de Ajuste Cubano.

Mediante esta ley, promulgada en noviembre de 1966, cuando el enfrentamiento entre Estados Unidos y Cuba, estaba en su apogeo, los migrantes cubanos pueden ingresar sin límites a territorio norteamericano, donde reciben automáticamente un permiso de trabajo y después de un año de permanecer en Estados Unidos obtienen la residencia permanente. Esta ventaja no la tienen los migrantes centroamericanos o de cualquier otro continente.

Bajo la administración Clinton comenzó a aplicarse la política de “pies secos, pies mojados”. Los migrantes cubanos interceptados en el mar eran devueltos a Cuba, pero no así aquellos que lograban poner los pies en territorio de Estados Unidos. Desde entonces, la migración de cubanos por tierra se ha intensificado por distintas rutas en el continente.

Bajo la administración de George W Bush, Estados Unidos aprobó en 2006 el llamado “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos”, que alienta a médicos y otro personal cubano de la salud a emigrar a los Estados Unidos.

Bajo el gobierno de Raúl Castro, en el año 2013 se flexibilizaron los obstáculos que impedían a muchos cubanos salir legalmente de la isla. A partir que Ecuador permite el ingreso de cubanos sin necesidad de visa de turismo, este país se ha convertido en la cabeza de playa donde desembarcan miles de cubanos cada año, en su larga marcha para llegar por vía terrestre a los Estados Unidos.

Según el diario La Nación, de Costa Rica, “entre el 1.° de octubre de 2014 y finales de junio de este año, 27.296 cubanos entraron a Estados Unidos, según datos conseguidos por el Centro de Investigación Pew. En comparación, durante ese periodo en el año anterior ingresaron 15,341 cubanos, lo que representa un incremento del 78% de migrantes isleños para el 2015”. (22/11/2015)

Cautela de Estados Unidos

Haney Fitzgerald, embajador norteamericano en Costa Rica, en relación a la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, declaró recientemente que “(…) No hay un cambio en esa política, tendría que darse un acto del Congreso de los Estados Unidos para que eso cambie. No hay nadie que esté empujando para que eso cambie”. (La Nación, 18/11/2015)

En el mismo sentido, pero con mayor cautela y con una orientación más clara, se ha pronunciado Laura F. Dogu, embajadora norteamericana en Nicaragua: “(…)“Los Estados Unidos va a darles permiso de vivir (a los cubanos) si llegan a los Estados Unidos, ahora ellos están en otros países y estos tienen la responsabilidad de cuidar a esos migrantes que están pasando por su territorio (…) es importante hablar con todos los países, no solo con Nicaragua y Costa Rica sino con todos, porque ellos (migrantes) han venido desde Ecuador, Colombia, Panamá y piensan pasar por los países del norte, entonces estamos trabajando en conjunto”. (El Nuevo Diario 19/11/2015)

Dogu fue diplomática pero categórica al insistir: “si llegan a Estados Unidos”…. Es obvio, que la Ley de Ajuste Cubano sigue vigente, pero precisamente por ello Estados Unidos quiere que todos los países se involucren para contener o aminorar el flujo migratorio de cubanos hacia Estados Unidos.

Con el restablecimiento de las relaciones diplomática con Cuba, Estados Unidos ya no tiene el mismo interés en la migración cubana, pero el tema de la derogación de la Ley de Ajuste Cubano no lo tocan en un año electoral.

Preocupaciones de Cuba

Aunque Cuba ha flexibilizado su política migratoria, permitiendo a los cubanos que tiene los recursos, salir de la isla, la mayor parte de estos migrantes pertenecen a la clase media, es decir, al personal con alta capacitación técnica o profesional, lo que constituye una sangría de cerebros, que debilita el atractivo cubano para las transnacionales que comienza a aterrizar en Cuba, producto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

La actitud del gobierno de Nicaragua, de bloquear el paso de los migrantes cubanos, coincide y está a tono, desde ángulos diferentes, con las silenciosas preocupaciones tanto del gobierno de Estados Unidos, como del gobierno cubano.

Los obstáculos legales contra la migración cubana

Aunque se hayan restablecido las relaciones diplomáticas con Cuba, sobreviven todos los mecanismos legales de la época del bloqueo internacional a Cuba. Todos los países de Centroamérica exigen visado para el ingreso de cubanos en sus territorios.

Panamá acaba de liberalizar un poco la entrega de visas, pero siempre deja a criterio de su cónsul en La Habana, a quien le concede el derecho a visa de turismo. Los restantes países de Centroamérica, en su totalidad, tienen el sistema de visas consultadas, es decir, se otorgan de manera selectiva previa consulta con sus respectivas cancillerías. Y México, la cuasi meta de la migración cubana, tiene un engorroso sistema de visado.

En pocas palabras, los cubanos todavía son víctimas del bloqueo. A pesar que todos los países de América Latina tienen relaciones diplomáticas con Cuba, en todos estos países prevalecen las duras restricciones para las visas de turistas para cubanos.

La reunión del SICA

En la reunión de cancilleres de SICA, realizada en San Salvador, el pasado 24 de Noviembre, prevaleció el criterio de la “autodeterminación” y del respeto a la soberanía de los Estados, lo que constituyó un triunfo de la postura nicaragüense. Salvo Costa Rica, todos los países están muy preocupados por el flujo masivo de cubanos por sus territorios.

El discurso de las autoridades nicaragüenses criticó la posición de Estados Unidos, de alentar la migración cubana y de deportar a los migrantes centroamericanos. En el fondo, aunque no lo parezca, esta posición resulta beneficioso para Estados Unidos que guarda silencio ante el espinoso problema de la migración cubana.

Defender el derecho de emigrar libremente

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) defendemos el derecho de cubanos y de cualquier nacionalidad a emigrar donde le resulte mejor. La migración cubana retenida en la frontera nicaragüense tiene derecho a continuar su travesía. La actitud de las autoridades nicaragüenses benefician al gobierno cubano y contradictoriamente al gobierno de Estados Unidos, el principal interesado en contener las migraciones hacia su territorio.


Por Marcial Rivera

*A Harvey Milk, y a todas las víctimas de la intolerancia, en Centroamérica y el mundo

Algunos antecedentes

2015 ha sido un año paradigmático en la lucha por los derechos de la población diversa sexual; es noviembre y resulta conveniente hacer un repaso sobre algunos de los mismos, para entender qué ha pasado y cuál debe ser nuestro posicionamiento en Centroamérica.

Numerosos tratados internacionales, y declaraciones en distintas entidades se han emitido al día de hoy; muy probablemente los principios de Yogyakarta en 2006, sean los más significativos, aunque lo establecido por la Unión Europea y la iniciativa Francesa en 2008, para la despenalización de la homosexualidad no dejan de ser menos importantes.

El 16 de junio de 2015, se legalizaron las uniones entre personas del mismo sexo en México; 10 días después, el 26 de junio de 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos, aprobó el matrimonio igualitario. Debe destacarse el caso de otros Estados como Bélgica en 2003, España y Canadá en 2005, Sudáfrica (2006), Colombia (2007), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Países Bajos en 2011, Dinamarca (2012), Uruguay (2013), Nueva Zelanda (2013), Francia (2013) y Brasil (2013) Chile (2015), Eslovenia (2015), que ya han emitido legislaciones en relación a uniones civiles, y uniones legales entre personas del mismo sexo; en algunos casos no se usa el término ‘matrimonio’, pero existe un reconocimiento por parte de los Estados.

De acuerdo a diversos estudios, el 10% de la población mundial es parte de la diversidad sexual. Este es un porcentaje fundamental en varios sentidos, de ahí que los distintos sectores de la sociedad, deben tomar un posicionamiento al respecto. Probablemente la principal reivindicación de los movimientos de la diversidad sexual, ha sido el matrimonio igualitario; no obstante en la actualidad hay un salto cualitativo importante hacia otras esferas de la vida, como la participación política.

Algunos temas en la agenda

Hasta hace algunos años las reivindicaciones por parte de la población diversa sexual estaban relacionadas a salud sexual y reproductiva, y también al matrimonio igualitario, pues se consideraba que era un eje de lucha parte aguas. No obstante, en la actualidad hay otros ejes transversales como seguridad social, adopciones igualitarias, legislación en materia de estigma y discriminación, acceso a medicamentos para población seropositiva, ley de identidad de género, penalización de crímenes por odio, participación política, salud y educación sin discriminación.

En Centroamérica

El movimiento por los derechos de la diversidad sexual, en la región es relativamente joven. Las primeras organizaciones pueden situarse a principios de los noventas. A pesar de esto las demandas han tenido algún eco en las autoridades. En Guatemala y Nicaragua funcionan oficinas que tutelan los derechos de la población diversa sexual, y en el primero, hay una política de derechos humanos en construcción; en El Salvador hay una dirección de la diversidad sexual, que desde el ejecutivo tiene algunas funciones designadas; en Costa Rica, las parejas del mismo sexo tienen acceso a seguridad social y algunas adopciones; en Honduras la situación es complicada, la Constitución incluso prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo, aunque ha habido algunos avances, la equiparación de derechos es una utopía que cada vez tiene menos pasos, pero todavía los tiene.

La población LGTBI, no pide privilegios, pedirlos sería el equivalente a lo que hacen las religiones: estar exentas de tributar al erario público; la población diversa sexual, pide igualdad. En la actualidad la mayoría de países en África, países Árabes y en menor medida Rusia, tienen una enorme y significativa influencia de distintas corrientes religiosas, para la toma de decisiones en cuanto a derechos de la diversidad sexual; desde algunos que la consideran como ilegal, hasta otros que la castigan con pena de muerte. La celebración en occidente de las conquistas por los derechos civiles, no estará consumada hasta que cualquier ser humano pueda vivir libremente su condición sexual, y ejercer plenamente su ciudadanía en cualquier lugar del planeta, sin ser reprimido, oprimido, discriminado, ni ejecutado y sea libre del yugo explotador del capitalismo. Desde el Partido Socialista Centroamericano, saludamos y acompañamos esta lucha.

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