Por Armando Tezucún

Alarmado por el repunte de los casos de infección por Covid-19, el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei anunció el jueves 14 de mayo un cierre total del país. Ese día se reportaron 176 nuevos casos para un total de 1,518 desde el primero reportado el 13 de marzo, y 29 fallecidos; el mandatario declaró que el país entró en la fase de mitigación de la epidemia.

El cierre total inició el mismo jueves por la noche, para finalizar el lunes 25 de mayo a las 5:00 am. El gobierno prohibió la circulación de vehículos particulares; cerró mercados y supermercados, permitiendo solo la atención en tiendas de barrio; cerró gasolineras y bancos; y decidió que la semana siguiente los mercados y supermercados abrirían en horarios restringidos lunes, miércoles y jueves. El vienes 22 habría un nuevo cierre total hasta el lunes 25 a las 5:00 horas.

El cierre tomó por sorpresa a toda la población, y como era de prever, lo primero que sucedió fue la aglomeración tumultuaria de clientes en las tiendas de barrio tratando de abastecerse de alimentos para el fin de semana, obviamente sin tomar las precauciones ni el distanciamiento necesario. En vez de proteger a la población, la repentina  e imprudente medida puso en riesgo de contagio a decenas de miles de personas.

Pero la disposición presidencial afectó también a los pequeños productores, en especial agrícolas del interior, pues las autoridades locales no les permitieron sacar sus verduras y frutas para trasladarlas a la capital.

Inician las protestas de campesinos y pobladores

El campesinado indígena guatemalteco cuenta con una tradición de organización y lucha, que los compañeros no tardaron en manifestar. El viernes 15 a las 14:00 horas grupos de agricultores bloquearon tres segmentos de la ruta CA-1 Occidente, Las Trampas, Los Encuentros y La Cuchilla, en rechazo de la precipitada medida tomada por el presidente. Los representantes de 83 comunidades campesinas del departamento de Sololá denunciaron que debido a que no se les permitió enviar sus productos a la capital tuvieron pérdidas; también reclamaron que el gobierno les discriminó, pues no permitió el traslado de sus hortalizas, y en cambio autorizó la circulación de los camiones distribuidores de las grandes empresas capitalistas, como la Coca Cola, Cerveza Gallo, Bimbo, etc., demostrando su orientación a favor de la oligarquía. Además, no han recibido del gobierno mascarillas, cajas de alimentos ni bonos para la economía informal. Exigieron del presidente Giammattei que avise con 24 horas de anticipación cuando decida cambios en las restricciones de movilidad, para estar preparados.

El cierre de carreteras finalizó a las 16:00 horas. Antes, los campesinos llevaron a un campo cercano su producción de papas, zanahorias, cebollas y otros vegetales y solidariamente la distribuyeron entre la población; esta es la verdadera solidaridad del pueblo, que comparte el fruto de su trabajo, no la pantomima que hacen las grandes empresas con campañas de recaudación en las que no aportan ni un centavo y lucen con lo que las personas incautas les dan. Las Fuerzas Especiales represivas de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes, pero los compañeros evitaron provocaciones.

La Alcaldía Indígena de Sololá emitió el viernes 15 una carta abierta al presidente, expresando su desacuerdo con la decisión de hacer un cierre total sin haber tomado en cuenta a los pequeños agricultores, y exigiendo que las restricciones sean igualitarias “tanto para agricultores como para empresarios, sin favoritismo que perjudiquen a una parte de la población”, por tanto, decidieron impedir el ingreso de transportes de empresas privadas al municipio de Sololá (Prensa Libre 18/05/2020).

A los campesinos de Sololá se unieron el sábado 16 unos 500 pobladores de la aldea Rancho de Teja, San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán, que bloquearon la ruta interamericana en el kilómetro 200. Reclamaron al gobierno que los deje trabajar suspendiendo el toque de queda, pues no cuentan con recursos para sobrevivir durante las restricciones por la pandemia. Al igual que los campesinos de Sololá, no han recibido apoyo de ninguno de los 10 programas de apoyo anunciados por el gobierno. Los compañeros quemaron llantas para impedir el paso de camiones. La PNC atacó a los compañeros con gases lacrimógenos.

Otras acciones de la población se dieron en la ciudad de Totonicapán, en Almolonga (Quetzaltenango), y en Cunén (Quiché). En esta última localidad, las comunidades, solidarizándose con los compañeros de Sololá, impidieron el paso de camiones de las grandes empresas de gaseosas, golosinas y cervezas, bajo la consigna de “o todos hijos o todos entenados”. Las mismas medidas fueron tomadas en Sololá, San Francisco El Alto y Totonicapán. En la cabecera de Sololá las Autoridades Indígenas ordenaron el cierre del restaurante Pollo Campero y su servicio a domicilio; esta cadena de restaurantes es una marca emblemática de la poderosa Corporación Multiinversiones, uno de los principales grupos de la oligarquía. El sentimiento y la conciencia anti-oligárquica se expresaron en las medidas tomadas por las compañeras y compañeros en contra de las grandes empresas monopólicas que inundan el mercado de productos ultraprocesados dañinos para la salud.

Las autoridades retroceden

Como resultado de las acciones de lucha tomadas por las comunidades indígenas y campesinas, el sábado 16 la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación ordenaron la libre circulación del transporte de verduras y alimentos de los pequeños productores. El Ministerio explicó que ese transporte estaba permitido desde el inicio de las disposiciones gubernamentales, pero en algunas regiones fue mal entendido.

El espíritu combativo de campesinos y comunitarios es un ejemplo para los otros sectores del pueblo trabajador. Las restricciones impuestas por el gobierno para contener la pandemia han servido también al gobierno burgués de Giammattei para contener el descontento y la rabia del pueblo al ver deteriorado su nivel de vida y la amenaza del hambre que se cierne sobre las familias, mientras la burocracia del aparato estatal impide que la miserable ayuda aprobada llegue a su destino; pero las compañeras y compañeros han demostrado que el camino es la organización comunitaria, para tomar en nuestras manos el combate a la pandemia y el abastecimiento de la población, frente a un gobierno inútil que no tiene el menor interés real en favorecer a la población y obedece fielmente a los grandes empresarios que le aconsejan el oído lo que debe hacer.

Los empresarios de pronuncian y el presidente Giammattei recula

Los capitalistas organizados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), opinaron sobre las medidas tomadas el 14 de mayo por el gobierno. En la voz de su presidente Nils Leporowski, los empresarios opinaron que las decisiones presidenciales podrían poner en riesgo la cadena de abastecimiento para la población, al restringir los horarios de ventas de los supermercados y provocar aglomeraciones de personas, que podría resultar en más contagios. Leporowski dijo “…lo que debería hacer el presidente Giammattei es dejar los horarios de los supermercados que ya estaban y que trabajen como lo han hecho hasta la fecha y el otro viernes vuelve un cierre total y ahora sí ni las abarroterías atenderán…” (Prensa Libre 16/05/2020), aunque reconoció que el lunes 25 de  nuevo habría aglomeraciones. Finalizó diciendo: “…hay muchos problemas hoy que no tiene una idea el presidente Giammattei y eso sucede por tomar decisiones sin consultar y sin prever todos los efectos que tiene la cadena de producción” (Idem).

Ante las protestas de campesinos y comunitarios, el viernes 15 el jefe de gobierno hizo un patético y demagógico llamado a la unidad nacional y a la disciplina individual para derrotar al virus “cueste lo que cueste” y “le duela a quien le duela”, y denunció que hay “actores irresponsables azuzando a la gente” (Prensa Libre 16/05/2020).

Sin embargo, el domingo 17 en cadena nacional, reaccionando ante el dolor de los empresarios, Giammattei anunció cambios a las medidas, haciendo a pie juntillas lo que dijo su jefe Leporowski. El lacayo de los patronos modificó los horarios de atención de mercados y supermercados, siendo la nueva jornada de 6:00 am a 16:00 de lunes a viernes, manteniendo el toque de queda de 17:00 a 5:00 horas y el nuevo cierre total el sábado 23 y domingo 24. Este individuo no tiene la menor vergüenza en servir de alfombra a los empresarios.

Exigimos al gobierno la Renta Básica Universal para todas y todos los guatemaltecos

Es claro que para enfrentar la pandemia del Covid-19 se debe tomar medidas restrictivas, de aislamiento y suspensión o restricción de actividades económicas. El problema es que el gobierno de Giammattei empezó a tomar esas medidas sin asegurarse antes de garantizar el bienestar de la población, en un país donde no hay empleo, donde el 70% de la PEA trabaja por cuenta propia, donde el nivel de pobreza es del 60% y donde la mayoría empresas son incapaces de aguantar el cierre temporal y con un Estado ineficiente y corrupto.

El resultado ha sido que decenas de miles de personas se están quedando sin empleo, están viendo sus sueldos disminuidos o ya no pueden ejercer sus actividades como cuentapropistas. La precarización, la disminución del nivel de vida y el hambre se apoderan de la población.

Por ello demandamos que el gobierno establezca la Renta Básica Universal, como medida de protección social para proteger las vidas de las familias guatemaltecas. Para financiar la medida, que se suspenda el pago de la deuda externa y que se creen impuestos a las ganancias de los grandes grupos corporativos que controlan la riqueza del país.


Por Hercilia Cáceres y Joseph Manuel Herrera

La otrora y ya desparecida Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), máxima dirigencia de la clase media radicalizada en el pasado, heroica vanguardia de los estudiantes que se opusieron a la impronta del cierre de los diferentes espacios políticos de la democracia en Guatemala, sobre todo después de establecido el interregno militarista de ocupación extranjera, liberacionista primero y corporativo anti-insurgente después, ya no existe; esta AEU quedó en el pasado y el actual movimiento estudiantil demuestra la desconexión con la tradición de lucha de aquella vieja organización política del estudiante universitario, pues el más formidable estudiantado del istmo centroamericano se mantiene descabezado casi 25 años después de la firma de los Acuerdos de Paz.

Las siglas son las mismas, entre la AEU que nació a la vida política el 22 de mayo de 1920 en el entonces barrio popular de Gerona en el centro de la Ciudad de Guatemala, en donde una silenciosa placa guarda las los meses, los años y las décadas del plomo y la represión que pesan aun sobre la conciencia de los estudiantes; la vorágine popular que resultará en la caída del Pericles tropical Manuel Estrada Cabrera y su dictadura oligárquico- liberal de más de 20 años, eclosionó en la necesidad de un órgano dirigente del estudiantado y de la clase media, pujante por la economía de sustitución causada por el final de la Primera Guerra Mundial. Esta clase media hizo suyo el llamado demócrata liberal del Wilsonismo norteamericano, para dar al traste con una dictadura que se mostraba ya como traba para el libre desenvolviendo de una sociedad que estaba entrando en profundos cambios en su permanente e inacabada modernización.

También son las mismas siglas de la que después nutrió las filas de los grupos revolucionarios desde la caída del régimen democrático burgués del Coronel Jacobo Árbenz Guzmán y de la efímera primavera guatemalteca. Pero la AEU actual se parece mucho más al grupo desmovilizado y aplastado por la realidad adversa de un estudiante desconcientización y apático, que se vivía previo a las jornadas populares de junio y julio, que conllevaron a la caída del último caudillo del Partido Liberal, Jorge Ubico Castañeda.

Manuel Galich lo cuenta con claridad en su esencial Del Pánico Al Ataque, como al interior de la única universidad pública de aquel entonces y de hoy, el movimiento estudiantil oficial estaba dominado por los hijos y los esbirros de la dictadura ubiquista o por sectores reaccionarios de esa misma clase media, que en el pasado y en el presente sigue nutriendo el privilegio que es la educación pública en nuestro pobre país.

Es por eso que la propia AEU se encontraba ilegalizada como una organización que el régimen disponía era comunista y no existía ante la inminencia del levantamiento militar del 20 de octubre de 1944, que descolló para la propia suerte del movimiento al interior de la Guardia de Honor en una insurrección popular con movilización de masas contra el último baluarte del ubiquismo, el poncismo; fueron los estudiantes sin organización los que acompañaron por iniciativa propia el alzamiento de esas clases medias politizadas por un régimen en descomposición y un mercado nuevamente en trasformación, en una nueva sustitución de exportaciones, por eso en esta etapa los estudiantes son la expresión izquierda de la oficialidad patriótica del ejercito personificada por Árbenz y Arana y la pequeña burguesía comercial citadina encabezada por los Torriello. Fueron esos estudiantes sin organización, que funcionaban en las sombras que dejaba el anticomunismo de las organizaciones oficiales del ubiquismo en la USAC, las que heredando las banderas y la tradición de la AEU de los 20s, dándose a la tarea de una nueva alborada popular.

De estos mismos jóvenes saldrán los primeros contingentes intelectuales del partido magisterial Renovación Nacional (RN) al centro con la candidatura de Arevalo, y a la izquierda con el combativo Frente Popular Libertador (FPL) el partido de los estudiantes y de la U, con la candidatura el joven Galich. Con el tiempo esta clase media se volverá a incidir hacia la derecha con los hermanos Mendez Montenegro de vocación aranista, socialdemócrata y de reconocido anticomunismo; y a la izquierda con el germen del que después será el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y su también Juventud Patriótica del Trabajo (JPT) articulada en los 70s y 80s alrededor del Frente Estudiantil de Oliverio Castañeda de León –su líder más icónico– y también del más radicalizado Frente Estudiantil Revolucionario Guatemalteco (FERG) de vocación trotskista entre sus dirigentes más reconocidos al mártir Robín Garcia y desaparecido por el Estado, “El Indio” Alejandro Cotí.

Una cíclica tradición de lucha

En el caso de Ubico se repiten las ansias progresistas de la clase media por trasformar el régimen cerrado de la oligarquía liberal, en una moderna democracia burguesa, acoplándose a la declaración emanada de la Carta del Atlántico, promovida por el gobierno de los Estados Unidos contra los regímenes fascistas prontos a desmoronarse en Roma y en Berlín, regímenes a los cuales era adicto el propio Ubico y un sector importante de la fracción Progresista del Partido Liberal en el gobierno.

La AEU surgió en 1920 como la máxima representación estudiantil, en defensa de los estudiantes y de los intereses democráticos del pueblo guatemalteco, siendo un referente de lucha generacional dentro de la conservadora Guatemala. Esta representación llegó a reunir en sus filas personajes, intelectuales y grandes oradores, que producían fervor entre las masas populares, con consignas en contra de las desigualdades generadas por los gobiernos de turno. También, el movimiento estudiantil tuvo una fuerte carga de consciencia social, además de claridad política, ya que tuvo el valor de pronunciarse contra la intervención yanqui y los abusos por los gobiernos serviles de la oligarquía. Por la reunificación de la patria centroamericana, pues en sus estatutos trastocado hoy, se logró aún conservar el llamado a la unidad de los pueblos centroamericanos y de nuestra nación despedazada por la necesidad del imperialismo, de mantenernos atomizados, balcanizados.

Al ver en retrospectiva la historia del movimiento estudiantil en Guatemala y específicamente el papel que a lo largo de una historia convulsa, unas veces desconectada de la tradición de lucha callejera, popular y hasta insurreccional del estudiantado, tomado la batuta de la lucha popular y otras veces pujante y representativa del sentir de las mayorías, la Asociación de Estudiantes Universitarios, Oliverio Castañeda de León, llegó con justeza en varias situaciones claves de la historia nacional a ser la voz del pueblo, tal como lo recuerdan muchos contemporáneos de las luchas más enérgicas durante el siglo pasado que dejaron cientos de estudiantes asesinados y desaparecidos, por fuerzas militares y dictatoriales. A tal punto que en los momentos más encarnizados de la guerra de clases (1960-1996) en Guatemala el estudiante era un sujeto caracterizado por los regímenes dictatoriales como subversivo.

Hay un lazo histórico entre la AEU de los 20s y la de los 70s, pues ambas agrupan a los hijos de las clases medias urbanas, democratizantes y radicales, mientras otras organizaciones como las del Ubiquismo, la de los usurpadores de los 90s hasta el 2017 e incluso algunos voceros actuales de un movimiento sin base social real, caracterizan a esta organización como una élite privilegiada sin poder efectivo ante el estudiante y desacreditadas por décadas de manejos sectarios y oportunistas sobre el común del estudiantado. Es por eso que es justo plantearnos a que AEU se conmemora 100 años después de aquella sublime reunión de matasananos –estudiantes de medicina– y güisachines –estudiantes de derecho– que dio vida a una de las primeras expresiones políticas de las clases medias urbanas.

El fetichismo de vivir en “todo tiempo pasado fue mejor”

Pero esas luchas quedaron atrás por parte de la máxima representación estudiantil, cuando el asesinato de líderes estudiantiles dejó un grave vacío intelectual, la aniquilación de cientos de estudiantes que estaban llamados a dirigir de manera coherente la política de trasformación del país, se vio truncada por el terrorismo estatal encaminado a detener cualquier opción posible de poder y trasformación de la vieja sociedad finquera que hasta nuestros días perdura, dando lugar todo esto a que el espacio fuera ocupado y años más tarde usurpado, por mafias que estuvieron en el poder por 19 años.

En este periodo también fue secuestrada la Huelga de Todos los Dolores, anterior brazo armado del estudiantado y de la AEU, que pasó de ser convertida en una protesta contra las injusticas a un desfile burdo sin conciencia y con la enajenación del alcoholismo hecha consigna y bandera del movimiento huelguero desacreditado, por los que aun hoy solo defienden sus intereses sectarios, lleno de violencia y enriquecimiento de parásitos Que han sabido convivir como herederos de la reacción que ha hecho que la universidad vaya perdiendo su razón de ser ante la sociedad, perpetuando adentro de la ciudadela social que es las contradicciones de una revolución derrotada y de un país que no se ha trasformado y colapsa ante un estado de permanente crisis.

La cooptación del espacio estudiantil produjo que diversos sectores estudiantiles se agruparan en lo que se denominó “la recuperación de la AEU”, que culminó en 2017 cuando la planilla Frente Estudiantil ocupó el cargo. Con muy a pesar de las personalidades reaccionarias que emanaban de la clase media chapina actual, este ensayo de renovar la AEU tratando de tomar las banderas del pasado, se han saldado con la perdida toda de credibilidad que toda la población le dio a una transición bastante anhelada, por viejos dirigentes estudiantiles y por el complejo entramado de la sociedad civil orgánica y la de paga en las oneges.

La nueva representación estudiantil era un reto para cualquiera de los aspirantes, ya que tenían un gran peso histórico y erróneamente muchos se dieron la tarea de creer que la histórica AEU estaba de regreso, pues hay muchas personas mayores que se han dado por el fetichismo de enaltecer la derrota y martirio del guerrillerimo, en vivir creyendo en el pasado sin poder constituir un trabajo serio en el presente, para hacer de las derrotas de la AEU anterior a 1996 la victorias de las nuevas generaciones; derivado de esto la AEU actual en realidad es otra, pues esta desconectada en sus llamamientos, en sus intereses y en la falta de un programa coherente para agrupar a la población y a los estudiantes, como el sector más acomodado de esta en las reivindicaciones populares.

En todo caso representa junto a muchos dirigentes estudiantiles que han sufrido la derrota permanente abierta con los Acuerdos de Paz y la onegerizacion de todas las expresiones de izquierda al final del siglo pasado y en lo que va de este, un vaciado de un programa que sea capaz de hacer que la AEU actual pueda colocar a la población tras de sí en la lucha por la trasformación del país, como en el pasado lo hiciera la AEU en la revolución de 1924 contra Estrada Cabrera y la revolución de 1944 contra Ubico.

El mismo estado derivado de una clase media que esta equidistante, vinculada más a hacerse de un nombre para catapultarse del oportunismo de la reducida dirigencia universitaria actual sin base social efectiva, hacia los descreditados puestos de la democracia burguesa en decadencia, causó la despolitización de los estudiantes universitarios desde la época de Jorge Mario García (Guilligan), desclasado al servicio del partido patronal y derechista Unionista; así como los titiriteros de los cooperantes de todos los signos y colores, desde la socialdemocracia europea (FES) hasta llegar a las reaccionarias políticas de la AID y de la USAID, mientras de atomiza más aún al estudiantado separándolo en capsulas cada vez más insignificantes, la misma táctica que se utilizó en los 90s y en los 2000 para demonizar y balcanizar la unidad del movimiento obrero internacional, para seguir vaciando ciegamente con la venia de sus patrocinadores la que fuera la más potente organización estudiantil de la patria centroamericana, dejando enterrada la tradición de lucha de las AEUs históricas.

Aunado a esto, la velada privatización de la USAC desde 2005 –exámenes de ingreso– ha producido que los sectores de la educación media estatal no continúen con los estudios universitarios, por lo que la conciencia social se ve reducida a pequeños sectores que en muchas ocasiones no pueden aspirar a asumir representaciones gracias a la carga laboral o la imposibilidad de poder acceder a la universidad “del pueblo”, llenando los viejos cargos de la dirigencia estudiantil con las capas de la clase media alta y la mediana pequeña burguesía, que se ha manifestado en consignas y políticas moderadas, reformistas vinculadas a las agendas del “progresismo burgués” tutelado por los demócratas norteamericanos, la cooperación de USAID y de tantos otros financistas, por no decir políticas abiertamente reaccionarias, antipopulares y anticomunistas –por ejemplo semilla–, que nada tiene que ver con las voces de fuego que en el pasado se encarnaron en líderes de la clase media radicalizada del talante del propio Oliverio Castañeda de Leon.

La AEU desde su recuperación hasta la actualidad, ha producido desilusión en estudiantes y la población en general, ya que sus representantes se dedicaron a pronunciarse por medio de comunicados sin ninguna acción. Además, como ha sido tendencia dentro de la mayoría de asociaciones estudiantiles producido por la extracción de clase de esta nueva dirigencia sin base social, buena parte de los estudiantes que buscan asumir lo hacen únicamente por llenar un curriculum y más adelante tener un puesto en el estado o terminar trabajando en una ONG’s para terminar lucrando con los derechos y el hambre del pueblo guatemalteco. Ninguno esta como nuestros héroes de la libertad, muertos en las montañas o silenciados en los cuarteles militares, emparentado al espíritu y la vocación de libertad que corre por la sangre del pueblo

Haciendo retrospectiva de lo que significaron las representaciones estudiantiles del movimiento estudiantil en el siglo pasado y en la actualidad, la dialéctica nos enseña nuevamente que son dos cosas completamente distintas. En ningún momento Oliverio Castañeda de León, se hubiera sentado como invitado de alguno de los oligarcas como Dionisio Gutiérrez en un frente ciudadano sin cuídanos y con burgueses, o mucho menos invitar a la embajada de los Estados Unidos a realizar actividades dentro de la sede de la asociación que perdió a muchos de sus líderes a manos de militares pagados por el Departamento de Estado de EU, ni aplaudirle a alguno de los presidentes por su mediocre actuación, tal como lo hizo el actual secretario general de la AEU hacia Alejandro Giammattei.

¿Qué sucedió después de la recuperación de la AEU?

A decir verdad, no mucho, más que la recuperación representativa del espacio, que ya no está ocupado por las mafias. Solo quedó la idea de aquella AEU histórica que levantaba la voz contra las injusticias, ya que la condición de muchos no les permite ver más allá su realidad. También quedó un movimiento estudiantil más atomizado, convirtiendo la lucha estudiantil en una pelea de egos entre grupúsculos bastante alejado de las premisas que demanda la realidad inmediata del estudiantado y del pueblo.

La AEU hoy está conmemorando a otra AEU, que es por su naturaleza irreductiblemente diferente a ella, pues quiénes en el pasado creyeron en la revolución guatemalteca hoy ha caído en el descredito del estudiantado, que vio con asco a los mafiosos que la usurparon casi 20 años, pero que miran con mofa a los líderes de la nueva política de la clase media y de la pequeña burguesía como hacen puntos ante sus amos, esperando darse a conocer para encumbrarse por sobre sus compañeros en una nueva desilusión en otro arlequín de la política nacional.

Si bien es cierto que la AEU no tienen 100 años genealógicos pues la tradición de lucha de esta potente organización fue desarticulada varias veces en el pasado, como un órgano de poder popular peligroso para el modelo finquero imperante, también es cierto que como en 1920 o como en la reunión de la mas de la docena de estudiantes que apoyo el asalto de los cuarteles militares del Ubiquismo en 1944, la realidad ante una nueva crisis humanitaria, social que será profundamente atizada por la crisis económica exigirá la articulación de un nuevo órgano de dirección del estudiantado radicalizado de la USAC.

Esta nueva expresión bien puede ser bajo las siglas de la AEU –eso poco le importa a la realidad– o puede ser bajo nuevas formas de lucha que constituyan un nuevo organismo de dirigencia del estudiantado, que responda a la necesidad de un estudiante clase media que antes de la emergencia del Covid-19 ya se empobrecía y que seguirá deslizándose hacia la revolución, por eso creemos que es esencial conmemorar a la AEU, pero esto no debe hacerse como lo plantean las expresiones de la ideología de oneges que hoy impera en un sector importante de la dirigencia estudiantil acomodada, sino la impronta que los propios estudiantes, las miles de cabezas y corazones que en silencio han estado dormidas y desperanzadas hasta tomar bajo su propias manos el destino de sus vidas y el de la patria, como en el pasado lo tomaran los máximos dirigentes del estudiantado sancarlista.


En los últimos días, los trabajadores de hospitales en Guatemala han denunciado la incapacidad, corrupción y poca trasparencia en la gestión de la crisis sanitaria. Estas denuncias muestran la fragilidad del sistema de salud pública, realidad contraria a la que el gobierno de Giammattei ha venido vendiendo en los últimos dos meses, desde que iniciara la crisis.

Transcribimos a continuación la conversación que mantuvimos con un compañero médico del Hospital Parque de la Industria. Por las amenazas vertidas por el presidente Giammattei contra los médicos, obviamos mencionar nombre y apellidos del medico entrevistado. Estas fueron sus declaraciones:

Ofrecieron un bono, pero no cumplen

“Nos ofrecieron el bono de riesgo por estar atendiendo a contagiados de Covid-19 y no lo quieren pagar. Las autoridades se llenan la boca diciendo que va a ser un gran sueldo, cuando ese es el sueldo que desde el año pasado se dejó establecido, y ahora volvieron a regresarnos al sueldo de los médicos de hace 5 años. Las autoridades creen que los médicos estamos en la gloria, cuando ese sueldo es, en países como El Salvador, el que se le paga a los médicos recién graduados desde hace más de 20 años.

Estamos trabajando con mucho riesgo y sin prestaciones. Al sueldo le descuentan más de Q. 3000 quetzales.

La denuncia en los medios de comunicación

Estamos trabajando a full riesgo y las autoridades del hospital del Parque de la Industria nos dicen que no hay dinero para darnos mascarillas, pero como llego CNN vino a cubrir nuestras demandas, la hipócrita directora subadministrativa declaró que había 1,800 mascarillas N95 y como 3000 overoles, pero la realidad es que no nos quieren dar ni los overoles, ni las mascarillas. Nos dan unas batitas desgraciadas que parecen papel trasparente. No podemos arriesgarnos para después contagiarnos y seguir extendiendo la enfermedad cuando salgamos de turno. Ya hay 5 compañeros que salieron positivos, pero las autoridades no lo dicen y nos amenazan para que nosotros no lo comentemos públicamente.

En el chat del personal médico se supo esta noticia. Estamos trabajando en la boca del lobo. En ese chat, las autoridades dicen que nosotros desperdiciamos los trajes, que ellos no nos dan. ¡Que esperan ellos, que no almorcemos ni cenemos? Pues es en esos momentos cuando nos cambiamos el traje para salir. Al principio nos ponían los trajes de sala de operaciones podridos, cuando uno caminaba se rompían las costuras. Y hasta que empezaron a ver que en nuestro chat lo comentábamos, alguien les pasó la información y en lugar de invertir con el dinero que el Estado ha prestado, fueron a sacar donaciones del Hospital Roosevelt para que nos donaran los trajes de sala de operación de ellos, dejando a este hospital sin material para no gastar el dinero que se le dio al ministerio de salud en esta emergencia.

(…) Ayer los compañeros ya no podían entrar a trabajar porque ya no tenían zapatones, y anunciaron públicamente que tenían como 30 mil pares, entonces son las autoridades las que no sueltan los insumos, porque no quieren gastarlas, todas las N95 de buena calidad llegaron en toneladas y las propias autoridades se las agarraron y jamás las pusieron para el uso de los médicos que atentemos en el hospital del Parque de la Industria.

La llamada y amenazas de Giammattei

Giammattei se enteró de que salimos en la televisión denunciando la falta de materiales e insumos. No sé cómo hizo, pero averiguó el teléfono personal del compañero médico que habló ante los medios de comunicación, y lo llamó personalmente. Nuestro compañero en la llamada le manifestó las deficiencias. El presidente le dijo que le diera un tiempo que él iba a ver como arreglaba el problema. A la media hora Giammattei habló con nuestras autoridades, los directivos del hospital del parque, la directora y la sub directora, y el director técnico que es el doctor Linares. La Sub directora Jessica Orozco es la que más nos habla y nos entrevista; ella saca del hospital todo lo que donan para nosotros.

Y la directora que no sabemos ni como se llama, porque ni la conocemos, evita hablar con nosotros.

Después, el presidente Giammattei volvió a llamar a nuestro compañero que fue vocero ante los medios, para amenazarlo y decirle que era un mentiroso, que él le había creído pero que había hablado con las autoridades del hospital y que ellos tenían todos los insumos y que nos iban a meter presos por difamación y calumnia. O sea que él está coaccionando a nuestros compañeros, porque él no tiene ningún derecho de llamar al número privado de un compañero que está protestando pacíficamente. El gobierno quiere que nos callemos a la fuerza, intimidándonos eso no se vale, no puede ser así.

Se roban las donaciones y nos dan mala comida

Al Hospital del Parque de la Industria llegan muchas donaciones, todos los días llega Wendy´s, Pollo Campero, McDonald’s, Pizza Hut, pasteles, dotaciones de pan Bimbo y se lo roban. Nosotros adentro tenemos muy mala comida. Nos dan la misma comida todos los días, arroz cocinado sin sal. Dos pedacitos de verdura sin sabor a nada, igual a la comida para un diabético hipertenso. Nos dan raciones carcelarias para los médicos que estamos salvando vidas. Así es como nos tratan.

Otra epidemia: el dengue

Hay días en que nuestros compañeros médicos se han desmayado. Entramos a un turno con un compañero que se desmayó, pensamos que tenía Covid, le hicimos el hisopado y resulto con dengue porque no han fumigado. Hay millones de zancudos. No fumigan y como hay piletas y fuentes en el propio parque está infestado de zancudos. Al compañero con dengue tuvimos que conseguirle nosotros mismos el acetaminofén porque no hay medicinas.

Escasez de insumos médicos

Yo utilizo una mascarilla N95 3M que me regaló mi hermano, la necesidad es tanta que llevo dos turnos usándola. La llevo a mi casa a desinfectar poniendo en riesgo a mi familia, la tengo que sacar en un topper al que debo desinfectar en una bolsa junto con la mascarilla. Eso no puede ser. Hay donaciones millonarias, las autoridades presumen diariamente que el hospital del Parque de la Industria se construyó con donaciones de siete empresas, que cada una dio 1 millón de dólares, son 7 millones de dólares. El gobierno está esperando que si no hay donación no hay nada, porque no están usando el dinero asignado al sector salud por la emergencia. No sé qué estarán haciendo con ese dinero, porque no se ve dónde se está gastando. No hay nada, los ministros salieron desmintiéndonos y ellos no están donde nosotros atendemos la emergencia. Sólo salen por la tele a decir cifras que ellos no manejan.

Irresponsabilidad al valorar los cuadros clínicos de los pacientes

Cuando se inauguró el hospital, a ningún paciente se le habían hecho exámenes de rayos X, solo un laboratorio. Al parecer, estaban esperando que las personas empezaran a ahogarse y a morirse para comenzar a hacer algo. Hay gente que clínicamente no se les ve nada, que son asintomáticas, pero tienen los pulmones deshechos, esto solo se ve en la tomografía y la radiografía.

Hemos tenido discusiones sobre si los pacientes eran clínicamente incompatibles con los hallazgos, que hay disociación clínica radiográficas, que aquí están manejando los casos como neumonía, pero que en realidad es una neumonitis una inflamación del pulmón, causada por una vasculitis o micro trombos. Le preguntamos al neumólogo si él sabía cuál era la causa de este cuadro clínico, y nos dijo que no. Entonces muchos preguntamos entonces por qué los manejaban oficialmente como neumonía si desconocían la causa del cuadro clínico.

Hay pacientes que llevan los dos meses desde que se abrió el hospital y los trasladaron aquí y no les han hecho ni un solo estudio, solo dicen que tienen neumonía, sin estudios. Después de estas discusiones, hasta entonces, se giró la orden de hacerles rayos X a todos los pacientes. Ese es el nivel de indolencia que tienen las autoridades, solo están esperando que se mueran o se sanen.

Disimulan el nivel de contagio

Solo los directivos manejan los resultados de las pruebas de Covid-19. Ese hermetismo lo utilizan para poder disimular luego el nivel de contagio que hay en la ciudad y en el país. Sacan de la fórmula a los médicos que estamos combatiendo el virus, esconden la situación para seguir diciendo públicamente que su gestión ha sido genial, cuando nosotros sabemos de propia experiencia que es un desastre. Nos ponen de carne de cañón, entre ellos y los pacientes que están encerrados y sin saber nada de sus resultados; después los pacientes quieren lincharnos y no saben que incluso a nosotros las autoridades no nos dejan saber el cuadro clínico de los contagiados.

No podemos reclamar ningún laboratorio con los resultados. Las autoridades dicen que van al laboratorio nacional, pero nos hemos dado cuenta que solo la corrupta señora Orozco tiene acceso a los resultados. En una ocasión, comprobamos que los directivos que perdieron un montón de hisopados. Entonces para evitar la presión de los médicos exigiendo los resultados, dijeron que todos esos hisopados que perdieron salieron negativos.

Hay pacientes con Covid-19 desde que se abrió el hospital del Parque de la Industria, les hemos realizado 17 hisopados y hasta la fecha no hay ni un solo resultado. ¿Cómo vamos a estar sacando hisopado a la gente cada dos días, y no nos dan resultados? Las autoridades nos dicen que no tenemos derecho a reclamar laboratorios, ni resultados. ¿Entonces para qué estamos trabajando?

Impotencia y rabia

Los directivos se roban todo, acaparan el material y los insumos y encima de todo obstruyen el trabajo y nuestro juramento como médicos. Nosotros no somos robots ni estudiantes de medicina del primer año. Nosotros estamos dando la cara, arriesgando la vida, cuando alguien muere por la indolencia de las autoridades, la población nos reclama a nosotros.

Existe impotencia y rabia entre los médicos del Parque de la Industria, no dudo que nuestra situación es la misma en todos los otros hospitales de campaña, de los que se enorgullece el gobierno.

Las autoridades deben entender que nosotros también tenemos familia, y de nuestra salud depende la de nuestros pacientes y la de nuestra propia familia. Exigimos condiciones de trabajo que resguarden nuestra salud y nuestra integridad. Que nos den nuestro lugar como profesionales, una plaza fija y un salario decente, para servir mejor a nuestro pueblo.


Por Pedro Cotz

El Estado de Calamidad Pública fue decretado en Guatemala el 5 de marzo de 2020 y, desde entonces, el gobierno presidido por Alejandro Eduardo Giammattei Falla, se ha dado a la tarea de incrementar la deuda pública externa e interna, utilizando de justificación la crisis sanitaria surgida por la Pandemia por Covid-19. Por supuesto, estos créditos millonarios servirán para garantizar la estabilidad de las grandes empresas y sus ilustres inversionistas.

Hasta la fecha el sistema de salud pública es deficiente y la respuesta del Gobierno para paliar la crisis, parece más un show publicitario y propagandístico que un tema serio de Estado. Como resultado de los despidos masivos, las suspensiones de contrato, las reducciones de salarios o la imposibilidad de poder realizar actividades en la denominada economía informal, los recursos económicos de las familias han disminuido de manera abrupta, llegando incluso al punto de solicitar la solidaridad de terceros.

Mientras tanto, el Gobierno se entrampa en la burocracia, nada extraña, del país y, hace casi imposible la entrega de lo que los miembros de la actual administración llaman ayuda –como si el Estado y el Gobierno no estuvieran obligados a resolver la situación gravosa de los ciudadanos guatemaltecos. Aquí se vislumbra una disputa de cara a la población, pues por un lado el gobierno del partido VAMOS pretende con los consortes que le da el control la administración central entregar esta “ayuda”; pero por el otro la oposición, sobre todo el partido UNE, quien tiene el control de la mayoría de las municipalidades del país, buscará también salir en caballo blanco.

Pero lo cierto es que existe un sistema de consejos de desarrollo organizado desde lo comunitario, pasando por lo municipal, lo departamental, hasta lo nacional. Si bien su funcionamiento es variable porque da pie al clientelismo, la corrupción y a la imposición en las comunidades ancestrales mayas, también hay ejemplos de que, desde cierto manejo local, las comunidades han logrado fortalecerse o por lo menos administrar mejor los recursos públicos que por ley estos consejos reciben.

Disputas con respecto al manejo del tema de los servicios

Fue hasta el 31 de abril que algunos diputados del Congreso aprobaron, después de mucho retraso debido a la oposición de las bancadas de derecha, el Proyecto de Ley 5745 (MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN PARA POBLACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19), que tuviera como fin paliar la crisis económica de los guatemaltecos. Este proyecto tenía como objetivo garantizar la no suspensión de servicios básicos como la energía eléctrica, el agua, teléfono, cable e internet y posponer los pagos por estos. Dicho proyecto fue conocido de urgencia nacional en única sesión y aprobado, con sus enmiendas, el 3 de abril de 2020, con un total de 140 votos a favor, 1 en contra y 15 ausencias El 7 de abril del mismo año, se remite dicho Decreto al Organismo Ejecutivo, para su sanción o veto.

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el Presidente en Consejo de Ministros puede disponer de vetar el Decreto dentro de los 15 días de haberlo recibido, devolviéndolo al Congreso con las observaciones pertinentes. Giammattei lo vetó como era de esperar –por la clara posición pro empresarial de este gobierno- por medio del Acuerdo Gubernativo 61-2020, de fecha 28 de abril y  remitido al Congreso en esa misma fecha.

El veto fue conocido y rechazado el 30 de abril con el voto favorable de 126 diputados y 1 en contra; el partido de gobierno buscó evitar la superación del veto, al retrasar la sesión, pero sin éxito por la presión de varios diputados de las bancadas opositoras. La jugada del oficialismo y sus adláteres con el control que tiene de la Junta Directiva, era mandar el Decreto 15-2020 a consulta de la Corte de Constitucionalidad, con el fin de seguir aplazando el tiempo para su entrada en vigencia; situación que, como ya expusimos, no sucedió. Al final congresistas de los partidos aliados al gobierno terminaron votando por este Decreto mientras que el oficialismo con sus 17 diputados se ausentó, quedando solamente el presidente del Congreso Allan Rodriguez que fue el único que votó en contra.

Los empresarios recurren a amparo

En resumen, después de recibida la negativa del Congreso sobre el veto, el Ejecutivo tuvo ocho días para proceder a su publicación o, en su defecto, el mismo Congreso debía maniobrar a publicar en los siguientes tres días, plazos que ya se vencieron. Sin embargo, hasta la fecha una serie de 13 amparos ante la CC promovidos por personajes ligados a la burguesía llovieron sobre este Decreto. Según el Centro de Medios Independientes (CMI) estos fueron promovidos por las siguientes empresas:

Entre ellas la Asociación Nacional de Generadores –ANG-, del sector eléctrico, Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo, formada por las empresas Cervecería Centroamericana, la petrolera de origen francés, Perenco, la Licorera Nacional y la misma ANG; La Asociación de Cogeneradores Independientes que representa a los ingenios azucareros que venden energía con derivados de la caña de azúcar; EEB Ingeniería y Servicios perteneciente a la empresa Trecsa, dueña del tendido eléctrico; Redes Eléctricas de Centroamérica, S.A que es parte de Energuate; y Comercializadora Eléctrica de Guatemala perteneciente a la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA). Como vemos son los grandes monopolios empresariales que de una u otra forma están inmiscuidos en el negocio de prestar servicios.

Por supuesto, la “pugna” no quedó ahí. El 3 de mayo, en cadena nacional, el Presidente es acompañado por Ricardo Quiñónez, Alcalde de la Ciudad de Guatemala; Luciano Alberto Galasso, Gerente de ENERGUATE; Ricardo Sahagún, gerente de Claro Guatemala; Luis Fernando José Valladares, Director Ejecutivo de Tigo Guatemala; Miguel Ovalle, Presidente de Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y Mario Alberto Naranjo, Gerente de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA); Giammattei anunció un “compromiso público” de las entidades representadas, a efecto de realizar convenios de pago con sus clientes, difiriendo el pago hasta por doce meses sin suspender el servicio.

Al parecer la burguesía de servicios entró en pánico al ver que se le obligaría a dar estos servicios al público que acostumbran estafar. El Decreto 15-2020 tenía incongruencias, lo cual el sector empresarial en conjunto con el Gobierno, usaron para justificar el veto, además de ser un paliativo que no subsana la situación económica de la población, solo la pospone. Pues a la larga los empresarios recargarán sobre los usuarios para no disminuir sus ganancias por medio de las astronómicas cuotas, ajustando sobre la clase trabajadora estos costos.

Por su parte el proyecto enviado al Congreso por el presidente Giammattei, delimitó los meses de servicio a diferirse: mayo, junio y julio. Así mismo, pretendía otorgar 45 millones de Quetzales a Empresa Municipal de Agua, sin razón válida alguna, un subsidio para el grupo empresarial que controla la municipalidad de la Ciudad de Guatemala. Además, permitía a las empresas disminuir la calidad del servicio a las personas que firmaran con ellas convenios de pago. 

Se vislumbra entonces una disputa por el protagonismo político que no la quiere perder Giammattei y con él el sector privado organizado, pues las crisis siempre ponen en riesgo a quienes yacen en el poder y, en consecuencia, la necesidad de las élites de legitimarse constantemente para evitar lo más que se pueda las contradicciones entre clases que yacen en pleno punto de ebullición. Es por tanto parte del show con que el presidente, los personeros de la ANAM y los gerentes de las empresas pretenden vestirse de conscientes de las necesidades populares, cuando es una farsa más para ocultar que buena parte de sus ganancias se hacen con el precio al consumidor de estos servicios y la otra con la violación de los derechos laborales de los trabajadores de estas empresas, como la libre sindicalización.

Organización popular ante los abusos empresariales

Ante la posibilidad de verse obligada a obedecer una ley que no toma en cuenta sus intereses por lo menos momentáneamente, no quedó de otra que lavarse la cara ante la opinión pública y publicitar convenios de pago que le permitan diluir la presión de una Ley general para pasarla al plano de los acuerdos particulares, donde bien sabemos violar las leyes se hace más sencillo, que una normativa que los obligue. Al no haber ningún documento firmado, el “compromiso público” deja la puerta abierta para que las empresas cometan cualquier tipo de abuso contra los usuarios.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) consideramos que el decreto 15-2020, aunque es un pulso en contra de los negocios de este capital concentrado y contra el gobierno actual que representa sus intereses, es todavía insuficiente. Pues tal como mencionamos en nuestra declaración del 15 de marzo en el punto 13, lo que necesita la población es la congelación del costo de los servicios públicos, aplicando una moratoria sin que implique pagos posteriores de los meses no pagados, ni se suspenda los servicios.

Es importante exigir que se publique y se cumpla esta ley, pero más importante es estar atentos al ajuste posterior, exigiendo que se cobre una cantidad suficiente para el funcionamiento de estas empresas y no para aumentar las ganancias de los empresarios. Ante eso es vital la organización popular donde los sindicatos, organizaciones campesinas y entes representativos de las comunidades rurales y urbanas deben  conformar la unidad en acción.


Por Armando Tezucún

Mientras la epidemia del Coronavirus avanza implacable, otra epidemia igual de desastrosa progresa silenciosamente. Las medidas de contención decretadas por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria, han dado como efecto colateral una crisis alimentaria que se está extendiendo más allá de las regiones que año con año son afectadas por el hambre estacional, como el corredor seco. La suspensión de actividades económicas no esenciales, el distanciamiento social, la interrupción del transporte público urbano y extraurbano, el toque de queda desde horas de la tarde hasta la madrugada del día siguiente; todas estas medidas han interrumpido las actividades laborales por medio de las cuales decenas de miles de personas usualmente llevan el sustento a sus familias.

Más allá de que las disposiciones tomadas por el gobierno sean o no las más adecuadas, sus efectos han sido agravados por el injusto e inequitativo sistema capitalista que impera en Guatemala, con las particularidades que tiene de haber creado una pequeña élite multimillonaria que concentra un enorme porcentaje de la riqueza producida, una bajísima creación de empleos, un Estado débil con una raquítica recaudación fiscal, salarios que no cubren las necesidades vitales de las familias, sistemas de salud y educación sumamente ineficientes, entre otras cosas. En otras palabras, durante siglos este sistema ha creado una población altamente desprotegida, sin acceso a empleos dignos, servicios de salud y educación dignos, con un 61.1% de las personas viviendo en situación de pobreza, 50% de los niños con desnutrición y un 70% de la población económicamente activa sin empleo formal. Es esta falta de protección social la que ha conducido a una situación de hambruna, que después de ocho semanas de medidas de contención, se está extendiendo del campo a las ciudades.

El símbolo de esta nueva epidemia son las banderas blancas que enarbolan las personas que se han quedado sin medios para adquirir alimentos, pidiendo ayuda. Al inicio las banderas eran colocadas en las puertas o ventanas de las casas, pero al no llegar la ayuda, las gentes han salido a las calles, a la orilla de las carreteras, a las esquinas de los semáforos, para suplicar asistencia.

Haciendo gala de insensibilidad, el presidente Alejandro Giammattei en una de sus alocuciones acostumbradas acusó a estas personas de ser acarreadas, aludiendo a la costumbre de los partidos políticos burgueses de trasladar seguidores en camiones de una localidad a otra para nutrir sus mítines en los períodos de campañas electorales. Pero grupos de mujeres que salen a pedir ayuda con banderas blancas lo contradijeron. Estos grupos en particular proceden de asentamientos cercanos a la carretera al Pacífico, alrededor del kilómetro 14.5, y denunciaron que tampoco tienen agua potable. Afirmaron ser madres solteras y viudas, que trabajan como domésticas y perdieron sus empleos; otras tenían ventas de comida y tortillas en las paradas de los buses, pero con las medidas tomadas por el gobierno se quedaron sin clientes (El Periódico 4/05/2020).

La falta de alimentos no se está dando solo en la capital. Se ha reportado que en la cabecera departamental de Quiché, hay niños con banderas blancas en las esquinas solicitando víveres o dinero; han sido enviados por sus madres, y una de ellas expresó que trabajaba de lavar ropa ajena, pero por la pandemia del coronavirus ya nadie la contrató; otros niños dijeron que son lustradores, pero ya no pudieron ingresar al parque a trabajar debido a las restricciones (Prensa Libre 7/05/2020).

El gobierno anunció desde inicios de abril 10 programas para apoyar a las familias y aliviar la crisis económica; para ello cuenta con Q 13 mil millones aprobados por el Congreso de la República entre readecuaciones presupuestarias y deuda, tanto interna como externa. El ejecutivo esperaba empezar a distribuir esos apoyos a partir del 20 de abril, pero hasta ahora la única ayuda distribuida son paquetes de víveres producto de donaciones, que camiones del ejército han estado entregando, y son insuficientes. Un laberinto burocrático ha impedido hasta ahora la entrega de los Q 1 mil mensuales  (cantidad exigua que no cubre las necesidades) a las familias afectadas, haciéndose evidente además que decenas de miles de personas no alcanzarán el beneficio.

Exigimos al gobierno que agilice la entrega de la ayuda económica, el hambre no espera. Llamamos a las comunidades a que se auto organicen en comités para enfrentar los efectos de la crisis, y a las centrales sindicales, campesinas e indígenas, estudiantiles y populares a emprender la tarea de coordinar la organización comunitaria; en caso de que el gobierno empiece a abrir las actividades, organizar gradualmente acciones de protesta y lucha.

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