Por Armando Tezucún

Hacia el 16 de abril, el número de contagiados por el Covid-19 en Guatemala llegaba a 214      personas, con 7 fallecidos y 21 recuperados. Mientras el país lucha por frenar el contagio, la economía camina hacia el abismo, de la mano de la recesión que se espera a nivel mundial como consecuencia de la pandemia.

Según el Informe Macroeconómico 2020 publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en abril, como consecuencia de las cuarentenas, confinamientos y cierres generalizados de empresas, medidas tomadas para frenar la propagación del Covid-19, se espera una fuerte disminución del Producto Interno Bruto a nivel mundial en la primera mitad del año; se prevé un crecimiento negativo de la economía mundial de entre el -1% y el -3% del PIB, aunque la incertidumbre prevalece. En el caso de las principales potencias económicas, se espera que el crecimiento de China pueda ser entre el 1% y el 3%; para Estados Unidos, la proyección oscila entre un crecimiento ligeramente negativo hasta un crecimiento del -3%; para la Zona Euro se espera una caída de entre -1,5% y -5%. El derrumbe de las principales economías ha redundado en la disminución de los precios de los principales productos de exportación y del volumen de las exportaciones. Esto tendrá un considerable impacto en las economías de América Latina y el Caribe, cuyo crecimiento ya venía disminuyendo del 1,1% en 2018 al 0,1% en 2019, o del 1,8% al 0,8% si se excluye a Venezuela. Para la región centroamericana y el Caribe, el informe contempla una baja en el crecimiento de las economías, del 2,0% que se calculaba en enero de 2020, a entre el -0,6% al -1,3%. (BID. Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2020: Políticas para combatir la pandemia. https://publications.iadb.org/es/informe-macroeconomico-de-america-latina-y-el-caribe-2020-politicas-para-combatir-la-pandemia).

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la pandemia provocará la pérdida de 195 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, 14 millones en América Latina y el Caribe y 3 millones de empleos en Centroamérica (Prensa Libre 13/04/2020).

La crisis económica en Guatemala

En el caso específico de Guatemala, la Junta Monetaria redujo a finales de marzo las expectativas del crecimiento del PIB de 2.5% a entre 0.5 y 1.5%, estimación que será revisada en la segunda quincena de abril. Según el Banco Mundial el PIB guatemalteco se contraerá este año un -1.8%, debido a la disminución en el ingreso de remesas y en la actividad comercial, con un incremento en los niveles de pobreza (El Periódico 14/04/2020).

Los empresarios de los diferentes sectores ya empezaron a divulgar la caída en sus negocios. La Gremial de Palmicultores de Guatemala estimó que sus exportaciones podrían reducirse en el segundo semestre del año en 150 mil a 200 mil toneladas de aceite crudo de palma, cuyo principal destino es México, España y los Países Bajos (El Periódico 7/04/2020). En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), uno de los sectores más vulnerables con más de 2.5 millones de personas involucradas, la Asociación para la Inversión, Innovación y Emprendimiento en Guatemala divulgó una encuesta realizada durante la segunda quincena de marzo; según ésta, las pérdidas promedio de las mipymes han ascendido a Q 9,741, poniendo en peligro los empleos que generan (3.4 empleos por cada negocio en promedio. En total el sector estima pérdidas por US$65.5 millones hasta el momento (El Periódico 7 y 12/04/2020).

La Cámara del Agro reportó una baja en la demanda internacional de productos del campo. Las exportaciones de hule natural han bajado debido a la paralización de la fabricación de vehículos y la baja demanda de llantas, especialmente de las plantas de México; también han bajado los envíos al extranjero de frutas, vegetales, hortalizas, miel, plantas ornamentales y flores (los productores tuvieron que regalar en las calles las flores que no lograron exportar). Los cafetaleros reportaron una baja del 20% de las exportaciones en el mes de marzo. Y las empresas lecheras han bajado sus ventas en el mercado local debido a los cambios en los horarios laborales. Los patronos del sector ya prevén despidos como resultado de la crisis (El Periódico 3/04/2020).

Según la OIT, los trabajadores con más riesgo de perder sus empleos en Guatemala, son los que laboran en el comercio, servicios de hospedaje y comidas, actividades inmobiliarias, administrativas y comerciales y manufactura; muchos de ellos tienen bajos salarios y son poco calificados (Prensa Libre 9/04/2020). Por otro lado, como resultado de la emergencia en Estados Unidos, se espera una disminución en el envío de las remesas que aportan los trabajadores migrantes, que benefician a unos 6 millones de guatemaltecos; es posible que este ingreso de divisas, que llegó a US$ 10 mil 500 millones en 2019, creciendo un 13%, baje a un nivel de crecimiento del 9 o 10%.

Otro factor que incidirá negativamente en la economía es el endeudamiento aprobado por el Congreso de la República entre la última semana de marzo y la primera de abril, a solicitud del gobierno. La deuda aprobada asciende a Q 29.4 millardos (unos US$ 3,760 millones); incluye 7 préstamos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica por US$ 1.25 millardos, y la emisión de Bonos del Tesoro por Q 19.4 millardos (unos US$ 2,500 millones).

Las recetas de los representantes de la burguesía

Representantes de los empresarios organizados en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) han dado a conocer sus propuestas: un subsidio de desempleo temporal, suspendiendo a los trabajadores, que recibirían dos terceras partes de su salario utilizando la estructura del Instituto de Seguridad Social (IGSS); agilizar la devolución del crédito fiscal a las empresas; reducción de la tasa líder de interés bancario; suspensión del Impuesto de Solidaridad, que afecta a las ganancias de las empresas; revisar a la baja el régimen del Impuesto Sobre la Renta para las empresas; definir horarios de trabajo escalonados y el trabajo en casa (Prensa Libre 2/04/2020). En resumen, suavizar el pago de impuestos y reducir los salarios.

Las propuestas más excéntricas a la fecha han sido las del economista Hugo Maúl, que propuso implementar la medida tomada por el dictador Jorge Ubico de recortar los sueldos de los empleados públicos en un 33%, para paliar las consecuencias de la crisis económica de 1929; y la del diputado del partido Prosperidad Ciudadana Jorge García Silva, que propuso exonerar por 100 años a las empresas que inviertan en Guatemala del pago de ciertos impuestos.

Los empresarios y el gobierno echan la crisis sobre las espaldas de los trabajadores

El 7 de marzo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) publicó oficialmente un acuerdo que autoriza la suspensión temporal de contratos de trabajo, ante la emergencia causada por la pandemia del Covid-19. El trámite lo harán los patronos en línea llenando una serie de formularios y afectará a contratos individuales o colectivos. La solicitud será negada a las empresas que no tienen prohibición de operar durante el Estado de Calamidad.

La recién aprobada Ley de Rescate Económico a las Familias establece un fondo de Q 2 mil millones para la protección del empleo en las empresas privadas mediante la suspensión de contratos; estos fondos alcanzan para cubrir a unos 300 mil trabajadores, con un máximo de Q 75 diarios, es decir, Q 2,250 mensuales. Los tres salarios mínimos autorizados para este año oscilan entre los Q 2,831 y Q 3,075. Por tanto, el gobierno una vez más favorece a los empresarios, permitiéndoles suspender a sus trabajadores sin pagarles un centavo, mientras que recibirán un subsidio que apenas alcanzará para subsistir unos meses; además solamente cubre a una cuarta parte del total de trabajadores con empleo formal. Al contrario de lo que era de esperarse, fueron las grandes empresas las que empezaron a suspender masivamente los contratos de sus trabajadores; aunque las cuentas bancarias de las empresas capitalistas están rebosantes de ganancias, han preferido enviar a sus obreros a la precariedad antes que tocar los fondos donde acumulan sus utilidades. En cambio, muchas empresas medianas de 30 o 40 trabajadores han llegado a acuerdos para pagar la mitad de los sueldos, completándolos con el subsidio de Q 2,250. Gran cantidad de empresas, sobre todo maquilas, ya empezaron a despedir trabajadores sin liquidarles sus prestaciones y sueldos, o a enviarlos a sus casas a cuenta de vacaciones. El decreto del Mintrab permitirá a los patrones desentenderse de sus responsabilidades laborales mientras los trabajadores se van a sus casas con un ingreso de sobrevivencia.

Por razones de espacio no nos extendemos explicando el caso de los subsidios de Q 1000 mensuales que se estará entregando a las familias que no dependen de sueldos formales; esa cantidad, analizando el costo de la canasta básica, alcanza para cubrir si mucho 15 de días de alimentación de las familias. El Banco de Crédito Hipotecario dispone de Q 400 millones para apoyar con préstamos a las Mipymes, sin embargo, solo el 20% de las mismas califica para ser beneficiaria.

Lo que se avizora es una precarización y disminución del nivel de vida general de la población trabajadora. Esto, aunado a la incapacidad del gobierno para cubrir eficientemente la crisis sanitaria, nos lleva como única salida viable a la formación de Comités de Salud Pública en las comunidades y barrios, para que la propia población, con el apoyo de los sindicatos, organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas y populares, tome en sus manos, mediante la auto organización democrática, las urgentes medidas para enfrentar la emergencia provocada por el Covid-19.

Por Leonardo Ixim

La pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes, a lo cual se suma una crisis económica escalando todas las consecuencias posibles, en sus efectos para el mismo sistema mundo capitalista, pero sobre todo para el proletariado mundial.

La recesión, el estancamiento, el desempleo, el aumento de la informalidad, el aumento de la pobreza y miseria, en fin la destrucción de las fuerzas productivas, es una amenaza que se cierne sobre la clase trabajadora; si bien el mismo capitalismo resulta afectado, como en cualquier crisis y más una como esta, habrá grandes ganadores provocando una cartelización y centralización del capital a escalas inimaginables, donde los más beneficiados provendrán del imperialismo emergente chino, aunque no solo.

Esta destrucción de las fuerzas productivas, que ha ocurrido solo en las guerras, afectará a la población trabajadora, como las miles de muertes que este virus está generando y el riesgo de que las curvas de mortandad sigan creciendo. Esta cara de la moneda va acompañada de otra, el fortalecimiento de políticas y medidas autoritarias de toda índole. Por lo menos en Centroamérica, de una bonapartización de los regímenes políticos de democracia representativa, construidos al finalizar la guerra civil centroamericana como una forma de reacción democrática para parar la agudización de la lucha de clases en la región en la década de los ochenta.

Esto se vislumbraba -los resquicios autoritarios del régimen siempre existieron y no solo eran pequeñas ventanas sino su misma esencia- por lo menos en los dos últimos gobiernos, el de Otto Pérez Molina y el de Jimmy Morales Cabrera colmados de ex militares y burócratas crecidos al amparo del ejército, con la venia de los capitales oligárquicos más concentrados, continuando con el de Alejandro Giammattei, el mismo acusado de ejecuciones extrajudiciales cuando fue funcionario del gobierno de la Oscar Berger. 

Esta crisis, con las medidas, algunas necesarias, de distanciamiento social y de suspensión de concentraciones y espacios públicos, va acompañada de acciones represivas como estados de sitio, toques de queda, abuso de autoridad, prohibición de libre locomoción, entre otras medidas mas. Todo esto mientras los grandes empresarios obligan a los trabajadores a laborar y exponerse a posibles focos de infección, y el gobierno se rasga las vestiduras con discursos moral-religiosos de asumir la cuarentena, suspendiendo las actividades de semana santa, cerrando playas y prohibiendo procesiones y cultos cristianos.

En el Congreso de la Republica por otra parte, se modifica la correlación de fuerzas en parte por necesidad y en parte por oportunismo. De una situación -recordemos que esta legislatura acaba de iniciar- por el control de este organismo del Estado donde se vislumbraban dos grandes bloques,  el partido oficialista VAMOS y las bancadas aliadas, partidos de orientación conservadora por un lado;  por el otro la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) acompañado de partidos progresistas y de centro, y pegados con chicle la izquierda (es decir URNG y Winak), a excepción del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) que en todo esta situación,  debido a la enfermedad de su única diputada, ha estado ausente.

Así, en ciertas iniciativas como votar por unos cuestionables magistrados para el Tribunal Supremo Electoral, o por una ampliación presupuestaria de Q11 mil millones en programas sociales para sectores vulnerables y transferencias de ingresos para la mayoría de la economía informal se votó al unísono. Sobre esto es importante recalcar que fue una afrenta a los lineamientos neoliberales, porque el gobierno emitirá bonos que comprará el Banco de Guatemala (el banco central estatal), pero no se observó las formas de dónde éste sacará la plata, ni la forma en que el gobierno tendrá recursos para pagar, y para ello necesitará hacer ajustes de tipo fiscal.

Por otro lado, se aprobó un endeudamiento masivo por Q7 mil millones -donde por lo menos Q5 mil millones son endeudamiento con la banca privada y resto con bancos multilaterales para gastos de funcionamiento del Estado-, donde la izquierda se ausentó del hemiciclo, y otros partidos como Semilla si votaron aduciendo que son recursos para mejorar el sistema público de salud con estos préstamos.

A lo que vamos con todo esto es que las fuerzas de izquierda, aunque minoritarias, no hacen una oposición real, se suman a algunas buenas intenciones, no convocan a los sectores sociales afectados y no promueven medidas reales para el pueblo como leyes para evitar los despidos o formas de agenciarse recursos, por ejemplo, con impuestos los grandes monopolios como la banca o las empresas privatizadas que proveen servicios, por ejemplo. Mientras que el movimiento social permanece disperso y sin una propuesta unificadora.

Por Leonardo Ixim

En una coyuntura sin precedentes a escala global debido a la pandemia del virus COVID-19, a espaldas del pueblo, el Congreso de la República casi en pleno votó por la elección de los nuevos magistrados que regirán el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por seis años, a partir del 2020.

El pasado 16 de marzo todas las bancadas representadas en el Organismo Legislativo, a excepción del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), eligieron a 10 magistrados, cinco titulares y cinco suplentes. Aduciendo urgencia por la emergencia y el estado de calamidad, debido al peligro de contagio masivo por el mortal virus respiratorio, todos los partidos políticos los eligieron sin poner reparos de las tachas y los intereses que representan.

En la selección de estos magistrados por el Congreso, primero se formó una Comisión de Postulación según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que está conformada por el rector de la Universidad de San Carlos (USAC), un representante de los rectores de las universidades privadas, un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala electo en asamblea, el decano de la Facultad de Derecho de la USAC. Así como un representante de todos los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades privadas.

El modelo de postuladoras aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en 1985, ha sido cuestionado por lo menos desde hace 10 años, pues para evitar una elección antojadiza de los partidos políticos, se aplica este filtro previo; con esto la oligarquía consideró que diseminar en más actores esa capacidad era lo mejor. Pero al final eso le salió el tiro por la culata, pues a raíz del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, estas comisiones fueron los espacios para que los grupos de poder emergentes (burguesías y elites) lograran influir

En  esta ocasión se mencionó que el ex rector de la USAC Estuardo Gálvez afín a los intereses de grupos como los de Sandra Torres y Gustavo Alejos, pero con su propio interés y dispuesto negociar con los del bloque oficialista y los partidos ultra conservadores, tenía sus piezas afines en esta postuladora y esto repercutió en la negociación final con los partidos. La postuladora en mención presentó entonces al Congreso la lista de 20 de los mejores punteados según la tabla de gradación con que trabajaron, tabla que fue cuestionada por su forma de calificar.

Quedó en manos del Congreso la selección final y parecía que las disputas entre el bloque oficialista conservador y el bloque opositor progresista no lo iban a permitir, pero al final todos votaron al unísono. Pese a que Semilla buscó un punto para consultar a la Corte de Constitucionalidad para posponer el proceso debido a la calamidad, lo cual no fue aprobado, al final este partido terminó votando con los demás; solamente la solitaria y digna diputada del MLP que voto en contra.

Los magistrados electos son, titulares: Gabriel Aguilera, Elizabeth Palencia Orellana, Mynor Franco Flores, Ranulfo Rojas Cetina y Blanca Alfaro. Los suplentes son: Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán, Ervin Gabriel Gómez, Noé Ventura Loyo  y  Álvaro Cordón Paredes. Como en otras ocasiones, el Congreso dejó fuera a candidatos con buena puntuación y con una trayectoria honesta.

Eligiendo a personas afines al bloque oficialista y al partido gubernamental VALOR, como Gabriel Aguilera Peralta, ex ministro de trabajo en saliente gobierno de Morales; Blanca Alfaro Guerra ex vice candidata por el partido Prosperidad Ciudadana parte del oficialismo y un desprendimiento del extinto partido LIDER, ex alcaldesa de Masagua y ex abogada de Roberto López Villatoro (el Rey del Tenis), otro de los operadores que han influido en la selección de funcionarios. Rojas Cetina, recientemente magistrado presidente de la CSJ, electo magistrado en 2014 y cercano al Rey de Tenis. Franco Flores también fue ex magistrado de la CSJ, señalado por la CICIG de formar parte de una estructura paralela en el Organismo Judicial y de ser cercano también a López Villatoro. Palencia Orellana, ex magistrada de la Corte de Apelaciones y ex funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quizás las personas menos relacionadas con el bloque oficialista.

En cuanto a los magistrados suplentes, podemos intuir que el bloque opositor logró eligir personas afines como el ex magistrado de la CSJ Noe Ventura Loyo, por ejemplo; aunque existen personajes como Marco Antonio Cornejo Marroquín ex abogado defensor del dictador hoy fallecido Enfrían Rios Montt y otros con una trayectoria más independiente.

Por Armando Tezucún

Después de que el 5 de marzo pasado el presidente Alejandro Giammattei decretara Estado de Calamidad ante la emergencia planteada por la pandemia del Covid-19, mucha agua ha pasado bajo el puente.

Hasta el domingo 22 de marzo, se habían detectado 17 casos de coronavirus en el país, con un anciano fallecido al contagiarse en Europa. Desde la detección del primer caso el 13 de marzo, el gobierno ha ido tomando medidas cada vez más drásticas, de acuerdo con los protocolos recomendados a nivel internacional, y en el camino se han ido revelando los intereses a los que sirve el mandatario, la voracidad de los grupos oligárquicos y empresariales, y el desamparo en que se encuentra la población empobrecida frente a la calamidad; como se ha dicho con mucha frecuencia, y la experiencia lo demuestra, cuando hay desastres naturales y sanitarias, es más un desastre para la mayoría pobre que para la minoría privilegiada, que siempre sale bien librada.

Las disposiciones decididas por el gobierno

Para enfrentar la emergencia, el presidente solicitó al Congreso de la República la utilización del fondo de emergencia por un monto de Q 230 millones, solicitud que fue autorizada por los diputados, que ese mismo día ratificaron el estado de Calamidad Pública decretado por el ejecutivo. A la par, el ejecutivo prohibió la entrada al país de extranjeros procedentes de El Salvador, Italia, Alemania, España, Francia, China, Irán, Corea del Sur, Inglaterra, Japón, Estados Unidos y Canadá; los ciudadanos guatemaltecos que ingresaran procedentes de esos países entrarían inmediatamente en cuarentena.

El 14 de marzo el mandatario decretó la suspensión de clases en todos los centros educativos, y las actividades que aglomeren a más de 100 personas, como procesiones, ferias patronales, eventos deportivos, etc. El 16 de marzo, el presidente Giammattei endureció las medidas, suspendiendo las actividades laborales en el sector público y privado y el transporte público urbano y extraurbano; prohibió cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo, las visitas a los centros de detención y hogares de ancianos, así como las celebraciones religiosas y consultas externas en hospitales públicos; decretó el cierre de centros comerciales, restaurantes, bares y discotecas; se cierran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas; y se cierran los comercios de 9 de la noche a 4 am.  Las medidas hacen excepción de entidades del Estado, empresas de producción y distribución de medicamentos y alimentos, expendios de combustibles, hospitales, etc. Estas medidas estarían vigentes por quince días.

Sin embargo, el día siguiente cambió las prohibiciones aclarando que las empresas que aglomeran a 100 o más trabajadores podrían continuar labores media vez hagan una solicitud al Ministerio de Economía, se comprometan a tomar medidas sanitarias para sus empleados, proporcionándoles servicios médicos y facilitándoles medios transporte. Esto aplicaría en especial a call-centers y empresas maquileras. Un poco más de cuatro mil empresas solicitaron continuar trabajando bajo estas condiciones. Para el 19 de marzo, un 70% de las maquilas de confección de ropa estaban trabajando bajo estas condiciones, con un 95% de sus trabajadores, aunque algunas cerraron voluntariamente.

El 20 de marzo el presidente Giammattei anunció que llegó a un acuerdo con el sector industrial de suspender operaciones de producción de bienes no esenciales durante una semana, para evitar nuevos contagios. La excepción serían la producción de alimentos, medicinas, empaque, higiene y salud, agro, telecomunicaciones, transportes, veterinarias, combustibles, energía, bancos, instituciones financieras y cooperativas. A partir del domingo 22 de marzo el gobierno estableció el toque de queda entre las 16:00 y las 4:00 horas.

Los capitalistas muestran su voracidad ante la emergencia

Desde el 17 de marzo se multiplicaron las denuncias en contra de empresas por no tomar medidas de higiene para proteger a sus trabajadores de la enfermedad. “Nos están obligando a venir a trabajar. ¿Es legal? Aquí trabajan miles de personas y no se están tomando las medidas de higiene necesarias para prevenir el contagio. Traté de llamar a la PDH, al Ministerio de Salud, al número de denuncias laborales pero no contestan y no se cierran labores. El coronavirus se va a transmitir rapidísimo en estos lugares”, declaró un trabajador de un call center (Nomada 17/03/2020).  Las denuncias similares se multiplicaron por cientos, ante la ausencia de jabón o gel antibacterial, mascarillas, la aglomeración de trabajadores; otras empresas decidieron enviar a sus trabajadores a casa, o que trabajaran en sus domicilios, pero a cuenta de sus vacaciones; lo mismo han hecho con trabajadores que padecen de enfermedades que los hacen más vulnerables al contagio. Cientos de trabajadores tuvieron que caminar hasta sus centros de labores.

Mientras se daban todas estas anomalías, las distintas organizaciones de empresarios empezaron a presentar sus propuestas para reducir el impacto de la crisis en la economía. Primero fue la Asociación Guatemalteca de Exportadores, Agexport. Estos señores plantearon cinco recomendaciones, la primera en cuanto al empleo, proponiendo, ¡Adivinen qué! que se emita el reglamente para implementar el trabajo a tiempo parcial, mismo que fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad, por violar los derechos laborales fundamentales. No contentos con esta medida, estos empresarios propusieron que el bono 14 se pueda cancelar a los trabajadores en tres pagos, en los meses de junio, julio y agosto, como medida de urgencia nacional. Estas medidas anti obreras fueron salpimentadas con solicitudes de exenciones de impuestos o retraso de un mes o más en el pago de los mismos, incluyendo el pago de cuotas al Instituto de Seguridad Social, impuestos turísticos, impuesto de solidaridad, IVA en la adquisición de algunos bienes, arbitrios municipales, etc.

Enseguida entraron en escena los empresarios de la Cámara de Industria de Guatemala, en la misma tónica que Agexport, proponiendo soluciones a la crisis que no son más que disposiciones ventajosas para ellos mismos. Emisión de bonos para que el gobierno tenga liquidez para enfrentar la crisis; todos sabemos que quienes compran los bonos son los grandes bancos privados del sistema financiero, y que los intereses que reciben constituyen uno de sus más lucrativos negocios. Devolución inmediata a las empresas del crédito fiscal. Baja de la tasa líder de interés. Flexibilización temporal de las condiciones de líneas de créditos a los bancos. Uniéndose en coro con Agexport, reglamentar el Convenio 175 de la OIT para implementar la contratación a tiempo parcial, añadiendo la creación de salarios mínimos regionales de acuerdo a la realidad económica de cada región, una propuesta que dormía el sueño de los injustos. Flexibilizar todo el tema de vacaciones, suspensión laboral y otros derechos de los trabajadores y trabajadoras. De nuevo en coro con Agexport, un periodo de gracia para las cuotas del Igss y el pago del bono 14 en tres tantos. Flexibilidad y exoneraciones en el pago de impuesto, tanto del gobierno central como de las municipalidades.

Como vemos, para estos indecentes empresarios cualquier medida para aliviar la crisis pasa por el alivio de la situación de sus bolsillos, aunque pasen atropellando los derechos laborales y las finanzas del Estado. 

El plan de emergencia y recuperación del gobierno

Por su parte, el presidente Giammattei presentó ante el pleno del Congreso, el 18 de marzo, su Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica. Para financiarlo, solicitó una ampliación presupuestaria por Q 7 mil 29 millones, financiada por Q 5 millardos en bonos del tesoro y Q 2 millardos provenientes de préstamos externos. De la colocación de bonos, un 52% sería destinado a gastos de funcionamiento. Solicitó la aprobación de dos créditos, uno del Banco Mundial por US$ 200 millones y otro del BCIE por US$ 193 millones.

Las medidas a tomar incluyen el aumento de la inversión pública, reduciendo los gastos de funcionamiento en el 20 ó 25 por ciento para invertir en infraestructura; trasladar recursos a las organizaciones de padres de familia para mejorar las escuelas (Q 175 millones); créditos a la micro, pequeña y mediana empresa hasta por Q 300 millones; agilizar la devolución del crédito fiscal a los exportadores; construcción de 7 hospitales y mejoras a centros de salud; diferir por un trimestre el pago del Impuesto de Solidaridad que hacen los empresarios; transferencias monetarias temporales a 160 mil familias en situación de vulnerabilidad ( Q 350 millones); financiamiento de viviendas sociales a bajo costo; que la Junta Monetaria baje 50 puntos a tasa de interés líder; permitir a los empresarios el pago de cuotas diferidas durante tres meses al Instituto de Seguridad Social y otras instituciones. Curiosamente, sin que tuviera nada que ver, ofreció a los diputados un terreno en la zona 1 de la capital para la construcción de un edificio de oficinas del Congreso.

Tanto las medidas propuestas por las asociaciones de empresarios como el plan presentado por el presidente coinciden en mucho, y tienen poco que ver con la grave situación actual; son propuestas que pudieron haber sido presentadas en cualquier momento, no ante la emergencia por la que pasa el país. Los capitalistas parece que aprovechan la calamidad para lograr sus sueños de tener empleos precarios, salarios mínimos diferenciados y miserables, y menos pago de impuestos. Pareciera que Giammattei aprovechó la emergencia para presentar su plan económico para aprobación del Congreso, favoreciendo los negocios del Estado con la empresa privada, los proyectos público-privados, olvidándose de cosas urgentes como la atención a los vendedores informales y la inversión apremiante en infraestructura y recursos materiales y humanos de salud.

Giammattei está pensando en la recuperación de la economía –que aún no sabemos qué tanto va a caer- privilegiando el apoyo a los empresarios. Cualquier plan económico debe partir del apoyo directo a los trabajadores y a la población pobre.

La trágica situación de los trabajadores informales

Quienes no fueron tomados en cuenta en absoluto por las decisiones del presidente fueron los millones de personas que trabajan en la economía informal. En Guatemala, al igual que en el resto de países centroamericanos, predomina la pequeña burguesía empobrecida, pues el atrofiado capitalismo de la región no produce empleo suficiente para la población. Las cifras oficiales indican que cada año en Guatemala 200,000 jóvenes se unen a la Población Económicamente Activa, pero solamente se crean 20,000 nuevos empleos; estas decenas de miles de personas no tienen más remedio que sobrevivir mediante el autoempleo: una pequeña venta de algo en las calles, en los buses, parques, semáforos, o un negocio mediano tan precario que no puede pagar impuestos y acaso contrate algún empleado, pero sin la capacidad de pagarle sueldo mínimo ni prestaciones de ley. En Guatemala los trabajadores informales representan el 70% de la PEA, unos 4.8 millones de personas. En 2019 las actividades de la economía informal aportaron un 22% del Producto Interno Bruto, Q 130 millardos (El Periódico 18/03/2020), sin embargo, los trabajadores y trabajadoras del sector no cuentan con medidas de protección social ni laboral.

Las medidas tomadas por el gobierno han dejado totalmente por fuera a esta enorme cantidad de personas, que si no salen a trabajar a diario no tiene para comer, ni para pagar sus servicios, ni vivienda, etc. Todas estas personas no tuvieron más remedio que salir a las calles y a los mercados a trabajar, exponiéndose al contagio. “Nosotros comemos de lo que hacemos a diario. No tenemos un sueldo no podemos decir ‘a fin de mes nos van a pagar’, y el presidente no ha dicho ‘les vamos a mandar comida a sus casas’, entonces tenemos que seguir luchando”; esto declararon vendedores informales (Prensa Libre 20/03/2020). Garantizar la satisfacción de las necesidades de este sector del pueblo mientras se resguarda en sus casas es esencial para evitar la propagación del Coviv-19.

La prioridad debe ser el bienestar del pueblo, no de los empresarios

Denunciamos la complicidad del gobierno con los empresarios, que quieren aprovechar la crisis para implementar sus planes de precarizar el empleo, pagar menos impuestos y hacer jugosos negocios.

Las organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, estudiantes, de mujeres y populares debemos unirnos para exigir al gobierno: a) participación de las organizaciones sindicales y populares en las tomas de decisiones referentes al control de la crisis; b) ningún despido, que se garantice el salario de los trabajadores de empresas que cierren temporalmente, si se hiciera turnos laborales para evitar aglomeración, que el salario permanezca igual, que el gobierno cree un seguro de desempleo en el caso de quiebra definitiva de empresas; c) protección sanitaria total para las y los trabajadores de la salud, que son los más sacrificados en este momento, garantizando el suministro de equipos y medicinas; d) nacionalización de hospitales y clínicas privadas, así como de las empresas farmacéuticas, para garantizar la atención gratuita e integral de los afectados por el Covid-19; e) plan de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante impuestos progresivos a los bancos e instituciones financieras; f) No a la restricción de los derechos laborales y libertades democráticas; g) entrega de un subsidio especial a las personas que viven de pequeños negocios individuales; h) congelación del precio de los servicios públicos y suspensión del pago de créditos y servicios para las personas individuales mientras dure la crisis.