Por Hercilia Cáceres

El 8 de marzo, durante la conmemoración del día de la mujer se realizaron como todos los años, marchas multitudinarias que recorrieron las calles de diversos países, con consignas que denuncian la violencia sistemática a la que las mujeres se enfrentan todos los días.

A diferencia de otros años, este mostró la peculiaridad de contar con una fuerte presencia en número de asistentes, quienes llevaban como principal consigna el cese a los crímenes contra las mujeres.  Asimismo, en la ciudad de Guatemala, las jornadas se caracterizaron por las ya habituales “pintas” en paredes, edificios y monumentos municipales y gubernamentales, con mensajes esencialmente enfocados contra los casos de femicidios y violaciones que el sistema de justicia ha dejado impunes.

De la misma manera, se mostró descontento por el caso de las 56 niñas quemadas en el mal llamado “Hogar Seguro” Virgen de la Asunción, durante el gobierno de Jimmy Morales, recordando a las niñas asesinadas por el Estado el 7 de marzo de 2017.

Dicha marcha mostró una cara que involucró distintas agrupaciones de mujeres al grito de una sola voz, dirigida por la coordinadora del 8 de marzo. Fue posible observar colectivos feministas, organizaciones campesinas, sindicatos de trabajadoras y agrupaciones estudiantiles. Por su parte, los sindicatos llevaban consignas por mejoras a las condiciones laborales de las mujeres, ya que en Guatemala la brecha salarial deja a este sector en una enorme desventaja, principalmente en la agricultura, además de que la mayoría mujeres laboran en la semi-informalidad o informalidad, por lo que no cuenta con prestaciones laborales garantizadas por la ley laboral del país.

Por otro lado, las organizaciones campesinas se manifestaron contra el extractivismo, megaproyectos y los asesinatos contra los líderes comunitarios que desde el 2018 se vienen sucediendo, con el silencio cómplice de los organismos de seguridad del Estado y el Ministerio Publico (MP).

En contraste, los colectivos feministas y agrupaciones estudiantiles denunciaron los asesinatos, violaciones, acoso sexual e ineficiencia de las autoridades para hacer cumplir la ley en un país con índices elevados de impunidad. Las agrupaciones estudiantiles, tales como la Asociación de Estudiantes Universitarias (AEU), se dieron la tarea de denunciar la violencia que existe dentro de la USAC, ya que es posible asegurar que la mayoría de casos de acoso sexual dentro de la universidad son propiciados fundamentalmente por los Docentes y sus prácticas con respecto a sus estudiantes mujeres. Asimismo, la AEU rechazó por completo las prácticas de los comités de huelga vinculados al hoy raquítico heredero del deshonorable, que durante años han demostrado una tradición misógina que atenta contra la dignidad de las estudiantes universitarias, aunado a las múltiples denuncias de atentados contra el sector estudiantil realizados desde los comités huelga de dolores.

Cabe destacar que las pintas fueron realizadas desde las agrupaciones con mujeres jóvenes, que tuvieron el fin de visibilizar los crímenes que son ignorados por las autoridades y población en general. Tal fue el caso de la Municipalidad de Guatemala, en donde revelaron los casos de violaciones encubiertos por el alcalde y otras autoridades.

Es de mencionar, que esta medida surge como un medio para la visibilización de la violencia que se lleva vidas todos los días y parte de un sistema que oprime de distintas maneras a niñas, jóvenes y adultas, que se enfrentan a gobernantes que ignoran las necesidades fundamentales y a un Estado incapaz de asegurar la justicia ante los crímenes de odio contra las mujeres y demás formas de la violencia machista.

Sin embargo, surgen desafíos para los movimientos feministas y es enfrentarse a su realidad de clase, ya que el género no es un impedimento para que algunas se encarguen de tomar roles patriarcales y tradicionalmente burgueses con respecto al poder y su situación en las relaciones sociales de producción, por ellos es necesario asumir una postura consciente, en miras de clarificar que la lucha feminista carece de contenido si no es otro frente de la lucha de clases, ya que la mayoría de mujeres trabajadoras en Guatemala no tiene rostro y son pocas las que las recuerdan.

Porque existe la madre, la trabajadora sexual, trabajadora doméstica, maquilera, aquellas que son olvidadas o ignoradas por algunos colectivos vinculados a las lógicas imperialistas del feminismo liberal, burgués y pequeñoburgués que impera en las agendas de la cooperación internacional, un feminismo vaciado de contenido que lucha por equiparar a la mujer al rol de poder del hombre, sin asumir nunca que ser mujer en este sistema es una contradicción coherente del rol del hombre dominador burgués. Así que la autocrítica dentro de los movimientos debe ser fundamental, el mismo espíritu guerrero que denuncia la violencia sistemática, debe tener amplia influencia en darle guía real, no solo a las reivindicaciones de las mujeres que tienen acceso al conocimiento de esta o aquella ola del feminismo internacional, sino ver siempre por la liberación de sus hermanas en las maquilas, en las casas y en el campo, donde en silencio viven la verdaderas bases de un feminismo revolucionario anti-burgués, que por lo tanto es anti-liberal y fuertemente reivindicativo y clasista.

Por Armando Tezucún

El 11 de febrero 83 diputados de extrema derecha aprobaron reformas a la Ley de Ongs, que implican un endurecimiento del control del Estado sobre las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la investigación social, a la fiscalización del desempeño de funcionarios y entidades estatales, a la defensa de derechos humanos y que incluye sindicatos y organizaciones campesinas. Las vicisitudes pasadas por las reformas desde el 11 de febrero reflejan muy bien las características del actual gobierno derechista de Alejandro Giammattei.

Lo primero que hay que tener claro es que el decreto 4-2020 fue aprobado por el bloque de bancadas que apoyó la candidatura del actual presidente del Congreso, Allan Rodríguez, miembro del partido de Giammattei, Vamos. El partido del presidente votó, entonces, a favor de las reformas.

Inmediatamente de que se aprobó el decreto 4-2020, organizaciones de la sociedad civil interpusieron ocho recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar su entrada en vigencia. El decreto fue publicado el 28 de febrero y entraría en vigencia el 7 de marzo. Mientras la CC se tomaba su tiempo, numerosos representantes de gobiernos, instituciones, partidos y parlamentarios extranjeros, solicitaron al presidente Giammattei que no diera su aval a las reformas a la Ley de Ongs.

El 27 de febrero el mandatario guatemalteco anunció que decidió sancionar las reformas aprobadas en el Congreso. Expresó que realizó un análisis asistido por expertos constitucionalistas, y se encontró que no hay inconstitucionalidades en el decreto. Agregó que se han dado irregularidades en el manejo de fondos provenientes del Estado y del extranjero, de parte de algunas de estas organizaciones.

Finalmente el 2 de marzo la CC decidió dejar sin efecto las reformas a la Ley de ONGs, por considerar que “pueden causar grave afectación a derechos humanos o provocar inobservancia de estándares de carácter internacional”, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros (El Periódico 3/03/2020). Como ha sucedido en otras ocasiones, de los cinco magistrados de la CC, solo Dina Ochoa, conocida por su afinidad con el expresidente Morales y otros políticos cuestionados, estuvo en desacuerdo con la decisión.

Sin embargo, Giammattei anunció que no acataría la decisión de la CC, esgrimiendo el retorcido argumento de que “el momento por el cual fue amparado, fue un momento que prescribió y yo ya sancioné la Ley, sobre el momento de la sanción de la Ley no hay ningún amparo la Ley entra en vigor a partir del viernes…” (La Hora 4/03/2020), revelando su vocación de dictadorzuelo.

Al recibir un recurso de aclaración de parte del Congreso, la CC puntualizó que su decisión dejó en suspenso temporalmente la sanción, promulgación, publicación en el diario oficial y adquisición de vigencia del Decreto 4-2020, es decir, todo el proceso. En teoría, se regresaría al estado de cosas antes del 11 de febrero, es decir, la aprobación de las reformas en segunda lectura, por lo que el bloque de derecha podría de nuevo plantear su aprobación en tercera lectura. Finalmente Giammattei dio su brazo a torcer, emitiendo un comunicado oficial el 6 de marzo en el que expresa que pese a no estar de acuerdo con la decisión de la CC, respetará la resolución.

Sabemos que el actual gobierno está dando continuidad al endurecimiento del régimen político impulsado por la alianza entre los grupos tradicionales de la oligarquía y los grupos emergentes representados por militares activos y exmilitares convertidos en políticos y empresarios, con la comparsa de los grupos religiosos fundamentalistas. Esta alianza ha tenido su mayor éxito con la expulsión de la Cicig del país y el asilo de la ex fiscal general Thelma Aldana en Estados Unidos. Giammattei inició su gestión con medidas chapuceras, para ganarse el apoyo de la población hastiada de la violencia de las pandillas con inútiles Estados de Prevención y un represivo Estado de Calamidad. Su apoyo al decreto 4-2020, del cual decidió recular, puede ser visto como una bravuconada, de la cual decidió dar marcha atrás posiblemente por la presión extranjera, o posiblemente no quiso quedar en evidencia como un transgresor del orden constitucional desconociendo la decisión de la CC.

En todo caso esta es una primera escaramuza, por lo que no hay que descartar que en el futuro el flamante presidente decida pasar por encima de las decisiones de la CC o imponer más leyes represivas. Por eso las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres y populares debemos estar preparados para enfrentar la ofensiva de la extrema derecha, forjando una coordinación unitaria por la defensa de nuestros derechos y conquistas.

Por Leonardo Ixim

El pasado jueves cinco de marzo el gobernante Alejandro Giammatei decretó estado de calamidad pública por 30 días, argumentando el peligro de que el virus COVID-19 o Coronavirus entre en el territorio guatemalteco, pese a no existir ningún caso registrado en el país, siendo los más cercanos uno en Costa Rica y otros en México los cuales están siendo observados por las autoridades de esos países.

Dicha medida, para renovarse, tiene que ser aprobada en el Congreso de la República. Este instrumento forma parte de la represiva Ley de Orden Público que data del gobierno militar de Enrique Peralta Azurdia  que fue parte de los regímenes militares de seguridad nacional y que ni siquiera con la entrada de la denominada era “democrática” ha sido derogada. Posteriormente a la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 los distintos gobiernos han usado este y otros instrumentos contenidos en esa ley para limitar los derechos políticos de comunidades y conglomerados sociales en diversos momentos.

No es motivo de hablar de este virus, que tiene una capacidad de reproducción viral impresionante aunque una baja mortandad, afectando sobre todo a personas vulnerables (tercera edad, niñez y con defensas bajas), ya que esto se debe afrontar asegurando el derecho a la salud, socializando la medicina y garantizando condiciones salubres al personal sanitario. Así como afrontar la psicosis que se esta generando en torno a esto y ciertos fenómenos económicos especulativos, al grado que en un pais donde no se ha registrado ningún caso aún, como Guatemala, ya hay escasez de mascarillas para las vías respiratorias por ejemplo.

Lo que se quiere resaltar es que este acuerdo es parte del arsenal de medidas que este gobierno recién iniciado viene realizando en contra de las libertades políticas, aduciendo distintos pretextos como la lucha contra la delincuencia, la gobernabilidad y ahora contra el COVID-19. Sin embargo esta es una tendencia característica de por lo menos los últimos tres gobiernos, de ir revirtiendo los mínimos espacios abiertos tras la firma de la paz.

El acuerdo afecta en su artículo cuatro titulado derechos restringidos, los artículos 5 (Libertad de Acción), 26 (Libertad de locomoción), 33 (Derecho de reunión y manifestación) y el 116 (Regulación de la huelga para trabajadores del Estado) de la Constitución Política (Soy 502 “Limitaciones que Causa el Estado de Calamidad por el Coronavirus). Se limita la libertad de locomoción obligando a capricho del Estado el cambio o no de residencia, el establecimiento de cordones sanitarios. Además que se suspenden toda concentración y espectáculos públicos.

Como se observa, son derechos fundamentales para que la población y la clase trabajadora puedan garantizar sus libertades civiles y políticas básicas, vital para aprovechar eso en función de las luchas del proletariado.

Es pues, una tendencia cada vez mas evidente dentro del régimen político de parte de sus principales actores de poder y de sectores de las clases dominantes el ir cerrando estos espacios, endureciendo este régimen -guardando las formas democráticas- y usando una especie de populismo punitivista, así como personalidades impulsivas como la del actual presidente, bajo un discurso que trata de identificarse con el sentir de la población aquejada con la delincuencia.

De allí que aprovechando esto, se ha presentado diversas leyes como la de declarar a las maras terroristas, una ley de gatillo fácil, las reformas a la ley de ongs cuya entrada en vigencia suspendió la Corte de Constitucionalidad y otras. Así como la constante criminalización de defensores de los derechos humanos, por ejemplo el asesinato reciente contra una militante de CODECA, Dominga Ramos,  esposa de otro miembro que es del staff de asesores de la bancada del Movimiento de Liberación de los Pueblos, brazo político de esta organización campesina en el Congreso.

Por otro lado, el Acuerdo Gubernativo hace referencia a la centralización de funciones de las instancias públicas en áreas delimitadas que no existen, el control de ingresos en puertos, aeropuertos y fronteras, el establecimiento de cuarentena para personas que se les detecte este virus y el establecimiento de precios mínimos y máximos para artículos, bienes, suministros y servicios en relación a la atención del virus.

Ahora es el Coronavirus pero antes fue la delincuencia y las maras, mañana puede ser otra cosa que se acomode a la ansiedad punitiva de la población que lastimosamente es moldeada por los intereses de la burguesía para ir cercenando sus derechos. Por tanto urge nuevamente que las organizaciones sociales y partidos de izquierda coordinen acciones y medidas para detener esta ola represiva contra el pueblo guatemalteco.

Por Leonardo Ixim

La composición del nuevo congreso muestra una legislatura aún más fragmentada que repercutirá en vitales decisiones estratégicos para los grupos de poder como en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como una serie de leyes impulsado por el gobierno central y el partido oficial para promover los intereses empresariales

Lo que parecía que la novena legislatura recién iniciada iba a existir una aplanadora por los 51 diputados electos por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); desde los primeros días a la hora de conformar la Junta Directiva las fuerzas de derecha al igual que hicieron con el anterior  partido oficialista, en esta ocasión  respaldaron para lograr una mayoría al actual partido en el gobierno VAMOS, imponiéndose en el control del Organismo Legislativo, siendo el diputado Allan Rodríguez de ese partido presidente de este órgano estatal.

El bloque oficialista está conformado por una serie de partidos entre los que destaca la Unión de Cambio Nacional conformado por caciques dedicados al narcotráfico, Visión Con Valores (VIVA) de orientación fundamentalista evangélica, el Partido Unionista feudo de la familia Arzú, Todos del archí-corrupto Felipe Alejos y Valor de la hija del militar genocidio Ríos Montt, Zury Ríos Sosa, así  como el ex partido oficialista FCN-Nación, Prosperidad Ciudadana, Podemos; el ala del tránsfuga Fidel Reyes Lee de Bienestar Nacional (BIEN), el Partido Humanista Guatemalteco.  Y un diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) cascaron de lo que fue un intento de armar un partido expresión de la oligarquía.

Así la UNE se fracturo donde seis de sus diputados votaron por la planilla oficialista y con la elección de magistrados para la CSJ y las Cortes de Apelaciones esta fractura pareciera que ira recorriendo la bancada de ese partido,  con repercusiones serias a nivel nacional en que ha sido desde su fundación a inicios del siglo, lo que mejor se podía acercar a un partido institucionalizado.

Esta situación se hizo patente cuando la ex candidata presidencial de esa agrupación Sandra Torres Casanova le fue eliminada su inmunidad al terminar el proceso electoral y el Ministerio Publico procedió a vincularla penalmente en una investigación por financiamiento ilícito en 2015, decretando prisión domiciliar. Por aparte el Registro de Ciudadanos y la Inspectoría General adscritos al TSE prosiguen con el  proceso de documentación para evidenciar como el partido UNE por financiamiento no registrado y posiblemente cancelarlo.

Sin embargo estas dos aristas relacionadas, afectan a distintos actores en el seno de la UNE mostrando tal división entre la ex candidata y los principales diputados de la bancada, como Carlos Barreda, Orlando Blanco, Mario Taracena y Karina Sosa; los primeros dos procedentes de organizaciones ex insurgentes y que lograron darle sustento territorial con las bases de la ex guerrilla; mientras que los últimos dos con orígenes en diversos partidos burgueses. Al grado que Torres estaría buscando que se cancelara su aun partido y tener libertad de influir en la selección final para elegir jueces y magistrados en el Organismo Judicial

En este caos aparece Gustavo Alejos ex secretario privado del gobierno de Álvaro Colom de la UNE, ex financista de ese partido y   pese a que esta privado de libertad por delitos de financiamiento ilícito,  es descubierto reuniéndose con comisionados,  diputados y candidatos, para influir en la  designación de jueces y magistrados, que posiblemente junto a Torres busquen formar otra agrupación.

Por otro lado la oposición está conformado por la mayoría de la bancada de la UNE, CREO cercano algunos núcleos de la oligarquía denominado “modernizada”, Victoria vehículo electoral de un clan  familiar de apellido Rivera, Semilla influenciado por el ala procree del imperialismo conformada tras el movimiento denominado la “plaza” en 2015, el otro diputado del PAN, Bienestar -en el ala portillista  de orientación populista-   y la izquierda.   Está conformada por WINAQ y URNG que al tener solo siete diputados se plegaron a la fracción anti-gubernamental debido a que no tienen fuerza numérica,  pero que refleja también la incapacidad de  lograr un esfuerzo unitario Todos estos partidos por su parte han denunciado que la alianza oficialista les bloquea diversas acciones legislativas y sobre todo en torno a la elección de los funcionarios judiciales.

El Movimiento para la Liberación de los Pueblos  y su diputada Vicenta Jerónimo ha actuado aislado, esta ha sobresalido por tener una actitud austera con respecto a las dádivas que reciben los congresistas rechazando estas, pero su partido por su sectarismo tampoco ha podido influir junto a WINAQ y URNG,  en la conformación de un bloque de izquierdas, que aunque pequeño y que podría hasta jalar a diputados de Semilla, sería una fuerza independiente a favor de los intereses de las clases trabajadoras y de los pueblos.

Ante la embestida neoliberal y reaccionaria promovida desde el gobierno actual y por distintas fuerzas conservadoras, es importante que el movimiento popular busque espacios de articulación y presione a los congresistas de izquierda y de algunos partidos progresistas,  a que asuman una postura y frene estas acciones anti-populares.