Por Leonardo Ixim

El pasado 14 de enero asumió la presidencia de la República Alejandro Eduardo Giammatei Falla y como su vice-presidente Cesar Guillermo Castillo Reyes, postulados por el partido  Vamos por una Guatemala Mejor (VAMOS),  al derrotar al binomio presentado por el partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) conformada por Sandra Julieta Torres Casanova y  Carlos Raúl Morales por una diferencia de 523,689 votos en la segunda vuelta, obteniendo VAMOS 1,907,801 votos y la UNE 1,384,111 votos respectivamente.

Al igual que el gobierno saliente de Morales -del cual Giammattei se ha querido distanciar-  la bancada oficialista con solo 17 curules presidirá la Junta Directiva del Congreso, gracias a la formación de un bloque con los partidos de derecha quienes fueron los mismos que respaldaron gobierno saliente y cuyos mismos pasos parece que Giammattei seguirá.

Giammattei, después de cuatro intentos, logró la presidencia postulado con anterioridad por partidos que ya no existen; de hecho el partido actual es una armazón ligado a los intereses personales de él y los del vice-presidente, del cual se señala tienen diferencias en lo que respecta a ver quién controlará la bancada oficial. 

Sin embargo, es un político conocido, pues fue director del Sistema Penitenciario en el gobierno de Oscar Berger entre 2005-2008, gobierno cercano a los intereses de los núcleos de la oligarquía. Giammatei es señalado junto a los altos jerarcas del Ministerio de Gobernación de ese momento, quienes han estado o están en distintos procesos penales de parte del Ministerio Público y la desaparecida CICIG, por ejecuciones extra-judiciales; de hecho, el nuevo presidente ya guardó prisión por esos delitos durante 10 meses, y fue liberado por falta de pruebas.

Se endurece aún más el régimen

Con la firma de los Acuerdos de Paz y como parte de la llamada apertura democrática, la  izquierda ilusamente buscó reformar el Estado para promover una democracia liberal, así como una serie de reformas institucionales en todas las áreas, la aplicación de un modelo de distribución limitado de la tierra, entre otras cosas. Dentro de eso -aunque con atraso- estuvo la instalación de la CICIG apoyada por Naciones Unidas para hacer funcionar el estado de derecho, afectando a una serie de intereses políticos y empresariales que se salían de ese marco, usando la corrupción y la impunidad como forma acumulación.

Esos espacios por su parte se han ido cerrando y con más fuerza a partir del tercer año del gobierno de Morales. Esto nunca implicó que hubiera una transformación real de la naturaleza de clase del Estado en todo este periodo, a diferencia de lo que muchas instancias civiles creen, diciendo que se perdió el control de ciertas instituciones.

Por otro lado, con Giammatei se siguen reciclando una serie de figuras, muchas provenientes del ejército, que han estado en todos los gobiernos de la era “democrática” pero con mayor presencia desde el gobierno del desaparecido Partido Patriota. Ahora nutridos con otra serie de elementos que ya estuvieron en el gobierno de Berger con  nexos a los grupos más recalcitrantes de la oligarquía local.

Un ejemplo del endurecimiento del régimen es la primera medida tomada por el nuevo gobierno,  la de instalar un estado de prevención por siete días en los municipios de Mixco y San Juan Sacatepéquez que son parte del área metropolitana central. Argumentando la necesidad de combatir la delincuencia, pese a estar estos  municipios entre los que menor índice de hechos delictivos tienen en el Departamento de Guatemala.

Recordemos además que en el segundo municipio hay una resistencia desde hace años de parte de las comunidades Kaqchiqueles-Mayas contra la instalación de una planta cementera de la empresa Cementos Progreso de parte del grupo oligarca Novela.

Con ese estado de prevención se limitan los derechos de organización y libertades básicas. Esta medida consideramos es un plan piloto de parte de las fuerzas de seguridad para realizar control territorial bajo la excusa del combate a la delincuencia. Pues el nuevo partido gobernante tiene entre sus prioridades destruir las resistencias de las comunidades mayas y mestizas contra los proyectos extractivistas que afectan sus territorios.

Esto se traduce en el nuevo gabinete: el  ministro de Gobernación será el ex general Edgar Godoy Samayoa parte de la promoción 73 de la Escuela Politécnica, la misma del ex presidente y reo Otto Pérez. Godoy  fue un oficial de inteligencia parte del desaparecido Estado Mayor Presidencial  en el gobierno de Jorge Serrano y posteriormente trabajó en la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala con el ex presidente Álvaro Arzú y su Partido Unionista, el cual estuvo a cargo de un centro de espionaje junto al prófugo Luis Mendizábal por el caso La Línea, denominada “La Oficinita”.

En el Ministerio de la Defensa Nacional estará Juan Carlos Alemán Soto, general de brigada quien ha sido titular ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, hombre de confianza del Departamento de Defensa de esa potencia y es piloto aviador de la promoción 111.

Otra cercana a círculos militares es la nueva ministra de educación Claudia Ruiz Casasola de Estrada una funcionaria de carrera de ese ministerio, casada con el coronel de infantería Julio César Estrada Valenzuela, hermano de Luis Estrada Valenzuela, acusado  por la Cicig por el robo de Q470 millones del Ministerio de la Defensa en 2001.

Por su parte hay una serie de ministros ligados al sector empresarial oligárquico y emergente. Iniciando con el nuevo ministro de Economía Antonio Maluf ex presidente de la gremial  de empresarios, CACIF. Álvaro Gonzales Ricci, ministro de Finanzas Publicas, ex diputado del partido CREO, ha trabajado para el CITIBANK y en corredoras de bolsa para grandes empresas en Guatemala. Así como el nuevo ministro de Relaciones Exteriores Pedro Brolo, quien fue funcionario de la OEA en Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya y terminó avalándolo.

De parte de sectores emergentes de la burguesía, se encuentra en Energía y Minas Alberto Pimental Matta, quien ha sido accionista en una empresa llamada FERSA, con contratos sin cumplir con el Estado en materia de instalación de tendidos eléctricos y fue financista del partido VAMOS. En el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Cifuentes Lemus, accionista de otra empresa contratista del Estado en materias de mantenimiento vial llamada Ingeniera y Construcciones. En Agricultura, Ganadería y Alimentación, ex gerente de la empresa GanAgro, S.A dedicada a la exportación de flores. En Ambientes y Recursos Naturales Mario Rojas, ex presidente de la Cámara de Comercio en el departamento de Santa Rosa. Esto serían solo algunos nombres.

El Nuevo Congreso

Pese al intento de la bancada UNE de controlar la Junta Directiva del Congreso, ésta no lo logró. Para eso se estableció una  alianza con bancadas de diversas ideologías, como PAN y CREO de derecha, Bienestar Nacional y Semilla de centro y algunas de izquierda como URNG y Winaq en una alianza que las bases de esos partidos deberían evaluar. Estas bancadas llegaron a un acuerdo en función de aprobar algunas leyes de carácter progresistas como la de Aguas o reformas a la ley Electoral y de Partidos Políticos obteniendo 72 votos. La UNE cuenta con 52 diputados, pero seis diputados votaron por la planilla oficialista, debilitando esta propuesta, siendo catalogados por traidores por ese partido.

Como mencionamos, se impuso el partido de gobierno con el apoyo de partidos de la  más rancia derecha de este pais, obteniendo 82 votos. Así, la Junta Directiva del primer año de la novena legislatura estará conformada por, Allan Rodríguez Reyes como presidente, electo por VAMOS quien ha sido contratista del Estado en lo respecta a construcción de obra pública. Primer Vicepresidente será Sofía Hernández Herrera, quien fuera diputada electa por LIDER en 2015, ahora reelecta por la UCN partido vinculado a casos de narcotráfico y cuyos hijos Karla y Erick Martínez Herrera también fueron diputados electos por la UCN. A ellos se les vincula de tener nexos con narcos del departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.

Segundo vice-presidente, Luis Rosales Marroquín, ex diputado del desaparecido FRG y del partido VIVA, ahora electo por VALOR, ha sido abogado del genocida Efraín Ríos Montt y es muy cercano a la hija de éste, Zury Ríos candidata por VALOR en las recientes elecciones. Tercer vice-presidente,  Armando Castillo Álvarez electo por VIVA, también ha sido contratista del Estado y fue director de la Unidad de Ejecutora de Conservación Vial en el gobierno saliente. Primer Secretario, Felipe Alejos Lorenzana, reelecto por el partido Todos, una de las figuras que respaldaron a Morales y es investigado por delitos de defraudación fiscal por el MP.

Segunda Secretaría Rudy Perrería, diputado tránsfuga de la UNE y LIDER y ahora electo por el FCN-Nación; Tercer Secretaría Douglas Rivera Mérida, diputado electo por el Partido Humanista. Cuarta Secretaría Hernán Moran Mejía, electo por Prosperidad Ciudadana y quien ha sido también tránsfuga de la UCN, LIDER y el FCN-Nación. Quinta Secretaría Carlos Nájera Sagastume electo por la UNE, uno de los traidores de ese partido y quien también ha sido integrante de la UCN, FRG y Todos.

Por Armando Tezucún

El acuerdo de “Tercer País Seguro” o “Acuerdo de Cooperación de Asilo” (ACA) firmado en julio del año pasado entre los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala, supuestamente permitirá a migrantes no guatemaltecos tramitar sus solicitudes de asilo al país norteamericano desde el  territorio chapín, donde residirían temporalmente con comodidades básicas.

Sin embargo, a medida que se ha desarrollado la implementación del acuerdo, éste se ha revelado como un fiasco y una burla para los trabajadores migrantes salvadoreños y hondureños, evidenciando su carácter disuasivo destinado a desalentar la migración. Claro, el complemento para desalentar el flujo migratorio son las medidas represivas implementadas por el gobierno mexicano en la frontera con Guatemala, resultado de un acuerdo con el gobierno de Trump, acuerdo firmado bajo amenazas, al igual que la firma del ACA; y así mismo el endurecimiento de la represión en la frontera mexicano-estadounidense.

La primera persona que arribó a territorio guatemalteco enviado por las autoridades gringas bajo el ACA fue un hondureño, que llegó el 21 de noviembre de 2018, quien decidió regresar a su país. Hacia mediados de enero del presente año, 143 salvadoreños y hondureños habían sido enviados a Guatemala, a muchos de ellos ni siquiera se les informó de su destino, y solamente cinco decidieron quedarse y hacer el trámite de asilo. La decisión de regresar a las duras condiciones de violencia, desempleo y miseria de Honduras y El Salvador es motivada también por el total abandono e irresponsabilidad con que los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos han tratado a los migrantes trasladados al territorio guatemalteco.

El 15 de agosto de 2018 Mauricio Claver-Carone, asesor del gobierno de Trump para Asuntos Hemisféricos aseguró que para Guatemala recibir a los migrantes “no le significaría ningún costo”, que su gobierno “están comprometidos a ayudar a Guatemala bilateralmente” y habló de “organismos internacionales para cubrir los costos de este proceso y para crear la capacidad necesaria” (La Hora 8/01/2020). El ahora exministro de Gobernación Enrique Degenhart, firmante del acuerdo, aseguró varias veces que el convenio no le costaría a Guatemala ninguna erogación; el 7 de enero, en entrevista a Emisoras Unidas, explicó las razones por las cuales el gobierno de Guatemala no se hace cargo de los solicitantes de asilo diciendo: “Como Ministerio de Gobernación o como Estado no podemos hacer ningún tipo de erogación presupuestaria para darles es tipo de servicios colaterales o servicios de atención” (Idem).

Ante tal actitud criminal de ambos gobiernos, que se desentienden del cuidado de los migrantes, algunas organizaciones humanitarias se han hecho cargo. Al llegar al aeropuerto, el Instituto Guatemalteco de Migración les da 72 horas para que decidan si regresan a su país o se quedan en Guatemala a tramitar la solicitud de asilo. Luego son trasladados a la Casa del Migrante en la capital guatemalteca, a cargo de la Iglesia Católica a través de la Pastoral de Movilidad Humana, donde reciben alimentos, ropa, atención médica y psicosocial, y albergue; la asociación Refugio de la Niñez ha cooperado también en la atención a los migrantes. Ninguna de las dos recibe fondos del Estado para esa labor. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) han colaborado también para el traslado de los migrantes a sus países de origen, y esta última apoya financieramente a los religiosos a cargo de la Casa del Migrante. Pero ambas organizaciones internacionales han dejado claro que no hacen parte del ACA y desconocen los anexos del mismo. Su intervención ha sido por razones humanitarias.

Exigimos al nuevo gobierno de Alejandro Giammattei la derogación de ese vergonzoso acuerdo, firmado bajo amenazas de represalias por parte del nefasto Donald Trump, que garantice el libre tránsito de centroamericanos migrantes y la expulsión de los agentes gringos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Para los migrantes el ACA es un fracaso y no deja otra opción que hacer el intento de llegar a los USA una y otra vez. El 14 de enero una nueva caravana con rumbo a Estados Unidos partió de San Pedro Sula en Honduras. El 15 llegaron en grupos a la frontera con Guatemala, donde hubo incidentes con la policía guatemalteca y agentes del ICE. Para el sábado 18 se calculaba en unos 4 mil migrantes hondureños, salvadoreños y guatemaltecos que se dirigían en grupos a los puntos fronterizos con México. Mientras López Obrador les prometía cuatro mil empleos en México, la Guardia Nacional mexicana los contenía por la fuerza en el puente de la frontera Rodolfo Robles y capturaba a los que intentaban cruzar por los ríos fronterizos.

Por María Armas

El 2019, un año electoral para Guatemala, trajo entre sus múltiples y ya conocidos vaivenes del Congreso de la República, la inconformidad e incapacidad del mismo para poder aprobar un presupuesto que cumpliera con las necesidades de las y los guatemaltecos, basado en los resultados y operatividad de cada uno de los ministerios y dependencias del Estado.

En septiembre del año en curso se hizo una propuesta de presupuesto, por Q 89 mil 773 millones, la cual fue cuestionada por algunos sectores de los movimientos sociales, en especial por los recortes a los ministerios de Educación, Salud Cultura y Deportes. Este último tendría una reducción económica de Q. 62,659,000.00 en comparación al techo presupuestario del presente, razón por la cual colectivos de artistas tomaron la calle frente al Congreso de la República para manifestar la inconformidad y falta de atención que presta el Estado para incentivar el desarrollo integral de la población.

Así mismo otros sectores como el de educación solicitaban la aprobación de este presupuesto por el incremento directo al cual se le había hecho una probación de Q. 17,771,500.000 para el año 2020, estando Q. 1,248,913.575 por encima del presupuesto actual. Sin embargo, del presupuesto total para educación tan solo Q. 232,000,000 serían utilizados para la inversión física, lo cual deja muy poco margen para la construcción de nuevas escuelas y equipamiento de las mismas, sabiendo que Guatemala tiene el 12.31% de analfabetismo entre la población y una de las mayores deserciones a nivel latinoamericano, lo cual da como resultado que solamente 3 de cada 10 niños y niñas logran terminar la primaria. En muchos casos esto se debe a la inaccesibilidad y largas distancias que deben recorrer las y los menores para poder estudiar. Según la propuesta Q. 14,377,800,000 del presupuesto de educación serían utilizados para el Desarrollo Humano, cubriendo así pactos colectivos y garantían laborales para las y los maestros, pero en equidad con la extensión necesaria para lograr mayor alcance y mejorar la calidad educativa de la población guatemalteca. También fue cuestionado el presupuesto que sería asignado a la Universidad de San Carlos, ya que no representa el 5%, el cual según el artículo 84 de la Constitución debe ser tomado de la totalidad de los ingresos ordinarios del Estado, sin las reducciones que han sido aplicadas desde el año 1998, luego de la firma de los acuerdos de paz como una de las primeras acciones para cortar el desarrollo académico e intelectual del país. 

En la propuesta había un incremento al Ministerio de Defensa con Q. 125,401,000 en relación al año en curso, del cual el 77% será ejecutado para el gasto de Administración en la compra de armamento, en un país que no está en guerra. Otro ministerio que era beneficiado es el Ministerio de Energía y Minas con un incremento de Q. 10,908,000, del cual el 90% de su presupuesto será utilizado en gastos administrativos; al parecer el nuevo gobierno tendrá ojos puestos en las inversiones a estos ministerios, en continuidad a las acciones del gobierno de Jimmy Morales, el cual utilizó los recursos del Ministerio de Defensa para poner el estado de sitio en municipios de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz, en los cuales existe extracción minera. SE hizo una reducción del 20% al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, en un país con problemas viales y carreteras en mal estado; conjuntamente a esta propuesta se han hecho carreteras privadas, incrementando el costo de vida de la población, que al no tener una carretera digna que brinde el Estado, se ve obligada a pagar por el uso de carreteras privadas. Sin inversión en este ministerio se abre la puerta a la concesión de carreteras.

Los operadores políticos del presidente electo empezaron a cabildear una nueva propuesta que ascendía a Q 91 mil 700 millones, pero sin alcanzar consensos entre los diputados. El 28 de noviembre la Junta Directiva del Congreso, en vista de que no se logró acuerdos para la aprobación del presupuesto 2020, decidió suspender las sesiones plenarias, venciéndose el plazo el 30 del mismo mes. Por tanto, el gobierno de Alejandro Giammattei deberá trabajar con el presupuesto de 2019, Q. 87,715,064,000, sin contemplar un ajuste inflacionario, el cual, a noviembre, presenta una variabilidad de 3.4%, el mismo del año anterior, por lo que el nuevo gobierno tendrá que hacer las modificaciones y extensiones para poder operar su agenda y continuar un proyecto político desde la visión militar que por tercera vez regresa al poder.

Tocará a las organizaciones sindicales y populares dar la lucha en las calles para que el próximo gobierno asigne el gasto suficiente y necesario en salud, educación y demás necesidades esenciales de la población.

Por Leonardo Ixim

Recientemente la bancada del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE) citó a los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) con respecto al ajuste que ésta le hizo al Valor Agregado de Distribución, fórmula que determina el precio para los consumidores.

El VAD es el costo que implica al consumidor el consumo de energía eléctrica y es un precio que si bien lo determina la CNEE, corre en beneficio de las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Según la Ley General de Electricidad y su reglamento, es el costo medio de capital y la operación de una red de distribución de una empresa eficiente de referencia, operando en un área determinada por la densidad de carga.

En otras palabras, se usa como justificación elementos tales como el costo asociado a los usuarios sin importar su consumo, las pérdidas de distribución lo cual es responsabilidad de las empresas y el costo de capital, operación y mantenimiento asociado a la distribución; las distribuidoras eléctricas ENERGUATE, DEOCSA y DEORSA que se distribuyen este negocio por regiones en el país,  le recargan al consumidor tanto los costos y las pérdidas del proceso mismo de compra y venta de energía eléctrica, así como el ajuste en el precio para mantener ganancias.

Carlos Barreda, de la bancada mencionada, anunció que denunciará penalmente a la CNEE por anomalías en el cobro de esta tarifa y que el incremento viola la misma legislación pues esta solo se puede modificar cada cinco años. Así, dice que “con esto benefician con más de Q35 millones a las distribuidoras y encima de eso el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) va tener que pagar más (....) violando la Ley General de Electricidad y a parte que no publicaron ese acuerdo en el Diario Oficial” (Por  Diario La Hora 3 de diciembre de 2019).

Recordemos que hace unos meses hubo cambios en la directiva de la CNEE porque los que la conformaban se negaron hacer tal ajuste.

En un boletín de prensa la CNEE argumenta que el ajuste se debe a los costos del uso de fuentes fósiles para la generación eléctrica, debido a la reducción de generación hídrica producto de eventos meteorológicos y climáticos. Esto ha llevado a incrementos en el spot de energía del marcado mayorista en un 46 %, mostrando la dependencia al uso de esas fuentes de por sí contaminantes.

Como sea, la afectada es la población y aunque se mantiene la tarifa social -hasta 300 kilovatios hora- de parte del estatal Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a partir del subsidio que éste otorga, que según la CNEE abarca 2.8 millones de  familias y de esas 1.7 millones son beneficiadas con un mayor descuento de la factura, la variación de precios ha sido de un  2.2 %. La tarifa sufrió una modificación cuando se limitó su aplicación para casi doscientos mil usuarios cuyo consumo sigue siendo menor a 300kw hora. Además se agrega otro grupo de usuarios de ingresos medios que sobre pasan ese limite,  pero que el costo de la energía es un duro golpe a sus bolsillos.

Esta situación que afecta a las familias de clase trabajadora tanto de ingresos bajos como medios, se debe a la privatización eufemísticamente denominada desmonopolización en el gobierno de Álvaro Arzú en 1996. El proceso de cuatro fases, generación, transporte, comercialización y distribución, pasó de manos estatales a particulares.

Se creó el mercado mayorista donde las distintas etapas están en manos privadas nacionales y transnacionales, mientras el INDE sigue participando como un actor más. Pese a justificar que con esto se desmonopoliza según la ley, una misma empresa  puede participar en cualquiera de estos procesos bajo otro nombre. Además este mercado mayorista administrado por una junta de representantes de las empresas que son parte, negocia bajo precios monopólicos con el CNEE -a su vez conformado por un representante de estos, otro de los rectores de las universidades y otro del Ministerio de Energía y Minas- el spot de energía que se moviliza bajo parámetros mercantiles, importando y exportando además a nivel mesoamericano en un mecanismo similar, denominado Sistema de Interconexión Eléctrica Para América Central.

Por otro lado, en la etapa de transporte existe solo una empresa (TRECSA) y en la de distribución solo tres con áreas determinadas en el país; en la comercialización y generación, sobre todo la última, las empresas son parte de los grandes conglomerados empresariales; por tanto lo que hay es un oligopolio que vende y compra energía manteniendo sus ganancias.

Como han manifestado organizaciones como CODECA y anteriormente el FNL, consideramos que solo nacionalizando todo el proceso y utilizando fuentes de energía como eólica, solar -donde usuarios podrían vender al sistema-, hidroeléctricas comunitarias y municipales y otras, se puede determinar un precio justo para el consumidor según sus capacidades, necesidades y consumo.