Por Hercilia Cáceres

Ser mujer en un país hondamente conservador como Guatemala significa convivir con una cultura colmada de machismo y misógina dentro cualquier ambiente en que una persona se puede desarrollar. Es común escuchar o leer cotidianamente acerca de la violencia a la que se deben enfrentar las millones de mujeres que habitan el país, siendo hoy según el último censo oficial, más de la mitad de la población, un país mayoritariamente mujer, que sistemáticamente aplasta la dignidad, los derechos y la voluntad de millones de sus hijas, en la casa, en la escuela, la universidad, el trabajo, en ningún lugar se salva de ser habitado por un cultura que tiende a desdibujarnos.

Es posible mencionar que, hasta septiembre de este año se suscitaron al menos 474 femicidios, indicando que mueren aproximadamente 52.6 mujeres por mes, una cifra más que alarmante, aterradora; recalcando así que la mayoría de estos casos queda en la impunidad, gracias al deficiente sistema de justicia penal de un Estado incapaz de sostener la letra muerta de las leyes. Mientras que, en el caso de violencia sexual, se reciben 29 denuncias diarias, siendo en su mayoría agresiones contra niñas, según informes oficiales que indican a su vez que la mayoría de denuncias son en el departamento de Guatemala, el más populoso, pero también el más violento del territorio nacional. Si estas cifras son espantosas para la población femenina del país, con cifras de embarazos en niñas menores de 14 años, el nivel de paroxismo que aqueja a las mujeres de todas las edades queda de manifiesto en casos de violencia sexual contra niñas, solo en el primer semestre del año se reportaron 5692 casos de este tipo, reportados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Mientras tanto, el pasado 25 de noviembre en conmemoración del día de la eliminación de la violencia contra la mujer, la magistrada Delia Dávila de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un discurso hablando acerca de los “supuestos avances institucionales”, mostrando que la impunidad prevalece sobre la justicia, dejando de manifiesto la incapacidad del Estado y de sus agentes para poder garantizar los derechos del sector mayoritario de la población. Según los datos que presentó, al año se reciben más de 18,000 denuncias por violencia contra la mujer, pudiendo llevar a juicio únicamente cerca de 3,500 de todos estos casos, siendo menos del 20% de las denuncias las que son llevadas a proceso.

Por si fuera poco, las cifras anteriores solo responden a cierto porcentaje de la población femenina, ya que no todas las víctimas denuncian, debido a que la violencia es estructural, respondiendo a las condiciones prestablecidas de convivencia, denotando actitudes naturalizadas de dominio sobre las mujeres, la falta de credibilidad o confianza en la institucionalidad, que tras el discurso de la magistrada Dávila tratan de ocultar hasta la violencia que los agentes del Estado ejercen contra las mujeres que denuncian, desvalorizando sus tragedias, invitándolas a no denunciar, incluso culpándolas por la cultura conservadora y patriarcal que las somete, llevando algunas hasta la muerte, con el beneplácito silencioso del Estado burgués guatemalteco, incapaz de garantizar siquiera sus propias leyes.

Otra de las formas de violencia común para las guatemaltecas, es el constante acoso sexual, que inicia desde edades muy tempranas y prevalece durante gran parte de su vida. Desde que inicia el día es común escuchar agresiones sexuales en cualquier sitio: la escuela, el trabajo, la calle, transporte público, comerciales, etc. Esto se encuentra tan arraigado que en múltiples ocasiones es acompañado de tocamientos, exposición de genitales, miradas lascivas, insultos, entre otros, provocando una cultura de temor constante por los atracos sexuales. Los mítines publicitarios que hace la prensa tarifada sobre el arresto de algunos pervertidos en el trasporte público, es solo la falsa propaganda de seguridad, cuando en realidad las mujeres de todas las edades no pueden caminar libremente por las calles de su país, deben pensar a priori en que puede sucederles, antes de salir sola a la calle diariamente.

“Mientras tengamos capitalismo este planeta no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano, a la mujer” -Berta Cáceres

Está escrito que en buena parte de la historia las mujeres han sido un botín de guerra, un instrumento para la dominación y colonización de sociedades, como mero sometimiento del poder. Además de la violencia estructural que se vive todos los días, en sociedades patriarcales pre estatales, relaciones que el capitalismo ha mantenido –como el racismo–, herramienta necesaria para justificar su dominación sobre la vida de las mujeres; las mujeres también se enfrentan a la violencia propiciada por el Estado, que en primera instancia ven a la mujer como reproductoras de la mano de obra, simples maquinas gestoras de fuerza de trabajo, objetos destinados a parir a los trabajadores que garanticen los beneficios de los poderosos. De la misma manera, respecto a la división del trabajo en Guatemala, las mujeres se ven obligadas a rebuscar formas de supervivencia en el comercio informal, labores domésticas o agricultura, principalmente. Las mujeres que logran integrarse al mercado laboral formal ganan porcentualmente menos que sus pares hombres, siendo además de trabajadoras –por las normas y roles sociales– madres, hijas en las que recae el cuidado de los niños, los desvalidos y los ancianos. El tiempo de trabajo de las mujeres es mayor a las 8 horas del trabajo asalariado, pues muchas deben volver a casa y cumplir con roles encadenados a nuestro sexo.

 En el caso del trabajo doméstico aún se carece de leyes que obliguen a los empleadores a pagar no menos del salario mínimo, brindar prestaciones de ley, reducir horarios de trabajo, evitando la sobreexplotación laboral. En cuanto a la agricultura, es realizada principalmente por indígenas en áreas rurales, con un salario mucho menor al de los hombres o en otro caso es trabajo no remunerado, ya que son las figuras masculinas quiénes tienen el pleno goce del salario de las mujeres en las unidades productivas campesinas, así es, ahí donde nuestros decoloniales teóricos del idílico sueño rural ven el regreso del paraíso fuera del sistema capitalista, también se reproducen las relaciones patriarcales, donde la mujer es base y sostén de la familia, pero esto importa poco ante los abusos sistemáticos de maridos, hermanos, compañeros que violentan a la mujer, relegándola al mero accesorio, criadora de hijos y hacedora de comida, a un papel secundario en la vida de la sociedad. Esto sucede en la pobre casa campesina de la Guatemala profunda, pero también sucede en las colonias cerradas de las ricas familias, porque el patriarcado de instaura hasta ahí donde una mujer toma las riendas de una empresa multinacional, ya que superficialmente parece liberada, y asume actitudes machistas, para poder escalar posiciones destinadas a los hombres.

Por si fuera poco, las mujeres dedican vidas enteras a las tareas domésticas que la sociedad disfraza en los roles familiares como una obligación, siendo este trabajo no remunerado. Roles que no son inmanentes a la historia, como nos ha querido hacer creer la escolástica pedante de los capitalistas más conservadores, sus escuelas, sus iglesias y su construcción ideológica de un mundo que no existía antes del siglo XVII. Sociedades pre-capitalistas, ya se regían por un régimen de relaciones entre los sexos basadas en la organización matriarcal, organización destruida por el ímpetu de acaparar los beneficios, el excedente que las mujeres por ser las cuidadoras no podían aprovechar, pues los enseres de la cocina eran propiedad de toda la familia.

Es necesaria la organización

Pese a que las mujeres están en un pleno despertar contra la violencia patriarcal estructural mantenida y reforzada por el capitalismo y sus Estados, existe carencia de organización en Guatemala. Ya sean por cuestiones muy arraigas en la cultura del país, la desarticulación post guerra civil, el miedo, la burocracia de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) dependientes del dinero y de las agendas del feminismo light irradiado de Europa o de los Estados Unidos, con sus categorías en anglicismos, en el país aún no se logra articular un movimiento fuerte de mujeres, un movimiento independiente y netamente con visión de clase, que vincule la lucha por sobrevivir de las mujeres, con las consignas materiales y laborales de las millones de mujeres que no pueden participar en estas conmemoraciones por estar doble y hasta triplemente explotadas por el sistema, en sus diversos roles. Esto se evidencia en las coordinadoras de movilizaciones, ya que no existe una central, sino que estas son distintas en cada fecha, dejando ver las peleas por hacerse del control de fechas como las del 8 de marzo y 25 de noviembre, para poder pasar el memorial de sus actividades y así poder seguir viviendo del dinero de la cooperación extranjera.

Se muestra aún miedo a accionar, pues a diferencias de otros países quiénes salen a las calles en Guatemala, gritan injusticias fuera de las fechas tradicionales, son un grupo reducido, siendo este un reto que debe tomar auge con una dirección política lejos de las ONG’s y del feminismo burgués, con la capacidad de luchar contra toda forma de violencia, rechazando el sistema que mantiene la opresión y la utilización de las mujeres, no solo en una banal reivindicación, sino también en luchas concretas que integren a la mujer trabajadora, a la estudiante que no es agente ciega de los interés trasnacionales de la cooperación europea o del propio imperialismo norteamericano, un feminismo combativo, vinculado a la lucha silenciada por los caporales de las maquilas, donde millones de mujeres obreras languidecen bajo la más férrea explotación, lejos de las presentaciones anquilosadas de revistas hechas para mujeres que se siente sobre todo alejadas de la masa real. Esa mayoría sin rostro que forma el mayor sector de la población, la mujer que diariamente carga sobre su espalda, que lleva en su vientre, que guarda silencio en los buses, en la calle mientras la acosan, que yace muerta al lado de un camino, que es enterrada sin nombre después de hallarse mutilado su cuerpo en bolsas de basura. Un feminismo combativo, clasista que haga de la lucha contra las aberraciones machistas, una lucha contra el capitalismo que es el sostenedor y oxigenador del patriarcado que mata diariamente.


Por Tyscho

La burguesía en Guatemala está descolocada, desde que el fallido proyecto de reforma del régimen político desde las altas cúspides del Estado burgués, fuera abortado por la retrógrada y suicida naturaleza de la oligarquía nacional, así como de las fracciones de la nueva burguesía que han tenido como forma de acumulación originaria el saqueo sistemático de las arcas del Estado; cada ámbito en el que se desenvuelve la vida del régimen político, es un terreno propicio para ver el desgaste de la demacrada voluntad de poder de la clase dominante en Guatemala, el accidentado debate por la aprobación del Presupuesto General de la Nación en 2020, no ha sido la diferencia.

Los matutinos de toda índole han dado poca cobertura a la noticia, pues se trata de aminorar la crítica situación de choque y no de consenso al interior de la clase dirigente. El enfrentamiento se ha producido ya, adentro de la madriguera de Alibaba en el hemiciclo del Congreso de la República, las últimas dos semanas se han consagrado a dejar de manifiesto las diferencias entre las fracciones burguesas ahí representadas, por un lado el presidente electo Alejandro Gimmattei (Vamos), que ha aprovechado el largo período de transición para tener una suerte de Ejecutivo en las continuas ruedas de prensa, mientras el cadáver político del actual presidente no ha salido aun del despacho; el electo ha hecho una demostración de fuerzas para cuadrar a los legisladores actuales ante sus planes de negociar antes del sábado 30 de noviembre –última fecha para aprobar– el presupuesto que desea, por el otro lado este tira y afloja ha costado la seguridad que tenía la Junta Directiva del Congreso (Unionista-FCN-Todos) de poder aprobar la semana pasada dicho presupuesto, contrario a lo que manifiestan nuestros amigos progresistas de la centro izquierda, la discusión por el presupuesto demuestra que no hay unanimidad al interior de las diferentes fracciones burgueses representadas en el Congreso.

La propuesta inicial remitida al Congreso de la Republica ascendía a los Q. 90.92 millardos, si el enfrentamiento entre los agentes de la fracción burguesa que ha ejercido el mando durante el gobierno de Jimmy Morales sigue, el electo tendrá que conformarse con el presupuesto vigente para 2018, de unos Q. 87.7 millardos.  El electo ha anunciado públicamente lo que iba a pasar, antes siquiera que la policía hiciera posible, que la semana pasada bajo los ya recurrentes anillos de seguridad –que se han mantenido durante el inicio de la presente–, que posibilitaron la concurrencia de los diputados al Congreso, después en varias jornadas manifestaciones que bloquearon el acceso al Congreso, en contra del presupuesto, contra las reformas al código penal y al código procesal en el último intento de esta legislatura por blindar su impunidad con la Ley de Aceptación de Cargos, que beneficiará a los presos y a los señalados por corrupción que perderán su inmunidad el próximo año, cuando termine su periodo.

La rabieta del electo al anunciar que los 25 diputados que tomarán parte directa o indirectamente en su gobierno, se acrecentarán con otros 80 que votaron en contra para que la propuesta no fuera aprobada: “Nosotros lo que estamos pidiendo es la readecuación para que el presupuesto pase el próximo martes. Si lo readecúan y aceptan las enmiendas de curul que vamos a solicitar, vamos a ser los primeros en felicitar al Congreso, pero si no que dejen el que está y yo voy a trabajar con lo que me dejen” (La Prensa Libre 22 de noviembre) de esta manera el gobierno del electo parece no contar ya con la gran coalición de derecha que le aseguró la victoria presidencial, pues ahora cada grupo de bandidos tiene sus propios intereses de cara a perder la inmunidad o asegurarse el manejo directo de algunos fondos públicos para el próximo año.

El electo no contraviene el presupuesto por los publicitados bolsones de corrupción que tiene la propuesta, como lo es dar más de Q. 150 millones a cerca de 30 organizaciones no gubernamentales (ongs), de las cuales la mayoría están recientemente inscritas –hechas a la medida para el latrocinio–, por lo tanto no tienen historial o experiencia que valide esta inflada asignación, otras no cuentan con Numero de Identificación Tributaria (NIT), por lo cual son fantasmas hechos con el único fin de estafar el dinero público, sin olvidar su vinculación a los partidos gobernantes y su operadores. Otro de los lugares comunes que ha querido aprobar el actual gobierno y sus partidos, son los más de 300 millones de quetzales de baja en el rublo de nutrición, en un país donde 1 de cada 3 niños –un 47%– sufre de algún grado de desnutrición, infamia que determina y reproduce el ciclo imparable de la pobreza, al quedar el desarrollo mental y físico quebrantado. Así como el casi 60% de bajada a la inversión en infraestructura pública –unos Q. 4 mil millones– del presupuesto del 2019, que estaba en Q. 6 mil millones, seguramente encaminado a finiquitar la destrucción total de la red vial del país, para poder justificar la concesión en manos privadas de la red pública, como ya se está sucediendo en la costa sur del país, donde se han entregado tramos importantes de carreteras a los consorcios trasnacionales.

Salud también recibiría un duro golpe, pues en 2020 recibirían Q. 214 millones menos que en 2019; Q. 27 millones menos solo en el rublo encaminado a combatir la desnutrición crónica de la niñez. Mientras no se busca mejorar el gasto para así elevar los servicios sociales que brinda el Estado, se le asignan más de Q. 900 millones a una Comisión Liquidadora, establecida en 2015 para finiquitar el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) que no busca ser otra cosa que un pasillo clientelar para dar dádivas a los allegados partidistas después de que cambie el gobierno el 14 de enero próximo. La educación disminuye a tal nivel que se reducirá la cobertura escolar en 2020 en cerca de 75 mil estudiantes, golpeando los niveles de Primaria, Secundaria y Universitario, mientras el Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) crecerá en Q. 99 millones, quedando en Q. 2 mil 627 millones, asegurándole a la incipiente jerarquía militar sus Q. 200 millones para los polémicos, pero deseados por el gobierno actual aviones argentinos Pampa III.  Este mamarracho de Presupuesto solo acrecentará la deuda pública del país en unos Q. 28 mil millones, demostrando el carácter incoherente en el que ha entrado la burguesía nacional y sus fracciones, siendo incapaces de pensar, y diseñar un presupuesto acorde a las necesidades más urgentes de la población guatemalteca, ignorando los indicadores nacionales e internacionales que anuncian una caída aún más profunda en la recaudación de impuestos.

De igual manera lo impracticable de esta Propuesta se encuentra en los vaivenes de los enfrentamientos políticos entre estas mismas fracciones, nadie quiere ya ayudar al gobierno que está por salir a asegurarse despachos donde poder seguir sangrando las arcas del Estado, en detrimento de los propios beneficios de banda de cada uno de los partidos que hacen vida delictiva en el Congreso de la República. El partido que quedó en segundo lugar ante Giammattei, en las pasadas elecciones presidenciales, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que es el bloque legislativo más amplio, ha manifestado abiertamente que no votará por el presupuesto que hoy languidece en el Congreso, pues anuncian que es más de lo mismo, un presupuesto diseñado para saquear sistemáticamente el dinero de los contribuyentes. Es posible ante la profundización de la crisis en los métodos por los que la burguesía ha ejercido el poder hasta ahora, se coliguen con los intereses particulares de una y otra fracción para hacer impracticable la votación necesaria que antes del 30 de noviembre pueda pasar en tercera lectura el Presupuesto General de la Nación 2020.

De esta misma manera el gobierno del electo se encontrará con el primer revés de su mandado. Sin siquiera haberlo iniciado formalmente, pues el congreso actual y el que viene ante la virtual cancelación de la UNE, terminará estando más fragmentado lo que podrá ayudar al gobierno a comprar voluntades dentro y fuera del hemiciclo. Lo que queda de manifiesto es la incapacidad cada día más creciente de la clase dirigente guatemalteca para administrar coherentemente el Estado, en lugar de una lucha por extender los servicios públicos que éste brinda a las grandes mayorías, todos los partidos como representaciones de diferentes sectores de la burguesía han hecho del debate por el Presupuesto General de la Nación 2020 una lucha por tomar posiciones en beneficio de sus intereses sectarios.

Al cierre de esta edición los grupos a favor y en contra de la aprobación del Presupuesto se manifestaban fuera del Congreso. El infame burócrata sindical del magisterio nacional, el servil y patronal Joviel Acevedo ya había movilizado a las bases del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), siendo otra pieza más del arsenal del presidente electro Gimmattei en su tira y afloja para hacer que el Presupuesto sea “adecuado” a su medida, creciendo más en los rubros de gobernación y del ejército, así como beneficiar a sus grupos allegados y no los del cada vez más caduco presidente actual y su bancada.


Por Leonardo Ixim

Dos iniciativas de ley que buscan modificar la persecución penal del Estado sobre diversos delitos y modificar los procedimientos penales fueron aprobadas por el Congreso de la República el pasado 12 de noviembre, con el rechazo de organizaciones de la sociedad civil.

Con la adopción de la actual Constitución Política 1985 se reformó el sistema judicial a mediados de la década de los noventa, para pasar de un modelo propio de los regímenes políticos dictatoriales, como era el inquisitorio, al modelo acusatorio, propio de regímenes formalmente democráticos, donde la fiscalía asume la investigación penal sobre los jueces y se usa pruebas documentadas.

A la par de esto, el crimen organizado pasó a ser una preocupación para el imperialismo y para distintos actores sociales, en un país donde está coludido con los mismos actores de poder político. De allí que se reformaran leyes y se establecieran otras, así como procedimientos de persecución para hacerle frente.

Además, con la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) se persiguió a grupos de poder y algunos elementos de la burguesía que se enriquecían con la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal; sin tocar a todos pero con el fin de lograr algún tipo de control de las formas patrimonialistas en que la burguesía se enriquece desde el Estado.

Esta situación afectó a políticos, empresarios y grupos que controlan el Organismo Judicial. Así, cuando el actual gobierno mostró su verdadero matiz reaccionario, los partidos que han sido mancuerna del presidente Jimmy Morales contraatacaron para limitar y dar por terminado el accionar de la CICIG. El último paso fue la modificación al Código Penal y las leyes de Extinción de Dominio y contra la Delincuencia Organizada recientemente, bajo la iniciativa 5641 denominada “Ley de Certeza Jurídica y de Garantía Constitucional en el Proceso Penal” presentadas por la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y otra para modificar el Código Procesal Penal del partido TODOS.

Bajo el argumento de proteger la presunción de inocencia y los testigos, dentro de una supuesta corriente democrática, se rescató propuestas que agilizan los procedimientos penales presentadas con antelación pero ahora con una finalidad: la de beneficiar a muchos de los encarcelados por el MP y la CICIG en materia de delitos administrativos, fiscales, financiamiento electoral ilícito y crimen organizado, investigaciones que pesan sobre algunos diputados; eximiendo delitos como genocidio, violencia sexual, contra la vida, seguridad del Estado, contra la niñez, con el voto de la mayoría de partidos conservadores.

Las reformas tocan principalmente la forma en que se extinguen bienes, restringen la divulgación de información de los procesos y limitan las escuchas telefónicas, herramientas que actualmente sirven al MP en la persecución penal a delitos relacionados con corrupción y crimen organizado (Prensa Libre 04-11-19). Además de que los beneficiarios de la reducción de penas, a cambio de aceptar su responsabilidad penal, situación contemplada con anterioridad, ahora no estarían obligados a revelar detalles de las estructuras criminales donde participen (El Periódico 14-10-19). Por otra parte limita la capacidad de persecución del MP propio del modelo acusatorio para dar nuevamente potestades de investigación a los jueces.

Los controles democráticos son necesarios en la persecución penal, pero son insuficientes dentro del capitalismo porque siempre pesa la naturaleza de éste. Existen tipos penales como el de asociación ilícita o procedimiento como las escuchas telefónicas, que ayudan a perseguir delitos que afectan desigualmente en una sociedad de clases; que además pueden ser usados tanto para perseguir crimen organizado como contra la organización social, por ende siempre puede ser usados contra el pueblo. Iniciativas como estas blindan aún más a actores de poder garantizándoles mayor impunidad, por tanto, la clase trabajadora siempre esta desventaja.

Consideramos entonces, importante la movilización popular para que delitos que realizan elementos de la burguesía y actores con poder no sean fáciles de cometer, que la prisión preventiva y otras medidas judiciales sean aplicadas no solamente a los poderosos y que como hemos dicho otra veces, los jueces y fiscales sean elegidos popularmente como paradójicamente pasa a nivel local en países como Estados Unidos.


Por Armando Tezucún

El actual ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, fue asignado al cargo por el presidente Jimmy Morales a finales de enero de 2018. Degenhart, un oscuro y desconocido personaje, fue nombrado como parte de una alianza entre Morales y el ahora fallecido ex alcalde metropolitano Álvaro Arzú Irigoyen. Al ser objeto de acusaciones de corrupción por parte de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Arzú pactó con el ejecutivo el nombramiento de una serie de funcionarios para blindarse y echar a andar una feroz campaña contra la CICIG, que culminó con la expulsión del comisionado Iván Velásquez y el cese del acuerdo que dio vida a dicha comisión, dando pie a su disolución. El control del Ministerio de Gobernación (Minigob) fue un importante logro de este acuerdo entre corruptos.

Degenhart ha estado vinculado al sector industrial y textilero; fue contratado como asesor en la Municipalidad capitalina y en el Registro de la Propiedad durante 2017. Ha sido consultor en temas migratorios, y de 2010 a 2012, durante el gobierno de Álvaro Colom, fue interventor de la Dirección General de Migración. En este período fue asesinado Juan Fidel Pacheco Coc, sindicalista y jefe de la oficina de pasaportes de Migración, luego que presentara denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos contra el interventor Degenhart por irregularidades.

El recién instalado ministro inició su trabajo retirando a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban asignados para brindar apoyo a la CICIG. En un par de meses destituyó a la plana mayor de la PNC, que venía formándose técnicamente desde una década atrás, y había trabajado hombro con hombro con el anterior ministro en las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público y la CICIG. Muchos de los funcionarios policiales destituidos denunciaron que fueron víctimas de acoso y hostigamiento. El resultado es una PNC debilitada por el ascenso de agentes sin preparación y sin el procedimiento normado por la institución. Y un Ministerio de Gobernación que jugó un papel clave en la campaña contra la CICIG.

Las continuas irregularidades y actuaciones cuestionables de Degenhart en contubernio con su jefe Morales y los actores retrógrados situados detrás del gobierno ahora se han vuelto contra él. En el contexto de continuos conflictos entre las instancias del Estado, la Fiscal General Consuelo Porras ha pedido la destitución de Degenhart por incumplir una orden de la Corte de Constitucionalidad.

El 20 de junio el gobierno dio por disuelta la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia. Esta comisión depende financieramente del Minigob, y fue conformada en 1997, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, con la participación del sector público, sociedad civil y abogados, con el fin de planificar la aplicación de leyes, dar dictámenes técnicos sobre reformas legales y evaluar acciones en el sector justicia. En julio el procurador de los Derechos Humanos presentó un amparo como resultado del cual la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al ministro Degenhart que firmara el convenio para restituir los fondos por Q 5,7 millones para que la comisión vuelva a funcionar. En vez de consensuar el convenio con la comisión, el ministro envió un nuevo convenio ya firmado en el que el Minigob asume el control de las contrataciones de personal e impone otras condiciones.

Pero resulta que la comisión es presidida por la Fiscal Porras, quien nada contenta, ha pedido la cabeza de Degenhart y su viceministro Axel Romero. La solicitud de la jefa del MP se encuentra en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscal General es también pieza clave entre los aliados de la administración Morales, pero en este caso ha decidido defender con las uñas sus intereses, al entrometerse Degenhart en su territorio. Éste se volvió a meter en problemas cuando el 21 de noviembre llegó envuelto en el misterio el primer migrante (hondureño) enviado por Estados Unidos bajo el Acuerdo de Tercer País Seguro. La puesta en marcha del acuerdo de nuevo contraviene una disposición de la CC, que determinó que debía ser aprobado por el Congreso de la República.

El escenario al que asistimos es uno de conflictos entre las instituciones del Estado burgués, un gobierno que desconoce el papel de la CC y un esfuerzo de los sectores más retrógrados por hacer retroceder al país el estado de cosas anterior a la firma de los Acuerdos de Paz. A pesar de que el presidente electo Giammattei ha tratado de diferenciarse del gobierno de Morales, su gabinete estará controlado de nuevo por exmilitares y empresarios. Las fuerzas populares debemos estar preparados para enfrentar las medidas represivas y ultraconservadores del próximo gobierno.


Por Leonardo Ixim y Armando Tezucún

Después de finalizar el proceso electoral se vislumbra el nuevo mapa político, aunque tomando en cuenta las características del sistema de partidos políticos, al ir finalizando este periodo existen muchas probabilidades que este panorama cambie.

Uno de los aspectos más relevantes es el proceso de cancelación abierto contra 14 partidos políticos que participaron en el proceso electoral. Por violar normas de financiamiento electoral están el gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), la Unión del Cambio Nacional (UCN), Visión con Valores (Viva) y Compromiso Renovación y Orden (CREO). Por haber obtenido en la elección menos del 5% de los votos válidos están: Unidos, Partido Productividad y Fuerza (PPT), Avanza, Libre, Convergencia, Encuentro por Guatemala y Fuerza. Finalmente, por perder la organización partidaria legalmente requerida (50 municipios y 12 departamentos), Partido Liberal de Guatemala (PLG) y Mi País, los cuales no lograron participar en los comicios por esa razón.

¿Será cancelada la UNE?

El caso de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es especial porque se convirtió, pese su derrota en la segunda vuelta, en la fuerza con más Consejos Municipales, 108 alcaldías en total, además de 52 diputados; durante mucho tiempo ningún partido había conseguido esos resultados a nivel del Organismo Legislativo. Este capital político acumulado sin duda obedeció no solamente a la imagen de la candidata presidencial Sandra Torres, sino sobre  todo al despliegue y organización territorial con que la UNE cuenta, articulándose con una serie de liderazgos y caudillos locales, pero también con organizaciones comunitarias y paradójicamente muchas afines a las ideas y proyectos democráticos y algunos con cierta participación de la izquierda, por lo menos a nivel local.

Todo esto le posibilita desplegar una serie de políticas asistencialistas y clientelares y conforma a la UNE como el partido mejor organizado. Y en un sistema de partidos tan fragmentado, donde éstos tienen corta duración, conformándose como maquinarias electorales tal como el partido de actual de gobierno el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y el próximo partido de gobierno VAMOS, la UNE se asemeja a lo que se entiende como partido político con cuadros organizados, persistente y sostenible en el tiempo, es decir institucionalmente conformado; y con una identidad ideológica -presumiblemente- socialdemócrata aunque más cercano a posturas social-liberales, miembro de la Internacional Socialista.

Sandra Torres arrestada

Pero terminado el proceso electoral lo esperado cayó sobre la UNE, sobre todo sobre la ex candidata Sandra Torres Casanova, su principal figura. La Fiscalía Contra la Impunidad solicitó el arresto de Torres por varios delitos relacionados al financiamiento ilícito en la campaña de 2015, arresto efectuado el 2 de septiembre. De tal forma que se detectó un esquema conformado por varias empresas que donaron dinero y recursos materiales a la campaña electoral de ese año, sin identificar el origen de esos fondos ni registrarlos en las cuentas bancarias del partido, según lo manda la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una suma que asciende a Q 26.7 millones.

Entre los involucrados está Gustavo Alejos, financista de la Une y ex secretario privado de la presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom. Además está Mario Leal, ex candidato a vice-presidente en 2015 ahora prófugo y con orden de captura internacional por ser uno de los que montaron este esquema de financiamiento ilícito; pero además este  ex funcionario del gobierno de Otto Pérez Molina, pertenece a un núcleo de la oligarquía -quizás el único que ha apoyado a la UNE- relacionado a la agro-industria azucarera con el Ingenio Pantaleón y a una serie de proyectos de construcción como el centro comercial Cayalá y otros. Además, este núcleo es uno de los interesados en la construcción del Corredor Interoceánico que unirá el departamento de Izabal en el Atlántico con el de Jutiapa en el Pacífico como parte de la conversión de Centroamérica en un gran puente para las mercancías a nivel mundial, entre otros proyectos similares en los demás países del istmo.

La UNE en la cuerda floja

Pero además del procedimiento penal que se lleva en los tribunales, la UNE tiene otro peligro que le acecha. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su Registro de Ciudadanos deberán resolver el proceso de cancelación de este partido. Esto, que es una posibilidad porque legalmente lo amerita, sería un golpe a los intentos de estabilización del sistema político, pretensión de algunos actores del imperialismo gringo porque implicaría la cancelación del partido más grande en la actualidad.

A lo cual se le suma, el hecho de que 52 diputados más una gran cantidad de alcaldes, síndicos y concejales quedarían sin partido. En el caso de los primeros las reformas electorales de 2016 prohíben que se sumen a una bancada -aunque podrían crear una independiente- y que asuman puestos de dirección en la Junta Directiva y en las comisiones de trabajo en el Congreso; esto podría generar un caos que beneficiaría a las fuerzas más conservadoras del denominado por la prensa Pacto de Corruptos. Sumándose el hecho de que esto fortalecería el gobierno de Giammatei, cuya bancada tan solo logró 17 diputados.

El turno del FCN-Nación

El 4 de noviembre el director del Registro de Ciudadanos del TSE anunció que el FCN-Nación, que llevó al gobierno al actual presidente Jimmy Morales, fue cancelado por infringir las normas que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas.

El proceso de cancelación del partido oficialista inició hace 17 meses, a solicitud del Ministerio Público, por no reportar fondos por un poco más de Q 8 millones, utilizados en la campaña electoral de 2015, que fueron utilizados para pagar fiscales de mesas, publicidad y capacitaciones. Varios empresarios, miembros prominentes de la oligarquía, reconocieron públicamente su involucramiento en estos hechos ilícitos, y se solicitó suspensión de la inmunidad del presidente Morales para que enfrentara la ley, pero fue protegido por sus aliados en el Congreso, quienes votaron en contra de la suspensión. El año pasado el FCN-Nación presentó varios amparos para detener su proceso de cancelación, logrando que el 18 de octubre la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo le otorgara un amparo provisional. El caso fue suspendido el 18 de enero del presente año, al ser convocadas las elecciones generales, pues en ese período la ley prohíbe la suspensión o cancelación de partidos políticos; pero fue retomado el 1 de noviembre, al finalizar oficialmente el proceso electoral.

En el año 2017 el Registro de Ciudadanos ya había amenazado al FCN-Nación con la cancelación, por no haber reportado cerca de Q 7 millones en financiamiento, pero fue sancionado con una multa de US$ 60 mil, que el partido pagó. En este contexto se dio el primer antejuicio contra el presidente Morales, pero fue salvado por sus secuaces en el legislativo.

La resolución del TSE es apelable, teniendo éste un plazo de 14 días para resolver una acción en este sentido de parte del oficialismo. El partido tiene 3 días para presentar su apelación, el TSE tiene 3 días para evacuar audiencia, y 8 para resolver. Si la resolución del Tribunal continuara siendo negativa, el partido podrá presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, el 8 de noviembre el FCN presentó una acción de amparo ante el TSE, por lo que se espera que el caso lleve un proceso prolongado.

Dos escenarios para el FCN-Nación

Para los diputados oficialistas se abren dos posibilidades. Si se produce una cancelación del partido antes de que finalice la actual legislatura, el 14 de enero de 2020, el FCN-Nación perderá la presidencia de 10 comisiones legislativas y los tres puestos que tiene en la Junta Directiva del Congreso. Pero si el proceso se extiende más allá de enero, serán los 8 diputados electos para la próxima legislatura los que sufrirán las consecuencias, de acuerdo a las reformas de 2016, quedando como diputados independientes sin derecho a presidir comisiones ni a ser parte de la JD, entre otras prerrogativas. Los miembros del partido oficialista perderían también el derecho a recibir la deuda política, que asciende a US$ 2 por cada voto válido recibido, calculado en Q 2,785,561.04 según los resultados electorales del FCN-Nación.

Es muy probable que el proceso de cancelación del partido oficial se prolongue más allá de la actual legislatura. Si es cancelado, los afectados serán sus 8 futuros diputados. Sin embargo, esto no afectaría al nuevo balance de fuerzas en el Congreso que se instalará a partir de enero. El bloque más grande será el de la UNE, seguido por los 17 diputados de Vamos. Una eventual cancelación de la UNE sí afectaría grandemente la relación de fuerzas, fragmentando los bloques; una posible alianza entre los diputados del nuevo partido oficial y el resto de partidos de derecha en el congreso sumaría al menos 65 diputados, inclinando la balanza hacia las fuerzas más reaccionarias. Esto frente a escasos 8 diputados que obtuvieron los 3 partidos de izquierda, más 7 si agregamos a los progresistas de Semilla: 15 diputados para contrarrestar los proyectos de la derecha en el Congreso.

Por ello la verdadera oposición popular estará en las calles. Para ello urge la conformación de un frente unitario de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres y populares junto a los partidos de izquierda, que de la batalla contra las medidas reaccionarias de gobierno y el Congreso que asumirán en enero de 2020.

Más artículos…

Hemeroteca

Archivo