Por Hercilia Caceres y Tyscho

En los últimos años se ha consumado el descrédito que la comunidad sancarlista tiene contra la Huelga de Todos los Dolores, fastidio causado por los grupos criminales que se han entronizado y se han apropiado de la tradición huelguera, contaminándola de sus prácticas nefastas, como lo son el ejercicio de la violencia que hacen contra el propio estudiante y el gasto de dinero que la USAC le asigna anualmente a la celebración de Huelga, en bacanales sin sentido para unas reducidas hordas que creen banalmente que la tradición es embrutecerse con las borracheras y no la denuncia satírica de los males del pueblo. Nada más alejado de la tradición y del sentido real que tenía la huelga en el pasado.

Tomando en cuenta que estos grupos ha sido una de las máximas expresiones de represión contra los estudiantes porque esta “tradición” dejó de pertenecer a los estudiantes hace ya bastante tiempo, desde que estos mismos grupos parasitarios se tomaron la huelga, quitando todo sentido reivindicativo y revolucionario, que poseía en sus históricos años de apogeo.

La descomposición y el oportunismo degradaron la Huelga de Dolores

Dicha expresión satírica, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2010, por lo que, según el Acuerdo Ministerial 275-2010, se reconoce el derecho de las personas y comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores y tradiciones. Lo anterior, establecido durante el gobierno de Álvaro Colom, dio la pauta para hacer legal el enquistamiento criminal heredado desde inicios del presente siglo XXI, que se apoderó sistemáticamente de la tradición, vaciándola del contenido crítico y combativo entrañable.

Pero el interés del poder político del Estado por domesticar la tradición huelguera a expensas del oportunismo de las mafias que hacían de líderes estudiantiles hacia finales del siglo pasado, después de la brutal represión que le quitó a la San Carlos a sus más honorables huelgueros y verdaderos líderes estudiantiles durante las peores décadas de la guerra en el país (70s y 80s) y del terrorismo estatal, prosiguió durante la administración de Alfonso Portillo –ya en la llamada era “democrática” de post-guerra– y el gobierno del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG) del militar Ríos Montt (2000-2004).

Mientras Portillo hacía gobierno con el rancio sector del ejército que defendió la política de tierra arrasada y de la guerra irrestricta contra el levantamiento popular (1982-1983), posaba también como un pusilánime caudillo popular al darle demagógicamente la Orden del Quetzal a la ya desacredita AEU que dirigía Jorge Mario García Rodríguez (Guilligan). En ese entonces el presidente Portillo, buscando comprar el apoyo de la mafia dirigida por García Rodriguez, le premió en 2001 con un jugoso bono de Q. 30 mil para financiar la Huelga de Dolores de ese año. Guilligan, como muchos de los que en su momento se autoproclamaron líderes estudiantiles, terminó sirviendo al cacique municipal Álvaro Arzú y al ahora alcalde Ricardo Quiñónez como alcalde auxiliar de zona 21.

Desde entonces todos los grupos que se han ido sucediendo silenciosamente en la administración de la Huelga de Dolores, así como en la histórica descomposición de dicha tradición, se han plegado por dinero y especias (jugosos bonos de los diputados, los ministros y los presidentes turno; los decanos de las diferentes facultades y rectores, dádivas de las grandes marcas de la oligarquía), como las que le facilita la Cervecería Centroamericana, que financia con empeño los bacanales sin sentido que año con año se vuelven fiestas dirigidas a borrachos y no a huelgueros para acrecentar las ganancias de La Gallo que los “huelgueros” cuidan sea la única bebida que se puede comprar en sus Declaratorias de Huelga. Actividades dirigidas en su gran mayoría a personas que no estudian en la USAC o que desconocen el sentido original e histórico de la tradición, que los mafiosos dicen es el argumento que le da vida a sus lucrativos negocios, pues ni ellos mismos conocen a la historia de la huelga.

Murphy y el CSU se lavan las manos, para seguir alimentando a los criminales

Igual que el año pasado, incluso antes de iniciar la cuaresma el próximo miércoles de ceniza (26 de febrero), los cada vez más reducidos grupos criminales han empezado a cometer sus desmanes contra el estudiante sancarlista; es por todos conocido el caso de las compañeras intoxicadas este año por los lúmpenes que se reivindican dueños de la guasa en que convirtieron la Huelga de Dolores.

El “magnífico” rector Murphy Paiz y el Consejo Superior Universitario (CSU) no han perdido tiempo en volver a demostrar su astucia el primero y su incapacidad el segundo. Pues ambos han anunciado con bombos un comunicado el 26 de enero –como el año pasado– donde quedaban prohibidas todas las actividades de bautizo a los estudiantes de primer ingreso, así como la portación de capuchas en la cara, la toma de edificios e instalaciones universitarias para usos no académicos (Véase el Comunicado en: https://soy.usac.edu.gt/?p=10458).

Esto viene a ser la misma maniobra de las autoridades de lavarse las manos por las redes sociales, para así seguir en abierto contubernio con las mafias, como es el caso del rector Murphy Paiz, que tiene a varios de los autoproclamados y envejecidos líderes de estas clicas criminales trabajando con salarios pagados por el pueblo en la Dirección de Extensión Universitaria (DIGEU), siendo varios de estos mafiosos los que apoyaron la plataforma (180° Sancarlistas) que impulso a Murphy a la rectoría; así es que se puede entender cómo a varios de estos señores no les alcanza el plan de repitencia (Acta del CSU 3-2005), siendo muchos de ellos carnets de los 90s, y nunca logrando saldar el área común, en la diversidad de carreras en las que han vegetado todo este tiempo, lucrando del descrédito al que condenaron nuestra Huelga de Dolores.

El caso del CSU es más ilustrativo, pues la gran mayoría de decanos, de representantes estudiantiles, docentes y profesionales, una vez electos para el cargo de consejeros, se desentienden de su mandato de representar a sus diferentes gremios y pasan a representar sus propios intereses particulares, es así que varios bailan la comparsa que pone el rector de turno y los grupos de poder –o de choque–, como lo son las mafias que se han hecho de la tradición de la Huelga como patrimonio propio y que se esconden debajo de las faldas de los decanos y del propio rector, que sin miramientos les prestan las instalaciones universitarias y les dan recursos públicos de los que carece tanto la USAC, contraviniendo abiertamente lo acordado por el CSU en el punto quinto de Acta. No. 5 de fecha 06/02/2019.

Desde finales del 2017, durante todo el 2018 y 2019, tanto el rector como el Secretario General de USAC, el arquitecto Carlos Valladares, estuvieron presionando a sus serviles marionetas del CSU para aprobar un reglamento anti-estudiantil que por el estilo pareciera dirigido contra los criminales que hacen su domingo durante la cuaresma huelguera y que trabajan impunemente como seguridad en los llamados “Chupaderos” –ilegalmente ubicados a las puertas de la USAC, un centro educativo, delito que a ninguna de las autoridades parece molestarles– durante el resto del año, pero que en los hechos estaba pensado por Murphy-Valladares para ser usado contra la organización legítima de los estudiantes en las diferentes asociaciones de las unidades académicas, grupos y movimientos estudiantiles para evitar la lucha contra la privatización, que sabía que iba a iniciar con su hoy fracasado intento de poner molinetes y restringir la entrada del pueblo a la USAC.

Pues ese reglamento, que fuera detenido en su momento en 2018, antes de que se iniciara la lucha contra la privatización de la USAC en 2019, y que fue denunciado en este mismo órgano: “¿Qué tipo de Reglamento necesita la USAC?” (El Socialista Centroamericano, 26.06.2018).

El rector y el CSU, con la excusa de detener las agresiones de sus protegidos criminales, pero que en realidad este acuerdo solo busca ser usado de facto por las autoridades contra el movimiento estudiantil legítimo y el estudiante individual, como un reglamento para perseguir la lucha estudiantil y no a los sicarios y mafiosos que protegen las propias autoridades; dicho acuerdo del CSU prohíbe: 1. Participar en bautizos y bienvenidas a estudiantes de primer ingreso; 2. Uso de capuchas; 3. Toma de instalaciones universitarias; 4. Venta y consumo de venidas alcohólicas, embriagantes, drogas y estupefacientes; 5. Uso de armas de fuego y materiales explosivos; y 6. Uso de cualquier sustancia que dañe a las personas y al ambiente. (Ref. Punto quinto del Acta del CSU. No. 5 de fecha 06/02/2019).

Basta con preguntar a los estudiantes sancarlistas si la administración central de la USAC (Rectoría y CSU) ha hecho algo realmente para detener las actividades realizadas esta última semana por varios comités vinculados ahora abiertamente, a la mafia que heredó los negocios de la defenestrada Comisión Transitoria de la AEU y que se hace llamar Organización Nacional de Comités de Huelga, a falta de carecer de legalidad y legitimidad en el Campus Central de la USAC, buscando estos malandros sostenerse en el desconocimiento que los miles de Comités de Huelga del interior del país tienen, sobre sus turbios y violentos negocios, para darse un aire más de vida, ante la crisis final que pasa gracias a ellos esta tradición universitaria.

Lo cierto es que tanto el rector como el CSU maniobraron de igual manera que el año pasado; públicamente condenan las agresiones, pero debajo de la mesa están preparándose para darle dinero que según el rector no le sobra a la USAC, a los mafiosos para que sigan lucrando de nuestra Huelga de Dolores, del embrutecimiento sistemático de nuestros compañeros estudiantes y de seguir haciendo del huelguero y la Huelga una burla para el pueblo de Guatemala.

Murphy llora con lágrimas de cocodrilo la falta del 5%, mientras debajo de la mesa planea darle nuestro dinero al crimen organizado

El rector fue citado al Congreso de la Republica a finales de enero por el caso de las dos compañeras intoxicadas por los malandros que se llaman huelgueros. Después de ausentarse de la primera citación, se presentó a la segunda alardeando que era tan solo un “show político”; luego aludió que la Huelga como la conocemos hoy es una tradición estudiantil fuera de su ámbito de poder, defendió de esta manera los desmanes de sus veteranos amigos en los más sucios Comités de Huelga.

Contraviniendo su propio pronunciamiento público, el rector magnífico aseguró que la Huelga no la puede prohibir él y que no era su voluntad hacerlo. Esto contrasta bastante bien con los llamados –casi lloriqueos– que las últimas semanas ha hecho la máxima autoridad sancarlista al gobierno, recordándole que debe cumplir el desembolso de no menos del 5% del Presupuesto de Ingreso y Egresos del Estado que le corresponde por ley a la USAC, aludiendo al fallo que en favor de la única casa superior de estudios pública del país, acreditó a finales del 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC).

Pero el “magnifico” rector Murphy Paiz es como cualquier asaltante de a pie, un hábil prestidigitador de contradicciones propias y ajenas. Mientras diariamente salen comunicados de la rectoría recordando la fragilidad presupuestaria en la que se encuentra la USAC, incluso anunciando el cierre de departamentos de investigación y carreras en todo el país, por detrás y a la vista de todos los consejeros del CSU está planeando dar del apremiante y descarnado presupuesto de la USAC para que el crimen organizado celebre un año más la Huelga de Dolores, para seguir parasitando y enriqueciéndose de ella.

Esto quedó ratificado el 19 de febrero en sesión del CSU, ya que por iniciativa del propio rector Murphy Paiz, se decidió crear una Comisión que vele por realizar un análisis, destinado al financiamiento de la Huelga de todas las Dolores, evidenciando la complicidad entre las autoridades y aquellos que lucran y utilizan los recursos e impuestos del pueblo. Esto no será más que legalizar por tretas de papel dar el poco presupuesto que la USAC podría usar para mantener la universalidad de la educación superior a flote. Incluso después de que se desborde el 5% del presupuesto que le corresponde a nuestra universidad, es una infamia que el dinero que los guatemaltecos pagan para sostener el estudio, la investigación y la extensión universitaria sea usado para mantener junto al rector a las mafias de los comités de huelga que lo sostienen.

La AEU no quiere luchar por recuperar la Huelga de Dolores

Mientras esto pasa, el actual secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU-, única encargada de la organización de la Huelga como máxima federación de estudiantes universitarios en el país, optó equivocadamente por negarse a exigir el presupuesto económico que desde el Estado como de la propia USAC se destinará a la Huelga este año, dando pauta a las autoridades de ser quiénes se pongan sobre los estudiantes y destinen los fondos a los cada vez más débiles comités de huelga manejados por el crimen organizado, bajo el argumento de ser Patrimonio Cultural de la Nación y tradición de la USAC, el rector está presto a dar dinero que no tiene la USAC –y aunque tuviera– para seguir manteniendo a estos grupos.

Es una decisión coherente mostrar resistencia ante las prácticas huelgueras degeneradas por el lumpenismo mafioso, pero no dejando el camino libre a la organización (de facto) de comités de huelga que cada vez representan menos la tradición y al estudiante; ya que ésta se mueve por medio del dinero, porque como buenos parásitos necesitan de un huésped que le brinde los recursos óptimos para su supervivencia. Sin dinero se acaba la fiesta y el bacanal sin sentido, pues a falta de convocar cada año a menos estudiantes a estas actividades, estos grupos del crimen organizado incluso pagan el día a gente exógena a la universidad, que protagonizan los actos de violencia contra los propios sancarlistas.

Pese a que la universidad se encuentra en medio de una crisis financiera, la burocracia universitaria (Murphy-CSU) no se niega a alimentar la bazofia que representa actualmente el Desfile Bufo, razón por la que los sectores universitarios deben reunirse y unirse para darle un verdadero sentido a la mal utilizada consigna vaciada de sentido hoy: “La huelga es del pueblo”, quitándole los recursos a aquellos que se han encargado de devaluar el intelecto sancarlista por medio de métodos reaccionarios heredados de las ocupaciones militares y la represión terrorista estatal de los 70s y los 90s, haciendo de nuestra tradición una burla y no un bien de sátira del pueblo oprimido y explotado. No obstante, quedarse cruzados de brazos es lo peor que puede hacer el estudiantado y la AEU como su máxima dirigencia, pues se debe asumir la responsabilidad reivindicando el “Patrimonio” y ganar sin cobardía, llamando al sector estudiantil en resistencia y que tiene un sentido de pertenencia con la huelga a hacer acciones en pro de la población guatemalteca, en pro de recuperar para el estudiante y el pueblo NUESTRA HUELGA DE DOLORES.

Es evidente que las autoridades no dejarán de financiar actividades de huelga pues viven en contubernio con el crimen organizado, lo han hecho durante los últimos 20 años, así que es imperativo llamar a hacer de aquélla algo útil para la población, por ejemplo, jornadas médicas y académicas que lleven a la población más necesitada los servicios que el Estado negligente no brinda, servicios que la población ya ha pagado y que los estudiantes y los sancarlistas en general estamos llamados a brindar sin miramientos, con capucha o sin capucha al servicio del pueblo.

Este sería un verdadero acto de protesta estudiantil, no solo contra el crimen organizado, sino contra las autoridades mediocres que como el rector buscan sostenerles, acto que tendría como fin recuperar la identidad sancarlista con aires de servicio y sacarla de una vez por todas del basurero al que estos mafiosos han condenado a NUESTRA HUELGA DE DOLORES, rescatando aquel fin primigenio de ser la voz de los olvidados, de aquellos a los que el gobierno silencia y les quita el nombre y su propia historia.

Otro de los destinos que pueden tener los recursos de la huelga es bridar apoyo a los estudiantes de Centros Universitarios que son olvidados por la administración central y actualmente padecen de precariedades que ponen en riesgo la educación superior en el interior del país. Los recursos derrochados en alcohol, drogas y un desfile que no es la voz de nadie, deben pelearse, ya que esto sería un ultimátum contra aquellos que desprestigian la razón universitaria.

Brindar conocimiento al pueblo, el servicio al pueblo de Guatemala es un acto revolucionario de verdad, no una consiga vaciada por la descomposición, negarse a las prácticas tradicionales palurdas y criminales de las mafias, prácticas misóginas y violentas que promueven la intimidación, la xenofobia y la discriminación de todo tipo; partir de la inteligencia que le devuelve el sentido a NUESTRA HUELGA DE DOLORES.

De la misma manera, se deben rescatar los símbolos y que el estudiante se los apropie –PORQUE SON NUESTROS SIMBOLOS Y NO DE LOS CRIMINALES–, no dejarle nada a los comités de huelga que lucran con los impuestos de todo un país que muere de hambre, en la embrutecedora ignominia de la ignorancia; que se recupere LA CHALANA como un verdadero canto de guerra del estudiantado contra los traidores que nos robaron NUESTRA HUELGA. Enorgullecer realmente a la LA CHABELA como la líder ideológica del estudiante que lucha contra las arbitrariedades y los enemigos del pueblo, que sea cantado nuestro himno y que nuestro símbolo sea recuperado en nuestras banderas como hijos del pueblo que son los sancarlistas, que no se le deje todo un siglo de mártires, héroes populares a unos grupúsculos criminales que no representaron, no representan y no reasentarán jamás el verdadero sentir sancarlista, que no representa al pueblo. Esta es nuestra política: QUE LA HUELGA DE TODOS LOS DOLORES DEL PUEBLO DE GUATEMALA REGRESE AL ESTUDIANTE Y AL SERVICIO DEL PUEBLO.

En huelga con la huelga: ¡No más derroche de dinero para las mafias, recursos y servicios para el pueblo!

¡HAGAMOS HUELGA DE VERDAD!

¡RECUPEREMOS LA HUELGA PARA EL PUEBLO!

¡HUELGA ESTUDIANTIL AL SERVICIO DEL PUEBLO!

Por Hercilia Caceres y Tyscho

La Universidad de San Carlos de Guatemala se enfrenta todos los años a una enfermedad degenerativa que viene padeciendo desde hace más de 20 años, tomando una relativa “fuerza” durante la cuaresma, inhibiendo cualquier rastro de la larga trayectoria de lucha estudiantil y evidenciando sin duda alguna, el vacío intelectual que dejaron los años de brutal guerra civil que dejara al movimiento estudiantil y huelguero, acéfalo el primero e intervenido por el ejército y la mentalidad de mafia el segundo.  Durante el primer semestre de cada año, crece exponencialmente el abuso, encubierta por una capucha en el rostro que oculta a aquellos parásitos que se alimentan de la “huelga de todos los dolores”, parásitos sostenidos con el cuidado de las sucesivas administraciones durante estas dos décadas. Y de la cual la administración del demagogo Murphy Paiz no es la excepción, pues este ahora junto con el Consejo Superior Universitario (CSU) se muestra opositor a los desmanes de estos criminales, pero en la realidad tiene a muchos de los líderes de estas mafias trabajando en puestos de confianza de la propia rectoría.

Históricamente este movimiento de protesta sirvió como un medio de denuncia satírica ante las injusticias que padecía el pueblo de Guatemala, pero hoy en día es únicamente un insulto a la intelectualidad universitaria, dejando claro que la USAC es un patético reflejo de la crisis social que existe en el país. La descomposición de la huelga misma, refleja la descomposición a la que fue sometida la organización estudiantil, bajo la presión de las fuerzas derechistas que ocuparon material y psicológicamente la USAC hacia finales del siglo pasado. De ahí se desprende que las reivindicaciones, otrora mente populares que reflejaran la huelga durante los años más sangrientos de la represión militar de las dictaduras, ahora sea una mera burla a los huelguerso de antaño, un chupadero estacional que enriquece a pequeños grupos de la mafia que tienen secuestrada parcialmente asociaciones –como la de Ciencias Económicas, Humanidades EFPEM, por decir las más importantes–, comités de huelga que se llaman subs o autónomos, todos velan por los intereses de facción paramilitar, que hoy día casi no cuentan con base social dentro de los estudiantes, derivado del descredito a la tradición, causado por ellos mismos.

Drogas, alcohol, violencia contra los estudiantes, contra la gran mayoría, son tres palabras que definen a grandes rasgos la huelga de todos los dolores, que desde hace dos décadas es únicamente un desfile carente de sátira y un justificante para que operen grupos delincuenciales dentro de la universidad. Al caer la ex comisión transitoria se pensó que la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Oliverio Castañeda de León (2017-2019), tendría un mínimo de capacidad para hacerle frente a dicha estructura parasitaría, pero para desilusión de muchos la AEU pensó ilusamente que podría “rescatar la huelga”, por medio del consensos con las mismas estructuras criminales que mantenía el poder y serbia de base de apoyo –como grupo de choque contra el estudiantado– de la misma Comisión Transitoria. El resultado de la huelga en 2018 fue una burla para la propia AEU, que no logró imponerse como tal, sino que terminó por hacerse a un lado sin presentar soluciones reales, dándoles dinero a los criminales, esperando comprar así su lealtad y voluntad, el tiro les salió por la culata, pues su “políticamente correcta estrategia” se vino al suelo, cuando los propios delincuentes a los que alimentaron, sacaron a la propia AEU del Desfile Bufo 2018, antes, incluso que diera inicio.

Durante mucho tiempo fue la propia Escuela de Historia, quién fue el eje aglutinador de las organizaciones estudiantiles y de huelga alternativa que principalmente mostró resistencia ante el “Honorable” comité de huelga de los criminales, contagiando el espíritu de rechazo a los estudiantes activos de muchas unidades académicas. Pues fue allí en donde los estudiantes mostraron su fuerza frente a estas estructuras delictivas, oponiendo a la violencia armada la fuerza popular de la asamblea estudiantil, construyendo una identidad sancarlista crítica contra las actividades de huelga, buscando infructuosamente disputarle a los sicarios y malandros el baluarte que significaba la tradición huelguera para la USAC, recuperarlo para los estudiantes, como se recuperó de forma pero no de fondo la propia AEU, que aun languidece en la crisis y la apatía, originada por 20 años de descredito del movimiento estudiantil. Más tarde, otras unidades académicas como Medicina, Trabajo Social y Ciencias Jurídicas y Sociales, también se tomaron valor para echar fuera a los comités de huelga mafiosos, pero ya no con organismos como los Comités Alternativos de Huelga (Historia y Ciencia Política), sino con el propio musculo estudiantil, la Asamblea General de Estudiantes cada Unidad Académica, asambleas que decidían en los hechos no celebrar la huelga o celebrarla bajo control directo del estudiantado y no de los grupos mafiosos.

Como la historia ha demostrado, todo es dialéctico y aquellos tiempos en los que la Huelga de Todos los Dolores estaba en pleno apogeo, ha quedado atrás, pues actualmente de las estructuras con suficientes personas –muchos no son estudiantes– para amedrentar a los verdaderos estudiantes, no queda más que el recuerdo, ya que la resistencia y la denuncia fueron entes que emplazaron a la administración central, empujándola a tomar posiciones en palabra contra los restos de la huelga, mostrándose públicamente contrarios a los propios grupos criminales que alimentaron y respaldaron durante los últimos 20 años. Cabe resaltar que, durante muchos años, las autoridades universitarias han utilizado a estos grupos de choque contra movimientos estudiantiles, ofreciéndole a cambio dinero, protección y el préstamo de las instalaciones universitarias para sus actividades junto con las grandes industrias cerveceras. Pero las autoridades hipócritamente han sabido leer la debacle y la crisis que estos grupos mafiosos llevaron a la Huelga de Dolores, ahora se desembarazan públicamente de ellos, incluso aprovechando para pasar antipopulares normativos que no solo va dirigido a los encapuchados, sino contra toda la organización estudiantil legalmente constituida, vedando los derechos de reunión de las propias Asociaciones y de la amplia mayoría del estudiantado.

Gracias al rechazo que han provocado las actividades huelgueras, dentro y fuera de los recintos universitarios, teniendo como última gota la intoxicación provocada a dos estudiantes dentro del campus central (dirigida por Tommy Morales, Marco López y otros personajes conocidos por vivir de estas actividades y ser violentos dirigentes de las mafias que siguen enlodando la tradición huelguera), las autoridades universitarias se han dado la tarea de prohibir cualquier actividad que atente contra la integridad de otras personas, el consumo de bebidas alcohólicas y hasta la toma de espacios sancarlistas. El cumplimiento del reciente acuerdo aprobado por el CSU está por ponerse a prueba una vez que dé inicio la cuaresma, razón por la que los estudiantes, docentes y trabajadores deben empujar a que se sancionen las prácticas que atentan contra la comunidad universitaria, pero que este normativo en los hechos no vaya dirigido contra la vida estudiantil dirigida por las asociaciones legalmente establecida, que estos normativos no se usen contra los estudiantes que han resistido valientemente a las mafias, incluso antes que las autoridades se apartaran de cuidarles. Es necesario, tomar en cuenta que esta nueva norma también pretende castigar a cualquiera que asuma posturas y actividades que atenten contra el “orden”, buscando meter en el mismo saco y castigar tanto a los delincuentes como a estudiantes organizados contra las autoridades. De esta manera la Rectoría y el CSU plantean no solo alejarse de sus otrora grupos de choque, ahora en una crisis permanente que esta pronta a ver su final, sino también criminalizar al estudiante que sin capucha ha estado en la lucha contra los criminales que alimenta la rectoría, y contra la propia administración que ha querido y sigue queriendo, privatizar la USAC.

Lo que es evidente ante los ojos de la comunidad sancarlista, es la reducción de encapuchados y actividades previas a la huelga de dolores, lo que prevé un desgaste en estas acciones, esperando de la misma manera que las autoridades cumplan su palabra en los hechos, para terminar de una vez con ellas. Es necesario, además, que la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) asuma un rol más allá de posicionarse contra la huelga por las redes sociales, sino también realizar asambleas estudiantiles y contrapropuestas que busquen aglutinar a los estudiantes. Esta táctica mostro en el pasado ser vencedora en la lucha contra las mafias en Historia y en otras unidades académicas que como Medicina sacaron en los hechos a los huelgueros que no repensaban y estaban integrados por estudiantes.

Tanto el actual secretariado de la AEU, como las juntas directivas de las diferentes Asociaciones de Estudiantes deben mostrar la valentía y la decisión que le faltó a la anterior AEU, deben ponerse al frente del estudiantado en sus Asambleas para que sea el estudiante el que decida qué hacer con la Huelga y como celebrarla en cada una de las unidades académicas, es tarea de la dirigencia temporal del movimiento estudiantil constituido acelerar el transito histórico que condeno ya a los mafiosos al basurero de la historia. La Huelga es del pueblo y es deber del estudiante decidir si está ya llego a su fin y si es mejor entonces hacer huelga estudiantil llevando los servicios de primera necesidad y nuestros conocimientos al pueblo profundo, asistiendo durante la cuaresma a la población en lugar de engrosar las ganancias de las cada vez más reducida mafias que viven de la huelga y sus patrocinadores dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera de la oligarquía nacional, que se envilece viendo al estudiante que reclama como tradición el emborracharse mientras se llena la boca de frases revolucionarias vacías que en nada ayudan a trasformar la realidad de nuestro dolorido país.

Por Leonardo Ixim

Este nuevo gobierno de Alejandro Giammattei  se estrena con varios estados de prevención de una semana en diversos municipios del país, dentro de un esquema punitivista demagógico similar al de sus pares centroamericanos, argumentando acciones duras contra la delincuencia común que resulta en respaldo de la población

Producto de la crisis social que vive el istmo centroamericano, y como corolario de la derrota de la revolución centroamericana de la década de los ochenta del siglo pasado, se pretendió que por medio de la instauración de democracias limitadas en muchos aspectos, enmarcar a los grupos insurgentes y encausar las demandas sociales por medio de reformas.

Sin embargo la naturaleza del modelo neo-colonial asumió una naturaleza aún más depredadora contra los derechos de la clase trabajadora, una buena parte de la cual vive en Estados Unidos y agudizó el carácter dependiente de este modelo con la aplicación del extractivismo más crudo sobre los territorios de las comunidades rurales. Esto generó que la población en su mayoría sobreviva por las remesas procedentes del norte, la economía sumergida e informal, así como la delincuencia común y organizada. A la par de esto las elites políticas y las fracciones burguesas muestran su carácter reaccionario al ni siquiera permitir reformas mínimas, como las que la izquierda pretendía al incorporarse a los marcos legales.

En ese contexto es que la delincuencia, las actividades de las pandillas, la extorsión, el asesinato y demás males sociales en la mayoría de los casos afectan la vida y seguridad de la clase trabajadora. Así la población pobre de las colonias y barrios centroamericanos aplauden con entusiasmo la militarización y la presencia de fuerzas de seguridad.

De tal forma que este gobierno nombró como su ministro de gobernación a Edgar Leonel Godoy Samayoa, un viejo ex militar contrainsurgente, sub jefe del desaparecido Estado Mayor Presidencial en 1992, durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, comisionado de seguridad en el gobierno de Oscar Berger, miembro del Partido Unionista afín a la familia Arzú y durante varios años funcionario de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala donde formó parte de una oficina ilegal de espionaje (“Gabinete de seguridad e inteligencia de Giammatei: entre militares golpistas, aviadores y línea dura” en CMI, 25-10-19)

Acorde al programa de seguridad del partido gobernante VAMOS, pretenden destruir los focos de resistencia comunitaria contra las inversiones extractivas y para eso prueban con estados de prevención -lo cual no descarta una acción más fuerte- aduciendo el control a la delincuencia. Esta figura, que forma parte de la Ley de Orden Público que data de la dictadura militar, es una potestad del Ejecutivo con una duración de una semana y limita las libertades políticas de organización y expresión.

Se ha aplicado en Mixco, San Juan Sacatepéquez y Villa Nueva en el departamento de Guatemala y más reciente en El Tejar, San Andrés Itzapa y Chimaltenango (cabecera departamental), en el departamento de Chimaltenango. Si bien algunos analistas mencionan el carácter disuasivo de esta medida y la desactivación de algunas actividades ilícitas, que se refleja en algunas capturas, la verdad es que al igual que con el Estado de Sitio aplicado el año pasado en varios municipios del norte y oriente, no se ha desmantelado ninguna organización criminal, mostrando su verdadera naturaleza, el control territorial al mejor estilo de las estrategias contrainsurgentes con fines de represión. En ese sentido, como otra modalidad, se tiene el reciente despliegue institucional en el municipio de San Mateo Ixtatán fronterizo con México en el departamento de Huehuetenango.

Bajo la rúbrica de un “acuerdo de paz” entre supuestos líderes de la comunidad de Ixquisis en ese municipio y la  empresa Energía y Renovación S.A., que pretende instalar una hidroeléctrica que se viene cocinando desde el año pasado, se busca desactivar la lucha comunitaria por la defensa territorial comprando ciertos liderazgos y criminalizando otros, con el aval de la iglesia católica y en especial del cura (nombrado cardenal recientemente) Álvaro Ramazzini, que posa de progresista. Además, se extendió una orden de captura contra Julio Gómez, líder comunitario opuesto a esta empresa, detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la policía

De forma que ya sea con métodos coercitivos aprovechando el apoyo popular para dizque combatir la delincuencia, o con métodos de infiltración y control de las comunidades, este gobierno muestra su cara represiva. Las comunidades y organizaciones deben buscar métodos de autodefensa y de denuncia nacional e internacional  ante la violación de los derechos humanos de la población, y en primer lugar exigir la libertad de Julio Gómez.

Por Armando Tezucún

Según los datos que ha divulgado el Banco de Guatemala, durante 2019 el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento del 3.5%, frente a un crecimiento de 3.1% en 2018. Este nivel de desempeño de la economía guatemalteca no excede el rango promedio que ha tenido al menos en los últimos 10 años (3.46%). En los últimos 15 años el punto más bajo se tuvo en 2009 con el 0.5%, producto de la crisis económica mundial, y su punto más alto en 2006, 5.4%. El buen desempeño en 2006 debería haber sido continuado y mejorado, sin embargo, la crisis mundial del capitalismo y el modelo económico oligárquico basado en medidas neoliberales, la agroexportación, la extracción de recursos naturales y la precarización del trabajo asalariado, lo impidieron.

Por tanto podemos hablar un estancamiento relativo o un crecimiento por inercia de la economía guatemalteca, que no da respuestas a las urgentes necesidades de la población, que crece anualmente a un ritmo mucho mayor que el Producto Interno Bruto, dejando a decenas de miles de personas fuera las oportunidades de una vida digna.

Regresando al desempeño de 2019, el volumen de las  exportaciones alcanzó los US$ 11.1 mil millones, con un crecimiento de un magro 2% respecto a 2018; según los empresarios exportadores esto se debió a la desaceleración mundial causada por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, la desaceleración de la economía europea y la caída de los precios de las materias primas de exportación (café, aceite de palma, entre otros). El volumen de las importaciones fue de US$ 19.8 millardos, con un crecimiento del 1.1% respecto al año anterior (El Periódico 7/02/2020); el resultado de las importaciones nos da una idea del bajo desempeño de la economía, pues en este rubro están las compras de insumos y materias primas que necesitan las fábricas y centros de producción para trabajar. 

Hasta el mes de junio, la Inversión Extranjera Directa (procedente principalmente de Estados Unidos, México y Colombia) había bajado un 1.9% respecto al mismo período de 2018, llegando a US$ 535 (US$ 671.4 a septiembre) (Prensa Libre 23/10/2019).

Una economía tan pobre está en la base de la constante migración de guatemaltecos hacia los Estados Unidos; paradójicamente, las remesas enviadas por los trabajadores migrantes a sus familiares ascendieron a un monto de Q 10,508 millones, igualando casi al monto total de las exportaciones, superando a la inversión extranjera directa y representando el 13.8% del PIB (El Periódico 9/01/2020). Las remesas sostienen aproximadamente al 40 por ciento de la población guatemalteca, 6.2 millones de personas (Prensa Libre 13/01/2020).

El estancamiento relativo de la economía tiene consecuencias sociales graves, que ilustramos con algunos datos: un 59% de la población vive bajo el umbral de pobreza, y el 23.4% en pobreza extrema (este porcentaje es 1.7 veces mayor entre la población indígena); el 70% de la población económicamente activa se desempeña en el sector informal, que representa el 22% del PIB; el 1% de los guatemaltecos más ricos (160 mil personas) tienen el mismo ingreso que el 40% de la población (6.4 millones de personas) (Prensa Libre 13/01/2020). Según datos del Instituto Nacional de Estadística cada año se incorporan 200 mil personas a la Población Económicamente Activa, pero la economía solamente genera unos 20 mil empleos formales, creándose un déficit de 3 millones de plazas formales, afectando sobre todo a jóvenes entre 15 y 25 años de edad.

El empresariado busca mantener su margen de ganancias en base a salarios bajos y políticas como trabajo a tiempo parcial, precarizando el trabajo. Los salarios mínimos no aumentaron en 2019 y para 2020 el expresidente Jimmy Morales decretó un aumento del, del 3.03% para las actividades no agrícolas, 2.93% para actividades exportadoras y de maquila, dejando estancados los salarios en el campo.

El presente año el cambio de gobierno ha causado un incremento en el Índice de Confianza de la Actividad Económica entre los empresarios, llegando en enero a 66.50 puntos, el mejor resultado en los últimos 24 meses (Prensa Libre 1/02/2020). Se espera una recuperación en los precios de algunos productos de exportación, estabilidad cambiaria y en las tasas de interés, y las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Giammattei constituyen la base de esta confianza. Pero entre el paquete económico los empresarios esperan que se implemente el reglamento del trabajo a tiempo parcial, suspendido por la Corte de Constitucionalidad. Además, las medidas represivas tomadas por el nuevo gobierno (estados de prevención, ley antimaras) no auguran nada bueno para los trabajadores y el pueblo. Los empresarios y el gobierno buscarán que la economía crezca a base de sobre explotación y represión. Las organizaciones populares debemos prepararnos para enfrentar unidas esta ofensiva.