Por Leonardo Ixim

Nuevamente el Estado de Guatemala muestra su carácter racista, esta vez con otro intento de reglamentar por medio de una ley la Consulta a Pueblos Indígenas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este intento no es nuevo, pero esta vez se realizó una convocatoria con poca promoción con el fin de hacer la pantomima de que se está consultando, tomando como base una propuesta de ley del Congreso de la República para tal fin.

Recordemos que Guatemala es suscriptor de ese convenio que regula una serie de aspectos en torno a temáticas sobre discriminación a pueblos indígenas en centros laborales. Sin embargo, el aspecto más relevante es sobre la obligación de los Estados a consultarlos cuando se busque implementar medidas administrativas, legislativas y proyectos en los territorios donde habitan. En el Convenio mencionado y en otros instrumentos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se señala que estas consultas se deben hacer con las organizaciones representativas de las comunidades y pueblos. Por otro lado, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refiere al derecho a la autodeterminación de todos los pueblos para disponer del disfrute de sus riquezas y recursos naturales sobre los intereses privados.

Por el hecho de haber sido ratificado por el Congreso, el convenio no necesita una legislación para desarrollar los derechos de los pueblos; pero una serie de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, la mayoría de las cuales pretende equilibrar los intereses comunitarios con los empresariales, sirve de jurisprudencia para aplicar este derecho.

Esto ha sido así porque en torno a proyectos extractivistas y de apropiación de recursos naturales por parte tanto de capital nacional como trasnacional, los intereses empresariales están en disputa con los verdaderos derechos  de las comunidades a la vida y  a la autodeterminación, equiparando  falsamente esos intereses con los derechos humanos al disfrute de sus territorios.

Estas disputas, que han generado la resistencia y oposición organizada de diversas comunidades,  tanto indígenas como mestizas contra lo que es uno de los elementos principales del modelo neo-colonial vigente, ha causado en algunos casos que los organismos de justicia obliguen al Estado a realizar  consultas  y en otros menores, la suspensión de los proyectos extractivistas.

Esto ha pasado porque el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el de Energía y Minas, otorgan licencias para operar en base a estudios de impacto ambiental truculentos elaborados por amigos de las empresas y sin realizar ningún tipo de consulta tanto la estipulada por el Convenio 169 de la OIT como la que estipula el Código Municipal a los vecinos de los municipios.

Este no es el primer intento de reglamentar la ley. En 2011 el gobierno de Álvaro Colon quiso hacerlo, pero fue detenido por un amparo a favor del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO). Más recientemente la ex ministra de trabajo Leticia Teleguario, del actual gobierno, buscó realizar una guía para la consulta ejecutando una serie de reuniones donde a la mayoría de los participantes se les escondió el motivo.

Además, existen dos proyectos de ley, uno es el que se usó para esta última reunión promovido por los diputados Oliverio García Rodas (independiente), Oscar Chinchilla del partido CREO y Gabriel Herrera del partido UNE quien preside la Comisión de Trabajo del Congreso, promotora de la actividad, el cual es una pieza de ley que atenta contra la organización autónoma de los Pueblos Indígenas (Prensa Comunitaria 25-10-19). Por otro lado, existe otra pieza, elaborada por Amílcar Pop del partido WINAQ que también fue cuestionada por las autoridades indígenas por no consultarles, pero que establece mecanismos más democráticos

La actual convocatoria se realizó el 22 de octubre. Allí los representantes indígenas mostraron su molestia por la presencia de representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras por considerar que la consulta con pueblos indígenas es directamente entre estos y el Estado sin la presencia de las cámaras patronales.

Los intereses de los pueblos indígenas como parte de la clase trabajadora son opuestos a los intereses de la burguesía, por tal razón nos sumamos al planteamiento de las autoridades del Pueblo Xinca o del CPO a no ser parte de esta burla contra los Pueblos Indígenas Así también llamamos a estas organizaciones y a otras, así como a las comunidades que luchan en defensa de su territorio a realizar movilizaciones para parar este nuevo intento de pasar por alto el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Por Armando Tezucún

La oligarquía guatemalteca se ha distinguido por ser vengativa en extremo. No se ha contentado con vedar la entrada al país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez y a sus funcionarios extranjeros, ni con cancelar su funcionamiento al no prorrogar su mandato, ni con dictar orden de captura contra la ex Fiscal General Thelma Aldana. Ahora los oligarcas cuyos trapos sucios fueron expuestos por la CICIG, en contubernio con los políticos a su servicio, igualmente acusados, pretenden acusar a la Comisión de haber cometido cuantos delitos se les ocurra.

Con esa finalidad el presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar el 24 de septiembre empezó a cabildear con los diputados involucrados en casos de corrupción y acusados por la CICIG, sobre la formación de una comisión especial anti-CIGIG. El padre de Arzú Escobar, el fallecido exalcalde capitalino Álvaro Arzú Irigoyen fue también acusado por la CICIG por actos ilícitos durante su prolongada gestión.

El presidente del Congreso dijo claramente: “No podemos dejar que otros escriban la historia, eso lo tenemos que hacer nosotros” (Nómada 30/09/19). Con tantos diputados involucrados en actos ilícitos, no le fue difícil conseguir 82 votos a favor, quienes aprobaron el decreto 12-2019, que crea la comisión específica para investigar las actividades de la CICIG a lo largo de sus 12 años de existencia. El decreto fue publicado en el diario oficial el 27 de septiembre.

Esta comisión quedó conformada por los diputados Aníbal Rojas, Luis Hernández Azmitia, Juan Ramón Lau, Manuel Conde y Luis Pedro Álvarez, involucrados todos en la propuesta de leyes represivas o en acciones cuestionables. El plan era que entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre la comisión recibiera en audiencias públicas  los testimonios de personas agraviadas, afectadas u ofendidas por la CICIG, y el 10 de enero de 2020 presentara su informe final sobre la “verdad” de la CICIG. La comisión establecería si hubo actuaciones del personal nacional e internacional de la CICIG que constituyan delitos; invitaría a los financistas internacionales de la Comisión a compartir información sobre los recursos donados e informes de gastos; y solicitaría a los gobiernos el historial de los funcionarios extranjeros de la CICIG. De ser encontrados hechos ilícitos, se presentaría denuncias ante el Ministerio Público.

Sin embargo, desde el día de su creación, la comisión anti-CICIG fue acusada de ilegalidades, pues los diputados no tienen la facultad de realizar investigaciones criminales, siento esta la prerrogativa del Ministerio Público. Los funcionarios de la CICIG actuaron amparados por un convenio internacional, gozando de inmunidad. Si bien el Congreso tiene la facultad de nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional, al ser la CICIG un órgano internacional, queda fuera de la jurisdicción del Poder Legislativo. El primer amparo contra la comisión Anti-CICIG fue presentada por Acción Ciudadana ante la Corte de Constitucionalidad (CC) el 25 de septiembre; el abogado Alfonso Carrillo presentó otro amparo por su cuenta, y el Ministerio Público también lo hizo.

A pesar de los amparos interpuestos, la Comisión anti-CIGIG empezó el 3 de octubre a las audiencias con los supuestos agraviados por la CICIG. Los quejosos fueron familiares o abogados de personajes afectados por casos sonados en que fueron acusados por la CICIG, algunos condenados y otros inclusos prófugos con orden de captura.

El 7 de octubre la CC otorgó el amparo provisional que suspendió la vigencia del acuerdo 12-2019, cesando las actividades de la Comisión Anti-CICIG. Sin embargo, los integrantes de la comisión continuaron recibiendo a los denunciantes, y Arzú Escobar logró emitir un nuevo acuerdo, creando una nueva comisión esta vez la “Comisión de la Verdad”, sin el acuerdo del pleno del Congreso. No contento con eso, la Junta Directiva del Congreso presentó el 11 de octubre una querella penal contra los cuatro magistrados de la CC que votaron a favor del amparo que suspendió la Comisión Anti-CICIG, acusándolos de abuso de autoridad, violación a la constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.

En usencia de la CICIG, los conflictos entre los poderes del Estado se han agudizado, acentuando la crisis institucional iniciada por el presidente Morales y el ejecutivo al desacatar las disposiciones de la CC. Ante esta crisis y las amenazas de endurecimiento del régimen se hace cada vez más urgente la unidad de todas las fuerzas populares, aglutinadas alrededor de la defensa de las libertades democráticas y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional.

Por Joseph Manuel Herrera

Lo anunciado por nosotros en la última declaración del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) titulada: “Elecciones a la AEU no garantizan la participación mayoritaria del estudiantado: ¡Luchemos por la reestructuración y refundación del movimiento estudiantil!”, se ha cumplido a cabalidad.

El rendimiento en la participación del estudiante en lugar de mejorar a la que concurrió a las urnas hace dos años, en agosto del 2017, empeoro fatalmente, hasta el punto de poner a la planilla electa –al igual que la saliente, del desaparecido Frente Estudiantil– en una situación de ilegitimidad que solo beneficia y fortalece el fenómeno de las dirigencias mafiosas, lumpenes, oportunistas y derechistas en la USAC, que hasta hace muy poco tenían tomada la dirección estudiantil.

Hace dos años, después de una larga acumulación en la tradición de lucha de dos generaciones de estudiantes desde finales de la década de 1990, que vinieron consolidando las condiciones para sacar de una vez por todas a la mafia que se había hecho del control efectivo de la suprema dirección del estudiante universitario en Guatemala hacia finales del siglo pasado, la longeva AEU y su recuperación simbólica de las garras del crimen organizado, heredero de la contrarrevolución y de la reacción en la única universidad pública del país, no hubiera sido posible sin los héroes desconocidos, olvidados por la historia que fueron acumulando resistencias, luchas, victorias parciales y derrotas contra la mafia. Son todos ellos, hijos e hijas del pueblo los que hicieron posible la libre concurrencia democrática de las incipientes expresiones estudiantiles, que se han disputado la AEU en 2017 y ahora en 2019.

En este artículo nos remitiremos a los datos oficiales y compararemos la profundidad del desastre en base a la comparación de dos momentos concretos, por un lado las elecciones que después de más de 17 años se llevaron a cabo en 2017 y por el otro, las que concluyeron el pasado lunes 7 de octubre, siendo estas el segundo proceso eleccionario, desde la recuperación simbólica de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU); pues su recuperación instrumental, como máximo ente dirigente del estudiantado guatemalteco, solo se lograra cuando esta represente a las grandes mayorías del estudiantado y del pueblo, refundándose y desempeñando su labor efectivamente en pos del bienestar general y no el de un puñado de cúpulas estudiantiles que luchan en las elecciones por hacerse de las prebendas y los privilegios, poniéndose por encima del mismo estudiante, al que dicen representar.

Los datos duros incuestionables

En el año 2017 según el Consejo Electoral Estudiantil Universitario (CEEU) de ese entonces, estaban habilitados más de 140 mil estudiantes para ejercer su derecho al voto, en las elecciones al Secretariado General de la AEU y sus diferentes comisiones de trabajo. Este padrón comprendía a todos los matriculados en el Campus Central de la zona 12, el Centro Universitario Metropolitano (CUM) en la zona 11 y en el Paraninfo Universitario en la zona 1. Es así que solo podían votar por la máxima dirigencia estudiantil del país, los matriculados de la Ciudad Capital; han pasado ya dos años de aquella elección, y el colapsado Secretariado de Lenina García llevo a cabo una ilegitima reforma de estatutos, extendiendo aún más las comisiones de trabajo –que desde un principio llenaron con amigos que vegetaron en ellas–, pero poco o nada se hizo por subsanar la falta de voz y voto que tienen los estudiantes del interior del país, tratados por el secretariado –aborrecido hoy por el estudiantado– y por el actual CEEU como estudiantes de segunda categoría.

En la elección de 2017, de los 140 mil estudiantes del padrón, solo votaron 15,210, siendo del 10.86% la participación estudiantil. Esto contrasta con la ausencia de un padrón global publicado por parte del CEEU actual ante las elecciones de 2019, la desinformación promovida para maquillar –tal cual como lo hace el Tribunal Supremo Electoral– el desastre en la bajada de la participación estudiantil es parcial, pues si partimos del mismo padrón de hace dos años, ignorando el crecimiento de la población estudiantil desde entonces, podemos dejar ver datos  que demuestran la profundidad del retroceso sufrido después de dos años de nefasta discursiva modera y arribista en la AEU. En la actual contienda el voto emitido fue de 7,252 que en base a nuestro congelado padrón de 2017, da como resultado una participación del 5.18%, esta caería aún más si integráramos a los miles de estudiantes que se han matriculado en los dos últimos años.

Los datos revelan que más que promover la participación democrática del estudiantado, la pasada AEU, el actual CEEU han promovido la apatía y el desconsuelo de un estudiantado que ya no cree en la máxima dirección estudiantil, pues antes estaban los criminales y ahora están los arribistas, mediocres e incapaces. Se puede ya empezar a dar luces sobre el interés que tienen algunos reducidos grupos estudiantiles, por mantener como en la política nacional una democracia tutelada y restringida, en la que los beneficios y los puestos sean llenados por sus cirulos de amigos y toda clase de oportunistas, haciéndose una elite como la que en pasado se eternizo al frente de la AEU, y que hasta hace muy poco logramos desahuciar.

Veamos entonces el rendimiento de la votación de las agrupaciones que concurrieron a las elecciones en 2017 y 2019; que más que organizaciones coherentes, formales y que se mantienen en el tiempo, parecen repetir los pecados electoralistas de la política nacional en este sentido, pues se han organizado unos meses antes solo con vistas de cara a las elecciones, con publicidad vaciada de ideología y de una programática que busque entender los problemas del estudiantado para contribuir en su resolución. Se ha notado esto en la narrativa dirigida a manifestar sus inseguridades y diferencias personales, en lugar de proponer soluciones encaminadas a la defensa organizada del gremio estudiantil. En esto último, las tres planillas que disputaron las elecciones se parecen plenamente.

No solo ha decaído críticamente la participación estudiantil frente a las urnas, también se ha degradado la concurrencia de las “marcas” –que no organizaciones político estudiantiles serias y formales–, pues en 2017 concurrieron 4 planillas, siento estas: Planilla 1. Reto Usac –ahora vuelta una simple página de Facebook–; Planilla 2. Frente Estudiantil –ahora desaparecida y desertada como ratas a Consciencia y al oportunista MEUC actual–; Planilla 3. el viejo MEUC –tomado hoy como una marca por la mediocridad y el oportunismo–; y Planilla 4. CREE –desaparecido por el cambio generacional que se gesta al interior de la mafia de la transitoria, que no obstante controlo la Huelga de Dolores sin inmutarse, durante todo el secretariado de Lenina García, catedra para los moderados de que se puede poseer el símbolo de la AEU y los cargos formales, pero la mafia aún tiene bajo su control parte importante del poder efectivo del movimiento estudiantil–.

Este año han concurrido solamente tres “marcas”, siendo estas: Planilla 1. Consciencia –que recicla a parte del desparecido Frente Estudiantil–; Planilla 2. Estudiantes como Vos –que agrupo a todos los oportunistas estudiantiles que están al servicio de la administración de la USAC, y bailan al compás de los directores y decanos serviles  Murphy Paiz–; y Planilla 3. MEUC –la marca de la que se hicieron los mediocres y uno que otro reciclado del Frente Estudiantil.

Es así que hay menos participación de “marcas”, menos interés por involucrarse en la política estudiantil por parte del grueso del estudiantado y una caída catastrófica en la votación a menos de la mitad de la participación efectiva de hace dos años. Veamos entonces cómo les fue a las actuales planillas en comparación a la elección pasada en el rendimiento de votos; en 2017 los 15,210 votos se repartieron así: Panilla 1. Reto Usac  con 2,757 votos, el 18.13% de los votos emitidos, que le dio la victoria en 2 unidades académicas; Planilla 2. Frente Estudiantil con 6,949 votos, el 45.69% de los votos emitidos, que les dio la victoria en 13 unidades académicas; Planilla 3. MEUC con 4213 votos, el 27.70% de los votos emitidos, que les dio la victoria en 5 unidades académicas; Planilla 4. CREE con 919 votos, el 6.04% de los votos emitidos, que se saldó con 0 unidades académicas; 336 votos nulos, el 2.21% de los votos emitidos y 36 votos blancos, el 0.24% de los votos emitidos.

Al igual en la política nacional, el grupo ganador gobierna con la gran mayoría de la población que no le voto o se abstuvo, es así que Frente Estudiantil gobernó con la legitimidad del 4.96% de los más de 140 mil estudiantes que están matriculados en la Ciudad Capital, pues la abismal mayoría no fue a las urnas y la mayoría de los que fueron, votaron por las otras tres opciones. Una democracia acéfala como la que esta constituida en el régimen político del país.

En las elecciones de este año, los 7,252 votos se repartieron de esta manera: Planilla 1. Consciencia con 2,586 votos, el 35.66 de los votos emitidos, ganando 12 unidades académicas; Planilla 2. Estudiantes como Vos con 2,267 votos, el 31.26% de los emitidos, ganando 7 unidades académicas; y Planilla 3. MEUC, llamado a ganar las elecciones, pero degradado por el peso muerto de los mediocres y oportunistas que se hicieron con la marca, con 1,823 votos, el 25.14% de los emitidos, para ganar 2 unidades académicas; 514 votos nulos, el 7.9% de los emitidos y 62 blancos, el 0.85% de los emitidos. Todas las planillas actuales, al igual que la elección, son la mera sombra del proceso anterior. Consciencia que es la marca ganadora de las elecciones en 2019, tendrá los cargos, mas no ejercerá el poder efectivo –como su antecesora Frente Estudiantil– al tener una legitimidad 1.62% de los más de 140 mil estudiantes, que seguramente son muchos más matriculados en 2019 en la Ciudad Capital, que en su mayoría no concurrieron a las urnas. Este dato cae aún más si el cálculo se hace sobre la población total de matriculados en todo el país, más de 210 mil en 2018.

La mentalidad zopilote, un fenómeno cíclico

El modelo de una AEU ultra presidencialista al calco del régimen político presidencialista del país, heredado de las dictaduras caudillistas de finales del siglo XIX y toda la primera parte del XX, ha demostrado de manera aún más acentuada a la elección pasada, la bancarrota en la que se encuentra el movimiento estudiantil, que quiera y no ha podido recuperar sus tradiciones democráticas que derrotaron a la dictadura Cabrerista en 1920 –cuando nació al calor del fuego la AEU–, y que dentro de la misma dinámica de un secretariado ejecutivo cerrado tendiente a volverse una elite parasitaria que se coloca junto a sus interés sobre las masas estudiantiles, guarda el germen del fenómeno que fueron, son y serán los zopilotes que tienden a eternizarse o a colocar a sus títeres en los cargos de representación, no solo en la AEU, también en las Asociaciones de Estudiantes de las diferentes unidades académicas, los Consejos Directivos y el propio Consejo Superior Universitario, para mantener de esa manera las prebendas y los privilegios, importándoles poco o nada la dignificación del gremio estudiantil. 

El fenómeno es aún más profundo, y tiene más que ver con la ausencia de la participación estudiantil de las amplias mayorías, que con la composición social de la misma dirigencia estudiantil. Esto quiere decir que no sería posible que los mismos de siempre y sus herederos se estén repartiendo las cuotas de poder y de representación estudiantil, si la gran mayoría del estudiantado se integrara de lleno en el que hacer de la política estudiantil. Si la volviera suya, la recupera no solo como un símbolo, sino como una herramienta de lucha que volviera a darle al pueblo de Guatemala, también avasallado por esta misma enfermedad, un arma para empezar a alzar la frente contra los que tiranizan la vida social y mantienen al pueblo aterrorizado y ensimismado.

Desde luego que el fenómeno se ha demostrado con el tiempo más profundo, más versátil y creativo. Pues los que hoy dan la cara y se ponen al frente como dirigentes estudiantiles, sin una base social que realmente les interrogue su accionar y sus prácticas, el ejercicio del poder esta siempre encaminado a crear nuevas burocracias y elites estudiantiles, como la que hace muy poco tiempo despojamos del símbolo; si el estudiante al igual que el pueblo no se hacen participes plenos de la política en sus diario vivir, en los dueños de sus destinos estamos condenados a repetir los males de los que aún no hemos terminado de salir.

Por Leonardo Ixim

La ampliación del Estado de Sitio de parte del gobierno central y su ratificación por el Congreso de la República por mayoría, en varios municipios de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Izabal, Peten y Zacapa, presenta el carácter cada vez más reaccionario de este gobierno.

Según el Decreto Gubernativo 4-2019 del 7 de octubre, los municipios afectados son nueve de Alta Verapaz, uno en Baja Verapaz, dos en El Progreso, 3 en Izabal y uno en Petén. Posteriormente el Congreso, en una enmienda confusa y engañosa el 10 de octubre incluyó en el Estado de Sitio los municipios de Puerto Barrios y Livingston del departamento de Izabal, a orillas del Mar Caribe, exceptuando las áreas urbanas, pero incluyendo las zonas portuarias de Puerto Barrios; este municipio tiene carácter estratégico por tener dos zonas portuarias y estar cerca de la frontera con Honduras.

Por otro lado, el gobernante Jimmy Morales, títere de intereses de ex militares y políticos de derecha, buscaba extender el Estado de Sitio a dos municipios en el departamento de Sololá, los de Nahuala y Santa Catarina Ixtahuacan, por un conflicto limítrofe que ya ha ocasionado varios muertos, donde están involucradas las autoridades indígenas de estos municipios en un departamento alejado de donde está el actual Estado de Sitio.

Para realizar y justificar esta acción el gobierno argumentó que estos municipios y departamentos del norte y nor-oeste del país eran un área donde operaba la delincuencia, el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico, siendo el incidente de la muerte de tres soldados en la aldea Semuy II del municipio de El Estor el pretexto para aplicar el Estado de Sitio; en una operación que parecía programada para lograr ese desenlace, acusar a la población y señalar a Cesar Montes y su  Fundación Turcios Lima de responsables. Este personaje, es un ex comandante guerrillero que actuó como intermediario entre empresarios y campesinos para convencerlos de aceptar los intereses de los primeros, pero que se ha vuelto una molestia para los actores de poder y al parecer fue señalado sin causa alguna de estos hechos.

Las autoridades gubernamentales aducen y señalan cifras de desmantelamiento de plantaciones y laboratorios  de marihuana y de cocaína y la existencia de pistas de aterrizaje clandestinas para el descargue de droga procedente de Sudamérica. Sin embargo, el Ministerio Público y las autoridades fiscales no identifican dónde están estas pistas, plantaciones y laboratorios. Por otro lado, las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación muestran una serie de capturados, pero la mayoría por hechos de delincuencia común. A su vez las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y los comandantes del ejército cuando han sido interpelados por la prensa y por diputados de izquierda aducen que pese a los capturados y los hallazgos encontrados no se ha logrado destructurar ninguna red criminal.

A su vez, funcionarios estatales de derechos humanos mencionan que no registran ni un caso de violación a los derechos, ni de discriminación a la mujer, ni al pueblo Q´ekchi que habita la región, ni a otros pueblos indígenas. Esto en un ambiente de declaraciones cargadas de recriminación por parte de Morales y otros actores contra las organizaciones campesinas y que defienden los derechos humanos, que genera un clima represivo.

Lo cierto de todo esto es que el epicentro de donde se desató el conflicto está en tierras usurpadas por dos grandes empresas, en el municipio de Panzós en Alta Verapaz y de El Estor en Izabal, ubicados al extremo oeste del lago de Izabal, lago con salida al Mar Caribe, en una región rica en recursos naturales, con presencia de comunidades indígenas y áreas protegidas.

En Panzós está Nauraceites, dedicada a la producción de aceite de palma africana, propiedad del grupo corporativo-oligárquico Meagly donde se encuentra la comunidad Semuy II; en El Estor la Compañía Guatemalteca de Níquel, propiedad de la firma suizo-rusa Sol Way, la cual tiene una sentencia de parte de la Corte de Constitucionalidad para que suspenda sus operaciones por falta de consulta a los pueblos indígenas, la cual no ha cumplido. Debido a varios hechos violentos registrados contra campesinos, comunitarios y pescadores,  respondidos por éstos, ante la agresión empresarial.

Como se mencionó en un artículo anterior, esto es solo un indicio del clima represivo que se viene con el nuevo gobierno, lo cual no está exento de continuar con la cooptación y la negociación con algunos liderazgos populares; por ende es importante organizar un plan de lucha para hacerle frente a la aplicación de políticas neoliberales que el nuevo gobierno buscara imponer.