Por Armando Tezucún

A pesar de que durante la campaña electoral afirmó que no subiría los impuestos, el 11 de agosto el presidente Jimmy Morales anunció una reforma tributaria. El motivo de la propuesta es financiar la inversión en salud, educación, justicia e infraestructura.

Básicamente, la reforma trata de enmendar los errores que tuvo la que realizó el gobierno de Pérez Molina en 2012 y 2013, la cual tuvo pocos resultados en términos de recaudación, regresando al régimen tributario vigente antes de 2012. En un inicio se barajó la idea de aumentar el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%, pero en la propuesta final no apareció. Lo mismo sucedió con un impuesto a la telefonía, y otros que gravarían las bebidas alcohólicas, el tabaco y las hidroeléctricas.

La propuesta del gobierno

Los gravámenes que serán cambiados incluyen un ajuste al impuesto sobre distribución de petróleo (IDP), que aumentará Q 3 por cada galón de diésel, queroseno y las gasolinas superior y regular. Con esta variación se espera recaudar Q 2,770.8 millones, el 47% del total que se espera obtener con la reforma. En este caso se hace la salvedad de que si el precio del petróleo sube a US$ 80, se cobrará el 50% del aumento (Q 1.5), y si baja a US$ 60, se cobrará los Q 3. Las tasas del impuesto Sobre la Renta (ISR) también serán cambiadas, esperando recibir Q 2,755,2 millones adicionales.

En el ISR se plantea un ajuste en la tasa del régimen de utilidades, que se aplica a grandes empresas, del 25 al 29%. En el caso del régimen para pequeñas y medianas empresas, se plantea pasar del 7 al 12%. En cuanto a las personas asalariadas, se propone pasar de 5 al 7% para quienes ganen más de Q 300 mil anuales, que son los profesionales y ejecutivos mejor pagados. Los cambios al IDP y el ISR representan el 94% del total que se espera recaudar con la reforma. Según el presidente Morales, la reforma de 2012 desmotivó a que las personas pidieran facturas por sus compras y a través del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) pudieran recuperar parte de su renta personal, a través de la planilla del IVA (La Hora 09/08/16).

Otro impuesto que aumentará es el de distribución del cemento, que pasará de Q 1.5 a Q 5 por cada saco de este material. Este incremento ya había sido propuesto en 2014, en el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación 2015, pero fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad después de una serie de acciones que fueron presentadas ante ella.

Se plantea también aumentar las regalías que pagan las empresas mineras de 1 al 10 % para el oro, plata y platino y del 1 al 3% para otros minerales. “Creemos que el oro, plata y platino deben pagar más porque es un recurso no renovable, muy valioso y no podemos desperdiciarlo como se ha hecho antes. Además, se plantea que la distribución de las regalías sea más justa”, manifestó el Mandatario (Idem).

Por otro lado, se propone que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) apoye a las municipalidades en el cobro del Impuesto Único Sobre Inmueble (Iusi), pues en muchas localidades la población se niega a pagarlo y las alcaldías no tienen los medios para obligar al pago. Al respecto los alcaldes tienen opiniones divididas, siendo que muchas alcaldías indígenas se oponen a esta disposición, mientras que otras municipalidades creen que será beneficiosa.

El resultado esperado de la reforma tributaria

En su conjunto, la reforma tributaria proporcionaría al Estado ingresos adicionales por Q 5.8 mil millones, incrementando la carga tributaria del 10% al 11.5 por ciento. Según el gobierno, el pago del ISR será progresivo, siguiendo el principio de quien tiene más, que pague más. Esto en un momento en que la nueva administración de la SAT ha logrado una recuperación extraordinaria de la recaudación, reduciendo significativamente la brecha fiscal.

Sin embargo, elevar los impuestos al cemento y a los derivados del petróleo sin duda redundará en un incremento de precios y una espiral inflacionaria, y el gobierno no tiene una propuesta seria para evitar tal cosa, apelando a la supervisión del Ministerio de Economía y la Dirección de Atención al Consumidor para que los precios no suban. En cuanto al precio de los derivados del petróleo, el argumento del gobierno es que cuando el precio del petróleo bajó, el de los combustibles y transporte no lo hizo, por tanto, los empresarios del ramo ya tuvieron una sobre ganancia que compensará el aumento del impuesto. Es obvio que este argumento falaz no detendrá la voracidad de los transportistas, que no dudarán en subir los precios.

La postura de los empresarios

Unas semanas antes, frente a los rumores de que se venía una propuesta de reforma, las organizaciones empresariales reconocieron que hay una necesidad de incrementar los ingresos tributarios del Estado. Aquí cabe recordar que Guatemala es el país de América Latina que menos impuestos recauda, el 10% del Producto Interno Bruto, siendo que la media en la región es del 23%. A esta situación ha contribuido la reiterada actitud de la propia burguesía, que una y otra vez se ha opuesto a las reformas fiscales propuestas por diferentes gobiernos.

La coyuntura actual sin duda ha influido en la actitud de los empresarios, pues prominentes miembros del sector financiero, industrial y comercial se han visto implicados, acusados y encarcelados por casos de corrupción o defraudación fiscal, y eso les quita autoridad moral para oponerse a cambios en las cargas impositivas. Los organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, han insistido en para mejorar el gasto social del Estado, la carga fiscal debe ser elevada al menos a un 15%.

Con todo, la propuesta que han adelantado los empresarios es una repetición de la cantaleta que han esgrimido siempre: no hay que aumentarle a los impuestos, sino que hay que combatir el contrabando y convertir al sector informal en formal, obligándolo a pagar tributos, tal como lo declaró el presidente de la Cámara de Industria de Guatemala Javier Zepeda (La Hora 28/07/16).    

A principios de agosto, los presidentes de la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y de la empresarial Fundación para el Desarrollo de Guatemala, José González-Campo y Felipe Bosch, respectivamente, expresaron que es necesario establecer un diálogo entre distintos sectores del país para asegurar la reactivación económica y hacer frente a la necesidad que tiene el Estado de más recursos para cumplir con sus responsabilidades (La Hora 02/08/16). Bosch afirmó que se puede tomar como base los objetivos de los Acuerdos de Paz que sitúan en 13.2% la carga tributaria y el 6% de crecimiento de la economía (El Periódico 03/08/16). Esto resulta irónico, pues las metas de los Acuerdos de Paz nunca fueron alcanzadas debido precisamente a la tenaz oposición de los grupos de la oligarquía.

Al conocerse la propuesta definitiva del gobierno, los representantes empresariales no tardaron en protestar, argumentando que el actual gobierno es ineficiente y malgasta los recursos., y que los aumentos tributarios alejarán la inversión. La postura de la burguesía es que antes de aumentar los impuestos, se debe mejorar la calidad del gasto gubernamental, trabajando con eficiencia y transparencia.

La Comisión de Finanzas del Congreso está a la espera de recibir la propuesta del gobierno. Cuando llegue ese momento, sus miembros convocarán a expertos en temas tributarios, a representantes de los empresarios y a funcionarios de las instituciones pertinentes del Estado para discutir las reformas.

No a los privilegios fiscales

Los grupos que surgieron al calor de las movilizaciones del año pasado, que representan a las capas medias, convocaron a protestas para el sábado 20, bajo la misma consigna que está enarbolando la derecha, no más impuestos para los funcionarios corruptos y ladrones. Esta postura hace el juego a la burguesía, que, como lo ha hecho tradicionalmente, no quiere pagar impuestos, esta vez escudándose en que se los apropiará un gobierno sin autoridad moral y sin un plan comprensible de gasto.

El gobierno demagógicamente sostiene que quienes más tienen deben pagar más, y esto no deja de ser cierto en el caso de los aumentos al ISR. Sin embargo, se hace el ingenuo al pensar que logrará evitar el alza generalizada que traerán los impuestos sobre los combustibles y el cemento, que terminarán perjudicando al pueblo trabajador. Como afirman compañeros diputados y diputadas de Convergencia y otros analistas progresistas, el gobierno debe empezar por eliminar los privilegios fiscales que tienen empresas como maquilas, zonas francas y call centers, además de iglesias, institutos educativos privados (que son empresas que esquilman a los padres de familia) y empresas exportadoras a quienes se les devuelven los impuestos. Estos privilegios, conocidos como gasto tributario, sumarán en 2016 la enorme cantidad de Q 12,841 millones.

Que se graven las ganancias de las grandes empresas

El control sobre los precios solo puede ser tarea de las organizaciones populares, si queremos que sea efectivo. En una coyuntura en que estas organizaciones aún no tienen la capacitad para hacerlo, sostenemos que los impuestos no deben ser de una naturaleza que permitan que los empresarios los trasladen al pueblo. Por ello reclamamos que se graven las ganancias de las empresas, en primer lugar de las empresas monopólicas u oligopólicas, como las de telefonía, el cemento, los bancos y sector financiero, agroexportadoras (azúcar, palma africana), hidroeléctricas, el licor, el tabaco. El aumento de la inversión en salud, educación, vivienda, etc., no puede salir de los bolsillos de pueblo trabajador, sino de las ganancias de los grandes empresarios.

Por Tyscho

El pasado miércoles 17 de agosto amanecieron tomados los edificios que comparten las Escuelas de Historia y de Trabajo Social (S1), así como el edificio principal de la Facultad de Ingeniería (T3). Estas acciones fueron reivindicadas por las Asociaciones de Estudiantes de Trabajo Social (AETS), Historia (AEHAAA) e Ingeniera (AEI), que de esta forma buscan manifestar las problemáticas particulares dentro de sus unidades, como son los cobros ilegales a las y los compañeros estudiantes, la poca trasparencia en la ejecución de los fondos asignados a sus unidades académicas, el nepotismo entre docentes y administradores, el acoso, la prepotencia, la intimidación a las y los compañeros que denuncian estos malos manejos en el desarrollo de la vida universitaria, así como las malas condiciones de algunos edificios como es el caso del S1 donde el espacio físico, las goteras, el estado deplorable de los servicios sanitarios, como la mediocridad docente imperante no pueden ser veladas bajo el manto demagógico de conversatorios y demás pantomimas académicas que no resuelven las necesidades inmediatas de la población estudiantil.

Las acciones estudiantiles se da a un mes de la toma de la facultad de humanidades (FAHUSAC) por parte de las y los estudiantes para detener el proceso ilícito de elección del cuerpo estudiantil que designara al próximo decano es esa facultad; y de la ocupación estudiantil de las instalaciones de la Escuela Superior de Artes (Paraninfo Universitario) para desaforar la imposición de director que había colocado el Consejo Superior Universitario (CSU) a dedo y que ya había cometido varios agravios contra el estudiantado, siendo secretario académico de esta extensión dependiente de la Facultad de Arquitectura y de la misma de FAHUSAC. (Véase “El Socialista Centroamericano” ESCA 223 páginas 6 y 7.)

Las tomas actuales respetan la misma línea de demandas generales a nivel universitario, como lo son la fiscalización del gasto del 5% del presupuesto, que todos los años se le trasfieren a la única universidad pública del país para su funcionamiento. Y que en los hechos es el 3% del presupuesto estatal. Así como el control trasparente de los 120 millones de dólares que el CSU ha pedido a la junta financiera del congreso para poder finalizar adecuadamente el segundo semestre 2016.

Lo más importante y un salto en la subjetividad estudiantil podría encontrarse oculta en la demanda levantada por las y los compañeros en lucha en ambos edificios; así fue como se hizo consigna el apoyo a la toma de Humanidades que derivo en la anulación de la elección del cuerpo estudiantil y en el establecimiento de una mesa de diálogo por parte del CSU que después el mismo rector se encargó de minimizar usando las tácticas gubernamentales de desmovilizar por medio de mesas de dialogo que no buscan resolver los problemas de fondo, pero si dispersar las fuerzas en lucha.

Es así que los estudiantes que hace una semana tomaban sus unidades académicas para denunciar al actual Decano de la Facultad de Humanidades Walter Mazariegos como el centinela del sistema de elecciones en la USAC y que quebranto de la ley orgánica de la universidad busca relegirse por tercera vez consecutiva y por lo cual piden que el CSU lo separe de la decanatura y remueva a su junta directiva. Mazariegos es al cual el actual rector “magnifico” le debe su puesto, ya que es el jefe de la estructura del crimen organizado que acarea a las y los estudiantes de Humanidades –la facultad con más matriculados a nivel nacional– para mantener al bando criminal en sus altos puestos y privilegios a costa de la inmensa mayoría perfilada en la población estudiantil más concentrada del istmo centroamericano, más de 180 mil matriculados en 2015.

Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saludamos la lucha de las y los compañeros estudiantes, verdaderos Sancarlistas que contando solo con sus propias fuerzas buscan quebrantar el dominio de la administración corrupta, tanto en la facultad de humanidades como en la USAC en general. Las herramientas de unidad y lucha de las y los estudiantes, solo se puede forjar al calor de los combates contra los hijos de la reacción y de la violencia que derivaron en la universidad que poseemos hoy, una caja registradora y trampolín político para un montón de advenedizos y oportunistas que quieren ser operadores tecnócratas de la burguesía nacional o una nueva fracción enriquecida a costa del presupuesto universitario. VENDRAN MAS TOMAS Y ACCIONES Y CADA VEZ SERAN MAS CONTUNDENTES, ANTE ESTO LA ADMINISTRACION SOLO PUEDE TEMER A LA NACIENTE UNIDAD ESTUDIANTIL.

Por Leonardo Ixim

Después de una serie de movilizaciones de los sindicatos mayoritarios en salud y educación el SNTSG y STEG respectivamente, señaladas en los números anteriores de este periódico, éstos anunciaron que suspenderían las movilizaciones y bloqueos de arterias de comunicación. Esto a cambio de que el gobierno de Jimmy Morales, elimine la circular de inicios del año donde se prohíbe la entrega de bonos salariales, el incumplimiento de pactos colectivos y se reduce la inversión en estas carteras, afectando directamente los derechos de la población.

Esta situación resintió la economía que se contrajo un 8 por ciento, al ser el Estado un gran proveedor de bienes y servicios. El crecimiento de los ingresos al fisco por su parte, como anunció la Superintendencia de Administración Tributaria, debido a las acciones judiciales contra empresas evasoras y en menor medida los ingresos ordinarios, sobre todo el IVA y el ISR, permiten al gobierno ya sin tener excusas ir cumpliendo, con sus compromisos tanto a la población como a los empleados públicos.

Entrando en materia, una serie de peticiones tales como la exigencia de incorporar a más de 30 mil maestros de 021 a reglones presupuestados como 011, promovida por los sindicatos independientes y el burocratizado STEG, a lo cual el gobierno se comprometió; la necesidad de invertir en salud y educación sabiendo el estado calamitoso de la red de salud pública y la exigencia de que se paguen bonos salariales que se deben a los trabajadores, que es la única forma que tiene estos de nivelar el costo de la vida y que además es presupuesto para un buena atención a los usuarios de estos servicios. Estas peticiones se expresaron en una serie de movilizaciones de estos sindicatos mayoritarios y los sindicatos más pequeños como el del Hospital San Juan de Dios y sus filiales en el interior, o las ya señaladas en educación como SAMGUA, SITRAMCHI y el Magisterio en Resistencia, que obligaron al gobierno a suprimir la circular mencionada.

En ese sentido el anuncio de parte del SNTSG y el STEG aglutinado en POVRES, de suspender los bloqueos y manifestaciones era una medida errónea e ilusa, porque a la vuelta de la esquina tras un amparo aceptado por la Corte de Constitucionalidad puesto por la Cámara de Comercio, el ministro gobernación anunció implementar los protocolos para desalojos.

Nuevamente los sindicatos anuncian la suspensión de las negociaciones, recordemos que, en el caso de salud, hubo dos espacios paralelos, el SNTSG que se sentó directamente con el presidente, y los otros 51 sindicatos, entre ellos el del Hospital San Juan de Dios, el cual rivaliza en tamaño al primer mencionado, que se sentaron con la ministra de salud.

La actitud del SNTSG obedeció a un cálculo de buscar acuerdos directos con el presidente, sin embargo, atrás de todas las exigencias justas que levantan, está también la búsqueda de acuerdos para la dirigencia de este sindicato, que anunció el rompimiento de las negociaciones aduciendo la falta de secretividad. En educación por otro lado, se realiza la toma de algunas dependencias, y bloqueos de algunas aduanas, lo cual obedece a la exigencia de la base sobre la dirección, con respecto a estos acuerdos.

En la reunión de los 51 sindicatos y la ministra Mack, se llegó a compromisos que de parte del ministerio implican la disponibilidad de pagar las bonificaciones atrasadas, y de parte de los sindicatos de no exigir, a diferencia de como lo hace el SNTSG, el pago de viáticos a los directivos para actividades sindicales, lo cual es correcto porque eso los hace dependientes de los jerarcas de turno, la revisión de plazas fantasmas y de subsanar los métodos de contratación sobre todo para directores de hospitales y de áreas, ya que muchos son contratados por amiguismos con los funcionarios de los ministerios.

De igual forma, la inversión en la atención primaria en puestos y centros de salud local, pero como mencionan los miembros del Sindicato del San Juan de Dios, esto debe ser una prioridad a mediano plazo, como a la construcción de hospitales de segundo y tercer nivel. Pero a corto plazo es importante el abastecimiento de los grandes hospitales capitalinos y de las cabeceras departamentales, donde se concentra la mayor población.

Consideramos que todos los acuerdos entre las autoridades ministeriales, el presidente y los sindicatos en todo el Estado, deben ser conocidos por la población y las bases de los distintos organismos sindicales. Además, es importante que las bases promuevan la unidad sindical, con respecto a la defensa de los derechos laborales, los cumplimientos salariales y la necesidad que los empleados den un buen servicio a sus pares de la clase trabajadora guatemalteca.

Por Armando Tezucún

La oleada de protestas y movilizaciones populares no se detiene. Durante la última semana de julio fueron los compañeros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) quienes manifestaron en la ciudad capital. Varios miles de campesinos partieron de diferentes puntos, para confluir en una marcha rumbo a la sede de la Corte Suprema de Justicia y la del Congreso de la República, finalizando con una concentración en la Plaza de la Constitución.

Los compañeros expresaron diversas demandas, entre ellas la renuncia de los diputados acusados de corrupción, la nacionalización de la industria eléctrica, la investigación de actos de corrupción de presidentes anteriores como Álvaro Arzú y otros, la eliminación de subsidios a las grandes empresas mediante la derogación de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y la Ley Emergente para la Conservación del Empleo. También se exigió el cese de la persecución y capturas contra luchadores de las comunidades que adversan a empresas mineras o hidroeléctricas. Estas peticiones ya se habían formulado en acciones realizadas en febrero y mayo, pero el gobierno hasta el momento no ha dado respuesta. Durante la movilización también se pidió la renuncia del presidente Jimmy Morales.

Los compañeros de CNOC y CODECA se ponen a la cola del MP y la CICIG

A pesar de que las exigencias de los compañeros son correctas, y de que compartimos la demanda central de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional en la que deben confluir los movimientos populares, creemos que hay dos puntos que señalar. CNOC y CODECA lamentablemente han caído en el error de otras organizaciones populares y partidos de izquierda, error que comparten con ongs de derechos humanos y el sinfín de pequeños grupos surgidos de las “protestas de la plaza” el año pasado, de respaldar a los organismos del Estado burgués, que con el apoyo de la embajada gringa están llevando a cabo la persecución de funcionarios corruptos, siguiendo el plan de los Estados Unidos de fortalecer la institucionalidad de los Estados del Triángulo Norte para implementar el Plan Alianza Para la Prosperidad.

En el comunicado del 26 de julio, CODECA afirma: “Los guatemaltecos debemos estar vigilantes y salir a las calles para exigir al Ministerio Público –MP- que siga investigando a toda la caterva criminal que tiene cooptado al Estado. Exigir a los jueces que actúen con capacidad para condenar a los criminales y podamos tener una Guatemala en paz, con seguridad y justicia” y “…Debemos apoyar a la CICIG y solicitar que siga desmantelando a los demás grupos criminales –de cuello blanco- que han secuestrado al estado a través de los partidos políticos”. Aclaramos a los compañeros de CNOC y CODECA que una “Guatemala en, paz, con seguridad y justicia” jamás dependerá del buen funcionamiento de los jueces y las dependencias del Estado burgués, que en última instancia defienden los intereses de los empresarios. Las instituciones del Estado burgués, como el organismo judicial, el MP y la CICIG, jamás van a resolver los graves problemas de salud, educación, vivienda, falta de trabajo, falta de tierras, bajos salarios, usurpación de los territorios por parte de empresas agroexportadoras y de energía; mientras el pueblo guatemalteco no tenga resueltos estos problemas no habrá verdadera paz ni democracia, y la solución, como bien afirman los compañeros, es una Asamblea Constituyente de los trabajadores y los pueblos, realizada por las fuerzas populares y por nadie más.

Por eso llamamos a los compañeros de CNOC y CODECA a no confiar en las instituciones del Estado burgués, como los jueces, el MP y la CICIG, que en última instancia están para defender los intereses de los empresarios y la embajada gringa. Si antes el imperialismo estadounidense dominaba a través de la represión brutal, ahora nos quiere dar atol con el dedo, y cambiar algunas cosas para adormecernos haciéndonos creer que la “democracia” funciona; esta es la nueva política de los Estados Unidos para neutralizar las protestas populares, mantener el statu quo y proteger sus intereses.

Una ruptura lamentable

Esa última semana de julio se evidenció la separación entre los compañeros de CNOC y CODECA, y el Sindicato del Hospital San Juan de Dios. Esta había sido una alianza esperanzadora, pues unía en la acción a dos sectores beligerantes, campesinos, por un lado, y trabajadores estatales de salud por el otro.

El 12 y 13 de marzo pasado, en una gran asamblea, delegados de comunidades adscritas a CODECA decidieron crear su propio instrumento político para impulsar el proceso de Asamblea Constituyente Popular Plurinacional. Este nuevo partido se llamará Movimiento Político para la Liberación de los Pueblos. Entre las justificaciones para su fundación adujeron que los partidos políticos de izquierda están “en contra del despertar político de los pueblos indígenas y campesinos” y llamaron a esta izquierda (WINAK, URNG, ANN –Convergencia-) “tradicional y neoliberal” (Comunitariapress, 15/03/16). Dado que el Sindicato del Hospital San Juan de Dios tiene una fuerte presencia de compañeros de URNG, la ruptura no se hizo esperar.

Tres días después de la marcha de CODECA, los compañeros hospitalarios realizaron su propia acción de protesta, frente a las instalaciones del Ministerio de Salud. Esta vez fueron acompañados por un sector de vendedores de los mercados y estudiantes universitarios.

Creemos que es un hecho progresivo que surja un nuevo partido de izquierda, en especial si representa a indígenas y campesinos, pero no debe ser a costa de la ruptura entre dos importantes sectores en lucha. En estos momentos el movimiento popular guatemalteco lo que necesita más es la unidad, para resistir la nueva embestida del imperialismo disfrazada de reformas democráticas.

Más protestas de maestros y salubristas

El jueves 4 de agosto nuevamente los sindicatos mayoritarios de educación (Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala –STEG)) y salud (Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud -SNTSG) realizaron bloqueos de carreteras en el interior y de los accesos a la ciudad capital. En cuanto a los salubristas, manifestaron que el presidente Morales se niega a atenderlos, y reclaman el pago de viáticos y de una deuda de unificación de bonos, que se derogue el acuerdo que pone en austeridad a los ministerios de Salud y Educación y que se diga cómo enfrentar las reformas al sector salud; los maestros reclaman que los alimentos para los estudiantes están en mal estado y que los útiles escolares no han sido distribuidos (Prensa Libre 04/08/16).

El gobierno reacciona

Ante las continuas presiones y protestas, el gobierno ha empezado a negociar. El 28 de julio el presidente Morales anunció que 4 mil maestros que están en reglón 021 bajo contrato anual, pasarán al reglón 011, presupuestados en planilla gozando de todas las prestaciones sociales y del escalafón magisterial. Esta es una sentida demanda del gremio, donde 30 mil docentes carecen de estabilidad laboral al ser contratados anualmente como técnicos. La decisión fue resultado de negociaciones son el dirigente del STEG, Joviel Acevedo, a quien todos los gobiernos han privilegiado para negociar acuerdos. La misma demanda plantearon los sindicatos independientes del Magisterio en Resistencia, pero el gobierno los dejó plantados. Estos compañeros exigen que los 30 mil maestros 021 pasen de inmediato a ser presupuestados, puesto que hay 40 mil plazas de docentes en el Ministerio que están vacantes. El acuerdo con Acevedo es pasar a planilla a los docentes por bloques, esta vez 4 mil, después otros 4 mil, y así hasta completar los 30 mil. No sabemos si el gobierno cumplirá con beneficiar a la totalidad de los 021, pero lo más seguro es que lo primeros en beneficiarse serán los del sindicato de Acevedo, e incluso que la condición para tener el beneficio sea estar afiliado al STEG. Esto planteará un reto para los compañeros del Magisterio en Resistencia.

A principios de agosto el presidente pidió a los ministros de Educación y Salud iniciar un diálogo con los sindicatos de trabajadores de sus carteras. El ministro de educación Óscar Hugo López anunció que el 3 de agosto se reuniría con el STEG y Joviel Acevedo; mientras que la nueva ministra de Salud y Asistencia Social, Lucrecia Hernández Mack (una profesional vinculada a ongs de derechos humanos y sin duda puesta en el cargo a sugerencia de la embajada gringa), se reunió el día 5 con los secretarios generales de los sindicatos de salud. En el sector existen 54 sindicatos y todos estaban convocados, sin embargo, solo se hicieron presentes los minoritarios, ausentándose el SNTSG. Los sindicalistas plantearon sus demandas de que los servicios de salud están abastecidos y que haya un aumento del financiamiento para el pago de sueldos y la compra de insumos y equipos. Hubo un consenso en la necesidad de combatir la corrupción en el ministerio. La ministra invitó al SNTSG a participar en el diálogo y prometió revisar el convenio colectivo.

Las negociaciones en educación no son del conocimiento público, un procedimiento que acostumbra Joviel Acevedo. Los compañeros maestros deben exigir a sus dirigentes que los acuerdos no sean secretos, Acevedo siempre oculta las ventajas y privilegios que obtiene para sí y sus allegados en las negociaciones. En salud y educación los compromisos deber ser públicos, sujetos a la revisión y aprobación de las bases, sin beneficios ocultos para los dirigentes.