Por Úrsula Coj

El destape de casos de corrupción de parte de la Cicig y el MP ha evidenciado primero, cómo la corrupción es el modus vivendi de las distintas fracciones de la burguesía o las que se convierten a tal, como la pléyade de militares y civiles cercanos al moribundo Partido Patriota; pero también importantes empresarios, banqueros, cercanos a la cúpula oligárquica por un lado y empresarios emergentes por otro, son señalados e investigados penalmente, tal es el caso del mexicano Ángel González y su prófuga esposa, dueños en Guatemala de los principales canales de televisión abierta y de la cadena radial Radio Sonora.

Esto provocó la reacción de este empresario mexicano, así como de ex militares versados en tareas de inteligencia y operaciones psicológicas, algunos enjuiciados actualmente, quienes iniciaron una campaña de desprestigio contra Thelma Aldana e Iván Velázquez, involucrando a la primera con Juan Carlos Monzón, convertido en delator en las investigaciones de estos entes. Sabemos cómo llegó Aldana a su puesto -con el apoyo de la casta del Patriota y de sus operadores- pero ya sea por convencimiento, audacia, o por ambas, ha jugado un papel aplaudido por la población, en lo respecta a perseguir penalmente a la mafia de Otto Pérez y Roxana Baldetti.

Pero esto provoca además disputas comerciales entre distintos grupos de medios de comunicación, pues la ofensiva de Ángel ataca a los intereses de los medios cercanos a la oligarquía o núcleos de esta, como Prensa Libre, Guatevisión, El Periódico o el Grupo A (dueños de Emisores Unidas), Canal Antigua, etc.; que ni lentos ni perezosos buscarían apropiarse de las frecuencias radioeléctricas del primero.

Recordemos que la Cicig nace por pedido de las organizaciones civiles y sociales, vinculado al Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Desmilitarización, dentro de los Acuerdos de Paz, más que por una intromisión pura del imperialismo estadunidense. Aquí se evidencia la falta de capacidad de las fuerzas de izquierda y sociales para mínimamente realizar reformas democráticas, de allí su esperanza en los organismos internacionales como la ONU, donde siempre existen distintos niveles de influencia imperialista.

En la práctica, la Cicig ha sido usada para favorecer algunas elites en detrimento de otras, por ejemplo, en la época del español Castresana y sus acuerdos con el Grupo Multiinversiones para lograr apresar al expresidente Portillo, por distintos casos de corrupción. Otro sonado ejemplo fue el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, que en un video acusó a Álvaro Colom y Sandra Torres, de su posible homicidio, probando la Cicig que éste se suicidó y exculpando a la pareja presidencial.

Por su parte, Velázquez y Aldana coinciden plenamente con los intereses estadunidenses de limpiar su patio trasero en el marco del Plan Alianza para la Prosperidad, por encima de los intereses de oligarcas y mafiosos, es decir, el macro poder de la potencia sobre las rencillas fraccionalistas de la burguesía, para garantizar el sostenimiento del modelo, aun sobre los intereses de corto y mediano plazos de los grupos empresariales. De ahí que las reformas constitucionales en el sector de justicia vayan en esa línea, buscando crear un poder judicial como casta independiente tal como funciona en otros países

Otro debate sucedido en los últimos días fue la declaración del encuentro del Foro de Sao Paulo realizado en San Salvador. En la resolución final argumenta que la Cicig -pese a sus logros, dice- es un instrumento del imperialismo, resolución razonada por Urng y Winak quienes no comparten esta posición –punto de vista que no fue tomada en el documento final- y que también dividió al partido Convergencia, entre la ala del ex comandante Monsanto a favor de lo acordado en el FSP y los que proceden de la sociedad civil, con los diputados Álvaro Velázquez, Sandra Morán y Leocadio Juracán, que se opusieron a la declaración. Esta situación ha sido aprovechada por Rubén Zamora, director del El Periódico, miembro de la SIP y cercano al Departamento de Estado, quien se ha convertido en paladín de la lucha contra la corrupción y sueña con ser presidente apoyado por los gringos, al escribir en una columna sobre los acuerdos que Ortega y Correa tienen con González, siendo socios de medios en Nicaragua y Ecuador respectivamente.

Por último, otro altercado sucedido recientemente fueron las declaraciones de Velázquez sobre que hablar de injerencia extranjera es infantil, ante los evidentes acuerdos y respaldos de los organismos de justicia estadunidense para con la Cicig y el MP; la reacción fue de la extrema derecha y grupos pro empresariales, que retomaron en parte el discurso anti-injerencista asumido en marzo pasado por el gobierno y el nuncio apostólico.

Por Leonardo Ixim

El Ministerio Público y la Cicig siguen evidenciando casos de corrupción sobre el saqueo del Estado que realizaron la banda del Partido Patriota (PP) y el ex binomio presidencial, ahora con el caso de Cooptación del Estado y un caso aledaño, la Coperacha; así como otro caso relacionado, pero en el ámbito electoral, sobre financiamiento ilegal a partidos políticos.

En el caso denominado Cooptación del Estado, el Partido Patriota, fundado a inicios de la década pasada por una pléyade de ex militares, políticos y empresarios, con el financiamiento de los principales grupos corporativos, se dedicó a saquear -como práctica habitual de la burguesía- al Estado de Guatemala.

Pero no bastándole el financiamiento de los principales grupos corporativos, como el consorcio de la televisión abierta propiedad del mexicano Ángel García, empresas constructoras, bancos importantes, grandes monopolios de los principales oligarcas, como los de los Castillo, Herrera, Sinibaldi, Gutiérrez, etc., funcionarios del PP crearon una pléyade de empresas de cartón a través de las que se financió las campañas electorales de 2007 y 2011, en la que resultó ganador Otto Pérez, para después lograr contratos jugosos con el Estado. Recientemente se han entregado Flavio Montenegro y Sergio Peña, ex gerentes de GyT y Banrural respectivamente.

Esta cooptación ha sido una práctica habitual del Estado guatemalteco desde su fundación a mediados del siglo pasado, alentada por las distintas fracciones burguesas del bloque dominante. Lo interesante es que para el imperialismo gringo es ahora desventajosa para sus intereses; esto coincide con las demandas de algunas capas de la población sobre todo media, de que las instituciones de justicia actúen frontalmente contra la impunidad.

En ese sentido, el sábado pasado la fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Iván Velázquez, revelaron otro caso más, el de la Coperacha, capturando a importantes ex ministros del defenestrado gobierno del PP: Mauricio Bonilla que estuvo en gobernación, los ex ministros de defensa Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio y hay orden de captura internacional contra Alejandro Sinibaldi, quien estuvo en comunicaciones y transportes, y Erich Archilla propietario de varios medios de comunicación del Grupo A y quien fuera ministro de energía y minas. Ya anteriormente por el caso de Cooptación del Estado fue capturado el ex ministro de cultura y deportes, el ex futbolista Dwight Pezzarosi.

En el caso de la Coperacha, los capturados están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, al entregar lujosos regalos a sus ex jefes, Otto Pérez y Roxana Baldetti. Por su parte el Movimiento Reformador, partido que propuso a Sinibaldi presentarse como su candidato cuando éste renunció al PP, sin que esto se concretara y que creó una bancada con diputados tránsfugas de este último pues no logro ninguna curul, adujo desconocimiento.

Por otro lado, otro nuevo caso, el de financiamiento ilegal relacionado a las formas con que el PP financió sus campañas, aparece en la escena. Sin embargo, desde el año pasado el Tribunal Supremo Electoral ya había emitido sanciones pecuniarias a los partidos PP y Lider por campaña anticipada. De igual forma se amenazó con la cancelación de ambos partidos por rebasar considerablemente el techo de campaña, lo cual este organismo no quiso realizar por el temor a desestabilizar aún más al Estado, en el marco de las movilizaciones del año pasado y los factores de poder en pugna.

La Fiscalía de Delitos Electorales investiga ahora 19 denuncias por financiamiento ilícito al PP, señalando de delitos como coacción del elector, privación del acto eleccionario y falsedad material e ideológica con propósito electoral. En ese sentido, el magistrado del TSE Jorge Valenzuela nuevamente amenazó con cancelar al PP y la fiscal general señalo que “un partido así no debería existir” (Prensa Libre 15-06-12).

Con las reformas a la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, además de sancionar al partido -situación que ya se contemplaba- y aumentar el monto de las multas, se individualiza a los secretarios generales y de finanzas por violación a la legislación. Por otro lado, se insta a la coordinación con otros organismos del Estado para detectar los orígenes del financiamiento ilícito. Desde nuestro punto de vista, consideramos que, ante la discusión de las nuevas reformas a la Lepp, que se contempla, los sectores populares deben estar vigilantes para abrir aún más los espacios, sin embargo, repetimos que cada vez es más necesaria, una Asamblea Nacional Constituyente de los trabajadores y los pueblos, que reorganice el país en beneficio de los pobres, oprimidos y explotados.

Por Armando Tezucún

El proceso de discusión de las propuestas de reformas a la Constitución en lo que respecta al sistema de justicia, impulsado por los presidentes de los tres organismos del Estado, con el apoyo del MP, la PDH, la Cicig y organismos de la ONU, inició en abril pasado con una primera fase de discusión a través del llamado Diálogo Nacional. Éste se realizó en los departamentos de Petén, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Zacapa, Jutiapa y Antigua Guatemala, y finalizó el 3 de junio. El 9 de junio fue inaugurada la segunda fase, que consiste en la discusión de las propuestas hechas en los diálogos sectoriales. En esta nueva etapa cada entidad, institución u organización que presentó sus propuestas enviará un vocero, sumando entre cien y 150 personas; se organizarán mesas de trabajo y los temas presentados serán discutidos por separado, todos los jueves, hasta el 28 de julio. Al final, la Secretaría Técnica -integrada por el Ministerio Público, la Cicig, el organismo judicial, la PDH, con el apoyo de organismos de la ONU- hará una síntesis, que será integrada en una propuesta de reformas a la ley que habrá de presentarse al Congreso de la República en septiembre para su discusión y aprobación.

Este proceso de discusión de las reformas constitucionales en el tema de justicia, con la consulta a diferentes sectores de la sociedad, es parte del plan de cambios al sistema político que impulsa el imperialismo gringo, para que la democracia burguesa y el capitalismo funcionen con el suficiente orden y equilibro de manera que su disfuncionalidad no represente una amenaza para el territorio de los Estados Unidos en cuanto al desborde de migrantes y las actividades del narcotráfico. El combate a la corrupción, con la reciente lista de exministros, funcionarios y empresarios acusados y detenidos, va en el mismo sentido.

El sábado 11 de junio se realizó en la Plaza de la Constitución de la capital la concentración de protesta más grande desde el año pasado; pero los cientos de personas que llegaron esta vez carecen de consignas propias, simplemente van detrás de la Cicig y el MP, apoyando las acciones que están realizando. El hecho de que este movimiento contra la corrupción, acuerpado mayoritariamente por las capas medias, se quedó sin banderas, quedó en evidencia en una reunión organizada en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos, en la que 23 organizaciones de la “sociedad civil” que han impulsado el movimiento anticorrupción, junto a la PDH, manifestaron en un comunicado su respaldo al trabajo de una serie de funcionarios del Estado que han estado a la cabeza del combate a la corrupción.

Entre las organizaciones firmantes del comunicado están Justiciaya, Acción UVG, Batucada del Pueblo, Fundación Myrna Mack, Movimiento Semilla, Acción Ciudadana, Otra Guatemala Ya, Universidad Rafael Landívar, y sorprendentemente la Asamblea Social y Popular, Usac es Pueblo y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Prensa Libre 14/06716). Los funcionarios que recibieron respaldo representan la institucionalidad del Estado burgués, que están colaborando con la embajada gringa con su plan de transformar el sistema político de acuerdo a sus intereses: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuradora General de la Nación, el interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal, el Superintendente de Administración Tributaria, la procuradora adjunta I del PDH, el Ministro de Gobernación y la jefa del Ministerio Público.

Resulta sorprendente cuánto ha perdido el rumbo la Asamblea Social y Popular (ASP), al punto de ponerse a remolque de las instituciones del Estado burgués y de la embajada de los Estados Unidos. Más grave aún es que el comunicado, y la ASP, apoya la decisión de “cancelar los pactos colectivos lesivos para el Estado” (Idem), ignorando que este es un pretexto para atacar las conquistas de los trabajadores estatales, en especial los de salud y educación.

Hacemos un llamado a las compañeras y compañeros de la ASP, y a todas las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, de mujeres y populares, a no tener ni un gramo de confianza en los funcionarios del Estado burgués, que se muestran como los paladines contra la corrupción, pero que en realidad marchan detrás de los dictados del imperialismo. La necesidad urgente es conformar un movimiento independiente que presente una alternativa clasista y popular a los planes de reforma del imperialismo, acuerpando, no a los funcionarios burgueses, sino al proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente, plurinacional, de los trabajadores y los pueblos, que transforme de raíz Guatemala a favor de los oprimidos y explotados.

Por Úrsula Coj

El asesinato de otro líder campesino conmociona los sectores populares organizados, mientras los medios de comunicación corporativos le dan poca publicidad al caso, esto en un ambiente en parte mediático donde se revela el saqueo al Estado que realizó la mafia dirigida por el ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Para la población estos hechos y el papel que el Ministerio Público y la Cicig emprenden al ser los entes encargados de acusar criminalmente a estos, genera satisfacción. Como hemos mencionado en otras ocasiones y más a partir de las reformas constitucionales en materia de justicia que estos entes pretenden impulsar con el respaldo del imperialismo, estadounidense y europeo, lo que se busca es lograr que mínimamente funcione la institucionalidad del Estado en el marco de la Alianza para la Prosperidad.

Sin embargo, los grupos de poder fácticos que la Cicig tiene en su mandato investigar, no solamente son los relacionados a los crímenes de cuello blanco. La causa inicial de la existencia de este ente investigativo adscrito a Naciones Unidas, son las estructuras paramilitares vinculados a la formación de impunidad y contrainsurgencia del Estado de Guatemala. En ese sentido, el asesinato de Daniel Choc en el departamento de Alta Verapaz, miembro del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), dirigente comunitario en San Juan los Tres Ríos del municipio de Cobán cabecera de ese departamento, con la finca Rancho Alegre, evidencia que la conflictividad agraria entre comunitarios y finqueros, es asidero para estructuras ilegales al servicio de los empresarios agrícolas y dueños de fincas.

Este departamento presenta el cuadro de mayor cantidad de casos de conflictividad agraria, pues históricamente se plantó cultivos como café, cardamomo y más recientemente palma africana y actividad minera e hidroeléctrica a costa del despojo de las tierras de campesinos mayas. En el caso que mencionamos, desde ya hace unos años, los guardias de seguridad de la finca, han amenazado a miembros de esta comunidad y de otras aledañas a la finca, entre ellos a Choc y su familia; de hecho, existe una denuncia en la fiscalía regional del departamento, que únicamente ha realizado citaciones conciliatorias con los agresores.

El Ccda y las comunidades campesinas e indígenas de este departamento en los últimos años han realizado una serie de movilizaciones, formando parte de la Marcha Indígena y Campesina de mediados de 2012, donde se le exigió al gobierno de Otto Pérez que solucionara diversos casos de conflictividad agraria, entre ellos el caso en mención. Como parte de los Acuerdos de Paz, se buscó vía mercado la compra y venta de tierras por parte del Estado, por medio del Fondo de Tierras, para traspasarla por medio de créditos a los grupos campesinos; por otro lado se creó la Secretaria de Asuntos Agrarios adscrita a la presidencia, para solucionar conflictos.

Pero en la práctica este intento de distribuir tierra no ha sido beneficioso para la población campesina, pues por un lado muchas de ellas no son productivas, no existe suficiente crédito para impulsar la producción y por otro, la deuda de estos grupos -que en algunos casos se ha logrado reducir- agobia a la población trabajadora de la tierra. En el caso en mención, desde el 23 de abril de 2015 estas comunidades habían sentado a las instituciones mencionadas y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Ganadería, para que resolvieran la conflictividad en un plazo de cuatro meses, lo que no se cumplió.

En julio del año pasado, según informa el Ccda, se emitió el Acuerdo Gubernativo 181-2015 donde se establece una ampliación presupuestaria para resolver el conflicto entre esta finca y las comunidades Cerrito Samox, Ixloc San Pedrito y San Juan de los 3 ríos, sin que hasta la fecha se sepa cómo se uso ese dinero. El 28 de abril se reunieron por intermediación del diputado por el partido de izquierda Convergencia, Leocadio Juracán, con el coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Rokael Cardona y entre el 11 al 17 de mayo hubo reuniones con las instituciones estatales mencionadas.

Sin embargo, este finquero realizó este golpe para menguar la resistencia de las comunidades, que reclaman garantía de su propiedad y para más azuzar, la gobernadora departamental señaló que el asesinato de Choc fue producto de conflictos entre comunitarios, algo que el Ccda frontalmente negó. Por otro lado, esta organización exigió que el presidente Jimmy Morales renuncie, ante su incapacidad de solucionar la problemática agraria.

Esta problemática se repite en distintos puntos de la geografía del país y tiene varias aristas, relacionadas ya no solo a la posesión formal de la tierra, sino a la disputa de los territorios y de los factores naturales como el agua. Reclamamos al MP y la Cicig la investigación exhaustiva del asesinato de Daniel Choc y el castigo a los culpables.