Por Tyscho

El pasado 18 de marzo se celebró el tradicional “Desfile de Huelga de Todos los Dolores del pueblo de Guatemala”, más coloquialmente conocido como Desfile Bufo –por la acepción de Bufón: único personaje de la corte real, con el permiso de reírse del Rey–. La Huelga, conocida así por las y los Sancarlistas, estudiantes de la única universidad pública del país (USAC) en su 118° aniversario de celebrarse, sobreviviendo un año más al desmérito causado por los usurpadores de las históricas organizaciones de lucha estudiantiles, como lo fue la combativa Asociación de Estudiantes Universitarios (A.E.U), secuestrada desde hace más de una década –el último proceso de elección democrática se dio en el año 2000– y del “Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores de la A.E.U” (coloquialmente llamado: Hono). Este último actualmente funciona como brazo armado y grupo de choque de la AEU, en contubernio y más solapadamente de las autoridades universitarias y del Consejo Superior Universitario (CSU), como herramienta para reprimir y someter a la avanzada estudiantil que busca rencausar el movimiento a su valor tradicional de lucha, junto al pueblo de Guatemala.

La Huelga de Dolores nació bajo el plomo y la persecución de la dictadura Cabrerista –Manuel Estrada Cabrera– (1898-1920), como un movimiento estudiantil contestatario que usaba la sátira para arremeter contra las arbitrariedades, abusos y constantes agravios que el pueblo recibía de sus gobernantes, muchos de estos, dictadores sangrientos, tiranos y verdugos del pueblo. Esa es la razón de ese jolgorio jocoso de “Id y Satirizarlo Todo”, que no era más que la representación y denuncia de los constantes dolores y sufrimientos por los que pasaban las masas, de ese amplio espectro que se nombra y se entiende por pueblo; riéndose de las injusticias que contra ellas cometían los ricos, los poderos y los poderes oscuros que siempre –y solo durante periodos cortos no– dominaron y domina la vida nacional, su economía, política y su orden social.

La intransigencia de la historia

La Escuela de historia es un caso particular en la USAC, desde las lógicas y relaciones estudiantiles que han logrado sacar a los tradicionales Sub-Comites de Huelga –estos subordinados del Hono– y de mantener a raya a los representantes de los intereses de la corrompida AEU.

Ya en abril del 2014, El Socialista Centroamericano (ESCA) denunciaba el brutal ataque que sufrieron los compañeros de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Historia (A.E.H.A.A.A) y varios integrantes del Comité Alternativo de Huelga de Historia, junto a demás compañeros y compañeras estudiantes, e incluso contra la Secretaria Académica de dicha unidad. En esa ocasión dicho ataque fue correspondido por el combativo estudiantado de la Escuela de Historia, que expulsó a los “Zopes” (Hono) sin armas y al grito sostenido de:!!AEU VENDIDA, ZOPES A LA MIERDA!!, seguido de una asamblea general de la Escuela de Historia y de la Escuela de Trabajo Social. Ésta terminó descociendo a la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social (AETS) y a su presidente (prófugo), por haber colaborado con los matones, facilitándoles información de los estudiantes de historia que se habían opuesto a las extorsiones de los Zopes contra los vendedores. Estos compañeros posteriormente pasaron a liderar activamente las asambleas estudiantiles informativas que buscaban seguir haciéndole frente a la violencia y el bandidaje del Honorable Comité de Huelga de Todos los Dolores de la AEU.

Joseph Herrera, dirigente estudiantil de la Escuela de Historia, nuevamente fue agredido por los matones de la AEU

La agresión al estudiantado de historia en el 118° desfile bufo

Esas mismas contradicciones en los ideales del estudiantado y de la cúpula usurpadora que ha mantenido cooptada la AEU y la organización de los tradicionales eventos huelgueros (Rey Feato, Declaratoria de Huelga, Velada Huelguera y Desfile Bufo) hicieron que la Escuela de Historia se alejara durante 11 años de dichos eventos, a excepción del año 2015, en que la escuela con una nutrida participación asistió al “Desfile Extraordinario de Huelga” –que escapó al control del Honorable y su grupo de maleantes-, durante las jornadas de lucha por la democratización y la reforma del Estado-Finca burgués guatemalteco.

Las y los compañeros estudiantes de historia regresaron este año, bajo la consigna que la “Huelga de Dolores no es de un grupo o institución, que ésta y sus tradiciones le pertenecen al pueblo, al que se debe el estudiante Sancarlista”. Por eso mismo no participaron en el sorteo –manipulado– de la AEU y tampoco buscaron acreditaciones brindas por este grupo criminal, que no tienen ni validez, ni representa ya nada en la USAC, más que violencia y un historial interminable de agravios cometidos contra el estudiantado.

Por eso mismo el DES-honorable llevó a cabo otro brutal ataque represivo –al estilo de los comandos fascistas– contra el bloque de la Escuela de Historia que se encontraba participando en esta 118° edición del desfile. Para describir los hechos, nos apoyaremos en el testimonio de la compañera Ama Tzunux Sanic, representante estudiantil ante el consejo directivo de la Escuela de Historia (2014-2016):“Cuando ingresábamos a la 6 avenida y 18 calle, algunos compañerxs aprovecharon a ir a almorzar, otros a ver cómo iban los compas del Palín (ITUGS) y nosotrxs unos 12 nos quedamos esperando, yo cargaba un palito para que bailaran con la música de la comparsa que iba adelante (lo dejé tirado) es en este momento cuando estaban preguntando “dónde está el lazo –para hacer saltar a la gente–,” cuando vi que venían corriendo 3 compañeros, atrás venían los zopes encabezados por Bodoque (Marco López), venía golpeándolos y al llegar frente a nosotrxs, empezaron a decirnos que nos fuéramos, que si ya teníamos 11 años de no participara que nos fuéramos a la mierda; Bodoque dijo: “tráigame a Joseph, tráiganme a ese hijo de puta”; dijo que venía sin capucha porque todos lo conocíamos (yo la verdad ni tenía idea que existiera, pero estaba a la par de su hermano Amadeus, a quién tenía de lado derecho) me grito fuerte: “TANTA MIERDA QUE LE TIRAN A LA AEU, NOSOTROS SOMOS AEU, POR ESO VAMOS A DEFENDER, POR QUE LA HUELGA ES NUESTRA Y A LA VERGA” ante la agresión que sufrían mis compañeros, sin pensarlo me moví frente a ellos, alzando las manos para que no les dieran más golpes, deteniendo a mis compañeros para que no respondieran a la agresión, se detuvieron varios golpes que nos podían dar a una compañera y a mí, (no lo hicieron ya que en este momento la población civil estaba tomando fotos y vídeos, ya que iban borrachos y drogados, mujeres que estaban viendo gritaron también: NO MÁS VIOLENCIA) le gritaron a otro compañero que ya sabían que eran de la Asociación y que nos fuéramos a la mierda; grité: SOMOS ESTUDIANTES, ESTE DESFILE LE PERTENECE AL PUEBLO, NO ES PRIVATIZADO DE LA AEU, POR QUÉ DEBEMOS IRNOS, NO ES JUSTO QUE HAGAN ESTO, SON UNOS CRIMINALES, QUE ABUSAN, SOMOS ESTUDIANTES, NO HEMOS HECHO NADA; pedimos que entraran los compañeros al bus y fui la última en subir, grite con fuerza: PUEBLO DE GUATEMALA ESTA ES TU ESCUELA DE HISTORIA, una compañera me pidió que me subiera las gradas y me quitara de la puerta, me negué porque vi que los zopes querían subir y disparar a los compañeros –con armas hechizas–, me quedé en la puerta agarrada de los tubos, ante la intimidación de los zopes les grité: SOMOS ESTUDIANTES, NO LES TENEMOS MIEDO, CRIMINALES. Ellos estaban quebrando los vidrios, luces y retrovisores con bates y palos de madera. Al salir de allí, empezamos la psicosis de preguntar por cada compañerx, a revisarnos y decidir que íbamos a buscar atención médica.

Es lo poco que recuerdo, ya que con la adrenalina no sé si dije o hice otra cosa, lo siento…”

Posteriormente a este ataque, el mismo grupo de zopes liderados por Marco López (alias Bodoque) abordaron y propinaron una paliza al camarada y militante de nuestro partido, Joseph Herrera, cuando este se encontraba en su hora de almuerzo y se dirigía a encontrase con sus compañeros y compañeras estudiantes de la Escuela de Historia, también en inmediaciones de la 6ta avenida de la zona 1. No es la primera vez que nuestro camarada es agredido por este grupo de violentos, ya en el 2014 fue uno de los heridos por interponerse a sus prácticas mafiosas que atentan contra la libertad estudiantil y manchan el legado de las y los compañeros que ofrendaron su vida por la autonomía y combatividad de las herramientas tradicionales de lucha del estudiante Sancarlista.

Por esto y por todos los demás compañeros que han caído víctimas de este grupo, que no es nada más que el heredero de la reacción y el aniquilamiento de dos generaciones de luchadoras y luchadores, desde El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un amplio llamado a todas las fuerzas democráticas de la universidad y a todos los movimientos y colectivos estudiantiles, a organizar un gran frente de lucha; están llamados a iniciar este amplio movimiento de rechazo contra estas burocracias estudiantiles que se apoyan en grupos delictivos. Solo la amplia movilización y participación de estudiantes, trabajadores y profesores de la USAC, expulsará del recinto universitario a estos delincuentes, matones y extorsionadores.

!!LA UNIVERSIDAD ES NUESTRA, ES HORA DE RECUPERARLA!!

Por Armando Tezucún

Los procesos judiciales abiertos por la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público en su combate a la corrupción, y las capturas de funcionarios, ex funcionarios y ciudadanos implicados en ellos, han empezado a causar roces entre el gobierno del Frente de Convergencia Nacional y Jimmy Morales y el empresariado por un lado, y los diplomáticos que apoyan e impulsan este combate por el otro. Entre estos representantes extranjeros destacan el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, y funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas como Valerie Julliand. Recordemos que una de las condiciones impuestas por el gobierno gringo a los países del Triángulo Norte centroamericano para llevar a cabo el Plan Alianza Para la Prosperidad es precisamente la eliminación de la corrupción en la gestión del Estado, la transparencia y un funcionamiento aceptable de la institucionalidad burguesa.

Las declaraciones del nuncio apostólico Theverin

El malestar del gobierno salió a luz pública durante el acto de conmemoración del tercer aniversario de la elección del papa Francisco, organizado por el nuncio apostólico y decano del cuerpo diplomático en Guatemala, Nicolás Thevenin. Este personaje conservador declaró, en presencia del cuerpo diplomático y la cúpula del gobierno, durante el evento: “Un diplomático…nunca puede pretender entender perfectamente todo e imponer a un país soberano y digno, soluciones a los que son problemas reales…No se le puede dictar recetas porque la dignidad de un país y el legítimo orgullo nacional suponen que se respete la dignidad nacional …Ningún país puede permitirse cometer injerencias porque lejos de facilitar el crecimiento del pueblo que requiere ayuda, aumenta las tensiones o prioriza elementos que no son lo más importantes en la situación actual del país.” (La Hora 11/03/16).

El presidente Jimmy Morales respaldó las declaraciones del nuncio y dijo: “Agradeceré que se apeguen al espíritu de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en el sentido de no inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país.” (Idem). “Es necesario que todas las instituciones puedan tener la libertad y la autonomía nacional como internacional. En el caso de las demás instituciones, no puedo hablar si ha habido injerencia o no. En el caso de la Presidencia, bendito sea Dios estamos actuando con total independencia.” (Prensa Libre 12/03/16).

Días después Morales reiteró los velados señalamientos: “Lo que se ve no se pregunta, eso ya la población y todo el mundo puede ver muchos casos donde se rumoran cosas…todos debemos mantener la unidad y diplomacia en los niveles que deben ser mantenidos.” (Prensa Libre 17/03/16). Luego se hizo público el contenido de una carta en envió el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 10 de marzo, a las embajadas y organismos internacionales acreditados en el país, agradeciendo la invaluable cooperación internacional, pero que “Sin embargo, ello de ninguna manera autoriza que los agentes diplomáticos de algunos países y organismos internacionales indebidamente se arroguen el derecho de intervenir en los asuntos del país…Lo que incluye abstenerse de discutir y emitir opiniones de censura al gobierno y otros actores de la vida nacional, en los medios de comunicación…Es posible que algunas intervenciones, comentarios u opiniones que externan algunos representantes de países extranjeros y organismos, lejos de promover el diálogo y la discusión constructiva, pueden provocar o exacerbar diferencias entre los distintos sectores de la sociedad…El señor ministro de Relaciones Exteriores hizo la advertencia que corresponde para evitar que sea necesario tomar otras medidas previstas en la normativa internacional aplicable.” (Prensa Libre 18/03/16). Entre estas medidas está la petición de retirar a los representantes diplomáticos aludidos.

¿Por qué esta reacción del gobierno?

Las acciones del MP y la CICIG que ha llevado a esta postura del gobierno son básicamente dos. La primera es la captura de personeros de la empresa Aceros de Guatemala y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, por defraudación fiscal por US$ 30 millones, a favor de dicha empresa. El fundador de Aceros de Guatemala, Gabriel Abularach, es integrante del Consejo de Administración del Banco Industrial, el más grande y poderoso del país, en el cual tienen un puesto, representante de las familias más tradicionales, dueñas de los grandes grupos corporativos que controlan la economía del país.

“La mayor preocupación entre los grandes empresarios del país es que si la justicia llega a extinguir los bienes de Gabriel Abularach, exista la posibilidad de que el Estado se convierta en un accionista (Minoritario) del BI. Esta posibilidad es todavía remota, pero es real.” (Nomada 17/03/16). Según la revista digital Nomada, una de las posturas de la oligarquía es “…convencer y presionar al presidente Jimmy Morales para que detenga las investigaciones del MP y la CICIG, y que pida que se calle la boca al principal apoyo y financista de la Comisión, el embajador estadounidense Todd Robinson.” (Idem). Recordemos que el año pasado Estados Unidos no dudó en atacar a la poderosa familia Rosenthal en Honduras, acusada de lavado de dinero.

La otra acción es la captura en enero pasado de 16 altos oficiales en retiro, acusados de participar en las masacres del caso Cobán-Chixoy y en la desaparición del niño Marco Molina Thiesen. Estos militares pertenecen a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), principal fundadora del partido de gobierno, el FCN. Entre los acusados figuran César Cabrera y Edgar Ovalle, el primero asesor del gobierno y el segundo diputado y subjefe de bancada del FCN. Además, Estados Unidos tiene recelos hacia otros dos asesores y allegados a Jimmy Morales, los militares Armando Melgar y Ricardo Bustamante.

El partido de gobierno ya había iniciado el ataque contra el MP en el Congreso en febrero, cuando el FCN y los partidos empresariales Visión con Valores (Viva) y CREO intentaron bloquear las reformas a la Ley del Ministerio Público que ponían fin al derecho presidencial de remover al jefe del MP. Además intentaron la aprobación de una norma que obligaba al MP a solicitar una orden de juez para investigar a instituciones o funcionarios públicos. En ambos intentos fracasaron.

La injerencia del embajador Robinson

Desde la coyuntura abierta el año pasado por las masivas movilizaciones de la población contra la corrupción, que se combinaron con las acciones de la Cicig y el MP, respaldadas por la embajada gringa, el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, ha asumido un papel de primera fila, opinando públicamente sobre todos los temas de relevancia en el país, y haciendo acto de presencia en los juicios y actividades claves. La actitud de Robinson pone en evidencia el rol del imperialismo gringo en los acontecimientos y deja entrever que tras bastidores dicta órdenes y dispone líneas a seguir.

La entrevista realizada a Robinson por el diario El Periódico, publicada el 1 de marzo, devela su papel, y explica los temores del gobierno y la oligarquía. He aquí algunos extractos del artículo.

“Cualquier político en este país u otros países que no esté luchando en contra de la corrupción, que esté poniendo obstáculos al Ministerio Público, a la CICIG y a sus investigaciones, cualquier político que pone ese tipo de obstáculos no está con nosotros, no está luchando contra la corrupción y nosotros vamos a llamarlos y a decirles exactamente que ellos, siendo elegidos por la población de Guatemala, deben luchar contra este flagelo.”

“Hemos hablado con todos los partidos, no es un secreto para ellos sobre nuestro apoyo al Ministerio Público, al Organismo Judicial, a la CICIG. Estamos apoyando bastante a las tres instituciones y vamos a seguir haciéndolo. “

“Es muy difícil luchar en contra de los intereses de grupos oscuros que piensan que pueden hacer negociaciones bajo la mesa, usando los recursos del Estado para sus intereses; voy a luchar contra esto y no me importa si es un político, alguien del sector privado o un miembro del gobierno.”

Nacionalismo de derecha

La postura del gobierno refleja las preocupaciones de la oligarquía y de la extrema derecha, en especial los veteranos militares. Se expresa por medio de un nacionalismo a conveniencia, de derecha, que busca proteger los intereses del gran empresariado y de los exmilitares que tienen las manos manchadas con la sangre del pueblo que fue masacrado durante la guerra interna.

En cuanto al imperialismo gringo, su actitud es reflejo de su vieja política de utilizar a gobiernos, militares y funcionarios cuando le conviene, pero cuando hay un cambio de líneas políticas, los desecha e incluso se vuelve en contra de ellos y los ataca. Recordemos los casos de Afganistán y los talibanes, Irak y Saddam Hussein, y las dictaduras militares en América Latina durante los años 60s, 70s y 80s, cuyos integrantes ahora son enjuiciados con la venia los gringos.

Los socialistas centroamericanos rechazamos la injerencia abusiva del embajador Robinson en los asuntos internos de Guatemala, así como la política imperialista del Plan Alianza Para la Prosperidad. Sostenemos que el agudo problema de la migración y el crimen organizado es causado por el injusto sistema social y económico que nos han impuesto las oligarquías y el imperialismo. La solución no es un plan de inversiones al gusto de los opresores, sino la transformación revolucionaria liderada por los pueblos oprimidos y explotados del Triángulo Norte. Pero también rechazamos el nacionalismo ultraderechista de la oligarquía y los exmilitares, cuyo propósito es defender sus intereses de explotación y opresión, contra los intereses gringos, que ahora buscan dominar nuestros países a través del funcionamiento democrático de las instituciones del Estado burgués.

Por Leonardo Ixim

Finalizó la designación, de parte de los órganos electores, de los nuevos magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC), proceso llevado a cabo por medio de los siguientes entes representados en esa instancia, la Presidencia de la República, el Organismo Legislativo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Esta forma de integrar la CC es contemplada en la Constitución Política de la República de Guatemala, creada al amparo de la contrainsurgencia y la reacción democrática, que garantizando un marco de derechos humanos derrotó la revolución guatemalteca. Entre sus atribuciones está conocer la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes dentro del entramado jurídico y conformarse como tribunal de amparo, actuando sobre las decisiones de la CSJ, tribunales de apelación y otros, y sobre disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo.

Como vemos, la CC actúa como el máximo órgano en lo que respecta a la primacía de la Constitución Política por un lado. Por otro, como tribunal que puede conocer las resoluciones de los cortes cuando estas actúen conculcando derechos sobre procesados o demandantes de algún proceso judicial. Mucho se ha escrito sobre si la CC tiene que tener la potestad de resolver sobre cualquier materia de amparo; de igual forma sobre el hecho del denominado litigio malicioso, en lo que respecta a si la Ley de Amparo y de Habeas Corpus tiene que ser regulada para que esa práctica, no sea una táctica que entrampe procesos judiciales. Sin embargo, esto tiene su riesgo, pues esa figura jurídica sirve para amparar como se mencionó, algún tipo de violación de derechos a los procesados y demandantes.

Sin embargo, muchas de las resoluciones sobre amparos e inconstitucionalidades de la CC, han servido para amparar las acciones de grandes empresas en temas como licencias mineras e impuestos que les afectan, sobre el ejercicio de derechos colectivos de comunidades, acciones fiscales progresivas o decisiones que afectan a actores con menos poder, etc. La misma estructura corporativa, donde los poderes del Estado, la universidad pública y el Cang, tienen representación, busca que sea una corte que solo represente los intereses de las élites dominantes.

Sin embargo esta disputa entre élites y fracción de la clase burguesa agarra cada vez mas dramatismo cada cuanto se renueva la CC; de tal forma que la hegemonía entre ellas no está dicha para siempre.

En esta ocasión el gobierno fue el que mayor hermetismo tuvo a la hora de elegir a sus dos representantes, eligiendo finalmente a Dina Josefina Ochoa Escriba como titular, una ex jueza sobre la que pesan señalamientos de falta de idoneidad, a raíz de un informe de Cicig donde se le señala de procesos indebidos en el caso de un atentado contra un ciudadano, la falta de investigación del Ministerio Público y el encubrimiento de Ochoa al fiscal general en ese entonces, David de León Argueta; además de que en clara inconstitucionalidad esta abogada es ministra de culto de una secta evangélica (Crónica Numero 149). El suplente es un abogado de nombre Henry Comte, fundador de la pro oligárquica Fundación para el Desarrollo e integrante de la junta directiva del Ingenio Santa Ana, propiedad de la familia Botran (CMI 10-03-15).

Por otro lado, el Congreso de La República eligió a la actual magistrada Gloria Porras, nombrada anteriormente por el gobierno de la UNE y que ahora contó con el aval de esta bancada y como suplente a María de los Ángeles Bohr, catedrática en derecho fiscal y ex funcionaria del Ministerio de Finanzas en el gobierno de la UNE. La CSJ eligió como titular a Neftalí Aldana Herrera como titular y María Porras como suplente, el primero es catedrático de derecho constitucional, fue juez de primera instancia y juez de apelaciones; mientras que la segunda ha sido de igual forma jueza de apelaciones y presidenta de Junta de Disciplina del Organismo Judicial.

El Cang por su parte, eligió en dos vueltas al magistrado titular y al suplente, elección que se hace no por medio de fórmula sino por separado. De tal forma, el titular resultó ser el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos Boanerge Mejía Orellana, quien con su grupo Poder se impuso sobre Oscar Cruz Oliva de Justicia para el Cambio; en esta elección el abstencionismo fue de un 67 por ciento y un 10 % de votos nulos y blancos (CMI 10-03-15). Mejía contó con el aval del capo del narcotráfico Gustavo Herrera, ex operador del Partido Patriota y ahora cercano al partido de gobierno. Para la magistratura suplente se eligió a Ana Fernández del grupo Alternativa Independiente, conformado por abogados de universidades privadas, cercano algunos intereses empresariales que presumen de buscar la honestidad y la probidad.

La Universidad San Carlos, por su parte, eligió -como ya venía cantándose- al ex magistrado de la CSJ, actual director del Departamento Jurídico de la Usac, Francisco De Mata Vela, un burócrata gris señalado de plagio de su tesis de maestría, responsable de la persecución a los trabajadores planilleros que han logrado, después de movilizaciones, estabilidad laboral y de perseguir al estudiante Diego Barrillas por apoyar tal lucha. La elección de De Mata fue votada en el Consejo Superior Universitario por la mayoría de miembros de esta instancia, mostrando el alineamiento de éstos a los intereses de esa burocracia, además de tener vínculos con el capo Herrera; el magistrado suplente es el abogado Mynor Par Usin, miembro de la Asociación de Abogados Mayas, quienes han defendido las resistencias en defensa del territorio de varias comunidades y pueblos.

Como vemos, la nueva CC representará los intereses más conservadores. Tanto Mejía, Aldana, de Mata, Ochoa y con algunos matices Porras, así como la mayoría de suplentes, representan el contubernio de los grupos oligárquicos y emergentes. Por lo tanto nada bueno le espera al pueblo, tan solo la lucha contra estas distintas facciones del bloque dominante.

Por Marcial Rivera

Los ejércitos en Centroamérica han estado siempre al servicio de los grupos oligárquicos. Para nadie es un secreto que, durante el conflicto armado interno, los mismos se dedicaron a reprimir a la población, a masacrar comunidades enteras, pero además a reprimir abiertamente a dirigentes sindicales, estudiantes, y otros líderes. En la región se cometieron muchos crímenes que al día de hoy continúan en la más abierta y descarada impunidad.

La inseguridad -luego de finalizada la guerra interna en Guatemala- se agudizó, y llegó a tal grado de convertirse en un problema nacional. Se formaron los primeros nichos de crimen organizado y de las grandes pandillas que existen en la actualidad. Las primeras pandillas en Centroamérica comenzaron a inicios de la década de los noventas, alimentadas en algunos casos por miembros del ejército. Se han ido nutriendo de distintas fuentes para crecer, y llegar a tener los niveles de poder que poseen, controlando comunidades enteras, sobre todo en los barrios marginales en las áreas urbanas.

Fuera de las manos

Para nadie es un secreto que la situación de inseguridad se ha salido de las manos. Una de las promesas emblemas del gobierno anterior fue precisamente ‘la mano dura’, que solucionaría los problemas de inseguridad que se viven, extorsiones, sicariato, narcotráfico, crimen organizado y un sinfín de problemas más. Este tipo de noticias acaparan los titulares de distintos medios de comunicación, y alimentan el imaginario ciudadano sobre la situación de la inseguridad en Guatemala, de la que se benefician algunos sectores de la sociedad, entre otros, las empresas de seguridad que lucran de esto.

Indudablemente la política implementada en Guatemala, se replica en El Salvador, la de acentuar los niveles de violencia e incrementar el muertómetro, para que la sociedad entre en pánico y que sea la misma la que pida que el ejército retorne a las calles. Parte de ese imaginario es una mayor represión por parte de las fuerzas de seguridad pública hacia miembros del crimen organizado, lo que pasa por el uso del ejército en las tareas de seguridad pública, para combatir y desmantelar a estos grupos, que mantienen en zozobra a la población, para lo que ya se ha intentado usar al ejército en tareas de seguridad. No obstante, no se han dado los resultados esperados, porque el ejército, en el ánimo de combatir la violencia, se ha extralimitado en sus funciones, violando derechos humanos.

Algunos grupos con intereses específicos se encuentran detrás de la estrategia de militarización de la seguridad pública, es muy complicado que cualquier persona tenga conocimientos específicos para armar una bomba y activarla a distancia, esto solo demuestra que los atentados perpetrados en los últimos días, son totalmente atípicos.

Luego de la firma de los acuerdos de paz, las filas del ejército fueron disminuidas, sobre todo, durante los gobiernos de Alfonso Portillo, y Oscar Berger, esto como parte del cumplimiento de los mismos. La constitución define las funciones que debe tener el ejército, y que debe cumplir. Entre otras, plantea la defensa del territorio, y de la soberanía, de manera que no tiene como una de sus funciones participar en tareas de seguridad pública.

Estados de excepción

En otro orden de ideas, cabe mencionar que, en Guatemala, se han aplicado estados de excepción, que han restringido algunos derechos humanos básicos de la población, y también libertades civiles; lo que ha sucedido es que los mismos han servido para perseguir políticamente a personas que se consideran como enemigos con la excusa de que se trata de criminales.

Pena de muerte

La pena de muerte no resolverá nada, no es una prerrogativa que como tal, suponga la disminución de todos los crímenes. El gobierno quiere reactivar la pena de muerte para tener un mayor control sobre la población, porque las condiciones de inseguridad actual limitan el enriquecimiento de los grupos oligárquicos, las condiciones de explotación no son plenas para este propósito.

Hay posiciones encontradas entre distintas autoridades que tienen un poder de decisión importante en materia judicial. La tendencia mundial en relación a la pena de muerte, es precisamente su total abolición. ¿Qué debería hacerse para combatir el crimen? Apostarle a la educación, que tendrá resultados a largo plazo, y además prevenir el delito, apostarle al arte y la cultura, lo que no será posible, mientras gobiernan quienes gobiernan.