Por Leonardo Ixim

El pasado 15 de febrero la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió el dictamen favorable para ser tomando en cuenta en la aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (4783) que empezó discutirse en el Congreso de la República la semana pasada.

En base a la exigencia de las protestas del año pasado, el Congreso aprobó apresuradamente muchas reformas que posteriormente fueron enviadas a la CC. Ésta, en base a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo sancionó la aprobación que el Congreso realizó el año pasado, afirmando ahora la aprobación por artículos y nuevamente la revisión de la CC al finalizar la discusión.

El 1 de marzo se inició la discusión por artículos, aprobando el voto de ciudadanos en el extranjero para el binomio presidencial, aunque deja pendiente el dictamen que podrá extenderse para elegir diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano, lo cual es una demanda de las comunidades migrantes en Estados Unidos, junto a la creación de un distrito especial que represente a los ciudadanos residentes en ese país.

Se sancionó la práctica ilegal del acarreo de votos, estableciendo que el cambio de residencia se dé por lo menos un año antes del evento electoral. Sin embargo, la discusión se empantanó en lo que respecta al artículo 12 y 13 de la propuesta que busca la paridad de género para la elección a diputados, generando una fuerte discusión y suspendiéndose la discusión. Esto se da a partir de la postura machista que toman varios diputados; ante eso las diputadas y algunos diputados cierran filas con el apoyo de organizaciones sociales de mujeres, una división poco común en el Congreso de la República. Estos artículos hacen referencia a la participación equitativa entre hombres y mujeres, ladinos, mestizos e indígenas, poniendo énfasis en que las conformaciones de las listas alternen hombres y mujeres. Sin embargo, todas estas propuestas quedan cercenadas si no se aprueba la formación de listas uninominales o abiertas; situación que no está en la discusión pública. Como forma de salir del atolladero el presidente del congreso Mario Taracena propuso que se mantenga un mínimo para ambos géneros de 30 por cierto de postulados.

El dictamen tiene otros aspectos, en lo que respecta al mantenimiento del financiamiento mixto, solo que con mayores capacidades de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral, incluyendo a la Contraloría General de Cuentas y la Superintendencia de Bancos; individualizando las responsabilidades de los secretarios generales y de finanzas y distribuyendo equitativamente la propaganda electoral en los medios de comunicación. Además de que se prohíbe la reelección del secretario general, se sanciona el transfuguismo prohibiendo a los partidos y bancadas en el Congreso aceptar a diputados que renuncien al partido que los postuló, pero aceptando que sea posible esto en año electoral, aunque sin mencionar a los alcaldes.

El dictamen además aprueba el voto nulo como causante de la repetición de las elecciones si pasa el 50 por ciento, una cifra irrisoria además de no hacer una clara distinción entre un voto nulo producto del descontento y otro del error a la hora de marcar la papeleta. Por otro lado, otra demanda popular del año pasado, la potestad para que los Comités Cívicos Electorales puedan postular diputados distritales convirtiéndose en permanentes -no como en la actualidad que desaparecen después de las elecciones- es calificada como inconstitucional, manteniendo el monopolio de los partidos políticos.

Otro elemento negativo es que limita el crecimiento de los distritos electorales, manteniendo el número de diputados como se encuentra en la actualidad, sin tomar en cuenta el crecimiento poblacional; lo cual es parte de las posiciones de los sectores oligárquicos que buscan disminuir el número de diputados en detrimento de la representación electoral.

De igual forma consideramos negativo el aumento del número de afiliados de 0.30 a 0.35 % del padrón electoral, aduciendo que es una forma de consolidar un sistema de partidos políticos realmente representativos de la sociedad. Sin embargo, lo que esconde este razonamiento es que se busca crear una especie de bipartidismo o tripardismo eliminando la posibilidad de que sectores sociales diversos puedan crear tanto partidos políticos o comités cívicos que los represente, afectando con esto aún más a los partidos de izquierda

Un último elemento que no se regula, es la reelección, manteniéndola indefinidamente para cargos de elección pública. Una de las demandas populares era que se eliminara, nosotros consideramos que mantener una reelección es una forma de reconocer un buen trabajo o consultando a la población se acepta una nueva postulación. Además, no se hace referencia sobre revocabilidad de los cargos, que era otra demanda social. Al finalizar esta edición la Junta Directiva del Congreso no ha puesto fecha para continuar la discusión.

Por Úrsula Pop

El 25 de febrero el Congreso aprobó de urgencia nacional el decreto 5007, Ley Emergente para la Conservación del Empleo. Esta ley reemplaza a las leyes de Maquila y de Zonas Francas, vigentes desde 1989, y fue impulsada para cumplir con la exigencia de la Organización Mundial del Comercio de garantizar una competencia igualitaria entre los empresarios de los distintos países.

La esencia de la nueva ley es que se otorga beneficios fiscales durante diez años, la exención del pago de Impuesto al Valor Agregado, de importación e Impuesto Sobre la Renta, a las empresas de maquilas de vestuario y textiles, y a los servicios de call y contact centers. La ambigüedad de la ley anterior había permitido que empresas de otra índole (panificadoras, químicos, licores, alimentos, etc.) se beneficiaran también de la ley. Estas empresas quedarán sin los privilegios fiscales de que gozaban, y entre ellas están las conocidas Bimbo, Monsanto, Nestle, Kern´s, Malher, Bolik y Disagro.

El nombre de la nueva ley denota la mala intención de los empresarios beneficiados, pues siempre han vinculado la inversión y la creación de empleos con los privilegios fiscales, esgrimiendo la amenaza velada de cerrar empresas y migrar a otros países si no se aprobaba la normativa, un verdadero chantaje. Las maquilas llevan 25 años con privilegios fiscales y nunca han sido el generador de empleo que dicen ser, además los call centers eran empresas ya instaladas que pagaban impuestos; es decir, unas empresas ya no tendrán privilegios fiscales, pero otras empezarán a tenerlos. Además, desde 2009 estos capitalistas gozan del beneficio de pagar a sus trabajadores un salario mínimo menor del que recibe el resto de trabajadores del país. Cabe mencionar que los compañeros diputados de izquierda Álvaro Velásquez y Leocadio Juracán (de Convergencia) y Walter Félix (de URNG-Maíz) se opusieron a la ley en las comisiones legislativas donde se le dio el visto bueno.    

El chantaje de los empresarios maquileros logró que mantuvieran sus privilegios fiscales y además que los dueños de call centers se unieran a esa élite de capitalistas que no pagan impuestos. Es inconcebible que estos egoístas empresarios afirmen que sus empresas pueden funcionar solo si dejan de pagar impuestos a un Estado Guatemalteco que se mantiene desde hace varios años en una constante crisis financiera y no lograr suplir de los servicios más básicos a la población. Exigimos la derogación de esta nefasta ley y que estos mezquinos capitalistas paguen sus impuestos. A las compañeras y compañeros trabajadores de maquilas les llamamos a organizarse para defender sus derechos, mejorar sus condiciones de trabajo y lograr la equiparación de su salario mínimo al del resto de trabajadores guatemaltecos. Si los empresarios cierran, los obreros organizados deben tomar las plantas y ponerlas a trabajar por su cuenta.

Por Tania De León

Desde el gobierno de Oscar Berger, con el consentimiento del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, se ha implementado una nueva forma de contratación para ir minimizando el número de plazas presupuestadas para los docentes. Se instaló una nueva modalidad de contratar a los maestros por un año, sin derecho a escalafón; esto significa que después de años laborados, no se acumula tiempo de servicio para la jubilación.

Con esta maniobra se invisibiliza la labor docente, ya que nos toman como técnicos auxiliares, no como maestros reconocidos en el Estado. A todos estos problemas se une la espera del salario cada principio de año, que tarda entre dos a tres meses para que salga el primer pago, mientras tanto las y los maestros nos vemos en la necesidad de subsistir prestando a bancos, prestamistas que ganarán los intereses dejándonos con menos dinero para poder cubrir todas nuestras necesidades básicas.

Todos estos problemas se han dado con total la indiferencia de los representantes del sindicalismo oficial, que utilizan a los maestros por contrato para sus intereses personales. Las maestras y maestros por contrato no somos visibilizados en las mesas de negociaciones para un pago justo y digno cada mes, y no somos tomados en cuenta en las pocas convocatorias para plazas presupuestadas, que significarían de alguna manera la seguridad laboral.

Con el nuevo gobierno de Jimmy Morales este problema sigue violentando nuestra dignidad, pues vivimos cada principio de año esta angustia monetaria que no es solventada. Ha finalizado febrero y la mayor parte de docentes por contrato no ha recibido un solo salario en lo que va del año.

Somos aproximadamente 30,000 maestros por contrato a nivel nacional. Los sindicatos independientes han intentado protestar, pero la convocatoria es escasa. Es tiempo de organizarse de una forma coherente para hacer valer nuestros derechos; nuestras luchas tienen que transformar este sistema injusto que no nos garantiza el empleo. Maestros y maestras, luchemos por la dignificación de nuestra carrera docente.                              

Por Armando Tezucún

El programa de reforma a las instituciones del Estado y combate a la corrupción impuesto por Estados Unidos como condición para implementar el Plan Alianza Para la Prosperidad, marcha viento en popa. Mientras la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) continúan capturando y procesando funcionarios involucrados en actos de corrupción, el Congreso de la República ha tomado la batuta en la reforma del Estado.

Así, con la venia de la embajada gringa, el nuevo Congreso ha desarrollado durante poco más de un mes de estar en funciones, una inusitada actividad. Antes de cumplir el mes los diputados habían aprobado 17 decretos, la misma cantidad que en todo el año pasado.

El nuevo presidente del Congreso, Mario Taracena de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), inició el cambio en el legislativo dando a conocer el listado de sueldos de trabajadores y la cantidades de asesores contratados por los partidos, causando revuelo en los medios y en la opinión pública. Taracena llegó a la presidencia gracias a una alianza entre la UNE (que ganó el bloque minoritario más importante del Congreso), el bloque Reformador (formado por disidentes del Partido Patriota), el partido Todos, las bancadas de la Unión del Cambio Nacional, Creo-unionistas, Visión con Valores y algunos diputados independientes. Fuera del acuerdo quedaron el partido Lider y el oficialista Frente de Convergencia Nacional-Nación.

En su discurso de toma de posesión como presidente del Congreso, Taracena esbozó la agenda de reformas al Estado, planteando un lineamiento más claro que la vaga y demagógica arenga pronunciada por el nuevo presidente Jimmy Morales. Prometió limpiar la corrupción administrativa del Legislativo y reformar la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Servicio Civil, la Ley del Organismo Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Esta agenda ha sido puesta en marcha, y en el ínterin se ha desarrollado una pugna entre los diputados del partido de gobierno FCN-Nación y las bancadas que controlan la Junta Directiva, en especial la de la UNE. El partido oficial no solo fue excluido de la dirección del Congreso, sino que no logró la presidencia de ninguna de las 52 comisiones legislativas. Esto es grave para el gobierno de Jimmy Morales, ya que no contaría con el apoyo legislativo necesario para sus propuestas.

En los primeros días de febrero fueron aprobados los cambios a la Ley Orgánica del Congreso. Entre las nuevas disposiciones, se restringe y penaliza el transfuguismo, es decir la costumbre de los diputados de cambiarse a una bancada distinta de la del partido con el que fueron electos. Los cambios a la ley entrarán en vigencia un mes después de que sea publicada, y ello provocó una estampida de diputados que cambiaron de bancada horas después de aprobados los cambios. 11 diputados pusieron sus cartas de renuncia, de ellos 8 se pasaron al oficial FCN-Nación.

El presidente Morales y su partido fueron ampliamente criticados por incumplir la promesa de campaña de no aceptar diputados tránsfugas. Javier Hernández, jefe de bancada del FCN-Nación se defendió diciendo que la promesa la hizo Morales, no él, y que la bancada necesita crecer numéricamente; Morales se sacudió el bulto diciendo que como presidente él ya no trabaja con una bancada, sino con el conjunto del Congreso y además representa la nación. La fuga de diputados hacia el partido oficial ha continuado, animada por ofrecimientos y prebendas, y para el 19 de febrero, la bancada del FCN-Nación ya sumaba 30 diputados, igualando a la UNE; con los disidentes, la bancada oficial ganó la presidencia de siete comisiones legislativas.

El fortalecimiento de la bancada oficial resulta peligroso por las leyes que se encuentran en discusión. La Ley de Desarrollo Rural ya fue enviada de nuevo a comisión, al igual que la Ley Nacional de Juventud. La Corte de Constitucionalidad envió al Congreso el 15 de febrero los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que tendrán que ser discutidos por los diputados. La bancada del FCN está objetando las reformas a la Ley Orgánica del MP, oponiéndose al artículo que le resta poder al presidente para destituir a la o el Fiscal General y causando falta de quórum; los diputados del FCN propusieron una enmienda a la ley para que el MP necesite la autorización de un juez competente para solicitar la colaboración de entidades públicas en sus investigaciones, lo que evidentemente obstaculizaría la labor del MP. Los militares retirados que se han refugiado en el partido oficial sin duda tratarán, a través del Congreso, de entrampar los juicos por genocidio contra sus ex compañeros de armas.

Ante el fortalecimiento de la extrema derecha del FCN en el Legislativo, las diputadas y diputados de la izquierda (Convergencia, URNG, Winaq), deben formar un frente común con una agenda legislativa que defienda los intereses de los explotados y oprimidos y frene el avance de la derecha.