Por Leonardo Ixim

La mañana del 9 de febrero sorprendió con la valiente acción de pobladores de los municipios de Nueva Concepción y Tiquisite, al romper los diques construidos sobre el río Madre Vieja por empresarios de palma africana, quienes impunemente han desviado el curso de este importante recurso hídrico, aprovechándolo irracionalmente para sus cultivos.

Al día siguiente los empresarios con un ejército de individuos armados y maquinaria volvieron construir los diques, dejando un hilito del curso normal del río. Pero nuevamente en la madrugada del 14 de febrero los habitantes de ambos municipios del departamento de Escuintla volvieron abrir los diques, aunque como mencionaron los pobladores, los empresarios ya no destruyeron las presas que orientan el caudal natural.

La acción de los pobladores es el resultado de 15 años de agravios por parte de los latifundistas, de palma africana principalmente, pero también de caña de azúcar y banano; desviando los ríos de la región sin que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente (Marn) o Agricultura y Alimentación (Maga) pongan reparos a los abusos empresariales. El enojo además, es producto de una serie de mesas de diálogo infructuosas entre los dueños de los ingenios como Pantaleón, La Unión, Madre Vieja, la procesadora de aceite de palma perteneciente al monopolio Hame y los pobladores.

En este caso, el destape del río Madre Vieja es por los abusos de Hame, que es la misma empresa señalada por la contaminación del río La Pasión en el norteño departamento de Petén, ocurrido el año pasado. Esta empresa es propiedad de Hugo Alberto Molina Espinoza, quien produce la marca de aceite comestible Olmeca; éste, junto a su hermano ya fallecido Alberto, han sido considerados los mayores terratenientes del país, de los grupos oligárquicos más poderosos del pais (CMI 11-06-15).

La heroica acción de los pobladores obligó a las autoridades del Marn, Maga, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos, junto al alcalde de Nueva Concepción (quien ha acompañado la acción de los pobladores), además del grupo Hame y los ingenios señalados, a otra mesa de negociación.

Entre los daños más evidentes, que afectan no solo a los pobladores de estos municipios sino a todo la cuenca de los ríos de la vertiente Pacifico al sur-suroccidental del país, está la contaminación de recurso hídrico por los desechos de las plantaciones, el apropiamiento del recurso para los fines egoístas de estos empresarios y la destrucción del bosque de mangle. Es importante señalar que las tierras ubicadas en estos departamentos, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu y San Marcos, son las más productivas por la riqueza de los nutrientes de esos suelos, pues además de las cuencas de estos ríos que nacen en el sistema montañoso conocido como boca costa y la cadena volcánica, la ceniza de estos colosos, enriquece el suelo. De tal forma que esta región es la de mayor concentración de la tierra en manos de finqueros y empresas agroexportadoras.

El tema del manglar es dramático, pues el desvío del río mencionado, juntos a otros de la región como el Coyolate y el Achiguate, ha provocado que al menos 400 hectáreas de este bosque pantanoso que crece a orillas de las costas sea propenso a secarse afectando con ello ese frágil ecosistema. Los mangles protegen las zonas costeras de la erosión, sirviendo de filtro ante la contaminación provocada río arriba y de escudo ante los fuertes oleajes de huracanes y tormentas, además de proveer alimentos a pescadores artesanales y de ser una fuente de turismo ecológico Se calcula que el desvío de los ríos mencionados ha afectado a poblaciones tanto río arriba como en las costas, al menos 70 mil personas y a doce comunidades, según menciona la Red Manglar Internacional (Cerigua febrero 2016).

Los empresarios azucareros señalaron que una solución sería un uso escalonado para las distintas plantaciones, que también satisfaga a los pequeños agricultores y pobladores en general, así como la implantación de sistemas de riego por goteo de los cuales estos dicen aplicar. Estas serían soluciones parciales, pues consideramos que ahora con la fiebre legislativa se puede exigir la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural y desempolvar la Ley de Aguas, leyes a las que pese a sus limitaciones los sectores oligárquicos se oponen. Hoy más que nunca con la experiencia movilizadora del año pasado, sabemos que no basta solo con la aprobación de leyes, sin plantear seriamente el reordenamiento territorial que pasa por modificar el modelo actual; es imperativa la reforma agraria y un control racional de los recursos hídricos, por medio de una Asamblea Popular Revolucionaria Constituyente.

Por Armando Tezucún

Desde finales del año pasado los medios de comunicación controlados por la oligarquía, y algunas entidades del Estado, iniciaron una campaña de desprestigio contra los pactos colectivos firmados entre los sindicatos de trabajadores del Estado y sus ministerios o instituciones correspondientes. La finalidad última de esta mal intencionada campaña es culpar a los trabajadores estatales de la crisis financiera por la que atraviesa el Estado desde hace varios años, obviando la histórica negación de la oligarquía a pagar impuestos, la evasión fiscal que legal e ilegalmente realiza el empresariado y la corrupción de los altos funcionarios en el manejo de los fondos públicos. Esta es una política regional que están aplicando las burguesías centroamericanas, para hacer pagar a los trabajadores públicos por la profunda crisis de los Estados, utilizándolos de chivos expiatorios, realizando despidos, disminuyendo sueldos y recortando beneficios sociales.

Como ya hemos comentado, el nuevo presidente Jimmy Morales integró su gabinete y equipo de funcionarios con representantes de la oligarquía, de los grupos burgueses emergentes y peones de la embajada gringa. Como consecuencia, la campaña contra los empleados y sindicatos estatales ha continuado, cada vez con mayor énfasis.

El ataque es encabezado por la Procuradora General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán, quien ha declarado perjudiciales para el Estado los pactos colectivos firmados en salud, el Congreso, y el Registro General de la Propiedad.

Los mayores sindicatos del sector estatal son los del área de salud y los de Educación, con decenas de miles de trabajadores afiliados. Las compañeras y compañeros que laboran en estos sectores cumplen funciones de servicio claves para la población, y trabajan en condiciones difíciles, sin presupuesto adecuado, con sus centros de trabajo desabastecidos, con sueldos modestos y en numerosos casos sin estabilidad laboral, pues muchos están sujetos a contratos que han de ser renovados cada año. Otros sindicatos estatales son menos numerosos, y con frecuencia han logrado negociar pactos colectivos que les dan muchas ventajas e incluso salarios muy por encima de los vigentes en el mercado laboral. En estos casos las dirigencias sindicales han obtenido acuerdos con los ministros y directores de instituciones públicas, que sin duda incluyen beneficios para ambas partes, creando grupos privilegiados dentro de los trabajadores del Estado. El caso de los empleados del Congreso de la República destaca dentro de estos últimos; el nuevo presidente del Congreso, Mario Taracena, dio a conocer a finales de enero el listado de salarios, en que secretarias, conserjes, asistentes, contadores, guardias, etc. ganan montos similares a los de los diputados, y que en las empresas privadas corresponden a puestos de alta gerencia. Otros casos similares son los de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (aunque los sindicatos de esta institución negaron la existencia de los sueldos denunciados por la Junta Directiva) y el Registro General de la Propiedad.

Estos casos de sectores estatales que han logrado privilegios, que han implicado acuerdos ventajosos entre dirigentes sindicales y funcionarios, son utilizados para atacar a los trabajadores estatales en su conjunto. La mira sin duda son los compañeros y compañeras de las áreas de salud y educación, que en la historia reciente han estado a la vanguardia de la clase obrera guatemalteca, como los grupos que más se han movilizado en la defensa de sus salarios y condiciones de trabajo.

Según la procuradora Villagrán, los pactos se han firmado sin consultar si existen recursos y sin consultar al Ministerio de Finanzas; ella afirmó que el año pasado el Estado gastó al menos Q 1,100 millones en pactos colectivos, mientras Guatemala atraviesa una grave crisis económica, el Estado no tiene capacidad financiera, y el 50% de la población vive en extrema pobreza (El Periódico 26/01/16).

Villagrán y la oligarquía se rasgan hipócritamente las vestiduras, para esconder que los verdaderos culpables de la crisis financiera son los burgueses y empresarios que se niegan a pagar suficientes impuestos y evaden sus responsabilidades fiscales.

Llamamos a todos los sindicatos estatales, en especial a los de salud y educación (incluyendo a los independientes) a unirse en un solo frente para defender las conquistas de los trabajadores públicos. Es el momento de dejar a un lado las diferencias y elaborar un plan unitario de lucha para enfrentar los ataques de la patronal, que pretende despojarnos de los logros de años de movilizaciones y protestas.

Por Ramona Itzep

A quienes afecta esta crisis del sistema de salud es principalmente a la población que vive en situación de extrema pobreza, la muerte es el diagnóstico esperado, -“No aguanto el dolor, prefiero morirme que estar viviendo todos los días y no ser atendido”, manifestó Mardoqueo Alvarado, de 47 años, quien padece de un tumor en el estómago”- (entrevista realizada por Prensa Libre) cuando se suspende la atención médica en los hospitales nacionales en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Quetzaltenango y se amenazó con extender este cierre de la atención en la consulta externa a los 11 hospitales nacionales, si el gobierno no atendía las demandas de los médicos. Así como cierre del Centro del Atención Permanente –CAP- en San Juan Tecuaco, que dejó sin atención a un aproximado de 15 mil pacientes en ese municipio.

Este juego macabro que hacen con salud de las y los guatemaltecos más pobres, es una burla a la dignidad humana, la cual se evidencia una vez más en el ofrecimiento que en repetidas ocasiones y a diferentes funcionarios a hecho Carlos Vargas, de Zacapa, fundador de la Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida, organización la cual ha sido beneficiaria de fondos estatales; ahora resulta que esta organización en el 2015 ha recibido fondos por Q10 millones del Ministerio de Salud, sin hacerse efectivas estas donaciones. En cuanto a la donación de medicamentos y suministros médicos por parte de laboratorios y organizaciones, la cual se estima que asciende a Q.100 millones, el Ministro de Salud Alfonso Cabrera ha informado que se ha recibido Q3.8 millones en medicamentos y Q40 millones en equipo usado en buen estado, pero también se ha tenido dificultades con algunas de estas donaciones en las cuales la Procuraduría de Derechos Humanos –PDH- ha auditado y concluyó en la existencia de artículos cuya vida útil ya caducó.

Es importante considerar en esta crisis la deuda que ha acumulado durante varios gobiernos el Ministerio de Salud, la cual asciende a la cantidad de Q532 millones, de los cuales, sin embargo, solo existe registro de Q187 millones.

Esta crisis en el sistema Nacional de Salud no solo tiene que ver con desabastecimiento en los hospitales y centros de salud, también se evidencia en los constantes paros que realizan salubristas en consecuencia de no contar con garantías mínimas para la realización de su trabajo. Entre otros factores se encuentran el nepotismo que se realiza para emplear a familiares y amigos de directores, a través de despidos, incumplimiento en el pago de salarios en algunos casos de hasta 6 meses de atraso. Entre los argumentos de los salubristas encontramos “Nosotros hemos prestado un servicio profesional al Estado. Las autoridades deben de comprender que un trabajador no puede vivir sin salario”, por supuesto que se conoce la situación de desatención en que se encuentran tanto los 11 hospitales con que se cuenta a nivel nacional, así como las condiciones en que laboran las y los salubristas, lo cual motiva a realizar estos paros en la atención de las consultas externas, y el desabastecimiento de insumos para la atención en emergencia y a quienes se encuentran hospitalizados, lo cual en muchas ocasiones han resultado en muertes. Los salubristas además piden a autoridades del Organismo Judicial y Legislativo que renuncien a sus dietas, viáticos, salarios elevados y que esos recursos se redireccionen a salud para solventar la crisis que atraviesa este sector.

Apoyamos las demandas de las y los médicos y trabajadores de la salud que hacen a este gobierno para que asignen el presupuesto necesario al Ministerio de Salud y sus diferentes dependencias para el pronto restablecimiento del funcionamiento del sistema nacional de salud priorizando la atención en la consulta externa, sin dejar de atender la salud de forma integral de las y los guatemaltecos.

Por Leonardo Ixim

El recurso de inconstitucionalidad general y parcial al artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional promovido por el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) Alfredo Sosa Díaz, que pretendía incluir los crímenes de genocidio y lesa humanidad como sujetos a no ser revisados dentro de la Ley de Reconciliación, en clara violación a los acuerdos internacionales sobre derechos humanos firmados por el Estado de Guatemala, ha generado ciertas diferencias al interior del ejército.

La acción de Sosa Díaz se realizó después de que Ministerio Público accionara contra 11 militares en situación de retiro por participar en una serie de crímenes contra la población en el marco de la guerra interna, entre los que sobre sale el ex jefe del Estado Mayor en el gobierno de Lucas García, su hermano Benedicto Lucas, jefe del la base militar de Alta Verapaz. Esta es hoy una base de entrenamientos para tropas de paz de la ONU conocida como Creompaz, donde encontraron los restos de población civil asesinada por el ejército. Entre los acusados hay oficiales de inteligencia y operativos implicados en esos crímenes, y el diputado electo por el partido de gobierno FCN Edgar Ovalle ex oficial de inteligencia; recientemente la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de antejuicio puesto por el MP contra Ovalle, decisión que el MP apelará.

La acción interpuesta en los últimos días del gobierno bisagra de Maldonado Aguirre, fue rechazada por el ministro de defensa William Mancilla y el vocero oficial del ejército, aduciendo que fue de carácter personal. Lo cierto es que en tal acción unas abogadas –al servicio de estos sectores- pusieron como terceros interesados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) y la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo que dirige el hijo del quien fuera ex ministro de gobernación en el gobierno de facto de Ríos Montt, Méndez Ruiz.

Posteriormente la Corte de Constitucionalidad denegó el recurso de inconstitucionalidad, aduciendo entre otras cosas una violación a la ley orgánica del ejército, en lo que respecta a la obediencia al poder civil y la apoliticidad de la institución armada. La ley de reconciliación nacional surgió en el marco de la firma de los acuerdos de paz, y buscaba que no hubiera persecución penal contra acciones que en el derecho internacional se reconocen como propias de una guerra, pero no así acciones que internacionalmente son crímenes de guerra.

Un punto importante, más allá de los aspectos jurídicos sobre obediencia al poder civil, es el papel del ejército en una democracia formal. Pues los marxistas tenemos claro que pese a la complejidad del Estado en las actuales sociedades de clases, donde la sociedad civil es un entramado de redes que las facciones de la burguesía siempre tratan de hegemonizar, el Estado busca adaptarse a ese complejo tejido. Pero eso no lo exime de su naturaleza de dominación burguesa y en ese sentido, como se observó en Honduras con el golpe contra Zelaya, el ejército puede ya ser un poder formal y real a la vez, pero seguirá siendo el último baluarte del status quo.

El nuevo gobierno de Morales destituyó a Sosa Díaz; ante eso la abogada querellante de Sosa impuso un recurso de amparo ante la CSJ la supuesta revelación de información clasificada en relación a los casos que se siguen contra militares. Ahora que se abre otro proceso judicial contra el jefe de un destacamento militar y el comisionado militar en la localidad de Sepur Sarco, al noroeste de la capital, por esclavitud sexual contra mujeres sobrevivientes de masacres que el ejército realizó en 1982, se revelan más diferencias internas dentro de la institución armada.

Por un lado una línea de extrema derecha, la cual por el momento esta descabezada con la destitución Sosa y del sub jefe de EMDN, que tiene vínculos con la Fundación Contra el Terrorismo, la Liga Propatria y Avemilgua. Por el otro una serie de militares que denominaríamos institucionalistas cercanos a la embajada gringa y en medio oficiales de alta y de baja que han apoyado a distintos ex candidatos presidenciales como Torres, Baldizón y al defenestrado gobierno de Otto Pérez. Estaremos atentos.