Por Armando Tezucún

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dieron a conocer el 15 de abril otro caso de corrupción en el que están involucrados los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, junto a más de una de docena de personas, muchas de las cuales fueron capturadas. Se trata del proceso anómalo de entrega de usufructo en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), uno de los principales puertos del país, que favoreció a la empresa de capital español Transportes de Contenedores Quetzal (TCQ), perteneciente al grupo español Terminal de Contenedores de Barcelona.

Este contrato fue firmado en secreto, el 11 de julio de 2012, y aunque habla de usufructo por 25 años a favor de TCQ, en realidad se trata de una concesión. El acuerdo estipulaba que TCQ utilizará 348,171.81 metros cuadrados de los terrenos que posee la Empresa Portuaria Quetzal para instalar una terminal de descarga y manejo de contenedores transportados por barcos de mayor calado que los que están en capacidad de recibir las instalaciones actuales de la portuaria. A partir del 4 de agosto los trabajadores sindicalizados de la portuaria iniciaron una serie de acciones, protestas y paros contra el acuerdo, que culminaron con la ocupación de las instalaciones por parte de la policía y el ejército, y un acuerdo de diálogo el 10 de ese mes. A pesar de ello, el miércoles santo de 2013, el gobierno finalizó la entrega de los terrenos a TCQ.

Según la Cicig y el MP, desde que fueron electos, Pérez y Baldetti movieron sus piezas para negociar con TCQ. Contactos claves fueron el ex secretario general de la presidencia y yerno de Pérez, Gustavo Marínez; el ex secretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón (quien ahora es testigo protegido y principal informante del caso); el exinterventor de EPQ Allan Marroquín y el ex subinterventor Julio Sandoval; tres dirigentes sindicales de la portuaria; los ahora magistrados de la Corte Suprema de Justicia Douglas Charchal y Vladimir Aguilar, entre otros.

Por orden del expresidente Pérez, sus operadores contactaron en los primeros meses de 2012 a los directivos de TCQ y su representante en Guatemala, el español Juan José Suárez. El resultado de la negociación fue que habría una comisión para los gestores en el país por US$ 30 millones en efectivo, que incluían a los entonces presidente y vicepresidenta y a los operadores del negocio. El soborno se haría en varios pagos finalizando en 2015, antes de que terminara el período de gobierno de Pérez Molina. TCQ realizó dos pagos por un total de US$ 12 millones, de los cuales Pérez y Baldetti recibieron US$ 4.2 millones cada uno. El tercer pago no se realizó debido al descubrimiento de la red La Línea el año pasado.

Ya el año pasado la PGN había solicitado declarar nulo o lesivo el contrato con TCQ, en base a un análisis de la CGC. Entre otras cosas porque el acuerdo irrespetó la Ley de Contrataciones del Estado; fue firmado por el ex subinterventor Sandoval, quien no estaba facultado para ello; generaría condiciones de monopolio a favor de TCQ; el entonces juez Douglas Charchal intervino para evitar el pago de impuestos para obtener la licencia de construcción; TCQ fue creada en mayo de 2012, y obtuvo el contrato en 27 días; no hubo un proceso de licitación pública. Además, la PGN acusa de responsables a los 14 ex ministros del gabinete de Pérez Molina, que conocieron y firmaron el contrato.

El caso se complica, pues el Banco Mundial, a través de su Corporación Financiera Internacional, no solo dio un préstamo de US$ 61.3 millones para la construcción de la terminal, sino que invirtió US$ 7.7 millones en TCQ, pese a las advertencias del grupo Acción Ciudadana sobre las anomalías del contrato (Prensa Libre 20/04/16). Además, TCQ vendió su proyecto en Puerto Quetzal al gigantesco Grupo Maersk, originario de Dinamarca.

La burguesía local, con su habitual cinismo, se pronunció a través de diferentes cámaras empresariales, porque se deje operar a TCQ, debido a que es “…vital para la competitividad del país” y “El proyecto es más que necesario para el país, aunque la forma de implementarlo no fue la correcta.” (Prensa Libre 17/04/16).

La PGN está convencida de que el contrato debe ser declarado nulo, y el presidente Morales debe tomar una decisión al respecto. Esto a pesar de la implicación del Banco Mundial y Maersk, y posibles demandas y contrademandas.

Coincidiendo con este nuevo ataque de la Cicig contra Pérez Molina, y a un año de la primera manifestación contra su gobierno, las protestas “ciudadanas” se reavivaron, y los grupos que las convocan empezaron a realizar asambleas para coordinarse.

El PSOCA demanda que el contrato sea declarado lesivo y nulo, y que las instalaciones construidas por TCQ, que ya están finalizadas y esperando autorización para operar, pasen a ser propiedad del Estado, bajo el control y administración de los trabajadores de Puerto Quetzal.

Javier Hernández y Juan Manuel Giordano, diputados del FCN-Nación

Por Marcial Rivera

A principios de mes la ciudadanía atestiguaba, a través de los diferentes medios de comunicación, sobre las intimidaciones a las que había sido sometida la gobernadora de Alta Verapaz Estela Ventura, por parte de diferentes diputados del partido FCN-Nación. Éstos presionaron a la gobernadora en cuestión, en una citación que se programó para propósitos de 'fiscalizar' la labor de la gobernadora, quien de la misma reunión salió llorando.

Las intimidaciones se dieron para controlar los Consejos de Desarrollo de Alta Verapaz, que disponen de los fondos para la realización de obras y su concesión a empresas asociadas a diputados del Congreso de la República, además del otorgamiento de plazas laborales en el mismo departamento. Sobre este problema ya se tiene un precedente en el actual gobierno, en ocasión de la administración del Ministerio de Salud. Edgar Ovalle, fundador del partido FCN, confirmó mediante declaraciones a un medio televisivo, que quienes habían participado durante la campaña electoral tenían el derecho de pedir plazas de trabajo en el gobierno, y también con el viceministro de cultura, a quien se supone, diputados de la bancada oficialista han pedido cuarenta plazas.

Antecedente

Por este problema el diputado Juan Manuel Giordano -el diputado más tránsfuga de la historia- fue citado por parte de la Junta Directiva del congreso, en relación a un mensaje filtrado en donde insinuaba presiones al gobernador del departamento de San Marcos, lo que ha generado un crisol de críticas en torno a su actitud en el organismo legislativo y su forma de hacer política. Por esto el presidente Jimmy Morales, pidió que el diputado Giordano, fuera expulsado de la bancada FCN Nación, pero la bancada ignoró la petición. Además, la gobernadora Ventura fue citada nuevamente, y al final fue retenida durante de media hora, para que no diera declaraciones a los medios.

Se sabe que esta reunión a la que fue citada la gobernadora Altaverapacense, era para que los puestos de director general y director financiero del Consejo de Desarrollo, fueran otorgados a miembros de la bancada del FCN-Nación. Debe agregarse que también se han dado situaciones similares en otros gobiernos departamentales, de otros CODEDE's, de otros departamentos, como el caso del Gobernador de San Marcos, Carlos Cardona. El MP ya abrió un expediente contra ocho diputados, por racismo, abuso de autoridad, discriminación, concusión, tráfico de influencias.

¿Nueva política?

Sobre el caso del Ministerio de Salud, habrá que apuntar que el titular de esta cartera del Estado fue citado a la bancada oficialista para que aclarara sobre las declaraciones que dio a los medios de comunicación, y se aprovechó para intimidarle y que evitara dar ese tipo de declaraciones para no ennegrecer la imagen de los mismos. Los diputados que están detrás de las presiones, son oficialistas, pero tránsfugas, de manera que la nueva política, siempre no es nueva, es la vieja política corrupta y clientelar, que busca mantener una forma finquera y hacendaria de administrar la cosa pública. En el fondo las cosas siguen igual, la sola incorporación de diputados tránsfugas de diferentes bancadas legislativas a la bancada oficialista, es una muestra de la falta de coherencia entre las promesas de campaña y lo que en realidad ocurre. Actualmente el FCN-Nación es la bancada que más diputados disidentes ha recibido, a pesar de la constante referencia a la nueva forma de hacer política, pero también de la promesa del presidente Morales de no recibir diputados tránsfugas en su partido.

Esta coyuntura también se da en medio de la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica del Congreso, relacionadas con el transfuguismo y que estipula un plazo, que venció el doce de abril, para quienes quisieran cambiarse de bancada; esta reforma establece la imposibilidad de cambiarse de bancada al menos los primeros tres años del ejercicio legislativo.

Afectaciones

Hay que señalar que estos casos de corrupción y compadrazgo no solamente afectan a los gobernadores, sino también a las municipalidades, porque las mismas pueden -eventualmente- ejecutar obras que el municipio no necesita, pero que lo hacen por presiones del gobierno y de diputados; lo mismo en el caso de las asociaciones intermunicipales. Una consecuencia latente de estos escenarios de corrupción, es que se supeditan las verdades necesidades de las comunidades, a la realización de obra pública ejecutada por empresas ligadas a diputados o a funcionarios de gobierno. Desde este espacio, censuramos estas prácticas y exigimos que sean las estructuras de participación popular, las que decidan sobre la realización de obra pública, frente a la falta de legítimo interés a este tema, por parte del gobierno actual, y la forma corrupta de administrar el Estado.

Presentación.-

Después de un año incansable de lucha unitaria de trabajadores, estudiantes y profesionales, las y los compañeros planilleros han logrado torcer la mano a la burocracia universitaria, que sistemáticamente ha violado sus derechos laborales durante décadas. El caso de los planilleros es sobre manera una lucha gremial que encierra dentro la fuerza real que tienen los trabajadores públicos que luchan constantemente contra el ajuste que la burocracia corrupta trata de imponer, para cargar sobre las espaldas de las y los trabajadores la actual crisis del presupuesto nacional, que no es nada menos que la repercusión de la crisis del sistema capitalista mundial. Ante todos los factores adversos y en una etapa de reacción democrática burguesa que sacudió el país durante el 2015 y que aún hoy sigue imponiendo los programas tenues de las clases medias dirigidos por los operadores de la burguesía y del imperialismo, los planilleros imprimen con su paso firme una lógica clasista que recupera rápidamente los métodos de lucha y de combate político popular, marcando el camino y el sendero a seguir.

Por Diego Barrillas

El 25 de marzo del 2015, se celebraba una asamblea ordinaria del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (STUSC), en la cual se esperaba mi participación como sector estudiantil, esto a petición de varios representantes del sector por planilla. En esta intervención presentaría una propuesta en donde se explicaba el funcionamiento anómalo de las autoridades de turno y la complicidad del STUSC en acciones que violentan la legislación universitaria, el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República de Guatemala.

Los directivos no permitieron mi participación como sector estudiantil en dicha asamblea, acto seguido cancelaron la asamblea general, a pesar de la petición de la asamblea de que se conociera la propuesta creada por el sector estudiantil. Los trabajadores despidieron con una serie de insultos a sus directivos sindicales, acordando futuras reuniones con los estudiantes y así poder conocer más de cerca la problemática. Se acordó conformar un bloque organizado de estudiantes y trabajadores, un grupo de estudiantes y trabajadores por planilla de los departamentos de Urbanización y Remodelación, Medio Ambiente, Servicios Generales y el Regional de Cobán, sumándose a la fecha trabajadores de la Facultad de Ingeniería, Finca Sabana Grande, CUNSUR y San Julián.

Desde inicios de abril 2015 se inició una lucha por el cambio de jornada ilegal que utilizaba la USAC, en donde obligaba a los trabajadores universitarios a trabajar 9 horas, cuando el Código de Trabajo vigente y la legislación universitaria, pactan en 8 horas la jornada laboral legal. A la fecha muchos trabajadores en la propia USAC y centros regionales siguen trabajando una jornada ilegal. Posteriormente se trabajó a favor de los trabajadores de renglones 035 al destajo, que ganaban según lo que trabajaban, y que nunca se les pagó según los cálculos realizados por la autoridad competente. En cuestión de 3 meses se logró escribir una propuesta para que los trabajadores que desempeñan el oficio de albañilería cambiaran a renglón 031, y que actualmente devengan un salario de más de Q 4,600.00 siendo este el salario más alto de un trabajador por planilla; situación que no ocurrió con el departamento de Parqueos, que decidió confiar en el STUSC y que a pesar de cambiar de renglón presupuestario, simple y sencillamente no obtuvieron un cambio de salario.

Se logró que los trabajadores que ocupaban el renglón 035 cambiaran a un renglón presupuestario 031, teniendo derecho a vacaciones pagadas y diferidos económicos, que otorga la USAC al resto de trabajadores universitarios, algo que increíblemente no ocurría hasta la actualidad. Hacía más de 10 años que las autoridades universitarias no otorgaban un contrato de relación laboral a los trabajadores por planilla en toda la USAC; a la fecha se logró que, como un primer paso, los trabajadores pertenecientes a nuestro bloque de trabajo, obtuvieran un contrato por un año.

En la sesión del 27 de enero 2016, el Consejo Superior Universitario, aceptó abiertamente que la USAC ha cometido faltas a la legislación universitaria, así como a las leyes guatemaltecas, dejando de otorgar beneficios económicos y un equiparamiento salarial que estipula la ley, siendo éste un salario de más de Q5,000.00 y que en la actualidad únicamente les paga a sus trabajadores alrededor de Q 3,300.00 al mes. Posteriormente, en una sesión con el actual Director del Departamento de Jurídico, se concretó que en la Facultad de Ingeniería se violaban un sinfín de leyes tanto internas como externas en la USAC, algo que se concretizó sería corregido inmediatamente.

La burocracia en la USAC, actuó con pasividad y complicidad, utilizando medidas dilatorias, teniendo como cómplices al sindicato STUSC, quienes, en varias ocasiones, pusieron peticiones ante el Rector de la USAC para que las peticiones legitimas del bloque de trabajadores por planilla no fueran concedidas y atendidas. Entre estas resaltan: el cambio a renglón presupuestario 011, reinstalación de trabajadores de 65 años que fueron despedidos ilegalmente, pago de horas extras, vacaciones y beneficios económicos que la USAC no les pagó a miles de trabajadores durante muchos años.

Como consecuencia de esto, un grupo de trabajadores tomó la Rectoría de la USAC el día miércoles 13 de Abril 2016, mientras se celebraba la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU). A petición del jefe de la Policía interna, Leonel Medrano, dos supuestos “representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios A.E.U”. llegaron a pretender amedrentar a los trabajadores amenazándolos con que los desalojarían por la fuerza, los trabajadores no dieron marcha atrás, y al retirarse cuando los lideres del bloque así lo decidieron, fueron increpados una vez más a petición del jefe de la policía, por los supuestos estudiantes quienes aseguraron frente a las cámaras de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que no eran estudiantes universitarios, quienes se habían presentado al lugar para “salvaguardar la integridad física“ de los presentes en el lugar. Carlos Guevara y Fernando Alvares supuestos representantes de AEU no les importó la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos ni las cámaras que grababan los hechos, lanzando todo tipo de amenazas a trabajadores y estudiantes.

Actualmente se espera que en los próximos días se conozca el documento final previo a ser aprobado por el Consejo Superior Universitario y pueda entrar en vigencia el nuevo salario para trabajadores por planilla. Así como que se pueda resolver la problemática de mi expulsión ilegal por parte del CSU, por el cual fui acusado falsamente y negándoseme el derecho de ser escuchado y vencido en juicio, todo esto derivado de ser el creador y promotor de las propuestas laborales que han sido concretizadas en beneficio del sector laboral, gracias al compromiso de cientos de trabajadores, participación de estudiantes y profesionales así como muchas personas que luchan por las causas justas dentro de la USAC y la sociedad guatemalteca.

En las próximas semanas será una realidad el nuevo sindicato que se fundará con el bloque organizado, que decidió iniciar una nueva organización sindical a la cual ya cientos de personas en el campus central y centros regionales aseguran se afiliarán en cuanto se tenga la legalidad pertinente.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saludamos a las y los camaradas trabajadores por planilla que han trazado el camino para las futuras luchas económicas y de reivindicación política de las y los trabajadores públicos. Por otro lado reconocemos la lucha incansable del camarada estudiante Diego Barrilas que ha entablado esta lucha a favor de las y los compañeros trabajadores, recordando las jornadas históricas en que el estudiante se fundía con los trabajadores y sus reivindicaciones, por una vida más digna y justa, en contra de la arbitrariedad y poniendo la lucha de su clase por sobre sus interés de estudiante y a favor de la LUCHA UNITARIA de las y los trabajadores y el estudiante.

ESTUDIANTES Y TRABAJADORES UNIDOS, JAMAS SERAN VENCIDOS

Por Armando Tezucún

Los sindicatos magisteriales lograron una importante victoria mediante fuertes movilizaciones en la última semana de marzo y la primera de abril. Las compañeras maestras y maestros obligaron a los diputados del Congreso de la República a modificar el decreto 11-2016, que había entrado en vigencia el 3 de marzo pasado.

Este decreto establece que los jubilados del Estado que reciban una pensión menor al salario mínimo tendrán un aumento de Q 500 a partir del mes de abril. Un año después, recibirán un nuevo aumento de Q 500. Esta disposición es indudablemente ventajosa para los compañeros jubilados menos beneficiados; el problema es cómo será financiado el incremento, que implicará para el Estado un gasto adicional de Q 467 millones y un aumento del déficit en el régimen de pensiones de Q 377 millones. Según el ministro de finanzas, el sistema de clases pasivas del Estado ya opera con un déficit de Q 2,400 millones, y los descuentos que se hacen a los trabajadores no alcanzan para cubrir el aumento contemplado en el decreto 11-2016.

El decreto establecía un aumento en el porcentaje de descuentos que se hace a los trabajadores públicos para financiar el régimen de pensiones del Estado. Los que ganen entre Q400.01 y Q2 mil se descontará una cuota de 12%; entre Q2 mil 0.01 y Q4 mil será de 13%; entre Q4 mil 0.01 a Q6 mil la deducción será de 14%; mientras que entre Q6 mil 0.01 y Q8 mil el porcentaje será de 15%. En el rango de Q8 mil 0.01 y Q10 mil se descontará 16%; mientras que de Q10 mil 0.01 en adelante se aportará 17%. El descuento afectará los salarios de base ordinarios, los pasos salariales o complementos del salario inicial, el derecho escalafonario y las bonificaciones de emergencia. Según el diario Prensa Libre del 30 de marzo, el decreto incrementó el descuento en un 2%.

Los sindicatos estatales más numerosos y con más tradición de lucha son los de salud y educación. Dirigentes de ambos gremios manifestaron de inmediato su rechazo al incremento en los descuentos a los sueldos, en primer lugar porque no se consultó a ningún sindicato de trabajadores estatales para tomar esa decisión. Luis Alpírez, dirigente sindical de salud, explicó que están de acuerdo con que se aumente el beneficio a los pensionados, pero no a costa del salario de los demás trabajadores. Como sector de salud, ellos se abocaron a la Comisión de Diálogo, pero no recibieron respuesta porque el decreto es un tema del Congreso. De igual manera el dirigente del magisterio Bernardo Caal expresó que “El magisterio está incomodado por este descuento porque tendrá que pagar un porcentaje, y eso va a afectar lo que devengan mensualmente.” (Prensa Libre 22/03/16).

Inician las protestas

El 29 de marzo los sindicatos de la Coordinadora Magisterio en Resistencia (MeR) organizaron una manifestación de cerca de 5 mil maestros en la ciudad capital. El Magisterio en Resistencia agrupa a sindicatos magisteriales que rechazan al sindicato mayoritario, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), y se han separado de su dirigencia encabezada por Joviel Acevedo; el MeR comprende básicamente al STEG del departamento de Alta Verapaz, al Sindicato de Trabajadores del Magisterio de Chimaltenango (Sitramchi) y al Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco (Samgua), en la capital. Dirigentes del MeR interpusieron acciones de inconstitucionalidad y amparos ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, contra el decreto 11-2016. El 4 de abril el Magisterio en Resistencia salió de nuevo a las calles de la capital, manifestando frente a la Corte de Constitucionalidad y el Palacio Legislativo, donde bloquearon las puertas impidiendo el ingreso y egreso de diputados y trabajadores del Congreso.

El STEG entra en escena

El 6 de abril cientos de maestros afiliados al sindicato mayoritario, dirigido por Joviel Acevedo, en su mayoría procedentes del interior de la república, manifestaron en la capital, concentrándose en la Plaza del Obelisco, marchando por la Avenida Reforma, hasta llegar al Congreso y a la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico. La intención era realizar un plantón el miércoles 6 y el jueves 7, durmiendo en la Plaza.

Acevedo y su equipo de dirección ingresaron al edificio del Congreso a dialogar con la Junta Directiva del mismo. Este dirigente magisterial es un viejo zorro, que ha logrado firmar pactos colectivos con diferentes gobiernos, pero a costa de colaborar con ellos y darles su apoyo, velado o manifiesto. Lo más grave de la actuación de Acevedo es su colaboración con la Reforma Educativa de corte neoliberal que el Ministerio de Educación está impulsando, que entre otras cosas, plantea hacer a un lado beneficios como el escalafón magisterial, reemplazándolo con la contratación anual de maestros, no como docentes, sino como técnicos auxiliares, privándolos de muchos beneficios sociales, como el derecho a jubilación.

El acuerdo llegó pronto. En su cuenta de twitter el presidente del congreso, Mario Taracena, escribió: “No se va a retroceder en el aumento a la jubilación de los viejitos…Acabamos de lograr el primer acuerdo con los maestros: no vamos a dejar abandonados a su suerte a nuestros viejitos jubilados…El financiamiento saldrá de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro.” (El Periódico 07/04/16).

Los diputados dan marcha atrás

En efecto, el 7 de abril, el Congreso aprobó el decreto 24-2016, que modificó el 11-2016. Con la reforma, el salario de los trabajadores estatales ya no sufrirá un aumento en el descuento para la jubilación; el incremento en la pensión de los jubilados que reciben menos del salario mínimo saldrá del Presupuesto de la Nación, ya sea vía impuestos, bonos del tesoro o préstamos. El Ejecutivo deberá realizar una modificación presupuestaria para que el aumento de la pensión se financie desde el renglón “Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro”. Con esto, los maestros del STEG se retiraron de la capital hacia sus lugares de origen en el interior.

El magisterio a la vanguardia de los trabajadores estatales

Lo primero que hay que destacar de estas jornadas de movilizaciones, es que las compañeras maestras y maestros encabezaron la defensa de los salarios de los trabajadores del Estado. El decreto 11-2016 afectaba a la totalidad de empleados públicos, sin embargo, fueron los docentes quienes salieron a las calles e hicieron recular a los diputados en su decisión; ni siquiera los trabajadores de salud, que han demostrado su fuerza en anteriores ocasiones, protestaron masivamente, salvo algunas protestas relativamente pequeñas en el interior. El sindicato mayoritario de salud, perteneciente al Frente Nacional de Lucha, y el STEG de Joviel Acevedo, pertenecen a una misma coordinadora sindical; es probable que se hayan puesto de acuerdo para que este último se encargara de las protestas contra el decreto mencionado. En todo caso, los hechos demostraron la fuerza del magisterio organizado.

En segundo lugar, no solo el sindicato de Acevedo se movilizó. Los sindicatos del Magisterio en Resistencia lograron convocar a una considerable cantidad de maestras y maestros, mostrando una capacidad movilizadora en aumento. Esto muestra que lo que estaba a la orden del día era una unidad en acción de todo el magisterio, a través de un Frente Único, por una demanda que afectaba a todos los docentes, y más allá, a todos los trabajadores estatales. Pero en el MeR prevalece un sectarismo agrio contra Acevedo y sus seguidores, a quienes con frecuencia tildan de “borregos”; las acciones de Joviel Acevedo comprensiblemente han generado un profundo rechazo en la vanguardia sindical que se ha separado del STEG oficial. Pero el punto sobre el que hay que reflexionar es cómo conquistar a las numerosas bases que aún siguen a Acevedo, y ciertamente esto no se hará insultando a su líder y llamando borregos a sus seguidores. Lo que se hace cada vez más necesario es la conformación de un Frente Único de los trabajadores de educación, que enfrente los gravísimos problemas que aquejan a la educación pública. Es en esta unidad en acción que se puede desenmascarar a Acevedo ante sus bases y ganarlas para los sindicatos más consecuentes y honestos.

Pero la unidad hay que empezar a construirla en el mismo MeR. Maestros del Magisterio en Resistencia nos refirieron que inicialmente las movilizaciones del 29 de marzo y 4 de abril fueron convocadas por el STEG de Alta Verapaz; Sitramchi y Samgua callaron hasta que sus propias bases los obligaron a salir también a las calles. El peor error que pueden cometer los dirigentes del MeR es permanecer cómodamente encerrados en sus feudos mientras se auto complacen insultando a Joviel Acevedo y sus seguidores.

Lucha unitaria por un nuevo pacto colectivo

El último pacto colectivo del magisterio fue firmado en 2012 por el STEG de Acevedo y el gobierno de Otto Pérez Molina. Este convenio venció en enero de 2016, y se hace necesario uno nuevo; esto en una difícil situación: en medio de la campaña de la burguesía y sus medios de comunicación contra los sindicatos estatales y los convenios colectivos firmados con el Estado. Los rumores son que a Joviel Acevedo no le interesa firmar un nuevo pacto, pues su jubilación está cerca y su conveniencia es retirarse con la mayor pensión posible. Sea esto cierto o no, lo que se pone a la orden del día es el logro de un acuerdo unitario entre todos los sindicatos magisteriales para la negociación de un nuevo pacto. Las autoridades del Ministerio de Educación se quejan de que hay cerca de 50 sindicatos y no saben con cuál dialogar. Por ello se hace necesario conformar un Frente Único del magisterio que negocie un nuevo pacto que contemple soluciones para los gravísimos problemas de infraestructura en las escuelas, abastecimiento de materiales, incrementos salariales y sobre todo el paso de los docentes por contrato en los renglones 021 y 022 a presupuestados como 011.