Por Felisa González

Los medios de prensa calcularon en 20 mil personas la concurrencia a la gran marcha conmemorativa del día internacional de los trabajadores. Como desde hace ya varios años, convocó al evento el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, conformado por la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y el Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC).

Por fuera de esta coordinadora, se colocó a la cabeza de la marcha el Frente Nacional de Lucha (FNL), que incluye al mayor sindicato de trabajadores de la salud, y forma parte de otra coordinadora que aglutina a la Coordinadora Nacional, Indígena y Campesina (CONIC) y al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), aunque estas dos agrupaciones no estuvieron presentes en la marcha. Esta coordinadora, llamada POVRES, se caracterizó por su apoyo velado al defenestrado gobierno de Pérez Molina y el Partido Patriota, con el que firmó pactos colectivos en salud y educación. Detrás del FNL iban unos pocos grupos, incluyendo a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Este bloque empezó a marchar hacia el Parque Central sin que el grueso de la manifestación lo siguiera.

Lo característico de la manifestación de este año fue la gran diversidad de sectores representados: sindicatos de fábricas y maquilas, sindicatos de alcaldías del interior, de trabajadores del Estado, agrupaciones de trabajadoras domésticas, un pequeño grupo de trabajadoras sexuales, el sindicato de docentes de la Universidad de San Carlos, el sindicato de trabajadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela de Historia de la misma universidad, agrupaciones de jóvenes de la calle y jóvenes trabajadores, agrupaciones de mujeres, trabajadores del Hospital San Juan de Dios, sindicatos de vendedores ambulantes y de la economía informal, de panificadores, del diario Prensa Libre, asociación de medios de comunicación comunitarios. Fue notoria la presencia de pilotos del transporte urbano protestando contra las extorsiones de las maras, y una caravana de taxistas que protestaban contra los abusos de la Empresa Municipal de Tránsito, la Policía Municipal de Tránsito y el alcalde capitalino ¡La clase trabajadora en pleno con todas sus corrientes! Además, la izquierda partidaria representada por URNG-Winak, el nuevo Movimiento Para la Liberación de los Pueblos, las Juventudes Comunistas de Guatemala, HIJOS y el PSOCA.

Entre las consignas levantadas destacó la denuncia de corrupción contra los diputados del Congreso de la República y la exigencia de su renuncia. Los trabajadores estatales denunciaron despidos injustos y demandaron la renovación de pactos colectivos. Las y los obreros fabriles y maquileros exigieron libertad sindical y aumento de salarios. Las mujeres trabajadoras reclamaron igualdad de derechos y no a la discriminación. Los vendedores informales pidieron el respeto a su actividad y el cese a la persecución de parte de las autoridades municipales.

Las centrales sindicales reclamaron en sus comunicados políticas públicas que garanticen el acceso de la población a los servicios de salud y educación, al agua, seguridad social y vivienda digna; garantía de los derechos humanos, al trabajo y salarios dignos, el respeto a la libertad sindical; el acceso a la tierra; el rechazo al acaparamiento de recursos hídricos y naturales por parte de empresas mineras, hidroeléctricas y de agroexportación en detrimento de las comunidades indígenas y campesinas; denunciaron los ataques contra los pactos colectivos, la explotación del trabajo infantil y del trabajo femenino en las maquilas. También rechazaron los salarios diferenciados, el trabajo a tiempo parcial y exigieron una política fiscal progresiva, que haga que el que tiene más pague más.

La agenda de lucha es extensa, y lo que urge es la unidad en la acción permanente de todas las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, estudiantiles y populares. La unidad debe hacerse patente no sólo en los días en que celebramos, como el 1 de mayo o el 20 de octubre. La coordinación que promueva luchas unitarias debe darse alrededor de una agenda mínima que incluya temas como: alza general de salarios, defensa de los pactos colectivos, respeto a la libertad sindical, rechazo a los salarios diferenciados y al trabajo a tiempo parcial; acceso a la tierra, respeto de los territorios y recursos naturales de las comunidades indígenas campesinas; derecho a la salud, educación y vivienda dignas; la persecución y enjuiciamiento de funcionarios públicos implicados en actos de corrupción y de empresarios cómplices que se benefician de los mismos.

Proponemos una gran marcha sindical, campesina y popular que promueva esta agenda de lucha, emulando a las y los compañeros que realizaron la Marcha por el Agua.

Por Armando Tezucún

En el marco del diferendo territorial entre Guatemala y Belice, que lleva más de 150 años, la relación entre ambos países experimentó una escalada de tensión a partir del 20 de abril. Ese día una patrulla de soldados beliceños abrió fuego contra una familia guatemalteca en la zona de adyacencia, en la comunidad San José Las Flores, Melchor de Mencos, Petén, con el resultado de un niño de 13 años muerto, Julio René Alvarado, y su padre, Carlos Alvarado, y hermano heridos.

El origen de la disputa por territorio entre ambos países se remonta al siglo XVIII, cuando la corona española permitió a Inglaterra la explotación de árboles de hule en el área que hoy es parte de Belice. Los ingleses fueron expandiendo el territorio ocupado, y fundaron una colonia, aprovechando la inestabilidad política posterior a la independencia, la debilidad del Estado guatemalteco y su práctica ausencia en la región. El imperialismo británico logró controlar el territorio y consolidar su presencia, violando acuerdos a los que había llegado con diferentes gobiernos guatemaltecos, como la construcción de una carretera que uniera la zona central de Guatemala con el territorio beliceño.

Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, pero reclama un territorio de 12,272 kms. cuadrados, prácticamente la mitad del territorio beliceño, incluyendo varios cayos e islas. Las fronteras no están definidas, y existe una Zona de Adyacencia que se adentra un kilómetro en cada país, patrullada por militares de ambos países. Hay un acuerdo entre ambas naciones para llevar el caso a la Corte Interamericana de Justicia, pero antes se debe realizar sendas consultas populares, sin fecha definida, para su aprobar esta acción. Este referendo se iba a realizar en octubre de 2013, pero el entonces presidente guatemalteco Pérez Molina lo suspendió al descubrir que Belice había modificado en secreto su legislación para que ningún referendo fuera válido a menos que contara con la participación de al menos el 60% de los electores registrados.

La población campesina que habita del lado de Guatemala, vive en total abandono, sin energía eléctrica, sin agua potable, y con frecuencia pasan inadvertidamente a territorio beliceño para buscar leña, raíces y realizar pequeñas siembras. En estas ocasiones los campesinos han sido atacados por tropas beliceñas, con saldos trágicos. El Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jorge de León Duque, visitó la zona el 4 de mayo y calificó la situación de “impresionantes, espantosas e impactantes condiciones de pobreza y ausencia absoluta del Estado guatemalteco” (El Periódico, 04/05/16).

La respuesta del gobierno de Guatemala al ataque del 20 de abril fue llamar a consulta al embajador en Belice e incrementar la presencia militar en la zona; al principio el gobierno anunció que fueron 3 mil soldados, después que solo mil efectivos, y a inicios de mayo afirmaron que son 400, que patrullarán de forma permanente. Las autoridades beliceñas afirman a capa y espada que sus soldados fueron atacados por los campesinos y actuaron en defensa propia, algo muy difícil de creer. El presidente guatemalteco Jimmy Morales rechazó categóricamente esta versión. Los mandatarios de ambos países se reunieron en la sede de la ONU y acordaron bajar la tensión, a la vez que la OEA iniciará una investigación de los hechos, mientras el gobierno guatemalteco llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, el 4 de mayo ambos gobiernos incrementaron el enfrentamiento verbal, cuando el primer ministro beliceño Dean Barrow calificó de “injustificada, desproporcionada e incendiaria” la respuesta de Guatemala ante el incidente, y afirmó que tiene el respaldo del Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico, de la Comunidad del Caribe, del Reino Unido y de la Baronesa de Escocia. El vicepresidente guatemalteco Jafeth Cabrera respondió diciendo que Belice trata de victimizarse, cuando la realidad es que ellos mataron impunemente al joven e hirieron a su padre y hermano (Prensa Libre 05/05/16). El jueves 5 el Congreso guatemalteco aprobó un punto resolutivo rechazando las declaraciones de Barrow, y solicitando al poder ejecutivo que advierta a la población sobre los riesgos de viajar a Belice; el presidente del Congreso, Mario Taracena, que se encontraba en Nicaragua, rechazó la resolución, calificándola de “torpeza política” y “falso patriotismo” (Prensa Libre 06/05/16). Taracena se encontraba en Managua para gestionar una reunión entre la presidencia del Congreso de Guatemala y su par beliceña, a realizarse en la sede de la Asamblea Nacional de Nicaragua; este encuentro tendrá lugar el 19 de mayo con la finalidad de ayudar a superar el conflicto.

Lo cierto es que ambos gobiernos burgueses pueden obtener ventajas al explotar el lamentable incidente a su favor. La respuesta belicista de Jimmy Morales y su exacerbado nacionalismo le permitiría desviar la atención de su incapacidad para enfrentar los graves problemas del país, los continuos problemas de corrupción de la bancada oficial en el Congreso y los ataques de la Cicig y el MP contra funcionarios y empresarios. El gobierno de Belice, al victimizarse, podría conseguir más ayuda militar de parte de los británicos, con los recursos financieros que eso implica. En un panorama más amplio, las burguesías de ambos países lo que buscan es el control del potencial turístico de Belice, y los recursos petroleros situados en el subsuelo a ambos lados de la frontera.

El territorio beliceño es parte de Centroamérica, y su pueblo debe hermanarse con el pueblo guatemalteco y el del resto de la región en la lucha contra las burguesías locales y contra los imperialismos gringo y británico que controlan los recursos y riquezas del istmo centroamericano. El pueblo beliceño es parte de las fuerzas populares que se levantarán y lucharán por refundar la patria centroamericana bajo una federación de Estados socialistas.

En el corto plazo debemos reclamar el retiro inmediato de las tropas de ambos países de la Zona de Adyacencia; que se permita la libre movilización de ciudadanos beliceños y guatemaltecos en esta zona, y se otorguen salvoconductos para aquellos que por sus actividades económicas necesiten movilizarse en la zona fronteriza; que el diferendo sea resuelto, no por los organismos internacionales del imperialismo, sino por Asambleas Constituyentes populares y soberanas que pongan fin a los reclamos territoriales de ambos países y a los nacionalismos absurdos, y preparen la unificación socialista de Centroamérica.

Por Armando Tezucún

En una movida osada, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en conjunto con el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), solicitó al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal la intervención de la empresa Aceros de Guatemala, y el arraigo de su representante legal Pedro José Raúl Paiz Valdez y de dos socios mayoritarios, José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdés Gómez. El juez a cargo designó un interventor, con el fin de controlar las cuentas y las transacciones realizadas por la empresa.

Aceros de Guatemala es una empresa emblemática del gran capital guatemalteco, y su fundador, José Luis Abularach es directivo del poderoso Banco Industrial, de cuya Junta Directiva hacen parte también representantes de los principales grupos oligárquicos del país. Recordemos que el 12 de febrero pasado fueron capturados una serie de funcionarios de la SAT implicados en un caso millonario de defraudación fiscal a favor de Aceros de Guatemala, junto con tres representantes y mandatarios legales de la empresa.

La intervención de la empresa tiene como objetivo recuperar el monto de la deuda en pago de impuestos, que sólo en cuanto a multas, intereses y moras, asciende a unos Q 500 millones. El interventor actuará bajo la supervisión del MP, la PNG y la SAT.

Esta acción de las autoridades contra una empresa vinculada a los grupos de la oligarquía sería impensable si no estuviera en el marco de las acciones impulsadas por Estados Unidos para acompañar la implementación del Plan Alianza Para la Prosperidad. Estas acciones incluyen no solo el combate a la corrupción, sino el fortalecimiento del sistema tributario y la SAT; esto además de las reformas al sistema electoral, de justicia y de seguridad, que ya están en marcha y es evidente que se harán a la medida de las necesidades del imperialismo, sin tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores, campesinos e indígenas.

Al igual que en el caso de los Rosenthal en Honduras, es claro que los Estados Unidos no se detendrán ante nada ni nadie para implementar sus planes. La coordinadora de agrupaciones empresariales, el CACIF, ha preferido ser prudente y abandonar a su suerte a los directores de Aceros de Guatemala.

Por ahora las autoridades anunciaron que las actividades productivas y comerciales de la empresa no serán afectadas, ni las relaciones con sus trabajadores. Sin embargo, si los empresarios se han robado dinero en impuestos que deberían ser destinados a servicios públicos para el pueblo, reclamamos que los trabajadores de Aceros de Guatemala son los que deben controlar las operaciones de la empresa, no los representantes del Estado burgués.

Por Amílcar Rose

El pasado 26 de abril fue presentada una propuesta de reformas constitucionales en materia de justicia por la jefa del Ministerio Público Thelma Aldana, el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala Iván Velázquez y el Procurador de los Derechos Humanos Jorge de León Duque, con la venia de representantes de organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

No es la primera vez que se presentan propuestas de reformas constitucionales en materia de justicia. Recordemos que a mediados del gobierno de Otto Pérez se presentó de parte de la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar y la Asies (un centro de investigación) una primera propuesta. A finales del año tanto la Cicig y la recién nombrada jefa del MP promovieron un proceso de consultas, que no prosperó.

Sin embargo, la crisis política del año pasado obligó a los factores de poder y al imperialismo a intervenir para reformar el régimen político antes de que le resultara incontrolable; todo esto dentro del plan Alianza para la Prosperidad (PAP) impulsado por Estados Unidos para garantizar sus inversiones. De esa forma, el discurso de lucha contra la corrupción y por los derechos humanos se vuelve la piedra angular de la política exterior gringa.

El núcleo central de las reformas que se pretende implementar gira alrededor de la independencia de los órganos de aplicación de justicia dentro del Estado, un sueño impulsado por la sociedad civil como saldo de los incumplidos Acuerdos de Paz. Iniciativa respaldada por la comunidad internacional y adversada por los poderes fácticos vinculados a fracciones burguesas de empresarios y ex militares, coludidos con el crimen organizado.

Entre lo más sobresaliente está, la creación de un Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) que tendría a su cargo temas administrativos dentro del Organismo Judicial y la selección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, para posteriormente ser elegidos por el Congreso de la República; se priorizará a aquellos que hayan ejercido las funciones de jueces en distinto nivel, así como a profesionales del derecho, externos a la carrera judicial a propuesta de este mismo consejo. El periodo de funciones de los magistrados se aumenta a doce años y la elección de cada magistrado se realizará en momentos distintos. El CCJ se conformara partir de la elección que los distintos jueces dentro del sistema judicial hagan, es decir representantes de los jueces de primera instancia, de paz, de apelaciones, etc.

El jefe del MP será electo siempre por el presidente de la República, manteniendo el carácter bonapartista del ejecutivo, pero garantizando que éste no pueda destituirlo y aumentando su periodo a seis años. Las propuestas saldrán del CCJ, que seleccionará entre abogados, con experiencia en materia penal entre otras cosas.

Por otro lado, se hace un guiño al movimiento indígena al garantizar el reconocimiento de la jurisdicción de aplicación de justicia de los pueblos, sin tomar en cuenta el hecho de que la Corte de Constitucionalidad (CC), pueda revertir los fallos. Se prohíbe además que los civiles sean enjuiciados en tribunales militares, pero obviando el hecho de que los militares sigan teniendo un fuero especial.

En lo que se refiere a la CC, el periodo de sus magistrados aumenta a 12 años su periodo. La elección se hará de forma individual en distintos momentos y se mantiene la estructura corporativista, aumentando a doce magistrados; tres electos por el ejecutivo, tres por el judicial y tres por el Congreso. Sin que se reconsidere muchas de sus prerrogativas en materia de fallos y de competencias.

La novedad es que reduce parcialmente tal estructura corporativa, pues se elimina las comisiones de postulación, que era una forma de garantizar el control de tales órganos, como se denunció durante 2014, por parte de las distintas élites. El Congreso por su parte se compromete a realizar reformas a la Ley de Carrera Judicial y a la de Amparos y Exhibición Personal; sobre esta última se avecina un fuerte debate, porque como es sabido, la figura de amparo ha sido una táctica para entorpecer ciertos procesos judiciales, pero también es una garantía del cumplimiento de derechos cuando se presuma o se establezca que alguna instancia del Estado viola los de los procesados.

En los días subsiguientes Aldana y Velázquez presentaron la propuesta de Política Criminal Democrática que prioriza la prevención del delito y la búsqueda de medidas de resolución de conflictos en materia penal, lo cual consideramos correcto. Pero sin hacer referencia a las figuras legales que garantizan la persecución de defensores de derechos, como en el caso de megaproyectos y defensa del territorio.

Todas estas reformas democráticas persiguen el objetivo central de hacer funcionar mejor los tribunales, castigando la corrupción excesiva, incluyendo mas a los indígenas, para recuperar la credibilidad de las masas hacia estas instituciones, desviar la rebeldía de las masas hacia las instituciones de la democracia burguesa, y que sea ahí donde se decidan los principales conflictos, por medio de sentencias y no a través de la movilización popular