Por Ramona Itzep

El concepto salario mínimo en Guatemala ha sido aprovechado por los diversos sectores empresariales del país, bajo el pretexto de que las y los trabajadores asumen el salario mínimo como el sueldo máximo a pagar y que se está mal interpretando el establecimiento un salario mínimo. Lo que la gente no puede mal interpretar es la situación precaria en la que sobreviven todos los días las y los trabajadores a causa de tener una política de salario mínimo y no una política de salario digno.

Variadas opiniones hemos observado desde el 30 de diciembre de 2015, cuando el ex presidente Alejandro Maldonado, siguiendo la línea de mando establecida por la oligarquía de este país, hizo el esperado aumento salarial, un tímido y ridículo aumento, considerando que es el porcentaje de incremento más bajo desde el año 2006, cuando en el gobierno de Óscar Berger aumentó los salarios mínimos en un 10% (Berger no aumentó los salarios mínimos para los años 2004 y 2005). En 2008 el gobierno de Colom (2008-2012) unificó los salarios mínimos del campo y la ciudad, y decretó un salario mínimo más bajo para las actividades de maquila y exportación; los porcentajes de incremento durante su gobierno oscilaron entre 5.13% y 14.88%. Pérez Molina decretó incrementos del 5% durante su gobierno. Tomando en cuenta las declaraciones que hizo el INE acerca del costo actual que tiene la canasta básica alimentaria Q.3,540.60 y la canasta básica vital Q.6,460.95, y comparándolo con el salario mínimo actual, el cual se establece de la siguiente manera: para trabajadores agrícolas y no agrícolas es de Q.2,747.00 mensuales (4% de aumento) mientras que para empleados del sector exportador y de maquila Q.2,534.15 mensuales (3.5 %), vemos que el monto no alcanza para satisfacer las necesidades mínimas de una familia trabajadora. Entre las opiniones encontramos desde las que se basan en la defensa de los derechos humanos y laborales hasta las mesiánicas conservadoras ignorantes, en donde aducen que hay que darle gracias a Dios por tener trabajo en medio de un país con altos índices de desempleo; estas son las que le sirven al empresariado para justificar los bajos salarios y aún más, tener el segundo salario mínimo más bajo en Centroamérica.

Además el desacierto de plantear salarios mínimos diferenciados, que en ningún momento se pueden plantear con la interrogante ¿oportunidad? No en países con los índices de pobreza que Guatemala tiene, no en países en donde los más ricos y los que ostentan el poder económico son quienes deciden cuanto pagar, teniendo como un objetivo la concentración de la riqueza en sus manos. Claro no desde mi ideología, no desde mi experiencia de vida como madre soltera, no desde mi experiencia de vida como asalariada algunas veces y desempleada otras, no desde mi contexto de vida como pobladora de un asentamiento humano, en donde la pobreza, la miseria, la violencia, y el hambre es lo que se observa todos los días; sí desde ellos, desde la oligarquía, a ellos sí que les conviene implantar en el imaginario colectivo que es una oportunidad para abrir nuevas oportunidades de empleos.

La miseria en la que vive sumido el 70% de la población en Guatemala tiene que ver con muchos factores, baja inversión en educación, baja inversión en salud pública, desempleo y ahora la práctica neoliberal de salarios míninos y salarios mínimos diferenciados que se está extendiendo y no dudemos que continúen insistiendo en esta práctica del capitalismo, aunque la Corte de Constitucionalidad el 8 de septiembre del 2015, ya había dictado sentencia de inconstitucionalidad al intento de Otto Pérez Molina de implantar salarios diferenciados los municipios de Masagua, Escuintla; Guastatoya y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso; y Estanzuela, Zacapa.

Lo que si queda claro ahora es que en este sistema capitalista y patriarcal, no vamos a tener salarios justos, porque no se puede pedir salarios justos en un sistema que no es justo, en un sistema en donde prevalece el dinero y no la dignidad de las personas. No se puede tener una vida plena dentro del capitalismo, y debemos retomar la historia, retomar las paredes, retomar nuestras voces en todos los espacios para describir lo que como mujeres y hombres diversos estamos viviendo y retomar la lucha obrera, campesina, indígena, estudiantil, de las mujeres, de los jóvenes, entre muchas otras, reconociendo nuestra identidad de clase, la apuesta es el socialismo para retomar el camino al comunismo, el cual es un sistema heterogéneo, respetuoso de la diversidad, que busca eliminar las injusticias y brindar condiciones de vida en dignidad.

Por lo pronto se hace urgente que las diferentes centrales sindicales se planteen seriamente una lucha unitaria por el incremento del salario mínimo, para que se conviertan en salarios dignos.

Por Marcial Rivera

Recientemente se conoció de la captura de 11 militares, que han sido ligados al caso de la base militar CREOMPAZ, entre ellos algunos bastante cercanos al nuevo gobierno presidido por el comediante Jimmy Morales. Los 11 militares que han sido ligados a proceso, son: Manuel Benedicto Lucas García, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Ismael Segura Abularach, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía, Raúl Dehesa Oliva. Se conoce que estos militares han tenido participación en distintas masacres en contra de población civil entre 1981 y 1986; en esta base CREOMPAZ, se encontraron 500 osamentas con cuerpos que se encuentran en distintos rangos de edad.

Estas masacres se realizaron con ocasión de la estrategia militar impulsada por el Estado de Guatemala, para aplastar a la guerrilla 'quitándole el agua al pez', o en otros términos, quitando del camino a la población civil, quien 'apoyaba a la guerrilla', lo que nunca fue comprobado. Habrá que recordar que en este caso también ha sido involucrado Edgar Justino Ovalle Maldonado, quien fue electo como diputado del Congreso de la República, en las recién pasadas elecciones, por el partido FCN-Nación, quien llevó al poder a Jimmy Morales Rodríguez. Por este caso el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Alfredo Sosa, presentó un recurso en la Corte de Constitucionalidad, pidiendo la suspensión del artículo 8 de la Ley de Reconciliación Nacional, para que estos militares no sean juzgados, este recurso fue denegado por dicha corte.

Quitarle el agua al pez

Indudablemente el aplastamiento militar hacia las distintas comunidades indígenas a principio de la década de los ochentas, obedeció -entre otros factores externos e internos- al triunfo de la revolución Sandinista. Habrá que recordar que la guerrilla Nicaragüense -a diferencia de la Guatemalteca- tenía un buen apoyo, por parte de la población civil; en Guatemala, el ejército ha servido para masacrar poblaciones civiles enteras, para perseguir a quienes hicieran alguna crítica a los gobiernos de turno, pero además para proteger a la clase dominante, que indudablemente tenía vinculaciones de distinta naturaleza, con los megaproyectos que derivaron en el desplazamiento de miles de personas, como la represa Río Negro, en Chixoy, sobre lo que hay documentación y evidencia arqueológica y antropológica, al respecto, tanto de instituciones nacionales como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG, como de Naciones Unidas.

Esto sin dejar de mencionar los miles de pobladores desplazados de sus comunidades de origen hacia los barrios marginales del Valle de la Asunción y sus alrededores, hacia México, Estados Unidos, Europa y otras latitudes, desaparecimientos forzados a dirigentes sindicales, y líderes del movimiento social y popular. Un caso sumamente emblemático, sobre la persecución y represión del ejército, es el del niño Marco Molina Thiesen, quien fue secuestrado y desaparecido por la institución armada, y que también se está ventilando en los tribunales de la deteriorada justicia guatemalteca.

¿Actualmente?

La acusación hacia Ovalle y otros militares, trastoca sensiblemente al gobierno entrante, debe recordarse que su popular slogan ‘Ni corrupto, ni ladrón’, fue justamente el que le llevó a ocupar la primera magistratura en Guatemala, de manera que encubrir a estos militares, buscar recursos para protegerles, propiciar la impunidad y no exigir justicia en estos casos, también es corrupción.

Justicia

Además, debe hacerse referencia a las distintas capturas que se dieron durante la gestión de la ex fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, así como también durante la actual gestión de Thelma Aldana. Algunos de los casos más emblemáticos, son el de Benedicto y Fernando Lucas García, Manuel Callejas y Callejas, Byron Barrientos, César Cabrera Mejía. Estos casos, que se encuentran en los tribunales de justicia, y otros más que están pendientes de ventilarse, no representan una persecución político-ideológica, justamente por estar en los tribunales de justicia; muy probablemente estaríamos en un escenario de persecución político-ideológica, si las víctimas del crisol de crímenes de lesa humanidad, estuviesen en búsqueda de igual sufrimiento para quienes perpetraron estos crímenes, para el asunto que nos ocupa en estas líneas, todo se trata de Justicia.

Por Marcial Rivera

La pobreza en Guatemala se expresa por medio de distintos matices, además tiene rostro indígena, y de niñez rural. Esto se deduce a partir de lo planteado por la encuesta de condiciones de vida 2014, hecha por el Instituto Nacional de Estadística, INE, que refleja –en términos generales- que la pobreza ha aumentado considerablemente, y aunque existe una disminución en la brecha entre ricos y pobres, esta disminución no es suficiente para dar por resuelto el tema de la distribución de la riqueza y de la desigualdad.

Entre algunos datos sumamente importantes, se menciona que el 68.2% de los menores de 18 años habitan en hogares pobres y el 70.2% de los menores de 10 años, viven agobiados por la pobreza, el 20% de la población captaba más de la mitad de los ingresos. El costo de la canasta básica alimentaria es de Q. 3,800.00, mientras que el salario mínimo, ronda los Q. 2,500.00; esto significa que para cubrir una canasta básica, en cada hogar deben trabajar al menos dos personas, para darle cobertura al costo de una sola canasta básica. El problema directo de esto es la disminución de la capacidad adquisitiva de buena parte de la población, que aunque hace un uso ingenioso y creativo de los limitados recursos que entran a cada hogar, los mismos siguen siendo insuficientes para paliar el alto costo de la vida.

Rostro indígena

La pobreza alcanzó el 59.3% del total de la población, en consecuencia 9.4 millones de personas viven con un promedio de Q 10,028 anual para cobertura de necesidades básicas y 3.7 millones con menos de Q 7,750.00, al año. La población rural e indígena, es mayormente impactada por este tema, esto significa que este último grupo de la población, vive en condiciones paupérrimas y de marginalidad, en relación a la calidad de vida.

Uno de los fenómenos que mayor impacto tiene en el aumento de la pobreza, es el crecimiento de la población, pues hay un impacto en el tema económico, tanto a nivel de trabajo, como de necesidades propias, que tienen los nuevos habitantes; lo anterior aunado al encarecimiento de la vida, y de la canasta básica y que obviamente ni el sueldo, ni los ingresos provenientes de las actividades relacionadas a la agricultura y ganadería, cubren el costo de la canasta básica y la inflación. En el tema económico, se afirma que Guatemala sigue siendo un país cuya matriz económica es fundamentalmente la provisión de servicios. La evasión de impuestos, la defraudación tributaria, y la corrupción en la administración pública, son temas que agudizan más la desigualdad.

Invertir en educación

Una de las grandes discusiones, y que a su vez, se convierte en propuesta de solución, es que deben incrementarse los niveles de inversión en rubros como la educación, para que mejore la situación y que en general, exista mayor inversión social. Aunque la desigualdad se ha reducido, el número de pobres ha aumentado, aunque hay menos desigualdad, hay más pobres, e indudablemente la inversión en educación, tendría incidencia directa en el freno al incremento de la población, y en mejores oportunidades para la superación de la población en general.

Los más pobres

En cuanto a los resultados de la ENCOVI 2014, por etnicidad se asevera que 4 de cada 5 indígenas es pobre. Alta Verapaz y Sololá son los departamentos más pobres, el primero con 83.1%, en materia de pobreza general; esto significa que de cada 10 personas, 8 son pobres. Lo que todo esto evidencia, es que el sistema económico capitalista y el modelo de desarrollo, simplemente han fracasado; debe apostarse por acabar con el capitalismo, que solo ha empobrecido más a los pobres y enriquecido más a los ricos, un modelo de desarrollo que tenga como epicentro a la clase trabajadora, es necesario.

La pobreza no se terminará, mientras el sistema económico capitalista, siga propiciando el enriquecimiento de las clases poderosas, y el empobrecimiento de las mayorías desposeídas. Debe impulsarse una reforma tributaria, para que quienes tienen más, paguen más e invertir estos recursos en áreas como salud y educación, este es un tema que no se puede postergar más. El modelo de desarrollo debe ser uno ideado y dirigido por la clase trabajadora, y que esté puesto en función de las mayorías y la clase trabajadora, y no en función de los grandes capitales, que por décadas han esclavizado a la sociedad, que hoy desconocen y de la que niegan ‘sea pobre’.

Por Armando Tezucún

Las políticas neoliberales que se han venido implementando en el país desde la década de los 90s, con la privatización de los bienes del Estado y la extensión de los privilegios fiscales a las empresas, han redundado en primer lugar en el debilitamiento de los servicios públicos que el Estado debe facilitar a la población, sobre todo a la que el mismo sistema capitalista empuja a una situación de pobreza.

El actual desastre del sistema nacional de salud no es producto de este gobierno, ni de los actos de corrupción que la Cicig y el MP han revelado. Recordemos que ya en 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, los médicos de los hospitales públicos realizaron una huelga de casi cuatro meses, reclamando el abastecimiento adecuado de los hospitales en cuanto a medicinas, equipos e insumos. La misma situación se dio durante el gobierno de Álvaro Colom y la UNE. Gobierno tras gobierno, el problema del servicio de salud pública en vez de mejorar, se ha ido agravando.

Durante el desaparecido gobierno de Pérez Molina y el PP, las denuncias de desabastecimiento y escasez en los centros de salud y hospitales fueron continuas, además de las demandas de los trabajadores del sector por falta de pago de salarios e incumplimiento del pacto colectivo. En realidad podemos hablar de una crisis permanente, que ha sido aliviada a medias por los distintos gobiernos mediante parches, pero que intermitentemente sale a flote una y otra vez.

Las medidas tomadas bajo el nuevo gobierno de Alejandro Maldonado, que sustituyó al defenestrado Pérez Molina, van en la misma línea.

A mediados de noviembre el Ministerio de Finanzas aprobó un espacio presupuestario de Q 350 millones destinado al Ministerio de Salud, que sería repartido entre los diversos centros hospitalarios para remediar las necesidades más urgentes. El nuevo ministro de salud Mariano Rayo, reconoció que ese es solo un paliativo, pues el ministerio tiene una deuda con los proveedores que se remonta a 2012, que ascendía al 11 de noviembre a Q 530,150,998. Esta vez la crisis es tan grave que los médicos y trabajadores del capitalino Hospital San Juan de Dios temen que éste quede completamente paralizado. Por otro lado, los médicos y personal del Hospital Roosevelt, el otro gran hospital de la capital, paralizaron la consulta externa y otros servicios desde el 5 de noviembre al 7 diciembre. Los trabajadores del Hospital Pedro de Bethancout de Antigua también paralizaron labores para exigir pago de salarios, medicinas e insumos. Lo mismo sucedió en los hospitales de Quetzaltenango, Huehuetenango y Amatitlán, en lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos calificó como la peor crisis del sistema de salud en la historia del país.

Las medidas de emergencia para subsanar el estado al que ha llevado el sector salud la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos empiezan a apuntar a medidas privatizadoras. Un sector de los médicos sugirió que se autorizara de nuevo el funcionamiento de los patronatos y fundaciones, que son entidades que recaudan donaciones privadas para financiar los hospitales. Éstos proliferaron durante los años 90s, pero fueron clausurados. El principal sindicato de salud protestó contra esta idea, denunciándola como privatizadora y recordando que fueron los trabajadores sindicalizados los que lograron el cierre de los patronatos.

El 23 de noviembre, médicos, trabajadores, estudiantes universitarios y población en general realizaron una caminata exigiendo una solución al caos existente en los centros hospitalarios públicos. Esa misma semana los médicos del Hospital Roosevelt exigieron la renuncia del ministro Rayo por su incapacidad para solucionar la debacle de la red hospitalaria.

La crisis ha obligado a los hospitales a recurrir a la caridad pública, y las instituciones de la oligarquía han empezado a lucirse haciendo donaciones. La Fundación Juan Bautista Gutiérrez, de Corporación Multiinversiones, anunció el 25 de noviembre que donará al Hospital Roosevelt Q 1 millón, y que abrirá una cuenta bancaria para que la población en general haga sus donaciones. La fundación Castillo Córdova, de la Corporación Castillo Hermanos, había hecho lo propio el 20 de noviembre, donando Q 1 millón en medicamentos. A inicios de diciembre la Cámara de Industria de Guatemala hizo un donativo de pañales para niños y adultos a los hospitales nacionales. Resulta despreciable que la misma oligarquía que con su negativa a pagar impuestos y su imposición de un Estado débil ha causado la enorme crisis de los servicios públicos, ahora quiera aparecer como la gran benefactora de la población; su hipocresía no tiene límites.

El 8 de diciembres, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de salud de Guatemala, bloquearon carreteras en el interior y realizaron una caminata en la capital, exigiendo el pago de salarios, la renovación de contratos y el abastecimiento de los centros hospitalarios.

Para agravar la situación, el presupuesto 2016 aprobado por el Congreso el 30 de noviembre, contempla una disminución de Q 1 mil millones para el Ministerio de Salud.

Las perspectivas para 2016 no son nada halagadoras. Sin duda la crisis continuará. Las y los trabajadores y médicos del sistema de salud pública deben prepararse para continuar la lucha. Y la primera medida es lograr la unidad entre médicos y trabajadores, incorporando además a la población, a través de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares en un solo frente que de la batalla por un servicio de salud estatal eficiente, sólido y gratuito.