Por Leonardo Ixim

El pasado 24 de mayo se anunció la firma de un convenio entre las autoridades del Ministerio de Educación por medio del titular de la cartera, Oscar Hugo López y el sempiterno secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg) Joviel Acevedo, para administrar conjuntamente Q 954.2 millones para prever de recursos tales como útiles, valijas escolares, garantizar la gratuidad y la entrega de alimentos para la refacción escolar.

La noticia rápidamente causó revuelo, pidiendo organismos de la denominada sociedad civil como Acción Ciudadana la fiscalización de los recursos. Mientras que el llamado Magisterio en Resistencia mostró su inquietud por el historial corrupto y entreguista del burócrata Acevedo. Éste adujo en la prensa la necesidad de que estos recursos se transfieran a las escuelas que lo necesitan, especialmente las que carecen de Organizaciones de Padres de Familias (OPF).

Las OPF se formaron en el marco de la descentralización del Estado en la década de los 90s, acompañando el proceso de ajuste estructural. Buscaban desconcentrar las funciones en manos de organismos creados por los padres que administraran y ejecutaran recursos públicos; en la práctica muchos de estos organismos fueron incapaces de tal tarea, provocando que el Estado no cumpliera las funciones básicas hacia la población.

Las OPF entonces, ante tal incapacidad, en muchos casos contrataron instituciones privadas en forma de ong´s recreando otra forma de privatización dentro del esquema neoliberal. Se trató de revertir esto tímidamente, con la prohibición que realizó el gobierno de Colom de contratar instituciones privadas e impulsar la gratuidad, una quimera en la realidad del pueblo trabajador, pues muchas escuelas cobran ante la falta de fondos. Esto se traduce en los niveles de acceso de la población a la educación, los más bajos de la región.

Aunque se aumentó la tasa de matrícula en primaria, en los últimos años esta tendencia se ha revertido, pues la deserción escolar va en aumento; por otro lado, Guatemala es el país que menos invierte en educación en la región, apenas el 2.4 % del PIB. Por otro lado, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, el 70 % de las escuelas tiene problemas de infraestructura, además de deficiencias en la contratación de maestros para asignaturas tales como educación bilingüe, inglés, música, educación física y computación (Crónica 19/04/16). Esto pese a las diatribas que personajes como la ex ministra de educación en el gobierno de Oscar Berger, María del Carmen Aceña, ahora personera del pro-empresarial Centro de Investigación Económico Nacional (Cien) y cerebro atrás de la contra reforma magisterial, lanzan mensajes aduciendo que no hay por qué contratar más maestros, buscando acotar aún más la posibilidad de que haya más graduados en el magisterio.

En el caso de las OPF, existen en 22,614 escuelas y faltan en 3,511, en municipios de los departamentos de Huehuetenango, Retalhuleu, Chimaltenango y en el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Del monto firmado entre Acevedo y López, el rubro mayor será de Q230 millones para programas de refacción escolar, buscando beneficiar a 1.8 millones de niños (La Hora 24/05/15); recordemos lo vital que es para las familias que los niños reciban un tiempo de comida o por lo menos una refacción en la escuela, en función de reducir los niveles de desnutrición infantil, ayudando con esto a los padres cuya situación económica es precaria.

Hay otro problema evidente, el hecho de que las OPF sean unidades ejecutorias de fondos públicos una de las herencias vivas del neoliberalismo; tal situación se complica con las reformas recientemente aprobadas a la Ley de Compras del Estado, pues se impone un límite a las compras directas hasta de Q90 mil; además de buscar limitar el fraccionamiento de una unidad ejecutoria, hacia una misma empresa que provea un mismo bien o servicio.

Como bien dice Acevedo, es un error que las OPF ejecuten fondos públicos cual es una obligación estatal. Nosotros consideramos que la dirigencia del Steg no tiene la solvencia moral para administrar esos fondos. Las bases de ese sindicato, a diferencia de la visión que tiene el denominado Magisterio en Resistencia están allí por la defensa que ese sindicato hace de los maestros presupuestados, defensa que de por si es limitada, pero genera una movilización real y que pese a sus compadrazgos son una piedra en zapato en lo que respecta a profundizar la privatización en la educación

Es vital que el manejo de los fondos para cubrir las necesidades de las niñas y los niños, así como la contratación de empresas para que prevean tales recursos, sean administrados por asambleas de maestros de las distintas escuelas públicas, sin importar el sindicato al que pertenezcan junto a los padres de familia, existan o no Organizaciones de Padres de Familia.

Por Leonardo Ixim

Después de un largo debate iniciado el pasado mes de marzo, el Congreso de la República aprobó a inicios del mes en curso las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Político (Lepp), trasladando la responsabilidad a la Presidencia de la República y su titular Jimmy Morales. Éste tiene hasta el 25 de mayo para la sancionar o vetar la ley.

Morales anunció que se tenía que realizar un diálogo con los distintos “tanques de pensamiento”, aduciendo de forma demagógica que las reformas no retomaban todo lo que la “plaza” exigía. Al final los organismos consultados recomendaron a Morales sancionar el decreto. El presidente del Congreso Mario Taracena, del opositor partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) argumentó que el retraso de Morales es por la presión de medios de comunicación que se manifiestan en contra de regular los espacios de publicidad para los partidos políticos. Esas mismas causas de la negativa presidencial fueron mencionadas por el diputado de la bancada Urng Walter Félix.

Por otra parte, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y distintas organizaciones de la sociedad civil, han exigido al presidente de las apruebe. Recordemos que en las movilizaciones del año pasado una de las exigencias mayoritarias era que se dieran reformas electorales previas a las elecciones generales, otras voces exigían la suspensión de las elecciones previa aprobación de la Lepp.

En ese momento el Congreso aprobó apresuradamente muchas reformas que fueron enviadas a la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual en marzo de este año las regresó a este órgano, aclarando cuáles no reñían con la Constitución Política vigente y exigiendo que repitiera el proceso de aprobación ya que tuvo vicios de forma. Dentro de los señalamientos de la CC estaba que la reelección infinita era legal pues se establece en la Constitución de Guatemala.

Los diputados aprobaron nuevamente la reforma, pero modificando mucho de los artículos y no aprobando otros, como los comités cívicos distritales y para la elección de una Asamblea Constituyente, lo cual fue tomado como una burla por varias organizaciones. Nosotros consideramos que, si bien los partidos pueden jugar un papel importante, negar otras formas de participación tiene la finalidad de mantener los privilegios de la casta politiquera.

Por otro lado, primando una visión patriarcal, los legisladores no aprobaron la paridad entre hombres y mujeres para conformar listas para diputados. A esto se suma que en propuestas de reformas anteriores, la misma CC ha rechazado candidaturas mayoritarias indígenas donde existe mayoría de población maya, xinca o garífuna.

Se aprobó por otra parte, el voto en el extranjero, pero limitándose a la elección presidencial, la cual pasa por alto exigencias de la comunidad migrante de tener representación en el parlamento. Una novedad fue darle validez jurídica al voto nulo pero nuevamente con limitantes, pues se obvió cuando una elección que es considerada nula y por tanto se repite, tienen que cambiar los candidatos. Además de que el requisito para anular el evento electoral es altísimo, de un 50 por ciento de los votos.

Algunas otras novedades fueron que se prohíbe el acarreo de votantes, algo retomado ya en un decreto del TSE de inicios del año pasado y se exige que los postulantes para Corporación Municipal sean vecinos del municipio. Se fiscaliza los fondos de los partidos por parte de la Contraloría General de Cuentas, una mayor regulación del financiamiento privado, pero manteniendo las discrecionalidades del sistema; se prohíbe la campaña anticipada.

Se obliga al uso del método proporcional de minorías en las elecciones de comités ejecutivos de los partidos, buscando con eso una mayor democracia interna; se limita el período de los secretarios generales en los partidos a seis años consecutivos ya que en la actualidad no existe límite; se prohíbe al secretario general ejercer cargos públicos. Se prohíbe el transfuguismo de diputados, algo establecido también en las reformas a la Ley Orgánica del Congreso recientemente aprobada.

Quizás el elemento más importante es que se establece la distribución igualitaria de propaganda en medios de comunicación, lo cual permite mayor equidad y menor dependencia del financiamiento privado y de canonjías con los medios; de igual forma que se prohíbe que se difundan encuestas 15 días antes del evento. Ante eso la presidenta de la Cámara Medios de Comunicación Silvia Grajeda -oscura periodista ligada a la extrema derecha- y Iliana Alamilla, presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala, al servicio de los monopolios, han sacado la cara aduciendo una supuesta violación a la libertad de expresión.

Como hemos mencionado otras veces, muchas de estas leyes son parte de las reformas que buscan potabilizar el sistema, sin embargo, también recogen demandas de la población. Además de que para emprender un proceso no de refundación del Estado, sino de transformación por medio de una Constituyente se necesita abrir lo más posible los espacios de la democracia burguesa.

Por Felisa González

El plan de discutir las reformas propuestas a la Constitución de la República en materia de justicia, a través del diálogo nacional “Hacia la Reforma de la Justicia en Guatemala”, está en marcha. El primer evento tuvo lugar en Quetzaltenango el viernes 5 de mayo, el sábado 6 en Huehuetenango; los días 13 y 14 en los departamentos de Alta Verapaz y Zacapa respectivamente, el 21 en Petén y el 28 en Santa Rosa. El resultado del diálogo será dado a conocer al público antes de enviar el proyecto al Congreso, a finales de agosto.

En Quetzaltenango, región con un alto porcentaje de población indígena, varios grupos coincidieron en demandas que reivindican las exigencias de este sector. El Observatorio Indígena propuso una refundación del actual Estado racista y monocultural a través de una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional, que reconozca el carácter multiétnico, plurinacional y multilingüe del país y los derechos colectivos de los pueblos. Otros grupos demandaron que se reconozca el ordenamiento jurídico maya, que el Congreso no elija a los magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que para la elección de los diputados del Congreso se eliminen las listas nacionales y solo queden los listados distritales. El 14 de mayo la mesa incluyó a representantes de la sociedad civil de los departamentos de Zacapa, Izabal, Chiquimula y El Progreso.

El objetivo general de las reformas es recuperar la credibilidad de las masas en el sistema de justicia y las instituciones de la democracia burguesa, desviando hacia la legalidad las movilizaciones populares, todo ello dentro del plan de reformas al régimen político impulsadas por Estados Unidos dentro del Plan Alianza Para la Prosperidad. Para ello hace concesiones a la población indígena, proponiendo que las autoridades de los pueblos puedan ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres; la Cámara de Comercio y otros empresarios ya objetaron esta propuesta. También propone suspender el derecho de antejuicio de los alcaldes y otros funcionarios menores; a pesar de eso, el presidente Jimmy Morales contradictoriamente prometió a los alcaldes luchar para no se les quite. Esta es una propuesta que recoge parte de las demandas de las protestas del año pasado.

Sin embargo, muchos de los cambios propuestos son sumamente antidemocráticos. Entre ellos está el incremento del periodo de funciones de los magistrados de la CC a nueve años y de la CSJ a doce, y una nueva ley de carrera judicial, para el nombramiento de jueces y de los magistrados de la Corte de Justicia. Según el jefe de la Cicig Iván Velásquez, la columna vertebral de las reformas es la independencia judicial, y para ello es vital la carrera judicial, sin la cual la justicia estará sometida a los poderes paralelos (La Hora 20/05/16).

Se propone la creación del Consejo de la Carrera Judicial, que reemplazará a las Comisiones de Postulación en la elección de magistrados y se hará cargo de la administración de la Corte Suprema de Justicia. Las Comisiones de Postulación fueron creadas por las reformas constitucionales de 1994, para que los magistrados fueran electos por las facultades de derecho de las universidades, el Colegio de Abogados y las asociaciones de jueces y magistrados del Organismo Judicial. Sin embargo, este sistema degeneró al caer estas instancias bajo la influencia de los grupos de poder, tradicionales y paralelos, con el fin de que fueran nombrados magistrados que representaran sus intereses. Según la propuesta de reformas, el Consejo sería el ente encargado de dirigir el ingreso, evaluación, promoción, traslado y disciplina de los jueces y magistrados. Sin embargo, nada garantiza que a este Consejo no le suceda lo mismo que a las Comisiones de Postulación.

La revolución proletaria y el socialismo significan la ampliación de la democracia al máximo. Siguiendo la tradición inaugurada por la Comuna de París en 1871, todos los funcionarios públicos deben ser electos por voto directo de la población y deben ser revocables en cualquier momento. Esto incluye a los jueces y demás funcionarios del sistema judicial. Por ello lo más democrático es que estos cargos sean de elección popular mediante el voto directo; este sistema está parcialmente vigente en algunos países con un sistema democrático burgués más desarrollado que el de Guatemala. La posibilidad de ser apartados de sus cargos en cualquier momento constituye la mejor garantía contra la corrupción entre los jueces y magistrados. Los cambios a la Constitución deben provenir de una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional, no de iniciativas impulsadas por el imperialismo para adormecer y controlar el movimiento de masas. Además, al final será el Congreso el que habrá de aprobar o no las reformas, lo que nos llevará a un callejón sin salida.

Por Armando Tezucún

La negociación entre los tres sindicatos del Congreso y la Junta Directiva del mismo para modificar el pacto colectivo, se vio rota el 5 de mayo, cuando los representantes sindicales se retiraron de la mesa de diálogo. La razón fue que los trabajadores rechazan los cambios a la Ley de Servicio Civil que los legisladores están a punto de aprobar. Estos cambios afectarán beneficios que han adquirido los compañeros con el pacto colectivo y violarán convenios internacionales. La suspensión de la discusión fue acompañada de la toma temporal de parte de las instalaciones del Congreso por parte de los trabajadores; el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor) se declaró en asamblea permanente.

Entre los cambios a la Ley de Servicio Civil, está contemplado que la indemnización a los trabajadores que dejan su puesto se pagará como máximo hasta por 10 años de labores, y no por todo el periodo laborado; que los trabajadores deberán someterse a evaluaciones y tendrán que aprobar con más de 75 puntos; que los trabajadores que cometan alguna falta al régimen disciplinario serán sancionados con suspensión desde 15 días a un mes sin goce de sueldo. En el caso de la indemnización, el cambio propuesto contradice el artículo 13 del pacto colectivo y las leyes laborales del país.

La Junta Directiva del Congreso declaró que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad contra el pacto colectivo vigente en el Congreso, por considerar que es perjudicial para el Estado. Este pacto, firmado hace ya varios periodos legislativos, contempla un aumento salarial de 10% anual; este incremento se hizo desde 2005 sobre el sueldo total y no sobre el sueldo base, que es el salario con el cual los trabajadores fueron contratados. Esto redundó en que secretarias, conserjes y empleados similares, tengan sueldos de Q30 mil o más, como el de ejecutivos de empresas, gerentes o los mismos diputados. Esto ha implicado también que se pague cantidades considerables en concepto de indemnización a trabajadores que se retiran del Congreso. La postura de los sindicatos es que el aumento debe hacerse sobre el sueldo total, respetando convenios internacionales sobre unificación salarial, pero están dispuestos a negociar.

Durante la segunda semana de mayo la Junta Directiva decidió unilateralmente que a partir de este año el aumento salarial será sobre el sueldo base, y que el dinero extra que los trabajadores recibieron los primeros cuatro meses del año al aplicarse el incremento sobre el sueldo total, les será descontado por partes. En respuesta, el Sindicato General de Empleados del Congreso (Sigecor) acudió a la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar esos descuentos, y denunció que el presidente del Congreso ha contratado personal con sueldos de hasta Q 33 mil, para pagar favores políticos, causando gastos mensuales por Q 356 mil. Por otro lado se ha sabido que de enero a abril el Congreso gastó cerca de Q 13 millones en gastos de representación, dietas y viajes para los diputados.

Las cláusulas del pacto colectivo permitieron que surgiera una capa privilegiada de trabajadores con sueldos muy por encima de la media del mercado laboral. Esto ha sido explotado por la prensa burguesa para atacar a los trabajadores estatales, obviando que la situación dio paso a que los diputados traficaran con los puestos de trabajo, colocando a familiares y correligionarios de sus partidos políticos, además de los millones erogados en gastos extras para los diputados. La Junta Directiva del Congreso ha asumido la actitud del burgués, que no tolera, y considera una ofensa, que trabajadores de puestos bajos y medios tengan salarios más que decentes, alegando que afecta los intereses del Estado.

Pero más allá de eso, estamos ante una ofensiva del Estado burgués y la burguesía contra los trabajadores estatales. Hay que aclarar que el resto de trabajadores del Estado, en especial los de salud y educación, reciben salarios bajos, y además sus condiciones de trabajo son deplorables por falta de fondos. La intención es descargar sobre ellos la crisis financiera del Estado, atacando las conquistas que han logrado a través de los años, y de paso aplastando al sector de trabajadores que más luchas ha realizado en los últimos años. Los elevados sueldos que el Congreso paga a sus trabajadores no son nada comparados con los casi Q 800 millones que la empresa oligárquica Aceros de Guatemala se vio obligada a pagar en concepto de defraudación fiscal. Si el Estado busca recursos debe obligar a la burguesía a pagar más impuestos directos, poner fin a los privilegios fiscales, atacar a los empresarios evasores, bajar los exagerados sueldos de los altos funcionarios, diputados incluidos; todo en vez de pretender que los empleados públicos paguen la crisis.