Por Marcial Rivera

El problema del transporte público en Guatemala es ampliamente conocido. El manejo de la cosa pública de forma corrupta e inescrupulosa no ha escapado al tema del transporte; se conocen de los contubernios que en su momento llevaron a la compra de buses rojos con fondos públicos, y que implicó corrupción en la compra de los mismos, durante el gobierno de Oscar Berger. Una situación similar se dio mientras Álvaro Colom presidía el ejecutivo; en este mandato se dio una compra anómala de unidades de transporte sobrevaloradas y que se convertirían en el ‘transporte del futuro’, esto involucró al alcalde capitalino Álvaro Arzú.

El tema del transporte público y la crisis actual, ha sido poco tratado por los medios de comunicación masiva, y también ha sido ignorado por la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y otras entidades, cuando se sabe que el subsidio al transporte colectivo ha ido en aumento durante el transcurrir de los años, sin que exista rendición de cuentas hacia la población. No existen libros contables que estén a disposición de la población, y los montos de dicho subsidio son sencillamente escandalosos. Actualmente los empresarios de transporte público, demandan recibir más de novecientos millones de quetzales.

La idea del subsidio es que se mantenga una ‘tarifa social’, es decir, que el valor del pasaje sea de Q.1.00. No obstante si se toma en cuenta que el subsidio es financiado por los contribuyentes, el valor del pasaje es mayor a Q.1.00; no dejando de lado el hecho que en la mayoría de unidades de transporte, en horarios de mayor demanda, sobre todo al final de la tarde y el fin de semana, el cobro del pasaje es incrementado de manera ilegal por las unidades de transporte, sin que ninguna autoridad haga algo a este respecto.

En el transporte público también hay corrupción

Los buses rojos se encuentran en malas condiciones y prestan un mal servicio, con unidades de transporte sobrecargadas, obsoletas y en mal estado; además de los buses extraurbanos, que aparte de ser bastante viejos, expiden cantidades de dióxido de carbono, que contaminan en demasía el aire, y es un atentado contra la naturaleza, pues en algunas zonas y en algunos horarios, la calidad del aire se vuelve mala, por debajo de los niveles permitidos para el ser humano.

En el Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA), ya se han dado más de treinta despidos, producto de la falta de subsidio, y todo apunta a que el número de despidos irá en aumento, sin dejar de mencionar que los trabajadores actuales han sido afectados por mayores cargas de trabajo y han pasado de tener prestaciones laborales, a facturar como pequeño contribuyente. El transmetro –en sus distintos ejes- ha dejado de tener el sistema de cobro electrónico, por lo poco transparente que este resulta en el manejo del mismo, afectando considerablemente a la población que usa este medio de transporte.

El transporte público debe ser público, debe nacionalizarse, ser eficiente y eficaz, los pilotos deben pasar por un proceso de entrenamiento para dar un mejor servicio a la ciudadanía, que merece ser tratada con dignidad, debe ser equipado de cámaras de seguridad y la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de la población y la eficiencia del servicio. Además de esto los pilotos, ayudantes de pilotos, y otro personal logístico, no cuentan con prestaciones laborales, seguro médico, ni otro tipo de beneficios, que como trabajadores les corresponde.

Asimismo, la nacionalización del transporte público por un lado evitará la necesidad de un subsidio por parte del gobierno, tampoco tendrá que lidiar con las extorsiones a las unidades de transporte, y los asaltos a los pasajeros. Pero la nacionalización implica que el manejo del mismo esté controlado por la ciudadanía por medio de comités ciudadanos, presididos por la clase trabajadora, que es la población directamente usuaria y beneficiaria, del transporte colectivo y que velen por el manejo de los fondos y la calidad del servicio otorgado a la población. Por otro lado, dignificará a todos los trabajadores en sus distintos niveles, que se ganan la vida por medio del transporte público.

Desde el Partido Socialista Centroamericano, exigimos al gobierno de Alejandro Maldonado, la inmediata nacionalización del transporte colectivo, y que el nuevo gobierno de Jimmy Morales, siente las bases de un sistema digno, eficaz y eficiente, que beneficie directamente a la clase trabajadora, y que esta misma sea la que fiscalice sus operaciones.

Por Juan P. Castel

"La clase trabajadora lucha y madura con la conciencia de que su adversario es mucho más fuerte que ella. Así lo observa de continuo en la vida corriente. Tiene el adversario riqueza, poder estatal, todos los medios de presión ideológica y todos los instrumentos de represión." León Trotsky

El pasado jueves 19 de noviembre las y los compañeros Planilleros pasaron a la iniciativa. Junto con estudiantes de varias facultades y escuelas de la USAC y con ayuda de los choferes del trasporte urbano que prestan el servicio en inmediaciones del Campus Central de la zona 12, se tomaron las dos vías de la concurrida avenida Petapa. Hacia el mediodía, una de las rutas más importantes de la ciudad se hallaba obstruida por un piquete de cerca de un centenar de trabajadores y estudiantes.

Esta acción responde al ultimátum hecho por las y los compañeros a la comisión conformada por el Consejo Superior Universitario (CSU) para resolver las diferentes problemáticas que mantienen a las y los compañeros en lucha. Las demandas siguen siendo las mismas: 1. Pago de las horas extras no pagadas durante años; 2. Pago de las vacaciones caídas y no pagadas; 3. Restitución de las y los compañeros trabajadores despedidos por cumplir los 65 años y que de acuerdo al fallo del órgano superior de la justicia burguesa, la Corte de Constitucionalidad (CC), deben ser restituidos inmediatamente en sus puestos de trabajo por el CSU; 4. Por último, y siendo la exigencia más importante y la que espera resolver el problema general de las y los compañeros Planilleros a nivel nacional (Campus central, extensiones, biotopos y demás dependencias universitarias), se exige el traslado de todas y todos los que se encuentran en relación laboral de Planilla al escalafón 011.

La comisión dejó públicamente en suspenso el pasado martes 10 de noviembre la resolución de la problemática, a pesar de que el departamento de finanzas reiteró que es factible para la USAC pasar a las y los compañeros al 011, como lo demostró la propuesta del camarada Diego Barrillas, estudiante de farmacia y estimable compañero de lucha de las y los trabajadores. Pero la rectoría por debajo de la mesa le ofreció a las y los compañero en lucha el escalafón 031, lo cual creemos es una táctica para dispersar las demandas y así después de acuerdo a los atributos de la plaza, las y los trabajadores en lucha serán despedidos por la administración.

Es bajo estas condiciones en las que se cumplió el ultimátum dado a la rectoría de mano de las y los combativos compañeros Planilleros el pasado 10 de noviembre.

A la hora de la acción el ambiente era cálido

El ambiente del salón repleto en el que se realizó la asamblea de Panilleros, donde las y los camaradas se apretujaban era cálido, como invitándonos a estrujarnos entre los cuerpos, que clamaban después de una semana, la acción inmediata ante las argucias de la administración. Las y los estudiantes que tuvimos el privilegio de liderar los bloqueos con buses, solo pudimos dejar de manifiesto la solidaridad con la lucha justa de las y los trabajadores.

La lucha de clases es versátil, como las contradicciones y la desigualdad que la origina…

La labor de los administradores, sentados ocho horas diarias frente a un escritorio, no es y nunca será lo mismo que estar parado en los parqueos bajo el sol o bajo la lluvia. No será en todo caso lo mismo que estar urbanizando la universidad con los trabajos de albañilería que los estudiantes enajenan de la obra final, que adorna el paisaje que pasa por sus ojos que recorren sus pies, entre bancas y flores hay un trabajo real, que no ha sido pagado y que en muchos casos ha sido robado por la burocracia administrativa durante décadas.

Lamentamos las molestias, pero el humo de llantas, los piquetes para repartir los comunicados que denuncian la explotación en la máxima casa de estudios, no es nada más que digna y justa rabia. El pueblo en general sabe de la problemática y muchos hicieron de la duda y el saludo su bandera, hubo hasta trabajadores de las cadenas de comida rápida (Pollo Campero y McDonald´s) que aplaudieron la acción. Hay por sobre todo una moral alta entre las y los que luchan, una unidad intrínseca que quedo fundida al calor de las llamas, entre buses, en el estruendo de los morteros y en la acción misma, una unidad entre las y los trabajadores, entre las y los estudiantes, unidad solo lograda en el calor de la lucha misma.

Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) y desde mi barricada personal como estudiante de la USAC, saludo las acciones en las que he tomado parte activa y seguiré tomando parte hasta que la llama de este fuego intransigente se funda con la victoria total de las y los compañeros Planilleros. Saludamos también a la Asociación de Estudiantes de Historia (A.E.H.A.A.A) y a la Asociación de Estudiantes de Veterinaria y Zootecnia (A.E.V.Z) y a todas y todos los estudiantes que acompañan esta lucha, que recuerdan las jornadas históricas en que el estudiantado hizo suyas las luchas del pueblo trabajador.

Por Armando Tezucún

A dos días de que fue anunciada su victoria en la segunda vuelta electoral, Jimmy Morales declaró que solicitará un presupuesto gubernamental para el próximo año de Q 69 mil millones, y que su futuro gobierno se adecuará a eso. Esto a pesar de que la propuesta presentada en septiembre por el gobierno de Otto Pérez Molina ascendía a Q 72 mil millones.

Las primeras declaraciones de Morales sobre el tema fueron imprecisas e indefinidas, algo que ya se ha vuelto característico en él y en la gente que le rodea. El 27 de octubre el equipo económico del FCN-Nación se sumó a las discusiones sobre el presupuesto 2016 que lleva a cabo la Comisión de Finanzas del Congreso junto con la mesa técnica creada para este propósito. El equipo del FCN, encabezado por José Ramón Lam, adelantó que buscará que el presupuesto 2016 no tenga controles, es decir los “candados” que se colocan a ciertos rubros para evitar transferencias presupuestarias de unos ministerios e instituciones a otros, y garantizar los recursos, en especial a educación, salud y desarrollo social. Estos candados también tienen el propósito de evitar focos de corrupción, y la propuesta del FCN sin duda sería un incentivo para continuar con la corrupción estatal.

La participación del FCN-Nación en la discusión del presupuesto estatal resultó sumamente accidentada. El Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos cuestionó a Lam, pues en 2014 fue expulsado de esa entidad por haber plagiado cuatro investigaciones académicas. Después unos días de defender obstinadamente a Lam, Morales finalmente lo separó de su cargo, colocando en su lugar a José Ramírez Crespín al frente del equipo económico del FCN.

Finalmente, el 6 de noviembre el FCN presentó su propuesta a la Comisión de Finanzas, con un techo presupuestario de Q 69 mil 923 millones. Las prioridades serán las áreas de salud, educación, desarrollo económico y seguridad, teniendo como base la tolerancia cero a la corrupción. El FCN propone reducir gastos en áreas como compra de insumos, bajar gastos en servicios no personales, en viáticos, arrendamiento de edificios y locales, de máquinas y equipos de oficina, etc. Sin embargo no se detalle en qué ministerio ni en qué rubros se harán estos ahorros. Además se recortará el techo presupuestario a varios ministerios, como Gobernación y Comunicaciones. En el caso de esta última dependencia, la propuesta es que la obra pública se haga mediante alianzas público-privadas, aunque no especifica si esto implica el cobro de peaje por parte de empresas en el caso de las carreteras y caminos.

La presentación que hizo el equipo económico del FCN fue otra muestra de falta de seriedad e improvisación, y mereció de inmediato las críticas de los diputados presentes, pues se les pidió un detalle del cálculo mediante el cual reducirían el presupuesto en Q 2,506 millones, y no lo tenían. El equipo del FCN-Nación tampoco ha tenido contacto con los funcionarios de los ministerios cuyo presupuesto planea incrementar, ni con los de aquellos que sufrirán recortes, y por tanto no conoce a fondo sus necesidades y problemáticas.

Ante las duras críticas recibidas, el 10 de noviembre el FCN decidió retirarse de la discusión del presupuesto, esperando que “aprueben el Presupuesto del próximo año, tal como lo demandan las necesidades actuales del país” (Prensa Libre 11/ 11/ 15).

A pesar del desplante de Morales y el FCN, la Comisión de Finanzas tomó en cuenta algunas de sus propuestas, como la reducción de rubros, fijando un monto total de Q 70,600 millones. Sin embargo, la propuesta solo contempla techos en algunos rubros, dejando las manos libres al equipo de finanzas del próximo gobierno para que haga la distribución final, dada la poca claridad de la propuesta planteada por el FCN. Esto implica o que hay acuerdos entre los diputados de la Comisión y el FCN para dar un cheque en blanco a Jimmy Morales, o que es una maniobra para que no sea aprobado por el Congreso y quede el mismo presupuesto 2015, que no tiene candados, tiene un monto mayor y contempla bonos y préstamos.

La realidad es que el proyecto de presupuesto, reducido en Q 2 mil millones, es uno para un Estado cada vez más débil y limitado. Las promesas de campaña con las que Morales se llenó la boca son imposibles de cumplir con un presupuesto recortado de esa manera. La reducción del gasto público que contempla seguramente tendrá un impacto en la economía del país. Las perspectivas económicas para 2016 no auguran un crecimiento significativo, por lo que la crisis fiscal probablemente continúe, y el FCN no tiene una propuesta concreta para fortalecer la recaudación ni a la Superintendencia de Administración Tributaria.

Ante las maniobras del FCN y los diputados de la Comisión de Finanzas, y la irresponsable falta de seriedad de las propuestas de Jimmy Morales, reclamamos un presupuesto que satisfaga las necesidades de la población en materia de salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad. Estas áreas deben ser financiadas mediante impuestos a las ganancias de las grandes corporaciones de la oligarquía, y la ejecución del gasto debe ser fiscalizado por las organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y populares.

Por Leonardo Ixim

Después de las movilizaciones que provocaron la caída del gobierno del Partido Patriota, gracias a la participación de amplias capas de la población, los factores tradicionales de poder pudieron neutralizar cierta efervescencia social que adoptaba posturas pre-revolucionarios, como es la impugnación hacia el régimen político y sus partidos.

En ese sentido, el Cacif y los grupos corporativos más poderosos a través de Fundesa realizaron el Enade 2015, haciendo el balance de la coyuntura finalizada y proponiendo reformas a varias leyes, manifestando su temor a cambios constitucionales de mayo profundidad.

Así, han decidido iniciar una ofensiva contra las conquistas salariales de los empleados públicos, atacando los pactos colectivos. Se propone que para negociar o renegociar tales pactos es necesario que exista un dictamen técnico del Ministerio de Finanzas que avale tal situación a partir de la disponibilidad financiera del Estado. Y si bien es necesario contar con recursos para cumplir con esos compromisos, es importante que sus fuentes partan de impuestos a las ganancias empresariales, además del manejo honesto de tales recursos.

Si bien una demanda de la población es que los servicios estatales sean de calidad -lo cual implica el compromiso del trabajador en ese sentido, pues atiende un derecho humano- para que esto funcione se necesita que el empleado tenga, primero un salario digno, segundo las condiciones laborales para ejercer tal servicio y tercero que exista claridad de parte de la administración de las funciones de los distintos puestos.

Se abrió la discusión en el Congreso de la República para reformar la Ley de Servicio Civil, situación aprovechada por la oligarquía para impugnar algunos derechos laborales. Se discute la necesidad de mejorar los sistemas de clasificación de puestos y de ingresos y egresos a la administración estatal en función de convertirlo en un sistema digital, además de la evaluación, control del desempeño y promoción del trabajador. Tal situación, que puede ayudar a prestar un buen servicio a la población y reforzar la defensa de los derechos laborales, no puede ser pretexto para afectar efectivamente los derechos laborales. Tal es el caso por ejemplo de los maestros, que con las reformas a la ley de escalafón se pretende que la evaluación, más que una promoción para mejorar la calidad educativa, sea una forma de ir eliminando derechos adquiridos.

Sin duda esta ofensiva anti sindical promovida por las distintas facciones burguesas permea en la población en general y genera un rechazo, hacia tal importante conquista social. La ofensiva aprovecha los señalamientos sobre prebendas y beneficios extras a los dirigentes de los sindicatos más numerosos (como el Sntsg en salud, el Steg en educación, el del Congreso de la República) que el gobierno del PP negoció con el fin de cooptar a elementos oportunistas de las dirigencias.

Pero tales pactos han servido para garantizar salarios medianamente acordes al costo de la vida; en algunos casos se garantiza pluses salariales y revisiones anuales, que son una ayuda para que las familias de los trabajadores le hagan frente al costo de los productos básicos de consumo. En otros casos también han servido para incorporar a trabajadores en situación de planilla en presupuestados, aunque esta práctica anti laboral sigue existiendo y afecta sobre todo a las y los trabajadores de las instancias descentralizadas del Estado; de igual forma estos pactos garantizan prestaciones sociales y el cumplimiento del aguinaldo.

Sin embargo los señalamientos contra los privilegios de las cúpulas son reales; por tal razón son las bases de los sindicatos las que deben de exigir a sus dirigentes a no pactar con la patronal -en este caso el Estado- porque implica control y contubernio con los gobernantes de turno, además de reproducción de las parasitarias burocracias que los controlan. Todo esto en última instancia se traduce en pérdida de derechos de los y las trabajadoras de base.

En la actualidad se discute el pacto colectivo en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). El sindicato ha sido señalado de tener acuerdos con sectores de ex militares fascistas y corruptos que han querido atacar al actual procurador Jorge de León Duque por su tímida acción contra tales poderes fácticos. Pero esto no implica que bajo este pretexto de León -un hombre cercano a los monopolios oligárquicos- de largas a las negociaciones del pacto. De esa forma las organizaciones de derechos humanos, como es habitual, se prestan al juego y defienden al procurador. Por tal razón es importante que las y los trabajadores de la PDH realicen asambleas para exigir a la directiva del sindicato que muestre lo negociado en el pacto, y tomen el control de la directiva.

En lo que resta del año y ahora que en diciembre se vuelve a negociar el salario mínimo que afecta sobre todo a obreros de empresas privadas, es importante que el sindicalismo en general se movilice tanto para hacerle frente a la ofensiva neoliberal contra los pactos como para exigir un salario mínimo que rebase la canasta básica vital, antes que termine el año.