Por Juan P. Castel

La pérdida de la fe en las leyes y en quienes las aplican, nos conduce a medidas de hecho. Mario López Larrave, líder histórico del sindicalismo Guatemalteco.

El pasado 23 de octubre se cumplió un mes de la toma de la sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC) por parte de las y los compañeros trabajadores que se encuentran bajo la relación laboral de Planilla (en adelante planilleros). La toma de la sede del sindicato responde a un desinterés creciente de la administración universitaria por solventar las exigencias de las y los planilleros (más de mil en todas las dependencias universitarias). A la inestabilidad laboral promovida por las diferentes administraciones universitarias, se ha unido el papel infame de la actual junta directiva del STUSC, que han usado medidas represivas contra las y los planilleros organizados y contra sus liderazgos visibles, sirviendo como tapete a la rectoría de Carlos Alvarado Cerezo y su discurso demagógico de índole social hacia afuera de la U, mientras abusa de los trabajadores y de sus derechos laborales hacia adentro.

LOS HECHOS

El pasado 23 de septiembre la junta directiva del STUSC convocó a una asamblea general para que se aprobara una “comisión disciplinaria, previamente conformada por el directivo”. Dicho órgano iba a ser utilizado para “regresar al orden” a las y los líderes de los planilleros organizados del campus central (cerca de 400) y así servir como monigote a la agenda de la rectoría de evitar solventar una deuda de décadas con las y los planilleros en lo que respecta al pagos de horas extras, vacaciones y demás derechos laborales de ley incumplidos. La asamblea fue convocada y el STUCS la retrotrajo al voto de representantes laborales del interior del país que traían el voto de grupos de trabajadores y de divisiones completas, esto sin contar con las credenciales que los reconocían como delegados de uno o varios compañeros.

Utilizando la desinformación y el miedo, la junta promovió que votaran solo las y los trabajadores que los apoyaban, de esta manera la asamblea perdió rápidamente validez y el enojo generado por las tretas del directivo obligó a las y los compañeros trabajadores a tomar medidas más drásticas. Conforme a las dinámicas de organización del poder popular las y los compañeros planilleros decidieron por mayoría tomar la sede del sindicato y desconocer a la junta directiva, ya que el directivo al incentivar una asamblea inválida y tratando de intimidar y usar medidas anti populares (enfrentar a las y los compañeros trabajadores) como amenazar con enfrentar a la división de servicios contra sus compañeros trabajadores.

Desde hace un mes se ha mantenido la toma y se ha denunciado ampliamente los agravios de la administración y el incumplimiento del derecho laboral (Código de Trabajo) y las argucias del sindicato para embaucar a sus agremiados haciéndolos firmar contratos desfavorables para las y los trabajadores en beneficio de la rectoría, para apaciguar así este digno movimiento.

LAS DEMANDAS

Las y los compañeros trabajadores exigen que se les haga efectivo el pago de la hora extra trabajada –en muchos casos durante años trabajaron 9h-; según el Código de trabajo el pago debe ser doble. Junto a esto también exigen que se les paguen las vacaciones que tomaron, ya que estas no fueron tomadas como con goce de sueldo, sino como periodos en los que no laboraron. El pago de todas las bonificaciones de ley –dándose casos de una década de impago– que nunca se les hicieron efectivas. La demanda más importante y por la que la lucha de más de 400 compañeras y compañeros toma características de una lucha general contra la burocracia estatal, es que con esta toma quieren que todos los que actualmente se encuentran en la relación laboral de Planilla pasen a formar parte del reglón 011; esto les traería estabilidad laboral y el ser tratados por igual y no como trabajadores de segunda categoría, como ha venido pasando. Pasar de planilla a reglón implicaría que las y los compañeros no podrían ser despedidos injustificadamente, esto quiere decir que formarían parte del presupuesto de la Universidad y ya no estarían en laborando de planilla auto financiable.

ULTIMÁTUM PARA EL RECTOR

Las y los compañeros planilleros nos han hecho saber que sus demandas deben ser solventadas por la burocracia universitaria antes del 10 de noviembre, de no ser así las y los compañeros tomaran medidas de hecho generales y coordinadas con todos los planilleros a nivel nacional. El rector, como personificación de la administración universitaria, debe promover el cierre de acuerdos que normalicen la situación de las y los compañeros planilleros. Debe de dejar de usar a la directiva del STUSC como esquiroles contra los mismos trabajadores, como acto de buena voluntad, bajarse de su andamiaje burocrático y acabar ya con ese lema que han venido difundiendo: “Los planilleros no son trabajadores de la Universidad”, utilizado ampliamente por él y su lame botas del sindicato, traidores todos estos a la clase trabajadora en contra de las y los verdaderos luchadores sindicales.

Por eso, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saludamos a las y los compañeros planilleros y los exhortamos a seguir su lucha contra las políticas de rapiña de los funcionarios universitarios que negocian con el bienestar de las y los trabajadores y de sus familias. Nos adherimos irrestrictamente a su lucha, como lo han hecho ya los grupos docentes no plegados a la corrupción y el bandidaje –tan normalizado hoy en la U–, a los trabajadores presupuestados que han puesto por sobre la diferencias laborales la solidaridad obrera, a las y los estudiantes, Asociaciones y grupos que aun hoy se identifican con la carne y la sangre que hace que su Universidad funcione diariamente. A USTEDES CAMARADAS QUE EN LA LUCHA NO HAN ESCATIMADO SU TIEMPO, SU VIDA Y EL AGOTAMIENTO POR LOS QUE VENDRÁN DESPUÉS, POR LOS DERECHOS DE TODAS Y TODOS… ORGANIZARSE Y LUCHAR HASTA LA VICTORIA FINAL.

Por Armando Tezucún

Las opciones que se presentaban para la segunda vuelta electoral 2015 eran muy poco auspiciosas para los intereses de los trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres y demás sectores oprimidos y explotados de la población. Un comediante sin experiencia en política, Jimmy Morales del Frente de Convergencia Nacional-Nación, rodeado de ex militares de línea dura, apoyado por los ex patrulleros de autodefensa civil, por lo que queda de los corruptos partidos Patriota y Líder, y por un sector importante de la oligarquía. Y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que fue el poder tras el trono durante el gobierno de su ex esposo Álvaro Colom (2008 – 2012), a través del control de los programas de asistencia social del Consejo de Cohesión Social, acusada del manejo poco transparente de esta institución y de aceptar dinero del narcotráfico y de empresarios que se beneficiaron haciendo negocios con el Estado; Torres se alió al empresario Mario Leal Castillo, haciéndolo su candidato vicepresidencial, para congraciarse al menos con un sector de la oligarquía.

¿El mal menor?

No pocas personas del bando democrático, progresista y de izquierda anunciaron que votarían por el mal menor, Sandra Torres y la Une, ante el peligro el retorno de los militares al poder y una reedición del nefasto gobierno del Partido Patriota.

Sin embargo, el domingo 25 de octubre la gran mayoría de los votantes eligió a Jimmy Morales. Los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral el lunes 26 por la tarde indican el 67.44% de los votos válidos (2.750,847) para Jimmy Morales, y el 32.56% (1.328,381) para Sandra Torres. La información indica un 1.66% de votos en blanco y el 2.49% de votos nulos. Pero esta fue una victoria pírrica para Morales y el FCN-Nación, si tomamos en cuenta que, según el Tribunal Supremo Electoral, hubo una elevada abstención del 43.65% de las personas aptas para ejercer el voto, 3.300,998. Ello reduce el porcentaje de votos recibidos por Morales al 36.40% de los votantes empadronados y al 17.57% para Torres (diario La Hora 26/10/15).

Esto significa que un 63.59% del padrón electoral no avala el triunfo de Morales en las urnas. Ello no es de extrañar si tomamos en cuenta los datos de abstención en la segunda vuelta electoral en las elecciones que se han sucedido desde la apertura democrática de 1985; en ese año se dio el mayor porcentaje de abstención, el 65.40%, y el menor en los comicios de 1995 con el 36.90%. En las anteriores elecciones de 2011, en la segunda vuelta se abstuvo el 60.83% de los empadronados (Prensa Libre, 26/10/15).

Pero si tomamos en cuenta que en la primera vuelta se dio una participación sin precedentes del 71.33%, producto de las fuertes movilizaciones contra la corrupción y el cuestionamiento del sistema político, el elevado abstencionismo significa que ni el FCN-Nación ni la UNE llenaban las expectativas de una población que exige un funcionamiento limpio del sistema democrático, con trasparencia y con cero corrupción.

Morales y el FCN-Nación tendrán que ceder ante las presiones

Por el momento el futuro gobernante tendrá que ceder ante las exigencias de los diversos sectores de presión y poder, anunciando una cruzada contra la corrupción. Los empresarios organizados en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agrícolas y Financieras (CACIF) declararon a través de su presidente Jorge Briz “No queremos más gobernantes corruptos, queremos resultados de la acción gubernamental. Y esos resultados, los guatemaltecos ya perdimos la paciencia, tienen que ser inmediatos porque efectivamente enfrentamos graves problemas que necesitan soluciones puntuales” (Siglo21 25/10/15). La oligarquía, cuya negativa a pagar más impuestos es histórica, sostiene que los problemas de desnutrición, pobreza, salud y educación son causados por la corrupción entronizada en el Estado, que se lleva el 30 ó 40% del presupuesto público. Su agenda incluye cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, a la Ley de Contrataciones del Estado y la de Servicio Civil, con la finalidad de eliminar nichos de corrupción que significan fuente de negocios y poder para grupos emergentes de la burguesía, nuevos ricos que son su competencia desleal.

Por ello Morales declaró: “Si bien es cierto que soy parte del sistema político, también soy parte de la inconformidad y hay un compromiso fuerte con el clamor popular para empezar a hacer las cosas diferentes. El clamor popular ahora va por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos…Vamos a dar paso a los debidos procesos y dar independencia a los poderes y a las instituciones del país”, asegurando que la actual Fiscal General Thelma Aldana continuará en su cargo (La Hora 26/10/15).

Las prioridades anunciadas por Morales

Por lo pronto, el presidente electo anunció que en los primeros cien días de su gobierno proveerá de medicinas a los hospitales, trabajará por la educación y contra la desnutrición crónica, mejorará la moral tributaria, combatirá la corrupción y fomentará el desarrollo de la pequeña y mediana empresa; también anunció que cada mes donará el 60% de su salario como presidente para la reconstrucción de escuelas dañadas por terremotos en 2012 y 2014. Así mismo anunció que ya tuvo acercamientos con funcionarios de Estados Unidos para discutir la implementación del Plan Alianza Para la Prosperidad (Siglo21 26/10/15).

Sin embargo, la primera dificultad que encontrará Morales será un colapsado sistema de recaudación tributaria y un presupuesto sumamente ajustado y financiado con deuda, si es que logra acuerdos con el actual Congreso para que el proyecto de presupuesto 2016 sea aprobado tal como fue presentado por los funcionarios de extinto gobierno del Partido Patriota. En una reunión con la Cámara de Industria el 29 de septiembre, el entonces candidato presidencial afirmó que desconocía de dónde obtendría los recursos para financiar su programa de gobierno (La Hora 29/09/15). Ahora dice que los recursos para atender las necesidades de salud, educación, etc., saldrán de alianzas con instituciones y empresas privadas (Siglo21 26/10/15). Este triste payaso continúa con su interminable serie de declaraciones absurdas ¿qué institución o empresa va a proporcionar los miles de millones de quetzales que necesita Guatemala para solucionar estos gravísimos problemas?

Morales debe abandonar su rol de payaso y enfrentar con seriedad los problemas que dice que quiere solucionar. Aunque en realidad el futuro gobierno de Morales se verá entre la espada y la pared. A tono con la oligarquía que le ha apoyado, sostiene que no creará nuevos impuestos, a pesar de que el consejo de analistas y centros de pensamiento es que urge un nuevo pacto fiscal si es que se desea realmente solucionar los flagelos que azotan a la población en temas de salud, educación, desnutrición, infraestructura, etc. El FCN-Nación tendrá una bancada relativamente pequeña de 11 diputados en el Congreso. Para congraciarse con las corrientes que cuestionan el sistema político corrupto, Morales se apresuró a afirmar que no aceptará diputados tránsfugas en su partido (Prensa Libre 26/10/15); veremos si el tiempo no le hace tragarse esas palabras, de lo contrario, el FCN-Nación se verá obligado a negociar con las otras bancadas para que logren pasar sus propuestas en el Congreso.

La azarosa ruta del presupuesto estatal 2016

A inicios de septiembre fue entregada al Congreso por el Ministerio de Finanzas la iniciativa de Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2016, con un techo de gasto de Q 72,430 millones. Se espera una recaudación de Q 54,555.8 millones, y una emisión de bonos de deuda por Q 11,060 millones, además de préstamos por Q 543 millones e ingresos no tributarios por Q 2,847 millones que completarán los fondos para la ejecución de los gastos gubernamentales.

La primera dificultad con este proyecto es la elevada deuda en bonos; la causa es que no fue posible completar la negociación de préstamos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (que tienen condiciones más favorables que las de los bonos) debido a la crisis causada por el escándalo de corrupción del caso La Línea. Además, a mediados de septiembre la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales, a petición de las organizaciones empresariales, los impuestos contemplados para financiar el presupuesto 2015, a la telefonía, el incremento al impuesto al saco de cemento y a las regalías de las actividades mineras. Esto implica para el presente año un agujero de Q 1,844 millones en recaudación, y el presupuesto del próximo año no podrá contar con esos impuestos.

En realidad, el proyecto presupuestario para 2016 tiene un incremento de Q 1,715 millones sobre el de 2015, de Q 70,715 millones. El Ministerio de Finanzas Públicas afirmó que la asignación para el próximo año es prácticamente la misma que la de 2015, el incremento equivale a lo establecido como el pago de las deficiencias netas para el Banco de Guatemala (Siglo21 5/10/15). Las serias dificultades en la recaudación fiscal este año, que podría provocar un déficit de entre Q 4 mil y Q 4,500 millones, condujeron al MFP a incrementar el presupuesto solo en lo esencial.

Aun así, los primeros en oponerse al proyecto presupuestario 2016 fueron los empresarios, argumentando la mala administración y corrupción. La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, conformada por diputados de los partidos Patriota y Líder, rechazó el proyecto y propuso que ser reduzca a Q 52 mil millones. Sin embargo, la integración de esta comisión fue seriamente cuestionada, al punto que ocho de sus miembros renunciaron y fue reorganizada con la integración de diputados de otras bancadas. Finalmente, a mediados de octubre, esta nueva comisión decidió crear una mesa técnica con expertos de centros académicos y de la sociedad civil para escuchar propuestas en torno al proyecto presupuestario 2016. Con esta comisión y esta mesa tendrá que llegar a acuerdos Morales y el FCN-Nación para lograr un presupuesto que le permita una ejecución mínima de su plan de gobierno, a pesar de que, en una nueva postura demagógica, anunció que se conforma con un presupuesto de Q 69 mil millones.

Por Marcial Rivera

¿Le sorprende leer en los principales medios de comunicación en Guatemala, sobre una nueva crisis hospitalaria? Si le sorprende, muy probablemente usted que avanza su vista sobre este escrito, no se informa como debería sobre los principales acontecimientos del país, que evidentemente no dejan de estar relacionados con la crisis en el sistema de salud pública.

La Constitución de la República de Guatemala garantiza el derecho a la salud de los habitantes, no obstante pareciera que esta no es una prioridad real de quienes han administrado el poder. Durante la historia contemporánea del Estado Guatemalteco, el presupuesto en materia de salud ha sido insuficiente, al tiempo que los esfuerzos por subsanar este tema, simplemente no son suficientes. Resulta en una caja de resonancia el pretexto eterno de la falta de recursos, insuficientes producto de un sistema tributario injusto e inequitativo, y de autoridades legislativas que procuran asignar mayores recursos a otras carteras como el Ministerio de la Defensa, en lugar de las áreas prioritarias como salud y educación, que indudablemente deben estar en los primeros niveles de inversión estatal.

¿Y ahora qué pasó?

Pregunta sin respuesta… No obstante, lo que hemos atestiguado en los distintos medios, es que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, culpa al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, esto paralelo a la desatención de la que han sido víctimas departamentos como Santa Rosa, Huehuetenango, y Guatemala. Esta alza en la permanente crisis que vive el sistema de salud, ha propiciado la organización de distintas iniciativas desde la ciudadanía, desde la que han buscado contribuir a paliar en alguna medida la crisis actual; debe mencionarse que la atención a los más de cuarenta hospitales que existen, requiere de Q. 500 millones de Quetzales.

El personal de salud es sencillamente insuficientemente en proporción a la población actual. Es sobradamente conocido que en algunos municipios en el interior, sobre todo en las áreas más empobrecidas, en el Altiplano Maya, los puestos de salud, centros de convergencia y otras unidades de atención básica, tienen atención por parte de un médico, una o dos veces por semana, incluso con un margen mayor de tiempo, sin dejar de mencionar que en la mayoría de los casos, se trata de atención general, y no de atención especializada, en diferentes áreas, de acuerdo a las necesidades de la población.

Una de las principales consecuencias que produce una crisis en el sistema de salud, es precisamente el número de vidas que esto puede generar, escenarios tan específicos como pacientes con diabetes en sus distintos niveles, enfermos renales y/o población infectada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, necesitan medicamento de forma permanente, no pueden bajo ningún motivo desatender sus tratamientos de salud, pues al desatenderlos se arriesgan literalmente a morir.

¿Qué hacer?

Incluso en el más neoliberal de los contextos, un Estado no puede ni debe asesinar a su población por acción u omisión, que a la postre, sirve como mano de obra para ser empleada en la industria, comercio y otros sectores de la economía. La clase trabajadora, el campesinado y la población en general, deben emplazar a las actuales autoridades de la cartera de salud, encabezas por Mariano Rayo, para que hagan los esfuerzos suficientes, para resolver la crisis actual, y luchar por un presupuesto de salud, basado en las necesidades reales de la población, y que el mismo tenga como prioridad la atención integral hacia la población.

El sistema de salud debe estar en administración de los trabajadores, y de la población, la sobrevaloración de medicamentos, y de otros insumos, ha sido históricamente un nicho de corrupción, desde donde se han enriquecido las bolsas de los empresarios farmacéuticos, en detrimento de la mayoría de la población empobrecida, además del acoso sexual y laboral que sufre el personal de salud que labora en distintos hospitales y unidades de atención, bajos salarios, explotación laboral, y malos tratos por parte de quienes están a cargo de jefaturas, y mandos medios operativos, en el sistema de salud. ¿Le siguen pareciendo pocos los argumentos para enarbolar la bandera del sistema de salud en control de los trabajadores?

Por Leonardo Ixim

El jueves 8 de octubre se realizó el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2015, organizado anualmente por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), agrupación ligada al sector tradicional de la oligarquía, o conocidos como el grupo de las ocho familias que controla los monopolios y oligopolios empresariales más poderosos.

Fundesa es presidido por Felipe Bosch -un miembro destacado de la burguesía- emparentado con Dionisio Gutiérrez y Juan Gutiérrez, ambos los principales cabecillas del Holdign Multi Inversiones, emporio relacionado a la producción avícola, restaurantes como Pollo Campero, bienes raíces, hidroeléctricas, etc. Dionisio Gutiérrez por su parte es el más mediático de ellos, pues recordemos que tenía un programa televisivo hace unos años llamado “Libre Encuentro” que era una verdadera vitrina del pensamiento neoliberal y pro-oligárquico

Además, junto a otros grupos corporativos, Multi Inversiones fue financista del ahora defenestrado Partido Patriota. Algunos de estos prominentes oligarcas fueron ministros, como Alejandro Sinibaldi en el Ministerio de Comunicación y Transporte, quien renunció a su candidatura presidencial ante el descalabro del PP. Y junto a este el mismo Gutiérrez -quien le obsequió casas y apartamentos a Otto Pérez y al ex ministro Mauricio López Bonilla- por intermediación de otro personero cercano a éstos, el todavía embajador de Guatemala en Washington Julio Ligorria, quien salió repudiando hipócritamente a ese gobierno.

Visitas internacionales y políticas imperialistas

Volviendo al Enade, en esta ocasión se tuvo la presencia del ex jefe de gobierno español José María Aznar y del subsecretario de asuntos políticos del Departamento de Estado Thomas Shannon. Del primero solo podemos decir que su gobierno, junto al de Rajoy del Partido Popular, partido herencia del franquismo, son los que han llevado a España a la postración social de empobrecimiento, aplicando los dictados del cuarteto (UE, FMI, BCE, Eurogrupo) y promoviendo, junto al Partido Socialista Obrero Español, el expansionismo sub-imperialista de las trasnacionales españolas en América Latina.

Shannon por su parte, es un asiduo visitante a Centroamérica y fue crítico de algunos aspectos del gobierno del defenestrado Otto Pérez, sobre todo respecto al apoyo de la administración demócrata hacia la Cicig -plasmado en los elogios de Shannon al pueblo guatemalteco por sus movilizaciones pacíficas- que coincide con la política de promoción a los derechos humanos desde los intereses imperiales de Estados Unidos y más recientemente con el financiamiento de mil millones de dólares a los países del Triángulo Norte centroamericano en la Alianza para la Prosperidad.

El funcionario gringo se reunió con el presidente Alejandro Maldonado por aparte, además de anunciar en su discurso en el Enade, el aporte US$ 15 millones para combatir la evasión fiscal y promover el empleo juvenil. Shannon mencionó que “La transparencia será una medida importante en nuestro Congreso para determinar la cantidad de dinero que se aportará. Hasta ahora, vemos buena voluntad porque la CICIG ha destruido la corrupción e impunidad y eso es un buen augurio.” (Diario La Hora, 9 de octubre).

Las declaraciones de Shannon, que además mencionó el apoyo en la “construcción del Estado de derecho y a la Cicig” planteando que ésta no es ningún tipo de imposición sino un pedido de los mismos guatemaltecos, demuestran que la política exterior del gobierno de Obama considera a los Estados centroamericanos como débiles en muchas áreas, como la aplicación de justicia, el combate a la impunidad y las capacidades de recaudación fiscal. Por tal razón, junto a la crisis de los niños migrantes, que obligó a los gobiernos del Triángulo Norte a ir a mendigar a Washington, el país del norte necesita con la promesa de inversión en la Alianza para la Prosperidad, monto que no se termina de aprobar en el Congreso estadunidense, el combate a las facciones burguesas cercanas a prácticas mafiosas para poder invertir en distintos rubros en la región, esto en consonancia con algunos núcleos oligárquicos.

Más allá del tema de si la Cicig es o no una intromisión imperialista -que no es el debate de fondo- lo importante es resaltar que la labor de ésta junto al Ministerio Público al desarticular redes criminales dirigidas por funcionarios públicos, tiene la venia imperialista en el sentido de limpiar el tablero para poder invertir sin competencias desleales.

Aspectos relevantes del Enade 2015

Los encuentros Enade son parte de la estrategia de Fundesa y la fracción hegemónica de la burguesía, para lograr en 2021 un país con mejores condiciones sociales para la población -como bajar la pobreza extrema- y mayor fortaleza de las instituciones del Estado bajo parámetros de competitividad para los grandes monopolios y con ello garantizar una mayor tasa de ganancia de las inversiones de estas empresas y de las transnacionales.

Sin embargo este “paraíso ideal” lo sueñan sin que implique muchos sacrificios para ellos en lo que respecta a mejoras salariales, ampliación de la cobertura del seguro social y su financiamiento y recaudación fiscal, a partir del poco aporte al fisco que la oligarquía paga; recordemos que son el IVA doméstico, el ISR a las personas naturales y el IVA a las importaciones, los que más aportan, por encima del ISR a las personas jurídicas y ni que decir de la inexistencia de impuestos que graven la concentración de la riqueza. En ese sentido el empresariado reclama el aumento de la base tributaria, que si bien es baja, el IVA doméstico se aplica a cualquier transacción comercial, volviéndose un pretexto para no aportar al Estado.

En esta ocasión el Enade se realizó después de las movilizaciones que le pusieron fin al gobierno de Otto Pérez, en el marco del destape de la red criminal La Línea dirigida por éste y la defraudación masiva en las aduanas de parte de tal red, reflejado en una baja recaudación y en una brecha que se situará en Q3.62 millardos, sobre todo a causa de uno de los impuestos que más recauda como es el IVA a las importaciones. Esto en un escenario donde la deuda pública se sitúa casi en Q120 millones, tendencia que se agrava aún más debido a la reforma fiscal aprobada en 2012 que reduce las tasas impositivas a las empresas y personas jurídicas

De esa cuenta, el interés empresarial denomina tal encuentro como “Una Guatemala de Instituciones Fuertes”, es decir evidencia el temor que coincide con sus idílicas prospecciones para hacerle frente a la inestabilidad que seguramente afrontará el próximo gobierno. Este deseo va acompañado de una visión del Estado denominada “Un Estado Bien Hecho”; es decir un Estado que sea eficiente en lo que respecta a resultados con los pocos recursos que tendrá a su disposición -porque persiste la negativa de la burguesía a pagar impuestos pese a sus intenciones con respecto a la mejora de los ingresos por habitante. Achancándole la poca calidad del gasto en inversión del Estado a la comúnmente denominada burocracia y a la corrupción; que sin duda influye, sobre todo el segundo caso como hemos visto, pero no es lo único

Contra las negociaciones colectivas en el Estado

De esa forma, la oligarquía, sus fundaciones y los medios de información, lanzan una ofensiva contra los pactos colectivos -usando el pretexto de la corrupción real de los líderes sindicales a partir de los beneficios personales negociados en tales acuerdos- acampanándose para eso de la revisión de Ley de Servicio Civil, buscando que sea prohibida la negociación de pactos colectivos.

Se plantea un criterio necesario, la evaluación del desempeño, así como la creación de un registro único que sirva para el fin de la evaluación y que los beneficios de los pactos, dice el documento base de este encuentro “no sean para una minoría”. Para después asustar con la escasez de fondos de parte del Estado, en lo que respecta a “que los beneficios no sean puramente económicos” y plantea la existencia de dictámenes del Ministerio de Finanzas en lo que respecta a la disponibilidad financiera para la negociación de los pactos.

Reflexiones finales

Del documento base es interesante notar que en la visión de la fracción hegemónica de la burguesía existe también el temor a lanzarse a una Constituyente y aunque dice no descartarla para realizar transformaciones de fondo, plantea que es importante entrarle a cuestiones más a mediano plazo como las anteriormente descritas. De esa forma en el evento se vio cierto reproche del actual presidente del Cacif Jorge Briz, ex presidente de la Cámara de Comercio, que anteriormente estuvo alejada de la primera instancia, hacia otros empresarios, diferencias que se trae a cuentas con las Cámara de Industria – a la cual pertenecen los Bosch-Gutiérrez- y la Asociación de Exportadores, en una infinidad de temas, como la Ley de Inversiones, a los cuales Briz se ha opuesto y que en un proceso constituyente los tomaría con diferencias internas.