Por Guillermo de la Cruz

El día 6 de marzo, a partir de las siete de la mañana, la ciudad de Guatemala se vio invadida por varios miles de manifestantes procedentes de distintas partes del país; esta movilización fue convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC) y tuvo como punto de origen la avenida Bolívar, el Obelisco, la calzada Roosevelt y Centra Norte. La movilización se realizó debido a que ese mismo día en la Corte de Constitucionalidad (CC) se ventilaría un amparo en contra de la vigencia del acuerdo gubernativo número 145-2013, en el cual el ejecutivo autoriza de “urgencia nacional y necesitada pública” la implementación del Proyecto Eléctrico Territorial (PET). Dicho proyecto pretende dar pie a las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica y las Obras del Plan de Electrificación Rural. Dicho amparo fue gestionado por la CNOC.

Las razones para promover este amparo es que el PET viola el derecho de propiedad privada de los pueblos indígenas, el derecho de consulta popular para mega proyectos, la autonomía municipal y daña el ambiente y la biodiversidad de las comunidades, además de que obliga a ceder tierras para la instalación de las torres. Aunada a esta medida legal, los manifestantes en la marcha exigieron la nacionalización de la energía eléctrica y que el congreso apruebe la ley de desarrollo rural integral.

Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas argumentó que el presidente Pérez Molina extralimitó sus facultades debido a que la aprobación de un acuerdo de tal naturaleza es atribución del Congreso.

Érick Archila, ministro de Energía y Minas afirmó que más de 160 mil habitantes cuentan con conexión eléctrica ilegal, lo que equivale a Q 250 millones en pérdidas anuales; por dichos robos López Bonilla, ministro de Gobernación, responsabilizó a los dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA).

A pesar de que las marchas populares son la máxima expresión de democracia, Jaime Tupper, gerente general de Energuate aduce que “hay grupos minoritarios con intereses personales y políticos que incitan a la población a accionar fuera del marco jurídico y ponen en riesgo la gobernabilidad y estabilidad del país”.

Nos solidarizamos con el reclamo de los compañeros campesinos de que sus comunidades sean consultadas antes de poner en marcha este tipo de proyectos que afectan sus territorios.

Por Marcial Rivera y Chahim Luxemburgo

El pasado 12 de marzo se llevaron a cabo las elecciones a dirección en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como se sabe, en las distintas unidades académicas y también en la ECP, las elecciones se ganan por 'Colegios Electorales' en este caso estudiantes, profesores y egresados. Sobre la Escuela de Ciencia Política, debe apuntarse que ésta es una unidad académica pequeña, con mínima injerencia dentro de la Universidad, no cuenta con derecho a voto para elección de Rector, ni representación en el órgano máximo de decisión el Consejo Superior Universitario. A pesar de esto, no se encuentra ajena a los vaivenes de la política universitaria. En la USAC, hay un bando hegemónico: el del actual Rector Estuardo Gálvez y Secretario General Carlos Alvarado Cerezo, candidato para Rectoría, casi ganador absoluto de la elección de los cuerpos electorales de las diferentes facultades que se realizarán en marzo. Por ello, casi todas las elecciones de las demás unidades académicas se dividen entre quienes apoyan a este grupo, quienes se consideran oposición, y aquella gran masa que permanece indiferente bajo la concepción falsa de apoliticidad.

El actual Consejo Directivo es un reflejo de la forma como han cooptado todos los espacios de representación y decisión, y en el mismo no existe oposición. En el caso docente, las voluntades se compran asignando interinatos, y amenazando ante la posibilidad de perder privilegios si se salen de lo permitido. En el caso de estudiantes, facilitando la aprobación de un curso, de exámenes privados, aprobando diseños de investigación de tesis, y las mismas tesis.

Además de las ya conocidas fiestas, almuerzos, desayunos, y otros shows que caracterizan a la política universitaria. Pan y circo encajaría muy bien en este modelo de hacer política, y para quienes apoyan su discurso en lo académico se ofrecen conferencias, conversatorios y foros con reconocidos investigadores, lo cual sólo se ha visto en el último año.

Las candidaturas

En esta elección resultó electo Marcio Palacios, quien era el candidato oficialista no sólo de la actual administración de la Escuela, sino también es el favorito de la Rectoría. La actual “rosca” se ha dedicado a construir un entramado de relaciones para levantarle el perfil de “académico”. Apoyándose de su posición de poder, él y los miembros de su grupo político CONVERGENCIA se han enraizado en los puestos claves de administración, y se han adjudicado clases y horas en el Instituto de Investigaciones, haciendo de la Escuela su medio no sólo para vivir, sino su nicho de poder.

Los otros candidatos eran Rubén Corado, quien ya había sido candidato en elecciones anteriores y en este grupo se encuentra la vieja “rosca”, un grupo de docentes de mucho tiempo en la universidad que perdieron privilegios con la actual administración; también cuenta con el apoyo de docentes que han sido afectados del carácter autoritario de la actual directora Geydi de Mata. Y por otro lado Pablo Rangel, quien ERA el candidato más joven de los tres, con una aparente mejor preparación académica. Fue miembro del Consejo Directivo como representante de docentes. Su candidatura fue una sorpresa pues su grupo político RAÍZ surge de la improvisación, y de sus aspiraciones de ocupar la dirección.

¿Hacienda o Escuela?

Lo cierto es que la forma de hacer política en la Escuela de Ciencia Política, es un fiel reflejo de la forma de hacer política en Guatemala, pues la institucionalidad de esta unidad académica se puso en función de la candidatura del ahora director electo, la compra de voluntades en distintos contextos es indiscutible. Lo que queda ahora, es bregar por la formación política de la población estudiantil en el sentido de aspirar a la unidad en la ECP, pero también a fiscalizar a las autoridades actuales y electas en temas de transparencia, procesos internos, reforma universitaria y readecuación curricular.

La academia debe dignificarse, la ECP, no obstante es pequeña, su importancia trasciende en demasía, acá se forman cientistas sociales que deben adoptar un firme compromiso con las transformaciones que la realidad Guatemalteca demanda. El estudiantado debe ser partícipe y protagonista de este proceso, la dignificación de la academia no puede esperar más.

La Fiscal General Claudia Paz y Paz, y el Secretario de Estado John Kerry

Por Leonardo Ixim

En los últimos días se han dado una serie de diferencias sobre diversos temas entre Guatemala y Estados Unidos, que provocan algunos interrogantes. Esta situación no se debe a que el gobierno tenga una orientación antiimperialista, más allá de los altisonantes discursos nacionalistas chovinistas de personeros gubernamentales o de figurones de la extrema derecha.

Este gobierno ha sido fiel cumplidor de los dictados de los organismos financieros internacionales, continuando la vertiginosa carrera de acumulación de deuda o facilitando las inversiones de trasnacionales imperialistas en recursos naturales y servicios públicos, pese a la clara oposición de los pobladores a esas actividades. Por tanto ni siquiera se acerca a los más descoloridos gobiernos progres de Sudamérica.

Recordemos algunos antecedentes de la política exterior gringa en Guatemala. Fue durante la administración Carter que se impuso un embargo al ejército guatemalteco por violaciones los derechos humanos. Posteriormente, en el gobierno de Reagan y los subsiguientes, dentro del marco de la reacción democrática y la derrota a la Revolución Centroamericana, se mantuvo tal embargo y la política en mención. En última instancia EU logró en toda la región, y lo promociona como su política global, el encauzamiento de la lucha de clases en los canales de la institucionalidad y de elecciones libres regidas por órganos “imparciales” para evitar fraudes electorales.

Para la potencia imperialista es importante mantener una fachada democrática, de respeto a los derechos humanos y a las instituciones liberales. Por tanto, siempre vio con cautela las prácticas genocidas del ejército y de la oligarquía, así como con desconfianza la autonomía de este ejército con respecto a otros de la región. Esto generó en las élites políticas de origen militar y oligárquico el discurso nacionalista reaccionario que se puso en evidencia con el juicio por genocidio contra Ríos Montt, por ejemplo.

En los últimos días se han dado dos situaciones que ejemplifican esta política

El caso más sonado es sin duda la reelección de la fiscal general y jefe del Ministerio Publico (MP), Claudia Paz y Paz. Esta situación, relacionada sobre todo con el énfasis que el MP le ha dado a casos de crímenes de guerra del pasado, ha hecho que los distintos factores conservadores se alineen tras la Corte de Constitucionalidad (CC) en lo que se refiere a cortar el mandato -por unos meses que siempre son claves- de la fiscal general y por ende bloquear su reelección.

La gestión de Paz y Paz se ha caracterizado por el combate a la impunidad sobre en delitos comunes y de crimen organizado, y aunque ha continuado con una política suave de criminalización a las luchas sociales, cuenta con el respaldo de las organizaciones sociales. Por ende entonces, busca el fortalecimiento del Estado de derecho burgués y tiene el apoyo de EU.

Este apoyo se hizo notorio con la reciente llegada de William Brownfield, subsecretario del Departamento de Estado para tema de seguridad y narcóticos, quien se reunió con autoridades de seguridad pública, entre ellas la fiscal general respaldando así su gestión; además donó 5 millones de dólares en el marco del Carsi, para garantizar lealtades a la política gringa en materia de antinarcóticos. De igual manera otros funcionarios como John Kerry, secretario de Estado, han mostrado en público su apoyo y la propia embajada se mostró quejumbrosa por la resolución de la CC que amparó provisionalmente a un abogado títere de los sectores conservadores en el tema del tiempo del mandato de la fiscal.

Otro caso es la reciente aprobación por ambas cámaras del Congreso gringo y ambos partidos, de la Ley de Asignaciones Consolidadas, que limita el envío de fondos de ese país bilateralmente y en las instancias internacionales hasta que no se cumpla con el resarcimiento por las víctimas de la masacre de Río Negro ocurrida en 1978. Esta masacre fue hecha por ejército para desalojar a campesinos mayas y construir la represa de Chixoy. Desde ya alertamos que parte de esta ley es que EU suelte fondos al ejército cuando las condiciones de resarcimiento estén cumplidas.

Consideramos que en el tema de la fiscal general, la política de respaldo de EU se tiene que manejar con pinzas. Al imperialismo le interesa mantener y reforzar el “Estado de Derecho” porque la democracia es el mejor régimen para adormecer a las masas oprimidas y crear ilusiones en que pueden cambiar las cosas sin derribar el sistema en su conjunto. Las organizaciones de derechos humanos y los grupos de la “sociedad civil” no deben caer en este juego, sino plantearse un línea de acción que cuestione como tal al Estado burgués.

Por Armando Tezucún

En el número 170 de El Socialista Centroamericano informamos sobre la aprobación en el Congreso de la República de la ampliación presupuestaria para cubrir los gastos generados por los pactos colectivos firmados por el gobierno con el magisterio y los trabajadores de salud. De los Q 1,500 millones aprobados, Q 1000 millones serán destinados a educación.

Sin embargo, los beneficiados con el pacto colectivo son solamente una parte de la totalidad del magisterio: los maestros que están presupuestados y cuentan con una plaza fija en el reglón 011. Entre 40 y 50 mil docentes se encuentran bajo contrato en el reglón 021 y no gozan de los beneficios del acuerdo con el gobierno. Su salario mensual es de Q 2,412, igual al del nivel más bajo del escalafón que beneficia a los presupuestados. Ellas y ellos no están incluidos en el escalafón, así que pueden pasar años sin que su salario varíe gran cosa y no tienen derecho a la jubilación. La ministra Del Águila anunció que el incremento salarial del 10% contemplado en el pacto se hará efectivo a partir de marzo para el reglón 011 y que en una planilla especial se cancelará el porcentaje de incremento correspondiente a los meses de enero y febrero (Siglo XXI 13/02/14). Los compañeros del reglón 011 ya recibieron su sueldo de enero. El pacto dice que el reajuste salarial beneficia a “todos sus trabajadores de cualquier nivel jerárquico, sin exclusión alguna”, pero no está claro qué sucederá con las compañeras y compañeros del reglón 021.

La forma en que son contratados se ha vuelto cada vez más desventajosa. Anteriormente era casi segura la renovación del contrato año con año, pero en los últimos años el Mineduc ha hecho convocatorias para elegir a los maestros que serán contratados, trayendo inseguridad en el empleo y desasosiego a las compañeras y compañeros. Por otro lado, las convocatorias para escoger a los que pasarán a ser presupuestados en el reglón 011 son cada vez menos frecuentes, y la selección depende de conectes y compadrazgos.

Los contratos para este año debían haber sido firmados en diciembre de 2013, sin embargo, el Ministerio de Educación empezó a contratarlos hasta mediados de enero. En enero hubo numerosas protestas, tanto de los maestros por contrato, como de estudiantes y padres de familia afectados por la falta de docentes en sus escuelas. Cabe mencionar que en algunas de las protestas de los docentes por contrato el gobierno envió a los antimotines para intimidarles.

Las autoridades del Ministerio de Educación han recurrido a la práctica de contratar maestros desde el gobierno de Óscar Berger. Esto se hace para ahorrar dinero, pues sus salarios aumentan poco, no gozan de jubilación y al estar con contratos anuales solamente reciben la mitad del aguinaldo y del bono 14. Además, los trabajadores por contrato no tienen derecho a sindicalizarse y si lo hacen están sujetos a despido sin que la ley los ampare. El sindicato magisterial más grande, el Steg dirigido por Joviel Acevedo, no afilia maestros por contrato, mientras que los sindicatos pequeños sí lo hacen. Este año el Ministerio no contrató la cantidad suficiente de maestros para cubrir las demandas de la población escolar. Hacia el 10 y 11 de febrero tanto en el interior como en la capital aún había protestas de alumnos y padres exigiendo la asignación de maestros en sus escuelas. El 24 de febrero padres de familia y estudiantes bloquearon una calle de la zona 8 de la capital demandando la contratación de tres docentes (La Hora 24/02/14). Para agravar más la situación, el Ministerio aún no ha hecho efectivo el pago de los meses de enero y febrero a los compañeros maestros por contrato, agravando su situación. Lo normal es que las autoridades retengan los sueldos de los docentes contratados durante dos y hasta tres meses.

Llamamos a las compañeras y compañeros maestros de reglón 021 a organizarse y coordinarse a través de los sindicatos independientes para reclamar sus derechos y exigir que el Mineduc les trate con respeto y con justicia.

Reiteramos las demandas unitarias que hemos venido planteando: 1) Contratación inmediata de suficientes maestros; 2) pago puntual de los sueldos del reglón 021; 3) que estos compañeros pasen a la brevedad a ser presupuestado en el reglón 011; 4) Apoyo a los trabajadores administrativos en la firma de su pacto colectivo; 5) que el Mineduc proporcione los materiales, infraestructura y recursos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos; 6) cumplimiento del pacto colectivo, condenando la actitud servil de Joviel Acevedo y sus compinches hacia el gobierno; 7) que se apruebe de urgencia nacional un impuesto directo a las ganancias de los bancos y empresas financieras para dotar de recursos a los servicios públicos de educación y salud.