Por Armando Tezucún

No cabe duda de que el gran capital nacional e internacional se siente muy a gusto con el nuevo gobierno. Tanto así, que han empezado a sacar uñas y garras, proponiendo nuevas leyes laborales y cambios al Código del Trabajo que les permitan descaradamente aumentar la explotación que ya hacen de la mano de obra asalariada.

Una de estas patrañas legales es la llamada Ley de Inclusión Laboral. Este proyecto está siendo trabajado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Comisión del Salario Mínimo. Con este sugestivo y engañoso título estas entidades pretenden pasar una ley que garantice la contratación de personas a tiempo parcial, supuestamente con la garantía de que tendrán el derecho al Seguro Social y a las prestaciones de ley.

El punto es que una disposición de esa naturaleza abre las puertas para que los empresarios, siempre ávidos de ganancias, cometan una serie de irregularidades contra los trabajadores. Por ejemplo, la ley sería aprovechada para contratar mano de obra en condiciones de prueba, pudiendo despedirles en cualquier momento sin el pago de prestaciones.

Según las asociaciones patronales, esta disposición permitiría que estudiantes o amas de casa, que ocupan parte de su tiempo en sus quehaceres particulares, puedan trabajar unas horas, gozando de garantías sociales. Sin embargo, lo que esto haría es que ellos ganen menos del salario mínimo garantizado por la ley, además de que, conociendo la voracidad de nuestros empresarios, se negarían a pagar el séptimo día y otras prestaciones. Personalmente conocemos el caso de madres solteras, amas de casa, que trabajan para imprentas realizando parte del proceso final de los tirajes en sus hogares. Sin embargo, cuando las imprentas no tienen mucho trabajo, ya no hay tareas para ellas, y como no gozan de ninguna garantía, tienen que ver cómo sobreviven de otra manera.

El director de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Alejandro Ceballos, explicó que “En ese sentido, el proyecto hará que el país tenga mayor competitividad” (Siglo XXI 9/02/12). De hecho, esta propuesta es parte de la Agenda de Competitividad Nacional que promueve el Ministerio de Economía como una medida para aumentar la cantidad de empleos formales (El Periódico 2/03/12). Pero sabemos muy bien que para los funcionarios y los capitalistas competitividad no significa otra cosa que la posibilidad de tener precios bajos gracias a salarios bajos. Es obvio que el pago por horas sin salario mínimo, sin séptimo día, sin pago de vacaciones, aguinaldo, bono 14 ni seguridad social sería lo mejor que les podría suceder a estos canallas.

Por otro lado, este proyecto de ley está en contradicción con la Constitución de la República, que en su artículo 175, inciso g  dice “quienes por disposición de la ley por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal”.

Otro caso reciente es el de la Cámara del Agro, que aglutina a todos los finqueros y patronos de las actividades agrícolas, que presentó al presidente y al ministro del trabajo una nueva política laboral del sector agrícola. Según el presidente de la Camagro, Otto Kuhsiek, “El objetivo de la Política es promover el incremento del empleo formal con cobertura social, fomentar la cultura de cumplimiento de la legalidad laboral, de manera que se genere empleo digno en el sector agropecuario, agroindustrial y agroexportador” (Prensa Libre 1/03/12).

No salimos de nuestro asombro ante la hipocresía y la desvergüenza de estos individuos, pues el mismo Kuhsiek fue denunciado por la revista digital Plaza Pública como un explotador de la mano de obra infantil y adulta en su finca cañera Flamenco (La Hora 14/01/12).

Basta el siguiente testimonio tomado de dicha revista: Edgar Rivera, de 30 años, camina con sus dos hijos, Elvis y Jordi, de 13 y 12 años. Para él, lo peor no es que trabajen los niños. Va mucho más allá de eso. A Edgar le gustaría que sus hijos estudiasen, pero no puede permitírselo. Porque ni trabajando ellos, el jornal alcanza para que la familia sobreviva con una cierta dignidad. “Son 20 quetzales por tonelada de caña lo que recibimos. Los niños hacen una tonelada por día entre los dos y, con suerte, yo llego a dos, incluso a tres si me malmato”.

Llamamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad y a las centrales sindicales a oponerse por todos medios a este intento de los capitalistas de agudizar la explotación hacia los asalariados.

Por Andrés Barrios

El 28 de febrero, en conferencia de prensa, Estuardo Gálvez, rector de la Universidad de San Carlos (USAC) de Guatemala, en representación del Consejo Superior Universitario (CSU), el secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Roberto Muñoz y el Honorable Comité de Huelga de Dolores anunciaron que estarían de acuerdo con el ingreso de la Policía Nacional Civil al Campus de la Universidad “en casos extremos”.

La resolución tomada por el CSU expresa que por los recientes hechos de violencia entre grupos estudiantiles acaecidos el 16 de febrero en el edificio S-10 de la Facultad de Ciencias Económicas, y otros hechos delictivos que acaecen en el Campus Universitario, acuerda reforzar la seguridad interna tomando diferentes medidas y solicitar el auxilio de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público cuando se de “una emergencia de desorden público y en casos extremos, cuando esté en peligro la vida de miembros de la comunidad universitaria…”

Esta decisión fue tomada, en primer lugar, sin consultar a ningún sector de la comunidad universitaria. No se consultó a las organizaciones de docentes, ni al sindicato de trabajadores. Las organizaciones, grupos y corrientes estudiantiles, por fuera de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), no fueron tomados en cuenta en esta decisión tan importante. Esta fue una acción burocrática, autoritaria y antidemocrática.

Este acuerdo de cúpulas representa  una violación flagrante de la Autonomía Universitaria, que hemos defendido contra la represión de los anteriores gobiernos militares y que ahora campantemente se nos quiere arrebatar, con el pretexto de combatir la delincuencia. Llama poderosamente la atención, que la decisión inconsulta del CSU fue tomada unos días después de finalizada la toma de dos semanas de la Facultad de Ingeniería, realizada por los estudiantes. Esta decisión revela la intención oculta de llamar a la PNC para reprimir las luchas que lleva a cabo el estudiantado por sus justos derechos.

Los dirigentes corruptos de la AEU y el Comité de Huelga procedieron con una actitud hipócrita, rasgándose las vestiduras cual fariseos, pues es bien sabido que en las trifulcas entre estudiantes en esta época de Huelga de Dolores están involucrados ellos mismos. Estos individuos han convertido la tradición de denuncia y sátira de la Huelga estudiantil y su desfile bufo en un vil negocio, en el que involucran a gente ajena a la USAC y en el que buscan lucrar exigiendo pagos por el uso de parqueos y el ingreso a edificios. En los últimos días hemos visto cómo estos individuos encapuchados extorsionan a las compañeras y compañeros vendedores que se esfuerzan por ganarse la vida honradamente vendiendo frutas, artesanías,  alimentos o golosinas. Les exigen hasta Q 100.00 dizque para cubrir gastos de los Comités de Huelga, amenazando con que si no los pagan les quitarán la mercadería.

El lunes 5 de febrero se supo que las autoridades de la Facultad de Ingeniería, con la venia del CSU, suspendieron por un semestre a dos compañeros dirigentes estudiantiles. Contra ellos se había iniciado un proceso por difamación hace dos años, por una denuncia que hicieron en medios televisivos de actos de corrupción de algunos catedráticos de la facultad, proceso que había quedado estancado. Después de la toma de los edificios de la Facultad, súbitamente el proceso fue revivido, y violando todo el procedimiento legal debido, las corruptas autoridades resolvieron la suspensión.

Llamamos a todos los sectores democráticos, progresistas, y honestos del estudiantado, profesorado y trabajadores de la USAC, a tomar medidas urgentes y conjuntas para rechazar la decisión unilateral y antidemocrática del CSU y la AEU, que una vez más atentan contra la Autonomía Universitaria y amenazan de forma velada al movimiento estudiantil y a todos aquellos que luchamos por nuestros legítimos derechos dentro de la USAC.

Llamamos especialmente al colectivo de Estudiantes por la Autonomía (EPA) a cerrar filas,  y a encabezar la movilización para evitar el ingreso de la PNC dentro de la USAC. La prioridad en este momento es defender la autonomía y rechazar la represión al movimiento estudiantil. Llamamos a desarrollar asambleas estudiantiles en cada escuela y facultad, para escuchar a los estudiantes, debatir el camino a seguir, incorporar a la mayor cantidad de compañeros y compañeras a esta nueva lucha, que es una prolongación de la lucha anterior por la defensa de la autonomía dentro de la USAC

!!Abajo la decisión inconsulta del CSU!!

El 28 de febrero, en conferencia de prensa, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, rector de la Universidad de San Carlos (USAC) de Guatemala, en representación del Consejo Superior Universitario (CSU), el secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, Roberto Muñoz y el Honorable Comité de Huelga de Dolores anunciaron que estarían de acuerdo con el ingreso de la Policía Nacional Civil al Campus de la Universidad “en casos extremos”.

Por Marcial Rivera

El viernes 17 de febrero se registró la primera manifestación del sector magisterial durante el nuevo gobierno del General Otto Pérez Molina. Más de diez mil maestros y maestras salieron a las calles de la ciudad a manifestarse. Ellos están aglutinados en la Asamblea Nacional del Magisterio, presidida por el dirigente Joviel Acevedo. Las maestras y los maestros están luchando, entre otras cosas, por la recuperación del pago de algunos bonos que fueron prometidos por el gobierno del otrora ex presidente Ing. Álvaro Colom y que hasta la fecha no se han hecho efectivos. Pensamos que esto se refiere al porcentaje de aumento salarial que quedó pendiente el año pasado, sobre el 8% anual de incremento que contemplaba el pacto colectivo de 4 años firmado con el gobierno de Colom.

Otra de las demandas es en torno a la Infraestructura educativa, pues existen escuelas que se encuentran en muy malas condiciones para atender a la población estudiantil y que pese a eso, las prioridades en materia presupuestaria no giran en torno a subsanar esta situación. De forma específica, puede mencionarse la exigencia del otorgamiento de becas a personas de escasos recursos económicos, el fortalecimiento de la refacción escolar, la profesionalización de la carrera docente y otras.

Lo anterior, como parte del cumplimiento de la hoja de ruta, firmada entre el gobierno y la gremial magisterial el 11 de octubre del año pasado cuando el binomio presidencial se encontraba en campaña.

Por otro lado, cabe destacar que tanto el líder de dicho movimiento –Joviel Acevedo- así como otros docentes se han manifestado a favor de entablar una mesa de diálogo en el que se discutan tanto las propuestas de campaña, como las promesas hechas en fechas anteriores. Según declaró Acevedo, “Exigimos la instalación de una mesa de diálogo como parte de los compromisos hechos por el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Baldetti” (Siglo XXI 18 /2 /12). Para ello han fijado una semana de plazo para que las autoridades de la cartera educativa cumplan con sus demandas.

La hoja de ruta que la ANM negociará con el gobierno contempla:

Firma del pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Otorgar reajustes salariales cada año a todos los trabajadores del Mineduc. Fortalecer el programa de vivienda para el Magisterio. Aumento al 4.5 por ciento del presupuesto del Mineduc, en relación con el producto interno bruto. Legalizar los terrenos e infraestructura de los establecimientos oficiales. Mejorar la asignación para los programas de apoyo y refacción escolar. Reformas a las políticas educativas, y educación bilingüe multicultural. Además, los dirigentes magisteriales exigen a la ministra Del Águila que aclare sobre el posible despido de 25,082 docentes.

La respuesta de Pérez Molina a la multitudinaria movilización magisterial, fue de censurarla y  afirmar que están en su derecho y pueden manifestarse, pero después de las cinco de la tarde, “si lo quieren hacer, en horas de trabajo, cuando los guatemaltecos están haciendo un esfuerzo por pagar más impuestos, (en referencia a la reforma tributaria), para que los servidores públicos trabajen, tienen que trabajar y no estar protestando”… “si quieren protestar, después de las cinco de la tarde, cuando ya hayan cumplido con su trabajo, lo pueden hacer con toda libertad” (La Hora 17 /2/12).

La cartera de Educación informó el 22 que comenzará un proceso administrativo levantando actas en contra de maestros y maestras de 150 escuelas del interior que participaron en la marcha, como una primera llamada de atención (Siglo XXI 22/2/12).

Los acontecimientos fueron un primer pulso entre los maestros y el gobierno. La reacción Pérez Molina fue prudente por ahora, pues sabe que la intención de Acevedo es presionar para dialogar y discutir. Ambos han demostrado ser políticos hábiles. Mientras, el viceministro Alfredo García adelantó que: “Para este año el presupuesto no cubre ninguna expectativa de incremento salarial” (Prensa Libre 18/2/12)

Exhortamos a los compañeros maestros a permanecer alerta. La política del nuevo gobierno es neutralizar las luchas populares aparentando que  invierte en programas sociales; pero su límite es el presupuesto, en un momento en que enfrentaremos los efectos de la crisis económica de la Unión Europea. Las negociaciones con la dirigencia magisterial tienen un largo camino por delante. Recordemos el prolongado proceso de negociación con el gobierno de Óscar Berger. Serán necesarias muchas más acciones de presión. Llegará el momento en que el gobierno se quitará la máscara y recurrirá a la represión. Debemos estar preparados para entonces.