Por Armando Tezucún

El 3 de febrero el presidente Otto Pérez Molina presentó al Congreso el paquete de reformas fiscales que mejorarán los ingresos que el Estado recibe en concepto de tributación. Pérez  Molina declaró: “Con esta reforma se buscará recaudar más de Q4 mil 300 millones solo en el año 2012, Q4 mil 500 para el 2013 y alrededor de 5 mil millones de quetzales en 2014” (Diario La Hora 3/2/12). Cabe señalar que el ministro de finanzas Pavel Centeno aclaró que el efecto de las reformas se reflejará hasta el próximo año, pues se trata de impuestos anuales. En el 2012 solo se logrará una recaudación extra de Q 1,200 como resultado de la aplicación de la Ley Antievasión II (Diario Siglo 21, 11/2/12).

Esta ley, aprobada por el Congreso el 26 de enero, es un complemento de las reformas fiscales. Por medio de ella se restituye el impuesto sobre el precio de venta de las cajetillas de cigarrillos que había sido eliminado a causa de que las empresas tabacaleras alegaron doble tributación, pues también pagaban IVA sobre ese valor. La ley fija el impuesto en un 75%, pero se le deducirá el IVA para no incurrir en la situación anterior. La ley también fija la obligación de los intermediarios de emitir facturas especiales por sus compras.

A todas luces la restitución del impuesto al tabaco se dio en condiciones que favorecen a las empresas que lucran con este dañino negocio. Según afirmó Armando Chavarría, presidente del Observatorio del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, anteriormente se recaudaban Q 350 millones anuales. Sin embargo, al deducirse el IVA el tributo se reduce a Q 200 millones, lo que no cubre la reparación de los daños causados por las enfermedades derivadas del tabaquismo (Prensa Libre 31/1/12). Como vemos, las reformas fiscales que el gobierno está implementando tratan de afectar lo menos posible a los empresarios.

Esta semana el presidente Pérez Molina y su ministro Centeno hicieron otra concesión a los empresarios. Como parte de las reformas se aumentó el impuesto pagado sobre la primera matrícula  (Iprima) de los vehículos importados del 5 al 20 por ciento sobre el valor de la factura; además se prohíbe la importación de vehículos usados de más de 7 años de fabricación.

La Gremial de Importadores de Vehículos Usados iniciaron un cabildeo con diputados del Congreso y anunciaron una caravana para el 9 de febrero en protesta contra la reforma del Iprima, anunciando también el cierre de aduanas por parte de gestores de trámites de vehículos. Nelson Escalante, vocero de la gremial declaró: “Van a aumentar el impuesto de circulación en un 100 por ciento, un carro que pagaba Q200 ahora pagará Q400 al año. Además, están privilegiando sólo a siete empresas que importan y venden vehículos nuevos, los cuales son inaccesibles para toda la mayoría de la población” (Prensa Libre 9/2/12).

Después de reunirse con el presidente y el ministro de finanzas, los importadores suspendieron las acciones anunciadas, pues llegaron a un acuerdo. El Impuesto a la Primera Matrícula de Vehículos Automotores se efectuará sobre el precio de importación y no sobre el valor de mercado. Además se permitirá la importación de vehículos usados de 10 años o menos de fabricación para vehículos livianos y de 15 años o menos para camiones y vehículos pesados. Diligentemente, el ministro Centeno acudió luego al Congreso a notificar a la Comisión de Finanzas sobre el cambio.

Tal como afirmamos en el número anterior de El Socialista Centroamericano, la propuesta de reforma fiscal del gobierno hace recaer el peso de la carga tributaria sobre la pequeña burguesía media, es decir, trabajadores y empleados de ingresos medios, y pequeñas y medianas empresas. Los grandes capitalistas serán poco afectados.

Las reformas no tocan a las maquilas, empresas de zonas francas y otro tipo de empresas que gozan de exenciones fiscales con el pretexto de incentivar la inversión, pero que se llenan los bolsillos con la explotación de sus obreros sin pagar los impuestos de ley. Estas exenciones reciben el nombre de gasto tributario, y representan al Estado alrededor de Q 29 mil millones que deja de recibir al año, según declaraciones del ministro Centeno (Diario La Hora 7/2/12). Durante los años que las maquilas y zonas francas han gozado de ese privilegio ha quedado demostrado que no se ha dado un crecimiento significativo de la economía vinculado a esta actividad.

Demandamos del gobierno una verdadera reforma fiscal que no recaiga sobre las clases medias, sino sobre los grandes empresarios, gravando las ganancias, eliminando los privilegios fiscales e incrementando las regalías pagadas por las empresas mineras al menos hasta un 30 por ciento.

Por Edgar Miguel Kan

Inician las acciones evidentes, que desde esta trinchera hemos estado denunciando. El gobierno del presidente Otto Pérez Molina, se encuentra en la fase de despido masivo y toma de control de todos los espacios posibles, en la macrocefálica institución burocrática que es el Estado guatemalteco.

Desde el jueves 2 de febrero, el Presidente ha generado reformas legales que coartan la participación ciudadana, específicamente en el nombramiento de la titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer. La lucha de los grupos defensores de los derechos de la mujer llevó a consagrar en el artículo 10 del acuerdo gubernativo 130-2001, reglamento de la Secretaría Presidencial de la Mujer, el nombramiento de la secretaria de Seprem a partir de una nómina de diez candidatas propuestas por las mujeres organizadas.

Sin embargo, con el acuerdo gubernativo 34-2012, Pérez Molina derogó el acuerdo anterior, depositando la toma de decisión única y exclusivamente en el Presidente de la República y nombrando para el cargo a Elizabeth Quiroa, soslayando de esta manera la participación de las mujeres organizadas. El viernes 10, las compañeras realizaron una concentración de protesta en la Plaza de la Constitución, que probablemente constituyó el primer acto de protesta pública contra el nuevo gobierno.

Esta polémica reforma, allende del antagonismo con sectores organizados, es una manifestación evidente de centralismo y concentración de poder en la estructura gubernativa, retrocediendo así en los incipientes avances de nombramientos participativos y la construcción de una lógica de poder representativo. En los corredores de los ministerios ya se hace referencia, en voz baja, a que tal o cual orden viene directamente de “el general”.

Esta situación no es distinta en el resto de instituciones estatales. Un levantamiento claro y en seria oposición fue el nombramiento del director del Conservatorio Nacional de Música, Roberto Raudales, quien fue recibido por una huelga por parte del claustro de profesores a raíz de considerarlo como una persona no apta para el cargo, situación que genera una interesante propuesta a partir del empoderamiento de las y los maestros de dicha institución. El flamante director, mantiene su postura rígida de imponer orden en el conservatorio argumentando su nombramiento directo por el señor presidente.

De igual forma se vive el caso de la destitución de la directora del diario oficial del gobierno Diario de Centro América, Ana María Rodas. Las denuncias realizadas por parte de los periodistas del medio escrito estatal denotan la clara visión sesgada y parcializada que las nuevas autoridades tienen en cuanto al proceso de informar y dar la noticia, situación que implica que no sea más que un medio de defensa y legitimación del nuevo gobierno, contubernio que los medios masivos de por si ya tienen con el “militar retirado”.

Pero el acaparamiento de escenarios no se detiene ahí. La radio TGW, radio estatal, que funge como un medio radiofónico de información también ha sido víctima de los serviles funcionarios que pretenden confundir a la sociedad mediante un adoctrinamiento social, en el que se glorifiquen los programas de gobierno así como las acciones del Presidente.

Sin duda los cambios que se han realizado dentro de la estructura estatal atienden primero, al desprecio y eliminación de lo que tan solo parezca resabios del antiguo gobierno. Sin embargo, atiende a una lógica más simple, que es la centralización de la información, a través de la obstaculización y filtración de la misma desde las propias agencias estatales. También implica que la información se canalizará de acuerdo a lineamientos que sin duda los nuevos burócratas no han sabido ocultar, como lo es el consentimiento del mismo presidente.

Esto es un claro ejemplo de centralismo y de control de información por parte del gobierno. No basta generar desinformación, sino avasallar mediante el uso de los medios de información masiva tanto estatales como los que están en un claro pacto con el actual gobierno que de manera acrítica desinforma a la población.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), denunciamos la involución estatal a una mayor concentración de decisión y poder en la figura del presidente, quien actúa tal cual bonapartista, concentrando la información y eliminando los procesos de participación ciudadana dentro de la estructura estatal, generando así concentración y un escenario propicio para la realización de sus intereses.

Exhortamos a los trabajadores estatales a que denuncien los actos de corrupción, la violación a la estabilidad laboral, el servilismo y clientelismo político propios de intereses de campaña y que juntos organicemos la presión y resistencia ante actos de desinformación y centralismo.

Por Clara Kat

A casi un mes de haber iniciado este gobierno, una de sus primeras medidas ha sido la de poner en marcha la estrategia para combatir el crimen por medio de la identificación de cinco delitos que según el equipo de inteligencia del nuevo presidente son los que mas impacto social tienen. Éstos son: extorsiones, homicidios, asaltos a unidades del transporte urbano, pandillas y femicidio; contra el narco se creará una instancia especial por medio de un vice ministerio adscrito al de Gobernación.

La conformación de tales grupos tiene un símil con la estrategia militar contrainsurgente que se usó para derrotar la guerrilla en la década de los 80s del siglo pasado. Esta vez se utilizará con el fin de controlar el crimen común y organizado que tienen sus causas en la estructura socio-económica injusta y en la impunidad existente en el sistema de justicia. Su efectividad está por verse. Los personeros del nuevo gobierno como el ex militar Mauricio López Bonilla ministro de gobernación, plantean que trabajarán en base a resultados visibles para la sociedad y que en seis meses se verá cómo los índices de incidencia criminal habrán bajado. Por su parte hace pocos días la organización de derechos humanos Grupo de Apoyo Mutuo  reportó en menos de un mes del nuevo gobierno un poco más de 500 asesinatos.

Estas fuerzas de tarea estarán centralizadas por una mesa que realizará análisis de inteligencia en base a un mapa de riesgos elaborado a partir del monitoreo de la incidencia criminal. Esas mesas recopilarán, analizarán y actuarán en base a toda esta información. Tales mapas tomarán en cuenta la densidad poblacional, así con estos insumos movilizarán la fuerza policial y militar donde se tenga identificada tal incidencia criminal, sobre todo en la región metropolitana donde mas grave se siente la violencia y donde mayor fue la votación a favor del nuevo gobierno.

Los grupos están dirigidos por funcionarios del Ministerio de Gobernación, todos civiles, junto a personeros del Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos, Dirección General de Inteligencia Civil, Inteligencia Militar, Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio de Defensa. En ella no habrá fiscalización de organismos de derechos humanos o de temas sobre justicia y seguridad como el Consejo Asesor de Seguridad. Esta es una instancia conformada por instituciones estatales y de la sociedad civil que ha asesorado en materia de seguridad al gobierno anterior y que en este  gobierno no será tomada en cuenta. Tal instancia podría ser una garantía para el respeto y la vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos humanos.

De hecho algunos analistas han mostrado su preocupación de que tal estrategia, que consiste en centralizar fuerzas con un mando único, convirtiéndose en pequeñas unidades de inteligencia, y a partir de ahí dirigir operativos supuestamente policiales, pero que en la práctica son una movilización de efectivos militares con poco control civil; hasta simbólicamente se habla de una guerra contra el crimen. La preocupación es sobre los efectos que tendrá  sobre las libertades individuales de la población.

Parte de tales acciones es la de implantar 37 puestos de vigilancia conformados por policías y soldados en todo el país, en los que contrariamente a lo reglamentado, el grueso de esos contingentes son soldados y realizan capturas con poca presencia de la policía, reportándose ya abusos contra la población. Además de que uno de los objetivos de tales controles es detener más efectivamente las acciones de la población contra políticas y medidas contrarios a nuestros intereses como clase trabajadora. Eso coincide con el mandato legal dado por la Corte de Constitucionalidad (instancia que defiende los intereses de la burguesía y que tiene el carácter de ente superior en materia constitucionalidad) que amparando una petición de los empresarios manda a reprimir  a toda costa los bloqueos en carreteras.

En materia de narcotráfico, se han conformado las unidades antinarcóticos de la policía, que trabajan mas de cerca con la policía antinarcóticos de Estados Unidos DEA, cediendo soberanía y regiones completas,  pues los efectivos gringos actúan como si fueran un cuerpo policial nacional. Éstos actúan impunemente portando armas y realizando capturas, al grado que elementos de la DEA, la PNC y de unidades contrainsurgentes del ejército, tomaron control de la Punta de Amatique, departamento de Izabal, situado en el noroeste del país, región que por su ubicación se ha vuelto ideal para transar grandes cantidades de cocaína procedente de Sudamérica  movida por bandas al servicio de los carteles mexicanos.

Alertamos sobre este proceso de militarización de la seguridad, que puede redundar en violaciones a los derechos de la población.

Por Armando Tezucún

En sus primeras dos semanas el nuevo gobierno de Pérez Molina ha tomado una serie de medidas para cumplir sus promesas de campaña e implementar su proyecto político y económico. Comentaremos dos de esas medidas, que reflejan que el Partido Patriota gobernará en beneficio de la gran burguesía y las empresas imperialistas.

Entre el 25 y 27 de enero el gobierno dio a conocer las reformas fiscales que le permitirán mejorar sus ingresos para desarrollar sus planes. Desde noviembre del año pasado los empresarios organizados insistieron en que rechazarían una reforma fiscal basada en el aumento de impuestos, haciendo énfasis en la necesidad de ampliar la base fiscal y la transparencia en el gasto del gobierno.

Sin embargo las opiniones cambiaron al conocerse la propuesta, por cierto muy similar a la que presentó el gobierno anterior en 2008 y que fue rechazada. El plan fiscal afectará cinco impuestos. El Impuesto Sobre la Renta tendrá cambios que harán que el peso de la tributación caiga sobre los profesionales independientes y empleados dependientes con ingresos por encima de los Q 5 mil mensuales. La deducción al ISR que se podía hacer en base al Impuesto sobre el Valor Agregado quedará limitada al 25% del total. Las tasas del ISR bajarán a un 5 y 10%, pero debido a la reducción en la acreditación de  planilla del IVA, más trabajadores pagarán el ISR. Los trabajadores en dependencia exentos del pago de ISR antes eran los que tenían ingresos de Q 3 mil al mes, en adelante serán los que ganen Q 5 mil o menos. Para los profesionales y pequeñas empresas bajo el régimen simplificado, la tasa del ISR aumentará del 5 al 7%.

Por otro lado, para las empresas bajo el régimen optativo, que son las más grandes, la tasa del ISR sobre las utilidades bajará del 31 al 28 por ciento en 2013 y 25% en 2014, gravando la distribución de dividendos con un 5%, dos puntos mas que en la actualidad. También se modificarán otro impuestos.

Como vemos los que quedan peor parados con los cambios propuestos son los profesionales independientes, empleados con ingresos medios y las pequeñas empresas, es decir la pequeña burguesía media. De ahí la anuencia de la burguesía, que ve con buenos ojos la propuesta. El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Marco Augusto García, indicó al conocer las reformas: “Vimos una reforma tributaria muy bien integrada; sin embargo, nos falta revisar los textos finales, lo cual se hará en los próximos días. Este es un proceso que no va a durar un mes, si no posiblemente un trimestre”. (Siglo XXI 26/1/12).

El beneplácito de la burguesía con el nuevo gobierno lo manifestó también el presidente de la Asociación de Bancos de Guatemala y gerente general del Banco Industrial, Luis Lara, quien vislumbra un panorama positivo y una mayor inversión extranjera: “Nosotros vemos, con el nuevo gobierno, muchísimo optimismo por parte del sector privado. De hecho, ya han venido muchos clientes a interesarse en créditos para seguir ampliando sus instalaciones, lo cual al final de cuentas se traduce en generación de empleo” (Siglo XXI 25/1/2012).

Otra medida decisión a favor de las empresas fue el del aumento a las regalías pagadas por las empresas mineras. Este tributo ha sido del 1% sobre las ventas brutas. En 2011 este sector creció un 14%. El Banco de Guatemala reportó que la exportación de piedras y metales preciosos y semipreciosos en los tres primeros trimestres, de 2011 alcanzaron los $625.2 millones.

Según el diario La hora, durante la campaña electoral, en agosto, Pérez Molina prometió negociar regalías del 40%. (La Hora 20/1/12). En noviembre, su meta había bajado a un 7% (Siglo XXI 30/11/11). El 26 de enero, el gobierno y la Gremial de Industrias Extractivas suscribieron un vergonzoso acuerdo según el cual, estas empresas voluntariamente incrementarían el pago de regalías a un 5% en la extracción de oro, 4% para metales preciosos, 3% para metales básicos y dejando en el 1% para las canteras de cal, cemento, mármol y piedra.

Si tomamos en cuenta las ganancias que obtienen estas empresas, y sobre todo el daño que causan al medio ambiente, estos porcentajes son ridículos, y más ridícula es la actitud de aparecer como una dádiva voluntaria estas mezquinas regalías. En realidad el problema no es tanto de regalías, sino de que estas empresas destruyen la naturaleza, algo que no se puede reponer con el pago de impuestos. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechaza la autorización de la operación de estas empresas en nuestro país, así como la reforma fiscal del gobierno, que es benevolente con las grandes empresas, quienes deberían pagar más.