Por Klara Kat

 La conformación del gabinete del nuevo gobierno muestra cierta heterogeneidad, alabada por distintos medios de prensa burgueses que hacen hincapié en la participación de empresarios, ex militares vinculados a la contrainsurgencia y académicos, ente ellos algunos con origen en la izquierda. Pero ¿qué significa esta diversidad y supuesto equilibrio en las políticas gubernamentales?

Tratemos de indagar un poco en los orígenes del partido de gobierno. El Partido Patriota (PP), a pesar de que algunos medios escritos dicen que su única intención es llevar a Otto Pérez Molina (OPM) a la presidencia, y éste tiene el papel de eje central y figura principal, desde su origen tiene propósitos que rebasan la figura de tal personaje.

El nuevo partido gobernante, el PP, tiene un núcleo de ex militares contrainsurgentes cercanos a OPM, pertenecientes a la generación ´73, graduados de la escuela politécnica en 1969. Ellos han desempeñado mandos relacionados a la inteligencia militar y cuerpos contrainsurgentes como los Kaibiles y paracaidistas. El mismo presidente  perteneció a estos cuerpos y llegó a ser parte del estado mayor presidencial en el gobierno provisional de Ramiro de León Carpio. Estas estructuras son responsables del genocidio contra el pueblo guatemalteco y del asesinato y desaparecimiento de importantes luchadores revolucionarios durante la guerra interna.

En el nuevo gobierno estos militares en retiro serán una especie de estado mayor encargado de seguridad y defensa y de llevar a cabo la estrategia contra la delincuencia común y organizada, especialmente el narcotráfico, parte fundamental de la estrategia de control geopolítico de EU. Sin hacer un recorrido por el historial de cada uno de ellos podemos resaltar a tres personajes. Mauricio López Bonilla nuevo ministro de gobernación uno de los mas cercanos colaboradores desde la guerra de OPM.

Ulises Noé Anzueto Girón, ministro de defensa, ascendido a general de brigada recientemente. Fue miembro de la brigada paracaidista al igual que OPM. Antonio Arenales Forno, empresario y miembro civil de la comisión de negociación con de León Carpio, ahora a cargo de la Secretaría de la Paz (Sepaz), y otros personajes del mismo origen.

Este núcleo fue formado en temas estrategia, inteligencia y contrainteligencia para combatir la guerrilla y mantener el orden semi colonial centroamericano. Fueron responsables de llevar a cabo la política de pacificación del imperialismo en sus dos fases, la represión masiva y selectiva, así como la creación de instituciones civiles en un marco de una estrategia de democracia formal controlada por el imperialismo norteamericano y poderes fácticos. Esta estrategia sirvió para derrotar a la revolución centroamericana, dando lugar a un régimen político conocido como de reacción democrática.

Tal núcleo fundó el PP en función de retomar el poder del Estado para recrear el proyecto neoliberal vinculándose a la oligarquía y su proyecto modernizante de acumulación de capital dependiente de las necesidades de las potencias capitalistas, específicamente Estados Unidos. Esto queda plasmado en la continuación de la agenda de competitividad que centra su interés en la agroexportación, explotación de recursos naturales, maquilas, generación de energía y zona de movilización de mercancías en el mercado mundial.   A la par de ello, y en función de paliar los efectos sociales del neoliberalismo y la crisis mundial, el gobierno del PP mantendrá los programas sociales del gobierno anterior, manejándolos con eficacia y transparencia. Esencial a la política del PP es la recuperación de la autoridad del Estado, combatiendo al narcotráfico y al crimen organizado con la ayuda del ejército. En lo que se refiere al financiamiento del Estado e inversión pública, está impulsando una reforma fiscal que no es mal vista por el empresariado.

El gabinete fue completado con empresarios y profesionales neoliberales  en carteras como economía, salud y educación, y con profesionales de origen progresista en carteras como finanzas o lo que se refiere a la política agraria y de seguridad alimentaria. Entre ellos podemos mencionar a Luis Monterroso, Efraín Medina, Adrián Zapata, Pavel Centeno y Lucy Lainfiesta.

La combinación de programas sociales bien administrados, esfuerzos por solucionar las problemáticas de salud y educación, y control de la delincuencia utilizando al ejército, puede tener a corto plazo el efecto de adormecer las luchas sociales que se desarrollaron durante el gobierno anterior. Mientras, el gobierno fortalecerá y preparará a la PNC y al ejército para cuando surja una nueva oleada de luchas.

Por Marcial Rivera

Un tema que ha estado tomando auge desde el año pasado en los últimos meses del gobierno del ex presidente Ingeniero Álvaro Colom, ha sido el de las huelgas protagonizadas por trabajadores municipales en el interior de la República, y que poco se han traído a la palestra de la discusión y al tintero del debate. En estas líneas se pretende analizar las luchas de los trabajadores municipales.

Las protestas

Las causas de las diferentes huelgas han sido muchas. Entre ellas puede enumerarse por ejemplo la de los empleados y las empleadas de la Municipalidad de Santo Domingo Suchitepéquez. Los trabajadores están en paro a consecuencia de  los actos de corrupción ejecutados por el ex alcalde Marco Aurelio Tay, por falsificar documentos y firmas para obtener un préstamo del Banco de Desarrollo Rural por más de Q 5 millones. Las nuevas autoridades municipales se niegan a reconocer esa deuda, por lo tanto el banco embargó las cuentas de la comuna, paralizándose todas sus actividades, incluyendo el pago a los compañeros trabajadores.

Otro hecho importante que debe destacarse es el despido de 300 personas aproximadamente, de la Municipalidad de Masagua, Escuintla; entre otras cosas debido al impago de más de cinco meses que dicha Municipalidad adeuda a las y los trabajadores, además de otras responsabilidades de carácter económicas con diferentes acreedores. La toma del edificio de la Municipalidad de Santa Ana, Petén es también otra medida de protesta que se dio a raíz de la deuda con los trabajadores Municipales. Situación similar se presenta en Puerto Barrios, Izabal; El Tumbador, San Marcos; El Asintal, Huehuetenango.

Para el caso de Pueblo Nuevo Viñas, las y los trabajadores han llegado al punto de paralizar distintas obras que se llevan a cabo, además de la maquinaria respectiva que se utiliza para dicho fin. El caso más crítico fue la suspensión del servicio de agua por parte de trabajadores Municipales en Chimaltenango, como medida de presión para el pago de sus salarios.

El presupuesto de las municipalidades

A inicios de diciembre pasado, la Asociación Nacional de Municipalidades denunció la no entrega de fondos por parte del Gobierno por cerca de Q 800 millones, fondos que son parte del presupuesto de dichas entidades, que por Constitución les corresponde.

El diálogo y las medidas

El gobierno saliente intentó entablar algún diálogo con las entidades que se encontraban en protesta, con miras a buscar soluciones a los problemas que enfrentan las Municipalidades. Sin embargo, también hubo medidas de hecho como la toma del piso 18 del Edificio del Ministerio de Finanzas Públicas, pues los alcaldes necesitan de mayores recursos para implementar obras de desarrollo en sus distintos Municipios, y el pago de obligaciones pecuniarias contraídas con diferentes entidades.

Posteriormente, el gobierno se comprometió a trasladar Q 400 millones a las Municipalidades, finalizando así las protestas. Interesante fue la participación en las protestas por parte de jefes ediles de distintas agrupaciones partidarias ya que en este punto los colores partidarios no han importado para unirse al clamor de mayores fondos.

El turno de los maestros y las maestras

El gremio magisterial estuvo en constantes protestas, en términos similares a las y los trabajadores Municipales. Este es el caso de 29 docentes que trabajaron el año pasado bajo contrato en la comuna de San Andrés, a quienes la municipalidad les debía a inicios de enero hasta siete meses por falta de fondos

Las protestas son causadas, entre otras cosas, por la crisis de financiamiento que vive el Estado desde mediados del año pasado. Los partidos burgueses de oposición impidieron en su momento la aprobación de diferentes préstamos que servirían para el pago de diferentes obligaciones que tenía el Estado, entre ellas la de pago de salarios. Además, las políticas neoliberales de adelgazamiento del Estado han repercutido en las finanzas de las municipalidades. En casos concretos encontramos también una gran corrupción en las autoridades locales, que gobiernan para su provecho.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) exhorta a las y los trabajadores municipales –tanto quienes todavía conservan sus empleos, como quienes han sido cesados- aumentar las medidas de presión ante el gobierno, el congreso y las autoridades ediles para el pago de las obligaciones adeudadas. Llamamos a otros sectores populares, incluyendo a los estudiantes, a solidarizarse con nuestros hermanos del interior que sufren por la crisis del capitalismo y la corrupción de las autoridades.

Por Edgar Miguel Kan

El Ministerio Público dio mucho de que hablar durante el 2011. El MP es extremadamente importante, porque es el encargado de ejercer la persecución penal del Estado. Esto implica que pone en funcionamiento todas aquellas instituciones de represión estatal en contra de un individuo o grupo, por considerar que alteraron la paz social, ante la comisión de delitos que afectan al resto de la sociedad o bien a la construcción estatal misma.

La Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la doctora Claudia Paz y Paz, ha ejercido una gestión que por demás ha sido polémica y sin duda transformadora del modelo de gestión penal dentro del MP. Ella ha priorizado la política criminal del Estado y ha gestionado mejor la selectividad del sistema penal hacia aquellos delitos de mayor impacto social, como lo son los delitos contra la vida, el narcotráfico, la violencia económica y los delitos de lesa humanidad vinculados a crímenes del pasado.

En este sentido, se han dado algunos avances importantes como la captura de capos del narcotráfico guatemalteco, además el inicio de procesos contra militares implicados en masacres durante la guerra interna, tal es el caso del ex-Jefe de Estado Oscar Mejía Víctores, o las condenas realizadas por femicidio.

Estas acciones han generado reacciones diversas por parte de sectores conservadores, así como de los sectores profesionales habituados a la obsoleta forma de actuar del Ministerio Público.

Acciones por parte de militares

En los meses de noviembre y diciembre, organizaciones de militares retirados realizaron  marchas y mediante acciones legales demandaron a la Fiscal General el inicio de investigaciones criminales contra miembros de organizaciones guerrilleras. Estas son evidentes luchas y confrontaciones por la búsqueda de poder político por parte de los ex militares. Su intención es acallar la función que la Fiscal General ha tenido en el ejercicio de la política criminal democrática, siendo un claro ejemplo el combate contra aquellas personas que cometieron o estuvieron vinculados a los delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

Una de estas acciones fue la denuncia contra el padre y otras familiares de la Fiscal General hecha por Ricardo Méndez Ruiz, víctima de un secuestro durante el conflicto armado. Esto no es más que una endeble aseveración que no solo carece de argumentación ideológica sino jurídica. Además, el contubernio de Méndez Ruiz con AVEMILGUA y otras instancias militares denotan una evidente ofensiva contra la gestión de la Fiscal General, que busca destituir a la misma y que se deje de perseguir los delitos cometidos durante el conflicto armado.

Avances militares

Sin duda dos evidentes retrocesos para el avance del esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad han sido la desestimación de los casos que vinculan a Otto Pérez Molina a la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez, único comandante guerrillero capturado, y el desistimiento de la vinculación de Oscar Mejía Víctores, Jefe de Estado de Guatemala durante 1983-1985.

El segundo es el reflejo del evidente poder que los poderes fácticos del Estado tienen sobre la administración de justicia y el primero el vínculo que asesores del mismo Ministerio Público con una clara orientación militar tienen con el nuevo Presidente de Guatemala.

Lo anterior hace repensar la necesidad de mayor fiscalización que debe existir por parte de las y los guatemaltecos, especialmente de los sectores sociales comprometidos con el cambio estructural, hacia las instituciones de Justicia. Debemos entender éstas no como el producto de la institucionalidad democrática burguesa, sino como el referente de defensa de derechos y garantías sociales, que son el producto de la lucha de clases frente al poder hegemónico tradicional, cooptado por años por las intromisiones imperiales y las esferas burguesas, que atentan contra la liberación de la masas oprimidas.

Por lo anterior desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a las vanguardias sociales comprometidas a fiscalizar la labor del Ministerio Público y demandamos a la Fiscal General que destituya a esos fiscales y asesores que desde ya manifiestan su evidente sesgo político a favor de las estructuras de gobierno tradicional y la clase social explotadora. La consolidación de una política criminal democrática solo se hará mediante la persecución de aquellos delitos y acciones atroces contra las clases oprimidas, que desde siempre han exigido una realidad más justa, la cual solo será manifiesta mediante un proceso de cambio revolucionario.

Por Armando Tezucún

El 14 de enero asumió en Guatemala un nuevo gobierno, presidido por el general retirado Otto Pérez Molina. La llegada de las nuevas autoridades implica que el control de las instituciones de gobierno pasa de nuevo, en términos generales, a las manos de los sectores oligárquicos de las clases dominantes y de los poderosos grupos corporativos modernizantes de la burguesía, luego de cuatro años de predominio de grupos burgueses emergentes, independientes del gran capital tradicional.

El cambio de gobierno tiene también otra particularidad: una parte de los nuevos funcionarios, incluyendo al Presidente, al Ministro de Gobernación, viceministros, secretarios, asesores, etc., son ex militares que tuvieron responsabilidades en el ejército durante el conflicto armado interno, vinculados a las masacres de campesinos indígenas en los 80´s y a los organismos de seguridad e inteligencia en los 90´s. Esto implica una significativa influencia de un sector del ejército en los asuntos públicos. Aunado a ello está que el partido de Pérez Molina, Partido Patriota, se ganó el voto de una población (en especial la urbana) atemorizada por el crecimiento de la delincuencia y el crimen, con la promesa de combatir con mano dura este problema que causa tanta inseguridad, que lleva a una militarización de las políticas de seguridad.

Esta conjunción de los grupos más conservadores de la burguesía y funcionarios públicos vinculados al ejército ha causado en un buen sector de la izquierda guatemalteca el temor a una represión generalizada y violaciones reiteradas a los derechos humanos.

Nosotros consideramos que este escenario no es el más probable. Recordemos que los individuos no actúan impelidos solamente por sus características e inclinaciones personales, sino condicionados por el entorno social, político y económico, que se expresa en coyunturas específicas. En Guatemala no tenemos actualmente un ascenso generalizado de las luchas populares; no tenemos oleadas de huelgas con tomas de planteles de trabajo, ni marchas de decenas de miles de personas protestando semana tras semana; mucho menos la formación de embriones de poder popular. Estas acciones son las que provocan como reacción una represión violenta contra las clases oprimidas en su conjunto. El actual movimiento popular se ha caracterizado en los últimos años por un ascenso lento, con luchas sectoriales aún limitadas, dispersas, con intentos unitarios que marchan con dificultad

Creemos más bien que el nuevo gobierno impulsará con más vigor los proyectos de inversión del gran capital en energía, agroindustria y minería; priorizará las medidas neoliberales como las alianzas público-privadas, aunadas al mantenimiento de los programas sociales que inició el gobierno anterior como paliativo al empobrecimiento generalizado de la población. En general, facilitará los negocios y nuevas inversiones de los grupos económicos más poderosos. Será un gobierno más parecido al de Óscar Berger (2004-2008), igualmente vinculado a la oligarquía y a la gran burguesía, que a los gobiernos militares de los años 70´s y 80´s.

Es claro que tendremos una continuación de la represión selectiva contra dirigentes populares que vimos en el gobierno de Álvaro Colom; las autoridades utilizarán los recursos legales a su alcance para atacar los bloqueos de carreteras, huelgas, ocupaciones y tomas de edificios, tal como los empresarios exigían que hiciera el gobierno anterior.

Pero la prioridad de Pérez Molina no será reprimir al movimiento popular, sino cumplir con sus promesas de combate a la delincuencia y los acuerdos que ha hecho con algunos sectores para mejorar el desempeño estatal en salud, educación, etc. Las nuevas autoridades se han llenado la boca anunciando que harán bien todo lo que el gobierno anterior hizo mal, pero tendrán que solucionar el grave problema del financiamiento al presupuesto general de la nación, y lograr una reforma fiscal en acuerdo con los empresarios. Y sobre todo cumplir con el imperialismo estadounidense en el combate al narcotráfico, involucrando en ello a las fuerzas de élite del ejército.

El movimiento popular debe estar alerta. El financiamiento de la salud y educación públicas aún es corto para solucionar todas las carencias de estos sectores. Sin duda los maestros y trabajadores de la salud tendrán que librar nuevas luchas, al igual que campesinos, estudiantes, comunidades y pobladores, pero debemos prepararnos para una mayor represión y ataques a nuestras organizaciones que en el gobierno anterior.