Por Edgar Miguel Kan

Mientras las y los trabajadores marchábamos en la ciudad capital de Guatemala dignificando la honrosa lucha de los mártires de Chicago por la conquista del trabajo por 8 horas de descanso, 8 horas de recreo y 8 horas de trabajo, en la zona nor-occidente del país en una comunidad fronteriza, con México, Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, ocurrió el vil asesinato de Andrés Francisco Miguel, a manos de las fuerzas de seguridad privada de la Hidroeléctrica Hidrosantacruz S.A.

Esto es la consecuencia de la tensión social que existe a partir de la invasión conspicua de los megaproyectos dados en excesiva concesión, sean Hidroeléctricas o Mineras, que buscan imponer un una dinámica capitalista totalmente ajena a la generación productiva real e inclusiva, que la clase oprimida necesita.

Leer más…GUATEMALA.- ¡Abajo el estado de sitio en Santa Cruz Barillas!

Por Armando Tezucún

El sistema de salud pública de Guatemala, el único al que puede tener acceso la mayoritaria población empobrecida del país, es un desastre permanente. El actual gobierno inició con la promesa de solucionar  esta problemática, y decretó en estado de calamidad los servicios estatales de salud. Sin embargo, cuatro meses después las autoridades no logran enderezar la tragedia en que se ha convertido este tema para el pueblo guatemalteco.

Tan sólo en el mes de abril, la prensa escrita ha divulgado noticias alarmantes sobre el estado de hospitales y centros de salud. En Sololá el Hospital Juan de Dios Rodas se declaró en crisis por falta de personal, medicamentos, equipos e insumos (La Hora 14/4/12). El hospital de Poptún, Petén, fue reportado en estado de abandono, con escasez de medicinas, falta de personal en la sala materno infantil, uso inadecuado del intensivo y una elevada deuda que impide la compra de insumos (Prensa Libre 17/4/12). En la capital, el Hospital Roosevelt anunció que estaba al borde de la paralización por falta de recursos para medicinas y equipo, y tendrían que hacer recortes en medicamentos, alimentación y ropa, además del colapso de tuberías de drenaje que ponían en peligro el área de neonatología (Prensa Libre 18/4/12).

A esta situación se ha sumado en las últimas semanas el cambio de autoridades en el Ministerio de Salud, que ha sacado a flote la corrupción que campea entre los funcionarios.

El 10 de abril renunció a su cargo el ministro de salud Francisco Arredondo. Oficialmente su dimisión fue por razones de salud, pero se maneja la versión de que fue porque le impusieron un equipo de trabajo o por la fiscalización que realizaba la vicepresidente Baldetti en su cartera.

El 2 de mayo fue juramentado como nuevo ministro Jorge Villavicencio. Ese mismo día, en una reunión con la Comisión Legislativa de Salud, los directores de los hospitales capitalinos Roosevelt y San Juan de Dios dieron a conocer el enorme déficit presupuestario en que se encuentran estos centros, que prácticamente requieren el doble de lo que se les asignó este año para poder funcionar aceptablemente.

El 8 de mayo estalló la crisis administrativa. El viceministro administrativo y financiero Roberto Calderón presentó su renuncia, presuntamente porque el nuevo ministro lo involucró en la compra fraudulenta de vacunas contra el rotavirus a precios inflados. Calderón se defendió argumentando que el contrato con  la Droguería Colón (prorrogado ya dos veces) fue arreglado en 2009 durante el gobierno anterior al precio de Q 170 por unidad, siendo que la Organización Panamericana de la Salud proporciona el mismo medicamento al precio unitario de Q 54.

El nuevo ministro anunció el cambio de todos los viceministros, argumentando el estado de podredumbre en que se encuentra el ministerio y la lucha por cuotas de poder en su interior.

En medio de las denuncias de corrupción, los sindicatos de trabajadores de salud denunciaron que el gobierno no cumplió con el convenio firmado el 22 de marzo. A finales de abril se les debía haber cancelado el bono de antigüedad, y se debería haber puesto en marcha los otros acuerdos. Los compañeros amenazaron con tomar las consultas externas de varios hospitales y la sede del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, el 9 de abril se anunció que los ministros de salud y trabajo acordaron con el dirigente sindical Luis Lara, que el bono se pagará a finales de mayo; con esta promesa no se realizarán las acciones de hecho anunciadas.

El ministro Villavicencio no ha asumido formalmente porque aun no tiene el finiquito que otorga la Contraloría General de Cuentas, pues él fue funcionario del Hospital Roosevelt durante el gobierno de Óscar Berger. El flamante ministro tiene en su contra 22 acciones administrativas, dos denuncias penales en el Ministerio Público y un juicio por cuentas. Villavicencio está bajo ataque de varios diputados, y como el presidente Pérez lo defiende a capa y espada, no sería raro que la contralora Nora Segura termine extendiendo el finiquito por “orden del General”.

Los trabajadores de la salud deben estar en primera fila denunciando la tremenda corrupción que corroe el Ministerio de Salud, y reclamando los fondos suficientes para atender dignamente a la población guatemalteca y salarios justos. Desde el acuerdo firmado el 17 de noviembre del año pasado sólo hemos visto falsas promesas por parte del gobierno. Al llegar el fin de mayo ¿aceptaremos otra promesa? El tiempo de pasar a la acción está llegando. Pronto habrá que echar mano de la valentía y la audacia que han caracterizado a los trabajadores de la salud.

Por Leonardo Ixim

 En los últimos meses ha habido dos importantes tomas de instalaciones en diferentes campus de la Universidad San Carlos (USAC). La toma de las oficinas administrativas del Centro Universitario de Santa Cruz de Quiché, que todavía se encuentra ocupado y la  toma de todos los edificios que albergan la Facultad de Ciencias Económicas en la Ciudad Universitaria, liberados el 9 de mayo.

Esta última duró quince días, protagonizada por parte de los más de 1700 estudiantes que fueron afectados por Reglamento de Evaluación y Promoción del Estudiante, conocido como plan de repitencia y la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas (AECE). La situación se enmarca dentro de los proyectos impulsados por las actuales autoridades siguiendo los dictados de las instituciones financieras internacionales, en consonancia con la oligarquía y las distintas roscas de poder político que tienen su origen en la universidad y los colegios profesionales.

Estas políticas buscan privatizar la educación superior pública con acciones como impedir el acceso a ésta por medio de un examen de exclusión y expulsar de la universidad a los estudiantes que les cae la repitencia. Para eso argumentan que en función de mejorar la calidad académica, buscan eliminar de la universidad  a “los malos estudiantes” y por tanto no es casual que en la facultad de económicas, una de las más numerosas, haya explotado el problema.

Este reglamento es una tabla rasa que obliga a los estudiantes pierden un curso tres veces a cambiarse a una carrera que no lo contenga o a dejar de estudiar. Esto injusto porque no toma en cuenta las deficiencias de carácter estructural que son un lastre que se arrastra desde la educación primaria, lo cual pone en evidencia cómo la universidad se ha olvidado de fortalecer el sistema público educativo; además, no considera otras situaciones que afectan el rendimiento personal de los alumnos, ya sea de orden personal, socioeconómico, psicoeducativas, etc.

La situación, al no ser conocida en la junta directiva de la Facultad de Ciencias Económicas por negligencia, pasó al Consejo Superior Universitario (CSU), que gracias a la presión estudiantil resolvió parcialmente la situación. Una de las demandas esgrimida por la AECE era la suspensión del artículo 24 de dicho reglamento, que hubiera generado una solución sostenida aunque siempre parcial, pero sorpresivamente no se presionó en este sentido. El CSU resolvió otorgando un examen extraordinario a elaborarse por la Dirección de Docencia de la USAC con la fiscalización de los estudiantes, así como cursos y hojas de estudio para tal examen.

Además de la creación de una mesa técnica entre miembros de la AECE y el CSU para elaborar una propuesta integral de la problemática. De esta mesa podría salir una buena propuesta que se base en el acceso al derecho a la educación superior pública, que tendría que ser aplicada a toda la universidad y servir como insumo para la reforma universitaria. Cabe mencionar que el 7 de mayo, estudiantes del Centro Universitario bloquearon la entrada al Centro en solidaridad con los estudiantes de Ciencias Económicas.

 La toma de las instalaciones administrativas de Quiché tiene que ver con denuncias estudiantiles por corrupción contra el director de ese centro y la falta de democracia en el consejo directivo de esa unidad académica, ahora impuesto por el CSU. De igual forma, si no es por la presión de los estudiantes al tomar las oficinas de rectoría, el CSU no resuelve. Al final éste ha iniciado un proceso para quitar del cargo a este funcionario, y la entrega de la administración de parte de los estudiantes se hará cuando se nombre un nuevo director.  Pero el problema no se ha resuelto, porque la elección de representantes estudiantiles del consejo directivo quedó aplazada, pues los docentes son todos interinos y éstos no pueden elegir ni ser electos hasta que haya contratación de titulares. Por otra parte, no existen todavía profesionales en número suficiente, pues este centro es de reciente creación. Solo los estudiantes podrían tener representantes legítimos, pero que en la actualidad son impuestos.

La organización estudiantil tiene que ser independiente de cualquier rosca dentro o fuera de la universidad. El estudiantado no se debe dejar llevar por las vacilaciones de sus representantes estudiantiles y debe presionarlos en todo momento para que sean portavoces reales de las demandas estudiantiles. Sobre todo, debe identificar los intereses de partidos políticos burgueses y de grupos politiqueros al interior de la U vinculados con ellos, que puedan actuar en contra de los intereses estudiantiles.

Por Armando Tezucún

A menos de un mes de la marcha campesina e indígena que culminó con compromisos por parte de las entidades del Estado, el gobierno se vio confrontado por nuevas protestas, esta vez provenientes de los trabajadores estatales de la salud y organizaciones campesinas.

Los trabajadores de la salud organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Pública (perteneciente al Frente Nacional de Lucha), coordinaron el 17 de abril con organizaciones campesinas una serie de marchas y bloqueos para presionar por sus respectivas demandas. Este día se celebró el Día Internacional de la Lucha Campesina, y las acciones fueron acuerpadas por trabajadores de la economía informal y estudiantes de la Universidad de San Carlos, entre otros.

Dos marchas en la capital fueron acompañadas por bloqueos en la Calzada Aguilar Batres, las carreteras Interamericana, al Pacífico, al Atlántico y marchas en ciudades del interior. Los trabajadores de la salud plantearon 13 demandas, entre las que destacan la solicitud de información sobre la investigación del asesinato del dirigente Ovidio Ortiz; la distribución de energía eléctrica a través de empresas municipales; la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural; la ampliación de la cobertura de la seguridad social; y una política pública de empleo y trabajo decente y con prestaciones de ley.

La organización campesina que se movilizó fue la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), que reclamó la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural; la nacionalización de la electricidad; el cese a los desalojos de comunidades campesinas; la cancelación de licencias mineras; y una reforma al Código Civil en lo relativo al derecho de propiedad, que reconozca la propiedad agraria ancestral de los pueblos indígenas.

Cabe comentar que esta es la tercera movilización campesina con demandas similares. Una fue la marcha del 19 al 27 de abril organizada principalmente por el Comité de Unidad Campesina (CUC). El 26 la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina se reunió con representantes del gobierno para plantear demandas similares a las que traía la marcha del CUC. Y el 17 marchan las organizaciones de la CNOC exigiendo temas parecidos. Esta división entre las organizaciones campesinas no hace más que debilitar al movimiento en su conjunto y resta fuerza a la exigencia de las demandas comunes.

Las acciones finalizaron hacia las 14 horas, luego de que la vicepresidenta Roxana Baldetti y funcionarios del gobierno se reunieran con representantes de ambos grupos. Con los trabajadores de salud se acordó establecer una mesa de diálogo y trabajo que se reunirá cada 90 días para evaluar los avances en la resolución de las demandas. Con los campesinos el gobierno acordó que entregarán una lista de prioridades el 30 de abril, y la presidencia dará resultados en ocho meses.

En cuanto a la reunión del 19 de abril entre dirigentes del CUC y representantes del gobierno, acordada luego de la marcha campesina de marzo, finalizó sin acuerdos claros. Daniel Pascual, dirigente campesino,  declaró: “No quedamos satisfechos porque no hay respuestas claras del Gobierno sobre los ocho puntos priorizados” (El Periódico 20/4/12), y: “Nos veremos en la necesidad de convocar a una asamblea con las comunidades que tienen una deuda con el Fondo de Tierras, para revisar los casos concretos y tomar una postura más integral en el tema de la deuda. La respuesta fue tan parcial y confusa que no respondía al espíritu de lo planteado” (Prensa Libre 20/4/12). La Junta Directiva del Congreso se negó a recibir a los delegados campesinos, lo que fue interpretado como una cachetada por parte de los compañeros. Al final se acordó una nueva reunión el 22 de mayo.

Pascual aseguró que esta sería la última reunión, y si no hay acuerdos, los campesinos realizarán marchas más fuertes y radicales (Siglo XXI 21/4/12).

Es de notar que el gobierno de Pérez Molina continúa actuando con prudencia y cautela. A pesar de las declaraciones  del nuevo presidente de CACIF (coordinadora de asociaciones empresariales) Andrés Castillo (miembro de la poderosa Corporación Castillo Hermanos) contra los bloqueos de carreteras (El Periódico 17/4/12), la fuerza pública no actuó contra los bloqueos del 17. El ejecutivo por el momento prioriza el diálogo para lograr la calma social. Una vez más alertamos a la vanguardia sindical, campesina y popular, que cuando la falta de fondos estatales y los compromisos con la oligarquía empiecen a limitar la capacidad de negociación del gobierno, aflorarán las fuerzas más oscuras en su interior para reprimir con saña.

Por Edgar Miguel Kan

No era de menos esperarse una fuerte presencia militar en el país, tras el insistente discurso de mano dura y el ascenso al poder del General Otto Pérez Molina, ex miembro de la institución castrense quien configuró en su discurso político el intento de unificar a la tan dividida clase burguesa, tras la fisura del pacto interoligárquico que acabó en la honda división de la Gana, Viva, PAN, Unionistas y Patriotas.

Esta fisura, bajo la lógica de unificación del discurso político de derecha del Partido Patriota, no hizo sino agrietarse más en el pasado proceso electoral. En el mismo el PP no logró sino al apoyo político de algunos miembros de la extrema derecha y de los capitales emergentes, de la desgastada burguesía. Sin embargo, esto suficiente como plataforma para la conquista del poder burgués, que ha mantenido una curva constante de pequeñas crisis internas, que se logran reconfigurar y permiten mantener el statu quo.

Tras la firma de los acuerdos de paz, la burguesía ha logrado permear las instituciones netamente civiles, que lejos de formar una nueva estructura, democratizada a partir de la participación social, ha seguido reproduciendo la lógica de contrainsurgencia determinada en la estigmatización de enemigos sociales. De allí la violencia que se genera contra las grandes mayorías desposeídas, manteniendo entonces no una lucha ideológica determinada, sino más bien acentuando más la explotación de las mayorías pobres y explotadas.

La infiltración tras los acuerdos de paz en las estructuras civiles ha establecido un patrón de detrimento institucional, que no atiende a la destrucción de las instituciones, sino al control de las mismas para el ocultamiento de sus intereses, que son intereses de clase contra la población pobre y desocupada.  La avaricia distorsionada de un voraz capitalismo de poca monta, se visualiza como un reacio problema con el desarrollo salvaje neoliberal que ataca a las masas oprimidas, que no logran desarrollarse tras el mantenimiento de lógicas precapitalistas, mismas que legitima el estado bananero burgués, mediante la violencia y la presencia militar.

Lo anterior se traduce en la aseveración de la lógica militar de represión, que se ha mantenido viva durante el transcurso de la “época transitoria” desde los acuerdos de paz a la fecha. Esta transición trataba de generar el ejercicio democrático y participación civil dentro de las estructuras estatales, las cuales nunca fueron abiertas a la participación popular.

Al mantenerse la fisura del pacto interoligárquico, la emergente burguesía no lograba cuajar dentro de la real opción de poder y ejercicio del mismo, pues dependía de los mismos para su participación e incorporación plena dentro de la legitimidad del estado burgués.

Con el ascenso al poder del Partido Patriota, hoy podemos caracterizar  que la militarización se traduce en la construcción de nuevas bases militares en los distintos departamentos donde hay conflictividad social, que responde a demandas propias de una sociedad empobrecida y desposeída históricamente, por la relación interoligárquica.

No es casualidad es que las brigadas militares se estén instalando en San Juan Sacatepéquez, San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Petén, zonas de conflicto de la tercer fuerza económica del país, que escapa del control estatal (que es el narcotráfico) y zonas donde el despojo de tierra y la oposición al proyecto neoliberal burgués afecta los intereses de las grandes mayorías que defienden el territorio que históricamente han ocupado ocupado.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), ante la evidente confrontación simbólica por parte del gobierno, hacia las comunidades en resistencia, que luchan por la imperiosa necesidad del cambio estructural, repudiamos las acciones que buscan sentar la base de legitimación militar sobre la clase burguesa-oligárquica; mediante el control armado sobre la población y poder establecer negociación de intereses de clase, manteniendo la opresión hacia los obreros, campesinos e indígenas. Nuestra solidaridad con los pueblos en resistencia y nuestra lucha contra el proyecto burgués, POR LA UNIFICACIÓN SOCIALISTA DE CENTRO AMÉRICA, RESISTENCIA Y LUCHA CONTRA EL PROYECTO BURGUÉS

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