Por Armando Tezucún

A tres meses de la toma de posesión, el gobierno de Otto Pérez Molina ha delineado cada vez con más claridad su estrategia. Tal como lo hemos comentado con anterioridad, el ex general ha optado (contrariamente a quienes pronosticaban una represión generalizada) por la búsqueda de acuerdos con los sectores sociales que en los últimos cuatro años salieron luchar a las calles, carreteras y centros de trabajo por sus reivindicaciones. La intención es lograr la “calma social” necesaria para la buena marcha de los negocios del gran capital.

Parte importante de esta estrategia es la inversión pública en salud, educación y en la continuación de los programas asistenciales del gobierno anterior, pero con una nueva faceta. Esto implica que el Estado cuente con suficientes recursos financieros. Para ello ya logró, sin problemas significativos, la aprobación de un paquete de reformas a las leyes fiscales. Pero los fondos son escasos, y el Estado invierte miles de millones en el combate al narcotráfico, un problema cuya causa radica en el consumo estadounidense. Por ello Pérez Molina se ha lanzado a una campaña para cambiar la estrategia de lucha contra el tráfico de drogas, polemizando al respecto con el gobierno de Obama.

El caso del magisterio

El 17 de febrero los sindicatos de maestros realizaron una marcha multitudinaria en la capital reclamando, entre otras cosas, el pago de bonos retrasados, la firma de un nuevo pacto colectivo, mejoras en infraestructura y otros temas acordados en octubre pasado durante la campaña electoral del ahora presidente. La movilización fue una medida de presión para iniciar un diálogo con el gobierno. La dirigencia magisterial se ha caracterizado por ser conciliadora y oportunista. Así fue con el gobierno pasado, y al parecer con el actual gobierno tendrá también esa actitud colaboracionista.

El 16 de marzo el líder del magisterio Joviel Acevedo entregó a la ministra de Educación Cynthia del Águila una propuesta de creación de la Carrera Docente elaborada con la Universidad de San Carlos. Según el diario La Hora del 20 de marzo, “El Magisterio y el Gobierno han tenido un inusual acercamiento, manteniendo una actitud de colaboración por parte de los sindicalistas, hecho que difiere a las acciones de años anteriores. Cinthya del Águila, ministra de Educación, señala que la buena relación con el Magisterio Nacional se debe a que siempre se ha tenido la voluntad de un diálogo”.

Los trabajadores de salud

Estos compañeros han sido uno de los gremios más combativos en los últimos años, y hasta noviembre del año pasado lucharon dignamente contra el gobierno anterior. El 17 de noviembre, la dirigencia sindical firmó un acuerdo con los ministros designados para el actual gobierno en las carteras de salud, finanzas y trabajo, en el que los funcionarios se comprometieron a solucionar los problemas del sector. El sindicato inició un compás de espera, suspendiendo las movilizaciones.

Durante su primera semana de ejercicio, el gobierno decretó Estado de Calamidad en el área de salud, iniciando el abastecimiento de los hospitales. Las carencias en salud son enormes a nivel nacional y la inversión realizada aún dista mucho de solucionarlos, pero la actitud de las autoridades del Ministerio ha mantenido en calma a los trabajadores.

El 22 de marzo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala y el gobierno firmaron un acuerdo por el cual los trabajadores recibirán un bono por antigüedad que va desde el 5 al 100 por ciento respecto al sueldo base, desde los 2 a 20 años de servicio. También se creará un fideicomiso de Q 10 millones que beneficiará a los trabajadores de Hospital San Juan de Dios al ayudarles a reducir sus deudas y consolidarlas en una sola. El acuerdo también prevé eliminar las plazas temporales y aumentar el presupuesto del Ministerio.

Pero no todo ha sido color de rosa. El 24 de marzo fue asesinado Ovidio Ortiz, miembro del Comité Ejecutivo del SNTSG, y el 1 de abril su asesinada con saña Marta Palma de Folgar de 70 años, madre de Carlos Folgar Palma, Secretario General de la filial del mismo sindicato en Jutiapa. Además, en algunas localidades del interior ha habido problemas de despido de trabajadores de parte de nuevas autoridades y el rechazo a responsables del área de salud en otros casos. En medio de la renuncia del ministro de salud, Francisco Arredondo por razones no muy claras, se vislumbra una crisis en el sector. “Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud Pública informó ayer que solicitará audiencia al presidente Otto Pérez para discutir temas que les aquejan; entre ellos, la estabilidad laboral. “Si no lo logramos antes del 17 de abril, habrá protestas”, advirtió el dirigente sindical Luis Lara.” (Siglo 21 12/4/12).

La marcha campesina

Si bien el gobierno de Pérez Molina ha logrado acuerdos parciales con los dos sectores de trabajadores estatales que han dado luchas destacadas en los últimos años, las cosas no se pintan igual con las organizaciones campesinas. Y es que este sector toca los temas más sensibles para la burguesía, como son el acceso a la tierra frente al avance despiadado de los cultivos de agroexportación y agroindustria, la construcción de hidroeléctricas que afectan a las comunidades indígenas y las empresas mineras que destruyen el medio ambiente y los territorios.

La marcha de varios miles de campesinos que del 19 al 27 de marzo recorrió 217 kilómetros puso el dedo en la llaga en torno a la problemática de la población indígena y campesina guatemalteca, que es la que sufre las peores condiciones de vida.

Después de largas horas de reunión de los representantes campesinos y funcionarios del gobierno, las demandas se redujeron a ocho, según expresó el dirigente Daniel Pascual: “Condonar la deuda agraria de Q300 millones con el Fondo de Tierras y del área Chortí; resolver la conflictividad en el Valle del Polochic; suspender licencias a mineras e hidroeléctricas; solucionar conflictos en Xelapán; Resolver los conflictos en Sierra de las Minas, Santa Cruz y Chinajá; resolver conflictos en el norte de Quiché y las Verapaces; retirar las tropas militares donde hay confrontación agraria; y buscar un mecanismo para cumplir el resto de peticiones” (Diario El Periodico 28/3/12).El gobierno se comprometió a dar solución a estos problemas, pero con cinco salvaguardas en los temas uno, dos, tres, siete y ocho, acordando una nueva reunión el 19 de abril.

Horas antes, los representantes campesinos habían visitado el Congreso de la República, logrando acuerdos para la aprobación de varias leyes, entre ellas la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral. Sin embargo, el 12 de abril la reunión de jefes de bloques decidió por mayoría retirar esta ley de la agenda legislativa, argumentando que contiene inconstitucionalidades. Los representantes del bloque del Partido Patriota dijeron que la ley demandada por los campesinos será sustituida por un nuevo paquete de leyes que presentarán al Congreso en unas semanas (El Periódico 13/4/12).

La reacción de las organizaciones campesinas fue de sentirse burlados y traicionados por los diputados, denunciándolos como servidores de la Cámara del Agro, y no descartan realizar nuevas movilizaciones. Además denunciaron que el presidente está incumpliendo con el acuerdo de retirar destacamentos del ejército de zonas conflictivas, pues se creó una brigada militar en San Juan Sacatepéquez.

Esta situación anticipa que muy probablemente el centro de las luchas populares pase de las ciudades al campo en los próximos meses.

La tercera fase de la reforma fiscal

El 3 de abril se anunció que la Comisión de Economía del Congreso y el Ministerio de Economía preparan un paquete de leyes cuyo objetivo es reactivar la economía nacional. Esto días después de que Pérez Molina dijera que se propone que este año el crecimiento del PIB alcance el 4%, pretendiendo modificar las previsiones del Banco de Guatemala de entre  2.9 y 3.3 por ciento (algunos analistas predicen un crecimiento entre 2.4 y 2.9%). Además pretende crear 640.000 empleos.

Estas iniciativas de ley son: : Ley de Competencia, Ley del Instituto de Inocuidad, Ley de Inglés para Todos, Ley de Salario Mínimo Diferenciado, Ley de Inclusión Laboral, de Desarrollo Social y la Ley de Zonas Francas (La hora 3/4/12).

Entre estas leyes la del salario mínimo diferenciado es un ataque directo contra los trabajadores. Según declaraciones del diputado Pedro Muadi de la Comisión de Economía “La iniciativa que lleva por nombre “Ley del Salario Mínimo Diferenciado”, no generaría aumentos en los salarios, sino que busca una estructura de salarios “en la que se puedan establecer salarios mínimos diferenciados, donde la diferenciación consiste en que el sector económico fije un salario mínimo, ya que existen sectores económicos que pueden soportar un mejor salario que otros” (La Hora 3/4/12). La Ley de Inclusión Laboral, no es más que una ley que permite el trabajo a tiempo parcial, por horas, sin prestaciones ni seguridad social.

Estas dos leyes, pensadas en aras de la “competitividad” de las empresas, son la punta del iceberg del ataque contra los trabajadores que significa el plan económico del gobierno. Pérez Molina está maniobrando para tranquilizar a los trabajadores que han luchado los últimos años, mientras coloca la soga al cuello para ahorcarlos.

Una vez más insistimos en que debemos prepararnos para las luchas que se vislumbran a mediano plazo y desconfiar de las negociaciones que ofrece el gobierno.

Por Edgar Miguel Kan

La municipalidad es el espacio micro de gobierno que históricamente ha mantenido un rol de representación político-administrativo sumamente importante. Es la puesta organizativa estatal más inmediata en la que las personas que trabajan, viven y desarrollan su vida en un contexto geográfico,  histórico y político determinado.

Razón por la cual la participación popular es de suma importancia en la coexistencia y desarrollo de la vida dentro del municipio, esto conlleva a que la sociedad en conjunto participe en la construcción de una mejor convivencia y desarrollo.

Sin embargo desde que el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y los Unionistas han mantenido una hegemonía en la dirigencia municipal, la estructura de participación social ha sido casi-nula sino inexistente. Ello conllevó a que la organización popular, de trabajadores, maestros, estudiantes y demás estructura social se mantuviese al margen de los designios administrativos y del cómo se ordenan y prestan los servicios sociales en el ciudad.

La municipalidad se vio forzada a abrir la puerta de la participación social, mediante el código municipal que data del 2002, junto al grupo de paquetes como la Ley de Desarrollo Urbano y Rural entre otras que atendiendo a la lucha por los acuerdos de paz, buscaban construir una realidad más inclusiva y participativa.

La municipalidad de Guatemala ante esta imposición que implicaba la creación de Consejos de Desarrollo Comunitarios (COCODES), generó una estructura pseudo participativa como los Comités Únicos de Barrio (CUB). Éstos se crearon con la finalidad de ser una estructura de organización paralela a la estructura constitucional de los Consejos de Desarrollo, que aspiraba a ser una propuesta integral, participativa y representativa a todo nivel político, por lo que al crear los CUB, se violentó la estructura constitucional de los Consejos de Desarrollo.

Los CUB nunca llegaron a ser una estructura real de participación, menos una estructura representativa, sino que fueron una estructura partidaria de los unionistas en la que sus organizaciones de base se organizaban y desarrollaban los planes impuestos desde la silla municipal, liderada por el mítico y barbárico alcalde Álvaro Arzú. Este individuo, siendo fiel servidor de los intereses de la oligarquía nacional, que son los suyos propios, ha fungido como el político que impulsa las propuestas neoliberales y quien ha aspirado a la formación neocolonialista de las clases oprimidas.

Tras los hechos acaecidos en las últimas semanas, en que se ha modificado la pseudo participación política de la estructura de los CUB, en la que a propuesta de los miembros de los barrios y los alguaciles se elegía a los alcaldes auxiliares, ahora existe una estructura verticalista de imposición legal en la que el Alcalde nombra de manera directa a los alcaldes auxiliares.

Este carácter centralista y autoritario manifiesto en los hechos suscitados, así como en la publicidad que proyecta el aparato institucional municipal, en torno al alcalde, da prioridad a los intereses principales del funcionario. Estos intereses buscan con exclusividad, enmascarar los problemas reales de la ciudad y generar la ilusión de un  estado de avance o perfección de la ciudad, lo cual dista de la realidad. Arzú representa en consecuencia los intereses de la clase burguesa para mantener subyugada y  desinformada a la mayoría de la población.

Arzú, fiel seguidor de sus intereses de clase y a la actuación histórica de la oligarquía, mantiene la actitud verticalista y autoritaria, negando así la pseudo participación social de los CUB y generando una imposición de sus intereses en las microestructuras de participación.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), consideramos que la estructura de participación, no debe ser impuesta desde la estructura estatal, para el acercamiento con las instituciones centrales, sino que debe darse la construcción democrática de todas las expresiones populares independientes  que desde abajo hagan propuestas democráticas. Por eso rechazamos la centralización que se da en la municipalidad de Guatemala y exhortamos a la organización independiente de la población con vistas a crear poder popular de base.

Por Armando Tezucún

El 2 de marzo más de mil vecinos de las localidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc empezaron a acampar en las afueras de la mina de oro y plata conocida como El Tambor, El Carrizal, reclamando que la misma inició operaciones sin que se haya consultado a la comunidad. Los pobladores habían intentado sin éxito suspender por la vía legal las licencias de exploración y explotación de metales preciosos en el lugar por parte de la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. Ante el fracaso de sus gestiones en el Ministerio de Energía y Minas y la Procuraduría de los Derechos Humanos, los vecinos tomaron acciones de hecho bloqueando el paso de maquinaria y quedándose desde entonces día y noche en el lugar, organizándose comunitariamente para satisfacer sus necesidades básicas (Prensa Libre 9/03/12).

El 8 de marzo pobladores de la aldea Poza Verde, Barillas, Huehuetenango, colocaron barricadas para impedir el paso de maquinaria que sería utilizada para la construcción de una hidroeléctrica por parte de la empresa Hidro Santa Cruz. Los compañeros retuvieron a 28 empleados de la compañía y quemaron parte de la maquinaria, liberando a 23 el día siguiente. La población ya efectuó una consulta comunitaria que pronunció en contra de la construcción de la hidroeléctrica, sin que fuera tomada en cuenta (Prensa Libre 9/3/12).

El 10 de marzo los diarios publicaron que pobladores de Cantel, Quetzaltenango, denunciaron que la construcción de la hidroeléctrica Cueva María, de la empresa Recursos Energéticos Pasac, S.A. está destruyendo obras de infraestructura y recursos hídricos. Además los funcionarios y cuerpos de seguridad de la empresa actúan con prepotencia, adueñándose de partes de terrenos privados y públicos e intimidando a la población. La empresa incumplió una serie de compromisos que debía asumir para poder construir la hidroeléctrica (Prensa Libre 10/03/12).

Estas situaciones conflictivas y muchas otras más que agobian a los campesinos indígenas, son el motivo para que se lanzara la Marcha por la Resistencia, la dignidad, en Defensa de la Tierra y el Territorio.

El Frente Norte del Área Metropolitana, Vía Campesina, el Comité de Unidad Campesina, la Coordinadora y Convergencia Nacional Maya y el Comité Campesino del Altiplano entre otras organizaciones iniciaron el 19 de marzo la caminata en Cobán, recorriendo 214 km y proyectando ingresar a la capital el martes 27.

En el primer aniversario de los desalojos violentos que se dieron contra 14 comunidades del Valle del Polochic, la marcha reivindica las demandas agrarias de las comunidades campesinas e indígenas para que se respeten los territorios y la madre naturaleza en las localidades donde hay empresas mineras, petroleras, hidroeléctricas, construcción de megaproyectos y monocultivos. Reclama también el cese de la persecución contra los líderes de las comunidades, la condonación de los préstamos otorgados por el Fondo de Tierras y la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral (declaración de la marcha, 19/03/12).

Un dirigente del CUC declaró: "No buscamos que se cree una mesa de diálogo, ni más cronogramas o reuniones con funcionarios de bajo rango…Solo esperamos que durante los días que marchemos el Estado atienda nuestras demandas, porque no son nuevas, son una deuda histórica” (El Periódico 19/03/12).

Por su parte, el presidente expresó: "Reconocemos sus demandas, el atraso, el rezago que padecen amplias zonas del país de mayoría indígena" y designó una comisión para recibirlos. “Aunque ellos (los manifestantes) digan que no quieren hablar con más funcionarios, tendrán que hacerlo. Tenemos un equipo de alto nivel, y ellos van a trabajar este tema" (El Periódico, 19/03/12).

Sorprendentemente, el viernes 23 por la tarde  Pérez Molina, al saber que en la marcha participan mujeres y niños, viajó hasta el km 82 de la Carretera al Atlántico para encontrar a los manifestantes e iniciar el diálogo, prometiendo recibirlos personalmente en la capital.

La lucha de las comunidades campesinas toca intereses sensibles de los grupos burgueses guatemaltecos (agroindustria y agroexportación, minería, hidroeléctricas, monocultivos, etc.). En un contexto en el que Pérez Molina está logrando acuerdos con los trabajadores estatales que protagonizaron las movilizaciones más relevantes en el gobierno pasado (maestros y trabajadores de la salud), neutralizando exitosamente sus luchas, el tema rural puede que tome el primer plano de las luchas populares. Todo depende de si los dirigentes campesinos se dejan envolver en un proceso diálogo interminable, y de si la burguesía muestra flexibilidad en aras de colaborar con la “paz social” que Pérez Molina está pacientemente tejiendo.

Por Edgar Kan

Los Acuerdos de Paz, específicamente el Acuerdo Sobre Aspectos Socio-Económicos y Situación Agraria (ASESA), planteaba la reforma del sistema tributario. Esta reforma era orientada para el desarrollo de un nuevo modelo productivo que cambiara la realidad agraria y también contribuyera de manera progresiva a la tan anhelada redistribución social, mediante una carga justa y en base al principio de capacidad de pago constitucional.

Sin embargo la oligarquía tradicional y las clases burguesas emergentes han hecho que cualquier cambio a la estructura macro económica y de recaudación tributaria que sea orientada a reducir  las desigualdades sociales se vea truncada,  bajo argumentos que encubren su afán de mantener sus voraces ganancias económicas y mantener su sistema productivo de explotación sobre las grandes mayorías.

Eso fue lo que se vio en el Pacto Fiscal del año 2000, en el que la falta de  compromiso de las élites dominantes, generó su retiro de la mesa de diálogo fiscal. De igual forma, en 2006 el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz  convocó al Grupo Promotor del Diálogo Fiscal, el cual buscaba implementar una reforma tributaria que se basara en una carga más fuerte a las grandes empresas y a la población económicamente activa que contribuye al sistema tributario. Este intento no tuvo efecto, pese al impulso que tuvo el ministro de finanzas de turno. En 2011 hubo una propuesta de reforma que por la misma falta de interés de las élites no tuvo eco en la realidad nacional

Tras años de escuchar por parte de las instituciones estatales la inminente urgencia de generar una reforma tributaria para poder financiar el gasto público, parecería incongruente que las élites nacionales hayan permitido una reforma tributaria tan fuerte como la que se realizó en la Ley de Actualización Tributaria, decreto 10-2012.

Sin embargo esto era de esperarse de un gobierno, en el que su Ministro de Finanzas ha transitado por los espacios del Pacto y Diálogo Fiscal, defendiendo los intereses de las élites dominantes. Pero ¿Cómo es que funciona este vericueto legal  que manifiesta expresamente la subyugación de las grandes mayorías?

Para comprender tan enredados términos, debemos tener en cuenta que los llamados impuestos se dividen en dos tipos: los directos y los indirectos. En cuanto a los directos, son aquellos que se cancelan a las instituciones estatales directamente. Ejemplo de este impuesto es el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Los indirectos son aquellos que se pagan en el consumo diario de bienes y servicios (el ejemplo típico del mismo es el Impuesto al Valor Agregado).

Los componentes de la Ley de Actualización Tributaria son: Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto a la primera matrícula, Reformas al impuesto de circulación de vehículos, reformas al timbre fiscal y al papel sellado.

El más controversial de este paquete fiscal es sin duda el incremento al impuesto directo del ISR, el cual posee 2 regímenes, uno legal y uno optativo. He aquí la clave para entender esta reforma y cómo las clases opresoras no son afectadas. El régimen que impone la ley es el legal, sin embargo permite el régimen optativo a aquellas personas físicas o jurídicas que deduzcan gastos de operación para su funcionamiento hasta un 97%. En esto reside la desigualdad, pues evidentemente son las empresas las que deducen gastos

La reforma realiza lo siguiente: aumenta el porcentaje que hay que pagar de la renta bruta (total facturado) que recibe el trabajador de 5 a 7 porciento, aumentando un 1% por año hasta llegar al 7%, queriendo decir que se debe cancelar en 2012 un 5%, en 2013 un 6% y finalmente en 2014 un 7%. Este es el caso del régimen legal. En el régimen optativo es donde se puede analizar realmente en contenido discriminatorio y explotador de la iniciativa, no aumenta sino reduce el porcentaje de la renta neta (ganancias) de un 31% a un 25% progresivamente.

La sorpresiva reforma tributaria que hoy tenemos en el país es sin duda una reforma que castiga a las clases medias, que imposibilita una capacidad de ahorro y la generación de una dinámica capitalista integral. Ante esa situación podría afirmarse que se busca congelar a las clases medias desposeídas, mediante su estancamiento económico y generar una medida populista de “liberar” falazmente a las clases más empobrecidas y de salarios de miseria del país (ya que éstas nunca estuvieron insertas en la dinámica de recaudación directa).

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), demandamos que se elimine el régimen optativo, en la ley del impuesto sobre la renta, que quien tiene más pague más, que el principio de capacidad de pago se refleje en las leyes ordinarias, que las grandes empresas paguen más.