Por Edgar Miguel Kan

En los últimos meses a partir de la creación del asentamiento 38-69, frente a las instalaciones del Congreso de la República, se ha generado una expectativa frente a las distintas movilizaciones que de manera solidaria tanto pobladores, estudiantes y diversas organizaciones han realizado.

La lucha por una vivienda digna

Ante las grandes desigualdades sociales, el que sigue siendo “el problema”, es la injusta distribución de la tierra, que llega a tal grado, que no permite siquiera  poseer un mínimo para la subsistencia y la vivienda. A partir de esta realidad, se presentó una iniciativa de ley (38-69), que fue construida desde las comunidades de pobladoras y pobladores que luchan por el derecho a una “Vivienda Digna, Adecuada y Saludable”.

De tal forma que estas organizaciones se acercaron al Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), para que presentara dicha iniciativa, en el uso de su derecho constitucional de iniciativa de ley, sin embargo, como es de costumbre, La Universidad, no fungió su papel de diligenciamiento, cabildeo e incidencia dentro del Congreso de la República, por lo que estando a 3 años de su presentación, el 22 de agosto se realizó una acción por parte del Movimiento Guatemalteco de Pobladores (MGP), quienes tras el largo proceso de las tres lecturas correspondientes de la iniciativa de ley 38-69, decidieron ocupar la avenida frente al ingreso del Congreso, generando con esto una acción para la aprobación inmediata de la iniciativa de ley.

Es la fecha 11 de noviembre y tras medidas dilatorias por parte del Congreso de la República, no se ha abordado la aprobación de la iniciativa de ley que pretende:

Generar una institucionalidad jurídica para que las y los pobladores, mediante acciones participativas generen una política pública de vivienda que incluya las necesidades de las y los guatemaltecos, El objeto de la Ley 3869 es regular y fomentar las acciones del Estado, desarrollando coherentemente el sector vivienda, su ordenamiento territorial, servicios y equipamiento social. La función de la institucionalidad que se genere será para el acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable, con equipamiento y servicios.

Además de las reformas pertinentes a la Ley del Organismo Ejecutivo para la creación del Ministerio de la vivienda.

La oportunidad de lucha

El escenario político se torna no solo complicado ante la inminente represión con el nuevo gobierno del Partido Patriota, sino hostil para el desarrollo de las luchas sociales. Ante un desarticulado movimiento social, es de suma importancia la unión dentro de los distintos movimientos, colectivos, agrupaciones, que de manera crítica se planteen la estructuración de la defensa de los intereses de la gran mayoría, a sabiendas que las acciones concretas dependen de un apoyo directo, de las luchas y de elementos cohesionadores. La lucha y resistencia que están llevando los pobladores, es una oportunidad para la generación de un accionar político común frente al tan ya capacitado poder punitivo del Estado.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ante esta oportunidad y frente al nuevo escenario político guatemalteco, considera:

1)      Que la exigencia al Congreso de la República de Guatemala, para la aprobación de la vivienda digna, no se dará por la lucha indistinta de los diferentes sectores, sino a través de la consolidación de un movimiento integral que aglutine a los sindicatos, a las organizaciones campesinas, estudiantiles, urbanas y rurales de resistencia y defensa así como a las organizaciones de pobladores y de vivienda.

2)      Que en la construcción de este movimiento aglutinador, debe existir la capacidad de diálogo y unificación política, como una unidad de acción, frente a las acciones contra-democráticas y de reivindicación propias de las masas populares, pues solo mediante la unidad popular se puede construir las condiciones necesarias para la defensa de las clases desposeídas frente al poder hegemónico.

3)      La solidaridad y la acción de las distintas agrupaciones sociales, debe ser el camino para el empoderamiento popular frente a la subyugación burguesa, y este movimiento debe generarse de manera autónoma frente a la comandantitis tradicional y en consecuencia generar una estructura de cooperación solidaria en la toma de decisión.

Pues solo con la acción y lucha popular se logrará el despertar social.

Por la unificación del movimiento popular, serio y no oportunista, el PSOCA dice sí a la ley de vivienda y sí a la resistencia popular.

Por Leonardo Ixim

En la Universidad San Carlos (USAC), a partir de la entrada del plan estratégico 2002-2022, las autoridades buscan orientar perfiles de egreso para los profesionales centrándose en las aptitudes y competencias que éstos deberían tener para competir en el mercado laboral.

Las unidades académicas entraron en una carrera loca de buscar empresas que a petición de los clientes certifiquen la formación de estudiantes en base a tales perfiles para lograr acreditarlos usando modelos impulsados por el capital financiero internacional. Con eso se iniciaron  varias  reformas curriculares, muchas veces sin tomar en cuenta la participación de los estudiantes tanto en su elaboración como en su aplicación.

Estos modelos de acreditación  y las reformas curriculares, si bien toman en cuenta algunos elementos de mejora de la calidad en la enseñanza, o en algunos casos modelos pedagógicos no tan verticales y el uso de conocimientos relacionado a tecnologías de información, se orientan a lo que el mercado empresarial demanda.  A partir de lo estipulado en el plan estratégico de la USAC, se prioriza la creación de competencias absolutamente dirigidas para la competitividad dentro del mercado y para ser funcional en las lógicas de acumulación capitalista, sin tomar en cuenta la formación de profesionales críticos y humanistas. En el proceso de reforma universitaria que se avecina es necesario que las fuerzas progresistas de la universidad tomen en cuenta estas orientaciones neoliberales para evaluar la aplicación y modificación del plan.

En la Escuela de Historia, existe un proceso similar conocido como reestructura, que data de hace más de cinco años. No tiene que ver directamente con las orientaciones arriba mencionadas, pues busca formar competencias centradas en tener capacidades para realizar investigación social, conocimientos transdisciplinarios en las ciencias sociales, conocimientos epistemologicos en tales disciplinas y de la ciencia en general, así como prácticas de campo, en fin aspectos muy positivos. Existen elementos que se quedan cortos todavía, pero con la organización e incidencia estudiantil pueden lograrse, tales como la construcción de conocimiento crítico a favor de las clases oprimidas. Hay otros preocupantes en el sentido de la lógica de construcción de competencias para el mercado, en este caso, para proyectos arqueológicos administrados por universidades gringas y ciertas ong`s. En el caso de la antropología en muchas veces sustituyen las funciones de las comunidades y del mismo Estado.

Me atrevería a plantear una tesis sobre la función capitalista de algunas ongs que producen conocimiento explotando a sus trabajadores (formados en las universidades públicas) para venderlos como mercancía.

Dentro de tal escuela se ha formado el movimiento estudiantil Organización Estudiantil 23 de Noviembre que conforma la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes, que se ha constituido como un referente, cuestionando la poca injerencia estudiantil dentro del proceso de reestructura; así como en general la real aplicación del cogobierno que si bien existe en distintos órganos paritarios y consultivos, en la práctica,  sobre todo a la hora de desempates, siempre un docente tiene doble voto; es decir el cogobierno en todos los órganos existentes de la universidad se ha vuelto una formalidad sin implicación real.

Otro elemento preocupante ha sido la convocatoria de plazas docentes titulares, pues si bien es necesario renovar el claustro, pues muchos son interinos con pocos derechos laborales; el proceso de reestructura implica cambios de cursos y tal situación todavía no se aplicará. Pero otra situación,  es que en marzo del próximo año habrá elecciones para director y se teme que sea una forma clientelar de parte del grupo que está en la dirección de mantener el poder. Por esas razones la Asociación de Estudiantes exigió una asamblea general a la dirección de la escuela para que explique tales situaciones, sin embargo fue negada y ésta prometió para el próximo año unas mesas de trabajo vinculantes con estudiantes. Habrá que estar vigilantes y exigir nuevamente una asamblea.

Por ultimo saludamos el triunfo de OE23 en las elecciones para asociación que se realizaron el viernes 4 y sábado 5 de noviembre, donde renovó su mandato, no hubo ninguna otra planilla lo cual se podría entender como la existencia de un apoyo fuerte y además de que los opositores no han podido articularse. Con el triunfo de OE23 se garantiza la continuación de los procesos de cuestionamiento y de propuestas dentro de la Escuela de Historia.

Por Marcial Rivera

Recientemente, y durante la coyuntura electoral, se trajo a la palestra un tema que debe abordarse con la seriedad del caso: La Reforma Fiscal. La Cámara de Comercio de Guatemala dio a conocer la propuesta sobre el tema por parte de los empresarios. La propuesta fue entregada a los otrora ex candidatos a la presidencia de la República; cuyo conocimiento también atañe al candidato ganador el General Otto Pérez Molina.

Guatemala posee uno de los niveles de recaudación tributaria más bajos de la región, por el orden  del 10%; esto en parte a los vacíos legales que existen en materia de legislación tributaria, a un sistema de tributación por demás injusto y a la evasión y elusión de impuestos, que anualmente evita que millones de quetzales puedan entrar a las arcas del Estado. Diversos, sectores económicos sostienen que la economía Guatemalteca mejorará en la medida en que se genere empleo por medio del estímulo a la inversión nacional e internacional; en otros términos: crear verdaderos paraísos fiscales.

Gravar a la Economía Informal

Según La Hora en su edición del 17/10/2011: “Diversos estudios realizados por universidades, sindicatos, organizaciones sociales también han llevado a cabo talleres de discusión y análisis que coinciden en reformar áreas de tributación directa, indirecta, gasto público, descentralización tributaria, transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público y el control de rendición de cuentas referente al uso de fideicomisos, ejecución del gasto público a través de las ONG y organismos internacionales”.

La propuesta de la Cámara de Comercio, consiste en diferentes cosas: Simplificar el Impuesto Sobre la Renta, y hacerlo menos gravoso, aprobar la ley anti-evasión 2, eliminar el secreto bancario, entre otros. La posición del empresariado es que frente a la crisis económica que se vive en la actualidad, no es viable aumentar impuestos, pues esto alejaría la inversión. Por otro lado, plantean que antes de hablar de una reforma tributaria, es necesario hablar de la transparencia en la ejecución del gasto público. Es decir, que el estado debe rendir cuentas, respecto a cómo se ejecutan los impuestos recaudados, con miras a evitar la corrupción.

¿Cuáles son las debilidades de dicha propuesta?

En principio, la propuesta se ve razonable, pero hay que traer a colación algunas ideas que permitirán comprender por qué no es viable gravar a la economía informal. En principio, la mayor generación de empleos proviene de la economía informal, o de los pequeños negocios, es decir que no son las grandes corporaciones aglutinadas en las gremiales empresariales quienes generan más empleo, y por tanto aportan al PIB. En segundo lugar, los ingresos de los negocios informales, no son lo suficientemente grandes como para tener la capacidad económica de tributar al estado, en base a sus ingresos, esto los pondría en serios aprietos.

¿Cuál debería ser entonces la reforma a aplicarse?

Al hablar de una reforma tributaria, debe avocarse a la lógica, quienes más tienen más deben pagar; el actual sistema de tributación regresivo es injusto en la medida en que actualmente quienes tienen menos pagan más, y la mayoría de impuestos que llegan a las arcas del Estado, no provienen precisamente de las grandes corporaciones, sino provienen de las capas bajas y medias de la población, quienes deben pagar el Impuesto al Valor Agregado, IVA. Durante la última cumbre regional sobre seguridad, realizado en la Ciudad de Guatemala, se trajo a la palestra la idea de un impuesto al patrimonio, idea que ha sido rechazada por el empresariado. Este impuesto, serviría para financiar los programas de seguridad que se pretenden impulsar, pues las diferentes gremiales empresariales, se han pronunciado sobre lo oneroso que resulta para sus iniciativas gastar hasta un 22% en costos de operación solo en el rubro de seguridad privada.

Un impuesto al patrimonio, según las gremiales empresariales, solo gravaría los precios de los productos, pues este impuesto sería trasladado al consumidor final, y por tanto toda la ciudadanía terminaría pagando este impuesto. Lo curioso es que esta iniciativa surge del Gobierno Estadounidense, y es rechazada por las gremiales. No es posible, que Guatemala, sea la nación con el menor nivel de recaudación tributaria, pero que sea el mayor importador de vehículos de lujo; y no es posible que un litro de leche pague IVA y uno de estos vehículos no lo haga por lo establecido en los TLCS. Figúrese usted.

Por esto, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), exhorta a la ciudadanía a estar atenta a los proyectos de reforma tributaria, que únicamente busca beneficiar al empresariado en detrimento de la ciudadanía, y que bajo el pretexto de la crisis económica, persigue enriquecerse a costa del sector de la economía informal, y de las clases desposeídas de Guatemala.

Por Edgar Miguel Kan

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es una institución que debe buscar la protección y guardar los intereses de las y los trabajadores. Una de las garantías para que un Estado atienda a las necesidades sociales, es la prestación efectiva de la seguridad social, lo que significa parte de la justicia social para que las clases desposeídas (trabajadores, campesinos e indígenas), puedan satisfacer sus necesidades mínimas de salud.

La Junta Directiva del IGSS, en los últimos 2 años ha emitido resoluciones contrarias a los intereses de la clase trabajadora, que es la que subsidia en gran parte los servicios del mismo. Por ser el Seguro Social  la manifestación máxima de la solidaridad entre los trabajadores, debe ser protegido por la clase obrera, ya que la condición de clase natural de los patronos y del Estado es ir en desmedro de las grandes mayorías.

Las resoluciones del año 2011, enmarcadas en los Acuerdos de Junta Directiva del IGSS números 1263 y 1272, agreden el derecho de seguridad social de los trabajadores de la propia institución. Modifican el número de cuotas para tener derecho a pensión de 180 a 192 /240, lo que equivale a 5 años más de trabajo, además el porcentaje de pensión sobre el sueldo pasa de un 3% a un 4.5% y el promedio de sueldos para el cálculo de la pensión será de los últimos 5 años, ya no de 1 año. 

Esta modificación al Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) es una afectación a los derechos adquiridos por las y los trabajadores a través de los años, mediante conquistas sociales y no dádivas por parte de los patronos y el Estado. De igual forma en el acuerdo 1263, se establece la concesión de los servicios del IGSS, como una intención privatizadora, ya que la concesión es la figura jurídica de la privatización.

La Junta Directiva del IGSS está conformada por un representante del Organismo Ejecutivo, un representante de la Junta Monetaria, un representante del Concejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un representante del Colegio de Médicos, un representante de los patronos del CACIF, y un representante de los trabajadores.  Esta conformación es una clara desventaja para los trabajadores ya que tanto el organismo ejecutivo quien ejerce gobierno, la junta monetaria y el colegio de médicos, son instituciones cooptadas por  el poder hegemónico tradicional  que atiende a los intereses patronales y no el de las y los trabajadores. A esto se suma que los representantes por parte de los trabajadores  Miguel Ángel Lucas Gómez (titular)  y Reynaldo González (suplente),  miembros de diferentes sindicatos que integran la Unidad Guatemalteca de Trabajadores (UGT), han convalidado los intereses patronales que son la manifestación contraria a los intereses de quienes representan.

Parte de la estrategia privatizadora del seguro social ha sido el cambio de imagen por parte del IGSS, en dónde vemos cómo de manera mercantilista y utilizando la estrategia del marketing, el IGSS ya no posee un logo que atiende al proteccionismo social, reflejado en una madre con su  bebé sino ahora bajo argumentos de modernización utiliza el slogan de “una época de cambios, para un cambio de época”, modificando el histórico logo hacia una ceiba que como tronco tiene a varias personas, ¿Acaso esto significa que los trabajadores sostienen con su esfuerzo y lucha las ganancias generadas por la institucionalidad burocrática?

“Esta lógica de cambio de nombres a clínicas de especialidad del IGSS a “El Ceibal”, es una dudosa acción que puede ser la manifestación de la privatización a una entidad denominada El Ceibal para la prestación de los servicio” informó Julio Coj, dirigente de la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), miembro del Movimiento Sindical y Popular de Guatemala.

Por lo anterior es necesario que el movimiento sindical, social y popular, defendamos a la máxima institución social, que vela por la seguridad social, heredada por la conquista revolucionaria de 1944, y sus dos gobiernos democráticos que atendieron a los intereses de las grandes mayorías.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)sabe que esta realidad no escapa del contexto centroamericano, en donde es manifiesto el interés privatizador del seguro social,  beneficiando a entidades financieras como los seguros privados y empresas del sector salud, cuyos propietarios son los patronos y las grandes transnacionales, situación que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vino a agravar, acentuando más el antagonismo de clase y el interés de la clase dominante sobre la clase trabajadora.

La defensa del Seguro Social en Centro América es una necesidad imperante, en el movimiento social y popular debemos unirnos para que esta conquista no sea privatizada.