Por Abelardo de la Torrente

En la última semana se generaron importantes movilizaciones de los estudiantes normalistas de educación media que fueron reprimidas brutalmente por contingentes de las unidades antimotines de la Policía Nacional Civil. Es más, el propio ministro de gobernación Mauricio Bonilla, en un arranque de prepotencia ordeno el desalojo de los jóvenes cuando estos tomaron una de las entradas al centro de la ciudad el martes 5 de junio, situación que dejó una veintena de intoxicación por los gases lacrimógenos, así como hombres y mujeres golpeados.

El presidente de la república ordenó iniciar un proceso de investigación de parte de la PNC en coordinación con el Ministerio Publico y la Procuraduría de los Derechos Humanos para desalojar “conforme a la ley” a los normalistas de los establecimientos públicos. Hasta ahora cuatro institutos en la capital siguen tomados y una cantidad mayor en las principales cabeceras departamentales. Las acciones represivas ponen en evidencia el accionar de este gobierno dirigido por un militar vinculado a crímenes de lesa humanidad, pues estas situaciones trazan la línea que seguirá. Esta actitud la hemos visto desde los últimos años del gobierno pasado y que van en línea con la política impulsada desde la burguesía por medio de su organización gremial Cacif, que en todo momento pide represión a las manifestaciones públicas. Debido a esto existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena al Ministerio de Gobernación que disuelva por la fuerza todo tape de calles.

En los últimos días la dirigencia normalista mostró su preocupación por tal situación y por la orden dada por el propio presidente de arrestar al liderazgo estudiantil. Esto tiene la clara finalidad de descabezar a este movimiento, por tanto responsabilizamos al Estado y sobre todo al Minegob por la integridad física de los compañeros y llamamos a las organizaciones sociales y de derechos humanos a estén vigilantes de la seguridad de todos y todas las jóvenes de tan importante movimiento que cuestiona al Estado su afán de impulsar políticas neoliberales en la educación.

También se dieron confusos hechos protagonizados por las mafia que tiene secuestrada la Asociación de Estudiantes Universitarios pues miembros de estos grupos, en un intento de tranque de la Avenida Petapa vía que pasa junto a la USAC, el jueves 7 se enfrentaron a los antimotines y en cierto momento dispararon con armas de fuego. Sin embargo lo que se vio fue un circo protagonizado por estos y seguramente por la misma PNC para querer ingresar a la universidad y violar su autonomía, La dirigencia normalista se desligó de estos actos y cuestionó el uso armas de fuego.

Posteriormente el viernes 8 los estudiantes de educación media junto a padres de familia con el apoyo de grupos y organizaciones estudiantiles y de trabajadores universitarios de orientación democrática tomaron nuevamente la avenida Petapa a inmediaciones de la USAC, pero no buscando  provocar a las fuerzas de seguridad estatales que habían rodeado el lugar. Por otra parte, la Central General de Trabajadores (CGT) de Guatemala y otras centrales sindicales señalaron su apoyo a la lucha estudiantil y llamaron a movilizarse si no hay respuesta favorable para las peticiones de las y los normalistas.

Recordemos que en Guatemala la educación normal a nivel medio forma maestros para primaria y  en las universidades hay carreras para formar maestros a nivel de educación media. La pretensión del Ministerio de Educación con el apoyo de la dirigencia de la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM), en un claro viraje a la derecha de parte de éstos, es quitar esta carrera y convertirla en un bachillerato en educación de dos años y la obligatoriedad de que los estudiantes estudien un profesorado universitario de tres años sin tomar en cuenta consideraciones económicas de los y las estudiantes ni pedagógicas sobre el tipo de pensum que se pretende reformar.

Sin duda el tape de la Petapa del viernes logró que la ministra de Educación Cynhtia Del Águila conformara con los estudiantes una mesa de diálogo que inicia el martes 12 de Junio del año en curso. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saluda este pequeño pero importante triunfo de los normalistas, llama a la conformación de comités de solidaridad y de luchas en todos los establecimientos educativos públicos integrados por estudiantes, padres y maestros. Llamamos a todas las organizaciones sociales a crear un comité de apoyo a la lucha normalista y la defensa de la educación pública en general; a no confiar en la dirigencia de la ANM y sobre todo impedir que en esta mesa de discusión que tendrá que elaborar una nueva propuesta  para la carrera del magisterio.


Por Armando Tezucún

La marcha que organizaciones campesinas realizaron del  19 al 27 de marzo dio como resultado el acuerdo de diálogo con el gobierno en torno a 8 temas principales, de 68 demandas que fueron planteadas por los compañeros. Se concertó una reunión para el 19 de abril, que finalizó sin propuestas claras por parte del gobierno. Ese mismo día se decidió continuar la discusión en otra reunión el 22 de mayo.

Sin embargo desde 15 días antes de esta reunión, el coordinador del Sistema Nacional de Diálogo Permanente del gobierno, Miguel Ángel Balcárcel, anticipó que las autoridades no cederían en tres temas de suma importancia para las comunidades indígenas y campesinas: la moratoria para otorgamiento de licencias mineras o plantas hidroeléctricas, la condonación de deuda de familias campesinas con el Fondo de Tierras, y la marcha atrás en la instalación de una brigada militar en San Juan Sacatepéquez (Prensa Libre 7/5/12).

En efecto, el día 22 los representantes del gobierno tuvieron una actitud cerrada que impidió una vez más el avance del diálogo. Sobre el caso de Fontierras dijeron que revisarían cada caso por aparte para determinar a quién se le beneficiará.  . “El Gobierno asumirá la responsabilidad de la deuda agraria, pero no de manera absoluta, sino a partir de los mecanismos del Fondo de Tierras (Fontierras), se individualizará cada caso y se otorgará un subsidio”, explicó Adrián Zapata, comisionado de Desarrollo Rural Integral (Diario El Periódico 23/5/12). Esto a pesar de que en el acuerdo original el ejecutivo se había comprometido a asumir toda la deuda.

Con respecto a la instalación de destacamentos militares, el ministro de la defensa Noé Ulises Anzueto y el propio presidente Pérez negaron que se tratara de una militarización o que el ejército defendiera empresas privadas. En el caso de la base militar que se inaugurará en San Juan Sacatepéquez el proximo 30 de junio, es obvio que se toma la medida por los conflictos generados desde hace algunos años entre los  pobladores y la empresa de los Novela que desea instalar un fábrica de cemento que perjudicará el medio ambiente.

En el caso de la moratoria a la instalación de hidroeléctricas y minas, los funcionarios dijeron que no promoverán una ley al respecto, pero que trabajan en una serie de reformas puntuales. Al final se acordó una nueva reunión para el 15 de junio. Sin embargo, los representantes de los campesinos están considerando abandonar este diálogo infructuoso. Como dijeran “El gobierno es responsable de cualquier cosa que pueda suceder” (Siglo XXI 23/5/12).

Por otro lado, el día que la marcha arribó a la capital (27 de marzo), sus representantes acudieron al Congreso, donde los diputados se comprometieron a la aprobación de la Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral. Sin embargo, el 12 de abril los jefes de los bloques parlamentarios decidieron por mayoría retirar la ley de la agenda legislativa, incumpliendo con lo acordado con los campesinos.

El 4 de junio iniciaron las audiencias convocadas por el presidente del Congreso, Gudy Rivera, para integrar la “Mesa de Discusión sobre la Ley de Desarrollo Rural Integral”, con el fin de depurarla de supuestas inconstitucionalidades que contiene.

Las principales organizaciones campesinas rechazaron la participación en tal mesa, pues su texto original contenido en la iniciativa de ley 4084 ya había recibido la aprobación pertinente. La iniciativa contiene elementos indispensables para el desarrollo de los campesinos pobres y pequeños productores, tales como “La obligación del Estado de elaborar una política de acceso a la tierra, imprescindible para promover el desarrollo nacional. -Reconoce como sujeto priorizado a la familia campesina. -Ordena la coherencia entre el hombre-mujer y la naturaleza, haciendo énfasis en el respeto al medio ambiente,-Y reafirma el carácter público de los servicios esenciales: educación, salud, vivienda, derechos laborales y salariales, soberanía y seguridad alimentaria, entre otros aspectos indispensables para el desarrollo humano en el área rural” (comunicado de la Coordinación de Ong y Cooperativas sobre el tema).

El incumplimiento del acuerdo por parte de los diputados a todas luces obedece a la intención de manosear la iniciativa de ley favoreciendo los intereses de los grandes terratenientes agrupados en la Cámara del Agro.

Los compañeros campesinos están perdiendo la paciencia pues se sienten engañados y burlados por Pérez Molina. Es inevitable que se tomen nuevas medidas de hecho para presionar al gobierno a acceder a sus justas demandas. Será necesaria la solidaridad combativa de todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares.


Por Leonardo Ixim

El pasado viernes 1 de junio se realizaron elecciones para renovar por dos años el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad San Carlos (STUSC). Tal elección fue ganada por la planilla uno, de tres que compitieron. Sin duda consideramos que el triunfo de tal planilla es una victoria para toda la clase trabajadora universitaria y un duro golpe a las políticas neoliberales impulsadas por las autoridades de la USAC.

En los últimos años este combativo sindicato que afrontó durante los 80s la represión del Estado como parte de la comunidad universitaria, se volvió un sindicato blanco durante el proceso de   derechización de la universidad; por tanto servía a los intereses de la administración de turno que en los últimos años se ha caracterizado por malgastar los recursos para fines propios; por ejemplo el gastarse el dinero del plan de prestaciones, acto cometido por el actual ministro de agricultura Efraín Medina, utilizar la administración de la USAC y de las distintas unidades académicas  para ascender en la politiquería burguesa o mantener feudos de corrupción vinculándose muchas veces con el crimen organizado y los grupos de poder oligárquico. Pero lo más dramático fue alejarse de las demandas populares y la orientación científica a favor de las clases trabajadoras y beneficiar a las grandes empresas nacionales y transnacionales.

El saliente comité ejecutivo, vinculado al grupo del actual rector, le dio largas a la firma de un nuevo convenio colectivo, pues supuestamente solo faltan unos artículos relacionados a una bonificación cada fin de año, pero tal larga  viene dándose desde hace mas de dos años y no hay modo que se firme. Por otro lado el nuevo comité ejecutivo tiene que afrontar ciertos errores cometidos por el saliente en lo que se refiere a dejar fuera de los beneficios del pacto colectivo a trabajadores de seguridad, parqueos y por planilla; por tanto la primera tarea es firmar tal pacto para después integrar en los beneficios a estos grupos de trabajadores.

En los últimos años habido una serie de políticas de tercerización (outsourcing) de algunos servicios que no es más que privatización encubierta; por ejemplo el contratar empresas privadas de limpieza y de seguridad. En el caso de los parqueos, si bien se sigue empleando a  trabajadores universitarios, la forma de administración de los recursos, que son millonarios, no se vincula al manejo  de la administración central de la universidad. Otra situación lamentable es la contratación de empleados sin ciertas prestaciones, es decir por planillas que menoscaba los derechos de estos trabajadores. Todas estas situaciones, junto a una serie de despidos injustificados, sin duda son tareas que el nuevo ejecutivo del STUSC tendrá que afrontar por medio de la movilización del trabajador sancarlista, algo que el saliente ejecutivo nunca se interesó en realizar.

La planilla uno fue votada por 633 personas, la planilla dos por 80 personas y la planilla tres por 296, de un total de 1200 aptos para votar, es decir hubo 1009 votos validos; el nuevo ejecutivo asumirá el próximo uno de julio. La planilla tres correspondía al ejecutivo saliente mientras la dos estaba conformada por miembros del hasta ahora grupo en el poder, del cual se distanciaron, pero también han sido cómplices, al igual que los de la tres, de las políticas neoliberales de las autoridades universitarias.

Otro gran reto de los compañeros y compañeras electos es intervenir en el proceso de reforma universitaria, pues los actuales representantes del sindicato en la comisión que elabora la estrategia metodológica para tal proceso se han plegado a los intereses de las autoridades. Por tanto en la fase que se avecina, la cual será una lucha para conseguir de parte del Consejo Superior Universitario (CSU) el carácter de constituyente del proceso, es necesaria la organización de trabajadores administrativos y de servicios desde cada unidad académica y campus universitario. Es importante que con la reforma se consiga la representación de los trabajadores en los órganos de dirección y que quede en la legislación universitaria el compromiso obligatorio de revisar cada cierto tiempo el pacto colectivo, entre otras cosas.

Por último, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saluda este triunfo que es de toda la clase trabajadora, llama a la nueva dirección del STUSC a redoblar su lucha en defensa de los derechos laborales, a la unidad con estudiantes y docentes para constituir un verdadero movimiento de reforma para transformar la universidad,  replantear así el papel de ésta para con la sociedad y sobre todo para con toda la clase trabajadora a nivel nacional.

Por Leonardo Ixim

Con palabras bonitas acerca de una sociedad con paz y justicia, basada en relaciones interculturales de respeto y tolerancia entre los cuatro pueblos que conforman la nación guatemalteca  y la creación de un nuevo modelo educativo basado en eso para la formación de maestros, el gobierno presentó una propuesta creada por una mesa técnica. Esta fue  conformada por varios actores del sistema educativo, entre los que sobresalen el Ministerio de Educación (Mineduc), la Universidad de San Carlos (USAC) por medio de la Escuela de Formación de Profesores en Educación Media (EFPEM), el Sindicato de Trabajadores de la Educación-Asamblea Nacional del Magisterio (STEG-ANAM) y la Coordinadora de Comunidades Normalistas.

La propuesta ha sido cuestionada por los estudiantes de magisterio con tomas de los principales institutos públicos de educación media donde se imparten tal carrera conocidos como normales tanto de la capital como de varias cabeceras departamentales durante casi ya dos semanas de resistencia. Esta propuesta es la misma, solo con algunos cambios de estilo, que fue  presentada durante el gobierno oligárquico de Oscar Berger por medio de la ministra de educación de ese entonces, Carmen Aceña una tecnócrata neoliberal.

Por tanto no es raro que este gobierno dirigido por un ex militar afín a la oligarquía y a todo el programa neoliberal de la burguesía (Pronacom), lo eche andar por medio la actual ministra de educación Cynthia Del Águila, otro cuadro tecnócrata. Tanto Aceña como Del Águila provienen de un centro de pensamiento neoliberal.  Pero lo más lamentable del caso es que la actual versión, realizada en el gobierno anterior también de corte neoliberal, engañando al pueblo pretende decir que es distinta a la de Aceña derrotada por las acciones de los estudiantes normalistas en 2007. Supuestamente consensuada por varios actores, este plan tiene el visto bueno del STEG-ANAM poniendo en evidencia el oportunismo de la camarilla que lo dirige, personificada por su secretario general Joviel Acevedo, lo cual invita a la reflexión a los miembros del sindicato sobre el papel muchas veces nefasto que este individuo ha cumplido en tan importante y combativo sindicato.

Dicha propuesta entre sus tantas palabrerías plantea que la carrera de magisterio de tres años pasara a cinco años, dos de un bachillerato de ciencias y letras con orientación en pedagogía y tres años en una carrera de profesorado impartido en el EFPEM de la USAC. Entre los argumentos planteados por el Mineduc está que con eso, se mejora la calidad académica. Pero como contra argumentan los estudiantes, la calidad necesariamente aumentará con la cantidad de años de estudio. Además la propuesta afecta la economía de sus familias porque el hecho de que estudien dos años de bachillerato no les garantiza el ingreso al mercado laboral. Como marxistas cuestionamos los idealismos burgueses de algunos seudo analistas que menosprecian tales razones dadas por los jóvenes, achacándoles su falta de  vocación para ser maestros. Se olvidan estos sesudos que en el capitalismo, pese a todas nuestras vocaciones e ilusiones lo que pesa es el reino de la necesidad sobre el de la libertad.

Cuestionable es el papel de la USAC, que ampara estas propuestas neoliberales. La verdadera solución es profesionalizar y mejorar la actual carrera de magisterio en sus tres años, reformándola para incluir a jóvenes de todo el país y vinculándola a las necesidades productivas reales del agro y la ciudad pero enfatizando los valores humanísticos y la pluriculturalidad. La actual propuesta, pese a todo su discurso barato sobre “un nuevo modelo basado en la generación de maestros con una visión que contenga la ciencia y cultura de los cuatro pueblos“, en el fondo no cuestiona las orientaciones pedagógicas de la educación bancaria y mantiene las lógicas de formar formadores en función del mercado. Ni que decir sobre las deficiencias dentro de las carreras de profesorado del EFPEM, además de la incapacidad  para absorber tanto estudiante con  el actual sistema de exclusión y la falta de presupuesto y espacio físico.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a toda la comunidad educativa, tanto docentes, estudiantes y padres de familia a realizar tomas en todos los centros escolares y a las organizaciones sindicales y populares a apoyar y solidarizarse con tales acciones, hasta lograr parar tal propuesta. Además hacemos un llamado especial a los maestros sindicalizados a que formen corrientes sindicales alternativas para sacar a los oportunistas de la dirección del STEG.

Por Armando Tezucún 

Actualmente el principal sector de inversión y acumulación de la burguesía nacional e internacional en Guatemala es el agronegocio, uno de cuyos ejes consiste en una reestructuración productiva en el agro, basada en la introducción de monocultivos. Uno de estos productos es la palma africana, destinada a la producción de aceite para consumo industrial y humano y agrocombustibles.

Durante la primera quincena de mayo se dio en el departamento del Petén una importante lucha de trabajadores de varias fincas dedicadas al cultivo de la palma africana. A pesar de la cantidad de trabajadores involucrados en las movilizaciones, de la duración del conflicto y de la importancia del sector económico en que se dio, la prensa burguesa le dedicó poco espacio a los hechos y sólo algunas noticias dispersas dieron información del mismo.

El 9 de mayo el diario Siglo XXI publicó en su versión electrónica dos noticias con diferentes datos. En una dio a conocer que 2 mil pobladores de la localidad de Sayaxché, en Petén, habían bloqueado las entradas a dos fincas de palma africana, reteniendo a un guardia. Según la noticia estos campesinos reclamaban la apertura de una vía de paso entre las dos fincas (Siglo XXI 9/5/12, versión electrónica).

En la otra noticia se informa algo distinto. Dice que el 8 de mayo por la madrugada 10 mil trabajadores de las fincas de palma africana, todos vecinos de Sayaxché, bloquearon tres puntos de la carretera principal que une Petén con la ciudad de Cobán. El motivo del bloqueo era presionar para que las empresas les paguen el salario mínimo y respeten las 8 horas de trabajo. Según declaraciones del dirigente Carlos Mucú “Los campesinos han denunciado que las empresas Reptsa, Naisa, Pikidustria, Ixcan Palmas, los explotan haciéndolos trabajar hasta por doce horas y únicamente les pagan Q.50.00 quetzales al día” (Siglo XXI 9/5/12, versión electrónica). Según la misma noticia, el bloqueo finalizó a las tres de la tarde y se formó una mesa de diálogo con la participación de Gobernación Departamental, la Procuraduría de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil y la Secretaría Agraria.

Diez días más tarde el diario La Hora informó que después de una semana de huelga los trabajadores lograron un compromiso por parte de los empresarios. Según el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala fueron doce mil los compañeros en huelga.

Los acuerdos incluyen que los patronos paguen los salarios de acuerdo con la ley laboral, comprometiendo al Ministerio del Trabajo a verificar la situación; que los trabajadores sean transportados a las fincas en buses y no en camiones destinados al ganado; que la mano de obra se contrate entre la población local; y que las empresas de palma contribuyan al desarrollo de las comunidades. Los compañeros pidieron también que no se den represalias contra sus líderes y que se paguen los salarios de los días que estuvieron en huelga. El próximo 4 de junio se verificará el cumplimiento de los compromisos en una reunión en la Casa Presidencial. Las empresas involucradas en el acuerdo fueron Repsa, Naisa, Tikindustrias, Palmas de Ixcán y Grepalma.

La importancia que revistió esta lucha se hace ver en las entidades gubernamentales representadas en la mesa de diálogo. Estuvo el gobernador de Petén Henry Amézquita, el alcalde de Sayaxché Rodrigo Pop, el viceministro de gobernación Julio Rivera Clavería y Miguel Ángel Balcárcel, asesor presidencial responsable del Sistema Nacional de Diálogo (Con información del diario La Hora 18/5/12).

Las demandas de los compañeros trabajadores fueron demandas básicas de respeto al salario mínimo de ley y las horas reglamentarias de trabajo. Esto nos hace ver la voracidad de estos capitalistas que se han lanzado a invertir en el campo sometiendo a los trabajadores a condiciones de sobre explotación. Además, este cultivo requiere de grandes extensiones de tierra, que con demasiada frecuencia ha sido adquirida mediante el desplazamiento de los pequeños campesinos, dando como resultado que cada vez menos tierra es destinada a la producción de alimentos para la población. Por otro lado, la palma africana deteriora aceleradamente los suelos, agravando la crisis alimentaria y provocando pobreza y extrema pobreza.

Felicitamos a los compañeros trabajadores por este importante triunfo, pero les aconsejamos que estén alertas ante cualquier incumplimiento por parte de la patronal o cualquier acción en contra de los dirigentes. Denunciamos a los capitalistas finqueros de la palma africana, pues solicitaron al gobierno que fuerzas combinadas del ejército y la policía efectúen patrullajes en el área. El gobierno actuó apertura y prudencia, pero su actitud puede cambiar.

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