Por Armando Tezucún
No cabe duda de que el gran capital nacional e internacional se siente muy a gusto con el nuevo gobierno. Tanto así, que han empezado a sacar uñas y garras, proponiendo nuevas leyes laborales y cambios al Código del Trabajo que les permitan descaradamente aumentar la explotación que ya hacen de la mano de obra asalariada.
Una de estas patrañas legales es la llamada Ley de Inclusión Laboral. Este proyecto está siendo trabajado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Comisión del Salario Mínimo. Con este sugestivo y engañoso título estas entidades pretenden pasar una ley que garantice la contratación de personas a tiempo parcial, supuestamente con la garantía de que tendrán el derecho al Seguro Social y a las prestaciones de ley.
El punto es que una disposición de esa naturaleza abre las puertas para que los empresarios, siempre ávidos de ganancias, cometan una serie de irregularidades contra los trabajadores. Por ejemplo, la ley sería aprovechada para contratar mano de obra en condiciones de prueba, pudiendo despedirles en cualquier momento sin el pago de prestaciones.
Según las asociaciones patronales, esta disposición permitiría que estudiantes o amas de casa, que ocupan parte de su tiempo en sus quehaceres particulares, puedan trabajar unas horas, gozando de garantías sociales. Sin embargo, lo que esto haría es que ellos ganen menos del salario mínimo garantizado por la ley, además de que, conociendo la voracidad de nuestros empresarios, se negarían a pagar el séptimo día y otras prestaciones. Personalmente conocemos el caso de madres solteras, amas de casa, que trabajan para imprentas realizando parte del proceso final de los tirajes en sus hogares. Sin embargo, cuando las imprentas no tienen mucho trabajo, ya no hay tareas para ellas, y como no gozan de ninguna garantía, tienen que ver cómo sobreviven de otra manera.
El director de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Alejandro Ceballos, explicó que “En ese sentido, el proyecto hará que el país tenga mayor competitividad” (Siglo XXI 9/02/12). De hecho, esta propuesta es parte de la Agenda de Competitividad Nacional que promueve el Ministerio de Economía como una medida para aumentar la cantidad de empleos formales (El Periódico 2/03/12). Pero sabemos muy bien que para los funcionarios y los capitalistas competitividad no significa otra cosa que la posibilidad de tener precios bajos gracias a salarios bajos. Es obvio que el pago por horas sin salario mínimo, sin séptimo día, sin pago de vacaciones, aguinaldo, bono 14 ni seguridad social sería lo mejor que les podría suceder a estos canallas.
Por otro lado, este proyecto de ley está en contradicción con la Constitución de la República, que en su artículo 175, inciso g dice “quienes por disposición de la ley por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal”.
Otro caso reciente es el de la Cámara del Agro, que aglutina a todos los finqueros y patronos de las actividades agrícolas, que presentó al presidente y al ministro del trabajo una nueva política laboral del sector agrícola. Según el presidente de la Camagro, Otto Kuhsiek, “El objetivo de la Política es promover el incremento del empleo formal con cobertura social, fomentar la cultura de cumplimiento de la legalidad laboral, de manera que se genere empleo digno en el sector agropecuario, agroindustrial y agroexportador” (Prensa Libre 1/03/12).
No salimos de nuestro asombro ante la hipocresía y la desvergüenza de estos individuos, pues el mismo Kuhsiek fue denunciado por la revista digital Plaza Pública como un explotador de la mano de obra infantil y adulta en su finca cañera Flamenco (La Hora 14/01/12).
Basta el siguiente testimonio tomado de dicha revista: Edgar Rivera, de 30 años, camina con sus dos hijos, Elvis y Jordi, de 13 y 12 años. Para él, lo peor no es que trabajen los niños. Va mucho más allá de eso. A Edgar le gustaría que sus hijos estudiasen, pero no puede permitírselo. Porque ni trabajando ellos, el jornal alcanza para que la familia sobreviva con una cierta dignidad. “Son 20 quetzales por tonelada de caña lo que recibimos. Los niños hacen una tonelada por día entre los dos y, con suerte, yo llego a dos, incluso a tres si me malmato”.
Llamamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad y a las centrales sindicales a oponerse por todos medios a este intento de los capitalistas de agudizar la explotación hacia los asalariados.
