Por Marcelo Colussi

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Un análisis de las recientes elecciones en Guatemala publicado en esta página generó algunos comentarios de los que querría retomar uno en particular. Se trata de algunas preguntas que nos hace llegar nuestro amigo Juan Gaudenzi, desde México. Comenzamos por citarlo literalmente:

“Brillante análisis de coyuntura y del contexto económico-social y político nacional. El gran interrogante para el que me hubiese gustado encontrar una respuesta más desarrollada es ¿por qué en un país con una población de aproximadamente un 60 por ciento indígena, el electorado (mayoritariamente indígena) concurre masivamente a las urnas para elegir entre una gama de blancos de derecha (racistas, discriminadores, excluyentes, etc.)?

Esta aberración supera con creces al proletariado eligiendo periódicamente al explotador capitalista que le romperá el c. en los siguientes años (la democracia liberal).

¿Por qué la única candidata indígena (de izquierda) consigue apenas el 3 por ciento de los votos?

¿Por qué los indígenas guatemaltecos no consideran que uno de ellos, de su propia sangre y cultura, puede gobernar el país, como en Bolivia?

¡A qué punto ha llegado la alienación de los pueblos nativos que han perdido toda confianza en sí mismos!

Creo que la gran tarea de la izquierda de aquí en más es contribuir a que recuperen esa confianza. Si para las grandes masas la lucha de clases ha perdido todo atractivo, Guatemala es el país ideal (ausencia de mestizaje) para plantearla en términos de etnicidad y cultura.

Con lo único que no estoy muy de acuerdo con tu texto es que consideras positivo el fin de la guerra. Para mí, pese a todas las atrocidades, mientras había tiros había una cuota de esperanza”.

El planteamiento que nos deja Gaudenzi va mucho más allá de la situación puntual de la nación centroamericana, abriendo un debate que toca a todos los países de Latinoamérica. Y más aún: deja preguntas válidas para la izquierda en su conjunto.

No vamos a responder una a una las preguntas como si se tratara de un interrogatorio periodístico (que, por cierto, no lo es), sino que inspirándonos en estos comentarios, intentaremos profundizar algunas líneas de análisis, permitiéndonos incluso alguna digresión.

Partiría de una frase clave: “la gran tarea de la izquierda de aquí en más es contribuir a que recuperen esa confianza”. Agregaría ante todo: no sólo que los pueblos indígenas recuperen la confianza en propuestas indígenas sino, quizá con un sentido más general, que las grandes mayorías recuperemos la confianza en la posibilidad del cambio. Para decirlo de un modo provocativo: pareciera que hoy esto del cambio social está “pasado de moda”. ¿Por qué?

Sin dudas el resultado electoral del Frente Amplio, la única fuerza de izquierda con la premio Nobel Rigoberta Menchú como candidata presidencial, abre interrogantes. Su 3.27% de caudal de votos, tres diputados en el Congreso entre 158 y sólo cinco alcaldías sobre 325 municipios debe llamar a una autocrítica para la izquierda: ¿da lo obtenido en estas elecciones la posibilidad de trabajar por un cambio de estructuras? ¿Sí o no? ¿De qué manera? ¿Se están acumulando fuerzas para el cambio, o se están perdiendo las fuerzas con que se contaba? ¿Vale la pena el trabajo en la estructura misma de las democracias formales o, retomando el último comentario de nuestro amigo, las esperanzas sólo existían en la medida en que había movimientos armados en acción?

Esas antiguas guerrillas, hoy día recicladas y convertidas en partidos políticos incorporados a la legalidad democrática del sistema, han tenido distinta suerte en los diferentes países del continente. Pero donde sea que se hayan presentado a elecciones, incluso habiendo ganado –en alianza con otras fuerzas y con candidatos extra-organización, como por ejemplo en El Salvador, o extremando las cosas, en Nicaragua, donde vestigios de lo que fuera un movimiento armado gobierna hoy día, pudiendo reelegirse muy prontamente– sus propuestas ya no consideran en primer término las transformaciones revolucionarias levantadas antaño. Si ello sigue haciendo parte de su ideario y su proyecto estratégico, al menos en lo que concierne a su presentación oficial, hoy ha desaparecido. ¿Desapareció entonces la idea de revolución?

En Latinoamérica, en estas últimas décadas post Guerra Fría, ha habido ya varios gobiernos que, en términos generales, se pueden ubicar en la izquierda política (Lula en Brasil, Bachelet en Chile, los Kirchner en Argentina, etc., etc.) Extremando las cosas, se podría decir que la actual administración en Guatemala, con Álvaro Colom a la cabeza, tiene –o pretendió tener– un perfil socialdemócrata (de ahí el encono visceral de la derecha tradicional del país contra su gobierno, con virtual golpe de Estado en algún momento –el caso Rosenberg– y la negativa a continuar ese esquema no permitiendo la inscripción de su esposa Sandra Torres como candidata presidencial en el 2011). Ahora bien: más allá de esa fabulosa reacción de las derechas tradicionales, furiosamente anticomunistas como en los más álgidos tiempos de la Guerra Fría, ninguno de estos planteos de las izquierdas recicladas logró 1) ni cambios sustantivos en la situación de las poblaciones cuando esa izquierda fue gobierno, ni 2) acciones de organización y movilización que trajeran propuestas de cambio trabajando desde el llano. Se podría preguntar entonces: ¿en qué anda la izquierda? El 3.27% de votos recién obtenidos en Guatemala (sexta fuerza electoral entre diez candidaturas presidenciales) da un principio de respuesta: ¡estuvo cerca de la extinción como partido legal!

Todo lo cual debe llevarnos a interrogar: ¿qué está pasando con las ideas de cambio? Ese es el sentido de las preguntas de Gaudenzi, y debería ser el horizonte autocrítico de toda la izquierda. ¿Por qué lo más a que se puede aspirar hoy, pensándolo desde el campo de la izquierda, es a participar en elecciones? ¿No caben ya las ideas de transformación revolucionaria? El peso fenomenal de la ideología dominante, de las corrientes mediáticas hegemónicas, de las tendencias académicas en boga, han quitado la idea de revolución y de lucha de clases del léxico cotidiano ¡y de las izquierdas! La aspiración a la democracia (que no es sino democracia formal, representativa, esta que se elige cada cierto período de tiempo pero que no cambia nada sustancial) pareciera la meta final. ¿Cómo entender todo eso?

No es sino a la luz de la historia que puede tenerse una dimensión de lo que está sucediendo. La paliza recibida por las distintas izquierdas en todo el continente en estas últimas décadas a manos de la derecha (represión militar furiosa) y los terribles golpazos al campo popular en el plano económico a partir del capitalismo salvaje de estos años, eufemísticamente llamado “neoliberalismo”, dan la clave. Sobre los miles y miles de muertos, desaparecidos y torturados que las recientes dictaduras se cansaron de producir, se erigieron las políticas de achicamiento del Estado y super explotación que aún están en boga, incluso con todos los gobiernos de izquierda de la actualidad. Esa es la matriz desde donde entender cómo estamos.

¿Acaso pasó de moda la necesidad de transformar un mundo terriblemente injusto donde unos pocos deciden la vida de millones? Obviamente no; pero el espíritu de protesta, la llama de la rebeldía transformadora, hoy por hoy quedó apagada. No extinguida, sin dudas, pero sí dañada. En Guatemala en concreto, con 245.000 víctimas producto de la guerra interna que se vivió recientemente (sangrienta expresión de la lucha de clases ¡que no ha desaparecido!), teniendo en su haber el nada honroso título de ser el país del mundo con mayor número de desaparecidos per capita (49% de las desapariciones forzadas del continente están aquí), levantar la voz aún puede ser muy peligroso. Si a eso se suma una virtual “guerra” criminal cotidiana con niveles de asesinatos no tan distintos a los del conflicto armado de años atrás, el terror generado en la población perfectamente puede dar como resultado la creencia en que una propuesta de “mano dura” contra la delincuencia puede ser la solución. De todos modos –¡y esto sí refuerza la idea de esperanza que aún sobrevive pese a todo!– debe tenerse en cuenta que no toda la población votó por esa opción sino sólo un 36%, mucho menos de lo que nos decían las encuestas previas (aquí conviene recordar aquello de que hay tres tipos de mentiras: las culposas, las piadosas… y las encuestas).

Para la segunda vuelta no sería raro esperar que la propuesta de un quinceavo sueldo realizada por el candidato Manuel Baldizón trepe mucho en la opción de voto, no siendo así totalmente seguro el triunfo del ex militar Otto Pérez Molina. Tal vez la pobreza generalizada pese más que el miedo a la delincuencia, fantasma azuzado hasta el cansancio por los medios de comunicación y por el Partido Patriota. Esto lleva a recordar una encuesta realizada por Naciones Unidas unos años atrás a nivel de toda Latinoamérica donde la población mayoritariamente preferiría un gobernante que le asegure un mejor pasar económico aunque ello significara la pérdida de garantías democráticas. El bolsillo manda, sin dudas, y nadie termina de creerse mucho la pregonada “democracia” como solución a los problemas cotidianos.

¿Qué podemos extraer de esto: que la gente se “derechiza”? Juan Gaudenzi nos hablaba de “aberraciones”: población indígena votando por “blancos de derecha (racistas, discriminadores, excluyentes)”, o “proletariado eligiendo periódicamente al explotador capitalista que le romperá el c. en los siguientes años”. En esa línea de las aberraciones, cabría plantear también si es cierto que “para las grandes masas la lucha de clases ha perdido todo atractivo”. Sin dudas todas esas provocadoras interrogantes deben alimentar el debate en la izquierda. Pongamos como marco general del análisis una frase de cuño hegeliano para entender por dónde va la cosa: el esclavo piensa con la cabeza del amo. Lo cual no significa que la historia está escrita y que alguna vez ese esclavo no pueda rebelarse. ¿Qué otra cosa fue si no el 36% del Partido Patriota cuando se daba por ganador cómodo en la primera vuelta? Más allá de la pedagogía del terror que 36 años de guerra interna y una actual explosión de violencia cotidiana que inunda todos los espacios han impuesto, la gente reaccionó. Si queremos decirlo con un tono más épico: ¡no todo está perdido! Esto no significa que en la segunda vuelta del 6 de noviembre se imponga una propuesta popular, transformadora. No, definitivamente, dado que los dos candidatos no son sino expresión de las mismas fuerzas de derecha, y para las grandes mayorías populares no hay mucha alternativa. Pero la gente, pese a todo, se expresó contra la maquinaria de derecha más conservadora.

Por supuesto que llama la atención cómo es posible que el país de toda Latinoamérica con mayor porcentaje de población indígena no opte por una candidata de su sangre, de sus raíces, la maya-quiché candidata presidencial ya en dos oportunidades, como sí sucedió por ejemplo en Bolivia con un candidato de origen aymará, Evo Morales, ganador ya dos veces de la presidencia. No es fácil dar una explicación a eso, y mucho menos, plantearse las alternativas políticas del caso. ¿Por qué Rigoberta Menchú, en dos elecciones, queda tan atrás? Una vez más: las democracias formales, democracias de “baja intensidad” –como correctamente se las ha caracterizado– no son una salida real para los principales problemas de la gente. Si no, recordemos la encuesta a la que hacíamos alusión. Por eso la población indígena puede apostar por estos “blancos”, uno de ellos incluso ligado a la represión contrainsurgente de años atrás. Pero eso fenómeno (¿síndrome de Estocolmo?), que se repite en distintos lugares y en diferentes momentos, no es nada nuevo en la psicología colectiva. No se trata de “estupidez” de la gente, sino de complejos procesos donde se entremezclan miedos provocados, necesidad de triunfalismo, manipulación de las conciencias, respuestas viscerales más que racionales: en Estados Unidos la gente en una segunda elección optó por Bush hijo pese a saberse que en la primera había habido fraude, y otras tantas veces la población italiana eligió a un mafioso como Berlusconi, o en Bolivia, años atrás, se eligió democráticamente al verdugo general Hugo Banzer, al igual que la población de la provincia de Tucumán, en Argentina, optó por el declarado asesino general Bussi como gobernador. ¿Y qué decir de la población alemana que, en su inmensa mayoría, buscó alegremente la figura del Führer como modelo para sentirse “raza superior”? ¿Por qué en los países europeos, con históricos Estados de bienestar, en estos últimos años se votó por candidatos neoliberales y conservadores que desarmaron esos avances sociales? Hay que entender todos estos procesos como algo más que “aberraciones”; en todo caso, se juega ahí un enrevesado entrecruzamiento de discursos políticos y subjetivos que tal vez una lectura desde la Psicología Social puede permitir descifrar. Pero de todos modos, la gente no es simplemente “tonta”, o “culpable” del giro a la derecha. Los procesos sociales son infinitamente complejos, y así como se puede aplaudir al propio verdugo (¿no hay casos de mujeres torturadas que se casan con su torturador?) también hay reacción. De hecho, Pérez Molina no ganó, y no es tan seguro que se imponga en la segunda vuelta.

En Guatemala por supuesto que sorprende que una candidata indígena tenga una aceptación tan baja, pero ello tiene historia. La población indígena del país por siglos estuvo desunida, excluida, reprimida. Y no se podría asegurar sin críticas que la figura de Rigoberta Menchú sea hoy la más absolutamente genuina expresión de los pueblos mayas. Hay algo de manipulación de su figura por cierto. Los indígenas lo saben, y seguramente eso se reflejó en las urnas. Al respecto puede ser interesante citar palabras del ecuatoriano Pablo Dávalos: “Cuando los indios emergen en el 90 empieza también la cooperación para el desarrollo. Las ONG del desarrollo aterrizan en el corazón del movimiento. (...) La cooperación rompe las solidaridades e inaugura rivalidades entre las comunidades con la creación de organizaciones de segundo grado que empiezan a disputar los recursos de la cooperación”.

Pero la organización de los pueblos mayas, más allá de esa cooperación internacional que la coopta (o de las estrategias de exterminio que el genocidio vivido durante la guerra trajo) sigue viva. Ahí es donde decimos que, pese al posible derrotismo que expresábamos más arriba, la esperanza continúa estando presente. Las izquierdas tradicionales de Latinoamérica en países con alta composición de pueblos originarios –en general inspiradas en cosmovisiones europeizantes de marxismo ortodoxo, salvo chispazos alternativos como José Mariátegui en Perú o Carlos Guzmán Böckler en Guatemala, que han propuesto nuevas interpretaciones de la cuestión indígena, siempre como marxistas, pero entendiendo de otro modo el fenómeno– han tenido muchas reticencias para aceptar teórica y prácticamente el hecho de una “movilización política indígena” como una entidad propia, y de hecho su accionar político siempre se ha encaminado a integrar los movimientos indígenas en la lógica de lucha campesina. Como claramente lo expresa el pensador guatemalteco Guzmán Böckler, en la izquierda latinoamericana por años se esperó “la proletarización que exigían los pensadores estalinistas de las izquierdas ortodoxas para limpiar el camino que conduciría a la revolución”. El “problema indígena” fue para la izquierda en muy buena medida justamente eso: un problema. No encajaba en la teoría, era un “obstáculo” para la revolución proletaria. Como bien lo expresa Gaudenzi, “si para las grandes masas la lucha de clases ha perdido todo atractivo, Guatemala es el país ideal para plantearla en términos de etnicidad y cultura”. Hay ahí un reto abierto. ¿Perdió “atractivo” la lucha de clases, o se ha sacado el tema de circulación por otros motivos? Las 245.000 víctimas de la guerra civil de Guatemala, ¿no se deben a la lucha de clases?

En este contexto puede ser pertinente recordar la Declaración de Quito, de julio de 1990, preparatoria de la contra-cumbre de celebraciones que tuvo lugar con motivo del encuentro (¿o encontronazo?) de dos mundos en 1492: “los pueblos indios, además de nuestros problemas específicos, tenemos problemas en común con otras clases y sectores populares tales como la pobreza, la marginación, la discriminación, la opresión y explotación, todo ello producto del dominio neocolonial del imperialismo y de las clases dominantes de cada país”.

 

Sin dudas que la izquierda está en crisis. ¡Y no sólo en Guatemala! Que el próximo 23 de octubre pueda imponerse Cristina Fernández viuda de Kirchner en las urnas de Argentina, o el 6 de noviembre Daniel Ortega en las de Nicaragua, no significa que se impongan proyectos revolucionarios, que la derecha tiemble porque se viene el poder popular y las expropiaciones, que el imperialismo asista a nuevas Cubas en el continente. Hoy día esas ideas “revolucionarias” parecieran haberse esfumado; o, al menos, no están presentes en la cotidianeidad de la práctica política, han perdido fuerza. O peor aún: han perdido credibilidad. Pero los movimientos sociales (los pueblos indígenas, los desocupados urbanos, los grupos de mujeres organizadas, los piqueteros, los sin-tierra, los jóvenes sin futuro, los desamparados de toda laya), quizá sin decirse de izquierda en sentido estricto, siguen vivos y en pie de lucha. Si en Bolivia hoy gobierna un indígena, es porque esos movimientos populares llevaron a Evo Morales a la presidencia. ¿Por qué no sucede eso en Guatemala? Son situaciones diferentes, sin dudas, y explicar el caso centroamericano no es para justificar el rendimiento de la izquierda en las pasadas elecciones. De lo que no caben dudas es que las propuestas de izquierda no están en alza; pero el descontento sigue estando ahí, como volcán listo para reventar.

¿Será que el camino para transformar algo anda por el lado de los movimientos sociales? Muy probablemente. Ello no significa que allí radique la fórmula mágica, pero sin dudas –tomando las provocadoras preguntas de Gaudenzi– hay que abrir el debate en torno a todo esto. Lo importante a rescatar es la esperanza. Si la misma nace de los tiros que vuelan por ahí o de la organización de base, es lo que está en discusión. Hoy los movimientos armados no están en crecimiento; pero nada dice que quizá no retornen. No lo estamos asegurando, y mucho menos estamos haciendo un llamado a ello. Pero la realidad política nos muestra que ello no deja de ser posible. Lo que sí es palmario es que las propuestas de izquierda electoral no alcanzan para transformar de raíz los agudos problemas de las sociedades latinoamericanas. El caso del bolivarianismo en Venezuela es una pregunta abierta: después de varias elecciones ganadas por Hugo Chávez, ¿se transformó realmente la situación de las grandes mayorías populares, o no se ha ido más allá de un discurso reformador que no cambia las estructuras de fondo? La invitación es seguir profundizando el tema.

Por supuesto que los movimientos indígenas siguen siendo una esperanza de cambio. Como dijo el portugués Boaventura de Sousa Santos refiriéndose al caso colombiano en particular y latinoamericano en general, “la verdadera amenaza no son las FARC. Son las fuerzas progresistas y, en especial, los movimientos indígenas y campesinos. La mayor amenaza [para la estrategia hegemónica de Estados Unidos y para el gran capital local] proviene de aquellos que invocan derechos ancestrales sobre los territorios donde se encuentran estos recursos [biodiversidad, agua dulce, petróleo, riquezas minerales], o sea, de los pueblos indígenas”.

Que en la segunda vuelta electoral en Guatemala el próximo 6 de noviembre los pueblos mayas, mayoritarios en el país, junto a los pobres no-mayas ubicados básicamente en las áreas urbanas y en el oriente, tengan que optar por dos candidatos que no los representan en absoluto, no significa que la gente se “derechizó”, sea tonta o no tenga conciencia política. Indica, en todo caso, que el discurso del cambio hoy por hoy lo tiene secuestrado la derecha. Pero los problemas están ahí, y la población sigue resistiendo como puede, desde el llano, desde la cotidianeidad. Lo cual lleva a plantearse autocríticamente cómo hace el pensamiento de izquierda para retomar el terreno perdido. La gran tarea de la izquierda hoy, retomando a nuestro amigo que nos provoca desde México es, después del desprestigio en que ha caído todo lo que suene a contestatario –y luego de la represión feroz de la que fue objeto, al igual que los movimientos populares– ¿cómo hacer para recuperar la confianza en que el cambio sí es posible? Es decir: ¿cómo levantar banderas contra la resignación?

Por Leonardo Ixim

En los últimos días el colectivo de Estudiantes Por la Autonomía (EPA), se movilizó en función de exigir a las autoridades de la Universidad San Carlos (USAC), representadas en el Consejo Superior Universitario (CSU), la aprobación de las reformas a la ley orgánica que busca la restitución de los derechos estudiantiles perdidos tras el infame fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que modifica la ley orgánica y elimina tales derechos.

La CC con su fallo impone un marco que termina por desarticular el espíritu en que fue concebida la ley orgánica promulgada en 1946. En tal coyuntura tanto docentes como estudiantes, por su vinculación académica y formadora, tenían una relación que debía estar expresada en el funcionamiento de las juntas directivas de la facultades. Pero a nuestro parecer esa vinculación que generó en buena parte de siglo pasado una universidad crítica al modelo capitalista neocolonial y que fue blanco de la represión de la dictadura,  ha muerto. En la actualidad tanto docentes como estudiantes no tienen esa visión y a los primeros no les interesa formar profesionales críticos, sólo mantener sus privilegios salariales y prebendas políticas.

Tanto los vocales I como II, que son docentes y el primero además ejerce la función de decano su ausencia, tenían que ser electos tanto por docentes como por estudiantes, pero este fallo vino a cambiar la situación. Por lo tanto el colectivo EPA se movilizó y tomó por 54 días el campus central junto a otros campus de la USAC en el país. A raíz de esto se creó un acuerdo con el CSU para hacer dos mesas de trabajo, uno que restituya los derechos estudiantiles perdidos tras el fallo de la CC y otro que elabore los lineamientos generales de bases y metodología para un proceso integral de reforma universitaria.

La primera mesa tendría que haber elaborado el documento de reforma a la ley orgánica para la restitución de los derechos estudiantiles en enero de este año, pero muchos motivos entre los que sobresale la falta de consenso en lo que respecta a las reelecciones de los decanos, retrasaron la elaboración final del documento. Sin embargo en agosto el CSU recibió el producto de la mesa. Ahí nuevamente tuvo un leve retraso, pues incumpliendo los acuerdos firmados con EPA, los miembros de este órgano empezaron a discutir artículo por artículo tal documento.

Ante eso EPA se tomó la rectoría el 13 y 14 de septiembre, realizando plantones y mítines, para exigir al CSU que no retrasara aún más la aprobación de la reforma. Un argumento demagógico y cobarde esgrimido por los miembros de ese órgano, con el fin de no asumir su responsabilidad y lavarse las manos,  fue si EPA, al presionar sabía del peligro que era enviar tal reforma al Congreso de la República “en manos de fuerzas enemigas de la universidad”, como si muchos de los actuales miembros del CSU no lo fueran.

Las presiones lograron su cometido. El CSU aprobó el texto el miércoles 21 de septiembre. Se aprobó además una reelección para los decanos y la recién creada figura del vicedecano.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saluda este pequeño pero importante triunfo de EPA en defensa de los derechos estudiantiles vulnerados por las políticas neoliberales impulsadas en la educación superior pública. Ahora es importante exigir al CSU su compromiso de enviarlo al Congreso, convocando a la comunidad universitaria para que vele por la aprobación integral del texto y que los diputados se limiten aprobar los cambios propuestos.

Desde el PSOCA creemos necesario impulsar un movimiento estudiantil y de reforma crítico del que EPA sea parte fundamental, para poner una contra tendencia a las políticas privatizadoras.  Es importante que en la otra mesa de trabajo, la comisión multisectorial para la elaboración de las bases y metodología del proceso de reforma, elabore los lineamientos generales, pero neutralizando las pretensiones de sectores docentes acomodados organizados en la Coordinadora de Claustros, el Sindicato de Docentes e Investigadores y las propias autoridades, que con su visión conservadora no quieren cambios profundos en la universidad y pretenden mantener sus privilegios.

También es necesario, antes de entrar en el congreso de reforma,  que se resuelva la participación de las unidades académicas que no tienen representación en el CSU, en la toma de decisiones políticas, administrativas y académicos de la U. Pero aún más importante es necesario involucrar a la comunidad universitaria y es tarea de las organizaciones críticas presionar a las autoridades para que pongan los recursos necesarios para tal cometido.

Por Armando Tezucún

A trece días de las elecciones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha dado a conocer los resultados definitivos. El 23 de septiembre anunció que en cinco días divulgará los datos finales, pues aún falta por fiscalizar actas de algunos municipios. Lo cierto es que desde el día siguiente a la realización de los comicios estallaron una serie de conflictos en las municipalidades en torno a la elección de los alcaldes que hace ver que definitivamente algo no funcionó.

Conflictividad en las elecciones de alcaldías

Los partidos burgueses proceden de forma poco honesta al momento de escoger sus candidatos a alcaldes en el interior. El procedimiento es pactar y llegar a acuerdos con los líderes y caciques locales, ofreciéndoles prebendas y apoyo. Estos caciques por lo general están involucrados en el enriquecimiento ilícito por corrupción, crimen organizado o narcotráfico. Así, en muchas localidades tenemos alcaldes que se reeligen varias veces, que cambian de partido según su conveniencia o conforman verdaderos bloques de poder detrás de las alcaldías.

Este sistema fue el causante del descontento generalizado que se extendió por todo el país a partir del 12 de septiembre. Quema de alcaldías, destrucción y robo de boletas y urnas electorales, enfrentamientos con la policía, bloqueos de vías públicas, marchas y manifestaciones de protesta, plantones, amenazas de muerte contra las Juntas Electorales Departamentales, alcaldes reelectos o recién electos huyendo para salvar el pellejo, acarreo de gente de otros lugares para votar en municipios a los que no pertenecen, boletas electorales llenas encontradas en basureros o ríos de aguas negras, alteración de actas. Lo curioso es que las denuncias no son en contra de un solo partido. Una agrupación que es rechazada por fraude en un municipio encabeza las protestas en otro. La impresión es que los mismos partidos políticos no tienen el control de los poderes locales afiliados a ellos. Para el día 13 habían ocurrido disturbios en 70 municipios.

Hasta ahora el TSE ha recibido 130 impugnaciones de los resultados electorales procedentes de todo el país, casi la tercera parte de los municipios. Ya fueron rechazadas 92 y 38 están por resolverse (Prensa Libre 22/9/11).

El sistema corrupto de los partidos burgueses, que en las municipalidades se alían con los poderes que viven la corrupción, el narcotráfico y los negocios al margen de la ley tiene su complemento en una Ley Electoral y de Partidos Políticos en extremo débil.

La debilidad de la ley electoral

Este proceso electoral evidenció que el TSE se encuentra maniatado por una ley hecha a la medida por los diputados del Congreso para beneficio de los propios partidos burgueses.

En un país con tanta pobreza como Guatemala resulta vergonzoso que los partidos gasten millones de quetzales en campañas que duran meses. El período oficial de campaña debería ser reducido al igual que la inversión permitida. Pero además el TSE debería tener recursos legales para sancionar a los partidos que no cumplen la ley. Muchos partidos empezaron sus campañas antes de la apertura oficial y superaron con creces el techo de gasto permitido. La máxima sanción de que dispone el TSE es una multa de US$ 125, que fue impuesta a varios de los partidos pero la mayoría apelaron y no la han cancelado.

Los partidos UNE-GANA, Patriota y Líder fueron los que más violentaron la ley electoral, invirtiendo en su campaña mucho más de los Q 48 millones permitidos por el TSE. Según la organización Acción Ciudadana, el PP gastó Q 90.8 millones en la primera vuelta, la Une-Gana Q 59.5 millones y Líder Q 50.6 millones (Prensa Libre 23/9/11). De acuerdo a estos datos, los dos partidos que van a la segunda vuelta, PP y Líder, ya no pueden hacer campaña, sin embargo ambos niegan que hayan gastado tanto y continúan su propaganda.

Denunciamos este proceso electoral como una total burla contra el pueblo por parte de los partidos de la burguesía, que han cometido fraudes con el mayor descaro y sin ninguna vergüenza han irrespetado una ley electoral ya de por si débil y deficiente.

Los resultados de la izquierda reformista

Los partidos de la izquierda agrupados en el Frente Amplio, como era de esperarse, tuvieron resultados modestos. Según datos preliminares del TSE, el FA tuvo un 3.27% de los votos, para la candidatura presidencial, para un total de 146,287. Además, obtuvo 5 alcaldías, 3 diputados al Congreso y uno al Parlamento Centroamericano.

Esto representa un pequeño avance con respecto a las elecciones de 2007, cuando la ANN y URNG-Maíz, cada una por su lado, sumaron 2.20% de los votos. En esa misma elección Rigoberta Menchú, de Winaq logró el 3.09% de los votos, cuando compitió en alianza con Encuentro Por Guatemala. Aparentemente el magro avance puede ser a causa de la alianza con Menchú, pero en todo caso, esta alianza significó un pequeño giro a la derecha, un discurso cada vez más flojo y menos beligerante, un alejamiento de las luchas reales y apremiantes de las masas oprimidas, y un reforzamiento de los métodos autoritarios y verticalistas de esta izquierda reformista ex guerrillera.

El Frente Amplio no estuvo exento de ataques y fraudes en su contra. Según denunció Ada Valenzuela, candidata a diputada por el FA en Villa Nueva, las dependencias del TSE impidieron la inscripción de candidaturas del FA en 26 distritos, incluyendo la de Ada y la de Ángel Sánchez para la alcaldía de la capital, utilizando argucias legales, mientras sí aceptaban a candidatos sin finiquitos, con prohibiciones constitucionales o acusados de graves delitos (Ada Valenzuela, carta a Villa Nueva 6/9/11).

El 21 de septiembre, la Secretaría de Comunicación de URNG-Maíz de Huehuetenango denunció el cambio en el cómputo de votos obtenidos por Walter Félix, quien ganó una diputación por ese departamento. El 13 de septiembre la Junta Electoral Departamental anunció que Félix había obtenido 19,982 votos, con lo que ganó la diputación. Sin embargo, el día 20, en la página oficial del TSE apareció con 19,904 votos, por lo que perdía la diputación beneficiándose el candidato del Partido Patriota. Con ellos el FA perdería una de las tres diputaciones al Congreso que había ganado.

Este no es el único revés para el FA. Dentro del reacomodo de los partidos burgueses en torno a las dos candidaturas que van a la segunda vuelta, el 18 de septiembre Manuel Baldizón anunció el respaldo de tres alcaldes y un diputado electos por URNG-Maíz. Los alcaldes de Tacaná, Tajumulco y Sibinal, del departamento de San Marcos, así como el diputado Carlos Mejía del mismo departamento, anunciaron que apoyarían la candidatura de Baldizón, al parecer porque coinciden en la búsqueda del desarrollo de las comunidades (Prensa Libre 18/9/11). El 19, el Comité Ejecutivo Nacional de URNG-Maiz en un comunicado desconoció y desautorizó tal apoyo, reiterando que va a consensuar con el resto de agrupaciones que conforman el Frente Amplio su postura ante la segunda vuelta electoral. 

La postura de Mejía y los tres alcaldes marquenses revela la debilidad ideológica de la izquierda reformista. Frente a la segunda vuelta a disputarse entre el Partido Patriota y Líder no pocos compañeros que se definen de izquierda se creen obligados a votar por el “mal menor” o el “menos malo”. Algunos incluso instan a que escojamos al más nacionalista, al que está más a favor de la reformas sociales, etc. Debemos diferenciar claramente entre el bando de la burguesía y el bando de los oprimidos.

Voto nulo en la segunda vuelta

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamó en la primera vuelta al voto crítico por el Frente Amplio porque no representa los intereses de ninguna burguesía y por su programa democrático. Pero tanto Pérez Molina como Baldizón representan al enemigo de clase. Con variantes, con diferencias. El candidato del PP tiene un pasado militar y represor; Baldizón encarna el enriquecimiento mediante la corrupción y el crimen organizado. Además recordemos que cuando fue denunciado por estudiantes universitarios peteneros por apropiarse ilícitamente de terrenos costeros del lago de Petén Itzá, los calumnió y los encarceló injustamente durante varios meses. Baldizón es tan represor como Pérez Molina.

No debemos escoger entre dos representantes de nuestros adversarios de clase. Por ello reiteramos nuestro llamado al voto nulo en la segunda vuelta electoral. La tarea primordial es fortalecer las luchas y las organizaciones de los oprimidos mediante la conformación de un frente unitario de lucha de los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores desempleados e informales.

Estudiantes por la Autonomía -EPA-

A la comunidad universitaria comunica:

La Universidad de San Carlos ha sido una institución que se ha destacado en la historia de nuestro país, por el acompañamiento a las luchas sociales y por la denuncia de la desigualdad y propuestas de solución ante las problemáticas nacionales. Al ser la única universidad pública, ha estado a la vanguardia de la educación superior y su autonomía radica en la importancia que tiene en las distintas estructuras del Estado y por tanto su injerencia en la política guatemalteca.

Durante la época del Conflicto Armado Interno vivió la pérdida de grandes intelectuales y promotores del pensamiento revolucionario, que buscaban construir una sociedad justa y la redistribución equitativa de las riquezas de este país, formando un bloque de movimientos sociales que aglomeraba a estudiantes, maestros, obreros, sindicalistas, indígenas, mujeres, entre otros grupos sociales, que desde hace mucho tiempo, nos hemos encontrado en desventaja ante los que poseen el poder político, económico, social de Guatemala. La firma de la paz significaba un “nuevo comienzo”, donde los problemas principales que motivaron la guerra no habían sido solucionados y la organización social, había sido uno de los elemento más reprimidos por el Estado.

La educación ha sido un elemento tan abandonado por los gobiernos de este país, que se ha vuelto una mercancía en la que se debe invertir grandes cantidades de dinero, para poder garantizar su calidad. Y cuya característica elemental, la gratuidad, tambalea año con año y la accesibilidad (en el caso de la USAC) está sujeta a una serie de desgastantes evaluaciones que no buscan solucionar la deficiencia de la educación en general en Guatemala, sino excluye y trunca el futuro de miles de jóvenes cuyas familias o ellos mismos no pueden costear educación privada.

Los primeros once años de este nuevo siglo, han significado para la universidad, un período de estancamiento científico y de conciencia social. Se ha dedicado a fortalecer la corrupción y a proyectarse en el futuro como universidad “prestigiosa”, pero con bases de cartón, pues no hay una real actualización docente, ambientes adecuados y equipados, buena utilización de recursos y del espacio, así como la consolidación de la educación como un proyecto mercantil. Es una institución que viola los derechos humanos, que sigue marginando a los sectores sociales históricamente excluidos y cuya transparencia en sus procesos políticos es muy cuestionable.

La defensa de la Autonomía Universitaria implica que la Universidad sea una institución ajena de intervenciones políticas y manipulaciones de los distintos grupos de poder que se encuentran alrededor de ésta, que son las mismas estructuras paralelas que rodean al Estado; determina que las decisiones que se tomen por su gobierno, se rijan por los principios democráticos en condiciones de igualdad y respeto, de quienes forman el espectro universitario y damos vida a este espacio académico.

La educación superior como un derecho humano irrestricto, implica que la Universidad estatal, se desarrolle en condiciones de gratuidad, para el beneficio de la sociedad en su conjunto sin discriminación alguna, para que las grandes mayorías puedan acceder a la misma y contribuir al desarrollo equitativo y justo de toda la población.

Los Estudiantes Por la Autonomía (EPA) conscientes de la tendencia neoliberal, que la Universidad Pública ha venido llevando, hemos resistido mediante medidas de hecho y acciones propositivas para generar transformaciones profundas que la USAC, nuestra alma mater necesita.

De tal forma, uno de los avances a favor de la universidad pública, popular, crítica y científica producto de los acuerdos firmados entre el Consejo Superior Universitario (CSU) y EPA, tras la toma de cincuenta y cuatro días el año pasado, la mesa de restitución de derechos concluyó hace varios meses en un texto que busca reformar la Ley Orgánica de la Universidad, en lo que respecta a subsanar las desigualdades dentro de las juntas directivas, de las unidades académicas facultativas.

Esta estructura busca ser más democrática y congruente con el principio de representatividad constitucional; las reformas más notables son:

Equiparación temporal del periodo de función (2 años) a todos los representantes según establece la constitución política de la república (docentes, profesionales y estudiantes).

Los docentes, ya no votarán como profesionales, generando así una condición de igualdad entre los representantes, al tener todos un solo voto (situación que regirá a todas las unidades académicas facultativas y no facultativas).

Desaparecen los cuerpos colegiados de elección en estudiantes y profesionales, y se sustituyen por voto directo, para los tres sectores (estudiantes, profesionales y docentes).

Se elimina la figura de secretario académico, por la figura de Vicedecano, quien fungirá como decano en caso de ausencia de éste, desapareciendo por lo tanto las atribuciones del Vocal I, al respecto.

Se elige por planilla única a Decano y Vicedecano por un periodo de 4 años.

Siendo entonces la nueva estructura de la Juntas Directivas de las unidades académicas facultativas la siguiente:

Decano y Vicedecano (4 años)

Representante

Profesional (2 años)

Representante

Docente (2años)

Representante

Estudiantil (2 años)

Representante

Estudiantil (2 años)

Representante

Docente (2años)

Nos vemos ante estas y otras problemáticas, como estudiantes universitarios (y parte de una misma sociedad), en la necesidad de organizarnos y exigir una reforma universitaria profunda e integral, que realmente se deba al pueblo (que la sostiene) y que no le vete educación a nadie, sino busque alternativas para concientizar a la población guatemalteca de la importancia de la educación para un verdadero desarrollo.

Otro de los avances, según el acuerdo logrado entre el CSU y EPA que es parte de un proceso de reforma permanente y busca poner una contra-tendencia al neoliberalismo en la educación superior pública, es la conformación de una comisión multisectorial que genere las bases y metodología de un amplio y profundo proceso de reforma universitaria.

Hay que tomar en cuenta que la sociedad es dinámica y las estructuras sociales son cambiantes y sujetas a sus contextos histórico-sociales, por lo que ya es necesario analizar y repensar también las estructuras que forman la universidad, como su sistema de gobierno, la transparencia en su sistema financiero, entre otros.

Esta reforma debe partir de nuestra realidad, constituirse en un espacio plural y que priorice la democracia participativa, que visibilice a los pueblos indígenas, a las mujeres, trabajadores y todos los que hacemos vida universitaria, retomando el vínculo con la sociedad y creando propuestas de solución ante las problemáticas que se presentan.

Las y los estudiantes dejamos planteada la necesidad de impulsar un proceso de reforma, cuyo inicio debía ser impulsado por una comisión multisectorial para la elaboración de la metodología y bases del proceso de reforma universitaria que debía componerse de la siguiente manera: tres representantes del Consejo Superior Universitario, uno de los cuales deberá pertenecer al sector estudiantil; tres del colectivo Estudiantes por la Autonomía (EPA); tres docentes, tres profesionales. En esta comisión podrán participar, de igual número, representantes de sectores universitarios legalmente constituidos, que así lo solicitaron, ante la Secretaría General en octubre de 2010.

Esta comisión también tiene como tarea, realizar un diagnóstico institucional sobre la problemática en general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tomando en cuenta lo relativo a los exámenes de ubicación y el plan de repitencia estudiantil. En la actualidad esta comisión está organizada por 54 sectores cuyo máximo órgano de toma de decisiones es la Asamblea General de la comisión y posee una coordinadora, con sus distintas comisiones de trabajo.

Esto significa un nuevo momento para la historia de nuestra universidad, que permita una educación de calidad, con accesibilidad para toda la población, creación de conocimiento crítico, nuevas formas de aprendizaje y que como universitarias y universitarios podamos incidir en el desarrollo del país, priorizando las necesidades de la población marginada y siendo profesionales capaces de articular la teoría con la realidad social, a través de la práctica.

Por todo lo anterior, el colectivo de Estudiantes Por la Autonomía (EPA), convoca a todas y todos los miembros de la comunidad universitaria a:

Conocer el proceso de reforma integral

Y a toda la sociedad guatemalteca a:

Exigir junto con nosotros el día 21 de septiembre frente a rectoría de la USAC en un plantón pacífico, la aprobación de la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la universidad, que será el inicio real del proceso de reforma integral, para la construcción de una universidad pública, gratuita, popular, crítica, científica y laica para toda la sociedad guatemalteca.

Guatemala, 13 de septiembre de 2011.


Por Armando Tezucún

Escribimos estas líneas mientras el Tribunal Supremo Electoral anuncia los resultados preliminares de las elecciones 2011. Como era de esperarse, el proceso electoral pasa a segunda vuelta. A la cabeza de la votación, siguiendo la línea anticipada por las encuestas se situó el general retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, con el   32.62 % de los votos válidos; competirá con él en la segunda vuelta Manuel Baldizón del partido Líder con el  21.35 %.

Para que los trabajadores, campesinos y sectores oprimidos se percaten de si vale la pena o no votar en la segunda vuelta, si alguno de los dos candidatos favorecerá realmente a los más pobres, es necesario explicar y divulgar a qué intereses responden los diferentes partidos de la burguesía, quién financia sus campañas y a quién tendrán que retribuir sus favores quienes  ganen la presidencia del país. Los partidos que participan en el actual proceso electoral expresan los intereses y los lineamientos de al menos tres grupos de poder económico que buscan el control del poder político.

Leer más…GUATEMALA.- No hay opción para los trabajadores: ¡llamamos al voto nulo!

Más artículos…

Hemeroteca

Archivo