Por Armando Tezucún

Mientras el circo mediático electoral se centra en la audiencia pública que tuvo Sandra Torres ante la Corte de Constitucionalidad solicitando su inscripción como candidata presidencial (su último recurso), la izquierda reformista aglutinada en el Frente Amplio desarrolla discretamente su campaña. ¿Qué ha propuesto hasta ahora el Frente Amplio?

Primero recordemos los antecedentes. Desde finales del año pasado los partidos políticos de la ex guerrilla (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Alternativa Nueva Nación), el Movimiento Nueva República y una cantidad de organizaciones sindicales, indígenas, campesinas y sociales empezaron a trabajar en la formación de una alternativa política de largo plazo, no exclusivamente electoral, que posibilitara la eventual llegada de la izquierda y los sectores populares al gobierno. El proyecto era prometedor, pero a último momento los dirigentes de los partidos, a espaldas de las organizaciones sociales llegaron a un acuerdo con el partido indigenista Winaq, que no había participado en el proceso trabajo que ya llevaba meses. Así, la cúpula decidió que las candidaturas serían para Rigoberta Menchú como presidenciable y Aníbal García (del MNR) como vice presidenciable, y se repartieron las candidaturas a diputados y alcaldes. Esto provocó la salida de las principales organizaciones sindicales, indígenas y sociales del FA. El proceso culminó con la proclamación oficial de ambos candidatos el 7 de mayo.

El Frente Amplio ha desarrollado una campaña con un presupuesto bajo, respetando al extremo las disposiciones y los tiempos estipulados por la ley electoral y el Tribunal Supremo Electoral. Según escribió la señora Menchú “…El TSE es la institución más importante que garantiza el resguardo de nuestro voto, y quienes no estamos dispuestos a violar la ley, estamos con ella de manera respetuosa, decidida…” (Diario Siglo XXI 4/5/11, artículo “Un proceso que nos convoca”). Este respeto a las leyes de la institucionalidad burguesa y una cierta mistificación de la democracia burguesa formal se percibe en el programa presentado por el FA el 12 de julio recién pasado.

Este espacio es corto para examinar la totalidad del programa de gobierno del Frente Amplio. Sólo diremos que contempla una serie de medidas que implican una ampliación considerable de la democracia, pero sin salir del marco de la institucionalidad burguesa.

Las siguientes citas tomadas de la versión del programa colocada en la red nos muestran la visión legalista del Frente Amplio.

“…En síntesis estamos comprometidos con la democracia participativa, con el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, con la paz y la vida digna de las personas y los pueblos”.

“…El Plan de Gobierno del FRENTE AMPLIO se basa en la Constitución de la República, los Acuerdos de Paz, el Tratado Marco de Seguridad en Centroamérica y la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad”.

“…El FRENTE AMPLIO se compromete con la vigencia y respeto absoluto del ESTADO DE DERECHO y adopta como parte fundamental de su propuesta la LUCHA EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD…” (Las palabras en mayúscula y negrita están así en el documento).

Por otro lado, la señora Menchú, a quien hemos cuestionado con anterioridad por su participación como embajadora de buena voluntad en el gobierno oligárquico de Berger (2004-2008), manifestó posturas en extremo conservadoras en temas de sexualidad y educación sexual. En un foro organizado por la iglesia católica con los candidatos a presidente sobre estos temas el 13 de julio, doña Rigoberta se pronunció, junto a los candidatos burgueses, en contra del aborto, en contra de que las parejas homosexuales adopten niños, en contra de que el gobierno distribuya anticonceptivos, en contra del divorcio y en contra de la promoción de manuales de educación sexual (Diario El Periódico 14/7/11). Confiamos en que los dirigentes de la URNG y la ANN no piensen igual que su candidata presidencial, pero la izquierda no puede tener una postura tan clerical y mojigata en temas que atañen a los derechos de la mujer, de los jóvenes y los homosexuales.

Las propuestas del Frente Amplio en los temas de seguridad, problema agrario, política fiscal, seguridad ambiental, la problemática del transporte en la capital y justicia social implican un avance en cuanto a democratización general del país. Sin embargo, el problema del poder no está claramente planteado. La mistificación del Estado de Derecho y la constitución burguesa (que forzosamente incluye a las fuerzas armadas, instrumento principal del Estado burgués) que hace el Frente Amplio, no prepara en absoluto a las masas oprimidas para defenderse de la arremetida que con seguridad emprenderían la oligarquía y el imperialismo contra un gobierno de esta naturaleza. Este problema del poder, la creación de un poder popular alternativo a la institucionalidad burguesa, debe ser asumido y planteado con responsabilidad por cualquier opción seria de la izquierda que se plantee el acceso al gobierno.

Con todo, el Frente Amplio es la única de las opciones que se presentan en las actuales elecciones que no representa los intereses de sector alguno de la burguesía. Indudablemente, un gobierno del Frente Amplio ofrecería mejores condiciones democráticas para el desarrollo de la lucha y la organización popular. A pesar de que sus candidatos no son dirigentes sociales ni populares reconocidos, no cabe duda de que algunos harían un buen papel si ganaran los cargos a que aspiran, como la compañera Ada Valenzuela, candidata a la alcaldía de Villa Nueva.

     Ante la posibilidad de que el militarismo llegue al gobierno con el Partido Patriota, y la penetración del capital del narcotráfico y la oligarquía en los partidos de derecha, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y demás sectores populares a dar su voto razonado y reflexivo por las candidaturas del Frente Amplio, tomando en cuenta las consideraciones que hemos hecho.

Por Leonardo Ixim

El pasado 26 de julio miembros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas “Manuel Cordero Quezada”, parte del colectivo Estudiantes Por la Autonomía (EPA), tomaron el edificio donde se encuentra la administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos, exigiendo a las autoridades de esta unidad académica que se suspendiera las elecciones para vocal I y vocal II de la junta directiva de esa facultad.

Esta situación tiene relación con el infame fallo de la Corte de Constitucionalidad en torno a varios artículos del normativo de la universidad, específicamente a la ley orgánica, que elimina la votación de estudiantes en la elecciones del vocal I y II, el primero que representa al sector docente pero que funge como decano en funciones en ausencia de este. Recordemos que eso fue una de las causas de la toma de 54 días por parte de EPA del recinto del campus central de la USAC el año pasado.

En esa ocasión pese a la reiterada demanda de EPA y otras organizaciones de no realizar elecciones en varias facultades, éstas se realizaron. La toma de la U como se sabe terminó con dos mesas de trabajo y negociación, una para aprobar reformas a la ley orgánica que restituyera los derechos perdidos tras el fallo del CC y la otra para la elaboración de bases y metodología de un proceso de reforma universitaria.

La primera mesa, conformada con representación tanto del Consejo Superior Universitario, EPA, la asamblea de colegios de profesionales y dos organizaciones del sector docente (Sindinusac y la Coordinadora de Claustros), pese a tener consensuadas casi todas las reformas, no ha concluido aún, siendo que tenía que haber generado resultados a inicios del año. Supuestamente el miércoles 3 de agosto, este cuerpo colegiado iba a conocer la propuesta para su aprobación y posterior envío al Congreso de la República. Sin embargo nuevamente no fue conocida, pese a los ofrecimientos del actual rector Estuardo Gálvez de actuar con la mayor celeridad posible. Nuevamente las autoridades se han burlado del estudiante.

El objetivo de tal reforma a la ley orgánica es regular el funcionamiento de las juntas directivas y democratizarlas, pero los retrasos han sido por los disensos especialmente entre autoridades, docentes y estudiantes, en el tema de las reelecciones a puestos de decano. Existen tres opciones: prohibir las reelecciones, que haya un periodo intermedio para quien quiera reelegirse y que exista solamente una reelección más. Como se quiera, en las tres opciones se elimina la reelección indefinida lo cual es un avance. Para tomar una postura es necesario tener en cuenta la cultura autoritaria y despótica existente en la política guatemalteca y que se refleja también en la alma mater pero también el principio de un buen gobierno apoyado por las mayorías.

Otros elementos que contiene son: homologa a dos años el período de las representaciones de los vocales; desaparecen los votos dobles por sector como por ejemplo el de docentes que votan por representante profesionales; se crea la figura de vice decano y se quita la función de decano provisional que ejerce el vocal I en caso de ausencia del decano; desaparecen los cuerpos electorales para la elección de estudiantes y profesionales que se conforman en la actualidad con un número correspondiente con los profesionales titulares y que la victoria de cualquier planilla que se conformara por un decano y vice decano sea para el que tenga más de un cuerpo ganado por medio del voto secreto y directo.

Por tal razón, ante la convocatoria de elecciones para vocal I y II en la Facultad de Económicas, los estudiantes tomaron el edificio para que se suspendiera la convocatoria de elecciones más otras peticiones relacionadas a cuestiones administrativas y de control académico. Después de ocho días de toma y ante el peligro de que el decano Rolando Secaida, testaferro de la burguesía azucarera mandara a sus matones a desalojar por la fuerza a los compas, se llegó con éste y la junta directiva al acuerdo de no realizar ninguna convocatoria mientras no se apruebe la reforma a la ley orgánica.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) saluda el triunfo de los compañeros estudiantes y llama a estar alertas junto a EPA y otros colectivos progresistas de la U para que se cumpla lo acordado. De igual forma denuncia que en el curso de nivelación para los estudiantes que pierden el examen de pruebas básicas conocido por sus siglas como PAPS, se está cobrando 400 quetzales, cuando ha sido gratuito; el que lo cursa debería pasar automáticamente a ser estudiante universitario sin realizar ninguna otra prueba más, como es en la actualidad y además de no cobrarse nada al estudiante. En ese sentido llamamos al estudiantado organizado a denunciar tal situación, movilizar al estudiante afectado por tales medidas y al estudiantado general en solidaridad.

Por Marcial Rivera

¡No pare sigue, sigue!

“Cuando muera, no llores, hijo: / pecho a pecho ponte con ella, / y si sujetas los alientos

/ como que todo o nada fueras, / tú escucharás subir su brazo / que me tenía y que me     / entrega, / y la madre que estaba rota / tú la verás volver entera”.

Fragmento del Poema “La Tierra” de Gabriela Mistral

A casi un mes de que se lleven a cabo las elecciones generales en Guatemala los niveles de violencia no cesan, y la represión del Estado tampoco; pareciera que el potencial caudal electoral, que podría generar el hecho de cesar con la represión, no está dentro de las ideas de la coalición UNE-GANA, como binomio oficial, y que busca ganar las elecciones bajo la excusa de “defender a los más necesitados”.

El Estado, -como bien se sabe- existe para defender a la clase dominante, y el surgimiento del mismo, se remonta al surgimiento de la propiedad privada, cuando se cercó el primer pedazo de tierra. No se trata de asesinatos comunes, no se trata de las veinte o veinticinco personas que son privadas del derecho a la vida, y que pasan a formar parte de las estadísticas de la violencia, se trata de un modus operando al estilo de los escuadrones de la muerte, cuando estas estructuras se dedicaban a asesinar líderes sociales durante el conflicto interno. En un comunicado emitido, por el Frente Nacional de Lucha, el 21 del mes recién pasado, se hace alusión a asesinatos desde una motocicleta, y de lo sanguinario que actuaron los homicidas de las compañeras, Lesbia Elías Xurup, y María Santos Mejía.

De igual manera, en esto se evidencia para beneficiar a quién existe el Estado de Guatemala, pues por dar cumplimiento a una orden judicial, y nuevamente por la problemática de la tierra, Sergio de León de diecinueve años, fue muerto, en Los Cafetales, una finca ubicada en Santa Cruz Muluá, en Retalhuleu, al occidente de Guatemala; la pretensión consistía en desalojar a más de doscientas cincuenta familias, que habían invadido la finca, utilizando para este propósito gases lacrimógenos, mientras la población se defiende con piedras, palos y armas blancas.

PNC y Ejército como instrumento de represión

Lo más curioso del caso, es que mientras la violencia es incesante, el Estado utiliza a más de mil quinientos agentes de la PNC, -mientras no accionan cuando hay delitos- de diferentes lugares, e incluso a elementos de las Fuerzas Armadas, para ayudar a las acciones de desalojo, lo que viola el espíritu de los acuerdos de paz, pues no es concebible que se sigan utilizando elementos del Ejército, para llevar a cabo acciones de represión en contra de la población civil, y más aún en condiciones de desigualdad.

Lo cierto es que esto se debe a que no existe una política en materia agraria, por parte del Estado, no obstante en los Acuerdos de Paz, debía tratarse el tema de la tierra. De ahí que el derecho también sirva para defender a la clase dominante, pues aunque las órdenes judiciales llevadas a cabo, provienen de la ley, son a todas luces ilegítimas, pues no cuentan con el apoyo de la mayoría de la población. Al hablar de derechos fundamentales, podríamos preguntarnos entonces si el derecho a la propiedad privada priva, sobre el derecho a la vida, o a la integridad física; pues esta es la lógica del empresariado y de las autoridades.

Por otro lado, la legislación penal no debería ser usada, para ventilar estos conflictos agrarios que responden, a otras razones, que no son de índole penal. Qué bien debería buscarse otras formas de resolver estos problemas.

Guatemala como Estado Servil

El estado actúa entonces en función de reprimir y desalojar violentamente, a quienes usurpan tierras, pero no para buscar el diálogo ni mucho menos, elaborar propuestas de solución para esta problemática. Por otro lado, lo que Guatemala necesita, es una política agraria eficaz, pero que sea un verdadero pacto de nación, pues de no hacerlo de esta forma, se estará en el eterno génesis, en el que en un período se dan determinadas políticas y en el siguiente se cambia, aduciendo ser mejores, y finalmente no hay nada coherente, probablemente las políticas desarrolladas durante los gobiernos de la llamada “Primavera Democrática” sean el mejor ejemplo que se pueda seguir, para tratar la problemática de la tierra. Aunque disfrazado de gobierno para los más “pobres” lo cierto es que este período presidencial, cerrará con la peculiaridad, de haber llevado a cabo muchos desalojos violentos, principalmente por la problemática de la tierra.

Por Bac Cuq´

Las luchas populares por parte del sector público se han hecho presentes con mayor frecuencia en los últimos días; tal es el caso que en Guatemala se mantienen en pie de lucha los trabajadores de los servicios públicos de la salud y la educación

Los trabajadores de la salud se han movilizado con plantones y asambleas alrededor del los centros de salud pública de todo el país. Según Dora Regina Ruano, secretaria de organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, el ministro de salud Ludwing Ovalle ha reducido en lugar de ampliar la solicitud presupuestaria ante el congreso de la república, lo que parece contradictorio en un país donde las condiciones de salud son cada vez más precarias, donde no existe una estrategia ni implementación de salud preventiva.

En 2009 el presupuesto para la salud pública era de 3 mil millones 800 mil quetzales, en el 2010 redujeron el presupuesto en 300 millones de quetzales. Todo esto es una estrategia para privatizar los servicios de salud pública, las contrataciones del personal se llevan a cabo a través de contratos donde el sueldo es de cincuenta quetzales diarios; ya no contratan por planilla, porque si fuera así tendrían que pagar prestaciones laborales. Además hay anomalías en las contrataciones del personal, en algunos casos ni siquiera son profesionales graduados de la universidad.

Las anomalías van desde: La implementación de contratos, la reducción de presupuesto en el área de insumos para el sector de la salud pública, el aumento de presupuesto en el área administrativa y no en personal ni en medicamento o equipo médico, lo cual no favorece a la población; además de destinar parte de los fondos del sector de la salud a la campaña electoral de la UNE.

Además de todo lo anterior, en los lugares donde se han hecho denuncias por malversación de fondos del servicio de salud algunos dirigentes sindicales responsables de las denuncias han sufrido procesos judiciales y administrativos, en algunos casos persecución, intimidación y ha habido casos donde los sindicalistas son asesinados, aseguro la secretaria de organización del Sindicato de Trabajadores de la Salud.

En el otro extremo de la lucha de los trabajadores estatales vemos también cómo se ha levantado el movimiento magisterial. Tras una serie de movilizaciones, donde ha habido bloqueos en algunas de las carreteras más importantes de la ciudad capital y paros laborales, los dirigentes magisteriales encabezados por Joviel Acevedo han tomado un salón del Ministerio de Educación, declarándose en asamblea permanente y se han suspendido las clases a nivel nacional, hasta que sus exigencias se hagan cumplir de acuerdo al pacto realizado con el Ministerio de Educación en el 2008.

El congreso de la republica deberá aprobar que se designen 248 millones de quetzales al Ministerio de Educación, los cuales serán para saldar la cuenta de seis meses de atraso del aumento salarial realizado a los maestros de la educación pública, de los meses de enero a junio y también de los meses restantes de julio a octubre del año en curso. Además se debe pagar 4 millones para el subsidio del transporte escolar, 60 millones para el segundo desembolso de la gratuidad, 20 millones para financiar la salud de los maestros y 40 millones para financiar el programa de desarrollo académico de la Universidad de San Carlos.

Es de suma importancia para la población que se lleve a cabo la ampliación presupuestaria en ambos servicios públicos: La educación y la Salud. Por ello el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a la reflexión a estos dos sectores, que hoy en día están levantados en pie de lucha, y con todo el ímpetu que poseen las luchas populares, los exhortamos a que sigan adelante en la lucha, que no desmayen. Sobre todo los invitamos a que aprovechen la fuerza que en este momento tienen y se unan, ya que unidos tomarán mucha más fuerza y lograrán con mejores resultados todo lo que se han propuesto al librar sus batallas. Los maestros y los trabajadores de la salud tienen el mismo patrono: el Estado burgués que está siendo debilitado por las políticas neoliberales impuestas por el imperialismo y por el gran capital guatemalteco. Por eso, unidos podrán golpear con más fuerza al enemigo común. Esta unidad en la lucha será a favor del pueblo, que al final es el que sufre con la reducción de estos servicios y de ser victoriosa su lucha el pueblo será el beneficiado y de allí saldrán los frutos del cambio que hoy por hoy se trata de conseguir librando esta batalla.