Por Orson Mojica

Han transcurrido 40 años de aquella gesta heroica y revolucionaria que derrocó a la dictadura somocista, el 19 de julio de 1979, una efeméride que pertenece al pueblo de Nicaragua, pero que en el transcurso de los años terminó siendo confiscada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

¿Cómo fue posible que una grandiosa revolución popular que derrocó a la genocida dinastía somocista, terminó 40 años después en otra dictadura sangrienta e igualmente dinástica? El proceso político que terminó liquidando la revolución de 1979 desde adentro, se produjo en diferentes etapas para dar el resultado final que ahora conocemos: la dictadura Ortega-Murillo, que se ha apropiado de las banderas de la revolución y del propio FSLN, para ensuciarlos y destruirlos, destruyendo el objetivo esencialmente democrático de la revolución de 1979.

Es difícil explicar todo lo ocurrido en tan poco espacio, las siguientes notas pretenden sintetizar el análisis contenido en el libro “Nicaragua: La revolución abortada”. La revolución había finalizado antes de 1990, desgarrada por las errores politicos del FSLN. El discurso aparentemente revolucionario del FSLN ha servido unicamente para engañar a sus bases y para construir una nueva dictadura.

1.- El derrocamiento de la sanguinaria dictadura somocista

El triunfo de la insurrección popular, el 19 de Julio de 1979, destruyó la dictadura de la familia Somoza, que había controlado férreamente el aparato del Estado por un periodo de más de cuarenta años (1936-1979), y al corrupto sistema político bipartidista asentado en el Partido Liberal Nacionalista (PLN) y el colaboracionista Partido Conservador de Nicaragua (PCN).

El audaz aprovechamiento de la crisis de la dictadura, --iniciada en 1974-- la debilidad y fraccionamiento de la burguesía, así como el rápido ascenso al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) (1977 a 1979) creó un halo mítico en torno a la guerrilla sandinista, dando la apariencia de que estábamos ante el inigualable fenómeno del triunfo militar del mejor y más poderoso movimiento guerrillero de América Latina.

1.1.- Una situación revolucionaria en Nicaragua y Centroamérica

El triunfo de la insurrección popular sobre Somoza, el 19 de Julio de 1979, posibilitó la destrucción de la Guardia Nacional, el principal soporte del Estado y la economía capitalista en Nicaragua. La situación revolucionaria que existía en Ni­caragua se extendió y generalizó a toda el área centroamericana, aunque con ritmos desi­guales y contradictorios en cada país.

A pocas semanas, el 15 de octubre de 1979 cayó la dictadura militar del General Carlos Humberto Romero, en El Salvador, producto del poderoso ascenso obrero y popular, siendo susti­tuida por el igualmente frágil y efímero gobierno “cívico‑militar” del coronel Adolfo Arnoldo Majano. La guerrilla en Guatemala aumento sus operativos militares contra la dictadura del General Romeo Lucas, pero no logró convertirse en una poderosa fuerza de masas. La guerrilla guatemalteca era en ese momento, junto a la guerrilla colombiana, una de las más antiguas y poderosas del continente.

1.2.- Destrucción del aparato del Estado burgués y embrionarios organismos de doble poder.

Bayardo Arce Castaño reconoció que en ese período desaparecieron las instituciones del Estado, al afirmar que: “No hay que olvidar que aquí no se derrocó a un gobierno, sino que se destruyó todo el Estado. Al día siguiente del triunfo no había ejército, ni tribunales, ni poder legislativo, ni gobierno".[1]

Al derrumbarse el Estado por el empuje de la revolución, la Junta de  Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) liquidó el Congreso Nacional, derogó la Constitución de 1974 y proclamó el “Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional”, el 20 de Julio de 1979, disolviendo “la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Tribunal Superior del Trabajo y demás estructuras de poder somocista”,  se declararon “especialmente inaplicables todas las disposiciones que se refieren al partido de la minoría en cualquier otra ley vigente”.[2] Con ello se puso fin al sistema dictatorial asentado en el bipartidismo, y la odiosa colaboración del Partido Conservador con el régimen dinástico.

Este “Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional” fungió como Constitución provisional, sin haber tenido la aprobación popular. Fue producto de una negociación secreta entre el FSLN y la burguesía opositora.

La destrucción de la Guardia Nacional, y del aparato del Estado, posibilitó el proceso de autoorganiza­ción de los trabajadores y sectores populares. Por todos lados nacieron, como hongos después de la refrescante lluvia, los sindicatos, los Comités de Defensa Civil ‑-después el FSLN los convirtió en Comités de defensa Sandinistas (CDS)‑-, los comités campesinos y las milicias populares que llegaron a controlar todo el armamento recupera­do a la dictadura somocista. Desde al inicio, estos organismos ejercieron funciones de poder obrero y popular en los territorios liberados por la guerrilla.

En esa época, Sergio Ramírez Mercado reconoció que “(…) cuando no teníamos no ejército regular, ni policía, cuando muchos ministerios y entidades estatales estaban aun sin cabeza (…) las columnas guerrilleras ejercían múltiples funciones en los lugares donde se habían asentado, y sus jefes no solo tomaban medidas de reforma agraria, sino que también juzgaban, celebraban matrimonios, establecían listas de precios y castigaban la usura y el agiotismo”.[3]

1.3.- Represión selectiva contra la izquierda y desarme de las milicias populares

Después del 19 de Julio de 1979, el FSLN reescribió la historia, borrando, invisibilizando, persiguiendo a los otros partidos de izquierda, encarcelando a sus dirigentes. La izquierda revolucionaria estaba conformada, por un lado, por el Movimiento de Acción Popular (MAP), de inspiración maoísta, y la Liga Marxista Revolucionaria (LMR), que evolucionó al trotskismo y en el año 1984 se transformó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)[4].  

El MAP impulsó, a inicios de 1979, la circulación del diario El Pueblo y logró estructurar las Milicias Populares Antisomocistas (MILPAS), como un organismo armado que, al momento de la insurrección, trabajó en estrecha coordinación con las unidades guerrilleras del FSLN.  La LMR había participado en la insurrección incorporando a sus militantes en las milicias populares de los barrios, al mismo tiempo que coadyuvó la formación de la Brigada Simón Bolívar (BSB)[5], compuesta por militantes trotskistas latinoamericanos que pelearon contra el somocismo, en el Frente Sur y en Bluefields, bajo la conducción militar del FSLN. La represión del gobierno se centró sobre las MILPAS, contra el diario El Pueblo, clausurándolo el 22 de julio de 1979 y confiscando sus maquinarias, así como contra la LMR (posteriormente PRT) expulsando a la BSB el 16 de agosto de 1979.

El cierre temporal del diario El Pueblo se produjo cuando su redacción demandó se publicarán los acuerdos secretos que la Dirección Nacional del FSLN y la burguesía antisomocista firmaron en Puntarenas, Costa Rica, y que dieron origen a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

1.4.- Creación del Ejército Popular Sandinista (EPS) y la Policía Sandinista (PS)

Una de las primeras medidas que tomó la Dirección Nacional del FSLN, fue el desarme de las milicias populares que habían nacido al calor de la insurrección.  Los comandantes sandinistas no podían consolidar su poder, sin disolver la expresión armada y autónoma del pueblo. Algunos milicianos entregaron sus armas, otros opusieron resistencia, pero al final la mayoría terminó desarmándose e incorporándose a las nuevas instituciones armadas creadas por la Junta de Gobierno, como fueron el Ejército Popular Sandinista (EPS) y la Policía Sandinista (PS)[6].  El desarme de las milicias fue la primera gran batalla que la Dirección Nacional del FSLN le ganó a los partidos  de izquierda.

La construcción de unas nuevas fuerzas armadas y policiales, bajo estricto control político del partido FSLN, permitió que los comandantes sandinistas tuvieran en sus manos un enorme aparato represivo que garantizaría su poder hegemónico

2.- Crisis de la Junta de Gobierno, el Consejo de Estado y el inicio del régimen bonapartista

El 18 de junio de 1979 se constituyó la primera Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), producto de una alianza política entre los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), los partidos de derecha y la Dirección Nacional del FSLN, entre otros, quienes suscribieron El Programa de Gobierno que se aplicaría una vez derrocada la dictadura somocista.

Entre los compromisos centrales estaba que la Junta de Gobierno instalaría un Consejo de Estado, organismo corporativista formado por delegados de los diferentes sectores sociales y políticos, no electos democráticamente por el pueblo, donde la delegación sandinista tendría apenas 6 de los 33 miembros.

Estos acuerdos fueron rebasados por los resultados de la insurrección victoriosa.  Extrañamente, y contrario a lo que se pueda imaginar, durante los primeros meses de la revolución, ni una sola de las fuerzas firmantes, reclamó que se instalara el Consejo de Estado. Todos observaban impacientemente el desarrollo de los acontecimientos, dándole a la Junta de Gobierno el tiempo necesario para instaurar el orden.

El asunto del Consejo de Estado fue la gota que rebalsó el vaso, provocando la renuncia, con horas de diferencia, de Alfonso Robelo y de Violeta Chamorro, al día 19 de abril de 1980, nueve meses exactos después del triunfo sobre Somoza. Robelo argumentó que renunciaba porque "se habían roto las bases de Unidad Nacional".  La señora Violeta Chamorro argumento que renunciaba por “motivos de salud” .

El primer gobierno de alianzas entre el FSLN y la burguesía entró en una profunda crisis. No obstante, la Dirección Nacional del FSLN inmediatamente sustituyó las vacantes, con dos figuras que representaban la sombra de la burguesía: el 18 de mayo de 1980 fueron nombrados Rafael Córdoba Rivas, directivo del Partido Conservador Demócrata (PCD) y Arturo Cruz Porras, banquero, también conservador, como nuevos miembros de la Junta de Gobierno. Lo anterior evidencio una alianza estratégica entre la oligarquía conservadora y el FSLN.

A diferencia de la primera, la composición social de la segunda Junta de Gobierno reflejó la creciente hegemonía del FSLN dentro del gobierno y resto de instituciones del Estado en proceso de reconstrucción. Este proceso de concentración de poder se produjo a menos de un año del triunfo de la Revolución. Arturo Cruz renunció posteriormente a la Junta de Gobierno, y en 1981 la segunda Junta de Gobierno fue reestructurada y reducida a 3 miembros, (Moisés Hassan fue dado de baja), quedando finalmente Daniel Ortega Saavedra como “coordinador” de la misma. Fu el inicio del régimen bonapartista y totalitario.

Como parte de este proceso de centralización del poder, la Dirección Nacional del FSLN cambió unilateralmente la composición del Consejo de Estado, incluyendo delegados de las nuevas y poderosas organizaciones sindicales y populares, influidas y controladas políticamente por ellos, que se habían formado después del derrocamiento de la dictadura, como la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), Comités de Defensa Sandinista (CDS).  Esta inclusión de nuevas organizaciones rompió el "equilibrio" del Consejo de Estado, y el FSLN pasó a tener los votos seguros de 30 de los 47 miembros. De esta forma se garantizó el estricto control del organismo corporativista encargado de elaborar las leyes de la República.  Mientras la Junta de Gobierno ejercía su poder mediante decretos, el Consejo de Estado sirvió como un mecanismo legal  de consulta para preparar leyes y avalar los decretos ejecutivos.

2.1.- La negativa de convocar a elecciones

El 23 de agosto de 1981, en el acto de cierre de la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) –que redujo el analfabetismo del 50% al 13%-- el comandante de la revolución, Humberto Ortega Saavedra, pronunció un histórico discurso rechazando las presiones de la burguesía nacional e internacional para que la Junta de Gobierno convocase a elecciones, como había sido pactado en el llamado “Plan Original”.

En esa ocasión, ante miles de jóvenes radicalizados, Humberto Ortega Saavedra confirmó que no habrían elecciones hasta el año 1985, insistiendo en que: "(…) las elecciones de las que nosotros hablamos son muy distintas a las elecciones que quieren los oligarcas y traidores, conservadores y liberales, los reaccionarios y los imperialistas (...) recuerden bien que son elecciones para mejorar el poder revolucionario, pero no para rifar quién tiene el poder, porque el poder lo tiene el pueblo a través de su vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional y su Dirección Nacional" [7]

Este fue un grave error de la conducción sandinista. Las masas se habían insurreccionado contra el somocismo porque les negaba las libertades democráticas más elementales. El FSLN se consideraba asimismo como la “vanguardia indiscutible del pueblo”, negando el derecho de decisión de millones de nicaragüenses

La realización de elecciones democráticas, en momento de máximo apogeo político del FSLN, no hubiera sido una concesión a la burguesía que las exigía, sino que hubiera permitido aglutinar a la clase media y del campesinado, que estaban encantados con la revolución pero que miraban el futuro incierto. Las elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente, combinada con la revolución agraria, hubiera permitido soldar la alianza entre la ciudad y el campo, y cerrar el espacio a los primeros destacamentos del ejército Contra. Pero no fue así, los comandantes sandinistas prefirieron instaurar su propio poder, a través de la hegemonía política del FSLN, creando un régimen de partido único, que controlaba dictatorialmente a toda la sociedad. Los objetivos de la revolución democrática de 1979 fueron negados, alimentando con ello el descontento popular, especialmente de los campesinos y los indígenas.

2.2.- Rebelión de negros y misquitos en la Costa Caribe

A finales de septiembre y en los primeros días de octubre de 1980, estallaron en las principales ciudades de la Costa Atlántica, Bluefields, Puerto Cabezas y también en Corn Island, gigantescas movilizaciones populares que conmocionaron al resto del país. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional emitió un represivo pronunciamiento el día 2 de octubre en relación a los acontecimientos de la Costa Caribe.

La Dirección Nacional del FSLN no comprendió los motivos de esta rebelión en la costa caribe: negros, misquitos, sumus y ramas eran verdaderas minorías nacionales que tenían lengua, cultura y costumbres propias, diferentes al resto de Nicaragua.

Este acontecimiento fue el preludio de lo que ocurriría posteriormente en toda la Costa Caribe y con el campesinado de la zona norte y central del país, que se levantarían en armas contra el control burocrático del FSLN, sirviendo de base social para el ejército Contra.

2.3.- El bonapartismo del FSLN

En los primeros meses de la revolución, la primera Junta de Gobierno jugó un rol de árbitro entre las clases sociales en lucha, de cierta conciliación, inclinándose para un lado y para el otro.  Sin embargo, en la medida en que Alfonso Robelo pasó a la oposición abierta, el bonapartismo de la Dirección Nacional del FSLN adquirió otras connotaciones. Esta debió enfrentarse no solo a la oposición de derecha sino, fundamentalmente, a la contraofensiva desatada por la administración Reagan en 1981. 

Mientras reprimía a los sectores más radicales de la izquierda, la Dirección Nacional del FSLN explotaba su enorme prestigio emanado de la lucha contra el somocismo, enarbolando el peligro real de la amenaza imperialista, para montar un aparato burocrático-militar capaz de controlar y disciplinar a las masas trabajadoras. Las Milicias Populares Sandinistas (MPS), organizadas por el EPS, fueron mecanismos de control sobre los trabajadores y sectores populares, a quienes se les imponía disciplina militar. Los Comités de Defensa Sandinista (CDS) se convirtieron en organismos de espionaje y control sobre la población.

Estas características totalitarias se fueron acentuando conforme se agudizó el enfrentamiento contra la administración Reagan y el estallido de la “guerra de baja intensidad” en 1982, que después se transformaría, por los errores políticos de la dirigencia sandinista, en una verdadera guerra civil. En el transcurso de los años las masas comenzaron a rechazar cada vez más al régimen bonapartista que tenía características muy reaccionarias. Al perder paulatinamente el apoyo de masas, producto del cansancio originado por la guerra y por la política de reconstrucción de la economía capitalista, el régimen Bonapartista se transformó en un régimen político, totalitario, muy reaccionario, institucionalizado por la Constitución de 1987.

Una de las características de este régimen bonapartista, totalitario, fueron los decretos de “Estado de Emergencia”, casi permanentes, interrumpidos por cortos periodos, desde 1980 hasta las elecciones de 1990.

La Dirección Nacional del FSLN, en su conflicto a muerte con las fracciones de la burguesía que eran desplazadas del poder, instauró un régimen bonapartista que primero se apoyó en las masas para luchar contra la agresión del imperialismo norteamericano, pero que gradualmente se fue convirtiendo en un régimen que negaba sistemáticamente las libertades democráticas. Cada vez que hubo una relajación del férreo régimen bonapartista, se debió a las negociaciones políticas en el extranjero, a las concesiones que el sandinismo hacia a la socialdemocracia y al propio imperialismo norteamericano.

3. - La “guerra de agresión” se transforma en guerra civil

Para los años 1983‑84 se hizo sentir con todo su rigor el desencanto político de las grandes masas campesinas con el bonapartismo del FSLN, convirtiéndose en base social de la contrarrevolución.

En esta época se formaron los llamados Comandos Regionales, es decir, la contrarrevolución abandonó la etapa de la movilidad constante para asentarse y operar en determinados territorios. Para ese año la contra tenía más de 15,000 efectivos en armas[8]. Esto fue posible no solo por el apoyo militar y económico del imperialismo norteamericano, sino, fundamentalmente, porque los primeros destacamentos del ejército Contra lograron ganarse a grandes sectores del campesinado, que rechazaban las confiscaciones, los controles de precios y la ausencia de entrega de tierras con títulos de propiedad.

El FSLN corrigió muy tarde sus graves errores con el campesinado. La reforma agraria había priorizado la creación de cooperativas estatales y no entregó títulos de propiedad a los campesinos sino hasta después de 1984. Los controles de precios eran un subsidio alimenticio a las ciudades a costa de la frágil economía de los campesinos.

Los indígenas misquitos, sumus y ramas, así como los negros, se rebelaron contra la dirección sandinista porque ésta, impregnada del clásico centralismo guerrillero, violentó las tradicionales formas de autoorganización comunal, impuso autoridades que no eran de la zona, invadió las tierras y recursos comunales, provocando una verdadera insurrección de los indígenas y negros. El Estatuto de Autonomía, extremadamente centralista, fue aprobado por la Asamblea Nacional hasta el 7 de septiembre de 1987, pero los gobiernos autónomos regionales se instalaron y comenzaron a funcionar hasta después de las elecciones del 25 de febrero de 1990, cuando la dirección sandinista ya había perdido el gobierno.

Irónicamente, el ejercito contra se nutrió de los sectores más pobres del campo y de los indígenas de la costa caribe, quienes rechazaban el discurso y las actuaciones del bonapartismo de la Dirección Nacional del FSLN. La guerra de agresión se transformo en guerra civil (1982-1990).

4.- Las elecciones de 1984 y la Constitución de 1987

En medio de la guerra civil y bajo tremendas presiones internacionales, el Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN), convoco el 4 de noviembre de 1984 a elecciones de presidente de la Republica y también de Asamblea Nacional Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución.

Daniel Ortega y Sergio Ramírez, miembros de la Junta de Gobierno y candidatos del FSLN, fueron elegidos presidente y vicepresidente de la República con el 63% de los votos. Sin haber aprobado la nueva Constitución, procedieron a restaurar las instituciones de presidente y vicepresidente de la Republica. Colocaron la carreta delante de los bueyes. A nivel de la Asamblea Nacional, el FSLN obtuvo 61 diputados, el PCD obtuvo 14 diputados, el PLI obtuvo 9 diputados, el PPSC obtuvo 6 diputados, el PC de N obtuvo 2 diputados, el PSN obtuvo 2 diputados y el MAP-ML otros 2 diputados.

El nivel de participación fue calculado en un 75%, pero en muchas zonas no se pudo votar por el conflicto bélico. Los resultados electorales, a pesar del absoluto control del FSLN sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), mostraron una clara tendencia a la erosión política del sandinismo: los partidos de derecha aunque moderados habían obtenido más de un tercio de la votación.

EL FSLN tuvo mayoría de diputados en la Asamblea Nacional Constituyente, imponiendo las directrices de la conducción sandinista, de institucionalizar la revolución dentro del marco de la trilogía de principios conocida como “economía mixta, no alineamiento y pluralismo político”. El proceso de reconstrucción del Estado burgués, iniciado inmediatamente después del derrocamiento de la dictadura somocista, fue consagrado y legalizado en la nueva Constitución promulgada en 1987, de corte presidencialista extremo, que no era otra cosa que la legalización del bonapartismo y el totalitarismo existente.

Al perder apoyo de masas, producto de la grave crisis económica, del bloqueo imperialista y del cansancio ocasionado por la guerra civil, el régimen se fue tornando cada vez más bonapartista, y reaccionario, es decir, un régimen que ejercía el poder basado en los decretos de excepción, donde el poder se fue trasladando lenta y paulatinamente de la Dirección Nacional del FSLN hacia una sola persona: el presidente de la república.

5.- Los Acuerdos de Esquipulas II y las elecciones de 1990

Después de las fracasadas negociaciones del Grupo Contadora, bajo un contexto de cansancio y desgaste provocado por la prolongada guerra civil, Daniel Ortega y los presidentes centroamericanos suscribieron los Acuerdos de Esquipulas II, el 7 de agosto de 1987, iniciando un ciclo de complicadas negociaciones que finalmente condujeron a la realización de elecciones con vigilancia internacional en 1990.

Nicaragua estaba destrozada económicamente, las masas estaban cansadas. En esas condiciones, los resultados de las elecciones eran previsibles. De un total de 1.420.544 votos válidos en la elección presidencial la UNO obtuvo la cantidad de 777,552 y el FSLN obtuvo 579,886. De un total de 1,419,384 votos válidos en las elecciones para diputados de la Asamblea Nacional, la UNO obtuvo la cantidad de 764,748 y el FSLN 579,723 votos.

La Sra. Violeta Barrios de Chamorro ganó las elecciones presidenciales, pero el FSLN conservó capacidad de veto dentro de la Asamblea Nacional.

El imperialismo yanqui se había anotado la más importante victoria política, al lograr que la amplia mayoría del pueblo de Nicaragua repudiara electoralmente a la dirección sandinista, la que once años atrás fue aclamada y adorada por el pueblo, por haber encabezado la lucha victoriosa contra la dictadura somocista.

La estrategia de Reagan había dado resultado: primero presionó militarmente, obligando a la dirección sandinista a firmar los Acuerdos de Esquipulas II, hasta que finalmente fue derrotada política y electoralmente

6.- 16 años de ofensiva neoliberal y la reconstrucción del bipartidismo

En 1990 el FSLN se vio obligado a reconocer su derrota, entregó la banda presidencial a Violeta Chamorro, pero a través de la firma del Protocolo de Transición conservó enormes cuotas de poder: el control del Ejercito y la Policía, mantuvo la capacidad de veto a cualquier reforma constitucional, retuvo el control de la propiedad de tierras y mansiones, y mantuvo una táctica oscilante de apoyo a las medidas económicas de corte neoliberal, pero al mismo tiempo impulsaba asonadas y movilizaciones de masas contra el nuevo gobierno, con el objetivo de presionarle y obligarle a negociar mas concesiones. Fue un periodo de caos político.

La piñata con los bienes del Estado creó una nueva burguesía. Este fue un hecho trascendental. Los revolucionarios de 1979 se habían convertido, de la noche a la mañana, en nuevos y ricos empresarios en 1990, aunque para engañar a su base social conservaban el discurso de la época revolucionaria.

En estos años de gobiernos de derecha, se desató una fuerte ofensiva neoliberal que terminó de privatizar los pocos bienes que habían quedado en manos del Estado, después de la piñata. Al interior de la Dirección Nacional del FSLN se dio un proceso de concentración del poder en manos de Daniel Ortega. El FSLN utilizaba las luchas populares como mecanismo de presión para arrancar concesiones políticas y económicas al gobierno de turno.

La reforma constitucional de 1995 restauró muchas de las instituciones de la derogada Constitución somocista de 1974, pero fue hasta 1999 que los pactos Aleman-Ortega sentaron las bases para reconstruir el sistema bipartidista en Nicaragua, esta vez entre el liberalismo y el sandinismo. Aleman creyó que el pacto de 1999 instauraría un largo periodo de alternancia pacifica en el poder entre el PLC y el FSLN, pero las intenciones de Daniel Ortega eran otras. Apenas pudo, aprovecho las contradicciones para echar preso a Arnoldo Aleman por corrupción, y una vez que logró la rendición de este y había acumulado más poder, procedió a establecer un nuevo pacto FSLN-PLC para arrodillar al gobierno de Enrique Bolaños, provocando la división del liberalismo y con ello crear condiciones únicas e irrepetibles para que el FSLN retornara nuevamente al gobierno.

El pacto Aleman-Ortega de 1999 logró reducir la exigencia del 50% de los votos en primera vuelta, hasta un 35%. De esta manera, habiendo debilitado al liberalismo, siendo minoría, Daniel Ortega logró ser elegido nuevamente presidente en noviembre del 2006 apenas con el 38% de los votos, reasumiendo el gobierno en el 2007. Nunca quedó claro si las elecciones fueron realmente limpias o si hubo manipulación de los resultados por parte de Roberto Rivas, quien ya había sido reclutado por el FSLN.

De esta manera, el FSLN dejo de tener una pierna en la oposición, para colocarse de cuerpo entero, en la cúspide del poder.

7.- Bonapartismo y nueva dictadura dinástica

Lo primero que hizo Daniel Ortega en el año 2007 fue reunirse con los grupos empresariales (banqueros, Pellas, Coen, Baltodano, etc) en el INCAE y acordar con ellos las nuevas reglas del juego político: se mantendrían las políticas neoliberales, se respetaría el área de influencia de los grupos económicos, pero que estos no financien a la oposición política.

Habiendo logrado acuerdos sustanciales con la oligarquía económica y financiera, Daniel Ortega se dio a la tarea central de establecer el control total de todos los poderes e instituciones del Estado, reclutando a funcionarios del PLC. Manteniéndolos en los cargos, mientras centraba los golpes contra la fracción de Eduardo Montealegre, que había quedado en segundo lugar en las elecciones.

Jugando con una y otra fracción del liberalismo, logró imponerse dentro de la Asamblea Nacional. Hubo un factor internacional que favoreció este proceso de centralización del poder: el acuerdo petrolero con Venezuela le permitió contar con mas de 1,000 millones de dólares cada año, los que fueron manejados de manera discrecional y privada. Los grupos económicos y financieros aprovecharon la bonanza económica y se hicieron los sordos y ciegos antes los desmanes de la nueva dictadura en gestación, que solo eran denunciados por las feministas y algunos organismos de la sociedad civil, que se oponían a la deriva autoritaria de Daniel Ortega.

Como no logra convencer a las fracciones liberales para que apoyaran una reforma constitucional que permitiera la reelección, en septiembre del 2010 la Sala Constitucional, bajo control sandinista, emitió una sentencia que declaró inaplicable las prohibiciones del articulo 147 de la Constitución, permitiendo que Daniel Ortega participara en las elecciones presidenciales del 2011, logrando otra reelección, pero con fuertes acusaciones de fraude electoral, así como fueron denunciadas las elecciones municipales del año 2008.

La centralización de poder, el control absoluto sobre todas las instituciones del Estado, incluido el poder electoral, hicieron creíbles las constantes denuncias de fraude electoral. Los abusos de poder eran constantes, ante la indolencia de una clase empresarial que disfrutaba de los negocios con Venezuela.

Las elecciones del 2011, denunciadas de fraudulentas, le permitieron a Daniel Ortega obtener mas del 60% de los diputados. En 2014 impuso una nueva reforma constitucional que dejo abierta la reelección indefinida, derogó la segunda vuelta electoral, estableciendo un sistema de mayoría simple para conquistar la presidencia. Antes de que se realizara las elecciones del 2016, dio un golpe mortal a la oposición, destituyendo a los diputados de la fracción de Eduardo Montealegre, e impuso a Rosario Murillo como candidata a la vicepresidencia. La dictadura que venia construyendo se estaba transformando en dinastía familiar. En las elecciones del 2016, hubo una abstención mayor del 60%, era evidente el malestar pasivo de la población.

La acumulación de contradicciones estalló finalmente en abril del 2018, cuando una pequeña manifestación de estudiantes fue reprimida por las fuerzas de choque del FSLN. La rebelión se generalizó a todas las universidades. La dictadura respondió masacrando a los estudiantes, lo que encendió la llama de la insurrección general, aunque desarmada. Esta represión, y el posterior asalto militar a los tranques, significo un salto de calidad hacia atrás, hacia una nueva sangrienta dictadura que lucha a muerte por permanecer en el poder.

40 años después, el ciclo de la historia de las dictaduras se ha repetido, pero el nuevo dictador ha salido de una organización que fue revolucionaria y lucho a muerte contra la dictadura somocista. El espíritu del somocismo ha reencarnado en la nueva dictadura Ortega-Murillo.

Debemos sacar las enseñanzas de la historia, y fortalecer la lucha contra la nueva dictadura, hasta derrocarla. Y solo será posible si construimos una alternativa revolucionaria que asimile los errores del pasado para no cometerlos en el futuro.

 Notas:

[1] Gabriel Invernizzi y Francis Pisani, Sandinistas, Editorial Vanguardia, Managua 1986, páginas 84 y 85.

[2] Artículos 4 y 5 del Estatuto Fundamental de Derechos y Garantías, 20 de Julio de 1979. Fue una imitación de  la “Ley Provisional de Garantías” del 15 de septiembre de 1910, cuando se produjo la revolución libero-conservadora contra el régimen nacionalista del General José Santos Zelaya, en 1909, financiada por el gobierno de los Estados Unidos.

[3] Ramírez Mercado Sergio, Las Armas del Futuro, Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1987, página No 174.

[4] El PRT posteriormente formaría parte de la alianza de grupos y partidos que constituyó el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) el 4 de abril del 2009.

[5] La conformación de la Brigada Simón Bolívar (BSB), constituida por combatientes latinoamericanos, fue impulsada en 1979 por la Fracción Bolchevique de la Cuarta Internacional, liderada por el dirigente trotskista argentino Nahuel Moreno (Hugo Miguel Bressano Capacete) e impulsada desde Bogotá, Colombia, por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST)

La BSB participó en los combates del Frente Sur y dirigió la toma del puerto de Bluefields, en la costa caribe de Nicaragua. Después del 19 de Julio de 1979 la BSB fue la principal impulsora de la creación de sindicatos en el cordón industrial de Managua, sindicatos que más adelante conformarían la Central Sandinista de los Trabajadores (CST).

Los combatientes de la BSB se opusieron al desarme de las milicias y por ello fueron apresados el día 14 de agosto de 1979, expulsados de Nicaragua, por órdenes de la Dirección Nacional del FSLN, enviados a Panamá, donde cuyos miembros fueron fichados, golpeados y deportados a sus países de origen.

[6] El Ejército Popular Sandinista (EPS) fue creado el 2 de septiembre de 1979, mediante el Decreto No. 53 publicado en La Gaceta No. 12 de 18 de septiembre de 1979. Inicialmente, la Policía Sandinista, creada el 5 de septiembre de 1979, fue un cuerpo armado bajo la conducción de la Comandancia General del EPS, hasta que finalmente pasó a formar parte del Ministerio del Interior.

[7] Humberto Ortega Saavedra, "Discurso en la clausura de la campaña de alfabetización", 23 agosto 1980, en MED/DEI, Nicaragua triunfa en la alfabetización, San José, 1981, p. 184.

[8] La Contra. Jaime Morales Carazo, Editorial Planeta 1989, México, p. 57

Por Giovanni Beluche V.

Era el año de 1709, el Rey de Las Lapas, nuestro soberano de Suinse, ha llamado a todos los pueblos de Tierra Adentro a resistir la invasión de los extranjeros, que vienen vestidos de soldados, frailes y civiles. Pretenden dividir a las familias y desarraigarlas hacia territorios lejanos, lo supo Presbere al interceptar una carta de manos del enemigo. Han deshonrado nuestra sagrada tierra, han derramado nuestra sangre, en nombre de una corona y un dios que no son nuestros.

Desde el cerro Chirripó hasta las tierras más al sur de nuestras costas, vienen llegando combatientes, dispuestos a defender nuestra herencia cultural, la memoria de los abuelos y las abuelas, el cauce de los ríos. De la mano con los Cabécares y Teribes nos unimos en el más grande ejército que estas tierras hayan visto. ¡No nacimos para ser esclavos, nacimos libres y pelearemos hasta la última gota de sangre! Solo unos pocos traidores se unieron al enemigo, el resto avanzamos ordenadamente contra el invasor, recuperamos cada palmo, incendiamos sus endebles construcciones, ellos mataban con crueldad, nosotros respondimos ferozmente a sus ataques.

Cada hermano que caía parecía multiplicarse, el Kapá nos protegía por esos caminos y selvas, los corrimos del Telire, los hicimos retroceder. Nuestro Presbere no había nacido para guerrero, era un Usékar, un gran líder religioso con poderes que los hombres no poseen, pero las circunstancias lo convirtieron en el guía que unió a los pueblos indígenas por encima de toda diferencia. Llovía a cántaros, los españoles se atoraban en el barro, pero los que somos del color de la tierra sabemos unirnos a ella, en vez de hacerle resistencia. Arribamos a cada asentamiento español y chocamos nuestras lanzas de madera contra el metal del invasor. Nos protegíamos con escudos de cuero de danta, que eran atravesados por las espadas de los malvados, les respondíamos con lluvias de flechas. La moral de los nuestros era superior, ellos defendían a un rey ausente y cobarde, el nuestro se batía en duelo como uno más de sus soldados.

Pabru y el cacique Comesala de los Cabécares eran valientes, ponían sus pechos al frente y nunca pedían tregua. Los hicimos retroceder, huían como cobardes, muy diferentes a la prepotencia que exhibían cuando estaban en superioridad. Habíamos liberado nuestras tierras y llegamos a pocas leguas de Cartago, la misión estaba cumplida y decidimos regresar, no somos gente que nos guste derramar sangre en vano. Volvimos a las comunidades a atender los cultivos y a cuidar de las familias, soñábamos que la paz llegaría por fin al mundo de Sibû.

Pero nuestra generosidad en la victoria no fue respetada por los invasores, pudieron más sus deseos de riqueza y el año siguiente arremetieron nuevamente. Parecían monstruos cargados de cuchillos, traían lanzas que escupían fuego, los niños y las niñas caían abatidos sin piedad, su dios les pedía sangre y su capitán general Lorenzo de Granda y Balbín les exigía tomar posesiones.

Aunque no estábamos preparados, heroicamente resistimos hasta que la fuerza de sus armas, lo numeroso de su ejército y el factor sorpresa nos pasaron una dura factura. Apresaron cerca de 700 indígenas, entre ellos al Rey de Las Lapas, a los jefes Bettuqui, Iruscara, Siruro, Bocri y Dapari. Sólo el Rey Comesala pudo huir. Nos ataron de manos y nos arrastraron hacia Cartago, vi morir a decenas de hermanos tragados por los ríos. Otros eran cruelmente torturados, violaban a las mujeres ante la complicidad de sus frailes.

Algunos lograban escapar y se refugiaban en las montañas para no ser sometidos como esclavos en los cultivos de cacao. A Cartago sólo llegamos quinientos indígenas, allí otros doscientos perecieron víctimas de extrañas enfermedades que les llenaban la piel de úlceras y llagas. Pabru fue colgado de sus brazos, escupido y pateado por los españoles y los criollos de abolengo que se apretujaban en las calles para ofender al más grande Rey que ha visto esta tierra. Lo llevaron a un tribunal sin derecho a la defensa, grande nuestro Presbere pidió que todo martirio se aplicara contra él y no delató a ninguno de sus hermanos. Lo condenaron a muerte bajo la absurda acusación de rebeldía contra el rey de los españoles. El 4 de julio de 1710 lo ejecutaron, mataron su cuerpo físico, pero su espíritu permanecerá en cada uno de nosotros. Yo pude contar esta historia porque fui entregado como esclavo a una familia criolla, juro que apenas encuentre a mi familia que me arrebataron, nos escaparemos de vuelta a las tierras del Telire.

Por Leonardo Ixim

Para mediados de junio de 1837 había llegado la noticia a las principales plazas centroamericanas de la invasión inglesa a la isla hondureña de Roatán en las Islas de la Bahía hondureña, hecho sucedido a inicios de mayo del año mencionado.

Este hecho corona dos situaciones relacionadas, el desmembramiento de las Provincias Unidas de Centroamérica, el Estado formado tras la disolución del Reino de Guatemala, por un lado; por el otro, el intento de consolidar un Estado satélite controlado por el Reino Unido en la costa atlántica Centroamericana.

La República Federal Centroamericana se conformó en 1823 tras la declaración de independencia del efímero Imperio Mexicano el 1 de julio de ese año por las provincias de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, incorporándose Costa Rica, que no fue parte del Imperio Mexicano. Mientras que Chiapas, en un plebiscito en septiembre de 1824 se incorpora a los nacientes Estados Unidos Mexicanos.

El Fracaso de la Federación

En septiembre de 1824 se promulgaba la Constitución Federal Centroamericana, una pieza acorde con el pensamiento liberal ilustrado. Prohibía la esclavitud, reconocía el derecho al asilo político, la limitación de la pena capital, el establecimiento de jurados, la elección popular de funcionarios de los tres poderes del Estado incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la limitación de las potestades estatales de los derechos civiles y políticos.

La configuración estatal se caracterizó por el peso político del Congreso Federal sobre el Poder Ejecutivo. La Constitución Federal además otorgó varias potestades a las provincias, sobre todo en lo que se refiere a las rentas internas. Los gobiernos de las provincias por su parte, a semejanza del modelo federal mexicano y estadunidense, tuvieron sus propios poderes estatales y una serie de prerrogativas que limitaron al poder federal.

Esta situación fue el reflejo en la superestructura, de la estructura económica y social que se fue configurando desde la colonia, pues en cada provincia existió una unidad político-económica materializada en los ayuntamientos, dominados por la aristocracia criolla descendiente de los invasores; usando esos espacios para consolidarse como clase sobre el trabajo servil de los indígenas y en una constante búsqueda de autonomía con respecto al poder colonial, situación que se consolidó tras la independencia de 1821.

Para limitar tal autonomía, y a partir de la asunción de la casa de los Borbones en España, ésta reconfiguró el sistema colonial en función de mejorar la extracción de impuestos, creando las intendencias para reestructurar política y administrativamente los dominios coloniales. Sin embargo, las rivalidades económicas entre las distintas élites locales y la aristocracia guatemalteca que concentraba las riquezas, al ser intermediaria en el comercio entre la producción local y la metrópoli, no pudieron ser limitadas por la corona.

Esas disputas entre las fracciones que se convertirían en la clase dominante, se tradujeron en conflictos que se encarnaron entre liberales y conservadores, donde los primeros reflejaron las fracciones que se sentían agobiadas por el peso monopólico de la aristocracia guatemalteca controlada por el Clan Ayicinena. Pero también por diferencias regionales, porque existían disputas entre liberales y conservadores a nivel de cada Estado y éstas con las fracciones mencionadas de Guatemala.

La primera guerra civil centroamericana se produjo entre 1827 y 1830, a raíz de que, en el Gobierno Federal controlado por conservadores, los liberales, sobre todo salvadoreños y hondureños con el general Francisco Morazán a la cabeza, se opusieron a los primeros. Morazán fue controlando los Estados de El Salvador y Honduras, para -con el apoyo de algunos liberales guatemaltecos- sacar a los conservadores del gobierno federal en 1830, eligiéndose por voto popular presidente del Gobierno.

Morazán posteriormente fue reelegido en 1835 y en el ínterin, debido a que los conservadores se fortalecieron nuevamente en Guatemala, cambia la capital federal a San Salvador. Durante su gobierno permitió que los ingleses comerciaran desde Belice, pero tratando de limitar la expansión inglesa en la costa atlántica. Promulgó una serie de reformas sociales como la limitación del poder de la iglesia, el establecimiento del divorcio y el control de la administración pública en manos eclesiásticas, etc. Pero las fuerzas conservadoras guatemaltecas se levantaron bajo la égida del general Rafael Carrera en 1838, usando para ello las creencias y el fanatismo religioso de la población, derrotando a los liberales en Guatemala en 1840 en la Segunda Guerra Federal.

De igual forma las élites regionales, tanto liberales como conservadoras, de las distintas provincias fueron desconociendo la Federación. La creación de un sexto Estado en 1837 dentro de la Federación, el de Los Altos en el occidente guatemalteco, que fue solidario con los liberales salvadoreños apoyando a Morazán, no logró mantener la Federación. Para el 30 de mayo de 1837 el Congreso Federal otorga a los Estados a organizarse según mejor les convenga, situación que fue interpretada como la carta para declararse independientes.

Los liberales centroamericanos, y ni siquiera el general Morazán que representaba las posiciones de mas avanzada, a diferencia de sus pares en otras latitudes de Hispanoamérica no realizaron reformas sobre la tierra, el trabajo forzado y el tributo que aquejaba a la población rural e indígena, sino la disolución de los denominados pueblos de indios; descontento que fue aprovechado por Carrera y los conservadores.

La presencia inglesa en la Costa Caribe de Centroamérica

Un factor que coadyudó para el resquebrajamiento de la Federación fue la presencia inglesa en la Costa Caribe. Tanto como la presencia histórica como el hecho del accionar de los agentes ingleses en la coyuntura de disolución de la República Federal de Centroamérica.

Sobre el primer aspecto, la presencia inglesa se da a partir de las concesiones forestales que la corona hispana le otorgó a colonos ingleses a finales del siglo XVII en Belice, que se extendían a la Península de Yucatán. Ya en la primera mitad del siglo XVIII el Reino Unido había establecido una presencia y una colonia formal denominada Honduras Británica. Todo ese siglo fue de confrontación entre las potencias (España, Reino Unido, Francia y Holanda) por el control geo-político del Caribe.

El Reino Unido se estableció en Jamaica y Gran Caimán, que junto a Belice eran una cuña entre las posesiones españolas en Cuba, Centroamérica y Nueva España. En 1779 los ingleses ocupan Omoa y en 1781 intentan ocupar Roatán. Dos años después España y el Reino Unido firman un tratado que obliga al segundo a dejar los territorios continentales a excepción de Belice. Pero nuevamente en 1796 se enfrentan estas potencias incorporándose Francia como aliada de España.

Pese a eso, la presencia inglesa es efectiva en toda la costa a partir del contrabando, la piratería y las concesiones a colonos ingleses entregadas por la misma corona española. Sobre todos estos factores los pueblos indígenas misquitos y los zambos (mezcla de negros e indígenas), más otros pueblos indígenas o afrodescendientes como los garífunas, que llegan a finales del siglo XVIII a la región, se van convirtiendo en socios desiguales de los comerciantes ingleses y en mano de obra para sus concesiones. Estableciendo a instancias de los intereses imperialistas ingleses una monarquía títere misquita -pero con existencia desde 1625- que era coronada en Belice con el visto bueno de la administración colonial de esa potencia.

Con las independencias de las antiguas colonias españolas, los intereses comerciales ingleses y el otorgamiento de préstamos a las nacientes repúblicas fue del interés del Reino Unido, manteniendo su influencia. Se agrega la competencia con Estados Unidos como potencia emergente, que manifestaba su interés en la región. Así, entre estas dos y en menor medida otras potencias, empezó una disputa en torno a la construcción de un canal interoceánico que se materializó hasta 1915 en Panamá. Además, estaban también los intereses de Nueva Granada, que reclamaba la costa costarricense y las islas de San Andrés, Providencia y Corn Island que al final quedaron en posesión de Colombia.

Con la invasión de Roatán el Reino Unido establece un protectorado en el Reino Misquito que se extendió desde las Islas de la Bahía, la costa oriental hondureña y toda la costa atlántica nicaragüense, hasta el río San Juan.  Aprovechando entonces las disputas que terminaron con la Federación, el cónsul inglés Federico Chatfield y el Superintendente de Belice de apellido McDonald, complotaron con los conservadores guatemaltecos y hondureños para ponerle fin a la Federación, garantizar la presencia inglesa y de paso darle fin al efímero Estado de Los Altos, que junto a El Salvador fueron los que más protestaron por la invasión a Roatán.

Sin embargo, en el Reino Unido no había consenso sobre sostener la presencia en la región más allá de Belice. Por un lado, el Foreing Office azuzado por Chatfield y McDonald junto algunos colonos y comerciantes ingleses, abogan por mantenerse; pero por el otro, el Colonial Office y varios miembros del parlamento consideraban una pérdida de recursos mantenerse y sostener un Estado títere, más el conflicto que se generaba con otras potencias. Así, en 1850 se firma el Tratado Clayton-Bulwer entre Estados Unidos y el Reino Unido, donde ambas potencias acuerdan no monopolizar el control político ni militar de la región de cara a un futuro canal.

Bajo los intereses imperialistas

En la segunda mitad del siglo XIX, tanto la costa misquita como las Islas de la Bahía pasan en posesión formal de Nicaragua y Honduras respectivamente, dejando a Belice como colonia inglesa hasta su independencia en 1981, con un reclamo territorial sobre el sur de ese país de parte de Guatemala que se mantiene.

Sin embargo, subyacente a esta situación están los derechos de autodeterminación de los pueblos misquitos y afrodescendientes de la costa atlántica. Éstos desde la colonización española habían manteniendo cierta autonomía, aunque vinculados e influenciados por los intereses coloniales británicos.

En la actualidad estos pueblos son discriminados por los Estados centroamericanos, generando conflictos recientes. Recordemos que durante la revolución sandinista se persiguió a los Misquitos por el gobierno revolucionario nicaragüense, hasta que consiguieron su autonomía en 1987; o más recientemente en torno a la defensa del territorio Misquito ante el intento de construir un canal, de Garífunas en Honduras por la instalación de zonas especiales para las empresas y complejos hoteleros; y de Q´ekchies y Garífunas en Guatemala y Belice ante la apropiación de sus recursos naturales. Todo esto por los intereses imperialistas de diverso cuño.

Por Leonardo Ixim

El 27 de junio de 1954 salía del país el presidente Jacobo Árbenz Guzmán tras coronarse el golpe de Estado del ejército y la invasión mercenaria patrocinada por Estados Unidos, dando pie a la contra revolución que se encargará de desmontar la revolución democrática que había iniciado en 1944 con el derrocamiento del dictador Jorge Ubico y el continuador de este, Federico Ponce Vaides.

La revolución democrática

La revolución de 1944 buscaba sacar a Guatemala de la postración neo-colonial de las dictaduras liberales oligárquicas, siendo la última la de Ubico, que gobernó por trece años desde 1931 a 1944, cuando renunció debido a la movilización revolucionaria y las fracturas en la clase dominante ante el desgaste del ubiquismo, imponiendo a un Ponce Vaides como continuador; pero un golpe militar dirigido por varios oficiales progresistas, entre ellos Árbenz, lo derrocó un 20 de octubre de 1944.

El objetivo de la revolución (fueron tres gobiernos, el de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el de Juan José Arévalo y el Árbenz Guzmán, estos dos electos masivamente por la población) fue modernizar las relaciones sociales buscando eliminar el gran latifundio agro-exportador, el cual era la forma de inserción de Guatemala al capitalismo mundial. El latifundio estaba estructurado bajo el mantenimiento del trabajo servil de la población campesina e indígena en las fincas de café, el casi principal rubro de exportación de Guatemala. Esta es una herencia colonial que los gobiernos liberales de finales del siglo XIX fortalecieron, sobre la expropiación de las tierras comunales indígenas que tanto el Estado colonial como los gobiernos conservadores mantuvieron. Por tal razón una de las primeras medidas fue eliminar el trabajo semi-servil y posteriormente la reforma agraria.

Pero también busca eliminar la dependencia económica del imperialismo estadunidense. A partir de la primera década del siglo XX la dictadura de Estrada Cabrera había concesionado grandes territorios a varias empresas bananeras monopólicas gringas como la United Fruit Company (UFCO). Pero ademas el capital extranjero gringo tenía el control de la generación y distribución eléctrica, del transporte a partir del control del ferrocarril y de los principales puertos sobre todo en el Atlántico. Por tal razón, una de las principales medidas fue la construcción de una carretera hacia el litoral atlántico y un puerto, el de Santo Tomás de Castilla en ese océano.

Los gobiernos de la revolución además otorgaron y reconocieron una serie de derechos políticos, civiles, sociales y laborales a la clase trabajadora. Tanto en el hecho inicial de la movilización popular contra la dictadura ubiquista como durante todo el periodo revolucionario, fue la incipiente clase obrera, las capas asalariadas medias, la juventud universitaria y militar y la pequeña y algunos sectores burgueses medianos quienes fueron los sujetos que llevaron a cabo la revolución inicialmente. La población campesina e indígena por su secular atraso y su dependencia hacia el poder del finquero no participó de la revolución al principio.

De tal forma que los gobiernos de la revolución edificaron una serie de instituciones sociales para garantizar los derechos sociales y laborales de la población como el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, el Código de Trabajo, la creación de sindicatos y la creación primero de la Confederación General de Trabajadores de Guatemala que abanderó desde un primer momento la reforma agraria y después la Confederación Nacional Campesina, así como organizaciones de jóvenes y mujeres.

La movilización revolucionaria también despertó a grandes sectores de la población a la vida política, formándose una serie de diversos partidos políticos -un gran contingente de juventud, sobre todo- que rompieron con las élites políticas que habían servido en la administración pública vinculados con la oligarquía terrateniente latifundista y que sostuvieron las dictaduras liberales.

Los partidos de la Revolución

De tal forma que se formaron varios partidos que fueron -no sin contradicciones- el sostén de los gobiernos revolucionarios, tales como el Frente Popular Libertador, el Partido de Renovación Nacional, el Partido de Acción Revolucionaria y al final del período, el Partido Socialista, edición de este último y el Partido Revolucionario Guatemalteco que pretendió unificar a estos sin éxito. Del seno del Partido de Acción Revolucionaria de clara orientación popular y democrática, un sector también se escindió y formo el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) en 1951, no sin impedimentos del mismo Arévalo; pese a sostener un planteamiento democrático, éste fue anti-comunista y puso obstáculos para la creación de este partido, que por demás buscaba mantener la tradición del Partido Comunista de Centroamérica fundado en 1920 y paralelamente del Partido Comunista de Guatemala, que fueron desbaratado por la dictadura ubiquista.

El PGT estuvo en sus inicios influenciado por el estalinismo que controlaba los partidos comunistas mundiales desde Moscú. Aplicando el credo de la revolución por etapas, el desarrollo de una primera etapa en lo que se refiere a los países neo-coloniales, de carácter agrario,  antiimperialista y democrático; que implicaba el desarrollo de un capitalismo nacional como pretendía la revolución guatemalteca para pasar después a una etapa socialista. El peso del estalinismo marcó a este partido años posteriores, sin embargo, es hasta finales de la década de los sesenta en el enfrentamiento contra la dictaduras cívico-militares que ponen en tela de juicio ese credo estalinista, algo que otros partidos comunistas nunca hicieron.

La Revolución se radicaliza

La etapa de mayor radicalización de la revolución se dio cuando asumió el gobierno Árbenz Guzmán en 1951 y anunció la implementación de una reforma agraria como parte de su plan de industrialización y la creación de un mercado interno, a partir de la distribución de tierra no cultivada y excedentaria tanto de los finqueros nacionales como en propiedad de los monopolios exportadores de banano de capital gringo. Si bien tal reforma -en algunos casos se contemplaba indemnizar a los dueños- no fue totalmente radical, la reacción oligárquica e imperialista fue furibunda, acrecentando y los planes de derrocamiento del gobierno revolucionario, que estuvieron al orden del día.

La reforma agraria permitió también además de repartir tierra, la creación de todo un andamiaje social a partir de los Comités Agrarios, que fueron los impulsores de la expropiación de tierras dándose casos de acciones hechas por los mismos campesinos sin el consentimiento del Estado, los partidos revolucionarios y de las mismas centrales campesinas y obreras. De 1952 a 1953 la distribución de tierras avanzó rápidamente sobre todo en regiones de la costa sur, el oriente y la región de las Verapaces. Un caso especial fue el tratamiento con las comunidades indígenas asentadas, sobre todo, en el occidente del país, respetándose y aumentado las tierras comunales que mantenían; aunque las reivindicaciones étnicas -en un país de mayoría indígena- fueron en ese momento poco desarrolladas o tratadas por los actores revolucionarios.

El derrocamiento de Árbenz

De igual forma, los planes para derrocar a los gobiernos revolucionarios fueron una constante. Durante el gobierno de Arévalo hubo varios intentos, como la intentona golpista a partir de la muerte Javier Arana, quien había participado en la Junta Revolucionaria de Gobierno, siendo el ala derecha de los militares anti-ubiquistas; en un confuso combate con los oficiales leales a Arévalo cuando Arana iba a ser detenido por confabular contra el gobierno, fue muerto.

Así, la Central de Inteligencia Americana con el apoyo de los gerentes de la UFCO que estaban en el gobierno de Dwight E. Eisenhower en medio de la guerra fría con la URSS, considerando a Guatemala como una cabeza de playa de Moscú y de la paranoia anti-comunista, organizaron la operación PBSucess para descabezar el gobierno revolucionario.

Ningún método les había funcionado, ni la movilización de sectores sociales imbuidos por la reacción, influenciados sobre todo por el papel proselitista de la jerarquía católica que, manipulando imágenes y el púlpito, llamaban al derrocamiento del gobierno de Árbenz. Tampoco les habían funcionado las asonadas militares, ni el apoyo a candidatos conservadores en las elecciones que ganó Árbenz. Por tanto, organizaron el derrocamiento.

De tal manera que a partir de la PBSucces lograron primero armar un ejército de reaccionarios en Honduras denominado paradójicamente Movimiento de Liberación Nacional (MLN), así como un trabajo de zapa al interior del ejército logrando la traición de altos jefes militares y además una serie de acciones ideológicas y psicológicas para generar miedo en la población.

El movimiento revolucionario, dividido en una serie de partidos copados por oportunistas por un lado y la creencia del PGT, que influía a Árbenz por medio de su esposa, que fue militante de esta organización, de tener confianza en la institucionalidad del Estado y la del mismo Árbenz en la fidelidad del ejército; pese a que la militancia de los partidos revolucionarios y los miembros de todo el andamiaje social revolucionario exigían que se armara y se pasara a fortalecer los Consejos de Defensa de la Soberanía Nacional (que pudieron haber jugado un rol como embriones de doble poder revolucionario y hacerle frente a la intervención extranjera), no pudieron al final derrotar la invasión. 

Pese que hubo enfrentamientos contra la invasión de parte de civiles y militares revolucionarios, la traición del alto mando militar y la falta de voluntad de luchar de Árbenz dieron pie a que el comandante en jefe del Estado Mayor Carlos Díaz, con el apoyo de los altos jefes militares le dieran un ultimátum a Árbenz; obligándolo a renunciar y sacarlo del país. Días después, un destacamento de cadetes el 2 de agosto se enfrentó contra las tropas mercenarias del MLN y los derrotó, pero los jefes militares los convencieron a deponer las armas.

El Colofón de la revolución

Mucho se ha discutido sobre el carácter de la revolución, si fue una revolución democrático-burguesa o una revolución nacional popular, lo cierto es que en un inicio hubo heterogeneidad de las fuerzas que la impulsaron y su naturaleza anti-dictatorial. El conflicto entre estas fuerzas en la medida de la acción imperialista, la pequeña burguesía y la burguesía mediana se fue decantando por el lado de la contra revolución, influidos por la hegemonía ideológica de la oligarquía; y por el otro, los sectores populares, obreros, campesinos, capas medias asalariadas, etc., no pudieron – a raíz de las orientaciones fatídicas del estalinismo- imponer su hegemonía, siendo derrotada la revolución.

A raíz de eso el poder político estuvo en manos de los políticos de derecha y del ejército desde 1963 hasta 1985 generando la reacción popular por medio de insurrecciones y el intento de enfrentarse a estos gobiernos por medio de la vía armada. Hasta que el mismo ejército, bajo orientaciones del imperialismo mundial y con la complicidad de la URSS a punto de implosionar, fue artificie del remozamiento del Estado bajo su forma democrática actual, obligando a la izquierda a pacificarse; siendo esto un hecho que ha marcado la impronta de la consolidación del poder burgués en Guatemala