Por Juan P. Castel

Al imperialismo norteamericano, en su visión global para aplastar la revolución centroamericana en curso desde la insurrección popular en Nicaragua en 1979 que derrocaría al Somocismo y destruiría en los hechos el aparato estatal de dominación burguesa, le parecían débiles las políticas de seguridad nacional que las dictaduras de El Salvador y Guatemala implementaban para contener el avance de las guerrillas del Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y los diferentes frentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala (FAR), Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y las fuerzas armadas del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), que más tarde se agruparían –solo en el papel– en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Es así como el caporal de turno de los intereses imperialistas en su histórico patio trasero en llamas –los ejércitos nacionales–, que se ve amenazado por la propagación del fuego de la rebelión popular desde la Nicaragua alzada hacia los centros más longevos del poder semicolonial, como siempre lo han sido El Salvador y Guatemala; las masas y la nación Centroamericana entera acudiendo a la psiquis colectiva imborrables por la avasallamiento o el aplastamiento histórico de la voluntad popular, era un hervidero a punto de estallar y los planes para diluir, disgregar y aniquilar a las fuerzas revolucionarias, así como a los dirigentes de la naciente socialdemocracia, se combinaban con pequeñas concesiones materiales a las hambrientas masas indígenas, así como una apertura democrática cautiva a las clases medias urbanas y a la pequeña burguesía pauperizada por décadas de guerra civil; plan organizado para poder después dirigir el descontento de las continuas dictaduras militares hacia la reaccionaria democracia promovida por el sector del ejército menos adicto a la guerra irrestricta contra la subversión y más cercana a las posteriores negociaciones de paz (Contadora, Esquipulas I y II).

El orbe en llamas

Como sostuvo el genial mariscal prusiano Carl von Clausewitz: «La guerra es la continuación de la política por otros medios», también sucede que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Este era básicamente el plan de los aparatos imperialistas de control, a finales de la década de 1970, un periodo marcado por una crisis petrolera seguida por una crisis financiera mundial que no se saldaría hasta mediados de los 80s; un Estado Unidos que se ha entregado desde finales de la segunda guerra mundial, con sus recursos a erigirse como el policía del mundo, propagando guerras por aquí y por allá, financiado movimientos derechistas o abiertamente facciosos, y en donde no ha podido colocar la balanza a su favor desde la lejanía, ha debido gastar recursos en la intervención directa de sus fuerzas, que se mantienen en constante crecimiento ante una pesadilla sobredimensionada, como lo era un virtual ataque de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Continuar la guerra contra la subversión bajo nuevas modalidades de lucha, no solo le aseguraría a EU mantener la vigilancia global sobre todo movimiento anticolonial, independentista, nacionalista, democrático, socialistas, comunista o abiertamente antisitémicos, sino cargar sobre los débiles ejércitos nacionales la mayoría de las tareas. Esta es la política caracterizada por la administración republicana de la revolución conservadora de Ronald Reagan, que al salir del desastre militar que conllevó la gloriosa victoria del pueblo del Vietnam y la crisis petrolera que tuvo como réquiem la revolución teocrática iraní. Que la guerra la luchen otros, que los muertos los pongan otros, será la dinámica que marcara este periodo.

Aniquilar a la izquierda para ir a elecciones con el centro

"Los conflictos se resuelven por consenso o por violencia”. Carl von Clausewitz

Bajo las condiciones de la geopolítica mundial del momento fue como los oficiales de media del ejército de Guatemala, dirigidos por el advenedizo y aprendiz de pastor José Efraín Ríos Montt, propinaron el golpe el 23 de marzo de 1983, que depondría al perro rabioso caído en desgracia Fernando Romeo Lucas-García. Después se sabría gracias a los cables diplomáticos desclasificados o filtrados por wikileaks que Ríos Montt no pensaba por si solo y que sería azuzado por los agregados militares de EU para deponer por la fuerza al que hasta ese momento servía a los intereses norteamericanos, pero que no había contado con la fiereza que necesitaba el contrainsurgente Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) dibujado en los pasillos del pentágono para poder destruir a la dirigencia guerrillera, sindical, campesina y popular, acribillar a la base social del movimiento popular en el campo y la ciudad; posteriormente implementar zonas bajo control directo del ejército o de su brazo armado irregular, las patrullas de autodefensa civil, con las que compartirían durante el efímero gobierno del pastor Ríos Montt la autoría y ejecución de las decenas de masacres en el campo. En la ciudad también se destruiría a toda persona que mostrara propensión a los movimientos democráticos, socialdemócratas, guerrilleritas, socialistas o comunistas, todo esto enmarcado en los planes operacionales: Victoria 82 u Operación Ceniza, Sofía 82 y Firmeza 83.

El pastor ejecutó tan bien la directiva imperialista de destruir a los elementos subversivos, radicales y democráticos dentro de la dirigencia popular, tanto en las montañas como en la ciudad, que el movimiento seriamente diezmado en su dirigencia político-militar siguió profundizándose siendo finales de 1982 e inicios de 1983 el periodo con mas movilización popular en Guatemala desde la asonada cívica de marzo abril de 1962. Los agregados militares de la Embajada de los Estados Unidos estaban inquietos ante el virtual derrocamiento del dictador a manos de la rabia popular, es entonces cuando se empieza a promover a los sectores medios del ejército que son más cercanos a una salida negociada de la guerra civil.

Es cuando hace su aparición el que hasta entonces era el Ministro de Defensa del dictador Ríos Montt, el general Óscar Humberto Mejía Víctores que le derrocara un 8 de agosto de 1983 e iniciará la carrera por arrebatar a las masas de victoria de la apertura democrática, reaccionando así al descontento popular generado por la continuación de la violencia autoritaria como método de control gubernamental en Guatemala desde la contrarrevolución de 1954.

Reacción democrática Burguesa

El diccionario dice sobre el Reaccionario: “Que es partidario de mantener los valores políticos, sociales y morales tradicionales y se opone a reformas o cambios que representan progreso en la sociedad”. Es así como asistimos a la mal llamada apertura democrática, que no es otra cosa que la oxigenación por medio de las libertades dadas por una democracia cautiva por la bota militar que había aplastado al pueblo durante la continuada guerra civil en Guatemala. Reaccionan con las ilusiones democráticas de las masas cansadas de ser sojuzgadas, oprimidas y asesinadas por los militares, siendo prácticamente usadas como cómplices en el plan global de pacificación que el imperialismo promueve para dejar sin apoyo a la revolución sandinista triunfante en Nicaragua. 

Vemos aquí el juego clásico de cambiar todo de forma, para que en el fondo no cambie nada. El pacto oligárquico-militar que le entregó a los generales la tarea de la seguridad interna y el asesinato sistemático de los elementos más activos de la revolución guatemalteca, pequeño episodio de la revolución nacional centroamericana, mientras los grandes consorcios de la burguesía nativa, así como las trasnacionales se apuntaban jugosos negocios que se abrirían con la pacificación de las zonas que eran bastiones de las guerrillas.

Asistimos pues a la confabulación de los sectores militares agotados por una guerra en punto muerto, en que la guerrilla no puede ya tomarse el poder, pero tampoco puede ser destruida. Y las masas en general se nutren de una efervescencia que atemoriza a la oligarquía, pero que no puede cuestionar el aparato estatal de dominación burguesa, porque carece ya de líderes consecuentes con la revolución, cosa similar pasa en El Salvador, donde el ejército se dedica ya, solamente ha acabar con los elementos revolucionarios del FMLN, dejando a sus contrapartes oportunistas propensas a la pacificación y a la posterior integración del aparato contrainsurgente claramente delineado en las constituciones de 1983 (El Salvador) 1984 (Guatemala).

Réquiem para la revolución que nunca fue

El domingo 1 de julio de 1984 fueron electos los 88 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala, llamada a conformación por el golpismo en el poder, junto a las elecciones general de 1985 que se regirían por la Decreto Ley No. 24-82 Estatuto Fundamental del Gobierno del depuesto dictador Ríos Montt. Es así como nace una democracia muerta con su carta magna de carácter contrainsurgente, donde el pluralismo político ha sido mancillado y aniquilado hasta la raíz, dejando en la contienda a los partidos de la extrema derecha (Movimiento de Liberación Nacional) y de la centro derecha (Unidad del Cambio Nacional y Democracia Cristiana de Guatemala); la socialdemocracia no asiste a las elecciones porque ha sido disgregada a fuerza de persecución y asesinato, representada en partidos como la Unidad Revolucionaria Democrática (URD) y el Frente Unido Revolucionario Democrático (FURD).

Por Orson Mojica

La historia de Nicaragua está plagada de regímenes dictatoriales, pero también es rica en conspiraciones revolucionarias y tradiciones insurreccionales, fallidas y triunfantes. La experiencia amulada con muchos de los fracasos, hizo posible el triunfo de la insurrección popular en 1979.

El boom económico y el bipartidismo de la dinastía somocista

La dinastía somocista gobernaba Nicaragua prácticamente desde 1934 cuando Anastasio Somoza García asesinó al general Augusto C. Sandino, y cuando encabezó el golpe de Estado contra Juan Bautista Sacasa en 1936. Estos golpes audaces de Somoza le permitieron controlar al Partido Liberal Nacionalista (PLN), convirtiéndolo en un aparato electoral a su servicio. Pero para consolidar su dominio y hegemonía, Somoza García y después sus hijos firmaron varios pactos con la oposición conservadora, creando y consolidando un régimen bipartidista, bajo la hegemonía de la familia Somoza.

El dictador Anastasio Somoza García, sobrevivió a la conspiración revolucionaria del 4 de abril de 1954, pero finalmente fue ajusticiado el 21 de septiembre de 1956. Sus hijos asumieron el poder. Anastasio Somoza Debayle fue nombrado Jefe de la Guardia Nacional (GN), y su hermano Luis Somoza Debayle, presidente del senado, asumió la presidencia de la república, conforme estaba establecido en la Constitución de 1950.

Nicaragua cosechaba los beneficios del boom de la economía capitalista de la postguerra, pero los sectores burgueses y pequeño-burgueses, ligado al Partido Conservador de Nicaragua (PCN), que eran arruinados por este proceso de acumulación y concentración de capitales, se radicalizaban y se enfrentaban a la dinastía somocista, algunas veces con las armas en la mano.

El PCN estaba dividido en dos alas. El ala oficial, era uno de los pilares del bipartidismo. Representaba los intereses del “gran capital” de la oligarquía granadina, encabezada por Emiliano Chamorro, compartía el 50% de los altos cargos en el Estado y por disposición constitucional tenía la mitad de los diputados y senadores dentro del Congreso Nacional

El ala “jacobina” (que reflejaba el sentimiento de las masas populares) compuesta por oligarcas arruinados y por la Juventud Conservadora (JC), cuyos principales dirigentes eran Pedro Joaquín Chamorro y Reynaldo Antonio Tefel. La base social de estos sectores era la nueva clase media, no era la oligarquía. Estos sectores, juntos o por separado, habían organizado varias conspiraciones contra el somocismo.

Estos “jacobinos” conservadores manejan una concepción de que, iniciada la conspiración militar, asaltando los cuarteles más importantes, se apoderarían de las armas y el pueblo les seguiría. Esta era una concepción predominante en América Latina. El mismo fracasado asalto militar de Fidel Castro al cuartel Moncada en Cuba, en el año 1953, era parte de estas tradiciones insurreccionales de la burguesía, heredadas de la lucha contra el colonialismo español.

El impacto de la revolución cubana

Estos acontecimientos de 1958 en Venezuela y 1959 en Cuba tuvieron una incidencia directa en alentar la lucha contra la dinastía somocista. En 1959 la triunfante revolución cubana todavía no se había enfrentado al gobierno de Estados Unidos ni había definido su rumbo socialista.

En ese periodo se formó la Unión Nacional Opositora (UNO) como una alianza electoral conformada por el ala jacobina del PCN, por el Partido Liberal Independiente (PLI) dirigido por Enrique Lacayo Farfán, y otros sectores de revolucionarios al interior de Nicaragua y en el exilio. Querían repetir en Nicaragua las acciones revolucionarias iniciadas con Fidel Castro en 1956 con el desembarco del Granma en las playas de Cuba. Por ello, un sector de la UNO, en conjunto con exiliados nicaragüenses, viajó a La Habana para platicar directamente con Fidel Castro y conseguir apoyo en una nueva aventura revolucionaria

Fidel Castro y el Che Guevara mostraron desconfianza

La delegación de los conspiradores nicaragüenses, estaba encabezada por Pedro Joaquín Chamorro, Enrique Lacayo Farfán y Reynaldo Antonio Tefel (que seria 20 años más adelante ministro de seguridad social durante la revolución 1979-1990) se alojó la casa No 28, 5a. Avenida 28, Miramar, en La Habana. En esa casa estaban también alojados otros revolucionarios nicaragüenses: Francisco Ibarra, Chester Lacayo, la doctora Concepción Palacios, Simón Delgado, Mario Alfaro Alvarado y el profesor Edelberto Torres Rivas.

La ansiada entrevista con Fidel Castro se produjo en la casa de habitación de Ernesto Che Guevara. Sobre este hecho, según Roger Mendieta Alfaro, Pedro Joaquín Chamorro (PJCH) expresó: "La entrevista con Fidel Castro fue brevísima, apenas una ligera presentación y enterado de que nosotros éramos nicaragüenses, nos hizo pasar a ver a Guevara. Este se refirió al Prof. Edelberto Tórres en términos encomiásticos, diciendo que era un hombre bondadosísimo que en una época le había tendido la mano cuando él pasaba apuros, y que además tenía una indudable capacidad política". (Mendieta Alfaro, pág. No 45)

Sobre la fracasada reunión, Mendieta Alfaro cita otro comentario de PJCH: “Con Fidel y el Che, hablamos sobre el caso de Nicaragua, y nos dijo concretamente que Cuba no podía ayudar a los nicaragüenses, porque los Estados Unidos estaban vigilantes de cualquier acción cubana en el Caribe, para caerles encima. Además, tuvo algunas expresiones bastante escépticas acerca del pensamiento político de lo que en Nicaragua se conoce como conservadores o como liberales, diciendo entre otras cosas que era una forma anacrónica sin contenido revolucionario, y que por ninguno de los cuales valía la pena hacer una Revolución". (Mendieta Alfaro, pagina No 53)

Mendieta Alfaro también cita a Reynaldo Antonio Tefel, sobre los resultados de la entrevista con el Che Guevara: “(…) Al hablar concretamente de Nicaragua, afirmó que para él ya existía un Comité que representaba la unidad del pueblo nicaragüense, y que era al único que prestaría ayuda. Se notó en él cierta aprensión por nosotros”. (Mendieta Alfaro pág. No 44)

Aterrizajes en Olama y Mollejones

Decepcionados por la negativa de apoyo militar por parte de Cuba, los rebeldes buscaron apoyo en Venezuela y Costa Rica, quienes les brindaron un apoyo casi simbólico.

Después de muchas peripecias, una parte de las tropas rebeldes salieron del aeropuerto Las Sabanas, en las cercanías de San José, hacia Punta Llorona, provincia de Puntarenas, Costa Rica. Ahí se reunieron con los restantes, y el avión se dirigió, el 31 de mayo de 1959, al valle de Olama, en la parte sur del departamento de Matagalpa, que colinda con el departamento de Boaco, una zona cuya población campesina se consideraba fiel al Partido Conservador. No hubo una labor organizativa previa, los rebeldes creían que con su sola presencia bastaba para que el campesinado se les uniera.

Al aterrizar ese mismo día, el avión comenzó a hundirse en el lodo de la improvisada pista, tuvieron que buscar una yunta de bueyes para rescatar el aparato, el que terminó delatando la posición de los insurgentes. Los servicios de inteligencia del somocismo, ya habían detectado los movimientos previos a la invasión, y las tropas de la Guardia Nacional se dirigieron a la zona, a enfrentar a los revolucionarios.

Otro contingente de revolucionarios aterrizó en Mollejones, departamento de Boaco. El 1 de junio, Luis Somoza decretó la suspensión de las garantías constitucionales, y comenzaron los combates. Semanas antes de la invasión, se organizó un Comité de Acción Cívica en Managua, que quiso convocar a una Huelga General, pero no tuvo la fuerza ni el arrastre social suficientes.

Las dos columnas guerrilleras, tanto de Olama como Mollejones, actuaron sin coordinación, mientras que la G. N si tenía un plan para acabar con los insurgentes, rodeándolos, bombardeando desde los aviones, estrechando a cada momento el cerco. En los pocos combates que hubo, los rebeldes peleaban a la defensiva. Nunca llegó el abastecimiento del “Frente Interno” sencillamente porque nunca existió. Las provisiones y las balas pronto se terminaron, la guerrilla estaba languideciendo.  Las discusiones internas eran reflejo de la creciente desmoralización.

La rendición

Finalmente, el 10 de junio de 1959, en la zona conocida como Fruta de Pan, el primer grupo de 45 combatientes decidió rendirse en Santo Domingo, departamento de Chontales. Reynaldo Antonio Tefel, nos expone como ocurrió: "La decisión de rendirse fue una cosa tan rápida, que me dejó totalmente anonadado (…) el gobierno había distribuido hojas sueltas pidiendo nuestra rendición. Francamente, en esos momentos, no hubo tiempo de pensar (…)” (Mendieta Alfaro, pág. 143-144).

Un grupo de 15 rebeldes, entre los que estaban Pedro Joaquín Chamorro, Reinaldo Téfel y Luis Cardenal, decidió no rendirse, y continúo deambulando hambriento por las montañas, pero cinco días después, en el lugar conocido como Banadí, este grupo también se rindió ante la G.N.

Cuba apoyó al CLN, pero también hubo fracasó en El Chaparral

Fidel Castro y el Che Guevara le negaron apoyo militar a los conservadores, pero confiaron en la otra modesta delegación de revolucionarios nicaragüenses, organizados en el Comité para la Liberación de Nicaragua (CLN), siendo uno de sus componentes más importante la Juventud Democrática Nicaragüense (JDN), fundada a inicios de 1959 por Silvio Mayorga, Tomás Borge y el ya legendario Carlos Fonseca Amador, quienes organizaron, con otros sectores del ala jacobina del Partido Conservador, la fracasada invasión guerrillera desde Honduras.

Aunque el CLN recibió apoyo logístico de Cuba, también fue un fracaso militar. Antes de pisar territorio nicaragüense, el 27 de junio de 1959, los rebeldes fueron emboscados en sus campamentos de El Chaparral, departamento de Choluteca, Honduras, a una todavía considerable distancia de la frontera con Nicaragua. La invasión no llegó a consumarse, nueve guerrilleros murieron en combate o fueron ejecutados por el Ejercito de Honduras, otros 15 fueron heridos y trasladados a hospitales, incluyendo a Carlos Fonseca Amador.

Consejo de Guerra y Amnistía

Aunque no hubo fusilamiento ni ejecuciones de los prisioneros, Luis Somoza montó un Consejo de Guerra contra los prisioneros de la fracasada guerrilla de Olama y Mollejones: 197 civiles fueron procesados en tribunales militares, acusados de rebelión y traición a la patria. Solo hubo dos absueltos. En 1961, antes de finalizar su mandato presidencial y para reconciliarse con las familias de la oligarquía conservadora, cuyos hijos habían participado en la aventura revolucionaria, Luis Somoza decretó una amnistía general.

La guerrilla de Olama y Mollejones fue la última intentona revolucionaria del ala jacobina del Partido Conservador.

Jacobinos conservadores y guerrilla del FSLN

Carlos Fonseca hizo un balance crítico y objetivo del fracaso de la guerrilla en Olama y Mollejones: “Ocurrió en junio de 1959 la invasión llamada de Olama y Los Mollejones encabezada por Pedro Joaquín Chamorro, Luis [G.] Cardenal y Reynaldo Téfel. La lucha armada en Nicaragua requiere inusitados sacrificios que solamente se pueden soportar siendo dueños los combatientes de un alta moral, nacida del profundo interés en el derrocamiento de la tiranía, la transformación de la miserable y horrorosa vida que flagela a nuestros amados compatriotas. Tales elementos no podían darse en las personas mencionadas…” (“Breve análisis de la lucha popular nicaragüense contra la dictadura de Somoza”, febrero, 1961)

A partir de 1961, Carlos Fonseca fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Muchos conservadores jacobinos terminaron participando en la guerrilla sandinista, especialmente después de la masacre del 22 de enero de 1967. En 1976, los hijos de este sector jacobino de la oligarquía conservadora constituyeron la base social de la tendencia tercerista del FSLN que fue el eje de la victoria de la insurrección popular contra el somocismo en 1979.

La metamorfósis de los comandantes sandinistas en una nueva burguesia, especialmente despues de 1990, y la degeneracion del orteguismo en una nueva dictadura es otra historia, que merece ser analizada en un ensayo aparte.

Por Victoriano Sánchez.

El 5 de junio del 2018 se cumplieron treinta y nueve años de la inolvidable fecha en que las masas populares nicaragüenses, especialmente la juventud de las barriadas obreras y populares, desafiando la represión y los tanques del somocismo, paralizaron completamente el país, dando origen a una poderosa huelga general insurreccional convocada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La revolución de 1979-1990 ya no existe: abrió las posibilidades de reunificar Centroamérica, pero al final terminó siendo derrotada por una combinación de factores externos e internos, como fueron el bloqueo y la agresión militar del imperialismo norteamericano y los garrafales errores de la Dirección Nacional del FSLN. De la derrota de la revolución nació una nueva burguesía, encabezada ahora por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes se convirtieron en la negación de los revolucionarios que entregaron su vida para que Nicaragua fuera libre de la dominación imperialista

Este 5 de junio lo conmemoramos en medio de una nueva lucha por la libertad, pero esta vez contra los antiguos guerrilleros que lucharon contra Somoza, pero que ahora representación la opresión y el nuevo genocidio.

En un afán de rescatar las tradiciones revolucionarias, queremos rendir homenaje a los miles de compañeros y compañeras que murieron combatiendo a la dictadura somocista, y también a los que actualmente ofrecen sus vidas por la libertad y la democratización de Nicaragua.

Comenzó como una pugna inter burguesa.

La crisis de la dictadura somocista produjo una profunda división en las filas de la burguesía, acostumbrada a crecer económicamente sin huelgas ni manifestaciones populares. Desde 1974, un sector burgués, liderado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), se quejaba que Somoza y sus allegados les hacían “competencia desleal". En efecto, después del terremoto de 1972, utilizando el aparato del Estado, los somocistas comenzaron a absorber todos los negocios, especialmente en el sector de la construcción y las finanzas, provocando la airada repuesta de las cámaras patronales. El otro sector de la burguesía, ligado directamente a Somoza, estaba compuesto en su mayoría por altos oficiales de la Guardia Nacional y por funcionarios del corrupto régimen somocista.

El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978 dejó a la burguesía sin su más lúcido dirigente político. El sector burgués "opositor" comenzó a ser liderado por Alfonso Robelo, presidente del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE); se preocupaba mucho por la buena marcha de sus negocios, pero también se sentía preocupado por enorme descontento popular que se venía gestando en todo el país contra la dictadura y que amenazaba en convertirse en una poderosa revolución. Presionados por la competencia económica del clan somocista y temerosos de que las masas trabajadoras llevaran a cabo su propia revolución, la burguesía "opositora" intentó varias veces realizar un cambio pacífico de la dictadura, utilizando para ello la mediación de la Iglesia Católica y las presiones diplomáticas de la burguesía latinoamericana (México, Venezuela, Colombia y Panamá) y de la administración Carter.

La burguesía latinoamericana coincidía en afirmar que si Somoza permanecía en el poder, la revolución social era inevitable y por eso se encargaron de presionar al tirano para que renunciara al poder. El problema fue que Somoza se resistió a abandonar, la fuente se sus privilegios y riqueza. Así, mientras la oposición burguesa interna hacía denodados intentos por ganarse a un sector de la Guardia Nacional para que diera un golpe de estado, las manifestaciones de masas contra la dictadura crecían en número y combatividad.

Nace el MPU.

El Movimiento Pueblo Unido (MPU) tuvo diferentes etapas antes de formarse como tal. Primero fue como un Comité de Lucha por los Derechos Humanos, posteriormente se organizó como un Comité que luchaba por la Liberación de los Presos Políticos, hasta finalmente formarse como MPU dentro de la estrategia de insurrección popular concebida por el FSLN. El MPU fue la primera gran experiencia de unidad revolucionaria y clasista de las distintas fuerzas políticas que en Nicaragua se reclamaba de la dase obrera y de la lucha por el socialismo. En el MPU participaron las diferentes tendencias del FSLN. En la práctica fue un organismo de frente único de las fuerzas de izquierda, aunque, con un programa eminentemente democrático.

En esa época era muy bajo el nivel de organización sindical o popular, debido a las largas décadas de represión de la dictadura somocista. Formado después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, el MPU pretendió, entre otras cosas, capitalizar organizativamente el ascenso del movimiento de masas, y servir como base social de apoyo de las columnas guerrilleras del FSLN.

Los paros empresariales

La burguesía opositora estableció una alianza pública con la tendencia insurreccional del FSLN con el objetivo de tumbar a Somoza, proporcionándole armas, dinero, logística militar y contactos internacionales. Carente de partidos con credibilidad ante las masas, acostumbrada a medrar a la sombra del poder y de los pactos con la dictadura somocista, la burguesía tuvo que recurrir a una organización a la que tanto había combatido y desprestigiado: el FSLN, la única organización que en ese momento gozaba de prestigio ante el pueblo, por su indoblegable posición de luchar contra la dictadura hasta la propia muerte.

El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, eliminó a la figura de recambio pacifico del poder. En protesta por el asesinato de su líder político, la burguesía convocó a un paro nacional (Lock Out) en enero de 1978, para presionar a Somoza y que éste renunciara. De esta forma, la burguesía se sacrificaba económicamente para no perder totalmente el poder político. Sin embargo, cada acción desarrollada por la burguesía conducía a que el FSLN y las masas avanzaran en el terreno de la lucha, como fueron las experiencias insurreccionales de Monimbó y Subtiava. En esa oportunidad, la burguesía tuvo que terminar el paro ante el giro que tomaba la situación.

El segundo paro empresarial fue convocado después de la toma del Palacio Nacional por un comando del FSLN, y coincidió con una ofensiva guerrillera en el Frente Sur y la llamada insurrección de septiembre de 1978. El tercer paro empresarial fue convocado para junio de 1979, para esa coyuntura la burguesía opositora había perdido totalmente la iniciativa política, la que estaba en manos del FSLN.

Los organismos de poder de las masas

El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro y la gran movilización de masas de repudio que originó, crearon una situación revolucionaria, en donde "los de arriba no podían seguir en el poder como antes y los de abajo no podían seguir viviendo como antes". En esas grandiosas movilizaciones las masas construyeron sus primeros organismos de autodefensa, es decir, sus propios organismos de poder. Las milicias florecieron en los barrios para defenderse del terror genocida de la GN. Los Comités de Defensa Civil (CDC) jugaron un gran rol en aglutinar a todos los habitantes en función de contribuir al derrocamiento del somocismo.

Este fenómeno de auto organización de las masas se cubrió con las banderas del FSLN, la única organización en quien las masas confiaban. El Partido Conservador había caído un descrédito total después del pacto Kupia Kumi con Somoza  en 1972. Todos los verdaderos antisomocistas apoyaron al FSLN, aumentando su influencia política y su capacidad militar. Pero independientemente de la forma, el contenido de esos organismos era de doble poder. Por un lado, estaba la decadente y agonizante dictadura somocista y por el otro el poder de las masas a través de las milicias de autodefensa, el MPU y los CDC.

El FPN y el FAO.

El Frente Patriótico Nicaragüense (FPN) fue impulsado por el FSLN, el MPU, el Partido Popular Social Cristiano (PPSC), el Partido Liberal Independiente (PLI) y el maoísta Movimiento de Acción Popular (MAP). Como contra partida, la burguesía opositora, que colabora económicamente con el FSLN, no perdía las esperanzas de lograr un recambio pacífico del somocismo, es decir, de evitar la destrucción de la GN como aparato represivo al servicio de la misma burguesía, promovió la constitución del llamado Frente Amplio Opositor (FAO) que aglutinaba a todas las fuerzas políticas de la vieja Unión Democrática de Liberación (UDEL) –organización fundada por Pedro Joaquín Chamorro--, el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN) liderado por Alfonso Robelo y como furgón de cola se encontraba el Partido Socialista Nicaragüense (PSN).

Sin embargo, después de la experiencia insurreccional de septiembre de 1978, y ante el fracaso de la Comisión Mediadora de la OEA, el FSLN se había transformado en una poderosa organización de masas que dirigía la lucha guerrillera. Ante el inevitable "naufragio" de la burguesía, el MDN de Alfonso Róbelo a última hora se pasó al FPN, como paso previo para la discusión del Plan de Gobierno de la futura Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN).

La Huelga General Insurreccional.

Completamente aislado a nivel internacional, el somocismo pretendió resistir y derrotar la insurrección popular. Radio Sandino, voz oficial del FSLN, transmitió un mensaje de la Dirección Nacional Conjunta en donde se llamaba al pueblo a paralizar las actividades el día 5 de junio de 1979, como un paso previo a la insurrección popular. Aunque la burguesía se sumó al paro, en realidad éste fue posible debido a que ya existían miles de CDC, milicias de autodefensa en los barrios y comarcas campesinas, que garantizaron el éxito del mismo. No fue una clásica huelga general convocada por sindicatos, puesto que estos eran casi inexistentes en Nicaragua, sino que fue una huelga general asentada en esos organismos de doble poder que mencionamos anteriormente. El pueblo estaba harto de tantos crímenes del somocismo y se lanzó a la batalla decisiva contra la Guardia Nacional y esta fue finalmente derrotada el 19 de Julio de 1979, abriendo una situación revolucionaria en toda el área centroamericana.

La experiencia insurreccional que se inició el 5 de junio de 1979, puede y debe ser repetida y ampliada. Las organizaciones estudiantiles y populares podemos reeditar al MPU, que sirva como aglutinante de todas las fuerzas revolucionarias.

Por Eugenio Belloso Recinos

Los 13 años de la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez, formaron parte de un periodo oscuro y contrarrevolucionario en El Salvador y en casi toda Centroamérica, durante la primera mitad del siglo XX.

En los años 30 del siglo XX, en Guatemala se sucedieron une serie de gobiernos militares, siendo el más prolongado la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda (1931-1944). En ese mismo periodo, en Honduras, se instauró la dictadura militar del general Tiburcio Carias Andino (1933-1949). En Nicaragua, después se asesinar al general Augusto C Sandino en 1934 y masacrar a las guerrillas campesinas, se había instaurado la dictadura de Anastasio Somoza García (1937-1956). Costa Rica fue, como siempre, la excepción a la regla de los gobiernos dictatoriales en Centroamérica, manteniendo un inestable recambio de poder por medio de elecciones y gobiernos civiles.

Derrocamiento de Arturo Araujo y ascenso al poder

El general Hernández Martínez en 1930 fue ministro de guerra bajo el gobierno de Pío Romero Bosques (1927-1931). Las elecciones de 1931 fueron ganadas por una alianza conformada por Arturo Araujo, candidato del Partido Laborista, y por el general Maximiliano Hernández Martínez, candidato a vicepresidente por el conservador Partido Nacional Republicano (PNR). La Asamblea Legislativa los escogió en elección de segundo grado en vista de que ninguno de los tres candidatos había obtenido la mayoría necesaria de votos, lo que presagiaba la debilidad de dicho gobierno.

En la campaña electoral, Araujo retomó muchas reivindicaciones populares, entre ellas la reforma agraria, pero no pudo cumplir. El gobierno de Araujo-Hernández asumió el poder en medio de una pavorosa crisis económica, causado por el crack de la economía mundial. El incumplimiento de las promesas electorales desató movilizaciones populares, que inquietaron a la oligarquía cafetalera. Las prometidas reformas de Araujo ponían en peligro de muerte a la economía cafetalera de exportación. El gobierno populista de Arturo Araujo tuvo una efímera existencia, desde el 1 de marzo al 2 de diciembre de 1931, siendo derrocado por un golpe de Estado organizado por el Ejército, que entregó el poder al vicepresidente Hernández Martínez, quien terminó el periodo presidencial en agosto de 1934.

La represión contra el levantamiento indígena de 1932

Bajo la primera presidencia de Hernández Martines se produjo el levantamiento indígena en la zona occidental de El Salvador, que terminó en un genocidio.

Antes que fuese derrocado Araujo, ya estaban programadas las elecciones municipales para el 16 de diciembre de 1931. Y días después debían realizarse las elecciones legislativas. El golpe de Estado trastocó este calendario electoral. Entonces, el nuevo gobierno presidido por Hernández Martínez reprogramó las elecciones municipales para 3, 4 y 5 de enero de 1932, y las legislativas para 10, 11 y 12 del mismo mes. Todos los partidos políticos participaron, incluso el recién fundado Partido Comunista Salvadoreños (PCS).

A pesar de la aparente libertad, en realidad las elecciones fueron fraudulentas, por el vuelco de la población campesina a favor de los candidatos indígenas en las listas del PCS. En las elecciones legislativas, también hubo denuncias de fraude. El derechista Partido Fraternal Progresista, boicoteó las elecciones en el departamento de San Salvador alegando fraude electoral. El día de las elecciones legislativas, estallaron conflictos en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana y Ahuachapán

En torno al levantamiento indígena de 1932 se han tejido múltiples mitos. El más importante ha sido, probablemente, que la insurrección indígena fue dirigida por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

Si bien es cierto que Agustín Farabundo Martí (1893-1932), junto a un sector del PCS intervinieron valientemente en los acontecimientos revolucionarios, tratando de influir política y militarmente, para dotar de una conducción centralizada al movimiento insurreccional espontáneo de las masas indígenas, en realidad el joven PCS estaba abrumado, dividido en fracciones que luchaban entre sí ante el tema de la insurrección, y finalmente fue rebasado por la explosión social de los indígenas.

Quienes dentro del PCS propugnaron por la insurrección, terminaron siendo masacrados o fusilados. Quienes sobrevivieron a la matanza, reconstruyeron el PCS pero renegando de la experiencia revolucionaria, por ello nunca el PCS rescató oficialmente la figura de Farabundo Martí. Fue hasta finales de los años 60 del siglo XX, cuando se iniciaba el ascenso revolucionario en todo Centroamérica, que se produjo una división en el PCS y Salvador Cayetano Carpio (1918-1983) funda el 1 de abril de 1970 las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), rescatando la figura y la gesta de Agustín Farabundo Martí, pero bajo la concepción y los métodos de la guerrilla.

Una situación contrarrevolucionaria

La crisis económica era tan devastadora, que el gobierno de Hernández Martínez se vio obligado a decretar la suspensión temporal de la deuda externa, y aprobar una Ley de Moratoria el mes siguiente.

En el plano político, el Partido Laborista de Araujo, así como el PCS, fueron prohibidos, conforme un decreto ejecutivo de julio de 1932. Después del genocidio en enero-febrero de 1932, en abril de 1933, se expidió la Ley de Cedula Patriótica que obligó a la población a usar un pasaporte interno que costaba alrededor de 80 colones, un precio altísimo, quien no lo compraba iba a parar a la cárcel. Nadie podía circular de un lugar a otro sin portar dicho documento. El objetivo era controlar los desplazamientos de la población campesina e indígena.

En 1934 fue aprobada la Ley Orgánica de la Guardia Nacional de El Salvador, facultándola para detener a cualquier ciudadano sin necesidad de orden judicial. Las Guardias Cívicas, constituidas por los terratenientes para reprimir el levantamiento indígena de 1932, fueron convertidas en órganos auxiliares del Ejercito.

Los sindicatos campesinos fueron prohibidos y perseguidos. La población indígena sobreviviente fue obligada a hablar en español, enterrando el idioma nativo.

La Constitución de 1939 y la primera reelección

Después de aplastar a los indígenas y estabilizar al sistema capitalista, el 13 de enero de 1935 el Gral. Maximiliano Hernández Martínez, sin mayor oposición a su Partido Pro Patria, logró la primera reelección presidencial. Al final su periodo presidencial, Hernández Martínez convocó, bajo Estado de Sitio, a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de aprobar una nueva Constitución que le permitirá otra reelección más.

De esa manera, una Asamblea Nacional Constituyente que no reflejaba la voluntad popular aprobó la novena Constitución de El Salvador, que entró en vigencia el 20 de enero de 1939.

A pesar que el artículo 92 de la Constitución de 1939 prohibía la reelección presidencial, “sin que la persona que lo haya ejercido pueda funcionar un día más”, el tercer párrafo del artículo 91 de la misma, disponía la excepción transitoria siguiente: “Excepcionalmente, y por exigirlo así los intereses nacionales, el ciudadano que habrá de ejercer la Presidencia de la República del primero de marzo del corriente año hasta el primero de enero de 1945, según esta Constitución, será electo por los Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, sin que por esta única vez tengan aplicación las incapacidades a que se refiere el artículo 94”.

Debido al control que Hernández Martínez tenía sobre los diputados constituyentes, estos obviamente lo eligieron para una tercera reelección, sin necesidad de someterse al escrutinio popular, burlándose de la prohibición del artículo 91.

En ese mismo periodo, siguiendo el ejemplo de Hernández Martínez, el dictador nicaragüense Anastasio Somoza García utilizó este mismo truco legal para conseguir un nuevo periodo presidencial, siendo también electo por los diputados de una similar Asamblea Nacional Constituyente, que aprobó la Constitución que entró en vigencia en marzo de 1939, garantizándose también una relección que terminaría en 1947.

El intento de segunda reelección

El estallido de la segunda guerra mundial, el alineamiento con Estados Unidos y la necesidad de materias primas para abastecer las necesidades de la guerra, dieron cierta estabilidad a la dictadura de Hernández Martínez. Y con ello, intentó una nueva reelección, convocando a otra Asamblea Nacional Constituyente que reformarse la Constitución de 1939.

Con 13 años ininterrumpidos en el poder, en febrero de 1944 los diputados constituyentes procedieron a modificar los artículos relacionados con la prohibición de reelección presidencial, quedando así:

“Por convenir a los intereses públicos que se mantenga el ritmo y orientación que  se les ha marcado a los asuntos de Estado desde hace algún tiempo; y para satisfacer las necesidades  del  actual  conflicto  bélico  internacional,  lo  mismo  que  para  la  mejor solución de los problemas de orden político, económico y social que surgirán en la post-guerra,  solución  que  debe  asegurar  la  tranquilidad  y  paz  sociales,  el  ciudadano  que  deberá  ejercer,  conforme  esta  Constitución,  la  Presidencia  de  la  República  desde  el primero  de  marzo  del  corriente  año,  hasta  el  treinta  y  uno  de  Diciembre  de  mil novecientos  cuarenta  y  nueve,  será  designado  por  los  Diputados  de  la  actual  Asamblea  Nacional Constituyente. En este período que se fija no tendrá aplicación lo dispuesto en el   artículo   siguiente, ni   surtirán   efecto   legal   el   inciso   próximo   anterior   ni   las  incapacidades contenidas en el artículo 94 del presente Estatuto constitucional”

Pero la sociedad salvadoreña ya se había recuperado del trauma colectivo que significó la masacre indígena de 1932, y había un rechazo masivo al nuevo intento de reelección presidencial, por parte de un sector del Ejercito, de los estudiantes y diversos sectores de la burguesía y la oligarquía.

Fracaso de la conspiración militar de abril de 1944

El 2 de abril de 1944 se produjo una conspiración militar que fue apoyada por diversos sectores sociales. Los coroneles Tito Calvo y Alfredo Aguilar, fueron los cabecillas militares, apoyados por dos líderes políticos: el Dr. Arturo Romero y Agustín Alfaro Moran. La Guardia Nacional y la Policía Nacional le fueron fieles, pero no la aviación.

El domingo de Ramos de 1944 se produjo una conspiración militar en Santa Ana, lugar donde intentaron capturar y asesinar al dictador. Los servicios de seguridad detectaron el movimiento, los rebeldes fueron sorprendidos y capturados. El 10 de abril de 1944 fueron fusilados en los patios de la Policía Nacional, el general Alfonso Marroquín, coronel Tito Calvo y el mayor Julio Sosa. Ese mismo día fueron fusilados en el cementerio general los capitanes Manuel Sánchez Dueñas y Marcelino Calvo, tenientes Antonio Gavidia Castro, Ricardo Mancía González, Miguel Ángel Linares, Ricardo Edgardo Chacón y Oscar Armando Cristales.

 En el cementerio general fueron fusilados el civil Víctor Marín el 11 de abril, el 26 los capitanes Carlos Piche Menéndez y Carlos Gavidia Castro y el teniente Alfonso Marín. Además de los fusilados murieron en campaña los tenientes Héctor Cárdenas, Mario Villacorta y el civil Luis Antonio Martí

Desarrollo de la Huelga General

La conspiración militar para tumbar la dictadura de Maximiliano Hernández había fracasado, pero encendió la llama de la rebelión entre estudiantes y trabajadores. Se produjo una alianza de diferentes sectores sociales. En protesta contra la represión, los estudiantes universitarios declararon la huelga el día 28 de abril de 1944. El 1 de mayo, los incipientes sindicatos se sumaron a la huelga general, primero los trabajadores del sector privado y después los empleados públicos, una medida muy audaz para la época.

Hasta sectores de clase media, como los médicos del Hospital Rosales, se declararon en huelga y enviaron un pliego de demandas al dictador. Como no obtuvieron respuesta alguna, los medico enviaron una comunicación al embajador norteamericano, en la que expresaban: “Los infrascritos médicos y cirujanos reunidos en sesión en el Hospital Rosales, acuerdan ir a la Huelga Total en los cargos que desempeñan en los distintos centros de Caridad Pública, así como también el cierre total de sus clínicas y oficinas particulares y empleos públicos que desempeñan. Tal decisión tendrá límites hasta el cambio del sistema gubernativo del país; y los firmantes empeñan su palabra de honor que, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, romperán dicha actitud hasta no obtener una Patria libre y digna. Pedimos el inmediato depósito presidencial en cualquier designado para que éste convoque a elecciones libres. Este es el único medio de llevar paz a la sociedad. De lo contrario, un alto deber moral y patriótico nos obliga a no ceder un ápice de nuestras legítimas pretensiones”.

A este pronunciamiento, se sumaron las asociaciones de ingenieros, abogados y farmacéuticos. Hubo una rebelión generalizada de la clase media.

La huelga general se extendió a los maestros y ferrocarriles. La población se reunía en las plazas publicas para escuchar el discurso agitativo de los estudiantes. Entre los cabecillas de la conspiración se encontraba el Dr. Arturo Romero. Desde la Radiodifusora Y.S.P. se leyeron mensajes de movimiento revolucionario, llamando al pueblo a unirse a la huelga general.

El 4 de mayo, el dictador trató de dividir la Huelga General prometiendo reformas económicas y sociales a los sectores más pobres, pero la maniobra fracasó. Acosado por la Huelga General y por las presiones de la oligarquía y la embajada norteamericana, y por el temor al propio Ejército, finalmente el 8 de mayo de 1944 el general Maximiliano Hernández Martínez anunció su renuncia, y depositó la presidencia en manos del general Andrés I. Menéndez, primer designado a la presidencia y también ministro de guerra, marina y aviación. Al día siguiente se llevó a cabo la ceremonia de traspaso de mando en el segundo piso de Casa Presidencial, ante un selecto grupo de diplomáticos. La Asamblea Nacional (hoy se denomina Legislativa) aprobó los decretos No 34, que aceptaba la renuncia, y el No 35 por medio del cual se nombraba al sucesor.

El triunfo de la Huelga General fue desvirtuado bajo la forma de una simple sucesión presidencial. El general Hernández Martínez tuvo que irse al exilio con su familia rumbo a Guatemala

El rol del Ejercito como guardián del orden social

Desde el golpe de Estado de 1931, y la fracasada rebelión de 1944, el Ejercito de El Salvador se erigió por décadas como la principal institución de gobierno, en sustitución de una oligarquía que resultó incapaz de brindar soluciones a los problemas sociales. El Ejército lo hizo a su manera, con mano de hierro, de manera directa, durante un largo periodo histórico que terminó en 1979 con la caída de la segunda Junta de Gobierno en 1982, precisamente cuando iniciaba la guerra civil que terminaría formalmente con los Acuerdos de Paz de 1992, iniciando una era de gobiernos “civiles”, pero donde el poder real lo siguen ejerciendo las Fuerzas Armadas.