El Sindicato de la Industria Textil Salvadoreña (SITS) y organizaciones consecuentes por la defensa de los derechos laborales, ante la Prensa Nacional e Internacional DENUNCIA: el ASESINATO de nuestro compañero Juan Carlos Sánchez Luna miembro de base de la Seccional de la empresa LD-El Salvador de SITS. Como recordarán quienes le dan seguimiento al trabajo sindical que realiza la FESS, el 17 de octubre del 2013 se desarrolló una conferencia de prensa denunciando las amenazas de las que eran objeto nuestros compañeros y compañeras de la Seccional LD-El Salvador:

Estas amenazas se cumplieron al atentar contra la vida de nuestro compañero Juan Carlos el día 1° de enero del 2014, en el Cantón El Porvenir de Santo Tomás, quien fue lapidado por sujetos que hacen del asesinato su negocio, contratados por aquellos que ven una amenaza en la labor sindical consecuente de SITS y sus Seccionales, y que aprovechándose de la situación de inseguridad que atraviesa el país se encubre bajo el argumento de que es un hecho de delincuencia común.

A este hecho se suma la actitud injusta e insensible de la patronal de la Empresa, que se niega a entregar la indemnización a los familiares del compañero, tras el argumento de que es responsabilidad del Seguro Social, cuando la Ley es clara que la indemnización es responsabilidad de la empresa. ¿Será que esta empresa tiene algo que esconder sobre el asesinato de nuestro compañero? Como organización no lo podemos afirmar, pero hay hechos que llevan a pensarlo, como las amenazas que desde el martes 07 de enero de este año sufre una de las compañeras directivas de dicha Seccional, quien por guardar suseguridad y la de su familia no se ha presentado a trabajar, dejando de percibir el limitado ingreso que tiene para su hogar, sin que la empresa haga algo por la seguridad de sus trabajadores.

Reiteramos que nuestra lucha es por la defensa de los intereses de la clase trabajadora, entre los que podemos mencionar: el derecho a un trabajo y salario digno, condiciones laborales adecuadas, el derecho a la libre sindicalización y fundamentalmente el derecho a la vida que como seres humanos debe garantizar la sociedad y específicamente el Estado.

SEGUIMOS HACIENDO EL LLAMADO:

1.-Al Ministerio de Trabajo a que verifique y le de seguimiento a la problemática, ya que no son simples amenazas, esta vez se ha atentado contra la vida del compañero Juan Carlos.

2.-A la Fiscalía General de la República FGR, que investigue y de seguimiento a esta situación hasta deducir responsabilidades de aquellas personas que resulten involucradas en tan grave agresión contra vida y constantes amenazas hacia las compañeras y compañeros, no es posible que este hecho quede impune.

3.- A la COMUNIDAD INTERNACIONAL a estar atentos sobre la explotación de la clase trabajadora en general y la discriminación que sufren los trabajadores y trabajadoras organizadas sindicalmente, pues la situación sigue siendo igual o peor que después de la firma de los Acuerdos de Paz. No es posible que se hagan oídos sordos ante tal situación, hay una y mil maneras de contactarnos para expresar su solidaridad como mejor consideren, pero que se haga sentir su apoyo solidario e internacionalista.

RESPONSABILIZAMOS:

4.- A la patronal de la empresa LD-El Salvador por cualquier daño a la integridad física, moral y psicológica que sufren nuestras compañeras y compañeros.

Finalmente, hacemos un llamado a nuestra Querida Clase Obrera a que nos Organicemos y unidos lograremos que se nos respeten nuestros Derechos Laborales y Sindicales.

¡¡¡PORQUE EL COLOR DE LA SANGRE JAMÁS SE OLVIDA

COMPAÑERO JUAN CARLOS HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!

¡¡¡ POR QUE LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN,

SE CONQUISTAN CON LUCHA ORGANIZADA!!!

¡¡¡ALTO A LAS AMENAZAS A MUERTE POR PARTE DE LA EMPRESA LD-El Salvador

EN CONTRA DEL SITS Y SU SECCIONAL!!!

¡¡¡POR LA SUPERACIÓN Y UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA!!!

¡¡¡FESS-SITS PRESENTE!!!

Domingo 19 de enero de 2014

UN NUEVO ATAQUE A LA VIDA DE UN COMPAÑERO SINDICALISTA DE LA FINCA EMPRESA AGROPECUARIA OMAGUA, S.A. CAMPO VERDE I Y II, PRODUCTORA DE LA TRANSNACIONAL CHIQUITA BRANDS, EN PUERTO BARRIOS, IZABAL, GUATEMALA.

El viernes 10 de enero de 2014, a eso de las 7:00 de la noche, se encontraban reuniones en la Sede Sindical 11 compañeros trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agropecuaria Omagua, S.A. Campo Verde I y II, la cual produce bananos de la Transnacional Chiquita Brands, cuando sorpresivamente hombres desconocidos desde la orilla de la Carretera que conduce a la frontera de Honduras dispararon con armas de fuego contra el grupo de sindicalista que se encontraban reunidos en dicha sede, uno de los disparos atravesó una de las rodillas del compañero JUAN DEDIOS SAGASTUME RODAS, quien ocupa el cargo de Secretario General del mencionado sindicato.

Cabe señalar que a inicios del año 2013 dentro de la mencionada finca fue asesinado otro compañero del mismo sindicato en horas que realizaba sus labores, sin que a la fecha se tenga un resultado de las investigaciones del Ministerio Publico.

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGROPECUARIA OMAGUA, S.A. CAMPO VERDE I Y II Y UNSITRAGUA HISTORICA:

CONDENAN

El ataque perpetrado al grupo de sindicalistas ya que el mismo es un acto mas que atenta contra la vida de un sindicalista, acto que genera y hace que se mantengan el clima y cultura de terror contra los trabajadores y trabajadoras para que no puedan ejercer el derecho de libre sindicalización y a la negociación colectiva; es repudiable que los compañeros inmediatamente llamaron vía telefónica a la Policía Nacional Civil -PNC- y no llegaron al lugar de los hechos, no fue hasta el sábado 11 de enero de 2014, que se presentaron 2 agentes de la PNC al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- de Puerto Barrios, Izabal, Costa Atlántica donde quedo internado el compañero JUAN DE DIOS SAGASTUME RODAS debido a la gravedad de la herida en una de sus rodillas, agentes que únicamente se dedicaron hacer preguntas sobre como había sucedido el ataque.

UNSITRAGUA HISTORICA ante este atentado represivo EXIGE del Gobierno del General OTTO PEREZ MOLINA que se proceda a la pronta investigación de este atentado contra otro sindicalista mas, a la Doctora CLAUDIA PAZ Y PAZ Fiscal General del Ministerio Publico para que por medio de la Fiscalía de Delitos Contra Sindicalista se proceda a realizar la debida investigación de manera ágil, profunda y seria para dar con los responsables de este nuevo atentado contra la vida de una persona y la libertad sindical, al Ministerio de Gobernación a que defina una política y acciones para proteger y garantizar la vida e integridad física de los compañeros del sindicato.            

Atentamente,

Junta de Coordinadores y Subcoordinadores

UNSITRAGUA HISTORICA

Guatemala, 12 de enero de 2014

Denuncia a todas las organizaciones sociales de Guatemala

SOLO SE FUERON DE NEBAJ LOS PERIODISTAS Y LOS ATAQUES IMPUNES DE LOS PERDEDORES DEL PARTIDO PATRIOTA CONTINUARON:

El día de hoy 13 de enero de 2014, en la aldea Antiguo Xoncá, situada a unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Nebaj, el individuo Alejandro Raymundo del Partido Patriota atacó con toda impunidad al alcalde indígena y autoridad ancestral Don Pedro Domingo Ramírez y al lingüista ixil Don Domingo Solís, golpeándolos violentamente, en tanto la esposa del individuo Alejandro Raymundo atacó a su vez a la esposa de Don Pedro Domingo Ramírez, con un palo de madera, el cual intentó introducírselo por debajo del corte en la vagina.

Acto seguido, el mencionado individuo llamado Alejandro Raymundo llamó a la Policía Nacional Civil y a los Bomberos de Nebaj, argumentando que él había sido atacado y había sido la víctima, llevándoselo los bomberos hacia Nebaj. Aparentemente ambas instituciones tienen la consigna de llevarse a los atacantes, en tanto las víctimas que son golpeadas impunemente son abandonadas a su suerte.

Aparte de lo anterior descrito se denuncia que varias casas han sido incendiadas por gente del partido perdedor, siempre en Antiguo Xoncá.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares a exigir el cese de la violencia contra las Autoridades legalmente elegidas por el Pueblo de Nebaj en elecciones democráticas y a denunciar y acompañar a las autoridades democráticas y ancestrales.

¡Basta ya de violencia en Nebaj!

¡No a la impunidad de los perdedores!

¡Exijamos el respeto al derecho que tienen los hermanos ixiles de ser respetados y vivir en PAZ!!

2 Qanil

Iximuleu, 13 de enero de 2014

Más temprano que tarde, la realidad nos ha dado la razón a los sectores que cuestionamos el proyecto de ampliación durante el referendo de 2006. El escándalo internacional suscitado por la amenaza formal de la empresa española Sacyr, en nombre del consorcio Grupo Unidos por el Canal, de que suspenderá las obras de la ampliación antes de fines de enero si no se le reconoce una factura de sobrecostos de 1.600 millones de dólares por encima de lo presupuestado, prueba que el proyecto de ampliación era apresurado y no bien estudiado, porque el apuro era meterle el diente a los recursos futuros del canal por parte de intereses locales y foráneos.

Lo que advertimos desde 2006

En 2006, el Frente por el No, compuesto por organizaciones populares como Frenadeso, Fuerza Política Alternativa y el Movimiento Popular Unificado, nos opusimos al proyecto de ampliación presentado por la directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, señalando:

1. Que era un proyecto sostenido sobre argumentos falsos, como que el canal estaba "obsoleto";

2. Que el verdadero objetivo de esta obra faraónica era apropiarse una parte notable de los ingresos a futuro del canal por parte de empresas constructoras y financieras locales e internacionales;

3. El proyecto mostraba debilidades en sus proyecciones financieras y los costos terminarían siendo superiores a los 5.200 millones proyectados;

4. Lo más importante, que se desviaban recursos multimillonarios que deberían usarse para saldar la enorme deuda social con el pueblo panameño, que sí luchó por la soberanía para que el canal le permitiera vivir mejor: crear empleos, escuelas, hospitales, etc.

Incluso denunciamos que el referendo NO significó un aval del pueblo panameño a la ampliación, pues se abstuvo de votar más del 70% y, de los que votaron, el 40% lo hizo por el NO. Por ende, incurrían en otra falsedad el gobierno y la directiva de la ACP al sostener que había legitimidad para empezar la obra.

En 2009 denunciamos "conflicto de interés"

En 2009, cuando la ACP adjudicó la obra al consorcio "Grupo Unidos por el Canal", compuesto por cuatro empresas (la española Sacyr, la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA) señalábamos que: por un lado, Sacyr era una empresa que ya estaba tocada por la crisis inmobiliaria española, incapacitada para asumir la obra; pero además, que existía un conflicto de intereses, porque la empresa panameña CUSA pertenece a la familia del entonces administrador Alberto Alemán Zubieta.

Existen por ello suficientes razones para dudar de la honestidad de las empresas que reclaman un sobrecosto del 50% sobre el valor proyectado, como de la directiva de la ACP, y mucho menos del gobierno de Ricardo Martinelli, que dicen "defender el interés nacional".

¿Qué relación existe entre la factura presentada ahora, no aprobada por la nueva directiva de la ACP, y el hecho de que esto se produzca una vez retirado el administrador Alberto Alemán Zubieta? ¿Por qué el contenido del contrato es secreto?¿Qué relación hay entre ambos hechos y que Sacyr hubiera introducido en sus cuentas, desde 2012, ingresos por sobrecostes de 600 millones como si ya hubiesen sido aprobados por la ACP? ¿Qué relación existe entre estos hechos y el renovado interés de la norteamericana Bechtel en el canal y en un puerto de contenedores aquí? ¿La reciente visita del vicepresidente norteamericano Joseph Biden en qué sentido se ocupó de estos temas?

Ninguna confianza en directiva ACP y Martinelli, exigimos Comisión Independiente

Suficientes preguntas como para preocupar a la ciudadanía panameña, en un mundo donde los sobrecostos son la forma más "moderna" de robar legalmente a los Estados y a los ciudadanos que pagamos impuestos, algo de lo que ya conocemos bastante en Panamá y también en España.

En esta crisis que amenaza al canal y su futuro, el gobierno y la directiva de la ACP pretenden que el pueblo panameño deposite en ellos la confianza de que defenderán el interés de la nación frente a las pretensiones de "los españoles" (sin mencionar a los socios panameños de CUSA). Pero en esa película todos son malos a los intereses panameños y bien pueden terminar negociándonos por un pedazo de la tajada que, en últimas, saldrá del canal y de los beneficios que debería rendir a los sectores más pobres de la sociedad.

Por esas razones, desde el MPU llamamos al movimiento obrero y popular a no depositar ninguna confianza en la directiva de la ACP, mucho menos en el gobierno, en cambio exigir la participación de las organizaciones sindicales y populares en una COMISIÓN INVESTIGADORA INDEPENDIENTE, que haga públicas las cláusulas del contrato, los estados financieros y establezca si ha habido dolo o si las reclamaciones son legítimas y proponga un curso a seguir el cual debe decidir el pueblo panameño.

Hay que reformar la ACP para abrirla al control del pueblo y los trabajadores

Lo sucedido se debe a que el Título Constitucional y la Ley Orgánica de la ACP convirtieron a esa entidad en una "nueva zona del canal", fuera del control nacional y del pueblo panameño. La directiva de ACP quedó en manos de agentes del poder económico local e internacional. Debemos luchar por un CONTROL OBRERO DEL CANAL (incluyendo los de sus trabajadores y del resto del país) lo cual requiere derogar el Título Constitucional impuesto antidemocráticamente en 1994, para que el canal deje de ser objeto de saqueo por una minoría y produzca el máximo bienestar posible para el conjunto del pueblo panameño.

Panamá, 4 de enero de 2014.

Movimiento Popular Unificado

RECOMPOSICION DEL ESTADO OLIGARQUICO DE HONDURAS, versus REFUNDACION DEL ESTADO PARA DEMOCRATIZARLO

El 29 de octubre 2013, en nuestras declaraciones como Presidente del STIBYS y miembro de la Coordinación del FNRP, a LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA UNIÓN EUROPEA, dimos “ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO ELECTORAL 2013 EN HONDURAS” y entre ellas estaban las siguientes: 1. Las elecciones buscan recomponer el Estado oligárquico y son otro paso más para lavar el golpe de Estado. 2. Un proceso electoral con más partidos y más candidatos no necesariamente conduce a la eliminación del bipartidismo. 3. El proceso electoral se da dentro del mismo marco legal y con la institucionalidad secuestrada, lo que permite controlar las elecciones, sus resultados y manejar cualquier elemento de crisis que pueda producirse respaldándose en la fuerza militar.

El papel de la misión de observación electoral Europea, contribuye a recomponer el Estado oligárquico, a lavar el golpe de Estado, se suma a la geopolítica de Estados Unidos y a sus planes de abortar la refundación del Estado. Saben que la oligarquía controló fraudulentamente el proceso electoral, asesinó opositores políticos, violó los derechos humanos y además de continuar con esa práctica, que la encubre como crimen organizado, toma medidas de política económica, crediticia, monetaria y fiscal que golpean al pueblo, no al gran capital, atentan contra nuestra soberanía y nos hacen más atrasados, profundizando así nuestra condición neocolonial.

Recomponer el Estado Oligárquico es garantizar que continuará la explotación de los trabajadores asalariados, campesinos, trabajadores independientes y el saqueo, de la riqueza producida por el trabajo en pequeñas y medianas empresas. Explotación y saqueo son las bases históricas, que han enriquecer al capital financiero mundial y hoy, para atraerlo como inversión extranjera, los gobiernos deben adoptar los planes de las transnacionales como sus planes, y garantizarles trabajo precario, permitirles prácticas monopólicas, usureras, especulativas y cero impuestos; chantaje que solo se eliminara integrando Latinoamérica como era el plan de Morazán, Bolívar y Martí.

Para recomponer el Estado Oligárquico son las reformas al IMPREMA; son los “bonos soberanos” por mil millones de dólares con intereses leoninos para favorecer a los banqueros; y, es el “paquetazo” fiscal contra el pueblo que lo “justifican alegando que la crisis fiscal del Estado es insostenible, por lo que las medidas para encausar el país y sus finanzas, son ineludibles” No atacan las causas de la crisis porque afectarían a sus amos, al capital financiero; pero fácilmente atacan algunos efectos asaltando al pueblo.

Ese paquetazo por 16 mil millones es regresivo e inconstitucional, no redistribuye el ingreso ni la riqueza cuya fuente principal es el trabajo y lo anticipan, para no aparecer como sirvientes del FMI, quien otorgara al régimen 220 millones de dólares en préstamo y otro igual la Unión Europea, apoyando así la corrupción e impunidad. El FMI exige fusiones, despidos de trabajadores, la ley de empleo por hora, acelerar la devaluación del lempira, ejecutar las concesiones de recursos naturales, seguir con las privatizaciones, apertura incondicional al capital extranjero, al libre comercio, etc.

A propósito de la llamada Crisis Fiscal, recuérdese que solo a HONDUTEL el gobierno le llego a extraer 17 mil millones de lempiras anuales; a la Portuaria, la ENEE y al PANI les quitaba cantidades similares o mayores cada año; más lo que se recaudaba por Impuesto Sobre la Renta que llegaba hasta el 45% de las ganancias del gran capital; más los impuestos de importación y exportación; sumaban miles de millones de lempiras anuales que servían para educación, salud, obras públicas, seguridad, etc.

Esos miles de millones de lempiras ya días no los recibe el Estado. Si conservara la producción de energía electica, la telefonía celular, la lotería electrónica, los aeropuertos, puertos, etc., recibiría mas; y ¿por qué no recibe más?, porque en 1990 el FMI chantajeo al Gobierno, y a cambio de aumentarle los plazos para pagar la deuda externa de cinco mil millones de dólares y otorgarle más prestamos, debía entre otras imposiciones, quebrar las empresas estatales para privatizarlas. Al privatizar esos servicios, el Estado perdió como doscientos mil millones de lempiras anuales, que pasan al gran capital. Este es el verdadero origen de la llamada crisis fiscal, agudizada con la corrupción y los gastos militares que colapsan las finanzas públicas con impactos graves en la educación, salud y obras públicas, que siguen privatizando.

Esas medidas para supuestamente salir de la crisis fiscal, no afectan al gran capital sino al pueblo y si se resiste, ahí están las fuerzas armadas de ocupación para defender el PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DEL ESTADO OLIGÁRQUICO que se contrapone al PROCESO DE REFUNDACION DEL ESTADO PARA DEMOCRATIZARLO.

Recomponer el Estado oligárquico significa también, trasladar poderes del Legislativo al Ejecutivo, constitucionalizar la policía militar, comprar diputados a fin de INUTILIZAR AL NUEVO CONGRESO y no pueda revertir esas y todas las decisiones legislativas que han “blindado” y atentan contra los derechos de los que trabajamos,   contra la propiedad de los bienes comunes, contra los servicios públicos al privatizarlos, contra nuestra soberanía e independencia, etc.

La militarización es porque la lucha de clases se agudiza. Una expresión de esa lucha de clases, es el conflicto entre el PROCESO DE RECOMPOSICIÓN DEL ESTADO OLIGÁRQUICO y el PROCESO DE REFUNDACION DEL ESTADO PARA DEMOCRATIZARLO, lucha que ganara el Pueblo. El FNRP debe contribuir politizándolo, reorganizándolo, articulándolo y aprobando los Estatutos y un Plan Estratégico de Lucha, que lo convierta en contrapeso e interlocutor válido frente a las instancias de poder. Nuestras conquistas son producto de la lucha popular, no regalos de partidos oligárquicos. “El capitalismo y su modelo neoliberal es incompatible con la vida, con la libertad, con la justicia, con la democracia, con los derechos humanos” y con los derechos de la madre tierra. Pone en peligro nuestra especie y el planeta. Solo el camino de Mayo es la victoria.

Tegucigalpa 1 de enero 2014.

CARLOS H REYES

Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares “STIBYS”

Miembro de la Coordinación del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras.

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