La Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras FOMH ante las determinaciones arbitrarias del Secretario de Educación respecto a la imposición de la forma de evaluación del desempeño docente, ante el pueblo hondureño y magisterio en general emite el siguiente pronunciamiento:

1.- Rechazamos rotundamente las disposiciones arbitrarias implementadas por el secretario de ed...ucación, respecto a la forma de evaluar a los docentes, las cuales están al margen de la normativa jurídica ya que según el Articulo 30 del Estatuto del Docente, expresa que La evaluación del personal docente tendrá como propósito determinar la calidad y el rendimiento en el desempeño del cargo, con el fin de sustentar los méritos, las prestaciones y los correctivos finalidad esta que no se percibe en la forma de evaluación implementada en estos momentos.

2. El Articulo 31 del Estatuto del Docente, expresa que la evaluación de la labor docente será permanente, sistemática y con fines de mejoramiento de la calidad educativa, debiendo calificarse por lo menos una vez en el curso de un año a cada miembro del personal y éste deberá conocer el manejo, propósitos y resultados de la evaluación. Dicha Evaluación Según los términos establecidos corresponde según su jurisdicción a la Junta Nacional DE Evaluación, Departamental, Distrital y/o comisiones evaluadoras del centro educativo, procedimiento que no se está tomando en cuenta en esta práctica de evaluación implementada.

3. La Evaluación Docente debe aplicarse a través de instrumentos objetivos y referirse a hechos y circunstancias concretas, es decir que se debe evaluar de acuerdo a su especialidad y a estándares válidos para los diferentes niveles educativos, y no en la forma como se está aplicando que se estandariza la evaluación independientemente de la especialidad y nivel que labora el docente

4. El sistema de evaluación deberá estar en el Manual de Evaluación del desempeño docente el cual debe ser discutido y aprobado por la Junta Nacional de Dirección Docente, documento que no ha sido discutido en ningún momento en esta instancia.

5. Previo a la Evaluación de los docentes la Autoridad respectiva está en la obligación de dar a conocer el manual de evaluación a todos los docentes debiendo tener como propósito determinar la calidad y rendimiento del docente en el desempeño de su cargo y con ello se evitar estas improvisaciones que actualmente se realizan en este proceso de evaluación que implementa el Secretario de Educación.

6.- El procedimiento que actualmente se utiliza para la práctica de este proceso de evaluación presenta una serie de inconsistencia que no son congruentes con los principios de objetividad y confiabilidad que dan la validez a la Evaluación, ya que el Sistema ON LINE utilizado esta automatizado a una sola directriz que responde a los intereses de quienes lo diseñaron.

7.- Se deja constancia plena de lo que establece el Estatuto del Docente al expresar que quien intencionalmente utilice la evaluación para perjudicar al docente o tercero será sancionado de conformidad con la Ley sin prejuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal que pudiera derivarse, la evaluación no es un mecanismo de represión sino un medio que debe cumplir propósitos para mejorar la calidad educativa, y en la forma como se está implementando pareciera que es el propósito que percibe.

8.- Se instruye al Magisterio Nacional para que interpongan las acciones jurídicas o administrativas que sean pertinentes y de manera unánime con el apoyo de las organizaciones magisteriales hacerlas llegar ante las instancias judiciales que correspondan.

9. Como magisterio dejamos constancia que no nos oponemos al proceso de evaluación siempre y cuando esta se encuentre enmarcada en Ley, con todos los requerimientos que establece la práctica de la misma y debidamente consensuada con los actores que de manera directa participan de ella.

Tegucigalpa M.D.C.17 de Julio de 2013

"UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA."

FEDERACION DE ORGANIZACIONES MAGISTERIALES DE HONDURAS FOMH”

Exigimos respaldo a Bolivia y su presidente Evo Morales

En acción vergonzosa para la historia de la diplomacia y peligrosa para la coexistencia internacional, los gobiernos de Italia, Francia España y Portugal, siguiendo las órdenes de los Estados Unidos, cometieron el hasta ahora impensable desliz de impedir el paso franco y expedito a la aeronave que transportaba al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, y a su comitiva, con la excusa de que allí se encontraba Edward Snowden, fugitivo estadounidense que reveló al mundo la intrincada y monumental red de espionaje a la que casi toda la humanidad está sometida por parte del Imperialismo Norteamericano.

No existe ninguna excusa que pueda justificar tan grave atentado. Al confabularse para impedir el paso del avión de un presidente latinoamericano, no solo retrocedieron siglos en la historia de la diplomacia mundial, no solo lastimaron gravemente las relaciones entre Europa y América Latina, sino que pusieron en peligro la vida del representante legítimo y democrático de un país hermano, llevaron al pueblo boliviano al extremo de la preocupación y a casi todas las naciones de nuestro continente a expresar su más decidido respaldo y a cavilar sobre las posibilidades futuras de relaciones de cualquier tipo con países y gobiernos que, con tal acción, se han comportado como representantes de Estados enemigos en franca hostilidad.

La administración de Ricardo Martinelli, en una nueva y vergonzosa actuación de sus diplomáticos, ha sido la única de toda la América Latina, junto con Canadá y Estados Unidos, en no condenar a la actuación de los gobiernos europeos involucrados en tan seria afrenta, en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) esta semana. Ese acto, sumado a otros deslices cometidos en la arena internacional en los últimos cuatro años, confirman que la política panameña ha retrocedido hasta el carácter de "protectorado" que tuvimos a inicios del siglo XX.

El Movimiento Popular Unificado de Panamá declara al pueblo y gobierno de Bolivia, a su presidente Evo Morales y a toda Latinoamérica y el mundo que la actitud envilecida del Gobierno panameño solo le corresponde a sus entreguistas integrantes, miembros de una élite empresarial al servicio del capitalismo internacional. Proclamamos que su traición no es expresión de la tradición solidaria que ha distinguido al pueblo de Panamá con respecto a los países latinoamericanos y manifestamos nuestra más completa solidaridad con el pueblo y gobierno boliviano ante tan grave afrenta sufrida por su presidente y su comitiva.

Bolivianos y latinoamericanos todos: cuenten siempre con el pueblo panameño y sus organizaciones de vanguardia en las luchas inclaudicables por lograr lo que se ha dado en llamar “la segunda independencia”, que consiste, precisamente, en la liberación definitiva de las cadenas de la dependencia y el coloniaje a través del socialismo como la única vía para alcanzar tal objetivo en modo definitivo. Tales cadenas se tensan ahora, pero tal tensión no es más que el preludio de su rompimiento.

Dado en Panamá, a los 11 días del mes de julio de 2013.

Movimiento Popular Unificado

A la comunidad universitaria y pueblo salvadoreño:

El pasado mes de mayo nuestro Movimiento NO a la Privatización de la Universidad de El Salvador, ante la amenaza de incluir a la UES en la Ley de Asocios Público Privado, hizo un llamado a la Comunidad Universitaria PARA MOVILIZARSE que fue atendido y que incluyó una combativa y significativa marcha hacia la Asamblea Legislativa.

Pudimos juntos y abandonando diferencias, detener esta amenaza externa y lograr eliminar de esa nefasta ley la inclusión de nuestra Alma Máter. Pero la tarea no ha concluido. El enemigo privatizador sigue actuando porque vivimos en un mundo y en una sociedad capitalista en donde la educación es vista como una mercancía. Y la UES está en la mira.

En los últimos veinte años nuestra Universidad ha estado sometida a un peligroso proceso de dispersión ideológica y de debilitamiento del pensamiento y la organización de izquierda, que ha permitido el desarrollo de diversas expresiones de privatización, como la concesión de servicios, que desde las facultades y desde las mismas autoridades centrales amenazan la autonomía universitaria, fomentan la corrupción y justifican un presupuesto insuficiente.

El tomar conciencia de esta realidad de avance de la derecha en la UES, demanda una visión crítica de nuestra pasividad, y la exigencia de denunciar y exigir que se respete el carácter público de nuestra Universidad, así como de reivindicar su rol histórico de conciencia social y de acompañamiento a las luchas populares..

La tendencia privatizadora que debemos denunciar y combatir se expresa en la actualidad tanto en el área de la visión filosófica como en lo académico y lo administrativo. Exponemos a continuación algunas de sus manifestaciones.

A nivel filosófico:

1. En el planteamiento curricular, herencia de las diversas intervenciones militares, que privilegia el libre mercado y que prepara empleados calificados y obedientes al servicio del capital nacional y de las corporaciones transnacionales.

2. En la visión mercantilista y elitista de la educación, que promueve la venta de servicios y la lógica empresarial como los pilares básicos de su quehacer educativo, liberando al Estado de su responsabilidad constitucional.

3. En el fomento del emprendedurismo como la “estrategia” para alcanzar el desarrollo nacional y lograr un empleo adecuado. La visión es convertir a los profesionales en “exitosos” empresarios neoliberales.

4. El mismo proceso de selección para ingresar a la UES es un proceso viciado y elitista, orientado a descalificar a miles de estudiantes, lo que niega su carácter público y refleja una institución discriminatoria y sesgada.

A nivel académico y de proyección:

En la Facultad de CCHH se implementa desde hace algunos años un lucrativo “negocio” de clases de inglés para sectores populares, que debería de ser parte de la extensión universitaria. Y este “ejemplo” se esta ya implementando en las multidisciplinarias.

Los programas de maestría y doctorado se realizan desde la modalidad de “autofinanciables” Esto significa que no están contemplados en los presupuestos de las facultades, se cobran altas cuotas y sus docentes son horas clase y víctimas de la flexibilización laboral.

El Equipo de Fútbol se conduce desde una visión mercantilista y elitista, y con el “desinteresado” patrocinio de Canal 4 de TCS y otras empresas. Y aunque cuenta con una inversión millonaria no tiene un solo estudiante universitario entre sus integrantes.

La sospechosa entrega -propuesta por la Facultad de Agronomía- de un Doctorado Honoris Causa al Embajador de Corea del Sur.

El elitista programa de Jóvenes Talentos y sus millonarios recursos en una Universidad con un presupuesto exiguo.

A nivel administrativo:

En el esfuerzo por favorecer los intereses de las grandes cadenas de comida rápida como el Biggest, por encima del Comedor Universitario y de las ventas de comida populares.

En el esfuerzo por favorecer agencias privadas de seguridad por encima de fortalecer la Seguridad institucional, como en el caso de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

En el esfuerzo por favorecer agencias de limpieza privadas sobre esta función administrativa institucional, como ha sido propuesto por las facultades de Agronomía y Ciencias naturales y Matemática.

El reciente incremento del cobro del parqueo para el sector estudiantil y para particulares.

Nos preocupa que al final la administración de los Portones sea entregada a manos “privadas” para su administración y rechazamos que alegando problemas de “delincuencia” se este cerrando las puertas a los sectores populares. Pretenden las Autoridades Centrales convertir a la UES en una gran fábrica, cerrada, callada y vigilada. Solo faltan los grilletes.

Frente a esta situación, como Movimiento NO a la Privatización de la UES hemos iniciado una campaña educativa con mantas en las facultades, y expresamos públicamente nuestra decisión inquebrantable de defender el carácter público de nuestra Universidad, y de luchar contra aquellos y aquellas que pretenden convertir a nuestra gloriosa Alma Máter en una universidad domesticada y al servicio del capital nacional e internacional. Es por estas razones que te exhortamos a convertir este 30 de Julio en una Jornada Universitaria contra la Privatización. ¡Por un verdadero cogobierno estudiantil!

CES

SETUES

MRDUES

APTUES

MPTIES

MOTUES

Ciudad Universitaria, 4 de julio de 2013

San Salvador, El Salvador

REPUDIAMOS EL QUE LA ANEP Y LA RERUM NOVARUM Y COMPAÑÍA SE ATRIBUYAN LA REPRESENTACION DE TODO EL MOVIMIENTO SINDICAL

Algunos dirigentes de la ANEP, sus aliados empresariales, sindicales y políticos, han planteado como grandes logros los contenidos del Proyecto de Reforma Procesal Laboral, aspectos como los siguientes: el procedimiento sumario de tutela de fueros especiales, la prohibición de la discriminación en el ámbito laboral y la agilización de los procesos judiciales.

Sin embargo, los entusiastas promotores del proyecto, por una parte, hacen un calculado énfasis en el derecho individual, mientras que, por otra parte, se cercena lo fundamental: el Derecho Laboral Colectivo.  

AVANCES TÍMIDOS FRENTE A LA PERSISTENCIA DE PROFUNDAS NORMAS ANTI-SINDICALES

El sindicalismo clasista ha insistido, una y otra vez, que en el proyecto la frágil figura de fuero sindical se queda muy corta, de frente a la conservación incólume y persistencia de los comités permanentes y arreglos directos, instrumentalizados sistemáticamente por los patronos para liquidar el sindicalismo en el sector privado.

Ciertamente, el proyecto de ley mantiene intacto lo que establece actualmente el Código de Trabajo (art. 504, 505 y 506 C.T.), por lo que alguien podría tener la impresión que no hay retroceso, sino a lo sumo una especie de empate en este punto. Pero no es así, porque el proyecto no se debe ver con criterios de simple suma y resta, sino ser entendido en su totalidad compleja.

LA FIGURA DE LOS COMITES PERMANENTES, HERRAMIENTA ANTI-SINDICAL DE LOS PATRONOS

El tema de los comités permanentes y el arreglo directo no son cualquier cosa, es un asunto vital para los y las trabajadoras; no se está sopesando su magnitud y el impacto destructor que ha tenido; que desde los años ochenta, condenó al destierro  del movimiento sindical en el sector privado, cercenando principios angulares del derecho laboral: el derecho de organización obrera y el derecho de negociación colectiva, sin cuya existencia no existe Libertad Sindical real. 

No es por casualidad que un recientísimo pronunciamiento de la Comisión de Aplicación de Normas de OIT, dentro del marco de la Conferencia Internacional  Nº 102, que acaba de concluir, determinó que la  desproporcionada relación que existe actualmente entre arreglos directos  y convenciones colectivas, en el sector privado, 152 arreglos directos contra 16 convenciones colectivas “se trata de una situación anómala” y exhorta al Gobierno a “intensificar la promoción de la negociación colectiva  en el sentido del Convenio nùm. 98. La Comisión espera constatar progresos tangibles en su próxima memoria.”  Hay que ser muy iluso para creer que si se mantienen esas disposiciones legales, en el corto plazo va existir un progreso tangible.                           

Coincidimos con el abogado laboralista Manuel Hernández cuando afirma: “No puede afirmarse, en lo absoluto, que existe avance de la Libertad Sindical, conservándose incólumes, como quedaron, estas perniciosas normas del Código de Trabajo, que ha sido la franquicia legal explotada por el empresariado para expulsar los sindicatos de plantaciones agrícolas, fábricas  y otros sectores.”[1]      

CAMISA DE FUERZA PARA EL DERECHO A HUELGA

Pero lo más grave es que a la persistencia de esta arma antisindical, mortal, consensuada por algunos dirigentes de ANEP y UCCAEP, se suman los engorrosos requisitos y restricciones que el proyecto establece en materia de huelga.

El proyecto, lejos de promover  el derecho de huelga, lo regula –a nuestro parecer más bien lo estrangula- de tal forma, con tantos requisitos "obstruccionistas", en beneficio de los patronos y el Estado, que prácticamente continuaremos con huelgas declaradas ilegales.  Nos referimos a toda la “tramitología” establecida: la conciliación obligatoria previa, el requisito de contar por lo menos  con un 50 % de la afiliación  sindical del total de trabajadores del centro de trabajo, la obligación  de avisar con una anticipación mínima la  convocatoria  de huelga, para alertar a los patronos y permitirles que hostiguen, el despido de las y los trabajadores 48 horas después de notificada la ilegalidad de la huelga. Estas regulaciones denotan el desconocimiento práctico que implica organizar y dirigir una huelga y plantea un juego limpio que los empresarios nunca han jugado.

Pero luego viene el premio que el proyecto le otorga a los trabajadores que han respetado las reglas de la legalidad: si después de vencer tantos obstáculos, logran que los tribunales declaren la legalidad del movimiento, la huelga es con suspensión del salario de los trabajadores, salvo algunos casos excepcionales de huelga imputable al patrono. De esta ingrata manera, el proyecto castiga a los trabajadores, imponiéndoles una sanción económica, una injusta multa, por ejercer un  derecho fundamental. 

Lamentablemente las cosas no llegan hasta aquí. Si a todo esto le agregamos el grave precedente de la Sala IV, sobre la huelga en el sector público, el panorama se torna más sombrío. En efecto, si se promulga, en definitiva, la accidentada ley, excluyendo los artículos vetados por el Poder Ejecutivo, que son las normas que conciernen a la huelga en los servicios públicos esenciales (BANCOS, PUERTOS, CCSS, ICE, AYA, CIA NAL. DE FUERZA Y LUZ, ENERGIA), se está dando un espaldarazo a la nefasta jurisprudencia constitucional, que de un solo plumazo prohibió, de manera absoluta, la huelga en los servicios esenciales y en particular, en los servicios sanitario- hospitalarios. 

Al amparo de estas sentencias de Sala IV, de fin de 2011, las autoridades públicas amedrentan a las y los trabajadores de estos servicios, que ante el menor intento de huelga, invocan la jurisprudencia y extorsionan con el despido ¿Cuál defensa tendrán estos trabajadores ahora que están bajo ataque gubernamental todos sus derechos, que pretenden eliminar la cesantía, las anualidades, la dedicación exclusiva, etc.?

Luego del veto de la Presidenta Chinchilla, con que se burlaron del diputado Villata y el sector sindical (ANEP Y Reum Novarum, básicamente), promotores de esta reforma, una vez más se reanudaron negociaciones con Casa Presidencial para sacar de cuidados intensivos la reforma procesal laboral. Pero los mismos que se sentaron con el Gobierno con el afán de "levantar el veto", hasta ahora se percatan de que lo que envió el Gobierno a la corriente legislativa, como redacción alternativa a los artículos vetados, es la liquidación completa del derecho a huelga. Como dice el refrán popular, es “caer del sartén al fuego”. 

Después de la reacción inicial que provocó la nueva burla del Ejecutivo, en términos futbolísticos, “un doblete desde media cancha”, ahora aparece la solución salomónica, de la mano del dictamen de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que consiste en rechazar por extemporánea la moción alternativa del Poder Ejecutivo y sencillamente eliminar de plano los artículos vetados, conservando el resto de la  maltrecha reforma. Eso sí, convenientemente aclara ese dictamen que el resto del articulado del proyecto  no se puede modificar en lo absoluto pues implicaría un nuevo proyecto de ley

En conclusión, el Gobierno se sale otra vez con la suya y la de los empresarios, a fin de cuentas eliminando del todo los artículos vetados y el sector sindical colaboracionista, encabezado por algunos dirigentes de ANEP, sale presuroso a avalar lo que queda de la mutilada reforma procesal laboral. 

Esta nueva "jugada", es la recompensa política de las negociaciones entre cuatro paredes en Casa Presidencial,  que termina entonces como un tiro por la culata.

Por todas estas  justificadas razones, llamamos al pueblo trabajador a rechazar de plano la  mal llamada reforma procesal laboral y exigir su archivo definitivo y luchar por la verdadera transformación de la legislación laboral y por la libertad de sindicalización.

¡No más oro cambiado por baratijas! ¡No más represión sindical!, ¡Por un Código de trabajo que defienda y amplíe derechos de las y los trabajadores!

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES