Cada día que nos acerca a las elecciones de mayo de 2014 crece el descrédito, la procacidad, la corrupción descarada, el clientelismo desembozado de los partidos y políticos tradicionales de Panamá. La basura moral que constituye la esencia de esos políticos al servicio de la oligarquía se muestra crudamente en la guerra de "tuits" en la que corren injurias y acusaciones de delitos que nadie investiga, pero que todos sabemos que existen.

La fotografía viva de que no hay diferencias de fondo ente CD, PRD o Panameñismo, es la reunión secreta realizada el pasado 15 de agosto entre Ricardo Martinelli y Juan C. Navarro en las oficinas del empresario "Mello" Alemán. Reunión que han intentado presentarla como "casual", pero que duró cuatro horas, y en la que participaron un puñado de empresarios que financian a todos esos políticos y partidos, para luego ganarse todas las licitaciones posibles, pasadas las elecciones.

Que J. C. Varela no haya participado de la reunión no le exime de la responsabilidad de haber sido parte del gobierno de Martinelli y de Mireya Moscoso. Para no mencionar que conspicuos panameñistas, como Alberto Vallarino, siguen libando las mieles del poder.

No sólo se trata de acuerdos de trastienda para decidir el curso del proceso electoral a espaldas de la ciudadanía, o para repartirse el país y sus recursos entre un puñado de oligarcas, se trata de que los tres candidatos y sus respectivos partidos son cómplices en el ataque a los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora.

Los partidos de la mal llamada "oposición" (PRD, Panameñismo, Popular) guardan conveniente silencio frente a las imposiciones del gobierno Martinelli-CD. Los tres candidatos de la oligarquía (Arias, Navarro y Varela) avalan y continuarán las mismas políticas: como la privatización del transporte público, de la recolección de basura, de los servicios de salud y el endeudamiento público. Los tres candidatos avalaron la actuación de la ministra de Educación, Lucy Molinar, contra los gremios docentes.

Lo más lamentable de todo es el vacío que se siente de una alternativa política de carácter popular que concite a la ciudadanía a romper con la actual situación echando de las instituciones a los corruptos y sus partidos. Siendo la primera vez en 20 años que se presentarán a las elecciones alternativas populares distintas a los partidos oligárquicos, aún ninguna de ellas se constituye como un referente de las luchas concretas y una propuesta creíble para el amplio espectro ciudadano que aspira a un cambio real del régimen político.

A juicio del Movimiento Popular Unificado (MPU) urge que cuanto antes se propicie un gran acuerdo político electoral para presentar un Frente Sindical, Popular y de Izquierda, que unifique, represente y postule a todos los que luchan en sus barrios y gremios, construyendo el gran referente que necesitamos para barrer a los partidos oligárquicos corruptos de la administración del Estado panameño.

Se requiere construir cuanto antes ese referente unitario que enlace las luchas concretas, y sus dirigentes, con un programa de verdaderas transformaciones políticas tangibles que la gente sienta como suyas, que agrupe a quienes aspiran a barrer con el régimen corrupto.

Un programa que parta de la defensa de la propiedad pública, de la salud y educación públicas, de la renacionalización de las empresas estatales, del congelamiento de la canasta básica, de un alza general de salarios, de la investigación y castigo a los responsables de peculado, y una Asamblea Constituyente que democratice las instituciones y la limpie de los corruptos. Lo cual requiere un gobierno de los sectores obreros, sindicales y populares.

Panamá, 7 de septiembre de 2013.

Coordinación Nacional del MPU

El Movimiento Popular Unificado (MPU) suma su respaldo a la movilización y paro convocado por los gremios docentes ante las imposiciones del gobierno empresarial de Martinelli y su ministra Lucy Molinar. Imposiciones que se expresan en el nefasto Decreto 920, por el cual pretenden continuar el deterioro de la calidad educativa del sector público para favorecer la privatización de la educación y la destrucción de la estabilidad y derechos de los docentes. Respaldamos la exigencia de los gremios de que se establezca un diálogo sin precondiciones por parte del MEDUCA.

Los ataques del gobierno empresarial no se limitan al ámbito educativo, pues la salud pública es la otra víctima. Mientras se gastan cientos de millones en construcción de infraestructuras, los hospitales y policlínicas están mal equipadas y carentes de medicinas.  Luego de las decenas de muertos por infecciones nosocomiales del año pasado, ahora un grupo de neonatos han fallecido en la Caja de Seguro Social sin que se sepan las razones. Además, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para modificar el Código Sanitario por el cual pretender privatizar y seguir deteriorando la salud pública. El despido del Dr. Díaz Mérida, que se suma a los despidos de los dirigentes de ANFACSS, ha motivado las protestas de los gremios médicos.

Agregamos que el gobierno empresarial, no satisfecho con los miles de millones gastados en obras ganadas por empresas "coimeras", ha presentado a la Asamblea Nacional el proyecto 569, por el cual se modifica el Fondo de Ahorro Panamá, para proceder a la venta de las acciones estatales en empresas mixtas, como telefonía y electricidad (estimadas en B/. 2.000 millones). El contenido de este proyecto había sido presentado el año pasado y fue derrotado por la movilización, ahora nuevamente se reedita para intentar apropiarse de esos bienes en beneficio privado de los “allegados” antes de las elecciones.

El gobierno también ha faltado a la palabra empeñada con los dirigentes de la comarca Gnäbe-Buglé, permitiendo que avance la construcción de la represa de Barro Blanco sin que se hubieran hecho los estudios comprometidos. También abogados allegados al régimen han vendido tierras comarcales en la península Valiente. Ni hablar de que no ha habido justicia, ni investigación, ni resarcimiento a las víctimas de la represión policial de 2010 en Changuinola y 2012 en San Félix. Ni hablar de los dirigentes gremiales despedidos en el sector público.

La suma de todos estos ataques a los derechos económicos, sociales y democráticos de la clase trabajadora por el gobierno empresarial de Martinelli, obliga a estrechar la coordinación de las luchas estrechando la unidad de los diversos sectores populares y gremiales. Sólo con movilización unitaria podremos parar la mano a estos ataques y defender la educación, la salud y los derechos del pueblo panameño.

¡TODOS Y TODAS AL PIQUETEO FRENTE A LA ASAMBLEA NACIONAL

Viernes 2 de agosto de 2013 a la 1:00 p.m.!

Panamá, 1 de agosto de 2013.

¡¡¡SIGAMOS EL EJEMPLO QUE LARA ESTÁ DANDO!!!

¡¡¡POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES POR UN AJUSTE SALARIAL, POR LA CONTRATACIÓN COLECTIVA Y EL PAGO DE LOS DOCENTES QUE NO COBRAN!!!

Hoy compañeros docentes, nos encontramos unidos frente al Ministerio de Educación, por encima de las divisiones impuestas por las Federaciones sindicales y Sinafun, luchando por nuestros derechos. Lo hacemos porque el gobierno nos ha obligado a empezar a construir nuestra unidad al aplicar una política de precios, acordándose con los empresarios y con el apoyo de la MUD, que está destruyendo nuestros salarios y negarnos un justo aumento salarial y la discusión del contrato colectivo.

La crisis del capital que destruye los salarios, jubilaciones, viviendas y puestos de trabajo en Europa, los EEUU y el norte de África también nos está golpeando a los trabajadores en Venezuela, pues el gobierno prefiere pagar intereses y capital de una deuda pública ilegal e ilegítima, que resta presupuesto para los contratos colectivos.

Si los trabajadores de Europa, los EEUU y el Norte de África, de Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, están dando combates diversos, partiendo de sus realidades, a los gobiernos que han decidido servir al capital financiero, nosotros los trabajadores de Venezuela también hemos empezado a dar nuestras primeras luchas, que habrán de intensificarse ante los anuncios gubernamentales de aumentos en los precios de los alimentos y la gasolina.

Y es que en Venezuela estamos viendo la crisis internacional del capital con la devaluación de la moneda, (CADIVI, SICAD) siendo esta última una devaluación disfrazada, la inflación y especulación, la anarquía en los precio de los productos de la cesta alimentaria, todo esto lleva a la pérdida del valor del salario real, que golpea a todos los trabajadores del Seguro Social y Sanidad, Cementos, Docentes Universitarios y de Básica, trabajadores de Guayana y a los de las empresas privadas que se niegan a discutir contrataciones colectivas, más otras que están en conflicto como Brahma, IOSA, Alentuy.

ES HORA QUE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN SALGAMOS A LA CALLE A DAR EL COMBATE

Los docentes de básica no escapamos a toda esta realidad pues somos trabajadores que nos afecta nuestro bolsillo como a cualquier otro trabajador. mientras los empresarios que se han visto multiplicar sus ganancias. Mientras el gobierno le da dólares a la burguesía parasitaria nacional, a los docentes no quieren darnos un incremento ni tampoco discutir la contratación colectiva que compense la inflación.

Por toda la situación que estamos viviendo, los docentes de Básica decidimos salir a la calle a luchar por una mejora salarial, solicitando un incremento que compense parte de la pérdida real del salario y que se discuta YA la contratación colectiva. Desde hace un mes en el estado Lara los docentes se han venido reuniendo en Asamblea General con el fin de organizar acciones de calle para luchar por un ajuste salarial y por la Contratación Colectiva y para ello las bases de educadores dejaron atrás las divisiones de las distintas Federaciones y Sindicatos y se han estado uniendo para luchar por un fin en común bajo las consigna: ¡AUMENTO SALARIAL YA! ¡POR LA DISCUSIÓN DE LA CONTRATACION COLECTIVA YA!

Los educadores de básica deben mantenerse en la calle para luchar por un salario que cubra la canasta alimentaria, por mejorar los beneficio de la contratación colectiva y eliminar el sectarismo que divide la clase trabajadora, ya que el patrón se está beneficiando con esta división. PSUV y la MUD dividen cada quien por su lado, pues tienen un pacto no escrito para dividir y derrotar a nosotros los educadores.

POR LA UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN QUE NO HAN COBRADO SU CONTRATO

Pero hay otros graves problemas que tienen que se incorporados como las principales banderas de lucha como el de los docentes que cobran menos del salario minino y de los que trabajan sin cobrar.

NI UN VOTO DE CONFIANZA A LA BUROCRACIA PATRONAL DE LAS FEDERACIONES SINDICALES

Un problema que encontramos los educadores es la burocracia sindical presentes en las federaciones y sindicato nacional del magisterio. Burocracia que ha traicionado a los trabajadores solo con la finalidad de mantener sus privilegios. Estos se han dado la tarea de apoyar de una u otra forma las decisiones de la Ministra de Educación, de seguir aplazando la discusión de la contratación colectiva. Mientras Sinafum Nacional apoya al patrón de manera directa, las Federaciones: FVM, Fenaprodo, Fetramagisterio, FEV entre otros, que se dicen ser opositores al gobierno han declarado a favor de la Ministra sobre la fecha de la discusión aplazándola para septiembre.

Las Federaciones y SINAFUN tienen las elecciones vencidas lo que es una excusa del gobierno para no discutir el Contrato Nacional. Incluso el gobierno anda desesperado para que SINAFUN realice sus elecciones para sentarse a imponer el contrato que tiene planificado con Orlando Pérez. Los educadores no podemos caer en esta trampa. Tenemos que exigir que el contrato se discutido con una Comisión Discutidora surgida por decisión de las bases magisteriales. De cada Instituto educativo tiene que elegirse un delegado cada 100 educadores y fracción y ellos congregados en un Congreso Nacional de Educadores nombrar la Comisión Discutidora del Contrato Colectivo. ¡¡¡NINGÚN BURÓCRATA DE LAS FEDERACIONES Y SINAFUN NOS REPRESENTA!!! ¡¡¡SOLO LAS BASES DE LOS EDUCADORES TENEMOS QUE DECIDIR NUESTRO DESTINO!!! ¡¡¡DELEGADOS ELECTOS POR LAS BASES A LA COMISIÓN DISCUTIDORA!!! ¡¡¡DELEGADOS REVOCABLES Y CON MANDATO PARA DISCUTIR EL CONTRATO COLECTIVO!!!

¡¡¡Que solo los delegados elegidos en asamblea tengan derecho a voz y voto en la discusión de la contratación!!!

LA EXPERIENCIA DE EL UJANO COMO UN AVANCE DE LA CLASE

En el Liceo Bolivariano El Ujano de Barquisimeto ya han elegido 2 delegados por especialidad con el fin de fortalecer la organización de la lucha por el ajuste salarial y la contratación colectiva, lo que también les tiene que servir para otras luchas como el Pago a los todos los docentes que trabajan sin cobrar. Esta experiencia de elegir delegados en cada centro educativo, sin importar a que sindicato se está afiliado, debe  extenderse a todo el país con el fin de romper con la división que nos han impuesto los dirigentes y partidos al servicio de la burguesía.

Desde la Corriente Socialista Revolucionaria - El Topo Obrero llamamos a todos los docentes a fortalecer su organización siguiendo el ejemplo del Liceo Bolivariano El Ujano, a unirse para combatir por un aumento de salario del 100%, a organizar delegados por institución educativa y llamar a un Encuentro Regional – Nacional para decidir el proyecto de Contrato a discutir con el patrón, Encuentro al que debemos invitar a delegados de las empresas públicas y privadas ya que tenemos el mismo problema de que no se nos quiere discutir los contratos colectivos y así unir y hacer una movilización y una lucha con todos los trabajadores del país.

¡¡¡Unifiquemos a los trabajadores y luchemos por un AUMENTO GENERAL DE SUELDOS, SALARIOS, PENSIONES Y JUBILACIONES DEL 100% y un SALARIO MÍNIMO QUE CUBRA LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR!!!

¡¡¡POR LA DISCUSIÓN Y FIRMA YA, DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA DE LOS EDUCADORES DE BÁSICA!!!.

¡¡¡Por un Encuentro de Delegados de educación básica y de las empresas en conflicto, públicas y privadas!!! ¡¡¡Unidad de Acción de los Trabajadores, marchando y organizando un Paro Nacional, con la finalidad de conquistar nuestras contrataciones y contra la crisis económica originada por la burguesía y su gobierno rojo rojito!!!

¡¡¡Solo la clase salva a la clase!!!

corriente SOCIALISTA REVOLUCIONARIA – EL TOPO OBRERO

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375 familias campesinas carentes de tierra para sembrar y vivir, fueron desalojadas esta mañana, del terreno denominado El Rosario Bola de Oro, Colomba, Quetzaltenango.

Líderes campesinos, de esta comunidad, indicaron que alrededor de las 08:00 horas se presentó el juez de paz de Colomba con una orden de desalojo firmada por su homólogo de Coatepéque. El Juzgador iba acompañado de unos 200 elementos de la Policía Nacional Civil y antimotines.

Al llegar la policía, anunció que daba un margen de dos horas para que las familias recogieran sus pertenencias y salieran del terreno, ellos salieron pacíficamente y se ubicaron a la orilla de la calle, y se teme que sean reprimidos nuevamente en la vía pública.

Hasta el momento hay compañeras y compañeros que presentan crisis nerviosa y susto porque las fuerzas de seguridad del gobierno los intimidaron y amenazaron. Responsabilizamos al juez de Coatepeque y a la Secretaría de Asuntos Agrarios de lo que les pueda pasar a las familias que ahora se encuentran en la calle.

Antecedentes

Las campesinas y los campesinos son extrabajadores de la señora Elsi Esser Germán quien falleció hace nueve años, pero la empresa Santa Inés se ha apoderado de éste terreno y su representante legal, Roberto Martínez Soberal, es quién solicitó la orden de desalojo.

Las 375 familias campesinas han solicitado a la Secretaría de Asuntos Agrarios que se investigue la legalidad de esas tierras y que se les adjudique, pero el proceso ha sido lento y hoy se tiene que condenar otro desalojo más.

Ante este nuevo desalojo demandamos:

A la Secretaría de Asuntos Agrarios que agilice la investigación legal de esas tierras y que se inicien los trámites para que pase legalmente, a manos de las familias campesinas.

Al Ministerio Público y a los Jueces que antes de ordenar un desalojo agoten todas las investigaciones y que no se dejen manipular ni corromper por los empresarios y finqueros.

A las organizaciones, nacionales e internacionales, defensores de los Derechos Humanos a que hagan acto de presencia en la comunidad El Rosario Bola de Oro y verifiquen las condiciones y situación de vida de estas familias que hoy luchan por adquirir legalmente un pedazo de tierra.

A las organizaciones, indígenas, campesinas y demás movimientos populares a denunciar públicamente este nuevo desalojo que el gobierno ha llevado a cabo utilizando la fuerza policial en contra de familias campesinas pobres.

A mayor represión…Mayor organización

Comité de Unidad Campesina –CUC-

Miembro de Waqib Kej y la Marcha Indígena Campesina y Popular

Guatemala 24 de julio de 2013

¡Así celebra Laura Chinchilla la anexión del Partido de Nicoya!

·         Brutalidad policial contra niñas, niños y mujeres embarazadas

·         Gobierno sigue criminalizando la protesta social

·         Terrenos baldíos son acaparados por terratenientes que apoyan campaña de Johnny Araya

El pasado lunes 22 de julio de 2013 a las 11:00 a.m. un fuerte contingente de la fuerza pública desalojó a un grupo de familias campesinas que, agrupadas en el Movimiento de la Reforma Agraria (MRA), reclaman, para trabajarlas, las tierras de la finca El Aguacate, en Liberia, Guanacaste.

Buses enteros de policías fuertemente armados, helicópteros y maquinaria pesada fueron utilizados para expulsar a las familias de las tierras que intentan cultivar desde hace varios años. El violento desalojo, que asemejaba más bien una ocupación militar, dejó un saldo de casi ciento cincuenta personas detenidas y decenas de personas heridas y agredidas, entre ellas niñas, niños y mujeres embarazadas; los ranchos y los cultivos fueron destruidos.

Esta es la segunda vez que desalojan a las familias, ya habían sido desalojadas el nueve de enero de 2012; en ese momento las familias tenían más de dos años de ocupar esas tierras de forma pública y pacífica, por lo tanto tenían derecho de posesión y existían varios procesos jurídicos sin resolver: tres Interdictos de Amparo de Posesión en el Juzgado Agrario de Liberia, demanda por usurpación en el Juzgado Penal, Juicio Ordinario en el Juzgado Agrario, Contencioso Administrativo, denuncias en la Defensoría de los Habitantes, en el IDA- INDER, y en la Sala Constitucional. Estos procesos judiciales continúan sin resolverse.

Los terrenos que ocupan las familias de la finca El Aguacate son tierras baldías, pues la finca sólo tiene inscrito en el registro de la propiedad 69 hectáreas, las demás 800 hectáreas son demasías, es decir, acaparamientos ilegales de tierra; de los cuales intentan apropiarse ilegalmente los terratenientes Baltodano Estrada y Víctor Arias -propietario y arrendatario respectivamente de Finca el Aguacate; ambos terratenientes apoyan la campaña de Johnny Araya, quien es entrañable amigo del actual presidente ejecutivo del INDER.

Como los arrestos masivos e indiscriminados del pasado 8 de noviembre, durante una protesta en defensa de la CCSS y los posteriores juicios a las personas que participaron de las manifestaciones; los hechos del pasado lunes forman parte de los intentos del gobierno por criminalizar la protesta social y se suman a la ya larga lista de persecuciones políticas del gobierno de la gente que está impulsando procesos de lucha.

Desde el punto de vista de la justicia social lo que hace el gobierno de Laura Chinchilla no tiene sentido: utilizar los recursos del estado, pagados con los impuestos de todas y todos, para expulsar familias campesinas –cuyo único delito es cultivar la tierra para llevar un plato de comida a la mesa– para favorecer los intereses de terratenientes a los que no les falta ni dinero ni alimentos. Es claro que la lógica del gobierno de Laura Chinchilla es otra, es la lógica del gran capital y de los interese politiqueros que van en detrimento de las grandes mayoría y en beneficio de unos pocos; lo cual ha quedado demostrado ya en los múltiples casos de corrupción como en la trocha fronteriza o en los intentos de concesionar las carreteras nacionales y los puertos en beneficio de grandes transnacionales.

En la junta directiva de la CGT consideramos que tanto los desalojos como los arrestos son ilegales, algunos arrestos se realizaron allanando casas que se ubican a una distancia de 200 metros de la finca e irrumpieron sin ninguna orden judicial. La violación a los derechos de las familias campesinas son intolerables, no solo se violentan los derechos económicos de las familias de buscar su propio bienestar sino que se les agrede y se les arresta injustamente, criminalizando una lucha que es justa. Desde ya responsabilizamos a la presidenta Laura Chinchilla y al ministro de seguridad, Mario Zamora, de las situaciones de violencia que se generen en los próximos días en Guanacaste como consecuencia de la lucha por la tierra.

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