Toda la trama sobre la “segunda vuelta electoral”, y la supuesta “crisis” en la Alianza de gobierno, quedó completamente desvelada con lo actuado por los diputados oficialistas, el jueves 2 de junio del presente, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, cuando rechazaron en primer debate algunas de las tímidas y moderadas reformas propuestas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). El rechazo a esas reformas fue producto de un acuerdo entre los diputados de “Cambio Democrático” y panameñistas, que habían aparentado “diferencias” hasta ese momento. Los diputados del PRD no se presentaron, pero tampoco han condenado el rechazo de esas reformas.

El objetivo antidemocrático de ese rechazo quedó patentado en las palabras del presidente de esa comisión, Hernán Delgado, quien argumentó que quieren evitar “la proliferación de partidos”. Traducido a un lenguaje directo significa que los partidos que controlan el poder político no quieren que surjan otros partidos políticos que les cuestionen y pongan en jaque su monopolio absoluto del poder.

Esas palabras y esos hechos, en el momento en que diversos sectores sociales provenientes del movimiento obrero, popular y de la sociedad civil han expresado su deseo de participar con propuestas nuevas en un sistema político electoral que hasta ahora les ha excluido con medidas discriminatorias del actual Código Electoral; y en un momento en que un gran sector de la ciudadanía ha expresado de diversas maneras su desencanto de los partidos políticos que controlan los Órganos del Estado haciendo sentir un claro deseo de cambio que sienten burlado; deben ser consideradas como un golpe de Estado técnico a la maltrecha democracia panameña.

El juego está claro. Pareciera que la intención del presidente Ricardo Martinelli, sus aliados de gobierno y de la “mal llamada oposición” es que, en 2014, sólo puedan participar tres partidos políticos: Cambio Democrático, el PRD y el Panameñista. El sueño de Martinelli y su camarilla es que la elección se dirima entre el CD y el PRD, forzando a los panameñistas a inclinarse por uno de los dos. En este contexto, la gran maniobra tiene un solo objetivo: las reformas constitucionales y electorales propuestas en 2011 –tres años antes de las elecciones de 2014- se explican en el marco del golpe que se pretende dar para reelegirse.

¿Para qué quieren seguir controlando el monopolio del poder ese grupito de los “mismos políticos de siempre”? Para seguir haciéndose más millonarios gracias al asalto sistemático del erario público y sus cuestionadas contrataciones.

En ese golpe de estado técnico, por el cual se cierra el círculo del poder, son cómplices por acción u omisión las cúpulas de los partidos oligárquicos del Panameñismo y el PRD. Todos ellos son los mismos que vienen detentando el poder desde hace 20 años y que han hecho el Código Electoral más antidemocrático de América Latina.

Todo el sistema electoral panameño está viciado y se basa en la corrupción, que inicia con la compra de firmas y de votos por parte de los partidos oligárquicos, hasta las campañas multimillonarias en las que sólo pueden participar los empresarios o los que trabajan para los grupos económicos dominantes a cambio de contrataciones públicas.

El Partido Alternativa Popular sigue sosteniendo, como lo hizo en las Comisión de Gobierno de la Asamblea, como en la CNRE, la necesidad de democratizar la participación electoral a nuevos partidos políticos y a ciudadanos/as independientes, reduciendo la excesiva cuota de adherentes que se exige. También hay que erradicar la influencia del capital monetario como actor central de la política panameña.

El golpe de Estado técnico que anuncia el gobierno del presidente Martinelli exige del conjunto de la sociedad panameña, tanto de los sectores organizados de los trabajadores comode la sociedad civil , de los gremios profesionales y los movimientos sociales, un rechazo urgente y una movilización popular para que no se imponga este nuevo atentado a las libertades democráticas en Panamá.

Panamá, 6 de junio de 2011.

PARTIDO ALTERNATIVA POPULAR (PAP)

EL MOVIMIENTO SINDICAL GUATEMALTECO

Integrado por:

LA CONFEDERACION DE UNIDAD SINDICAL DE GUATEMALA CUSG, CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES DE GUATEMALA CGTG, Y LA UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DE GUATEMALA UNSITRAGUA

MANIFIESTAN

El lunes 6 de junio de 2011 a las 10 de la mañana, el gobierno Guatemalteco presidido por Álvaro Colom Caballeros, fue invitado a la comisión de Aplicación de normas de la 100ª. Conferencia Internacional de trabajo OIT, para responder por la falta reiterada de aplicación del Convenio 87 de la OIT, ratificado por el Estado de Guatemala.

Gracias al trabajo tesonero de las Organizaciones Sindicales Autónomas Guatemaltecas, CUSG, CGTG Y UNSITRAGUA, quienes hicieron todas las acciones pertinentes para continuar con la denuncia de la realidad que viven las trabajadoras y trabajadores guatemaltecos, quienes son amenazados, intimidados, coaccionados, despedidos de sus puestos de trabajo, perseguidos, amenazados de muerte y vilmente asesinados por defender los Derechos laborales fundamentales, y ante el reconocimiento de la Comisión de Aplicación de Normas e informes de los diversos Órganos de Control de la OIT, sobre la falta de voluntad Política del gobierno para aplicar el pleno respeto a los derechos laborales fundamentales y la libertad sindical; pero además ante la ausencia de una política de Estado para la aplicación de los derechos humanos Laborales y Sindicales.

Luego de haber sido escuchadas y analizadas las intervenciones de los delegados gubernamentales, laborales y empresariales, tanto guatemaltecos como de otros países del mundo que intervinieron en el caso, la Comisión de Aplicación de Normas de la 100ª. Conferencia de la OIT, emitió las conclusiones finales donde consta la realidad guatemalteca, Y ADOPTO QUE LAS CONCLUCIONES SEAN INCLUIDAS EN UN PARRAFO ESPECIAL.

Manifestamos una vez más nuestro agradecimiento a los delegados de gobiernos, y trabajadores de los diversos países que se solidarizaron con los trabajadores guatemaltecos y guatemaltecas.

                                                                                   Ginebra, 7 de junio 2011

UNIÓN LATINOAMERICANA  DE MUJERES POR EL DERECHO A DEFENDER NUESTROS DERECHOS -ULAM-GUATEMALA, LAMENTA PROFUNDAMENTE EL COBARDE ASESINATO DE LA COMPAÑERA MARÍA MARGARITA CHE CHUB  EN EL VALLE DEL POLOCHIC 

El día 4 de junio, a eso de las 11:55 de la noche fue asesinada  a balazos la compañera María Margarita Chub Ché, lideresa de la comunidad de Parana, municipio de Panzos, por hombres fuertemente armados que llegaron en una moto y le atacaron en el patio de la casa en donde se encontraba y en presencia de sus dos niños pequeños;  hecho de sangre que se suma a todos los hechos de violencia que han continuado desde que el gobierno del Presidente Alvaro Colom Caballeros a petición de los empresarios del Ingenio Chabil Utzaj S.A. ordenara  y ejecutara los desalojos en contra de 14 comunidades del Valle del Polochic desde el 15 de marzo  y que hasta la fecha siguen sufriendo el ataque de las fuerzas de seguridad privada y sicarios de esta empresa. 

De igual forma fueron asesinados  Antonio Beb Ac y  Oscar Reyes de las Comunidades de Miralvalle y de Canlun de este municipio, han dejado a mas de una decena de personas  -hombres y mujeres-  heridas de bala y por el impacto de bombas lacrimógenas, además de dejar a más de 800 familias en la calle, sin tierra, sin alimentos, sin atención médica, sin trabajo. 

Los desalojos y el ataque permanente contra las comunidades ha afectado seriamente la vida de las mujeres, quienes experimentan graves tragedias humanas,  en las cuales hasta el momento el gobierno ni siquiera  se ha dignado a asumir su responsabilidad de atender y mitigar la situación de hambre en que dejo a tanta gente, ni atención de  salud a enfermos-as y heridos-as, mucho menos a hacer justicia, perseguir y enjuiciar a los responsables, que se conocen públicamente. 

Responsabilizamos de estos hechos de violencia, a la empresa Chabil Utzaj S.A, a las familias de “origen Alemán” Widman, a la oligarquía terrateniente de la región, quienes  acosta de la vida de miles de campesinos se han apoderado de las tierras y han dejado en la calle a tantas familias Q´qchies; al Grupo Pellas nicaragüense y al BCEIE por su irresponsabilidad de intervenir y financiar estos proyectos; al gobierno de Guatemala, a las autoridades municipales por permitir la presencia de fuerzas de seguridad extrajudiciales y que frente a sus narices sicarios y guardias de seguridad privada se atrevan cobardemente  a  asesinar a mujeres campesinas indefensas, así como lo han hecho hoy con  la compañera MARIA MARGARITA CHE CHUB y  por todos los hechos de violencia y ataques que continúan contra las comunidades del Valle del Polochic. 

ULAM-Guatemala Condena y Repudia el asesinato de María Margarita Chub Ché que enluta a todas las mujeres de Guatemala. Nos solidarizamos y manifestamos nuestro más doloroso pésame a su familia, a su comunidad y a todas las mujeres que por mantener la justa lucha de reivindicar el derecho a la tierra están siendo asesinadas y afectadas en su integridad personal por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas de seguridad  privada y sicarios de empresarios que con el afán de apoderarse de los recursos naturales no perdonan el derecho a la vida.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones de Mujeres nacionales e internacionales, para que se sumen al repudio de este asesinato y  para  que unifiquemos nuestras luchas en defensa de los derechos de las mujeres y en contra de la represión y criminalización contra ellas. 

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, accionar de inmediato ante el Gobierno  guatemalteco para que detenga ya estas graves violaciones en contra de la vida y la integridad física de mujeres y hombres campesinos e incida ante la CICIG su inmediata intervención en la investigación de estos hechos.  

Al Gobierno de Guatemala,  BASTA YA DE TANTO DESPOJO, DESALOJO, ASESINATO Y AGRESIÓN, CONTRA LAS MUJERES, BASTA YA DE PROTEGER LOS INTERESES, DE GRANDES EMPRESAS NACIONALES Y TRASNACIONALES, DE LA OLIGARQUÍA, TERRATENIENTES, FINQUEROS Y MINEROS, que solo muerte y miseria están dejando en Guatemala.  

La Sangre Derramada de María Margarita hará  fructificar nuestra Lucha  y Resistencia en Defensa del Derecho a la Vida y la Madre Tierra. 

Guatemala, 5 de junio año 2011. 

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Universidad de El Salvador, comprometidos siempre con la defensa de los intereses populares y de la Comunidad Universitaria, y ante la aprobación por el presidente Mauricio Funes del Decreto 734, que impone el consenso a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CONSIDERA LO SIGUIENTE:

1. El decreto 734 constituye un golpe de estado jurídico, ya que vulnera el estado de Derecho y es una peligrosa afrenta al proceso democrático iniciado a partir de los Acuerdos de paz de 1992, luego de una guerra que costó un inmenso sacrificio de nuestro pueblo.

2. El decreto 734 tiene como objetivo detener el proceso de rescate de la institucionalidad iniciado por 4 magistrados a los que se pretende silenciar y evitar así que se resuelva sobre casos emblemáticos como el de la Dolarización, TLC, Tarifas telefónicas, Ley de Amnistía, Elección de diputados por cocientes y residuos, etc.

3. El decreto 734 es un adefesio jurídico ya que no pueden existir leyes transitorias o con dedicatoria a determinado sector. Las leyes son permanentes y generales. También su mismo proceso de formación está viciado.

4. La imposición del consenso rompe con la tradición universal de los organismos colegiados que funcionan mediante la mayoría. Consideramos doctrinariamente que la esencia de la democracia es precisamente el disenso y no el consenso.

5. Nos solidarizamos con la actitud responsable, patriota y valiente de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, que la derecha mediante este decreto pretende silenciar.

6.Lamentamos que el presidente Funes que llegó a ese puesto con el voto nuestro hacia el FMLN, hoy se alinea claramente con los partidos de la derecha ARENA, GANA, PCN y PDC; para este zarpazo contra la institucionalidad democrática del país.

Por estas razones, EXHORTAMOS:

1.     Al pueblo salvadoreño y Comunidad Universitaria a expresar su solidaridad con los 4 magistrados de la sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como a repudiar este nefasto decreto 734.

2.     Al presidente Funes y Asamblea Legislativa a respetar el sistema legal imperante en el país que contempla como uno de sus principios básicos la independencia de poderes.

3.     Al Rector y Autoridades Universitarias a pronunciarse sobre esta grave violación al orden institucional de nuestra patria.

Ciudad Universitaria, 6 de junio de 2011