El Socialista No.76, primera quincena de Agosto de 1987

En ocasión del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II, conocidos originalmente como Plan Arias, --porque su mentor fue Oscar Arias-- reproducimos este  articulo publicado en El Socialista, periódico quincenal del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Nicaragua, fundado en 1984 y disuelto en abril del año 2009 para formar parte, en fusión con otros grupos y partidos de Centroamérica, del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA).

Aunque el PSOCA no existía en ese momento, reivindicamos la tradición revolucionaria, antimperialista y socialista, de muchos de los grupos que dieron origen al actual PSOCA, porque todos hemos estados involucrado de una u otra manera en la lucha por la reunificación socialista de la patria Centroamericana.

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Por Orson Mojica

Centroamérica fue en la década de los años 80 del siglo pasado, una región convulsionada por un poderoso proceso revolucionario que estremeció los cimientos de la dominación imperialista.

Después de 20 años de derrotas, retrocesos del movimiento de masas y de aplicación de ajustes neoliberales, Centroamérica vuelve a ser noticia, pero esta vez se destacada como la región mas violenta del mundo, zona de transito de los carteles del narcotráfico y donde existe la tasa mas alta de criminalidad del mundo: 85 (Honduras), 65 (El Salvador) y 41 (Guatemala)  homicidios por cada 100.000 habitantes.

Por Julia Evelyn Martínez

Profesora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador.

Una nueva ola de privatizaciones se acerca a Centroamérica y amenaza con profundizar y ampliar el proceso de transnacionalización de las economías que se inició en los años noventa. Esta nueva forma de privatización se encubre bajo el disfraz de las concesiones y se justifica oficialmente como el signo de una nueva era de la cooperación Norte-Sur, basada en las Alianzas Público Privadas y en los acuerdos para el desarrollo, que promueven los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea así como por las agencias gubernamentales de atracción de la Inversión Extranjera Directa. Es el momento de hacer un balance de los resultados de más dos décadas de control transnacional sobre los recursos y de la vida de las personas de la región para actualizar y/o renovar la estrategia popular de resistencia frente a esta amenaza.

A finales de la década de los ochenta el modelo de acumulación de capital fordista keynesiano entró en crisis, y abrió paso al surgimiento de una fase superior del desarrollo capitalista denominado capitalismo global que constituyó un auténtico “cambio de época” (Robinson, 2001).

Esta nueva fase del desarrollo capitalista se caracterizó fundamentalmente por la globalización del proceso de circulación del capital mediante la fragmentación geográfica de los distintos eslabones que componen las cadenas de producción, circulación y financiación involucradas en este proceso, bajo el control de las empresas transnacionales (ETN), que han pasado a conformar una clase burguesa transnacional, integrada tanto por ETN del Norte como ETN del Sur.

La incorporación de Centroamérica a esta nueva división internacional del trabajo se inició alrededor de 1982, impulsada por el estallido de la crisis de la deuda de México, y se prolongó hasta finales de los noventa bajo el impulso de los programas de reformas económicas en el marco de los Programas de Ajuste Estructural del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), y bajo la influencia de una nueva ideología económica: el neoliberalismo.

En Centroamérica, el decálogo del Consenso de Washington (Willamson, 1993) se transformó en la década de los noventa en la fuente de inspiración para el diseño de políticas económicas. Uno tras otro, los gobiernos fueron adoptando las privatizaciones de empresas públicas, la apertura externa, los incentivos a la Inversión Extranjera Directa (IED), la descentralización del Estado y las reformas fiscales regresivas, como el nuevo paradigma que conduce al desarrollo.

La adopción de estas políticas neoliberales tuvo como consecuencia un cambio en los objetivos, instrumentos e institucionalidad de la integración económica centroamericana, que se resume en el abandono del enfoque desarrollista y en la adopción del enfoque del regionalismo abierto. Este nuevo enfoque implicó concebir la integración de Centroamérica ya no en función de la cooperación para la integración de los aparatos productivos centroamericanos sino, más bien, en función de la transnacionalización de las economías nacionales y de la incorporación de estas economías a las cadenas globales de la valorización del capital.

Las economías centroamericanos comenzaron así una carrera por la atracción de la IED mediante una guerra de incentivos fiscales a las ETN; el desarrollo de “ventajas competitivas territoriales” para promover la incorporación de las economía locales a las cadenas de la valorización del capital global; la flexibilización de las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo, o las reformar fiscales regresivas, entre muchas otras medidas.

Estas reformas económicas demandaron de reformas en los Estados nacionales para convertirlos en Estados transnacionales, es decir, en función del éxito del nuevo modelo de acumulación de capital transnacional.

Lo anterior supuso un cambio en el concepto de desarrollo y de las estrategias de desarrollo nacional. Éste dejó de concebirse como proceso de profundas transformaciones estructurales y se convirtió en sinónimo de reformas económicas para promover el binomio “comercio + inversión”.

El sujeto político que asumió como suyo el proyecto de la reforma neoliberal fue la elite transnacional centroamericana, surgida de las entrañas de las viejas oligarquías agroexportadoras y de los grupos ligados al modelo de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones y al marco del Tratado General de Integración Centroamericana, suscrito en 1960.

La expresión partidaria de este sujeto político fueron los partidos políticos de “nuevas derechas” o de “nuevas izquierdas” que comenzaron a gobernar en la década de los noventa bajo la bandera de las reformas neoliberales, y, a partir del siglo XXI, con el lema de la democracia popular o democracia inclusiva y que asumieron en la práctica los nuevos discursos económicos elaborados por los centros del pensamiento único neoliberal de la región (FUSADES, INCAE, FUNDESA, etc.).

El rasgo principal de esta nueva clase dominante centroamericana es su disponibilidad de ceder y/o de compartir el control de los sectores claves de la valorización y de la acumulación del capital con las empresas transnacionales; es decir, su disposición a formar parte de la burguesía transnacional.

Los resultados de 20 años de políticas neoliberales

Transcurridas más de dos décadas de políticas neoliberales y de una estrategia de desarrollo transnacional, en la región centroamericana se ha consolidado una dinámica económica que se fundamenta en la desigualdad y la exclusión, y que se reproduce de manera ampliada a nivel regional, nacional y local, como resultado de cinco grandes tendencias:

1. Economías transnacionalizadas: Se ha consolidado el control de las ETN extrarregionales de los sectores económicamente estratégicos de la región: Unión Fenosa, AES, Iberdrola (energía); Millicom, América Móvil y Telefónica (comunicaciones); Holcim (cemento); Monsanto y Pioner (insumos agrícolas), o CITI, HSBC, Santander, BBVA (banca), entre otras.

Respecto al control transnacional del sector financiero, es curioso observar la paradoja que se presenta actualmente en los organismos de integración económica centroamericana cuando reconocen que la transnacionalización de la banca comercial no está contribuyendo a los proyectos nacionales o regionales de desarrollo, mientras que estos mismos organismos continúan insistiendo en la necesidad de promover más agresivamente la IED que está controlada en un 75 por ciento por las ETN.

Esta transnacionalización también ha estado a cargo de los grupos económicos centroamericanos que han comenzado a operar con una racionalidad transnacional. Empíricamente se puede constatar la existencia de 135 grupos empresariales en la región que agrupan a casi 2.500 empresas y franquicias, que controlan sectores de baja capacidad de innovación (comercio, turismo, construcción, etc.) gracias a alianzas con ETN extrarregionales, y que utilizaron para su expansión regional las ganancias extraordinarias que obtuvieron como resultado de la primera oleada de reformas neoliberales de los años noventa. Son estos grupos los que definen el rumbo de la integración real de Centroamérica.

2. Más comercio intrarregional con menos integración económica: Los países de Centroamérica continúan con la tendencia de utilizar las negociaciones comerciales en bloque exclusivamente como un mecanismo para crear economías de escala en las negociaciones bilaterales con economías más grandes, como lo demostró con creces la negociación del CAFTA. Se trata de una competencia por ofrecer entornos institucionales menos exigentes para la IED: menos exigentes con el medio ambiente (recursos naturales sobreexplotables; tierras, agua y ecosistemas enajenables); población subcontratable; estatización de los costos de infraestructura de apoyo a las inversiones privadas; exenciones fiscales; concesiones, etc.

3. Debilitamiento de la capacidad redistributiva de la política fiscal: Las reformas fiscales neoliberales, basadas en el aumento de los impuestos indirectos y en el aumento del gasto fiscal para financiar las exenciones fiscales a la IED, y otros incentivos a las empresas exportadoras, han debilitado la capacidad fiscal de los gobiernos de la región y consiguientemente, han (prácticamente) eliminado el potencial redistributivo de la política fiscal.

Pero el potencial redistributivo de la política fiscal también ha sido reducido como consecuencia de las reformas neoliberales de la década de los ochenta que privilegiaron el aumento de los ingresos tributarios por la vía de los impuestos indirectos y optaron por incentivar IED por la vía de la eliminación y/o reducción de los impuestos directos.

4. Profundización de las tendencias estructurales a la desigualdad y a la exclusión: La desigualdad y la exclusión en Centroamérica no son fenómenos surgidos con las políticas neoliberales en los noventa. Sus raíces se encuentran en la configuración estructural de las formaciones económicas sociales capitalistas a finales del siglo XIX. Sin embargo, las reformas neoliberales y la transnacionalización de los aparatos productivos han profundizado y ampliado estas tendencias, al mismo tiempo que han restringido la capacidad de los Estados de reducir la desigualdad y la exclusión por la vía de la ciudadanía (gasto social, seguridad social).

La apertura externa y el control transnacional de la IED ha desmantelado la industria nacional y ha precarizado los empleos, mediante el aumento del llamado sector informal en casi todos los países del istmo y la reducción del empleo en la manufactura.

Esta tendencia en aumento del subempleo explica en gran medida el hecho que en Centroamérica el 72,8 por ciento de la población no tiene cobertura de seguridad social y el 24,5 por ciento no tiene ni siquiera cobertura de servicios de salud.

Frente a la incapacidad de los aparatos productivos de generar empleos decentes, y la parálisis de la capacidad redistributiva de los Estados, la exclusión social en Centroamérica se vuelve crítica: de cada 100 hogares en Centroamérica, 37 están en situación de exclusión, siendo el porcentaje superior en el área rural en donde 46 de cada 100 hogares están en esta situación.

Esto está incidiendo en la profunda crisis de cohesión social y en la pérdida de legitimidad en los sistemas políticos, que se expresan tanto en el aumento en los índices de inseguridad ciudadana como en la tendencia creciente hacia la militarización de la seguridad pública y de los mismos Estados.

5. Políticas económicas transnacionales: Los Estados centroamericanos progresivamente han perdido su capacidad de hacer políticas autónomas para el desarrollo nacional y/o al margen de los condicionamientos del BM, del FMI, del BID o de la OMC.

Las políticas quedan así fragmentadas entre lo que se necesita hacer para lograr los objetivos del desarrollo nacional y lo que se tiene que hacer para cumplir con las exigencias de los organismos supranacionales que gobiernan la economía global.

Los desafíos: La necesidad de rediseñar la estrategia de desarrollo en Centroamérica

Centroamérica necesita revertir los efectos negativos que sobre sus posibilidades de desarrollo humano han tenido más de dos décadas de neoliberalismo y de control transnacional de sus recursos. Es urgente avanzar hacia una nueva estrategia de desarrollo fundamentada en tres ejes:

 a) Aparatos productivos integrados intra e inter sectorialmente, con capacidad de generar dinámicas endógenas, sostenibles y populares de producción, distribución y consumo.

 b) Replanteamiento de la integración económica de Centroamérica en función del desarrollo nacional y regional (y no de la transnacionalización), con menos discursos y con más acciones de convergencia de políticas económicas y sociales.

 c) Recuperación de la capacidad de los Estados de hacer políticas de desarrollo nacional y regional y de redistribución del ingreso tanto primaria como secundaria.

¿Es posible una nueva estrategia de desarrollo que tenga al menos estas características? La posibilidad dependerá del surgimiento de un nuevo sujeto político que pueda asumir como propio este proyecto de desarrollo y que tenga capacidad de construir relaciones populares de poder para contrarrestar el poder de las alianzas entre elites regionales y corporaciones transnacionales que por hoy controlan a los Estados centroamericanos.

Por Abelardo Maturana

La reciente visita del jefe del comando sur de las fuerzas armadas estadounidenses a la región centroamericana, Douglas Fraser, reafirma el control que ese país tiene por medio de su política de lucha antinarcóticos para la región. A lo cual tanto gobiernos “progresistas como derechistas” se han sumado.   Estados Unidos asesora y entrega equipos a las fuerzas de seguridad de la región, México y Colombia, por medio del Plan Mérida, la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica (Carsi) por sus siglas en inglés y el Plan Patriota  para Colombia; piezas claves en defensa de los intereses geoestratégicos y económicos de ese país, para así controlar su patio trasero. Tales iniciativas que amarran la presencia de efectivos militares como la base de Palmerola en Honduras y el centro de control de monitoreo en Comalapa El Salvador, los ejercicios conjuntos militares, la presencia de agencias especializadas como la policía antinarcóticos de ese país DEA, la Sección de Asuntos Antinarcóticos (NAS) de la marina del ejercito de ese país, el servicio de guarda costas con presencia de efectivos estacionados en Guatemala y Panamá, son piezas fundamental de tal red de control.

En Guatemala

En Guatemala hace pocas semanas transcendió que agentes de la DEA operan libremente sin ninguna restricción para “cooperar con las autoridades guatemaltecas” en lo que se refiere a la lucha contra el narco,  hecho aceptado sin tapujos por el ministro de gobernación Carlos Menocal. Además las extradiciones de narcos y de políticos como el ex presidente Portillo nos evidencia cómo estamos sujetos a estas políticas imperialistas. Pues el fondo de estas políticas no es la lucha contra el narco sino solamente la  regulación de los precios usando  las agencias especializadas antinarcóticos, ya que al final este negocio existe gracias a las grandes ganancias valorizadas no solo en la venta al por menor sino en las especulaciones de los grandes bancos del imperio.

Fraser por su parte se reunió con el presidente Colom y alabó los “éxitos en el combate al narco” en lo que se refiere a capturas de narcos y decomiso de cargamentos. Para posteriormente entrevistarse con el presidente electo, Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Baldetti y el próximo ministro de gobernación, el ex militar Mauricio López Bonilla. En esa reunión Pérez y su círculo cercano se comprometieron a involucrar a los Kaibiles y paracaidistas, tropas especializadas en técnicas contrainsurgentes del ejército guatemalteco, acusados de la operativización del terrorismo de estado en la pasada guerra sucia contra el movimiento popular.

Estados Unidos se comprometió a apoyar la instalación del sistema de radares C-41, que se pretende adquirir con otro millonario préstamo. Este sistema incluirá tres radares primarios, seis aeronaves, un centro de operaciones y la interconexión con sistemas similares en México y Colombia (La Prensa Libre 18/11/11). Esta pieza arma el rompecabezas de la red de control que junto a sus instalaciones en la región y la presencia militar organiza la estrategia para la región.   Posteriormente Fraser viajo a Honduras reuniéndose con autoridades del gobierno de Lobo continuador del golpe de estado y de la represión contra el movimiento popular. Este país junto a Guatemala y El Salvador son eslabones claves de esta armazón de control geopolítico.

Nos parece ridículo que ciertos individuos de izquierda digan que si el presidente hubiera sido el otro contendiente de la pasada segunda vuelta electoral, éste no hubiera sido parte del esquema de controla geopolítico gringo, ignorando que uno de sus ofrecimientos era crear una guardia nacional para combatir el crimen y al igual que Pérez Molina se pronunció  en contra de legalizar las drogas.

En Honduras

Fraser tambien se reunió en Honduras, el 17 de Noviembre, con el presidente Porfirio Lobo y con el alto mando militar, para discutir y coordinar las políticas contra el crimen organizado. En Honduras, los Estados Unidos mantienen una fuerte pero discreta presencia militar en la base de Palmerola, y  en el Centro de Adiestramiento para Operaciones de Mantenimiento de Paz en Támara, al norte de Tegucigalpa, además del asesoramiento permanente a las fuerzas de seguridad.

El  mal esta en los países consumidores

En  el fondo, como denunciaran organizaciones populares y de derechos humanos de México, la estrategia contra el narco que Estados Unidos impulsó en contubernio con el gobierno de derecha de Felipe Calderón, arrastró al ejército mexicano a una guerra, que en realidad es contra el pueblo,  para atacar los niveles de organización y conciencia que el pueblo mexicano alcanzó tras el fraude contra el candidato de izquierda en las pasadas elecciones presidenciales de ese país.

Ante  el peligro de utilizar efectivos militares contra el narco como pretexto para desarticular la protesta y resistencia de las clases trabajadoras, es necesaria cuanto antes la unidad del movimiento popular. En el caso de las acciones contra el narco es fundamental que se legalice el consumo de drogas y que el Estado administre ese consumo, pero para eso es fundamental en la potencia del norte que la clase obrera tome el poder político y económico.