Por Edgar Miguel Kan

En mil novecientos noventa y ocho, cincuenta familias se asentaron en el vórtice nororiente del país sobre la sierra Lacandón en La Libertad, Petén, denominando a la comunidad Nueva Esperanza, única comunidad cercana a diversos sitios arqueológicos, la cual poseía un puesto de salud y una escuela realizados mediante esfuerzos de autogestión. Sin embargo el día martes veintitrés de agosto del año en curso, las noventa familias que hasta hace unos días habitaban la comunidad fueron interrumpidos en su cotidianeidad por elementos fuertemente armados del Ejército, Policía Nacional Civil (PNC), así como miembros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), de la Organización No Gubernamental Defensores de la Naturaleza (ONG-DN) y el Juez de Paz del municipio de la Libertad, según afirmó la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

El Juez de Paz leyó y notificó a las y los comunitarios que tenían cuarenta y cinco minutos para retirarse de la comunidad pues estaban siendo desalojados por usurpación agravada en un área protegida, y por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. Los elementos del Ejército y de la PNC destrozaron de manera violenta las viviendas, cosechas, la escuela y el centro de salud, mediante el saqueo y la quema de éstas, generando una situación de pánico en la comunidad. Los comunitarios tuvieron que desplazarse sobre la línea fronteriza al  Ejido Nuevo Progreso, municipio de Tenosique, en el estado de Tabasco, México, informó Julio Pérez vocero de la Comunidad Nueva Esperanza.

Sin embargo ya en México las y los comunitarios están siendo amenazados de ser víctimas de deportación por el Estado mexicano, siendo criminalizados a raíz del violento desalojo que la comunidad ha vivido e incluso estigmatizados como colaboradores del narco, sin saber a dónde dirigirse. “Los comunitarios se encuentran con incertidumbre y consternación, pues están en un país ajeno y son víctimas de acusaciones infundadas de colaboración con el narcotráfico” por lo que al Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) exige que se habilite un albergue temporal en Guatemala para ellos y se aclare dicha situación, declaró Rubén Mazariegos en declaraciones a Radio Sonora el treinta de agosto.

La situación antes descrita, junto con los violentos desalojos en el Valle del Polochic, quienes aún no han recibido respuesta a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y siguen siendo víctimas del abuso ya reportado y denunciado por este medio, así como los desalojos en Retalhuleu, e Izabal,  es la evidente agudización de la conflictividad agraria que vive el país, la cual se remonta a la deuda histórica de los grupos hegemónicos en los intereses de explotación masiva de la tierra. Éstos, bajo posturas colonialistas/mercantilistas aún aspiran a vivir en un Estado Feudal contradiciendo así incluso a la revolución burguesa capitalista, ya que inmersos en el control neoliberal reaccionan en contra de las y los pobladores para instaurar el control del gran capital.

Sin embargo el Estado burgués es el cómplice perfecto para tal política reaccionaria, ya que posee evidentes políticas criminalizadoras hacia las comunidades quienes viven al margen del desarrollo capitalista, situación clara en los desalojos, que son comunidades que no poseen tierra, no para agenciarse de excedente de capital sino para la autosubsistencia, mediante cultivos de granos básicos, siendo en consecuencia una contradicción más del sistema neoliberal.

Un ejemplo más de esta política reaccionaria allende de la tipificación del delito de usurpación agravada,  es el interés de instaurar proyectos de explotación masiva incluso en esas áreas protegidas, como lo son los proyectos de explotación petrolera sobre la Laguna del Tigre, las hidroeléctricas bajo el plan de interconexión eléctrica de Centro América,  el proyecto Cuatro Balam, entre otrosl Presidente de Guatemala ha mantenido una política clara de criminalización tratando de mezclar a comunitarios sin tierra con el narco “Colom dijo que se debe liberar la región de los invasores y del narcotráfico, ubicado especialmente en la zona de la Laguna del Tigre”, diario el periódico 17 de julio de 2008.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), denuncia las políticas reaccionarias del Estado de Guatemala como consecuencia del servilismo al sistema neoliberal. Exige que se cumplan los derechos humanos a la vida, a la salud, a la alimentación y vivienda de las comunidades criminalizadas. A las Judicaturas que se abstengan de emitir resoluciones que atentan con la subsistencia de una parte representativa de la población, que el Ministerio Público deje de solicitar los desalojos y en la resoluciones ya emitidas vele por que se garanticen los derechos antes mencionados, que el Ministerio de Gobernación y el Ejército cesen de realizar esas prácticas arraigadas que fomentan el pánico y miedo en la población.

Desde el PSOCA, nos solidarizamos con los movimientos sociales en apoyo a las comunidades criminalizadas y resistimos junto con ellos denunciando los hechos acaecidos e informando a los y las ciudadanas, de Centro América y del mundo.

Por Bac Cuq´

En la última quincena del mes de agosto el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y los trabajadores del magisterio efectuaron una serie de alianzas coyunturales, para luchar por un fin en común, como es la exigencia por parte de estos hacia el estado guatemalteco, para que se realice definitivamente la ampliación presupuestaria para las cartera de Salud y Educación Publicas.

La ampliación presupuestaria se deberá realizar a partir de la aprobación de la Ley Antievasión II y la aprobación de una serie de préstamos que el estado debe realizar para amortiguar la caída de los ingresos fiscales que fue prevista en el año 2009.

El encargado de la aprobación y la ampliación del presupuesto es el Organismo Legislativo, el cual ha venido dilatando el proceso de la aprobación de dicho presupuesto desde hace meses, aludiendo a la falta de recursos económicos del Ministerio de Finanzas Publicas, lo que ha sido evidente en los hospitales, donde los recursos ya se han agotado y la población que ha necesitado de estos servicios se encuentra afectada debido a la  zozobra en que se encuentra la gran mayoría de hospitales públicos del país. Similar es el caso que acontece  a los maestros, a los que se les ha venido retrasando su pago y el incumplimiento del pacto colectivo, lo que les ha generado problemas de carácter económico.

Como medida de presión y en vista que el bienestar de la población se encuentra en riesgo, un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) decidió unirse a la lucha de los trabajadores estatales. El grupo Estudiantes Por la Autonomía (EPA), apoyó el viernes 26 de agosto con la toma de la  Avenida Petapa, que está situada al sur de la ciudad en las cercanías de dicha universidad, atravesando cuatro buses del transporte público en cuatro de los carriles de esta importante avenida,  el mismo día que salubristas y maestros bloquearon importantes calles y avenidas de la ciudad guatemalteca.

En dicha toma participaron miembros activos del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) solidarizándose con las luchas populares y brindando su incondicional apoyo para la resolución de los problemas sociales.

Las voceras del grupo Estudiantes Por la Autonomía (EPA) manifestaron el apoyo de los y las estudiantes a favor de la población guatemalteca en cuanto al tema de la salud y educación; y de la importancia de la aprobación y ampliación presupuestaria, recalcando que No solo se debe dar la ampliación presupuestaria, también se debe de aplicar candados legales y obligar a la fiscalización de los fondos en caso se diera la ampliación del presupuesto, de lo contrario quedaría abierta una puerta donde podrían meter sus manos los administradores corruptos del estado.

Con la convicción de que la lucha que están llevando salubristas, maestros y estudiantes, el grupo Estudiantes Por la Autonomía (EPA) refirieron algunos artículos que legitiman las luchas de los pueblos latinoamericanos por conseguir un mundo más humano, y que además ya hemos publicado con anterioridad en donde afirmamos que “el accionar del movimiento sindical  de salud, por la consigna de un derecho humano a la salud, implica que el estado atienda su obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud”.

Dicho por la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas: “el derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo mas saludablemente posible Esas condiciones comprenden las disponibilidades garantizadas de servicios de  salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita a estar sano”.

El PSOCA sugiere no solo la aprobación, la fiscalización y los candados legales al presupuesto de estas carteras, sino también la administración del gasto por parte de los trabajadores mismos de estos ministerios, tomando en cuenta que ellos son los que conocen la forma exacta en la que se debe de invertir el presupuesto de los ciudadanos guatemaltecos, sabiendo en dónde se debe priorizar la inversión en salud y educación. Además, esto evitará no solo que los fondos del estado caigan en manos de burócratas corruptos, sino también la desviación de los fondos en campañas partidistas o programas que solo aumentarán las ganancias de empresas privadas que solo benefician a unos cuantos.

Por Bac Cuq´

Esta vez los compañeros trabajadores de la salud se han levantado en pie de lucha con medidas de hecho, presionando al gobierno y recordándole que están allí y que no son unos cuantos, que tienen la capacidad de movilizar gente y que no darán un paso atrás hasta que sus peticiones sean aceptadas.

Tras la reducción del presupuesto nacional en 300 millones de quetzales  al sector de la salud en el año 2011, los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), exigen al gobierno del Presidente Álvaro Colom y al Congreso de la República, que se amplíe el presupuesto  que está designado al sector de la salud pública.

Según Dora Regina Ruano, Secretaria de organización del Sindicato de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), la falta de voluntad política del Presidente Álvaro Colom, como del ministro de salud Ludwig Ovalle, los ha llevado a la toma de acciones de medidas de hecho, las cuales empezaron con un plantón frente al Ministerio de Salud Pública y  Asistencia Social (MSPAS), el cual lleva ya más de diez días y se prolongará hasta que el Congreso resuelva a su favor en la asignación presupuestaria al sector de la Salud Pública.

El 16 de agosto del año en curso los manifestantes, apoyados por el Frente Nacional de Lucha (FNL) decidieron bloquear las vías de circulación de automóviles, en el boulevard Liberación, en las cercanías del Ministerio de  Salud en la Ciudad de Guatemala, donde minutos más tarde fueron desalojados de manera violenta por parte de un pelotón antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), el cual disparó bombas de gas lacrimógeno a los manifestantes, provocando la dispersión y caos momentáneo entre los sindicalistas.

“Los más afectados durante el desalojo fueron los pacientes de los centros de salud cercanos, ya que el humo de las bombas lacrimógenas que dispararon los antimotines, les causó problemas respiratorios”  Expresó la compañera Ruano. Además rechazó las declaraciones realizadas por el Ministro Ovalle.

“Nos acusa de que las acciones que hemos ejecutado como Sindicato de Salud, son acciones políticas que están siendo patrocinadas por partidos políticos de oposición, lo cual no es cierto y aprovechamos este espacio para desmentirlo; además, dice que no somos trabajadores del sector público de la salud, que somos personas contratadas para desestabilizar y desprestigiar  al gobierno de la UNE, lo cual es completamente falso”. La política que los trabajadores del sector de la salud promueven, es una política donde todos y cada uno de los guatemaltecos, tengan acceso a la salud y se respete la vida de las personas con dignidad, por lo que no nos podrán callar hasta que consigamos lo que nos propusimos con esta lucha, expresó.

Afirma la sindicalista que todo es una estrategia para desprestigiar al movimiento sindical y que pierda credibilidad ante la población, mediante las falsas declaraciones que dio el ministro de salud en un programa radial y televisado del Presidente Álvaro Colom. Ovalle quiere hacer creer a la población que todo esto se trata de un juego político y que ellos no tienen nada que ver con lo que los sindicalistas denuncian, en especial el mal uso que se da a los fondos estatales, específicamente a los del sector de la salud.

Mientras tanto la postura del Ministro de Salud ha sido negativa todo el tiempo, amenaza con mandar a desalojar a los manifestantes y también que los destituirá de sus cargos si no abandonan las acciones que están realizando, lo cual es contradictorio si no son trabajadores del sector salud.

Por parte del gobierno no se han realizado acciones para tratar de darle una solución a las peticiones que el STSG ha planteado respecto a la ampliación presupuestaria para este sector.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) valora las acciones tomadas en pie de lucha contra las políticas capitalistas y neoliberales, que lo único que pretenden es desprestigiar las luchas populares que día a día se llevan a cabo en el mundo y les apoya diciendo “ni un paso atrás compañeros”. No permitamos que se siga desprestigiando las luchas populares no cedamos ni un espacio, sigamos en la lucha contra la privatización, que es el trasfondo que esas políticas traen implícito, retirando cada vez más fondos del estado, con la finalidad de que las instituciones estatales colapsen y así darle paso a la creación de más instituciones privadas, patrocinadas con los impuestos que los ciudadanos pagamos a diario.

Finalmente, hacemos un llamado a la unidad en la acción de todos los trabajadores estatales, en especial los maestros y los del sector salud contra el enemigo común, el patrón-Estado y contra las políticas neo liberales de debilitamiento del gasto público.

Por Armando Tezucún

     En contra de lo que muchos esperaban, el 8 de agosto los siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad ratificaron la negativa del Tribunal Supremo Electoral a la solicitud de inscripción de Sandra Torres y Roberto Díaz Durán como binomio presidencial de la coalición oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (GANA). Ni la movilización de miles de seguidores, ni los supuestos vínculos de  algunos de los magistrados con Torres o con su ex esposo el presidente Álvaro Colom, fueron suficientes para lograr un fallo favorable a la ex primera dama. Esta era la última instancia a la que podía recurrir, por lo que es definitiva su marginación del proceso electoral.

     Con este fallo quedó fuera de la contienda una candidatura que no era del agrado de la oligarquía tradicional y los grupos económicos de poder. El apoyo de grupos empresariales emergentes, sin acceso previo al poder político y que se han beneficiado de los negocios con el Estado; el esfuerzo por implementar ciertas políticas fiscales que buscan mejorar los ingresos estatales para invertir en programas sociales; la utilización de un discurso retórico basado en la dicotomía ricos/pobres; la movilización política de la población pobre que se ha beneficiado de los programas asistenciales; la presencia en las instituciones gubernamentales de ex militantes de la guerrilla o la izquierda.

Estos factores evidencian en la UNE y Torres, una conducta política que se escapa del control de los poderes económicos y políticos tradicionales y condujeron a éstos a recurrir a la candidata y secretaria general de un partido marginal (Adela de Torrebiarte, vinculada a la oligarquía) para impugnar la candidatura de Torres y sacarla del juego electoral con el pretexto de defender la Constitución de la República. Si bien durante el gobierno de Colom el empresariado oligárquico logró doblegar al mandatario y otras veces negociar con él exitosamente para hacer prevalecer sus intereses, una continuación del mismo tipo de lineamientos en un hipotético e incómodo gobierno de la ex primera dama resultaba totalmente indeseable. Por ende, la consigna fue impedir su candidatura, lo que se logró.

     El panorama lectoral dio un giro. La UNE-GANA está llamando a votar por sus candidatos a alcaldes y diputados, pero a votar nulo en la papeleta de los candidatos presidenciales. El voto destinado a Sandra Torres se dividirá. Pero por ahora el ex general Otto Pérez, del Partido Patriota continúa a la cabeza. La primer encuesta publicada después del fallo de la CC coloca a Pérez con un 44.8 % de intención de voto, seguido por Eduardo Suger con el 11.7 % y Manuel Baldizón con el 10.7% (diario El Periódico 17/8/11). Suger, del partido CREO es un ex asesor del ejército, empresario de la educación y es bien visto por la oligarquía. Baldizón, del partido LIDER,  es un cacique del departamento de Petén, un millonario con múltiples inversiones, que no hace parte de la oligarquía y muy sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico.

     Ante el oscuro panorama que ofrecen los candidatos que puntean en las encuestas, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores, campesinos, estudiantes, indígenas, jóvenes y a todos los oprimidos a dar su voto razonado y crítico al Frente Amplio, único partido que no representa intereses de la burguesía ni del crimen organizado y cuyo programa ofrece una importante ampliación de la democracia y de las garantías sociales.