Por Armando Tezucún

A trece días de las elecciones el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no ha dado a conocer los resultados definitivos. El 23 de septiembre anunció que en cinco días divulgará los datos finales, pues aún falta por fiscalizar actas de algunos municipios. Lo cierto es que desde el día siguiente a la realización de los comicios estallaron una serie de conflictos en las municipalidades en torno a la elección de los alcaldes que hace ver que definitivamente algo no funcionó.

Conflictividad en las elecciones de alcaldías

Los partidos burgueses proceden de forma poco honesta al momento de escoger sus candidatos a alcaldes en el interior. El procedimiento es pactar y llegar a acuerdos con los líderes y caciques locales, ofreciéndoles prebendas y apoyo. Estos caciques por lo general están involucrados en el enriquecimiento ilícito por corrupción, crimen organizado o narcotráfico. Así, en muchas localidades tenemos alcaldes que se reeligen varias veces, que cambian de partido según su conveniencia o conforman verdaderos bloques de poder detrás de las alcaldías.

Este sistema fue el causante del descontento generalizado que se extendió por todo el país a partir del 12 de septiembre. Quema de alcaldías, destrucción y robo de boletas y urnas electorales, enfrentamientos con la policía, bloqueos de vías públicas, marchas y manifestaciones de protesta, plantones, amenazas de muerte contra las Juntas Electorales Departamentales, alcaldes reelectos o recién electos huyendo para salvar el pellejo, acarreo de gente de otros lugares para votar en municipios a los que no pertenecen, boletas electorales llenas encontradas en basureros o ríos de aguas negras, alteración de actas. Lo curioso es que las denuncias no son en contra de un solo partido. Una agrupación que es rechazada por fraude en un municipio encabeza las protestas en otro. La impresión es que los mismos partidos políticos no tienen el control de los poderes locales afiliados a ellos. Para el día 13 habían ocurrido disturbios en 70 municipios.

Hasta ahora el TSE ha recibido 130 impugnaciones de los resultados electorales procedentes de todo el país, casi la tercera parte de los municipios. Ya fueron rechazadas 92 y 38 están por resolverse (Prensa Libre 22/9/11).

El sistema corrupto de los partidos burgueses, que en las municipalidades se alían con los poderes que viven la corrupción, el narcotráfico y los negocios al margen de la ley tiene su complemento en una Ley Electoral y de Partidos Políticos en extremo débil.

La debilidad de la ley electoral

Este proceso electoral evidenció que el TSE se encuentra maniatado por una ley hecha a la medida por los diputados del Congreso para beneficio de los propios partidos burgueses.

En un país con tanta pobreza como Guatemala resulta vergonzoso que los partidos gasten millones de quetzales en campañas que duran meses. El período oficial de campaña debería ser reducido al igual que la inversión permitida. Pero además el TSE debería tener recursos legales para sancionar a los partidos que no cumplen la ley. Muchos partidos empezaron sus campañas antes de la apertura oficial y superaron con creces el techo de gasto permitido. La máxima sanción de que dispone el TSE es una multa de US$ 125, que fue impuesta a varios de los partidos pero la mayoría apelaron y no la han cancelado.

Los partidos UNE-GANA, Patriota y Líder fueron los que más violentaron la ley electoral, invirtiendo en su campaña mucho más de los Q 48 millones permitidos por el TSE. Según la organización Acción Ciudadana, el PP gastó Q 90.8 millones en la primera vuelta, la Une-Gana Q 59.5 millones y Líder Q 50.6 millones (Prensa Libre 23/9/11). De acuerdo a estos datos, los dos partidos que van a la segunda vuelta, PP y Líder, ya no pueden hacer campaña, sin embargo ambos niegan que hayan gastado tanto y continúan su propaganda.

Denunciamos este proceso electoral como una total burla contra el pueblo por parte de los partidos de la burguesía, que han cometido fraudes con el mayor descaro y sin ninguna vergüenza han irrespetado una ley electoral ya de por si débil y deficiente.

Los resultados de la izquierda reformista

Los partidos de la izquierda agrupados en el Frente Amplio, como era de esperarse, tuvieron resultados modestos. Según datos preliminares del TSE, el FA tuvo un 3.27% de los votos, para la candidatura presidencial, para un total de 146,287. Además, obtuvo 5 alcaldías, 3 diputados al Congreso y uno al Parlamento Centroamericano.

Esto representa un pequeño avance con respecto a las elecciones de 2007, cuando la ANN y URNG-Maíz, cada una por su lado, sumaron 2.20% de los votos. En esa misma elección Rigoberta Menchú, de Winaq logró el 3.09% de los votos, cuando compitió en alianza con Encuentro Por Guatemala. Aparentemente el magro avance puede ser a causa de la alianza con Menchú, pero en todo caso, esta alianza significó un pequeño giro a la derecha, un discurso cada vez más flojo y menos beligerante, un alejamiento de las luchas reales y apremiantes de las masas oprimidas, y un reforzamiento de los métodos autoritarios y verticalistas de esta izquierda reformista ex guerrillera.

El Frente Amplio no estuvo exento de ataques y fraudes en su contra. Según denunció Ada Valenzuela, candidata a diputada por el FA en Villa Nueva, las dependencias del TSE impidieron la inscripción de candidaturas del FA en 26 distritos, incluyendo la de Ada y la de Ángel Sánchez para la alcaldía de la capital, utilizando argucias legales, mientras sí aceptaban a candidatos sin finiquitos, con prohibiciones constitucionales o acusados de graves delitos (Ada Valenzuela, carta a Villa Nueva 6/9/11).

El 21 de septiembre, la Secretaría de Comunicación de URNG-Maíz de Huehuetenango denunció el cambio en el cómputo de votos obtenidos por Walter Félix, quien ganó una diputación por ese departamento. El 13 de septiembre la Junta Electoral Departamental anunció que Félix había obtenido 19,982 votos, con lo que ganó la diputación. Sin embargo, el día 20, en la página oficial del TSE apareció con 19,904 votos, por lo que perdía la diputación beneficiándose el candidato del Partido Patriota. Con ellos el FA perdería una de las tres diputaciones al Congreso que había ganado.

Este no es el único revés para el FA. Dentro del reacomodo de los partidos burgueses en torno a las dos candidaturas que van a la segunda vuelta, el 18 de septiembre Manuel Baldizón anunció el respaldo de tres alcaldes y un diputado electos por URNG-Maíz. Los alcaldes de Tacaná, Tajumulco y Sibinal, del departamento de San Marcos, así como el diputado Carlos Mejía del mismo departamento, anunciaron que apoyarían la candidatura de Baldizón, al parecer porque coinciden en la búsqueda del desarrollo de las comunidades (Prensa Libre 18/9/11). El 19, el Comité Ejecutivo Nacional de URNG-Maiz en un comunicado desconoció y desautorizó tal apoyo, reiterando que va a consensuar con el resto de agrupaciones que conforman el Frente Amplio su postura ante la segunda vuelta electoral. 

La postura de Mejía y los tres alcaldes marquenses revela la debilidad ideológica de la izquierda reformista. Frente a la segunda vuelta a disputarse entre el Partido Patriota y Líder no pocos compañeros que se definen de izquierda se creen obligados a votar por el “mal menor” o el “menos malo”. Algunos incluso instan a que escojamos al más nacionalista, al que está más a favor de la reformas sociales, etc. Debemos diferenciar claramente entre el bando de la burguesía y el bando de los oprimidos.

Voto nulo en la segunda vuelta

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamó en la primera vuelta al voto crítico por el Frente Amplio porque no representa los intereses de ninguna burguesía y por su programa democrático. Pero tanto Pérez Molina como Baldizón representan al enemigo de clase. Con variantes, con diferencias. El candidato del PP tiene un pasado militar y represor; Baldizón encarna el enriquecimiento mediante la corrupción y el crimen organizado. Además recordemos que cuando fue denunciado por estudiantes universitarios peteneros por apropiarse ilícitamente de terrenos costeros del lago de Petén Itzá, los calumnió y los encarceló injustamente durante varios meses. Baldizón es tan represor como Pérez Molina.

No debemos escoger entre dos representantes de nuestros adversarios de clase. Por ello reiteramos nuestro llamado al voto nulo en la segunda vuelta electoral. La tarea primordial es fortalecer las luchas y las organizaciones de los oprimidos mediante la conformación de un frente unitario de lucha de los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores desempleados e informales.

Estudiantes por la Autonomía -EPA-

A la comunidad universitaria comunica:

La Universidad de San Carlos ha sido una institución que se ha destacado en la historia de nuestro país, por el acompañamiento a las luchas sociales y por la denuncia de la desigualdad y propuestas de solución ante las problemáticas nacionales. Al ser la única universidad pública, ha estado a la vanguardia de la educación superior y su autonomía radica en la importancia que tiene en las distintas estructuras del Estado y por tanto su injerencia en la política guatemalteca.

Durante la época del Conflicto Armado Interno vivió la pérdida de grandes intelectuales y promotores del pensamiento revolucionario, que buscaban construir una sociedad justa y la redistribución equitativa de las riquezas de este país, formando un bloque de movimientos sociales que aglomeraba a estudiantes, maestros, obreros, sindicalistas, indígenas, mujeres, entre otros grupos sociales, que desde hace mucho tiempo, nos hemos encontrado en desventaja ante los que poseen el poder político, económico, social de Guatemala. La firma de la paz significaba un “nuevo comienzo”, donde los problemas principales que motivaron la guerra no habían sido solucionados y la organización social, había sido uno de los elemento más reprimidos por el Estado.

La educación ha sido un elemento tan abandonado por los gobiernos de este país, que se ha vuelto una mercancía en la que se debe invertir grandes cantidades de dinero, para poder garantizar su calidad. Y cuya característica elemental, la gratuidad, tambalea año con año y la accesibilidad (en el caso de la USAC) está sujeta a una serie de desgastantes evaluaciones que no buscan solucionar la deficiencia de la educación en general en Guatemala, sino excluye y trunca el futuro de miles de jóvenes cuyas familias o ellos mismos no pueden costear educación privada.

Los primeros once años de este nuevo siglo, han significado para la universidad, un período de estancamiento científico y de conciencia social. Se ha dedicado a fortalecer la corrupción y a proyectarse en el futuro como universidad “prestigiosa”, pero con bases de cartón, pues no hay una real actualización docente, ambientes adecuados y equipados, buena utilización de recursos y del espacio, así como la consolidación de la educación como un proyecto mercantil. Es una institución que viola los derechos humanos, que sigue marginando a los sectores sociales históricamente excluidos y cuya transparencia en sus procesos políticos es muy cuestionable.

La defensa de la Autonomía Universitaria implica que la Universidad sea una institución ajena de intervenciones políticas y manipulaciones de los distintos grupos de poder que se encuentran alrededor de ésta, que son las mismas estructuras paralelas que rodean al Estado; determina que las decisiones que se tomen por su gobierno, se rijan por los principios democráticos en condiciones de igualdad y respeto, de quienes forman el espectro universitario y damos vida a este espacio académico.

La educación superior como un derecho humano irrestricto, implica que la Universidad estatal, se desarrolle en condiciones de gratuidad, para el beneficio de la sociedad en su conjunto sin discriminación alguna, para que las grandes mayorías puedan acceder a la misma y contribuir al desarrollo equitativo y justo de toda la población.

Los Estudiantes Por la Autonomía (EPA) conscientes de la tendencia neoliberal, que la Universidad Pública ha venido llevando, hemos resistido mediante medidas de hecho y acciones propositivas para generar transformaciones profundas que la USAC, nuestra alma mater necesita.

De tal forma, uno de los avances a favor de la universidad pública, popular, crítica y científica producto de los acuerdos firmados entre el Consejo Superior Universitario (CSU) y EPA, tras la toma de cincuenta y cuatro días el año pasado, la mesa de restitución de derechos concluyó hace varios meses en un texto que busca reformar la Ley Orgánica de la Universidad, en lo que respecta a subsanar las desigualdades dentro de las juntas directivas, de las unidades académicas facultativas.

Esta estructura busca ser más democrática y congruente con el principio de representatividad constitucional; las reformas más notables son:

Equiparación temporal del periodo de función (2 años) a todos los representantes según establece la constitución política de la república (docentes, profesionales y estudiantes).

Los docentes, ya no votarán como profesionales, generando así una condición de igualdad entre los representantes, al tener todos un solo voto (situación que regirá a todas las unidades académicas facultativas y no facultativas).

Desaparecen los cuerpos colegiados de elección en estudiantes y profesionales, y se sustituyen por voto directo, para los tres sectores (estudiantes, profesionales y docentes).

Se elimina la figura de secretario académico, por la figura de Vicedecano, quien fungirá como decano en caso de ausencia de éste, desapareciendo por lo tanto las atribuciones del Vocal I, al respecto.

Se elige por planilla única a Decano y Vicedecano por un periodo de 4 años.

Siendo entonces la nueva estructura de la Juntas Directivas de las unidades académicas facultativas la siguiente:

Decano y Vicedecano (4 años)

Representante

Profesional (2 años)

Representante

Docente (2años)

Representante

Estudiantil (2 años)

Representante

Estudiantil (2 años)

Representante

Docente (2años)

Nos vemos ante estas y otras problemáticas, como estudiantes universitarios (y parte de una misma sociedad), en la necesidad de organizarnos y exigir una reforma universitaria profunda e integral, que realmente se deba al pueblo (que la sostiene) y que no le vete educación a nadie, sino busque alternativas para concientizar a la población guatemalteca de la importancia de la educación para un verdadero desarrollo.

Otro de los avances, según el acuerdo logrado entre el CSU y EPA que es parte de un proceso de reforma permanente y busca poner una contra-tendencia al neoliberalismo en la educación superior pública, es la conformación de una comisión multisectorial que genere las bases y metodología de un amplio y profundo proceso de reforma universitaria.

Hay que tomar en cuenta que la sociedad es dinámica y las estructuras sociales son cambiantes y sujetas a sus contextos histórico-sociales, por lo que ya es necesario analizar y repensar también las estructuras que forman la universidad, como su sistema de gobierno, la transparencia en su sistema financiero, entre otros.

Esta reforma debe partir de nuestra realidad, constituirse en un espacio plural y que priorice la democracia participativa, que visibilice a los pueblos indígenas, a las mujeres, trabajadores y todos los que hacemos vida universitaria, retomando el vínculo con la sociedad y creando propuestas de solución ante las problemáticas que se presentan.

Las y los estudiantes dejamos planteada la necesidad de impulsar un proceso de reforma, cuyo inicio debía ser impulsado por una comisión multisectorial para la elaboración de la metodología y bases del proceso de reforma universitaria que debía componerse de la siguiente manera: tres representantes del Consejo Superior Universitario, uno de los cuales deberá pertenecer al sector estudiantil; tres del colectivo Estudiantes por la Autonomía (EPA); tres docentes, tres profesionales. En esta comisión podrán participar, de igual número, representantes de sectores universitarios legalmente constituidos, que así lo solicitaron, ante la Secretaría General en octubre de 2010.

Esta comisión también tiene como tarea, realizar un diagnóstico institucional sobre la problemática en general de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tomando en cuenta lo relativo a los exámenes de ubicación y el plan de repitencia estudiantil. En la actualidad esta comisión está organizada por 54 sectores cuyo máximo órgano de toma de decisiones es la Asamblea General de la comisión y posee una coordinadora, con sus distintas comisiones de trabajo.

Esto significa un nuevo momento para la historia de nuestra universidad, que permita una educación de calidad, con accesibilidad para toda la población, creación de conocimiento crítico, nuevas formas de aprendizaje y que como universitarias y universitarios podamos incidir en el desarrollo del país, priorizando las necesidades de la población marginada y siendo profesionales capaces de articular la teoría con la realidad social, a través de la práctica.

Por todo lo anterior, el colectivo de Estudiantes Por la Autonomía (EPA), convoca a todas y todos los miembros de la comunidad universitaria a:

Conocer el proceso de reforma integral

Y a toda la sociedad guatemalteca a:

Exigir junto con nosotros el día 21 de septiembre frente a rectoría de la USAC en un plantón pacífico, la aprobación de la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la universidad, que será el inicio real del proceso de reforma integral, para la construcción de una universidad pública, gratuita, popular, crítica, científica y laica para toda la sociedad guatemalteca.

Guatemala, 13 de septiembre de 2011.

Por Armando Tezucún

Escribimos estas líneas mientras el Tribunal Supremo Electoral anuncia los resultados preliminares de las elecciones 2011. Como era de esperarse, el proceso electoral pasa a segunda vuelta. A la cabeza de la votación, siguiendo la línea anticipada por las encuestas se situó el general retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota, con el   32.62 % de los votos válidos; competirá con él en la segunda vuelta Manuel Baldizón del partido Líder con el  21.35 %.

Para que los trabajadores, campesinos y sectores oprimidos se percaten de si vale la pena o no votar en la segunda vuelta, si alguno de los dos candidatos favorecerá realmente a los más pobres, es necesario explicar y divulgar a qué intereses responden los diferentes partidos de la burguesía, quién financia sus campañas y a quién tendrán que retribuir sus favores quienes  ganen la presidencia del país. Los partidos que participan en el actual proceso electoral expresan los intereses y los lineamientos de al menos tres grupos de poder económico que buscan el control del poder político.

Por Armando Tezucún

Después de la eliminación de Sandra Torres del proceso electoral se dio un nuevo reacomodo de los partidos. Para que los trabajadores, campesinos y sectores oprimidos emitan un voto razonado y conciente, es necesario explicar y divulgar a qué intereses responden los diferentes partidos de la burguesía, quién financia sus campañas y a quién tendrán que retribuir sus favores quienes  ganen diputaciones, alcaldías o la presidencia del país. Los partidos que participan en el actual proceso electoral expresan los intereses y los lineamientos de al menos tres grupos de poder económico que buscan el control del poder político.

El primero es el poder económico tradicional, conformado por las familias de la oligarquía que durante largos años han controlado la economía por medio de los latifundios de cultivos tradicionales, el comercio, los monocultivos y los grandes oligopolios de la agroindustria. El segundo es un poder económico emergente, en parte surgido de la oligarquía, como un sector modernizante vinculado a grandes grupos corporativos y en parte compuesto por otro sector que se ha enriquecido mediante negocios con el Estado. El tercero es el narcotráfico y en general, el capital vinculado al crimen organizado, cada vez más poderoso, y que es el principal responsable de la violencia política por el control de las alcaldías en el interior del país.

Hay otros dos grupos de tratan de obtener un espacio de poder influenciando los partidos políticos. Son las estructuras paralelas al Estado (civiles y militares) surgidas durante el conflicto armado interno y los grupos oligopólicos de los medios de información masiva. Todos estos grupos de interés tienen en algún punto relación entre sí, no están aislados, a ciertos niveles interactúan y comparten negocios. Además, las grandes empresas transnacionales también hacen valer sus intereses interactuando también con los otros grupos y, lo que es vital para ellas, influyendo en las decisiones del Estado y los gobiernos.

Por razones de espacio examinaremos brevemente los intereses que se expresan en las tres candidaturas que encabezan las encuestas. A la cabeza está el Partido Patriota con una intención de voto del 39.6%, le sigue Libertad Democrática Renovada con el 18.5%        y en tercer lugar está el partido Compromiso Renovación y Orden, con el 11.3%; esto según la encuesta realizada por Prodatos por encargo de Prensa Libre y publicada por ese matutino el 22 de agosto (la encuesta de Borge y Asociados publicada por El Periódico el 17 de agosto otorga el 44.8% al Partido Patriota, el 11.7% a Creo y un 10.7% a Líder).

El Partido Patriota

El PP tiene como candidato a la presidencia a su líder y fundador el general retirado Otto Pérez Molina. La trayectoria de Pérez indica que con un gobierno dirigido por él hay un peligro real de que recrudezca la represión y el hostigamiento contra las organizaciones campesinas, sindicales, indígenas, estudiantiles y de derechos humanos. Se graduó como oficial del ejército en la Escuela Politécnica, realizando después estudios en la Escuela de las Américas (escuela en la que el ejército de los Estados Unidos ha entrenado a los militares represores de América Latina) y en el Inter-American Defense College. Pérez fue comandante militar bajo el gobierno dictatorial del general Ríos Montt, cuando se aplicó la política contrainsurgente de Tierra Arrasada. En esta época fue comandante de la base militar en Nebaj y en otros lugares donde ocurrieron masacres, desapariciones y torturas. Posteriormente fue jefe de la inteligencia militar e inspector general del ejército. En 1994 hizo parte de la cúpula militar que fue implicada en el asesinato del juez Edgar Ramiro Elías Ogáldez, así como en la ejecución extra judicial del guerrillero Efraín Bámaca.

El plan de gobierno del PP contempla aumentar la inversión extranjera, adaptándose a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Limita la intervención del Estado en las políticas económicas de las maquilas, call centers y empresas mineras, a modo de garantizarles la exención de impuestos y facilitar la alianza público privada para construir grandes infraestructuras. En otras palabras, fortalece los ejes alrededor de los cuales gira actualmente la acumulación de capital de los grupos de poder económico del país.

En el equipo del PP figuran una serie de oficiales en retiro como Julio Balconi, Ricardo Bustamante, Marco Antonio Taracena, Mario Mérida, Mauricio López Bonilla y Roberto Letona Hora. Ellos conformarían el equipo de política de seguridad. El jefe de campaña es uno de ellos, López Bonilla, quien participó durante la guerra interna en el área de operaciones Xibalbá en Alta y Baja Verapaz, y fue asesor del ex general genocida Efraín Ríos Montt.

Ligada al financiamiento del PP está la familia Castillo Sinibaldi, una rama de la familia Castillo Córdova, que conforma la poderosa Corporación Castillo Hermanos, uno de los grupos económicos más importantes del país. Representando a esta familia están Ricardo Castillo Sinibaldi, ex candidato a vicepresidente del PP en 2007 y actual miembro honorario del partido, y Alejandro Sinibaldi, actual candidato a la alcaldía de la capital. Este último está vinculado al grupo publicitario Imágenes Urbanas.

Son también financistas del PP el grupo Emisoras Unidas y la cadena Radio Corporación Nacional. En menor grado han colaborado con el PP Dionisio Gutiérrez, los Novella, el grupo La Fragua y algunos grupos azucareros como la familia Leal. En el interior del país el PP está vinculado al grupo de Simón Penados, vinculado al narcotráfico y a los narcos Juan Ortiz y los Mendoza. También están vinculados al PP grupos de poder locales aglutinados alrededor de negocios corruptos de obras públicas, liderados por caciques que fueron conquistados al Frente Republicano Guatemalteco.

Podemos decir que lo financia un 50% de capital emergente y narcotráfico, un 25%  de capital tradicional y un 25% de capital que interactúa entre estos tres sectores.

Libertad Democrática Renovada

Surgió como una bancada independiente cuando su líder y candidato presidencial el empresario Manuel Baldizón decidió separarse de la Une con 10 diputados, logrando más adelante su inscripción como partido político. Baldizón tiene fuerte influencia en el departamento del Petén, de donde es originario, en especial sobre cinco corporaciones municipales.

Los intereses que representa son los de sus financistas, las familias Baldizón Tager y Baldizón Méndez, con inversiones el transporte, construcción y comercio (Grupo Balvar S.A., Jemabal S.A., Autobuses del Norte, Gasolineras Jaguar, autobuses Línea Dorada).La Gremial de Empresas de Seguridad Privada tiene presencia a través de su directivo el teniente Sergio Bardales, quien es parte de la estrategia de seguridad de Líder.

La transnacional petrolera francesa Perenco está vinculada con Baldizón, quien fue ponente y operador de la ley que permitió en el Congreso la ampliación por 15 años del contrato que le permite operar en la Laguna del Tigre. A través de Minondo Ayau de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Líder está vinculado al tráfico de armas, y a través de Luis Mendoza a la corrupción en la ejecución de obras. Líder representa al capital emergente y al narcotráfico, con algunas interacciones con el capital tradicional.

Compromiso, Renovación y Orden

Este es un partido de reciente formación fundado por sus candidatos a presidente, vicepresidente y alcalde metropolitano, Eduardo Suger Cofiño, Petrona Laura Reyes y Eduardo González Díaz Durán respectivamente.

Suger ya fue candidato a la presidencia en dos ocasiones anteriores por diferentes partidos. Es un coronel asimilado ex asesor del ejército y empresario de la educación. Roberto González fue funcionario público durante el gobierno de Óscar Berger y la Gana (2004-2008).

El actual secretario general de Creo es José Rodolfo Neutze Aguirre, vinculado a una de las empresas aseguradoras más grandes del país, Aseguradora General y a la cadena de taxis Amarillo Express. Otros financistas de Creo están vinculados a la familia Botrán, perteneciente a la oligarquía tradicional, y a sectores azucareros. Podemos decir que Creo está vinculado a un capital mixto predominantemente tradicional.

Los demás partidos, con menos posibilidades de ganar, están también vinculados a estos grupos de poder. Las investigaciones en que nos hemos basado nos indican que solamente el Frente Amplio está desvinculado de los intereses de los diferentes sectores de la burguesía, legales o ilegales. Además su programa de gobierno representa una ampliación de las libertades democráticas y mejores condiciones para la defensa de los derechos de los oprimidos. Por eso el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) reitera su llamado al voto razonado y crítico por las candidaturas de la izquierda aglutinada en el  Frente Amplio.

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*Basado en la revista Enfoque Electoral No. 2 del 24/8/11, y la conferencia Análisis de Coyuntura por Gary Estrada.