Por Horacio Villegas

La propuesta mandada desde el despacho de la presidencia, denominada en un inicio Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, y que fue modificada apenas en una sola sesión del congreso nacional, adoptando el nombre de Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, fue aprobada el 25 de abril, para el asombro de muchos hondureños.

En artículos anteriores, denunciábamos el contraste que existe en el tema de la asignación presupuestaria a las secretarias del Estado, en donde Salud y Educación se quedan en los niveles más bajos de inversión pública. Los fondos los acaparan Seguridad y Defensa, que se traduce en gastos exagerados para seguir sosteniendo las castas militares como los PM, quienes sirven de perros cuidadores de la dictadura nacionalista.

La anunciada “ley de reestructuración y transformación” de estas dos secretarías, tuvo desde su creación formal desde la presidencia y su posterior discusión en el congreso nacional,ofensivas directas para la clase obrera, como ser la cancelación inmediata de los contratos de los trabajadores de estas dos secretarias –así lo detalla el Dictamen del 3 de abril de 2019, artículo 7, “discutido” en el congreso.“ARTÍCULO 7.- Se faculta a las Secretarías de Estado en los Despachos de Salud y de Educación, para que en el marco de las decisiones adoptadas mediante los Decretos Ejecutivos números PCM-026-2018, PCM-027-2018 y el presente Decreto Legislativo, puedan ejecutar las siguientes acciones:

Proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramiento y la terminación de los contratos de prestación de servicios, en el contexto de las decisiones adoptadas en el proceso de reestructuración administrativa y organizacional dándole cumplimiento al pago de los derechos y las prestaciones indemnizatorios que conforme a la legislación nacional correspondan en materia de relación de prestación de servicios…” (Dictamen de la Comisión Especial del Congreso, sobre Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, p. 5).

Y la otra ofensiva más que notoria para la mayoría de hondureños, y una grieta evidente para efectuar más actos de corrupción, es el encargo que se le hace a las Municipalidades para asumir la inversión tanto en Salud como en Educación –también expresado en el Dictamen del 3 de abril, artículo 11.

“ARTÍCULO 11.- Las Municipalidades deben priorizar los fondos que el Estado les transfiera anualmente para el mejoramiento del Sector de Salud y Educación, tal y como lo establece el Artículo 91 de la Ley de Municipalidades para la cual la Secretaría de Estado en el Despacho de Gobernación, Justicia y Descentralización debe constatar la inversión realizada por cada Municipalidad previo al otorgamiento de las subsiguientes transferencias a realizar en el año 2019, debiendo informar a las Secretarías de Estado relacionadas” (Dictamen de la Comisión Especial del Congreso, sobre Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, p. 10).

La propuesta enviada directamente por el ejecutivo al Congreso Nacional, expresa las motivaciones suficientes que tienen los nacionalistas en el tema de las instituciones del Estado. Los despidos masivos responden a esa necesidad que tiene el partido de gobierno en suplantar varios puestos dentro de estas dos secretarias y a la vez, cumplir con las medidas de recortes en el sector público, que los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ponen en la mesa.

La propuesta que fue modificada y aprobada el jueves 25 de abril en el Congreso Nacional, y que dio motivos de reprimendas por parte de algunos diputados de la Oposición, fue conocida y consensuada únicamente por los diputados nacionalistas, quienes a través del secretario del congreso, Tomás Zambrano, apresuraron dicha aprobación a pesar de las inconsistencias y el ambiente de conflicto que existía en el hemiciclo.

Para el asombro de la mayoría de los hondureños que estuvimos pendientes de esta arbitraria aprobación, la propuesta que se estaba leyendo en voz alta, ya no contenía en los artículos enunciados, la tan polémica descripción de los despidos masivos de empleados de las dos secretarias en cuestión. Los artículos que fueron leídos por Zambrano referidos al tema de “educación”, antes de la interrupción que hicieran los diputados de libre, expresaban lo siguiente:

ARTÍCULO 1.- Se faculta a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, para que en acompañamiento de la Comisión Especial para la Transformación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, proceda a la revisión del presupuesto y Plan Operativo Anual (POA), a efectos de que pueda identificarse todo el recurso presupuestario de la Secretaría en mención, y reasignado para el desarrollo de áreas especiales que lo necesiten, en aras de lograr una adecuada atención de la población en los servicios de educación para alcanzar los siguientes objetivos:

• Atender las necesidades de infraestructura de los centros educativos a nivel nacional;
• Apoyar logísticamente a los educandos y Docentes con la dotación de textos, mobiliario y material didáctico;
• Fortalecer los procesos de formación docente y cubrir las necesidades de la demanda educativa con la contratación de personal;
• Cumplir con los compromisos salariales adquiridos y pasivo laboral pendientes de pago; y,
• Cualquier otro para lograr la suficiente implementación del Plan de implementación del PESE” (Dictamen de la Comisión Especial del Congreso, sobre Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, pp. 4-5, leída el 25 de abril de 2019).

Este Congreso Nacional surgido en el marco del fraude electoral, se ha caracterizado por dar rienda a ciertas aprobaciones de leyes que terminan siendo modificadas a la hora de su conocimiento público en la gaceta. El nacionalista recalcitrante, Toño Rivera Callejas, fue señalado por la MACCIH en un caso de fe de erratas, que evidenció de manera general el proceder errático y tramposo de los diputados nacionalistas. El contenido distinto que llegó a leerse en esta ley modificada a raja tabla, sin suficiente discusión, y conocida sólo por la bancada cachureca, dista mucho de la primera propuesta consensuada por la presidencia y ciertos sindicatos llamados por la opinión general como “traidores”, pues ya no se habla de manera directa de los despidos masivos, más bien se hace mención de un cierto apoyo a las necesidades que existen en la infraestructura de educación y salud.

Movilicémonos junto a los sectores educación y salud, por la elaboración de una nueva propuesta construida desde los gremios más coherentes con la lucha social

Lo más seguro que pensamos la mayoría de hondureños al ver este cambio brusco en las propuestas de ley de dos secretarías primarias y vitales, es que del gobierno y de las bancadas de los partidos tradicionales no se puede esperar una propuesta que reúna las mejores intenciones, que atiendan las necesidades urgentes de salud y educación. Sólo los colegios magisteriales que han demostrado ser honestos y coherentes, y otras organizaciones gremiales de los maestros que también han sabido expulsar sus elementos corruptos y alineados al gobierno a través de sus patrones, pueden elaborar una propuesta que resuelva la crisis que existe en el sector salud y educación.

El hecho de aceptar leyes dadivosas de este gobierno, que hasta este momento se interesa por las dos áreas de fundamental importancia como es salud y educación, engendra en la mayoría de hondureños honestos, una cierta reticencia, debido a las mañosos y malintencionados procederes de una dictadura que todavía se encuentra enquistada en el gobierno a punta de fraude y represión. Solo las movilizaciones permanentes y la organización de una nueva propuesta de ley construida desde las organizaciones gremiales, el movimiento social, colegios magisteriales, y sindicatos coherentes con la lucha por la salud y educación pública, podrá atender los problemas latentes que existen en estas dos secretarias de mayor importancia.

Un primer paso

El Paro Nacional convocado para el día viernes 25 de abril, tuvo una repuesta formidable por parte de los gremios médicos y de maestros. El gobierno se ha visto obligado a declarar que no habría despidos, porque teme a la movilización de los trabajadores. Este paro debe ser solo el inicio de nuevas jornadas de luchas, hasta que logremos la derogación de la Ley que perjudica a los trabajadores y el pueblo. Y la única manera de derrotar al gobierno de JOH y sus aliados en el Congreso Nacional, es convocando a un gran Paro Nacional de por lo menos 72 horas que paralice completamente al país. Es la única manera de poner de rodillas al gobierno de JOH y al Congreso Nacional.

Llamamos a los gremios médicos y del sector salud, así como a los colegios magisteriales, a cerrar filas en torno a la consigna unitaria de derogación de la ley recientemente aprobada. No debemos creer en las promesas del gobierno de JOH, debemos marchar unidos todos los gremios y sectores de trabajadores, para detener de una vez por todas las arbitrariedades de este gobierno antiobrero y antipopular.

Por Horacio Villegas

Las instalaciones de Radio Globo en Tegucigalpa, fueron el escenario de un carnavalesco desfile de uniformados militares y policías, que luego de varios días obstaculizando el paso a transeúntes y automóviles en el Bulevar Morazán, llevaron a cabo el arresto de un comunicador social polémico: David Romero Ellner. El pasado martes 28 de marzo con una orden judicial en manos de un abogado, y con la fuerza bruta de militares, policías y el escuadrón Tigres –que atravesaron a puros golpes los portones de esta instalación–, se efectuó con toda la crudeza descrita, esta contradictoria captura.

A David Romero le ha tocado estar enfrente de los juzgados hondureños por distintas razones –una de ellas ha sido por el delito de violación a su hija, pena por la que pagó 5 años en prisión–, en este caso la acusación apunta a una denuncia realizada por Sonia Inés Gálvez, la misma ex fiscal que llevó el caso de Romero por el anterior delito de violación, quien ahora lo inculpa por difamación y calumnia. La pena que le fue dada por los tribunales a Romero fue de 10 años de reclusión.

“De los 22 delitos por ‘calumnia constitutiva de difamación’, el tribunal de sentencia absolvió a Romero de 16 delitos, pero lo condenó por seis y por cada uno se le ha impuesto un año y ocho meses de reclusión, según la sentencia. El 11 de enero de 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar un recurso de casación presentado por la defensa de Romero y ratificó la sentencia emitida de 2016, de diez años de reclusión (La Prensa, 28 de marzo de 2019).

El debate en torno al apresamiento del periodista David Romero, causó furor entre ciertos abogados y analistas políticos, entre ellos Tomás Andino quien ve “sentado un precedente” (Cespad.org, 27 de marzo de 2019) en materia jurídica, pues las irregularidades del caso, como las acusaciones duplicadas por un mismo delito, dejan mucho que decir al respecto. Coincidimos con Tomás Andino quien en su artículo El laberinto jurídico y político del caso David Romero, propone que los delitos del honor, tipificados en el ámbito penal, pasen a lo civil.

La dictadura nacionalista, que se mueve en la narcoactividad a gran escala, ya va concretando poco a poco la censura a periodistas. De lo que estamos seguros es que las denuncias públicas en base a pruebas contundentes, tienen que seguir fustigando la depravación de los funcionarios gubernamentales inmiscuidos en actos de corrupción; en definitiva, a los colaboradores más cercanos de este gobierno continuista. Los periodistas tienen la tarea de hacer notar ciertas irregularidades en el manejo de los fondos públicos, y para tal labor necesitan moverse con plena libertad.

¿Decisión jurídica o política?

El 20 de agosto del 2014, Sonia Inés Gálvez, esposa de Rigoberto Cuellar, ex fiscal general adjunto, interpuso una querella de 22 cargos contra el periodista David Romero. Como era de esperarse, fue declarado culpable el 13 de noviembre de 2015. Después de recorrer varias instancias judiciales, se presentó un recurso de casación contra la sentencia condenatoria, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia, el pasado mes de enero del 2019.

En esa oportunidad, Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró que “La Sala de lo Penal confirmó por unanimidad de votos la pena de 10 años de reclusión, tal como lo establece la normativa penal, por la comisión de seis delitos de difamación constitutivos de injurias”.

La Sentencia que condenó a David Romero refleja una venganza judicial contra el periodismo crítico e independiente. Una vez más se confirma que los tribunales de justicia obedecen al presidente de la república y los jueces no son independientes.

Según el título III del Código Penal vigente en Honduras, los delitos contra el honor contemplan penas menores de 3 años, es decir, no implican reclusión en una penitenciaria nacional. No obstante, como si se tratare de diferentes personas, se acumularon las penas por cada cargo, superando el máximo de años que contempla el tipo penal de delitos contra el honor.

Además, en el caso de los periodistas, no es aplicable el tipo penal de injurias, calumnias o difamación. Y para rematar, el art. 166 del Código Penal establece que en “Los delitos de calumnia, injuria o difamación sólo pueden ser perseguidos en virtud de querella de la parte agraviada, salvo cuando la ofensa se dirija contra la autoridad pública o instituciones del Estado (…)” Para poder atacar al periodista David Romero, la querellante fue Sonia Inés Gálvez, esposa de Rigoberto Cuellar. Con ello queda demostrado que la justicia en Honduras es una mera quimera, una ficción.

 Por M.M

Organizaciones no gubernamentales como Oxfam, en conjunto de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y la Clark University, lanzaron un informe relacionado con las concesiones mineras en el país, titulado “territorios en riesgo (2018)”.

El resumen del informe en cuestión, indica que hasta el año 2015 existían 165 concesiones de explotación minera, que ocuparían un 0.86% (964 Km2) del territorio nacional. Sumado a esto, si se tomaran en cuenta las solicitudes realizadas para áreas de concesión, vendrían a ser entonces, unas 610 concesiones en total.  El informe también menciona todo el marco general que involucra el tema de las concesiones, como ser también las prohibiciones que establece la Ley General de Minería de Honduras, donde excluye como sitios de concesión, las áreas protegidas, las hidrocuencas, el patrimonio nacional, entre otras.

“Actualmente existen 25 traslapes entre áreas protegidas del SINAPH [Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras] y concesiones mineras metálicas y no metálicas. De acuerdo a la actual Ley General de Minería, las áreas protegidas son tomadas como zonas de exclusión de derechos mineros siempre y cuando estén inscritas en el CPPFI. No obstante, hasta el 2015, solo el 1.72% de la superficie acumulada de las 91 áreas protegidas declaradas y propuestas del SINAPH están inscritas. Con esto se puede concluir que, mediante la Ley General de Minería del 2013, se puede concesionar en el 98.28% (4,969,232.46 Ha) de las áreas protegidas del SINAPH sin importar que en sus decretos de creación esté prohibida la minería…”

Estos datos vienen a dar una alerta en las políticas que los gobiernos bipartidistas vienen promoviendo desde hace años, sin ningún respeto de los territorios ocupados por comunidades indígenas y campesinas que priorizan la vitalidad de zonas productoras de agua, de vocación agrícola y forestal. El gobierno nacionalista, con sus 8 años de gobierno que representó Pepe Lobo (2010-2014) y el primer periodo de Juan Orlando (2014-2018), y con el nuevo periodo también fraudulento e ilegítimo de este último (2018-2021), sumaría ―si las luchas populares no se reinician―, 12 años en los cuales se han intensificado las arremetidas en contra de las leyes ambientales y la sistemática venta del territorio nacional.

Las instituciones que tienen que velar por el cuidado de las reservas y áreas protegidas, como ser el Instituto de Conservación Forestal (ICF), Mi Ambiente, entre otras, no cumplen a cabalidad con las negativas que tendrían que darse a las solicitudes de explotación minera, hidroeléctricas y demás industrias extractivas. Ocurre lo mismo con la defensa de los derechos indígenas, pues los convenios y tratados suscritos por el Estado de Honduras, como ser el Convenio 169 de la OIT, no se cumplen; y hasta conlleva en varios casos la manipulación de consultas a las comunidades o la ausencia de las mismas, y el consentimiento de ciertas instituciones a pesar de las notorias irregularidades en los casos. El Congreso Nacional tiene su parte también de responsabilidad por las aprobaciones a raja tabla y sin discusiones suficientes, de “iniciativas” que apuntan al saqueo y concesionamiento del territorio; los diputados que votan a favor de estas ventas desmesuradas de nuestro territorio, también son responsables directos.

Peregrinar a la capital para dar a conocer el despojo y el saqueo

Las peregrinaciones de los pueblos indígenas forman parte de una etapa que comienza en la década de los años 90 del siglo XX, y que continúa persistiendo en la actualidad. En aquellas extenuantes caminatas de cientos de kilómetros, apegadas a la religiosidad popular según lo expresa el historiador Marvin Barahona, se mostraban, de una forma muy auténtica, varias de las problemáticas que tenían su origen más próximo en el conflicto directo con el Estado y los terratenientes ―principales acaparadores de tierras.

“Las peregrinaciones, vinculadas históricamente a la religiosidad popular tradicional, se transformaron desde 1994 en un instrumento político para movilizar a los indígenas del occidente, que esperaban obtener del Estado el reconocimiento de sus demandas.”

Desde 1994 hasta el año de 1997 hubo cuatro peregrinaciones que emplazaban al Estado al cumplimiento de demandas que tenían que ver con la titulación de tierras, la construcción de obras en las comunidades, entre otras demandas, como ser la libertad de varios miembros de las comunidades que fueron apresados según Barahona, por sus afrentas directas con “terratenientes, militares, políticos, madereros y ganaderos.”  Si bien el nuevo ciclo de gobiernos “democráticos” daba la cara a medias sobre el tema de las peregrinaciones, concediendo a duras penas las demandas de estos grupos, y ratificando convenios como el 169 de la OIT en 1994, las circunstancias desfavorables para las poblaciones indígenas persistieron.

Los casos de represión gubernamental hacia estos grupos ya llevan una enorme cantidad, y en el caso de las luchas emprendidas en contra de la instalación de hidroeléctricas y mineras, ya es de conocimiento público la persecución y el asesinato de representantes de varias comunidades, entre ellos lencas y tolupanes.

Las élites económicas, fieles representantes de la burguesía financiera en el país, esas familias que usualmente conocemos como “árabes”, entre ellos los Atala; en confabulación de otros empresarios y funcionarios públicos metidos en las dependencias encargadas de la energía renovable como Elzia Paz, y también representantes del Partido Nacional como Gladis Aurora, son los responsables en la actualidad, de la fractura de estos movimientos, precisamente, por las conspiraciones que dan como resultado el asesinato de varios líderes indígenas.

Tal parece que, ante todas estas arremetidas en contra de los defensores de los ríos, territorios y bosques, era más que necesario, dar pie a una nueva jornada de peregrinaciones que pusiera en cuestión las administraciones de los gobiernos –todas nacionalistas– que siguieron rudamente las políticas de concesionamiento desde el golpe de estado del año 2009.

Los primeros días de abril del presente año, fueron las fechas en que varios indígenas del departamento de Intibucá, en masivas caminatas desde sus territorios, arribaron a la capital con exigencias al gobierno de turno. La peregrinación liderada por la Coordinadora Popular Indígena de Honduras (CINPH), inició desde la Esperanza, y desembocó en las afueras de la impenetrable casa presidencial.

“A su llegada a Tegucigalpa el pasado martes, los indígenas pedían al Gobierno la liberación de seis de sus compañeros encarcelados, además para que no se cierre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) y que se condone todas las deudas.”

Los motivos de esta nueva peregrinación, habrá que encontrarlos en la precariedad económica que aqueja a una gran cantidad de familias que trabajan en el campo. Los mismos indicadores de pobreza e inequidades a nivel internacional, promovidos por entidades como el PNUD, a través del Informe sobre desarrollo humano en el país, sugieren que “las inequidades en la propiedad y la distribución de la tierra también tienen un impacto negativo en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.” 

El acceso al crédito ha sido uno de los problemas que los campesinos tienen a la hora de poder trabajar sus parcelas de tierra, y es un problema que vienen denunciando desde hace mucho tiempo. En el Informe sobre desarrollo humano del año 2011 –9 años después no varían ciertos resultados–, se demuestra que la política de crédito de los bancos no abarca a la mayoría de familias hondureñas: “la banca comercial tiene sus propias condiciones y términos que, por regla general, resultan excluyentes para los más pobres.”

En definitiva, las peregrinaciones actuales de las comunidades indígenas, vienen a ser un gran reflejo de la crisis social en la que nos tienen postrados los gobiernos sucesivos del bipartidismo, y especialmente luego del golpe de estado del año 2009 con las administraciones de los nacionalistas. Las lecciones que debemos sacar las agrupaciones y colectivos de jóvenes opositores a la dictadura, es la constancia y resistencia que estas comunidades mantienen a pesar de haber tenido en su contra todo un sistema de explotación colonial; posteriormente las políticas de expropiación de tierras de los liberales en el tiempo republicano; y más recientemente, las ofensivas de un modelo económico extractivo que forma parte de las políticas de los gobiernos que son herederos de la “transición democrática” de los años ochenta.

Por Joseph M. A. Herrera

“(…) la crisis de la humanidad es la crisis histórica de conducción de la clase trabajadora.”

León Trotsky, “El Programa de Transición”. Centroamérica: Editorial del PSOCA, 2010.

Ha pasado más de un año de la heroica lucha del pueblo hondureño ante el fraude electoral de 2017, que afianzara a la dictadura cachureca de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional (PN). Las masas populares han luchado heroicamente desde el golpe del año 2009 que desalojara a Manuel Zelaya Rosales (entonces Partido Liberal) del poder y estableciera de manera continuada, un régimen que paso de la democracia burguesa tutelada por Estados Unidos, a una abierta dictadura de partido único (PN), oxigenada por el servilismo de la casta militar y reconocida oficialmente por los EU y sus aliados en el continente. Todo esto, para que Honduras regresara a ser el histórico portaviones de la reacción en la patria centroamericana, ante el auge de la descomposición social en la zona y la debacle fiscal de los débiles Estados burgueses fincas –crisis crónica por mantenerse a flote–, donde la fidelidad de su tradicional punto de apoyo es invaluable. 

Pero que ha sacado las masas populares en honduras, de una lucha heroica en la que han pagado el precio durísimo en la carne de sus hijos e hijas por la libertad. La represión sistemática que sostuvo al régimen desde el golpe, ha cobrado la vida de centenares de miles de hondureños, el desplazamiento forzosos derivado de la descomposición de la vida social, el deslizamiento de grandes porciones de la población al umbral de la pobreza y la pobreza extrema, han sido manifiesto en las caravanas migrantes que desde finales del año pasado han sido inalterable en el triángulo norte de Centroamérica. La debacle hecha un régimen político sustentado en la violencia estructural antisocial de las maras, la represión gubernamental y el empobrecimiento de las grandes mayorías a costa del bienestar de un puñado de ricos apátridas y sus fortunas exógenas, que explotan sistemáticamente al pueblo –no pobre–, sino más empobrecido de Centroamérica.

La culpa la cargara la historia sobre la dirigencia temporal de las masas

Después de muchas desavenencias en la conducción de la lucha, dimes y diretes entre las diferentes facciones de la dirigencia, vamos… pero no, en las posiciones suaves unas veces, radicales –la insurrección pacifica– en apariencia, otras tantas; la dirigencia es la culpable de la derrota actual, que no es ni perpetua, ni inmutable. No es claudicarle al enemigo, el admitir en el calor de la guerra de clases, la derrota parcial o total en una batalla o en un combate dado.  Es bien conocida la máxima bélica, que la victoria está habitada de pequeños combates, de la suma de victorias en diferentes batallas y enfrentamientos. Concesión al enemigo es sin dudarlo, no poder criticar los errores propios, los desaciertos y las incoherencias sistemáticas de la dirigencia política en este momento, de lucha del pueblo de honduras contra la dictadura johnsista, es cederle al enemigo de clase una concesión imperdonable, negarse sistemáticamente a ver la realidad, para en base a esta desarrollar nuevas técnicas, tácticas y estrategias de lucha… políticas, organizativas, legales e ilegales.

Hoy es necesario, ante todo, reconocer la derrota parcial y “momentánea” de las fuerzas democráticas que han dirigido al pueblo en esta última etapa de lucha contra la dictadura. La lucha contra el fraude electoral (2017-2018) sufrió el mismo destino de la lucha contra la reelección (2015-2016), y como antes que esta, la lucha del fraude anterior (2013) y contra el golpe de Estado (2009). Toda suerte de nuevas organizaciones, plataformas y convergencias han suplido el lugar de las organizaciones destruida bajo la fuerza de las condiciones de lucha que ha impuesto la dictadura en las diferentes etapas. Pero nuestro error colosal y el de la dirigencia que actualmente encabeza la lucha popular, no es otra cosa que la falta de claridad derivada de una improvisación abusiva sobre la coyuntura de cada situación dada e impuesta por el gobierno. Asimilación de las normas y reglas del enemigo en la lucha de clases.

La llamada sociedad civil a correspondido a la ausencia de una dirigencia que logre aglutinar a las amplias masas en una agenda de lucha unitaria que no se trastornen, como se mudan los días, de consigas de lucha y de nuevos planes –cada vez más descabellados– que cambian a las horas cambia el estado de ánimo del caudillo, para asumir las tareas mínimas de luchar contra la dictadura, no en base a la realidad concreta, sino a los artificios de la dirigencia y su dirigente.

La bipolaridad política de Libre

El Partido Libertad y Refundación (Libre) acaudillado por el depuesto expresidente Manuel Zelaya,  integra en su seno las contracciones de la dirigencia provisional del pueblo contra la dictadura, pero esta dirigencia ha variado a su antojo artificial los ejes de su política, desconociendo las condiciones y las demandas que al interior del pueblo de esgrimen contra la dictadura.

Dejando indeleblemente la incoherencia sistemática de esta dirigencia. Cabe rescatar los interés a los que ha virado Libre como organización en los últimos días, de cara ya no a luchar contra el fraude electoral, sino validar –nuevamente– la dictadura mediante el inicio temprano de la carrera electoral, como en su momento revalido el golpe, el fraude anterior y la relección en la oportunista formula Nasralla; el titular de Proceso Digital del domingo 24 de marzo reza: “Hijo y hermano de Mel con Cálix;  y continua “En su cuenta de redes sociales, Libre comunicó que Cálix tuvo actividad política el fin de semana en Nacaome, Valle y la misma fue aprovechada para informar que Héctor Manuel Zelaya Rosales será el subcoordinador nacional de la campaña de Cálix al interior del oficialista Movimiento 28 de Junio.”

La nota sigue: “Cálix es el precandidato presidencial del M28 y aunque es resistido por otros dirigentes de Libre, con mayor antigüedad de militancia en la llamada izquierda hondureña, ha logrado el apoyo de la poderosa dinastía Zelaya en la agrupación.” Menuda realidad a la que se enfrenta Libre, ya ha iniciado la lucha fraccional interna, no de cara a hacer un balance coherente de las luchas pasadas, las tácticas usadas, lo ganado y lo perdido en las heroicas jornadas encabezadas por el pueblo –y ante todo, pagas con su sangre–, para poder enfrentarse de mejor manera al enemigo de clase y su dictadura espuria. Sino a eternizarse como un partido electoral de oposición que valide el régimen, que lo oxigene con sus consignas cambiantes y ciegas del momento.

La tónica dentro de Libre parece acercar a las fracciones, pues todas están hablando ya de las elecciones del año 2021. La desmemoria de las y los caídos en combate desde el golpe del año 2009 no solo la promueven los enemigos encuadrados en la dictadura johnsista, también tienen aliados formidables en la llamada oposición “electoral”. Con la misma tónica, pero unos días atrás –martes 19 de marzo–  reza el titular de hondudiario.com: “DIRIGENTES NO DESCARTAN ALIANZA ENTRE LIBRE Y EL PARTIDO LIBERAL” y continua “El dirigente político (…) [de] (Libre), Miguel Briceño, indicó que esa institución estaría dispuesto a conversar con otros partidos políticos sobre la conformación de una alianza, incluyendo al Partido Liberal (PL).”, ya es el tópico dominante dentro de sus filas “En ese sentido, Briseño comentó sobre los demás movimientos internos en Libre, como: el movimiento de Jorge Cálix, Wilfredo Méndez, Bartolo Fuentes y Hari Dixon; como posibles precandidatos, los cuales se darán a conocer posteriormente.” Toda la lucha anterior se trasformó ante nuestros ojos –una vez más– en una campaña electoral adelantada. “Así mismo, Briceño, expuso que el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales; ha hecho un llamado al diálogo con el pueblo para crear una “coalición política que pueda vencer el fraude y que no nos roben el poder, que puede ser con los demás partidos políticos”.

Contradicciones políticas, son contradicciones de clase

Los lugares comunes de un hibrido político son muchos, la ambivalencia se encuentra con la retorsión artificial de las ideas del socialismo para que estas quepan en el imaginario de la fracción burguesa –desalojada del poder– que dirige un partido de una base social popular, como lo es Libre. Los desencuentros entre la base y la dirigencia se han retratado límpidamente en posiciones timoratas ante el auge de la insurrección popular que siguió al fraude electoral de 2017 y una dirigencia que llamaba a la paz, cuando el pueblo chocaba abiertamente con los aparatos de seguridad del Estado, cuando increpa en las calles y se disputa el poder en los hechos; una dirigencia que posteriormente llama a la “Insurrección pacífica” cuando las masas han retrocedido ante el avance gubernamental y el aplastamiento sangriento de su vanguardia en las barricadas de barrios y pueblos, en las carreteras y en las universidades.

Mientras unos se preparan ya para ir a las elecciones del 2021, otros más coherentes con la lenta construcción de un partido popular de masas, que no esté llevado como la veleta por el electoralismo del momento, han dado un paso importante en la fundación de un escuela de cuadros: Instituto de Formación Político Ideológica (IFPI), pero también parece ser otra forma de arraigar el control caudillista de Zelaya sobre las generaciones jóvenes que asistirán a estas formaciones políticas: “El lanzamiento del IFPI del Partido LIBRE proclama y reafirma el socialismo democrático como propuesta de Refundación de la Patria', escribió a través de la cuenta oficial de la red social twitter la coordinación nacional de esta organización política.”

La nota rescata las semblanzas de la parentela del caudillo: “el diputado Carlos Zelaya afirmó en la plataforma digital que 'este será un nuevo espacio para continuar el trabajo de formación, el debate de ideas y la propagación de los principios patrióticos que definen a la militancia de LIBRE”. Y cierra con “Este paso gigantesco inicia con la Declaración del Carácter Irrevocablemente Socialista de nuestro Partido, y nuestra propuesta de refundación de la Patria', enfatiza la organización política, cuyo coordinador general es Manuel Zelaya”. (Radio La Primerisima.com del 23 de marzo del 2019).

La historia da lecciones, tanto a los vencedores como a los vencidos. Es necio el que pudiendo aprender de las elecciones ajenas, se empecina en sortear los barrancos recorridos por otros. Las divergencias de clase al interior de libre, no es otra cosa que las divergencias de clase en el ala izquierda del liberalismo hondureño. Libre heredero de los sectores burgueses y populares más radicales del liberalismo, reproducen estas contradicciones naturales en su seno.